El Partido Comunista de China presentó en octubre de 2025 la propuesta del nuevo Plan Quinquenal que deberá ser aprobado por su Comité Central en marzo de este año. Se trata del decimoquinto plan desde que Mao Zedong inaugurara esta tradición político-organizativa con la puesta en marcha del primer plan quinquenal, implementado entre 1953 y 1957. Pero la China de hoy poco tiene que ver con la de entonces. Ha pasado de ser una economía mayoritariamente rural, con niveles masivos de pobreza, a ocupar una posición central en las cadenas globales de producción, inversión y financiación. Este salto no ha eliminado las contradicciones del modelo, pero sí ha transformado radicalmente su escala y su impacto global.

El XV Plan Quinquenal se inscribe en un momento especialmente delicado. La economía mundial atraviesa una fase de desaceleración, el orden multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial muestra signos evidentes de agotamiento y la rivalidad entre grandes potencias se ha intensificado. En este escenario, China combina una ambición creciente de liderazgo internacional con una insistencia en la estabilidad interna, el control político y la gestión de riesgos económicos, sociales y demográficos.

El documento refleja esta tensión de fondo. Por un lado, proyecta a China como un actor capaz de ofrecer alternativas al orden dominante, desde el multilateralismo hasta la transición ecológica o la defensa selectiva del derecho internacional. Por otro, reafirma un modelo político fuertemente centralizado, poco permeable al pluralismo y orientado a subordinar derechos y participación a la cohesión y a los objetivos estratégicos del Estado.

El Plan no promete rupturas abruptas, pero sí consolida tendencias. Más allá de su dimensión técnica, funciona como una declaración estratégica del Estado chino, y lo hace fijando una lectura del mundo, del momento histórico y del lugar que China aspira a ocupar en él.

Los seis ejes que siguen son un resumen analítico de hacia dónde mira Pekín, qué riesgos identifica y qué tipo de poder está dispuesto a ejercer en un mundo cada vez más fragmentado.

1) El análisis del mundo y sus retos

El XV Plan Quinquenal parte de una lectura del contexto internacional marcada por la inestabilidad estructural. El documento subraya que las relaciones entre las grandes potencias condicionan decisivamente el orden global y, por extensión, el desarrollo interno de cada país. China se sitúa en una fase en la que conviven oportunidades estratégicas con riesgos crecientes, en un entorno caracterizado por incertidumbres y factores imprevistos.

El documento afirma que “cambios de una magnitud no vista en un siglo se están desplegando a mayor velocidad en todo el mundo”, acompañados de un “profundo desplazamiento en el equilibrio internacional de poder” y de avances acelerados ligados a una nueva revolución tecnológica e industrial. Esta combinación, señala el texto, ha generado condiciones favorables para que China actúe de manera proactiva en la escena internacional y contribuya a configurar un entorno externo más favorable a sus intereses.

Sin embargo, se evita una lectura triunfalista: “El desorden continúa intensificándose, los conflictos geopolíticos estallan con demasiada facilidad y frecuencia, y el unilateralismo y el proteccionismo están en ascenso”. A ello se suma una crisis del orden económico y comercial internacional, una desaceleración del crecimiento global y una rivalidad entre grandes países “más compleja e intensa que nunca”. China asume que el escenario internacional será más hostil y competitivo, y que la confrontación entre potencias se ha convertido en un rasgo estructural del sistema global.

En el plano interno, el texto combina una sólida confianza estratégica con el reconocimiento de sus propios límites reales. La economía china, afirma el texto, cuenta con una base sólida, una alta resiliencia y un gran potencial de crecimiento a largo plazo. Se destacan como fortalezas el mercado interno, el sistema industrial completo y la abundancia de recursos humanos. No obstante, el documento reconoce desequilibrios persistentes. La demanda efectiva es débil, existen cuellos de botella que dificultan la circulación económica y la transición hacia nuevos motores de crecimiento se describe como una tarea “formidable”.

El diagnóstico interno no esquiva cuestiones sensibles. Se admiten retrasos en la modernización agrícola y rural, una presión considerable sobre el empleo y los ingresos personales, y lagunas en las políticas de bienestar. También señala que los cambios demográficos plantean nuevos desafíos para el desarrollo económico y la gobernanza social, y que persisten riesgos latentes en sectores clave. Frente a este panorama, el texto refuerza el papel del liderazgo político y la cohesión interna como condiciones necesarias para gestionar la incertidumbre y “atreverse a navegar vientos fuertes, aguas turbulentas e incluso tormentas peligrosas”.

2) Economía, industria y salto tecnológico

El XV Plan Quinquenal es, ante todo, un plan económico. Se articula a partir de la idea estructural que atraviesa todo el documento y sintetiza la línea ideológica del modelo chino, según la cual “el mercado debe desempeñar el papel decisivo en la asignación de recursos” al mismo tiempo que el Estado refuerza su capacidad de orientación estratégica. Esto es, resumidamente, lo que se entiende por “capitalismo de Estado” y caracteriza el camino del gigante asiático, combinando dinamismo de mercado con regulación estatal activa.

Esta arquitectura se apoya en una apuesta clara por la economía productiva y la modernización industrial. El plan afirma que “un sistema industrial modernizado proporciona las bases materiales y tecnológicas para la modernización china” y plantea desarrollar un sistema industrial con la manufactura avanzada como columna vertebral. Al mismo tiempo, propone actualizar sectores industriales tradicionales reforzando su posición global y asegurando que las cadenas industriales sean “más autosuficientes y resilientes frente a riesgos”, con especial énfasis en sectores industriales clásicos junto a su digitalización y automatización progresiva.

El documento vincula este salto industrial con la estrategia tecnológica nacional al señalar que la modernización económica debe apoyarse en la modernización científica y tecnológica y en “la nueva oleada de revolución tecnológica y transformación industrial”. En este marco fija objetivos concretos como lograr avances decisivos en tecnologías clave en campos como circuitos integrados, equipamiento industrial avanzado, software base, materiales avanzados y biomanufactura, junto a grandes programas nacionales de ciencia y tecnología orientados a necesidades estratégicas.

La lógica que se desprende del documento apunta a mantener su condición de “fábrica del mundo” mientras desplaza progresivamente el núcleo competitivo hacia los ámbitos donde se concentra más margen económico, más capacidad tecnológica y más poder estructural dentro de la economía global. Esta estrategia se combina con el desarrollo acelerado de sectores emergentes y de industrias del futuro como nuevas energías, nuevos materiales, aeroespacial, computación cuántica, biomanufactura, hidrógeno, interfaces cerebro-máquina, inteligencia artificial incorporada y comunicaciones 6G. En este sentido, el plan plantea “reforzar de forma significativa nuestra capacidad en investigación básica e innovación original” para “mantener el ritmo o incluso liderar en muchos más ámbitos”, con el objetivo de sostener el crecimiento elevando productividad, autonomía tecnológica y resiliencia industrial en la competencia tecnológica global.

Además, el plan incorpora la economía verde no solo como agenda ambiental sino como vector de transformación productiva. El documento insiste en avanzar hacia un desarrollo “inteligente, verde e integrado” y vincula la transición energética con la modernización industrial, la seguridad económica y la competitividad tecnológica. En este marco, sectores como nuevas energías, materiales avanzados, electrificación industrial o hidrógeno aparecen no solo como herramientas de descarbonización, sino como pilares de las futuras ventajas industriales, lo que presenta la economía verde menos como límite al crecimiento y más como nueva frontera de acumulación tecnológica, productiva y geopolítica.

3) Soft power

Soft power es el término de las relaciones internacionales acuñado por Joseph Nye en los años noventa que pretende definir el poder en términos de recursos intangibles como la cultura, los valores, o la reputación exterior. Estados Unidos lideró el mundo con la fuerza de sus fusiles y tanques, pero también gracias al poder de la industria de la música, el arte, y el cine de Hollywood.

China prestó poca o ninguna atención al soft power durante las últimas décadas, pero el XV Plan Quinquenal marca un punto de inflexión en este sentido. El documento asume explícitamente que el poder en el siglo XXI no se ejerce solo mediante la capacidad militar o tecnológica, sino también a través de recursos intangibles como la cultura, los valores y la reputación internacional. En este sentido, la propuesta plantea que debe producirse “un aumento sustancial de la cohesión de la nación china y del atractivo de la cultura china, así como un incremento continuado del soft power del país”.

Este giro llega en un contexto internacional significativo. Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha optado por una estrategia que prescinde en gran medida del poder blando y apuesta por la coerción militar y tecnológica. China interpreta este repliegue cultural como una oportunidad para ocupar espacios simbólicos vacantes y reforzar su influencia global desde otros registros menos abiertamente confrontativos.

4) Democracia de base y derechos humanos

El XV Plan Quinquenal dedica un apartado específico a la democracia de base y al avance integral de los derechos humanos. Afirma que debe reforzarse la participación a nivel local, garantizar que la población gestione los asuntos públicos conforme a la ley y mejorar los mecanismos para recoger la opinión pública canalizando la “sabiduría del pueblo”. Esta concepción de la democracia se articula a través de organizaciones sociales reconocidas por el Estado, como los sindicatos, la Liga de la Juventud Comunista o las federaciones de mujeres, llamadas a desempeñar un papel más activo en la representación de intereses y en el desarrollo de políticas sociales.

En el plano internacional, esta retórica se inscribe en un giro más amplio de la política exterior china. En los últimos años, Pekín ha adoptado posiciones que contrastan con las de Estados Unidos en foros multilaterales clave. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han apoyado resoluciones orientadas a frenar la ofensiva israelí sobre Gaza o ha defendido altos el fuego, frente al bloqueo sistemático ejercido por Washington. Este posicionamiento ha permitido a China presentarse como defensora de ciertos principios vinculados a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, un terreno que históricamente había evitado por considerarlo parte del repertorio normativo occidental.

Este desplazamiento no implica, sin embargo, que China se haya convertido en un referente en la defensa de los derechos humanos. El propio Plan evita cualquier referencia a derechos civiles y políticos entendidos como límites al poder del Estado, y los concibe fundamentalmente en términos de desarrollo material, estabilidad y cohesión social.

Son múltiples los informes de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de derechos humanos que han documentado graves vulneraciones en este campo, especialmente en el trato a minorías étnicas y religiosas. En la región de Xinjiang, la población uigur y otras comunidades musulmanas han sido objeto de políticas de detención masiva, vigilancia intensiva, reeducación forzada y restricciones severas a la práctica religiosa y cultural.

El bloque de derechos humanos refleja así una paradoja central del proyecto chino actual. Mientras Pekín gana espacio como actor que interpela el orden internacional desde un lenguaje de derechos y legalidad, su modelo interno sigue marcado por un control político estricto que subordina esos derechos a la estabilidad y a los objetivos estratégicos del Estado.

Lo que sí que parece evidente, es que mientras China da –o quiere dar– pasos hacia una cierta concepción de los derechos humanos (que es un concepto altamente debatible, pero ese es otro debate) y del derecho internacional, Estados Unidos hace justamente lo contrario. Y eso, a ojos de la comunidad internacional, suma puntos en la carrera para convertirse en el nuevo líder del orden mundial.

5) Medioambiente

Gran parte del brutal crecimiento económico de China en las últimas décadas se ha basado en un uso extensivo del carbón, tiñendo las urbes de gris y haciendo del aire un gas irrespirable para sus ciudadanos. El texto lo afirma implícitamente. Sin embargo, ya hace unos años que China comenzó el camino de la transición verde, que ahora se pretende intensificar.

La propuesta del XV Plan Quinquenal afirma que debe mantenerse de forma inquebrantable el principio según el cual “las aguas limpias y las montañas verdes son activos invaluables”, y que este principio debe traducirse en políticas concretas. Bajo los objetivos de alcanzar el pico de emisiones y la neutralidad de carbono, el plan apuesta por reducir emisiones, recortar la contaminación, impulsar un crecimiento verde y reforzar la seguridad ecológica.

El énfasis ambiental cumple una doble función. Internamente, responde a una presión social creciente y a la necesidad de sostener la legitimidad del proyecto político. Externamente, permite a China presentarse como un actor responsable en un contexto de retirada climática de otras potencias.

6) Hong Kong, Macao y la cuestión de Taiwán

El XV Plan Quinquenal dedica un apartado específico a Hong Kong y Macao que combina continuidad institucional y refuerzo del control político. El documento reafirma la política de “un país, dos sistemas”, subrayando que debe aplicarse de manera “resuelta”, garantizando un alto grado de autonomía. Al mismo tiempo, insiste en que ambas regiones deben estar “administradas por patriotas” y gobernadas de forma más eficaz conforme a la ley, una formulación que en la práctica ha reducido de forma sustantiva el margen de pluralismo político, especialmente en Hong Kong.

No es ninguna sorpresa, pero el texto evita cualquier referencia al conflicto político abierto desde 2014, cuando el “movimiento de los paraguas” articuló una protesta masiva contra las limitaciones al sufragio universal. Tras las movilizaciones de 2019, la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 supuso un punto de inflexión, con la criminalización de la disidencia, la reconfiguración del sistema electoral y la neutralización de la oposición organizada. El plan asume este proceso como una normalización necesaria, sin mención al deterioro de derechos civiles ni al impacto sobre el ecosistema político y mediático de la ciudad.

En paralelo, el documento insiste en reforzar el papel internacional de Hong Kong como centro financiero, comercial e innovador, y en diversificar la economía de Macao más allá del turismo y el juego. Ambas regiones son presentadas como nodos estratégicos cuya utilidad global debe ponerse al servicio del desarrollo nacional, incluso a costa de diluir los rasgos institucionales que históricamente las distinguieron.

La sección dedicada a Taiwán eleva el tono estratégico. Taiwán es el epicentro de la lucha por la hegemonía mundial con Estados Unidos, y el redactado no deja ninguna duda al respecto: “Debemos implementar plenamente la política general de nuestro Partido para la nueva era sobre la solución de la cuestión de Taiwán, luchar resueltamente contra las fuerzas separatistas que aspiran a la ‘independencia de Taiwán’, oponernos a la interferencia externa, salvaguardar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y mantener firmemente la iniciativa y la capacidad de dirección en las relaciones entre ambos lados del Estrecho”.

La isla concentra una parte decisiva de la producción mundial de semiconductores avanzados, componentes esenciales para la industria tecnológica, militar y energética contemporánea. Este hecho convierte a Taiwán en un punto crítico de la rivalidad entre Estados Unidos y China, en un contexto marcado por restricciones tecnológicas, políticas de desacoplamiento y disputas por el control de las cadenas de suministro.

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El paso atrás de Héctor de Miguel, que decidió dejar su programa de humor en la Cadena SER, no llegó acompañado de una gran explicación pública. No hizo falta. Bastó con que se filtrara el contexto para que el mensaje se entendiera con claridad. Meses de amenazas, campañas coordinadas de acoso en redes, señalamientos explícitos y una escalada de violencia verbal que había desbordado el terreno de la sátira para adentrarse en la intimidación directa. No era la primera vez que ocurría y, tristemente, tampoco será la última.

Durante los primeros años de expansión de Internet se impuso una narrativa que hoy suena casi ingenua. La red aparecía como un espacio horizontal en el que la comunicación escapaba al control de los grandes grupos mediáticos y abría posibilidades inéditas de cooperación, autoorganización y producción cultural distribuida. Blogs, foros y primeras redes sociales alimentaron la idea de que el poder simbólico se estaba descentralizando y que la ciudadanía ganaba herramientas para hablar en primera persona, sin intermediarios ni peajes. La promesa tenía un alcance tecnológico y político al mismo tiempo.

Dos décadas después, el balance es bastante más sombrío. La arquitectura técnica y económica de Internet no solo no ha debilitado a las grandes corporaciones, sino que las ha reforzado. Plataformas privadas concentran audiencias masivas, extraen datos a gran escala y fijan las reglas del juego comunicativo. La promesa de horizontalidad convive con dinámicas de acoso, linchamiento y violencia simbólica que se despliegan con una facilidad inédita. El ciberacoso forma parte de la estructura de un ecosistema diseñado para maximizar la atención, el conflicto y la polarización.

Este fenómeno se inscribe además en un marco político más amplio. Como ha señalado Miquel Ramos, la extrema derecha ha entendido antes que nadie el potencial de las redes como espacio de intimidación y disciplinamiento. Amenazas de muerte coordinadas, campañas de acoso sostenidas y ataques dirigidos contra periodistas, feministas, humoristas o activistas no buscan únicamente silenciar a una persona concreta. Buscan enviar un mensaje al conjunto. El objetivo es generar miedo, elevar el coste de hablar y normalizar la retirada. La extrema derecha y el beneficio corporativo convergen aquí sin fricciones. El conflicto genera tráfico, el escándalo produce clics y la indignación se monetiza mejor que la deliberación.

En ese contexto va tomando forma una nueva subjetividad que encaja con precisión en la fantasía neoliberal, una que ya anticipó Michel Foucault con el concepto de un nuevo modo de gubernamentalidad definida por la idea del “empresario de sí mismo”, en la que el sujeto deja de pensarse como parte de un entramado social y pasa a concebirse como una unidad económica aislada, responsable de gestionar su capital humano, su imagen pública y su rendimiento. El riesgo se internaliza, el fracaso se moraliza y la precariedad aparece como una deficiencia personal, no como un problema estructural. Y el ser-streamer encarna a la perfección la figura predilecta del nuevo neoliberalismo.

Xokas, el sujeto de sí mismo

El ser-streamer condensa lo que Byung-Chul Han ha descrito como el sujeto de rendimiento que se autoexplota creyéndose libre. Como ya anticipaba Foucault, el poder no necesita hoy imponerse desde fuera, sino que opera a través de la interiorización de normas de productividad, visibilidad y éxito. Sin embargo, esta subjetividad incorpora además una ficción específica de individualidad; el streamer se percibe a sí mismo como un yo autónomo, encerrado en su habitación frente a una cámara, convencido de que todo lo que ocurre es fruto exclusivo de su talento y de su esfuerzo, ignorando la red que hace posible su actividad.

Detrás de cada emisión hay decisiones algorítmicas, criterios editoriales de plataformas privadas y, sobre todo, una comunidad activa que sostiene, amplifica y da valor a su trabajo. La supuesta independencia descansa en una infraestructura colectiva que permanece invisibilizada, y el resultado es un sujeto que cree producir solo lo que en realidad es el efecto de una cooperación asimétrica, organizada y explotada por terceros, y que interpreta esa dependencia como libertad individual.

El caso de Xokas, uno de los mayores streamers del país, resulta especialmente ilustrativo. En su paso reciente por El Hormiguero, afirmó que en España se paga “una barbaridad de impuestos” y que el sistema “castiga a quien le va bien”, una formulación que condensa con notable claridad el núcleo ideológico del emprendedor contemporáneo. Huelga decir que ese discurso no es nuevo. Representa el discurso de la derecha de siempre, desde que los monárquicos ocuparon tal parte en el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente durante la revolución francesa de 1789. Pero hay un cambio, una nueva aportación al esquema neoliberal que ve al ser-streamer como una oportunidad para fortalecer su propaganda.

El primer neoliberalismo se aferró al mito del self-made man, y utilizaba los ejemplos del “genio creador” que, como Amancio Ortega, comenzaron su camino al éxito en un pequeño taller. Así, en base a su supuesto talento y a un gran esfuerzo lograron, con el tiempo, levantar un imperio (dejemos por ahora a un lado cómo ambas historias están llenas de momentos turbios en su carrera, como la explotación de las costureras gallegas que señala Fonsi Loaiza en su obra Oligarcas, los dueños de España.

Este relato, aunque relativamente eficiente, chocaba con el sentido común de la gente, a la que no se le escapa que, en la inmensa mayoría de los casos, quienes habían logrado levantar grandes fortunas económicas era principalmente porque ya habían heredado otras fortunas previas. Trump y Elon Musk son dos ejemplos claros de hijos de padres ricos que han multiplicado su fortuna. El dinero, ya se sabe, llama al dinero. Si eres pobre, el interés bancario que recibirás por tus ahorros será ínfimo. Si eres rico, puedes “generar” dinero simplemente estando sentado en tu sofá, y a más que tengas, mayor será tu recompensa. Esta lógica regresiva intrínseca al capitalismo hacía que el discurso del “si quieres puedes”, para la mayoría de la población, todavía sonara a farsa. Así que al neoliberalismo le faltaba algo; una nueva subjetividad que pudiera completar su relato.

Hoy, el “si te esfuerzas, puedes” resulta más verosímil mediante la figura de streamers/creadores de contenido de éxito que, como el Xokas, Jordi Wild o Ibai, han levantado una fortuna sin la necesidad de ser hijos de padres ricos. Basta con una cámara, una conexión a Internet y tiempo. Esa accesibilidad aparente completa una promesa que antes chirriaba, y es clave para eludir lo que es una realidad estructural del sistema; del mismo modo que por mucho que alguien se esfuerce jugando al baloncesto es extraordinariamente improbable que llegue a la NBA, las probabilidades de vivir dignamente del streaming son mínimas. El sistema oculta esa estadística bajo relatos de éxito extremo.

La consecuencia no es solo individual. Es política. Por el camino quedan trayectorias truncadas y jóvenes que renuncian a invertir en formación o en proyectos colectivos, empujados por narrativas épicas que invisibilizan la precariedad real del modelo. Al mismo tiempo, se refuerza una concepción de la sociedad como suma de individuos en competencia permanente, sin lazo social ni horizonte compartido. Esta fragmentación beneficia directamente a las grandes plataformas, que concentran el poder económico y simbólico mientras los sujetos se perciben como rivales y no como aliados.

En ese engranaje, figuras como Xokas funcionan como piezas perfectamente integradas en el sistema. El ser-streamer se presenta como libre de cadenas, pero en la práctica actúa como peón de un orden económico que necesita sujetos aislados, despolitizados y convencidos de que el juego es justo, incluso cuando las reglas ya están escritas.

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La pregunta que conviene hacerse no es si la inteligencia artificial (IA) vive una burbuja. Las burbujas, cuando se describen en abstracto, parecen fenómenos casi naturales: aparecen, crecen, estallan y desaparecen. El problema es que, en economía política, las burbujas no caen del cielo. Se construyen. Y, una vez construidas, no siempre explotan, sino que a menudo se institucionalizan. Lo que a menudo se presenta como el desarrollo orgánico de los distintos agentes que participan libremente en un mercado, es en realidad una compleja trama de intereses políticos ideológicamente cargados que se alimentan de recursos públicos. 

Y si hablamos de la IA en 2026, el riesgo principal no es un colapso súbito del sector, sino algo más persistente y menos espectacular: la normalización de un modelo altamente concentrado, intensivo en recursos energéticos y… sostenido por un relato tecnosolucionista en manos de una élite ultraderechista que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial.

Concentración: cuando el índice deja de ser un índice

Hoy, una parte sustancial del valor bursátil estadounidense –y, por extensión, del ahorro global indexado– descansa en apenas una decena de compañías, la mayoría de ellas grandes tecnológicas. Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon y Meta concentran buena parte del peso del S&P 500 y dominan el top 10 del índice junto a algunas excepciones puntuales como Berkshire Hathaway, la empresa matriz de Warren Buffet. 

Según datos de S&P Dow Jones Indices, el peso agregado de estas diez empresas suma ya más de un tercio del total del índice, un nivel de concentración que no se registraba desde antes del estallido de la burbuja puntocom. Cuando un índice supuestamente diversificado depende en tal medida de un núcleo reducido de gigantes tecnológicos, deja de funcionar como termómetro del conjunto de la economía y pasa a reflejar, sobre todo, la hegemonía de la Big Tech y su promesa de crecimiento futuro ligada a la inteligencia artificial.

Por eso el Banco de España, en sus últimos Informes de Estabilidad Financiera, ha señalado explícitamente los riesgos asociados a la elevada concentración bursátil y a las valoraciones exigentes en determinados sectores tecnológicos: “La potencial corrección de la valoración de las empresas tecnológicas de EEUU y su elevado peso bursátil continúa suponiendo un factor adicional de riesgo de mercado”, señalan. 

Infraestructura: la nube pesa toneladas

El segundo pilar de esta burbuja no es financiero, sino material. La inteligencia artificial no flota en el aire como pompas de jabón. Se ejecuta en centros de datos que consumen electricidad, agua, suelo y capacidad de red. Y lo hacen a una escala que ya no puede considerarse marginal. 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que los centros de datos, junto con la IA y las criptomonedas, consumen ya alrededor del 1,5% de la electricidad mundial y que esa cifra podría duplicarse antes de 2030, alcanzando niveles comparables al consumo anual de países como Japón. Además, según apuntan, el crecimiento de la demanda eléctrica asociada a la IA está siendo mucho más rápido de lo previsto hace apenas dos años.

Cada nuevo centro de datos compite por electricidad con hogares, transporte e industria. Obliga a acelerar inversiones en redes de alta tensión, subestaciones y sistemas de respaldo que, en la práctica, se financian en gran medida con dinero público. Presiona territorios concretos –municipios, comarcas– que asumen impactos ambientales y urbanos mientras los beneficios económicos se concentran lejos. Es decir; la burbuja de la IA no se infla solo con capital privado, sino con decisiones públicas sobre suelo, red eléctrica y prioridades energéticas.

Agua, territorio y externalidades invisibles

A la electricidad se suma otro recurso cada vez más escaso: el agua. El enfriamiento de grandes infraestructuras digitales requiere cantidades significativas de agua dulce, especialmente en climas cálidos o en centros de datos de alta densidad. La UNESCO ha advertido de que el auge de la inteligencia artificial está disparando simultáneamente la demanda de energía, agua y minerales críticos, intensificando tensiones ecológicas ya existentes.

Estudios académicos publicados subrayan que la huella hídrica del entrenamiento de grandes modelos de IA es todavía poco transparente y, en muchos casos, subestimada. La burbuja no es solo financiera, también es territorial. Se manifiesta cuando se prometen empleos y modernización a cambio de infraestructuras que consumen recursos locales y cuyos beneficios fiscales y productivos apenas revierten en el entorno inmediato.

Poder de mercado: la IA como oligopolio de hecho

El ecosistema de la IA se organiza en torno a unos pocos actores que controlan simultáneamente la infraestructura en la nube, los chips especializados, los modelos fundacionales y, en muchos casos, los datos. Tres empresas –Amazon Web Services, Microsoft Azure, y Google Cloud–, concentran aproximadamente dos tercios del mercado global de nube. Una empresa –NVIDIA–, controla más del 80% de la producción de chips. Y cuatro empresas –OpenAI, Google DeepMind, Meta y Anthropic– concentran el desarrollo de los modelos fundacionales más avanzados. 

La OCDE también ha alertado de que la inteligencia artificial presenta una fuerte tendencia a la concentración debido a las economías de escala, las barreras de entrada y el control de infraestructuras críticas. No estamos ante un mercado emergente abierto, sino ante un oligopolio en formación que fija precios, condiciones de acceso y ritmos de innovación.

De hecho, la situación adquiere todavía un tono más grave si tenemos en cuenta que algunas de estas grandes empresas, como Tesla o Palantir, están al servicio ideológico de una ultraderecha que cada día que pasa se parece más al fascismo de entre guerras del siglo pasado. La burbuja de la IA, con su corazón en Estados Unidos, se funde en un conjunto de intereses corporativistas y oligopolistas en el que las subvenciones, las excepciones regulatorias, los contratos públicos y recalificaciones de suelo se convierten en moneda de cambio para no quedarse fuera de la carrera tecnológica. 

A todo ello se superpone un relato omnipresente. La inteligencia artificial aparece como solución transversal al estancamiento productivo, al envejecimiento demográfico, a la crisis climática, incluso a la escasez de recursos públicos. Cada problema tiene su algoritmo pendiente, un discurso que cumple la función política precisa de desactivar el conflicto. Si la tecnología promete hacerlo todo más eficiente mañana, cualquier crítica hoy se presenta como miedo, atraso o falta de visión.

Y así se matan dos pájaros de un tiro: el que pretende defender un cierto grado de privacidad, y el que pretende defender la necesidad de un mayor grado de redistribución económica. 

¿Burbuja o proyecto político?

Llegados a este punto, la pregunta cambia. No se trata de saber si la burbuja de la inteligencia artificial explotará en 2026 o en 2028. Se trata de entender qué ocurre si no explota. Qué pasa si se consolida un sistema altamente concentrado, energéticamente voraz y políticamente blindado por la urgencia tecnológica.

Porque incluso sin crash, el resultado puede ser profundamente disfuncional: más dependencia tecnológica, más desigualdad territorial, más transferencia de recursos públicos hacia rentas privadas y menos capacidad democrática para decidir prioridades.

La historia económica reciente ofrece suficientes precedentes. Las grandes crisis no suelen llegar por sorpresa. Llegan después de años de advertencias ignoradas, normalizaciones progresivas y relatos tranquilizadores. Cuando el ajuste llega –si llega– ya no se discute el modelo: se gestiona el daño. Y se hace siempre protegiendo aquellos que generaron la burbuja y se beneficiaron de ella. ¿Y los perdedores, quienes serán? También los de siempre, por supuesto. 

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La propuesta de la ministra de Vivienda de articular un decreto ley para ofrecer bonificaciones fiscales a los caseros nació prácticamente muerta. No solo generó una oleada inmediata de críticas desde fuera del Gobierno, sino que encontró un rechazo explícito dentro de la propia coalición, especialmente en sectores de Sumar, que cuestionaron su utilidad y su orientación social. Todo apunta a que difícilmente llegará a materializarse. Pero precisamente por eso merece ser tomada en serio como síntoma político: no tanto por lo que va a hacer, sino por lo que revela sobre cómo se sigue pensando la vivienda desde el poder.

La idea de fondo es conocida, demasiado conocida: si se reduce la carga fiscal a los propietarios que contengan o rebajen el alquiler, estos trasladarán ese alivio al precio y el mercado se autorregulará en beneficio de los inquilinos. Es una lógica que se presenta como pragmática y “realista”. El problema es que descansa sobre dos supuestos empíricamente frágiles: que los caseros necesitan incentivos para no subir precios en un mercado tensionado, y que los beneficios fiscales no acabarán absorbidos como renta adicional.

Basta mirar los datos para entender por qué esta política es, como mínimo, profundamente regresiva. Según cifras difundidas por el propio Ministerio de Derechos Sociales a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, la renta mediana de quienes cobran alquileres ronda los 52.000 euros anuales, frente a unos 28.800 de quienes los pagan. Los caseros tienen, de media, una renta un 82% superior a la de los inquilinos. 

Mientras tanto, la situación material de los inquilinos se ha deteriorado hasta niveles difícilmente sostenibles. En las grandes ciudades españolas, una parte muy significativa de los hogares destina ya más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler, y en los tramos más precarizados esa proporción se acerca o incluso supera el 70%. Son cifras muy por encima de cualquier umbral internacionalmente aceptado de accesibilidad (en torno al 30%). En este contexto, resulta difícil sostener que la prioridad de la política pública deba ser aliviar la fiscalidad de quienes ya están en una posición estructuralmente favorable.

Ideas viejas que nunca funcionaron

No estamos delante de un nuevo debate o idea. A principios del siglo XX, el Estado español ya ensayó una estrategia muy parecida a la que propone hoy la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: incentivos fiscales, subvenciones indirectas y apelaciones a la “responsabilidad social” de los propietarios como vía para resolver la crisis habitacional. Aquella política se presentó como moderna y realista. Y fracasó. No porque faltara buena voluntad, sino porque estaba mal planteada de raíz: intentaba resolver un problema estructural con herramientas diseñadas para no molestar a quienes se beneficiaban de él.

De allí en adelante, las bonificaciones y las exenciones fiscales se han promovido en casi todos los gobiernos. Los ministros socialistas Miguel Boyer y Carlos Solchaga apostaron por incentivos fiscales y liberalización del mercado del alquiler, y los gobiernos del PP, en sus distintas etapas, echaron mano de reducciones del IBI a los propietarios que alquilaban viviendas. Todos lo hacían bajo el pretexto de “incentivar la oferta” y reducir los precios. Y los precios han seguido subiendo, y el mercado de la vivienda se ha ido concentrando cada día más en manos de menos personas. Hasta hoy.

Aun así, que esta idea vuelva a aparecer no es casual. Responde a un marco mental muy arraigado en la política española: la vivienda se sigue tratando como un bien intercambiable más, como si fuera un paquete de chuches o un nuevo detergente, y no como una infraestructura social básica. Desde ese marco, la solución “natural” siempre pasa por incentivos de mercado, nunca por regulación dura ni por planificación pública ambiciosa.

El propio rechazo interno dentro del Gobierno revela hasta qué punto esta medida no encaja ni siquiera dentro del relato progresista oficial. Sumar ha sido claro al señalar que bonificar a los caseros no solo no garantiza una bajada de precios, sino que desplaza recursos públicos hacia un grupo social ya privilegiado. Es una cuestión de eficiencia, si se quiere. Pero sobre todo es una cuestión de principios.

La necesidad de un parque público de viviendas (y otras medidas)

La alternativa no es ningún misterio. Los sindicatos de vivienda y las plataformas de inquilinas llevan años señalando un conjunto bastante coherente de medidas que no requieren alquimia jurídica, sino voluntad política: congelar efectivamente los precios del alquiler; cerrar el coladero del alquiler temporal y por habitaciones; actuar contra fondos de inversión y grandes tenedores que mantienen viviendas vacías para presionar al alza el mercado; y reforzar de forma real los mecanismos antidesahucios.

Y, en el horizonte estructural, la cuestión es todavía más clara. Sin un parque público de vivienda amplio, no hay control real de precios. Los países y ciudades que han conseguido estabilizar sus mercados no lo han hecho a base de desgravaciones, sino con una oferta pública robusta que marque suelo y techo. Un 30% del total de vivienda en manos públicas no es una fantasía ideológica, es el estándar de ciudades tan poco sospechosas de ser comunistas como podrían ser Viena o Ámsterdam.

Desde esta perspectiva, la propuesta de bonificar a los caseros no es solo una mala política pública, sino más bien un síntoma de hasta qué punto el campo político sigue cooptado por la lógica inmobiliaria. Solo se entiende por dos vías: o por una ignorancia histórica llamativa, o –lo que parece más probable– por la interiorización profunda del marco mental de una clase rentista que ha logrado presentar sus intereses como “sentido común económico”.

Ahora bien, no todo son malas noticias. En paralelo a este inmovilismo político, empieza a abrirse una grieta en el frente jurídico. En las últimas semanas, el Tribunal Supremo ha empezado a consolidar una doctrina que cuestiona algunos de los principales atajos legales utilizados por grandes propietarios para eludir la regulación: desde el uso fraudulento del alquiler de temporada hasta la desnaturalización de los contratos para sortear topes y prórrogas.

Es un movimiento tímido, pero políticamente significativo. No porque los tribunales vayan a resolver el problema de la vivienda –no lo harán–, sino porque demuestra que incluso dentro del marco jurídico actual hay margen para reequilibrar mínimamente la relación entre propietarios e inquilinos cuando la presión social y el conflicto acumulado empiezan a ser demasiado evidentes.

Y eso vuelve todavía más anacrónica la propuesta de bonificar a los caseros. Mientras una parte del aparato judicial empieza a cerrar las grietas más obscenas del mercado del alquiler, el Gobierno plantea reabrirlas por arriba mediante incentivos fiscales. Aunque este decreto ley no vea la luz, la pregunta sigue en pie: ¿cuántas veces más tiene que fallar la misma idea para que dejemos de presentarla como solución? 

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Este artículo sobre las intervenciones de Estados Unidos en América Latina ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

A lo largo del último siglo, las intervenciones de Estados Unidos en América Latina han configurado buena parte de la historia política, económica y social del continente. Desde ocupaciones militares directas hasta golpes de Estado, guerras por delegación y sanciones económicas, la política exterior estadounidense ha tratado la región como un espacio de intervención legítima. No se trata de una suma de errores aislados, sino de una lógica persistente de dominación que atraviesa distintas épocas y gobiernos.

Hacemos un repaso a las principales intervenciones estadounidenses –directas o indirectas– en el continente americano.

Cuba, Puerto Rico y el origen del imperio (1898–presente)

La guerra hispano-estadounidense de 1898 marca el inicio del siglo americano en la región. Puerto Rico no fue “intervenido”: fue colonizado. Más de un siglo después sigue siendo un territorio no incorporado, sin soberanía plena y sometido a decisiones económicas y fiscales impuestas desde Washington.

Cuba, formalmente independiente, quedó bajo tutela estadounidense durante décadas, con bases militares, gobiernos condicionados y una economía subordinada. La Revolución de 1959 rompió ese marco y desencadenó una represalia prolongada: invasión en Bahía de Cochinos (1961), operaciones encubiertas, sabotajes y un embargo económico que persiste hasta hoy. El objetivo no fue solo derrocar a un gobierno, sino hacer inviable un modelo político alternativo.

México (1914–1917): ocupación y castigo ejemplar

En 1914, Estados Unidos ocupó militarmente Veracruz durante siete meses. Años después, lanzó la Expedición Punitiva contra Pancho Villa, con miles de soldados penetrando en territorio mexicano. No se trató de una guerra formal, sino de una demostración de poder: México podía ser castigado sin declaración de guerra.

Haití (1915–1934): ocupación, trabajo forzoso y Estado fallido

La ocupación de Haití por los marines supuso la disolución del Parlamento, la reescritura de la Constitución para permitir la propiedad extranjera de la tierra y la imposición de sistemas de trabajo forzoso (corvée). La represión de las revueltas campesinas dejó miles de muertos, según estimaciones históricas. Estados Unidos se retiró dejando un Estado debilitado y una estructura represiva que condicionaría todo el siglo XX haitiano.

Nicaragua (1912–1933): marines, Sandino y Somoza

Las ocupaciones estadounidenses en Nicaragua culminaron con la retirada formal de los marines, pero no con el fin del control. Washington dejó el monopolio de la violencia en manos de la Guardia Nacional, creada y entrenada por EE. UU. En 1934, esta fuerza asesinó a Augusto César Sandino. Poco después, su jefe, Anastasio Somoza García, instauró una dictadura familiar que duró más de cuatro décadas. La intervención no fue puntual: fue estructural.

República Dominicana (1916–1924 / 1965): invasión para frenar la democracia

Estados Unidos ocupó el país entre 1916 y 1924 y volvió a intervenir en 1965, cuando 42.000 soldados desembarcaron para impedir el retorno del presidente constitucional Juan Bosch. La invasión dejó miles de muertos civiles y consolidó un régimen alineado con Washington tras la dictadura de Trujillo.

Guatemala (1954): el golpe que abrió la era del terror

En 1954, la CIA organizó el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz, mediante bombardeos limitados, guerra psicológica y presión diplomática. El golpe puso fin a un gobierno democrático y abrió una cadena de dictaduras militares.

El resultado final fue una guerra interna de 36 años con más de 200.000 muertos y desaparecidos, mayoritariamente población indígena. La ONU calificó las campañas contrainsurgentes de los años ochenta como genocidio. Washington nunca asumió responsabilidad alguna.

Brasil (1964): el golpe preventivo

Estados Unidos apoyó logística y políticamente el golpe militar contra João Goulart. La dictadura resultante (1964–1985) dejó centenares de asesinados, miles de torturados, censura y persecución política. El mensaje fue claro: incluso reformas moderadas eran inaceptables.

Chile (1973): democracia aplastada

Estados Unidos financió la desestabilización económica y política del gobierno de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, los militares bombardearon el palacio de La Moneda. Allende murió ese día.

La dictadura de Pinochet dejó más de 3.000 asesinados y desaparecidos, decenas de miles de torturados y un país transformado en laboratorio neoliberal. No fue una desviación: fue una decisión estratégica.

Operación Cóndor (1975–1983): terrorismo de Estado coordinado

Chile no fue una excepción. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil coordinaron secuestros, torturas y asesinatos a través de la Operación Cóndor. Estados Unidos no dirigió cada operación, pero facilitó inteligencia, formación y cobertura diplomática. En Argentina, el saldo fue de 30.000 desaparecidos. Washington sabía. Y calló.

Centroamérica en los años ochenta: guerras sucias por delegación

En El Salvador, Estados Unidos financió un ejército responsable de masacres como El Mozote, donde casi 1.000 civiles fueron asesinados. La guerra dejó 75.000 muertos. En Nicaragua, armó a la contra, un grupo paramilitar acusado de terrorismo sistemático contra la población civil. Honduras se convirtió en plataforma militar regional.

El resultado fue devastador: sociedades rotas y democracias frágiles.

Granada (1983): invasión exprés

Estados Unidos invadió Granada para derrocar al gobierno surgido tras el asesinato de Maurice Bishop. La operación, presentada como rescate humanitario, fue una intervención militar directa contra un pequeño Estado caribeño.

Panamá (1989): invasión abierta

Cuando Manuel Noriega dejó de ser útil, Estados Unidos invadió Panamá. Bombardeó barrios densamente poblados para capturar a un antiguo aliado. Las estimaciones independientes sitúan las víctimas civiles entre varios centenares y algunos miles. La operación fue presentada como quirúrgica. Fue una invasión clásica.

Haití (2004): derrocamiento en el siglo XXI

Estados Unidos participó activamente en la destitución forzada de Jean-Bertrand Aristide, junto a Francia y Canadá. El resultado fue una nueva ocupación internacional y el colapso institucional que aún persiste.

Honduras (2009): golpe legitimado

El golpe contra Manuel Zelaya fue condenado retóricamente, pero tolerado en la práctica. Desde entonces, Honduras ha vivido una intensificación de la violencia política y el asesinato de activistas como Berta Cáceres.

Bolivia (2019): presión y ruptura institucional

Estados Unidos no ejecutó el derrocamiento, pero respaldó el marco político y diplomático que legitimó la salida forzada del gobierno de Evo Morales y abrió un periodo de represión con decenas de muertos.

Venezuela (2002–presente): sanciones y asfixia

Desde el apoyo al golpe fallido de 2002 hasta las sanciones económicas, la estrategia ha sido el cambio de régimen. El impacto ha recaído de forma directa sobre la población civil. El secuestro del Nicolás Maduro es solamente el último acto de una larga historia de opresión, intervencionismo, e incumplimiento del derecho internacional.

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Comienza un nuevo año y las trompetas del apocalipsis resuenan con más fuerza que nunca. La internacional reaccionaria avanza sin freno. Al frente, Donald Trump, amigo íntimo del pederasta Jeffrey Epstein. Europa no queda al margen de este movimiento de fondo. Al contrario: el continente gira cada vez más hacia la militarización de los presupuestos y la “protección” de las fronteras, externalizando la violencia mediante acuerdos con terceros Estados para que hagan el trabajo sucio que los gobiernos ya no quieren asumir directamente.

La normalización de la extrema derecha

En el Reino Unido, uno de los pocos gobiernos socialdemócratas del viejo continente, el primer ministro Keir Starmer se muestra incapaz de frenar el ascenso de Nigel Farage, líder de UKIP y figura central del proyecto que empujó al país hacia el Brexit. El laborismo gobierna, pero no marca agenda. Mientras tanto, la extrema derecha impone el marco mental, el lenguaje y las prioridades, mientras Downing Street administra el desgaste.

En Alemania, Friedrich Merz, canciller de la CDU y rostro visible del partido que ha sido motor de la economía europea durante décadas, inauguraba el año con una frase cargada de ironía histórica: “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Es la misma expresión que, durante la crisis de 2008, los líderes alemanes repetían con cierta petulancia a la población española para justificar recortes y austeridad. Hoy, pronunciada desde Berlín, la sentencia revela una evidencia incómoda. El viejo catecismo económico no ha desaparecido: ha regresado al centro, revestido de un nuevo lenguaje de orden y sacrificio.

Francia y el final del espejismo centrista

En Francia, la crisis institucional parece no tener fin, pero su horizonte político es cada vez más claro. A medida que se agota el mandato de Emmanuel Macron, la figura de Marine Le Pen se vislumbra con nitidez al final del túnel. El macronismo, que se presentaba como un dique de contención frente a la extrema derecha, ha acabado erosionando los mismos cimientos que decía querer proteger. Partidos desarticulados, Parlamento bloqueado y una política reducida a la gestión tecnocrática del conflicto. En este contexto, Le Pen ya no aparece como una amenaza excepcional, sino como una sucesora plausible.

Mientras tanto, Suecia —paradigma durante décadas del pleno empleo y del Estado del bienestar— muestra hoy niveles de desigualdad, segregación y violencia impensables hace apenas una generación. El relato del “modelo nórdico” se resquebraja al mismo tiempo que la extrema derecha entra en los gobiernos o los condiciona desde fuera.

Pedro Sánchez, sin cartas

En España, la situación no difiere demasiado del panorama general de las democracias liberales occidentales. Pedro Sánchez, el prestidigitador, parece empezar a quedarse sin trucos. O, directamente, con el manual de resistencia agotado. La disidencia interna aflora, como siempre que los mandos subalternos empiezan a oler sangre. La política de partidos es un negocio despiadado, y la lealtad dura exactamente lo que duran las expectativas de poder.

Apostar por la supervivencia política de Sánchez ya no es una cuestión de habilidad personal. Es, sobre todo, una cuestión de inercia institucional. Gobernar sin presupuestos sólidos, sin una mayoría estable y con una oposición que no aspira a ganar sino a desgastar tiene un recorrido limitado. Sin embargo, el relato de la resistencia, que durante años le ha permitido convertir cada crisis en una victoria táctica, empieza a perder eficacia. La ciudadanía está fatigada, y el partido ya piensa en el post-sanchismo.

La excepción catalana

¿Cómo consiguen, entonces, los socialistas catalanes sobrevivir al terremoto que amenaza con llevarse por delante el legado de la familia política más poderosa que ha existido en democracia liberal? La respuesta solo se entiende desde el ecosistema catalán y los años del procés independentista. Es ahí donde se construye una especificidad propia dentro del Estado.

El apoyo a la independencia, que llegó a rozar el 47–48% en el momento álgido del procés, se ha reducido de manera sostenida hasta situarse hoy en torno al 38–40%. Este descenso no implica la desaparición del independentismo. Pero sí la pérdida de su centralidad como eje vertebrador del sistema político catalán. En este nuevo contexto, el PSC ha sabido ocupar el espacio de fuerza estabilizadora en un país cansado de la confrontación permanente.

Además, la principal fuerza de la oposición, Junts, se ve erosionada por el ascenso de Aliança Catalana. Se trata de una formación independentista con rasgos de ultraderecha que fragmenta aún más el espacio soberanista. Su presencia dificulta cualquier alianza transversal que permita un cambio de gobierno. Por un lado, imposibilita pactos con las fuerzas de izquierda. Por otro, hace inviable una entente con la derecha españolista del PP y Vox. Esta combinación —menor apoyo independentista, fragmentación interna y ausencia de una derecha capaz de sumar— garantiza al socialismo catalán una cierta tranquilidad electoral a corto plazo, aunque se trate de un equilibrio precario y profundamente contingente.

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El objetivo principal del manual de resistencia de Pedro Sánchez es resistirlo todo. Pareciera una tautología –y, por tanto, redundante–, pero resistir, en política, es un asunto serio. No consiste simplemente en esperar a verlas venir. Por ejemplo: hay que resistir los ataques de los rivales políticos y de la opinión pública ante la corrupción de un secretario de organización, o incluso de un par de ellos.

También hay que poder pactar con quienes en el pasado fueron señalados como enemigos de la patria, mientras se intenta consolidar el relato de que quien la defiende eres tú, y no los que vendrán. Mantener la disidencia interna a raya ayuda, siempre que se conserve la apariencia de diálogo y talante. Sobre todo, la apariencia.

Por si fuera poco, aun haciendo todo eso –y haciéndolo bien–, la resistencia no está garantizada. A Sánchez no le basta con sobrevivir de forma aislada: sus socios de coalición también deben hacerlo. Y eso, a día de hoy, se antoja todavía más complicado.

2026: comienza la carrera de obstáculos

El futuro no está escrito, pero tampoco es un lienzo en blanco. Está condicionado por el presente, y cuanto más cerca está ese futuro, mayor es la dependencia. Traducido a términos políticos, el camino de Pedro Sánchez para llegar a las elecciones generales está plagado de piedras, barrancos y controles policiales. Ahora bien, en política representativa un año puede ser mucho tiempo. Siempre hay margen para equivocarse, y todavía más cuando la alternativa al sanchismo la lidera un sofista mediocre colega de un narcotraficante.

La fecha límite para la celebración de las elecciones generales es el 22 de agosto de 2027. De agotarse la legislatura, todavía quedaría más de un año y medio para la decimonovena «fiesta de la democracia» tras el franquismo. La pregunta es si Sánchez será capaz de llegar hasta ahí o si se verá forzado a convocar elecciones anticipadas. Y, sobre todo, qué obstáculos deberá sortear para hacerlo con alguna opción real de disputarle el poder político a la extrema derecha.

8 de febrero de 2026 – Elecciones autonómicas en Aragón

Aragón será la primera cita y, como suele ocurrir con las primeras, servirá más para marcar clima que para repartir poder real. No es una comunidad decisiva en términos aritméticos, pero sí un buen termómetro del estado anímico del PSOE fuera de sus plazas más protegidas. Allí, donde el partido conserva una implantación reconocible pero debilitada, Sánchez ha decidido intervenir directamente.

Lo ha hecho colocando al frente de la candidatura a Pilar Alegría, hasta hace poco portavoz del Gobierno, forzando su salida del Ejecutivo. No se trata de un relevo discreto ni de una transición orgánica, sino de un movimiento visible y deliberado, pensado para concentrar foco y disciplina en una comunidad donde el PSOE no despega por inercia. Alegría llega con el encargo de recomponer un espacio político erosionado, en un contexto de fragmentación a la izquierda y con el PP gobernando sin sobresaltos.

El resultado, sea cual sea, tendrá lectura nacional. No tanto por lo que se gane o se pierda en Zaragoza, sino porque marca una pauta que se repetirá después en otros territorios. Como ocurrirá en Andalucía, Sánchez parece asumir que algunas batallas autonómicas solo pueden librarse trasladando parte del Gobierno al terreno y aceptando que el coste de hacerlo forma parte del precio de seguir resistiendo.

Marzo 2026 – Elecciones autonómicas en Castilla y León

Castilla y León será el siguiente revés para el PSOE autonómico y, por extensión, para el partido en su conjunto. La reedición del gobierno de coalición entre PP y Vox, encabezado por Alfonso Fernández Mañueco, se da prácticamente por hecha. Y eso pese a que el PSOE ganó las elecciones autonómicas de 2019 con 35 diputados, seis más que el PP. En 2022, en cambio, los populares quedaron primeros con 31 escaños frente a los 28 socialistas.

Para que a Sánchez no se le atragante Salamanca, bastaría con reducir distancias. Para ganar oxígeno de verdad, necesitaría algo mucho menos probable: un vuelco electoral que, aun sin permitir al candidato socialista Carlos Martínez alcanzar la presidencia –el bloque de la derecha mantiene un margen amplio–, serviría como golpe de efecto. Impactante. Improbable.

La resolución de la Ley de Amnistía y el regreso de Puigdemont

Si el Gobierno sigue en pie y Junts per Catalunya no ha roto todavía con Pedro Sánchez, no es por afinidad ideológica ni por una súbita vocación de estabilidad institucional. Es por la Ley de Amnistía. La legislatura entera gravita alrededor de esa promesa, y todo lo demás –los amagos de ruptura, las advertencias públicas, la teatralidad parlamentaria– responde más a la necesidad de marcar perfil que a una voluntad real de romper la baraja.

Junts acepta el desgaste por su flanco derecho y la sangría constante hacia Aliança Catalana a cambio de una expectativa concreta: cerrar el frente judicial abierto desde 2017 y permitir el regreso de su líder. Pero ese movimiento tiene un coste elevado para Sánchez, y no se limita al ruido de la derecha ni a la ofensiva mediática permanente. La amnistía erosiona también por dentro. Entre una parte del electorado socialista que no acaba de asumirla como un mal necesario y entre dirigentes territoriales que no están dispuestos a pagar ese peaje en sus comunidades. Emiliano García-Page ha sido el más explícito, aunque no el único.

En ese contexto, el eventual regreso de Carles Puigdemont no será solo una imagen de alto voltaje simbólico, sino la confirmación de algo más incómodo: que la resistencia también desgasta a quienes resisten. La amnistía puede ser condición necesaria para sostener la legislatura. Difícilmente será un activo electoral. Y eso, en Moncloa, lo saben desde el primer día. Todavía no hay una fecha concreta, aunque se espera que la resolución del Tribunal Constitucional llegue durante el primer trimestre de 2026.

Junio de 2026 – Elecciones autonómicas en Andalucía

Al PSOE le duele Andalucía. Como en la típica escena de una película barata de detectives, se encuentran delante del cadáver mientras se preguntan, anonadados, cómo pudo suceder algo así. Antaño principal feudo socialista, cuna del felipismo y cantera de cuadros orgánicos del principal partido de España, Andalucía pasó de ser una base sólida a un problema estructural.

La mayoría absoluta de Juanma Moreno en 2022 certificó ese cambio de ciclo. Y, como en Aragón, Sánchez ha decidido quemar otra carta de alto valor, repitiendo una estrategia que ya no es táctica, sino defensiva: enviar a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, a encabezar la candidatura socialista. Sacarla del núcleo duro del Gobierno no es un gesto menor. Es admitir que Andalucía no se recupera con perfiles intermedios ni con discursos amortiguados. El problema es que incluso esa jugada llega con el terreno ya muy erosionado. Aun mejorando resultados, desalojar al PP parece fuera de alcance. Y una nueva derrota, por ajustada que sea, consolidaría una idea peligrosa para Moncloa: que el PSOE no solo perdió Andalucía, sino que todavía no ha terminado de entender por qué.

Resistir hasta lo desconocido y más allá

Así de complicado es el camino que tiene Pedro Sánchez para llegar hasta agosto de 2027. Y eso sin mencionar que, al final de esa ruta, se abrirá un nuevo ciclo electoral con las elecciones municipales y otras tantas autonómicas. Eso, en todo caso, lo analizaremos el año que viene…si es que Sánchez todavía sigue resistiendo.

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1) Concentración de la riqueza

En noviembre se publicaba la lista Forbes España de 2025. En ella constaba que la concentración de la riqueza en las 100 mayores fortunas del Estado español había aumentado un 7% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 258.870 millones de euros. Si nos fijamos únicamente en la parte “extra” que ganaron esas cien fortunas, hablamos de unos 18.000 millones de euros. Una cifra que equivale aproximadamente a la mitad del presupuesto anual de la Generalitat de Catalunya.

Conviene repetirlo, porque cuesta de asimilar: lo que ganaron “de más” las 100 primeras fortunas de España equivale a la mitad del presupuesto de la Generalitat de 2025 o, dicho de otro modo, a la suma de los presupuestos de educación y sanidad. A escala internacional, los datos son todavía más obscenos. La fortuna de Elon Musk, por ejemplo, equivale a toda la riqueza anual producida en Bélgica, la 23.ª economía mundial según este ranking.

2) Desalojos y exclusión

En Badalona, el alcalde Xavier García Albiol ordenó el desalojo del bloque B9, donde vivían en condiciones penosas unas cuatrocientas personas, sin ofrecer ninguna alternativa residencial. Cuatrocientas personas en la calle, en pleno invierno.

Algunas entidades sociales –Cáritas, el Casal de la Izquierda Independentista o Comisiones Obreras– se movilizaron para ofrecerles un techo. Quince jóvenes en situación de alta vulnerabilidad debían pasar la noche del domingo en la parroquia Mare de Déu de Montserrat. No pudieron entrar. Un grupo de manifestantes impidió que Cáritas les permitiera pasar la noche. Tuvieron que volver a la calle.

3) Hospitalidad y miedo

El filósofo francés Jacques Derrida distinguía entre una hospitalidad incondicional –éticamente exigente, casi imposible– y una hospitalidad condicionada, regulada por normas, instituciones y límites, pero imprescindible para que la primera no quede en pura retórica. Lo ocurrido en Badalona traspasó incluso esa línea mínima.

No se negó solo la acogida sin condiciones: se impidió también la acogida regulada, temporal y organizada por entidades sociales, bajo techo y con responsabilidades claras. Ni papeles, ni protocolos, ni mediación institucional fueron suficientes.

Cuando una comunidad impide incluso este tipo de hospitalidad, ya no estamos ante un conflicto de límites, sino ante una voluntad explícita de exclusión. No se defiende ninguna casa: se blinda el miedo. Y ese miedo, cuando se organiza políticamente, tiene nombre, discurso y rendimiento electoral. Se llama fascismo.

4) Ocupación y relato mediático

En radios, televisiones, diarios y pódcasts, la ocupación de viviendas se ha presentado reiteradamente como uno de los grandes males de nuestro tiempo. Sin embargo, el total de denuncias por allanamiento o usurpación de viviendas en 2024 no llegó ni siquiera al 0,06% del total de viviendas existentes.

Mientras tanto, la crisis de la vivienda continúa agravándose y es, con diferencia, la principal preocupación de la ciudadanía catalana, según todas las encuestas sociales recientes. Este desplazamiento del foco es clave para entender la relación entre extrema derecha y desigualdad.

5) Eat the rich y cambio de foco político

Zohran Mamdani, socialista democrático, ganó las elecciones en Nueva York convirtiendo una frase en eslogan de campaña: Eat the rich (comámonos a los ricos). Preguntado por si creía que los billonarios tienen derecho a existir, sonreía y respondía: “Creo que no debería haber billonarios”.

Una parte significativa de sus votos procedía de barrios que, en las elecciones presidenciales anteriores, se habían decantado por Donald Trump. No se trataba de un cambio identitario, sino de un desplazamiento del foco político.

6) La financiación de la extrema derecha

En 2021, una filtración publicada por WikiLeaks destapó miles de documentos internos de las organizaciones ultraderechistas Hazte Oír y CitizenGo, correspondientes al período 2001–2017, dentro del proyecto conocido como The Intolerance Network. Los papeles dejaban poco margen a la duda: el auge electoral de la extrema derecha en el Estado español no fue espontáneo ni marginal, sino ampliamente financiado.

Entre los llamados “grandes-grandes donantes” aparecen nombres conocidos de la élite económica española: grandes fortunas, altos ejecutivos y directivos de corporaciones como Esther Koplowitz (FCC), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) o Juan Miguel Villar-Mir (OHL). También actores internacionales, como el lobby ultracatólico estadounidense The Howard Center for Family, que aportó recursos y estructura a esta red ideológica.

La extrema derecha no son personas: es un proyecto económico –y a menudo racial, es decir, racista– de las élites internacionales.

7) Desigualdad como hiperobjeto

El filósofo Timothy Morton utiliza el concepto de hiperobjeto para describir aquellos fenómenos tan extensos, persistentes y distribuidos que no pueden percibirse directamente en su totalidad. El cambio climático es el ejemplo clásico: no aparece como un único acontecimiento, sino como una constelación de efectos locales que a menudo se confunden con causas aisladas.

La desigualdad extrema funciona de manera similar. Nunca aparece como sistema, sino como síntoma: un desahucio; un anuncio de alarmas financiado por un banco; un miedo difuso, un relato securitario, una puerta que no se abre. Leídos así, los elementos expuestos no son fragmentos inconexos, sino manifestaciones de un mismo hiperobjeto: la concentración de la riqueza y del poder en manos de una minoría.

Comerse a los ricos no es un gesto destructivo, sino una imagen invertida de lo que ya sucede. Comer no es eliminar, es repartir; es hacer posible que nadie pase hambre. Un techo y un plato caliente no hacen ruido, pero construyen una fuerza discreta, difícil de atomizar. Allí donde la vida puede sostenerse, el miedo pierde capacidad de organización.

8) Extrema derecha y desigualdad

En los últimos años, los indicadores globales dibujan una coincidencia difícil de ignorar: mientras la concentración de la riqueza alcanza niveles inéditos, el número de personas que viven en democracias liberales disminuye de forma sostenida. Cada vez más población bajo regímenes autoritarios, cada vez más patrimonio en menos manos.

Cuando las condiciones materiales se degradan, cuando la vida se vuelve frágil y competitiva, la democracia pierde cuerpo y el miedo gana función política. Quizá por eso la pregunta no sea tanto cómo frenar a la extrema derecha, sino cómo recomponer las bases materiales que hacen posible una vida compartida. Allí donde hay vivienda, alimentos y una mínima seguridad, el autoritarismo deja de parecer una solución. No porque desaparezca, sino porque deja de encontrar un malestar material sobre el que construir su relato.

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Durante décadas, la relación entre Estados Unidos y Europa se sostuvo sobre una premisa casi incuestionable: la alianza transatlántica era el eje central del orden político y de seguridad occidental, un marco hoy cuestionado por el giro de Trump y por la deriva hacia una Europa fortaleza.

Desde la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de la Guerra Fría, Europa fue presentada como el socio natural de Washington. Un espacio político afín, basado –al menos en el relato– en valores compartidos como la democracia liberal, el multilateralismo y el Estado de derecho. Esa narrativa empieza hoy a resquebrajarse.

En diciembre de 2025, la administración Trump hizo explícito ese cambio de rumbo al publicar su nueva Estrategia de Seguridad Nacional. El documento introduce una ruptura significativa con la tradición diplomática estadounidense. Europa deja de aparecer como un aliado estratégico central y pasa a ser descrita como una región que debe asumir por sí misma su defensa y resolver sus “crisis internas”. El texto, además, incorpora una retórica cargada de referencias culturales y civilizatorias. Alerta sobre una supuesta “erosión” del proyecto europeo y cuestiona su rumbo político.

La ruptura transatlántica: cuando Europa deja de ser aliada

Las fricciones entre Washington y Bruselas no se explican solo en términos retóricos. En las últimas semanas, la tensión se ha visto agravada por las actuaciones de la Comisión Europea contra grandes plataformas tecnológicas estadounidenses, en aplicación de la nueva legislación digital europea. En abril de 2025, la Comisión impuso a Meta una multa de 200 millones de euros por incumplir el Reglamento de Mercados Digitales (DMA). Bruselas consideró que su modelo de consentimiento para la publicidad personalizada no ofrecía a los usuarios una alternativa real con menor uso de datos personales.

Más recientemente, la Comisión sancionó a X —la antigua Twitter, propiedad de Elon Musk— con una multa de 120 millones de euros por vulneraciones del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). Las infracciones estaban relacionadas con la falta de transparencia publicitaria, el acceso limitado a datos para investigadores y un sistema de verificación considerado potencialmente engañoso. El caso de X ha adquirido, además, una dimensión política añadida. La cercanía pública de Musk al entorno de Donald Trump ha llevado a interpretar estas sanciones como parte de una ofensiva regulatoria europea contra empresas estadounidenses y, por extensión, contra su agenda política.

Una Europa ideológicamente compatible, pero estratégicamente incómoda

Sin embargo, la paradoja es más profunda de lo que parece. Desde un punto de vista ideológico, muchos de los valores que hoy está adoptando la Unión Europea –securitización, cierre de fronteras, énfasis en el orden, la defensa y el control– podrían encajar sin demasiadas fricciones con el imaginario político de Trump. Y, sin embargo, esta no es la Europa que Trump desea.

Lo que el trumpismo rechaza no es tanto la deriva autoritaria o securitaria de la Unión Europea, sino su unidad. Una Europa que actúa como bloque y coordina políticas migratorias, militares y regulatorias proyecta poder de forma conjunta. Eso la convierte en un potencial competidor económico, político y estratégico. Trump no quiere una Europa fuerte y cohesionada, aunque sea conservadora o autoritaria. Preferiría una Europa fragmentada, atomizada en Estados nación, incapaz de disputar hegemonías y más fácil de presionar bilateralmente.

Migración y control: cómo la UE consolida la Europa fortaleza

Es precisamente aquí donde la evolución reciente de la Unión Europea resulta clave. Recientemente (Diciembre 2025), los Veintisiete aprobaron un nuevo paquete de reformas en materia de migración y asilo que consolida el llamado Pacto Europeo de Migración. El acuerdo supone un salto cualitativo en la lógica de la Europa fortaleza. Representa, además, uno de los procesos de securitización más ambiciosos del proyecto europeo desde su fundación.

La nueva normativa introduce varios elementos centrales. En primer lugar, la creación de centros de retorno en países terceros, fuera del territorio comunitario. Allí serán trasladadas las personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. Estos centros no se ubicarán en suelo europeo, sino en Estados que firmen acuerdos específicos con la UE. Es el caso de Albania o de países africanos que actúan como socios migratorios. Se trata de una externalización explícita del control fronterizo y del sistema de asilo.

En segundo lugar, la Unión ha aprobado una lista común de países de origen considerados “seguros”. Entre ellos figuran Marruecos, Túnez, Egipto, Bangladesh o Colombia, además de los países candidatos a la adhesión. Las solicitudes de asilo procedentes de estos Estados podrán ser tramitadas de forma acelerada y con menores garantías. La presunción es clara: no existiría persecución estructural. En la práctica, esto reduce de forma significativa las posibilidades de protección internacional.

El tercer eje del acuerdo es la ampliación del mandato de Frontex, la agencia europea de control de fronteras. Frontex refuerza su capacidad operativa dentro de la UE, pero también gana margen para actuar fuera de las fronteras comunitarias. Coordina devoluciones, apoya a autoridades de terceros países y participa en operaciones conjuntas. La frontera europea deja así de ser una línea geográfica fija. Se convierte en un espacio móvil, proyectado hacia el exterior.

El problema para Trump no es Europa, sino su unidad

Este conjunto de medidas no puede entenderse únicamente como una respuesta técnica a la gestión migratoria. Forma parte de una transformación más amplia del proyecto europeo. Recupera una lógica históricamente conocida: la de una potencia que se concibe a sí misma como moralmente superior. Una potencia legitimada para actuar más allá de sus límites territoriales en nombre del orden, la estabilidad o la seguridad. Es una lógica profundamente vinculada al pasado colonial europeo.

Mientras Trump se distancia y cuestiona la utilidad estratégica de Europa, la Unión avanza hacia una mayor integración en ámbitos clave como las fronteras, la seguridad y la defensa. Pero lo hace sacrificando parte del relato democrático que había sostenido su legitimidad política. La cohesión se construye ahora sobre el control, la exclusión y la militarización. No sobre derechos, ciudadanía o solidaridad.

La paradoja es, por tanto, doble. Por un lado, Europa adopta políticas que ideológicamente podrían encajar con el trumpismo. Por otro, lo hace desde la unidad y refuerza su capacidad de actuar como bloque. Es justamente esa combinación —autoritarismo más integración— la que incomoda a Trump. No porque contradiga sus valores, sino porque contradice sus intereses.

El resultado es un escenario inquietante: una Unión Europea que se consolida como fortaleza, que actúa cada vez más como un actor imperial y que, al mismo tiempo, pierde el respaldo político de su histórico aliado. Una Europa más fuerte, sí, pero también más cerrada, más militarizada y cada vez menos distinta del proyecto económico y racial que la historia europea ha sabido reinventar bajo nuevos nombres.

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Hay días en que la política española parece escrita por un guionista obsesionado con las metáforas matrimoniales. Junts per Catalunya anuncia un “divorcio” con Pedro Sánchez y, sin embargo, ambos continúan compartiendo techo, mirándose de reojo, calculando si todavía necesitan al otro para pagar la hipoteca de la legislatura. Es una historia de seducciones, gestos estudiados y una tensión permanente que ya no sorprende a nadie. Pero es también –y sobre todo– un ejercicio de hipocresía mutua: cada uno interpreta el papel que más le conviene mientras la política real avanza por otros cauces.

Por un lado, Pedro Sánchez ha perfeccionado el arte del cinismo amable. Sabe que necesita a Junts per Catalunya para no hundirse y despliega, cuando conviene, una coreografía de contrición y seducción: reconocer “retrasos”, insinuar rectificaciones, prometer que “esta vez sí” se cumplirán los acuerdos. Son gestos calculados, que siempre llegan cuando el Gobierno tiene el agua al cuello y necesita reconstruir, como sea, una mayoría que nunca termina de serlo. Estos movimientos ni comprometen de verdad ni obligan a demasiado; solo quieren insuflar la sensación de que el diálogo está vivo, de que hay opciones, de que el naufragio aún puede aplazarse.

Por otro lado está Junts per Catalunya, atrapada en una posición tan incómoda como imprescindible. Llevan semanas exhibiendo un discurso de máxima firmeza, proclamando que el acuerdo con el PSOE está en fase terminal, que la legislatura agoniza. Pero, a la hora de la verdad, no cierran la puerta: bloquean, sí, pero no rompen. Se indignan, pero no ejecutan. Simulan desvincularse, pero no son capaces –ni quieren– empujar el sistema hacia unas elecciones que dejarían la amnistía a medio camino. Es su propia versión de la farsa: gritar mucho, actuar poco y resistir lo suficiente para no perder la pieza central del tablero.

La realidad –cruda, prosaica– es que Junts per Catalunya no tiene alternativa. No puede matar la legislatura hasta que la amnistía sea irreversible. Ese es el núcleo del “baile de las apariencias”: su supervivencia política es ahora inseparable de la ejecución final de la ley que debe proteger a sus dirigentes. Esto explica que hayan optado por una estrategia de resistencia silenciosa: hacer todo el ruido posible para que su base perciba músculo y dignidad, pero mantener suficiente margen para volver a negociar cuando cambien las condiciones.

También explica la incomodidad de ver cómo el aparato de Junts per Catalunya denuncia, con gravedad republicana, el incumplimiento del Estado… mientras en paralelo sostiene, en la práctica, la misma legislatura que critica. Las palabras van en una dirección; los hechos, en otra. Y demasiada gente ya lo ha entendido. El PSOE lo sabe y juega con ventaja. Sabe que Junts per Catalunya necesita tiempo y sabe que, por mucho que gruñan, el bloque independentista no se puede permitir provocar un terremoto que haga descarrilar la amnistía. Por eso Sánchez puede practicar ese estilo tan suyo de gobernanza al límite: ofrecer medio compromiso, anunciar medio paquete de medidas, avanzar medio metro, retroceder un cuarto. Es un ejercicio de cinismo sostenido que solo funciona porque la correlación de fuerzas lo permite y porque nadie quiere asumir el coste de una ruptura real.

Esta “cohabitación hostil” mantiene en suspenso toda la actividad legislativa, pero mantiene igualmente vivo el relato de unas relaciones que aún pueden reconducirse. Es un teatro que sirve a ambos: al PSOE para comprar estabilidad y presentarse como la fuerza dialogante; a Junts per Catalunya para exhibir firmeza mientras prolonga, indefinidamente, la ficción de que son ellos quienes tienen el pulso de la gobernabilidad.

Pero en algún momento la danza dejará de funcionar. Porque este juego de seducciones y reproches permanentes no construye nada y solo aplaza decisiones. Y porque, cuando la amnistía esté finalmente cerrada, Junts per Catalunya tendrá que demostrar si su estrategia era resistir para avanzar o si, sencillamente, no tenía ningún otro lugar al que ir. Igualmente, el PSOE tendrá que dejar de actuar como si el Estado fuera un campo de pruebas y empezar a asumir que cumplir acuerdos no es una concesión, sino una obligación.

Hasta entonces seguiremos asistiendo al baile. Un baile cansado, hecho de gestos que ya no engañan y de palabras que suenan gastadas. Un baile en el que todos saben lo que busca el otro, pero todos prefieren fingir que se trata de una gran partida de ajedrez. Cuando en realidad es, simplemente, una coreografía de supervivencia.

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La entrada en prisión de José Luis Ábalos por el caso Koldo-Cerdán ha devuelto a la política española a su estado habitual: un equilibrio precario entre el desgaste permanente y el relato del derrumbe inminente. La imagen de un exministro –uno de los hombres que acompañó a Sánchez en su Peugeot recorriendo España para ganar las primarias hace casi una década– entrando en prisión preventiva parece apuntalar esa lectura de un ciclo que se descompone… pero que no se agota. 

La doble verdad: politización judicial y corrupción real

España vive atrapada en una doble verdad difícil de gestionar. Por un lado, existe una politización de la justicia impulsada desde la derecha, en coherencia con aquella consigna de Aznar –“el que pueda hacer, que haga”– que desde hace años marca una estrategia de desgaste sistemático del Gobierno. La ofensiva contra Begoña Gómez –tan instrumentalizada que incluso el abogado de Manos Limpias renunció al caso denunciando su deriva política– y el vía crucis institucional alrededor del ya ex fiscal general Álvaro García Ortiz –primero declarado “no idóneo” por el CGPJ por 8 votos a 7, después inhabilitado por el Supremo en una resolución cuya motivación todavía se desconoce, lo que llevó a la Unión Progresista de Fiscales a denunciar “violencia institucional”– ilustran un clima jurídico-político cada vez más envenenado.

Por otro lado, existen indicios sólidos de corrupción. El caso Ábalos-Cerdán no es una invención mediática ni una pieza más del ruido de fondo. Afecta a dos de las personas más cercanas a Pedro Sánchez, figuras clave en la etapa fundacional de su liderazgo dentro del PSOE. Pretender hacer ver que todo es guerra judicial sería tan ciego como negar la existencia de la guerra judicial. Ambas dimensiones coexisten y se retroalimentan.

La mayoría parlamentaria: cifras, empates y una fragilidad aritmética inédita

Hasta la salida de Ábalos, el bloque de investidura sumaba 179 votos frente a los 171 de la oposición. Esa diferencia permitía aprobar leyes ordinarias con mayoría simple –más “síes” que “noes”– incluso en escenarios de abstención de Junts. Ábalos, pese a su paso al Grupo Mixto, había votado siempre alineado con los socialistas.

Con Ábalos ya en prisión preventiva y, por tanto, sin posibilidad de votar en el Congreso, la aritmética del bloque de la investidura se descompone. Si Junts opta por la abstención, el bloque progresista queda con 171 votos frente a los 171 de la oposición: un empate que, según el reglamento, obliga a repetir la votación –hasta tres veces–. Si la igualdad persiste, la iniciativa decae. 

Si, además, Junts decide votar “no”, la oposición sumaría 178 votos, suficientes para tumbar cualquier propuesta. En ese escenario, el voto de Ábalos deja de ser determinante: con él o sin él, la derrota estaría garantizada.

Esta fragilidad numérica abre la puerta a un verdadero bloqueo legislativo. Y tiene efectos concretos: iniciativas como la subida del salario mínimo o la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad podrían quedar en el aire si el Gobierno no consigue atraer a Junts o evitar su rechazo.

Junts: poder de bloqueo, libertad limitada

Paradójicamente, el incremento del poder de Junts llega en el peor momento para el propio partido. Sus limitaciones son dos, y ambas estructurales.

La primera es judicial. Puigdemont –y buena parte de la cúpula de Junts– depende de la ejecución efectiva de la amnistía y del cierre de las causas pendientes en el Supremo. No basta con la aprobación de la ley: todo depende de su interpretación en un contexto de resistencia interna dentro del poder judicial. PP y Vox no tienen ningún incentivo para facilitar este horizonte.

La segunda es electoral. Junts atraviesa uno de los momentos más inciertos de los últimos años. La irrupción de Aliança Catalana ha perforado su base territorial y ha alterado la geografía política catalana. La pugna con Orriols no les ha devuelto centralidad; ha generado desmovilización. Convocar elecciones en este contexto sería hacerlo desde la debilidad.

Junts tiene, pues, capacidad para tensar, condicionar y dramatizar su distancia con el Gobierno. Pero no dispone de libertad estratégica para derribarlo sin perjudicar su propio futuro judicial y enfrentarse a unas elecciones para las que no está preparado.

Bloqueo aparente, Gobierno activo: la vía del decreto ley

Con el Congreso estrechado, surge la idea de que el Gobierno no podrá aprobar nada. Pero esa lectura es incompleta. Incluso en escenarios de parálisis legislativa, el Ejecutivo conserva una herramienta clave: el decreto ley, una norma con rango de ley que el gobierno puede aprobar en situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”.

Sánchez ha recurrido a este instrumento en otras etapas para impulsar medidas sociales, como, por ejemplo, el Real Decreto-ley 6/2025, con medidas dirigidas a mejorar los recursos de los sistemas de financiación territorial, el Real Decreto-ley 9/2025 según el cual se ampliaron los permisos de paternidad y maternidad hasta 19 semanas, o, en septiembre, el decreto Real Decreto-ley 10/2025 por el que se adoptaron medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. 

La diferencia con otras normas es que las leyes ordinarias pasan por un debate parlamentario completo, con enmiendas, con un proceso más largo y con la intervención de las Cortes desde el principio. El decreto-ley, en cambio, lo aprueba primero el Gobierno y luego ya se debate su validez. 

Es razonable pensar que, si Sánchez aspira a llegar con vida política hasta 2027, necesite encadenar algunas votaciones “ganadas” en el Congreso. Y en un país que envejece y se precariza, revalorizar pensiones, ampliar el escudo social o reforzar protecciones económicas no es solo política pública: es supervivencia electoral. En ese terreno, a Junts le seguiría resultando difícil justificar un voto en contra –y además alineado con PP y Vox– en determinadas medidas. De hecho, recientemente, pese a haber anunciado la “ruptura del pacto con el PSOE”, respaldaron el Real Decreto que movilizaba 500 millones de euros para el tratamiento e investigación de la ELA y otras enfermedades de alta complejidad.

Otro ámbito propicio para que el Ejecutivo recomponga la mayoría del bloque de investidura es el de las políticas sociales de vivienda, siempre que no sean demasiado ambiciosas; si lo fueran, tanto Junts per Catalunya como el PNV tendrían una coartada perfecta ante su electorado para desmarcarse y votar en contra. También en cuestiones de mejora o ampliación de las competencias autonómicas, o en el campo de ayudas y subvenciones a la cultura, el gobierno tendría terreno para recorrer. Recordemos que aquí, la lógica que marca el paso no es la de la aplicación de políticas de izquierdas. Hablamos de supervivencia política. 

Una conclusión con cautela

¿Es sostenible este momento? En términos institucionales, sí, por improbable que parezca. El Gobierno está erosionado, pero no está muerto. La legislatura sigue viva porque Sánchez no sobrevive por su fortaleza, sino por la debilidad estratégica de quienes necesitarían hundirlo para sustituirlo. En resumen: la derecha no suma; Junts no puede romper; y la mayoría progresista, pese al desgaste, sigue cohesionada en lo esencial.

Ahora bien, conviene dejar una puerta abierta. Todo puede suceder. Si se demostrara que el caso de corrupción hundiera sus raíces en la estructura orgánica del PSOE –y no solo a personas próximas a Sánchez–, el escenario cambiaría de forma drástica. En ese caso, no solo Junts, sino también Esquerra Republicana o el PNV tendrían muy difícil sostener al Ejecutivo. Por ahora, eso no ha ocurrido. Pero la política española es un terreno donde lo improbable sucede con frecuencia.

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El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) confirma que el PSC continúa siendo la primera fuerza en el Parlamento, pero con síntomas claros de desgaste. La proyección sitúa a los socialistas entre 38 y 40 escaños, pero, según la comparación con el barómetro anterior, esto supone perder entre dos y cuatro diputados.

En cambio, Esquerra Republicana reaviva: se colocaría en segunda posición con 22–23 escaños, lo cual implica ganar entre dos y tres respecto a la encuesta anterior. El movimiento importante se produce alrededor de Junts per Catalunya y Aliança Catalana. Junts caería hasta los 19–20 escaños, cosa que quiere decir dejarse hasta 15–16 diputados en relación con el último barómetro del CEO. Al mismo tiempo, Aliança Catalana, que a las elecciones anteriores había entrado con solo dos diputados, aparece ahora empatada con Junts, también con 19–20 escaños, después de un salto de hasta 18 escaños en la estimación.

Al bloque de la derecha española, el movimiento es más discreto pero significativo: Vox llegaría a los 13–14 diputados y avanzaría el PP, que se quedaría con 12–13 escaños. La tendencia no es tanto un gran crecimiento del PP como el hecho de que el espacio más duro de la derecha (Vox y Aliança Catalana) gana peso relativo. Mientras tanto, Comunes continuaría con unos seis diputados y la CUP se movería entre tres y cuatro, prácticamente estabilizados respecto al barómetro anterior.

Estas cifras dibujan un escenario claro: el PSC continúa al frente, ERC recupera posiciones, Junts se hunde y la extrema derecha –en versión españolista y en versión “autóctona”– consolida una presencia que hace solo unos años parecía imposible en Catalunya. Pero, como siempre pasa con las encuestas, lo importante no son solo los números, sino qué nos dicen sobre el tipo de país que se está configurando.

Aliança Catalana: ¿un partido independentista?

La lectura más obvia es que Aliança Catalana se ha “comido” una parte importante de Junts per Catalunya. Varios análisis apuntan a que alrededor de un 20% de los antiguos votantes de Junts se inclinarían ahora por Sílvia Orriols, y que la fidelidad de voto de Junts es una de las más bajas del sistema. Pero el fenómeno va mucho más allá de un simple trasvase dentro del bloque independentista.

El CEO y las crónicas posteriores remarcan un punto crucial: cerca de la mitad de los votantes potenciales de Aliança Catalana no se definen como independentistas. Esto quiere decir que el partido no crece para que represente un “independentismo más puro” o una radicalización coherente del Procés, sino porque se ha convertido en un contenedor amplio de malestar. Un espacio donde confluyen votantes desencantados con Junts, votantes de Vox y del PP, personas que habían optado por ERC, y gente que, sencillamente, no encontraba ninguna opción que verbalizara su frustración.

Aliança Catalana no es, por lo tanto, la continuación del sobiranisme por otros medios, sino otra cosa: una extrema derecha que utiliza la identidad catalana como vehículo para articular un discurso de orden, de miedo y de exclusión. Su relato se centra menos en la construcción de un proyecto de país y más en la construcción de un enemigo: la inmigración, determinados barrios, cierta idea de “invasión” o de “pérdida de la Catalunya de siempre”.

Este detalle –que una parte sustancial de su electorado no sea independentista– es el que tendría que hacer saltar todas las alarmas. Indica que el que se está moviendo no es solo el eje nacional, sino una reconfiguración del voto identitario en clave autoritaria. La etiqueta “catalana” aquí no apunta tanto a un proyecto de emancipación colectiva como una frontera simbólica: un nosotros cerrado, amenazado, que necesita levantar muros (materialmente y culturalmente) para protegerse.

Dicho de otro modo: Aliança Catalana representa el punto de encuentro entre un independentismo agotado y una derecha radical europeizada, que comparte con otras fuerzas del continente la misma fórmula: mezclar precariedad, inseguridad y desigualdad con un discurso culturalista que señala la inmigración como culpable.

Síntoma de un fracaso estructural, no una anomalía repentina

Si miramos el fenómeno en perspectiva, queda claro que el auge de Aliança Catalana no es un rayo caído del cielo, ni el resultado de un único error táctico de los otros partidos. Es el síntoma de un proceso largo de degradación institucional y política, en que las fuerzas de gobierno –en Cataluña, en el Estado y a Europa– han renunciado a abordar de manera seria las raíces materiales del malestar social.

Hace años que amplios sectores de la población conviven con precariedad estructural; con trabajos inestables y mal remunerados, con una crisis de la vivienda galopante y unos alquileres desbocados, y con un Estado infrafinanciado. Y todo esto mientras el 1% acumula cada vez más y más riqueza.

En paralelo, las instituciones europeas han ido consolidando un marco de políticas migratorias abiertamente racistas y seguritarias, con Frontex como emblema de la idea de que las fronteras valen más que las vidas. La migración ha sido convertida en un problema policial y militar, no en una realidad humana a gestionar con derechos y justicia. Esta lógica, asumida por gobiernos de todos los colores, legitima de facto los marcos mentales sobre los cuales opera la extrema derecha.

A todo esto se suma un ecosistema mediático y digital que, demasiado a menudo, vincula de manera acrítica delincuencia e inmigración, alimenta titulares alarmistas y transforma casos puntuales en pruebas irrefutables de un supuesto “caos generalizado”. El resultado es un clima en que el miedo y el resentimiento se normalizan, mientras las causas estructurales –políticas de vivienda, fiscalidad, regulación laboral, redistribución– quedan fuera de foco.

En este contexto, Aliança Catalana no hace nada especialmente original: simplemente ocupa el espacio que los otros han dejado vacío. Convierte el malestar en voto, pero lo hace desplazando la responsabilidad hacia los de siempre: los más vulnerables. No cuestiona los poderes económicos, ni las élites, ni las decisiones estructurales que han llevado hasta aquí. Cuestiona el vecino, el extranjero, “los de abajo” que son percibidos como extraños.

Por eso, centrar el debate exclusivamente en si AC tendrá 18, 19 o 20 diputados es perder de vista la cuestión fundamental: ¿qué piensan hacer las fuerzas que se reivindican democráticas y progresistas ante este malestar? Si la respuesta continúa siendo gestión tecnocrática, parches a corto plazo y una apelación abstracta a unos “valores europeos” que hace tiempos que no se traducen en políticas reales, el terreno continuará siendo propicio para que la extrema derecha crezca.

El CEO no nos dice solo quién va ganando la carrera por la Generalitat. Nos dice, sobre todo, que una parte creciente del país ha dejado de creer que la política sirva para mejorar la vida. Mientras esto no cambie, Aliança Catalana continuará siendo mucho más que una encuesta favorable: será el espejo incómodo de un sistema que hace años que deja demasiada gente atrás.

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En los últimos años, lo que antes ocupaba los márgenes –conspiraciones, creencias heterodoxas, teorías imposibles, supersticiones contemporáneas– ha ido abriéndose paso hasta el centro del debate público. Ya no habita solo en foros oscuros, sino que atraviesa parlamentos, campañas electorales, discursos oficiales y conversaciones familiares. Lo extraño, lo irracional y lo indemostrable se han convertido, de pronto, en herramientas políticas, en refugio emocional y en forma de resistencia –o de manipulación– frente a un mundo cada vez más complejo y tecnificado.

Ese es, precisamente, el territorio que explora Dan Schreiber en La teoría de todo lo demás. Un viaje al mundo de las rarezas, publicado en castellano por Capitán Swing: un recorrido por historias tan insólitas como reveladoras, protagonizadas por científicos excéntricos, estrellas de Hollywood influidas por profecías apocalípticas, investigadores obsesionados con las plantas, ganadoras del Nobel que rescatan saberes ancestrales o personas que habitan, sin complejos, en la frontera entre la ciencia y la creencia.

Lejos de la burla fácil o el sensacionalismo, Schreiber se aproxima a este universo con una mezcla de humor, curiosidad y rigor, mostrando cómo lo que hoy consideramos absurdo ha estado, en muchos casos, en el origen mismo de algunos de los mayores avances del conocimiento humano. Reflexionamos con el autor sobre la relación entre ciencia y misterio, el auge de las teorías de la conspiración, la fragilidad de la verdad en tiempos digitales y la persistencia humana de creer, incluso cuando no deberíamos.

En tu libro reúnes un conjunto de historias que, aunque puedan parecer extravagantes, hablan de un deseo humano de escapar de la monotonía de la explicación puramente racional. ¿Qué dice eso sobre nuestra relación con el misterio y los límites de la ciencia?

Lo que más me interesa es cómo lo extraño y lo científico suelen ir de la mano, aunque se esconda. Cuando se publica un artículo científico, la parte rara del proceso suele barrerse bajo la alfombra. Nadie quiere decir: “Lo descubrimos porque el científico tuvo una intuición extraña la noche anterior”. Eso se deja para un biógrafo dentro de treinta años.

«Lo que más me interesa es cómo lo extraño y lo científico suelen ir de la mano, aunque se esconda».

Y hemos convertido las creencias no convencionales en algo vergonzante. La gente teme ser juzgada en su vida profesional o por sus amigos. Yo quería mostrar que, a veces, pensar de una forma lateral puede llevar más rápido a un resultado que pensar de manera lineal. No intenta defender nada, solo mostrar cómo ocurrieron ciertos descubrimientos y cómo personas brillantes dedicaron años a ideas que hoy nos parecerían ridículas.

Tengo la sensación de que el valor o la consideración que se le da a las teorías conspirativas ha cambiado mucho en pocos años. Ahora parecen tener un peso mucho más oscuro, incluso un impacto político real. ¿Qué ha cambiado?

Ha cambiado todo. Cuando éramos pequeños, no entendíamos las implicaciones. Pero, además, el contexto político actual lo ha transformado todo. Antes, si alguien hablaba de conspiraciones, desde el poder respondían: “Eso es solo una teoría conspirativa”. Hoy ocurre lo contrario: se usan como arma política. Si alguien hace algo mal, basta con decir: “Hay una conspiración contra mí”, y dejar que Internet haga el resto.

Puedes ausentarte una hora y, al volver, miles de personas habrán construido por ti la narrativa. Eso lo convierte en algo peligroso. Ya no es un tío raro en una cena familiar: ahora puede influir en elecciones, en políticas sanitarias, en decisiones colectivas.

En el libro también hablas del retorno de prácticas “místicas” en un contexto científico. ¿Cómo ves ese resurgir?

Es una mezcla curiosa. Por un lado, vivimos el auge de lo irracional: astrología, tarot, energías… nunca había visto a tanta gente de mi entorno creer en eso sin complejos. Y creo que la pandemia aceleró este proceso: de pronto, cualquiera se sentía con autoridad para hablar como experto en medicina.

«La imaginación, la intuición, la narrativa… han estado siempre ahí. Lo importante es distinguir entre lo que puede acompañar y lo que no puede sustituir a la ciencia».

Lo inquietante es cuando la intuición empieza a pesar más que los datos. Yo soy bastante racional y me preocupa lo que ocurre en lugares como Estados Unidos con la medicina. Pero tampoco hay que eliminar por completo esa parte humana, simbólica. La imaginación, la intuición, la narrativa… han estado siempre ahí. Lo importante es distinguir entre lo que puede acompañar y lo que no puede sustituir a la ciencia.

Mientras hablabas de la intuición y la línea difusa entre lo razonable y lo absurdo, pensé en cómo la locura ha sido tratada históricamente en Occidente: de una posición ambigua, incluso ligada a cierta verdad (como señala Foucault), a su encierro e institucionalización en la modernidad. ¿Crees que hoy las teorías conspirativas y las creencias marginales funcionan como un nuevo “espacio” para aquello que antes se llamaba locura?

Creo que definitivamente estamos etiquetando demasiado rápido a las personas. Hay una tendencia constante a meter a todo el mundo en una caja a partir de un solo dato: lo que creen, a quién votan, a qué le dan “me gusta”. A menudo se dice que las personas que creen en cosas como Bigfoot, por poner un ejemplo, son automáticamente de extrema derecha o simpatizantes de Trump. Y, por mi experiencia personal, eso no siempre es así. Tengo amigos que creen en Bigfoot que son personas perfectamente funcionales, que votan a la izquierda, que tienen una mirada completamente crítica sobre el mundo.

Estamos demasiado obsesionados con clasificar a las personas a partir de un único rasgo. Y eso nos lleva rápidamente a usar la palabra “locura” como forma de deslegitimar, de expulsar al otro del espacio común del diálogo. En cierto modo, sí: la conspiración, la creencia radical o extravagante se han convertido en una nueva forma de estigmatización. Ya no necesitamos un manicomio físico: basta con etiquetar a alguien como “conspiranoico”, “loco” o “irracional” para expulsarlo simbólicamente.

Y, al mismo tiempo, eso convive con una paradoja: cada vez más personas se sienten cómodas expresando públicamente creencias que antes se habrían callado por vergüenza. Esto puede parecer una apertura, pero también puede generar comunidades muy cerradas, autorreferenciales, en las que la creencia se refuerza sin ningún tipo de contraste ni pensamiento crítico.

«Estamos demasiado obsesionados con clasificar a las personas a partir de un único rasgo. Y eso nos lleva rápidamente a usar la palabra “locura” como forma de deslegitimar, de expulsar al otro del espacio común del diálogo».

En términos de “epistemología popular”, es decir, de cómo las personas corrientes elaboran lo que entienden como verdad o conocimiento válido, qué dirías que es más peligroso hoy en día: ¿una credulidad ingenua que acepta cualquier relato alternativo, o un escepticismo absoluto que niega todo lo que no encaje en un marco racional extremadamente estrecho?

Si nos situamos en el plano práctico y material, no hay ninguna duda para mí: la ciencia es lo más importante. La razón por la que millones de personas están vivas hoy es porque la ciencia ha desarrollado medicamentos, tratamientos, tecnologías sanitarias, modelos de prevención. No hay forma de equiparar eso con el pensamiento mágico.

Dicho esto, en términos puramente humanos, ambas dimensiones forman parte de lo que somos. Antes de la ciencia moderna sobreviven miles de años de humanidad, guiados por mitos, relatos, intuiciones, creencias religiosas. Puede que la esperanza de vida fuera menor, pero la imaginación, la construcción simbólica del mundo, también nos trajo hasta aquí. El problema llega cuando esa imaginación sustituye la realidad. He leído testimonios de personas que creen que poseen poderes curativos y convencen a padres de no llevar a sus hijos al hospital. Y ahí la línea se vuelve trágica, letal. Ese es el límite innegociable.

Hay una historia en el libro que me fascinó especialmente: el caso de Tu Youyou. 

Es una historia magnífica. Tu Youyou ganó el Nobel combinando conocimiento ancestral chino y tecnología moderna. Consultó un texto de hace 1.600 años que mencionaba una planta, el qinghao, y a partir de ahí logró aislar el principio activo que hoy es clave contra la malaria: la artemisinina.

«La imaginación, la construcción simbólica del mundo, también nos trajo hasta aquí. El problema llega cuando esa imaginación sustituye la realidad».

Hay además un detalle hermoso: su nombre, Youyou, no es una palabra, sino el sonido que hace un animal —un ciervo— en un poema donde precisamente aparece esa planta. Y cuando ese principio activo llega a Occidente, se bautiza como Artemisia, por la diosa griega Artemisa, siempre asociada a un ciervo. Es una coincidencia simbólica que no explica la ciencia, pero que añade profundidad humana a la historia.

La otra historia que me ha sorprendido ha sido la de Cleve Baxter, el hombre que conectó un polígrafo a una planta. ¿Qué pasó exactamente?

Baxter trabajaba con polígrafos para el FBI. Una noche, en su oficina, conectó la máquina a la hoja de una planta que tenía allí. Primero quiso ver qué ocurría si la regaba, pero en un momento dado pensó en quemarla. Y la aguja se disparó justo cuando tuvo esa intención. Eso le llevó a preguntarse si la planta estaba reaccionando al pensamiento, no al acto. Desde ahí empezó a hacer experimentos extrañísimos: salía a la calle, provocaba en sí mismo una sensación intensa de miedo (por ejemplo, casi cruzar delante de un coche), anotaba la hora, y al volver comparaba esas horas con el registro del polígrafo. Y encontraba picos coincidentes.

¿Demostrable? No lo sé. ¿Poético? Muchísimo. ¿Revelador de una intuición humana más profunda? También. Hoy sabemos que las plantas sí se comunican a través de redes subterráneas. No telepatía, claro, pero sí una complejidad que no imaginábamos. A veces quienes se adelantan lo hacen de forma torpe, pero no necesariamente desde el vacío.

Para cerrar: ¿hay alguna teoría de la conspiración que te resulte mínimamente convincente o comprensible?

No creo en ninguna de las clásicas. Pero cuanto más las estudio, más comprendo por qué la gente cae en ellas. Por ejemplo, la del falso alunizaje: creo plenamente que llegamos a la Luna, pero la narrativa alternativa es fascinante. No vivo guiado por conspiraciones, pero sí por la sincronía, por la coincidencia significativa. Si tengo que tomar una decisión importante y de repente escucho una canción que menciona uno de los lugares entre los que dudo, probablemente me incline por ese. Soy narrador: mi cerebro busca historias. Pero eso no sustituye jamás a la razón en lo que de verdad importa.

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«Hay un espacio huérfano. Hay un espacio a crear plurinacional de verdad, no creado desde el despacho de una universidad de Madrid con las antenas rotas respecto a lo que significa Euskadi y, sobre todo, Catalunya. Creo que nos toca a las izquierdas soberanistas, independentistas, autodeterministas, federalistas, confederalistas crear esa izquierda plurinacional que durante tanto tiempo se ha pedido». Con estas palabras, Gabriel Rufián (ERC) ponía punto final al curso político antes del receso estival del Congreso, despertando inquietud entre la variada constelación de partidos a la izquierda del PSOE y, quizá, alimentando cierta ilusión en una parte del electorado hoy huérfano de representación. Más tarde, a través de un post en la red X, desarrollaría un poco más su propuesta, que culminaba con un eslogan de tono claramente pragmático: «Menos pureza y más cabeza».

Al cabo de pocos días, las principales partes implicadas –especialmente ERC, pero también el BNG o Unidas Podemos a través de Pablo Iglesias–  cerraban la puerta a la creación de un nuevo partido de «unidad» de la izquierda. Esto, sin embargo, era lo esperable. Lo que desean los partidos políticos es, por encima de todo, garantizar su propia supervivencia. En rarísimas ocasiones resulta justificable ceder parte de su poder (o todo su poder) en aras de un resultado incierto. Pero la idea ya estaba lanzada; una idea que, huelga decir, no se improvisa de un día para otro.

El factor humano

Una lectura cínico-realista del movimiento de Rufián debe hacerse en clave personal. Esta lectura no pretende demonizarlo, pues cuando hablamos de política representativa el desmesurado ego de sus protagonistas, salvo alguna rara excepción, debe darse por descontado.

Por un lado, Rufián sabe que su carrera política en su partido ha tocado techo. Intentó poner un pie en Catalunya presentándose a las elecciones municipales de Santa Coloma de Gramenet en 2023, pero quedó en tercera posición y consiguió solo cuatro de los 27 concejales en disputa. Santa Coloma de Gramenet es un feudo socialista y era impensable que cayera en manos republicanas. Aun así, los cuatro ediles obtenidos por ERC quedaron demasiado lejos de los 17 del PSC. Rufián dimitiría poco después para centrarse en su papel en el Congreso de los Diputados.

Luego está la cuestión de su encaje en la narrativa hegemónica del independentismo. En Catalunya, los sectores que han hecho seña de identidad del mantra «primero la independencia, luego ya veremos» –y que representan el núcleo duro del independentismo conservador– siempre han visto con recelo a Rufián por dos razones. La primera es que Rufián se expresa mejor en castellano que en catalán y eso, para algunos, es pecado capital. Y la segunda, que es uno de los pocos independentistas catalanes que en la etapa pos-Procés se ha negado a desvincular el nacionalismo de la cuestión de clase. Es decir, que su público mayoritario no es ni estrictamente catalán ni estrictamente independentista. Así que, si Rufián quiere continuar en política, tiene dos opciones: mantenerse como portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso o… aventurarse hacia lo desconocido.

¿Existe ese espacio político?

Un partido de corte confederal que, desde posiciones de izquierda, asuma la pluralidad de España como principal muro de contención frente a la ofensiva de la extrema derecha de PP-VOX. Ese sería, resumidamente, el corazón de la propuesta política del portavoz de ERC en el Congreso; una propuesta que puede leerse como espejo invertido de lo que representó Podemos. Si Podemos nació cuestionando la hegemonía del PSOE desde la izquierda y relegando a un segundo plano la cuestión plurinacional, Rufián pretende ubicar la plurinacionalidad en el centro de su discurso. Esto, hipotéticamente, lo coloca en una posición inicial algo más cómoda que la que defendió Podemos, en tanto que podría conseguir que el votante nacionalista de «centro» vasco o catalán prefiera un partido situado algo más a la izquierda de lo que votaría en condiciones normales, pero que al menos garantice la defensa de su identidad nacional frente al rodillo centralista de la derecha.

Y es justo decir que tanto Sumar como el PSOE pueden tener cierto interés en que el proyecto funcione. Los primeros porque la plataforma que propone Rufián podría ser un salvavidas electoral para un proyecto político que se ha quedado demasiado lejos de la ilusión que llegó a generar. Las encuestas del CIS no le dan más de un 8% del total de votos, lejos del 12,3% que consiguió en las elecciones de julio de 2023. Para la familia socialista, la historia es la de siempre: necesitan que su izquierda sea lo suficientemente fuerte como para disputarle la mayoría absoluta al binomio pseudofascista de PP-VOX. Y necesitan, además, que dicho partido acepte en cierto modo el statu quo parlamentario y no pretenda ni romper ni girar «el tablero».

Hay señales de que el baile para cautivar a Rufián ya se ha puesto en marcha. Su percepción general en los medios estatales ha ido mejorando hasta el punto de que casi parece que no se trate de un independentista catalán; sus enfrentamientos con Alvise se han viralizado en redes sociales, y a menudo se le utiliza como contrapunto seductor frente al estilo «enfadado» de Pablo Iglesias. Y para no quitarle méritos a Rufián, es de justicia decir que con el tiempo se ha consolidado como uno de los mejores oradores del Congreso.

Veremos cómo avanza todo en los próximos meses. La partida no ha hecho más que comenzar.  

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Esta entrevista con Cristina Farré se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerla en catalán aquí.

Quedamos en una cafetería del centro de la ciudad condal. Es una tarde agradable, templada. Cristina Farré llega con paso decidido. Tiene una energía que descoloca: habla rápido, con intensidad, con esa clase de convicción que solo se ha visto en personas que realmente se han jugado la piel. Su libro, Ho vam donar tot (editado por Manifest Llibres), se ha convertido en un pequeño fenómeno: no solo rescata la memoria del Partido Comunista Internacionalista (PCI), sino que recuerda qué significaba realmente luchar contra el franquismo cuando la lucha comportaba prisión, tortura, exilio o muerte. Es un libro escrito con el pulso de quien sabe que decir la verdad tiene un precio —y que, aun así, hay que pagarlo.

Ella fue quien, en plena agitación estudiantil de 1969, lanzó el busto de Franco por una ventana de la Universidad de Barcelona. La acción tuvo un enorme eco político, pero nunca se supo quién había sido la autora. Ahora, medio siglo después, lo explica con la naturalidad de quien ya no le debe nada a nadie. Es solo un fragmento de una vida marcada por la lucha antifranquista, la clandestinidad, la prisión, el exilio en Argelia, Colombia y Cuba, y el regreso a una Barcelona posolímpica que la hizo sentirse extraña en su propia tierra. Fundó la asociación ELNA, dedicada a la educación emocional y al empoderamiento de jóvenes y familias, convencida de que solo cambiando la manera de relacionarnos podemos cambiar algo más profundo.

Cuando terminamos la entrevista, la acompaño hasta Via Laietana, delante del edificio de la policía. Cada mes, un martes, allí se reúnen asociaciones que reivindican memoria y reparación para las víctimas de la tortura franquista. Hoy, ella será la encargada del parlamento. Experiencia vital no le falta. Tiene claro lo importante de estos actos porque, como dice, «no se puede perder la memoria porque, si se pierde, se pierde todo».

Escribes que el libro está dedicado a quienes dejaron la vida en el camino revolucionario y a las nuevas generaciones que no lo vivieron, pero deben saberlo. Pero las encuestas dicen que los jóvenes actuales son más de derechas que nunca. ¿Qué esperanza tienes en las nuevas generaciones?

Hay un giro a la derecha global, no solo entre los jóvenes. Es un fenómeno mundial. Pero también hay mucha más gente joven implicada de lo que parece. Hay una parte de la juventud que vive en el espejismo de la opulencia, pero es una ilusión. Y, aun así, si comparas con otros lugares del mundo, somos unos privilegiados. El problema es que eso no llena a nadie. No tenemos pisos, no tenemos expectativas, y no hay una militancia como la de antes. Nosotros nos dejábamos la piel, literalmente. Trabajábamos en la fábrica, después hacíamos reuniones, sabíamos que podían detenernos o matarnos, pero íbamos. Ahora eso no se puede repetir. Hay que pensar la militancia de otra manera.

Ese desencanto general quizá tiene que ver con la sensación de que ya no se puede cambiar nada. Para ti, ¿qué significa «cambiar el mundo» hoy?

El mundo está mucho peor que cuando yo militaba. En aquel momento había un contexto internacional: revoluciones por todas partes, esperanzas compartidas. Sabíamos que era posible. Después, desde los centros de inteligencia y el capitalismo mundial —sobre todo los Estados Unidos—, lo orquestaron todo muy bien: la droga, la represión, las divisiones internas. Y consiguieron desmantelarlo todo.

Pero la llama de querer una humanidad más justa, sin discriminaciones, eso no se apaga nunca. Puede quedar escondida, pero siempre está ahí. Nosotros no triunfamos, pero aún estamos aquí para recordar que hay que seguir picando piedra. Y eso, a muchos jóvenes, les emociona.

También decías que tenemos la barriga llena.

No es exactamente eso. Lo que digo es que no nos hagamos ilusiones: la militancia no será la misma. Hay que adaptar los valores a las circunstancias actuales. Si quieres movilizar a la gente, no puedes limitarte a hacer un cartelito y ya está. Eso no sirve. Hace falta trabajo de base: puerta a puerta, hablar con la gente, convencerla. Si no hacemos eso, no avanzaremos.

¿Qué condiciones han cambiado?

Primero, la esperanza internacional. Nosotros sabíamos que la revolución era posible porque pasaba en todas partes: Vietnam, Cuba, Argelia, el Sáhara… Había un contexto. Después, el capitalismo mundial y los Estados Unidos supieron desactivarlo todo muy bien: represión, infiltraciones, droga, mil estrategias. Aniquilaron movimientos enteros, como las Panteras Negras. La llama continúa, sin embargo. Hay gente que, aunque no diga nada, no soporta las crecientes desigualdades. Y eso siempre puede estallar.

También dices que el mundo es privilegiado pero, al mismo tiempo, no. Sin piso, sin trabajo estable, sin expectativas…

Sí. Somos privilegiados si nos comparamos con África, Asia o América Latina. Pero las condiciones de vida aquí también se han degradado mucho. Aunque se tenga trabajo, es precario. Pero, aun así, no podemos esperar que la militancia sea igual. Antes sabíamos que podían matarnos, torturarnos o encarcelarnos en cualquier momento. Y seguíamos. Eso hoy es impensable.

Quizá también hay un pesimismo general, una sensación de impotencia.

Y tanto. Pero yo siempre respondo lo mismo: no sé si la revolución es posible, pero es absolutamente necesaria. Y esa es la diferencia. La humanidad no puede aguantar indefinidamente esta degradación. La situación es tan insostenible que tiene que estallar. Cada vez hay más desigualdades, y esto no puede durar para siempre.

Encaminaste tu militancia hacia el PCE(i), aunque tu familia lo había hecho hacia el Front Nacional de Catalunya. ¿Por qué te decantaste por el comunismo y no por el anarquismo o el catalanismo?

Lo que más me movió fue el internacionalismo. Siempre he pensado que no tiene que haber fronteras, que cada uno debe poder vivir donde quiera. Me siento muy catalana, pero la revolución la habría hecho en cualquier lugar. Además, viví de cerca la cuestión del Sáhara Occidental, y eso me marcó. En aquel momento, el único partido realmente internacionalista era el PCI.

El anarquismo no lo encontré en mi camino, pero hoy día me entendería perfectamente. El otro día, un chico de un colectivo anarquista me abrazó y me dijo que le había gustado mucho el libro. Le dije: «Si me invitáis, voy». Porque ahora lo que me interesa es encontrar acuerdos mínimos con quien quiera destruir este mundo injusto. Estamos hablando de la supervivencia de la humanidad, no de matices.

Pero la crítica al Estado y al capitalismo también forma parte del anarquismo.

Sí, pero no lo encontré. Y ahora, a estas alturas, me da igual. El otro día un chico anarquista me abrazó y me dijo que le gustaría que fuera a una casa okupada a hablar. Y voy a ir. Ahora lo importante es destruir este mundo injusto. El resto son matices.

Volviendo a Cataluña: dices que el fracaso del 1-O fue no entender que una revolución requiere sacrificios.

Es que es evidente. Cuando te embarcas en algo así, sabes que habrá muertos, presos, represión. No puedes fingir que no lo sabías. La burguesía catalana pensaba que se lo regalarían. Y no. Nadie regala nada. Siempre lo digo: no hay ninguna revolución en el mundo que haya triunfado sin pagar un precio.

¿Crees que, si se hubiera ido hasta el final, había posibilidades reales?

Si se hubiera planificado bien, quizá sí. Pero no puedes dejar la dirección en manos de partidos que representan a la burguesía catalana. O la independencia la lideran las clases populares, o será más capitalismo catalán. Y a mí eso no me interesa.

Has sido una pionera también dentro del movimiento feminista, organizando, entre otros hitos, la primera huelga en una prisión de mujeres. ¿Crees que es una de las luchas más fructíferas?

Sí, sin duda. En el PCI teníamos muchas mujeres con responsabilidades. Éramos el único partido que tenía más mujeres que hombres en el Comité Central. Pero eso no quiere decir que no hubiera machismo. También teníamos que luchar contra eso dentro del partido. Ahora sí que ha habido avances: más incorporación de la mujer al trabajo, más concienciación. Pero también veo cosas que me preocupan. Cuando una chica me dice que es normal que su novio le controle el móvil «porque así no tiene nada que esconder», pienso: ¿qué es lo que hemos avanzado, realmente? Llevo cincuenta años luchando contra esto. La extrema derecha ha hecho mucho daño con su discurso antifeminista, y pese a los avances, creo que hemos progresado poco. Poquito, sinceramente.

En el libro también hablas del silencio con tus hijos y de la importancia de la lengua. ¿Qué relación ves entre identidad y lengua?

Para mí, lengua e identidad son inseparables. Hace 15 años que nunca cambio de lengua. Si alguien me habla en castellano y lleva 30 años viviendo aquí, le respondo en catalán y le digo: «Te hablaré despacio, porque alguien tiene que ayudarte». La lengua es cultura, es huella, es memoria.

Esto pasa en todas partes. En Argelia, por ejemplo, los autores que escriben en francés también arrastran esa colonización mental. Pero en el caso catalán hay un problema añadido: la mezcla de población y unas políticas lingüísticas desastrosas. No sé si las próximas generaciones vivirán en catalán. Y es triste, pero así es.

También criticas duramente la Transición…

Es que es evidente que la Transición fue una operación cosmética. Si en 2021 apalean jóvenes en la calle por defender a Pablo Hasél, ¿eso es democracia? Si tenemos a un rey corrupto y a un rapero en prisión, ¿eso es una democracia? Es una democracia heredera del franquismo. Y en Europa tampoco veo democracias auténticas. Pero aquí, menos todavía: las cloacas del Estado son profundas. Un Estado puede funcionar sin cloacas. Pero un Estado autoritario, no.

¿Te costó volver del exilio?

Mucho. Fue lo más duro. Volver a una Barcelona consumista, postolímpica, donde mucha gente que yo conocía se había vendido por un cargo. Yo venía de la clandestinidad y me encontré un país irreconocible. Pero poco a poco me impliqué en movimientos feministas, asociaciones, solidaridad… Todo lo que consideré necesario. Organizativamente, no me he sentido a gusto en ningún sitio. Pero colaboro con todo lo que me parece justo.

Para acabar: ¿qué esperas de este libro?

Lo he escrito por deber, como un tributo a mi generación y a todos los que lucharon. No es un libro de historia, es un relato de vida, de convicciones. He tardado siete años en escribirlo, dudando mucho, intentando no herir a nadie. Y un día lo ves impreso y piensas: «Ya está». Pero es justo lo contrario: es cuando todo empieza.

Me ha sorprendido mucho la respuesta, la cantidad de gente que me escribe, que me llama, que quiere hablar del libro. Incluso les doy unas tarjetas de cerámica con mi contacto. Y me dicen cosas maravillosas. Creo que este libro no tiene caducidad. Es para el presente y para el futuro. Si sirve para que un solo joven piense que el mundo se puede cambiar, ya habrá valido la pena.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Amazon ha anunciado una nueva oleada de despidos que afectará a miles de trabajadores en todo el mundo. La empresa más poderosa del planeta en comercio electrónico justifica la decisión con palabras que suenan limpias y modernas: reorganización, agilidad, eficiencia, innovación. Pero detrás de este vocabulario se esconde la vieja política del beneficio: reducir costes laborales, concentrar poder y desmantelar la capacidad colectiva de los trabajadores.

Los despidos llegan en un momento de beneficios récord. Amazon sigue aumentando ingresos, expandiendo mercados e invirtiendo sumas descomunales en su propia infraestructura tecnológica. No hay crisis: hay estrategia. El mensaje que transmite es claro: hay que reducir personas para hacer sitio a máquinas. La llamada “inteligencia artificial generativa” no es aquí una consecuencia, sino la excusa perfecta para justificar un cambio de modelo laboral.

Hacer sitio a los robots

La compañía proyecta automatizar una gran parte de sus operaciones durante los próximos años. Esto significa menos trabajadores humanos y más robots, más algoritmos, más centros de datos y más control digital. Los despidos forman parte de una reestructuración destinada a adaptarse a esta nueva etapa, en la que el capital tecnológico sustituye al trabajo como fuente directa de valor.

La paradoja es brutal: nunca hasta ahora una empresa había dependido tanto del trabajo humano –desde repartidores hasta ingenieros de software– y nunca antes lo había tratado como un simple obstáculo. Las nuevas máquinas no llegan para aliviar la carga laboral ni para mejorar las condiciones de trabajo, sino para desplazar, controlar y abaratar.

El discurso corporativo presenta la transformación digital como una necesidad natural, casi biológica. La tecnología se convierte en una fuerza abstracta e inevitable que lo arrastra todo. Pero la verdad es que las decisiones las toman personas muy concretas: directivos, inversores, fondos especulativos que presionan para aumentar los márgenes. Cuando esos actores hablan de “optimización”, quieren decir despidos. Cuando hablan de “reorganización”, quieren decir concentración de poder.

La automatización se ha convertido en la coartada perfecta para ocultar una operación política: la consolidación de un nuevo capitalismo digital basado en la precariedad, la vigilancia y la desposesión. No hay nada inevitable en esto. Es una elección.

La deshumanización del trabajo

La implantación masiva de sistemas automatizados transforma la relación entre trabajador y empresa. Cada paso, cada pausa, cada error puede registrarse y cuantificarse. El trabajo deja de ser un espacio de cooperación para convertirse en una sucesión de datos, tiempos y movimientos optimizados. El resultado es una deshumanización progresiva: el trabajador deja de ser sujeto para convertirse en variable.

Este proceso tiene consecuencias sociales evidentes. A medida que las empresas tecnológicas ganan peso, se erosiona la capacidad de los Estados para regularlas. Amazon no solo controla el comercio y la logística; controla el flujo de información, los servidores donde se almacenan millones de datos públicos y privados, y una parte creciente de la infraestructura digital del planeta. Su poder no es solo económico: es estructural.

España como espejo

En las oficinas de Amazon en Madrid y Barcelona, cientos de trabajadores han sabido que sus puestos de trabajo desaparecerán. No se trata de personal logístico, sino de trabajadores cualificados que han contribuido a la expansión de la compañía en Europa. El mensaje interno es tan previsible como frío: hay que adaptarse a los nuevos tiempos.

Pero “adaptarse” significa, en realidad, aceptar una regresión. Cuando una empresa con beneficios multimillonarios reduce plantilla, no está mejorando la eficiencia: está degradando la propia noción de trabajo. El único objetivo es responder a la lógica del mercado financiero, no a ninguna necesidad productiva.

El vacío sindical y la resistencia posible

Amazon ha construido su imperio evitando, siempre que ha podido, la presencia sindical. Las pocas secciones sindicales existentes operan bajo presión y con un margen de acción muy limitado. La compañía utiliza herramientas de vigilancia y control interno para detectar cualquier intento de organización colectiva. Esta hostilidad sistemática al sindicalismo es una de las claves del éxito del modelo Amazon: sin representación, sin voz, sin contrapoder.

Por eso es tan urgente reivindicar el papel de los sindicatos y la negociación colectiva. Solo con organización es posible frenar la impunidad de estas corporaciones globales. Si los trabajadores de Amazon –y de tantas otras plataformas– pudieran negociar en igualdad de condiciones, el relato de la “automatización inevitable” perdería fuerza.

Recuperar el sentido del progreso

La tecnología puede ser emancipadora, pero solo si está al servicio de la vida y no del beneficio. El progreso no consiste en sustituir humanos por máquinas, sino en liberar a los seres humanos de formas de explotación absurdas. Si la inteligencia artificial sirve para precarizar, controlar y excluir, entonces no es progreso: es un retroceso disfrazado de innovación.

Es imprescindible recuperar el sentido colectivo de la palabra progreso. Esto implica replantear la relación entre economía y tecnología, poner límites a los gigantes digitales y exigir que las inversiones en automatización vayan acompañadas de garantías laborales, formación y reparto del tiempo de trabajo.

Contra la inevitabilidad

Cada vez que una empresa anuncia despidos y atribuye la causa a la tecnología, se construye un relato de inevitabilidad que desactiva la crítica. Es una narrativa poderosa porque convierte una decisión económica en un hecho natural. Pero detrás de cada robot que entra en un almacén hay una persona despedida, una vida reorganizada, un derecho que se desvanece.

No es la inteligencia artificial quien despide: son las personas que la utilizan para ampliar su poder. Y si hay una inteligencia realmente necesaria hoy, es la colectiva: la que nace de la solidaridad entre trabajadores, de la defensa organizada de los derechos y de la capacidad de imaginar un futuro donde la tecnología no sea una herramienta de exclusión, sino de justicia.

Cuando Amazon habla de eficiencia, los trabajadores deberían responder con otra palabra más antigua y más digna: derechos.

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