El Tribunal Supremo ha comunicado que ha inadmitido el recurso de casación presentado por la empresa Laherrán contra dos sentencias.

En primer lugar, la empresa Laherrán recurrió la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Santander, que desestimó su recurso presentado ante la resolución, de 8 de diciembre de 2023, del Ayuntamiento de Piélagos acordando la “extensión de los efectos de clausura de la actividad de cantera a la molienda y clasificación de áridos” al carecer también de licencias.

En segundo lugar, la misma empresa Laherrán recurrió dicha sentencia contraria a sus intereses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que confirmó la resolución municipal y la sentencia del Tribunal nº 1.

La segunda sentencia emitida por la Sala en contra de las pretensiones de la empresa Laherrán de continuar trabajando en la planta de tratamiento de áridos, llevó a la empresa a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, de tal manera que de esa manera conseguía poner una piedra más a su intento desesperado de evitar el cierre de la actividad.

El Tribunal Supremo no sólo ha ratificado las dos sentencias de los tribunales de Cantabria, sino que ha condenado a la empresa a pagar las costas procesales a nuestra asociación, al ayuntamiento de Piélagos y a un vecino del pueblo.

Esta actividad obstruccionista de la empresa Laherrán, utilizando constantemente las posibilidades legales de recurso ante todas las resoluciones municipales desde febrero del año 2016, se une a las dos ocasiones que ha roto el precinto que el ayuntamiento de Piélagos ha llevado a cabo para ejecutar el cierre de las actividades ilegales, como consecuencia de otras sentencias firmes que habían respaldado los resoluciones municipales de clausura de la actividad por carecer de las autorizaciones municipales y ambientales.

Lamentamos que el ayuntamiento, durante estos 10 años, haya facilitado el funcionamiento de la cantera y la planta de tratamiento de áridos ilegales, con un comportamiento timorato e irresponsable que incluso ha sido señalado en alguna de las sentencias.

El alcalde actual ha emitido ya tres resoluciones ejecutivas de cierre de las actividades en la cantera, como consecuencia de las sentencias judiciales, pero no ha ejecutado ninguna, de tal manera que la empresa sigue funcionando hasta el día de hoy.

En diciembre de 2024, el Tribunal de lo Contencioso nº 1 dictó una sentencia muy clara señalando la irresponsabilidad municipal cuando afirmaba que “el ayuntamiento, en este dilatadísimo expediente respecto de cuya duración ya se ha pronunciado la Sala, vuelva a incurrir en prácticas perniciosas que, además de implicar la falta de ejecución de sus actos firmes, motivan nuevas posibilidades de recursos por parte del destinatario de los mismos.”

El juzgado señalaba las “prácticas perniciosas” del ayuntamiento en este caso. Es esclarecedor el calificativo que el juzgado asignaba al comportamiento del ayuntamiento: “Ciertamente la tramitación del expediente es caótica, confusa, carente de sistemática y generadora de los conflictos que amparan los constantes recursos.”

Pero dicha sentencia no solo criticaba la inacción municipal, sino que señalaba la actitud de la propia empresa que se negaba a obedecer la orden municipal de cierre de las actividades desde el año 2016: “…Respecto de la oposición del destinatario de la orden, es habitual que la administración tenga que lidiar con la falta de colaboración, oposición jurídica y material del interesado.”

Pues bien, esta empresa viene funcionando ilegalmente desde hace más de 75 años, gracias a que las sucesivas corporaciones municipales miraron para otra parte, sin controlar la actividad como es su deber y como hacen con todas las demás actividades empresariales.

Esta situación ilegal fue comunicada por varios vecinos a nuestra asociación en el año 2015, que denunciamos los hechos y, por fin, en febrero del 2016, el ayuntamiento ordenó la clausura de las actividades, aunque, incomprensiblemente, facilitó que siguiera funcionando mientras no resolviera el primer recurso presentado por la empresa.

Han pasado 10 años del acuerdo de clausura y cierre y todavía estamos esperando que el ayuntamiento ejecute la sentencias firmes que han ordenado el cierre de las actividades y la apertura de un expediente sancionador contra la empresa.

Denunciamos públicamente al ayuntamiento como máximo responsable de que las actividades de extracción en la cantera y la molienda sigan beneficiando a una empresa ilegal y perjudican a todo el vecindario cercano con explosiones y vibraciones, polvo, ruido y molestias del paso de camiones por las calles del barrio.

Ecologistas en Acción Cantabria

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En Cantabria, igual que en España y a nivel mundial, el salmón atlántico está en declive y amenazado de extinción en estado silvestre, así lo señalan entidades como la “Convención  sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres” (CITES), el “Fondo Mundial para la Naturaleza”, (WWF), la “Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza”, (UICN), reglamentos del “Consejo de Europa”, el “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” (CSIF) y otros organismos.

Las conclusiones reflejan unas causas bien conocidas; algunas son globales como el cambio climático, la sobrexplotación y otras locales que también afectan a la anguila europea, que también está al borde de la extinción en Cantabria, como las barreras transversales por aprovechamiento hidráulico, la sedimentación y bajos caudales, la degradación de su hábitat, deterioro de la dotación genética por cruce con peces de acuicultura o vertidos contaminantes.

Las cifras en Cantabria son demoledoras; hemos pasado de pescar varios miles de ejemplares por temporada a principios del S XX, varios cientos al final de siglo, a 8 ejemplares en la pasada temporada, con lo que las poblaciones se sitúan, según los estudios, por debajo del umbral mínimo para garantizar su supervivencia, con cupos de pesca solo en cuatro ríos de la región; Asón, Pas, Nansa y Deva. El salmón en Navarra lleva 3 años en veda y Galicia la ha declarado este año. La veda total de la angula se ha declarado en el País Vasco para la próxima temporada.

Desde Ecologistas en Acción Cantabria (EAC), hemos remitido a la Dirección General de Pesca múltiples propuestas urgentes —en mayo, septiembre y diciembre de 2025— para intentar revertir este desastre. Así como a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) para permeabilizar barreras, en marzo de 2025. Nuestra demanda es clara y se basa en cinco pilares de actuación inmediata:

En primer lugar, la inclusión de ambas especies en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, en la categoría de “en peligro de extinción” y su veda total, hasta que a través de informes científicos se constate su recuperación.

En segundo lugar, acelerar el proceso ya iniciado de eliminación de presas y azudes sin uso, permeabilizando las que estén en funcionamiento. Es inaceptable que en el río Saja alrededor del 78% de su cauce esté cerrado a la migración de salmones y anguilas, así como los cursos altos de nuestros ríos que siguen bloqueados por barreras que impiden sus migraciones.

En tercer lugar, la eliminación de vertidos contaminantes; desde EAC venimos denunciando al SEPRONA desde 2017 alrededor de 60 puntos de vertido, sobre todo en el río Saja; pero focos críticos en Caranceja y Puente San Miguel, persisten impunemente desde hace 8 años, como en el bajo Asón.

En cuarto lugar, planes anuales de repoblación de ambas especies, con presupuestos e infraestructuras asignados, con continuidad durante los años necesarios, donde el Centro Ictiológico de Arredondo sea el eje vertebrador.

Y, por último, erradicar la pesca furtiva, sobre todo de angulas, con los agentes de M. Ambiente y el SEPRONA. Todas estas medidas han de tomarse de forma coordinada, simultánea y con una urgencia evidente.

Ante esta situación agónica, las recientes declaraciones de la Sra. Consejera, de “ir por la vía del medio”, (DM. 23/11/2025), son incongruentes con la situación real, se necesita actuar ya sobre las causas del problema, con decisión y efectividad; reducir el cupo de pesca del salmón de 70 ejemplares en la pasada temporada, donde se pescaron 8, la mayor parte junto a las presas que no pueden remontar, a 38 en la próxima o retrasar un mes el inicio de la temporada, no es gestión, es maquillaje que nada resuelve.

Alguien se imagina conceder cupos de caza para el urogallo, basados en “la tradición”. El salmón y la anguila merecen el mismo respeto institucional.

Es hora que la administración regional  asuma sus competencias, con la responsabilidad que la grave situación demanda, conservando y protegiendo nuestro Patrimonio Natural, de lo contrario se convertirá en colaborador necesario para alcanzar la anunciada extinción de ambas especies.

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En relación a la “Ruta familiar animales del Cuaternario”, proyecto promovido por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega, a realizar con fondos europeos de  sostenibilidad turística, que conocimos el pasado octubre de 2024 y al que presentamos un documento de alegaciones dirigido a la CROTU en noviembre de 2024, al estar  convencidos del daño que este proyecto ocasionará en el espacio de la Sierra del Dobra.

En primer lugar recordar el apoyo unánime de los representantes políticos de nuestro ayuntamiento, en el año 2016, para suscribir el Modificado 53 del vigente PGOU de  Torrelavega, con los mismos partidos en el gobierno municipal que actualmente.

Con apoyo unánime a la protección de la Sierra del Dobra, donde se cita: “Queda Prohibida cualquier actuación directa o indirecta que altere sus características, imagen y  perspectivas actuales”.

En el Modificado 53 se insta al Ayuntamiento de Torrelavega a poner en marcha el “Área de Protección Ecológico-Patrimonial del Pico de la Capía”, con la prohibición de cazar  en esa zona, regulando los usos del espacio para su protección y desarrollo. El citado Modificado 53, admite la promoción de itinerarios divulgativos sobre el rico patrimonio  arqueológico, etnográfico, geológico, espeleológico, paisajístico y en biodiversidad de la Sierra del Dobra.

Programando visitas guiadas sobre itinerarios de interés, puntos de observación de flora, fauna, paisaje, restos arqueológico, y la debida señalización con paneles informativos.  Con jornadas de reforestación para recuperar las masas arbóreas autóctonas y de eliminación de especies invasoras. En estos planes se debería emplear el presupuesto del  proyecto cuaternario.

Tenemos en el espacio castros prerromanos, (algunos son Bien de Interés Cultural), recintos fortificados, el campamento romano de Jarramaya, (BIC) o las pinturas del sumidero  de Las Palomas. Considerando especialmente protegido el Pico de La Capía, con: un dolmen, restos de muralla de la edad de Hierro, inscripción a Júpiter, el Ara de Erudino y  esculturas.

Respecto a biodiversidad; el Hábitat de importancia comunitaria de brezales oromediterráneos. El 32% de la fauna vertebrada del espacio tiene alguna figura de protección, con 5 especies amenazadas. Alrededor de 40 cavidades subterráneas exploradas, importantes estructuras geológicas en este macizo kárstico. Elementos etnográficos; cabañas, recintos  ganaderos, caminos carreteros, refugios, bebederos, invernales, hoyas de carbonero y caleros.

La zona está incluida en el Catálogo de Paisajes Relevantes de Cantabria como Paisaje de la Sierra del Dobra (056). En el artículo 3 de la Ley de Paisaje de Cantabria se define: “la fragilidad del paisaje es la vulnerabilidad de un paisaje cuando se desarrolla un uso o actuación sobre él que implique la pérdida de su carácter, y en especial al deterioro de  sus valores naturales, culturales, visuales y perceptivos”.

El lugar tiene un cierto carácter simbólico o “sagrado” en el ideario colectivo desde que “Cornelio Vicano, de los Auniganios, hijo de Festo” dedico un ara de piedra al dios  Erudino de la mitología cántabra, depositándola en el pico de la Capía en el año 161 después de Cristo, siendo descubierta en 1925 por Hermilio Alcalde del Río.

Este “Proyecto Cuaternario” queda fuera de contexto en este espacio y nada aporta a nuestro patrimonio y si le daña, quizás de forma irreversible.

En definitiva nuestro equipo de gobierno municipal, debiera proteger y divulgar en la Sierra del Dobra, los importantes valores históricos y naturales que enorgullecen a los  torrelaveguenses y atraen a numerosos visitantes para hacer deporte o disfrutar del entorno, evitando que se olvide y se pierda debajo de las maquetas cuaternarias, como ya  hemos perdido otros hitos históricos como los restos de la Torre de la Vega, ignorada y sin una reseña significativa en el lugar donde estuvo.

Cuando perdemos y olvidamos nuestro patrimonio, perdemos algo más que nuestra identidad como pueblo, perdemos también nuestro arraigo como individuos.

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La plataforma ciudadana Salvar Oyambre denuncia públicamente una actuación ambientalmente lesiva en el entorno dunar del Parque Natural de Oyambre que ha provocado importantes y graves daños sobre un ecosistema de alto valor ambiental y legalmente protegido.

Según las observaciones realizadas sobre el terreno, esta modificación artificial ha supuesto la destrucción de la estructura del cordón dunar, que ha sido abierto longitudinalmente, perdiendo su función esencial como barrera natural de defensa costera. Una actuación incompatible con la conservación, que deja desprotegida la zona posdunar frente a la acción del oleaje y las mareas, comprometiendo la estabilidad del sistema litoral.

Asimismo, la deposición de los materiales extraídos sobre el lomo de la duna ha provocado la desaparición de buena parte de la vegetación pionera, especialmente Ammophila arenaria, especie clave para la fijación de las arenas y el crecimiento natural de la duna. La pérdida de esta cobertura vegetal supone la destrucción de un microhábitat de gran valor ecológico y una merma significativa de la biodiversidad asociada.

La apertura de un canal artificial carente de vegetación está generando un aumento del caudal y de la velocidad del agua en comparación con la situación previa a la actuación. Este hecho está acelerando la erosión de la playa, dejando al descubierto capas de gravas y cantos que, al ser movilizadas por el flujo hídrico, agravan aún más la degradación del suelo arenoso.

Este flujo de agua procede de un evacuador subterráneo diseñado originalmente para no interrumpir el emisario natural de la laguna de Los Llaos, situada en la depresión posdunar. Este equilibrio hídrico resulta esencial para la supervivencia de especies singulares del humedal, como Thelypteris palustris o Rumex hydrolapathum. En estos momentos se desconoce si la apertura del canal está provocando una pérdida de agua del humedal, lo que impide evaluar adecuadamente el alcance real de los impactos ambientales.

Por otra parte, tanto por el caudal observado como por las características del agua, así como por la existencia de salidas de vertidos líquidos procedentes de instalaciones hosteleras situadas aguas arriba, existen indicios más que razonables para sospechar la presencia de un porcentaje significativo de aguas residuales en el flujo que desemboca en la playa, con el consiguiente riesgo para la salubridad y la calidad de las aguas de baño.

Ante la gravedad de los hechos, la plataforma Salvar Oyambre considera imprescindibles las siguientes actuaciones inmediatas:

1. El esclarecimiento urgente de la autoría de la intervención, así como de las responsabilidades técnicas y administrativas correspondientes.
2. Requerir a la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Cantabria y a la Demarcación de Costas del Estado para que informen sobre su posible participación, acción u omisión, en la actuación denunciada y, en su defecto, adopten las medidas sancionadoras y de restauración que procedan dentro de sus competencias, dado que nos encontramos ante una actuación presuntamente ilegal por ser contraria a la normativa ambiental.
3. Solicitar a las administraciones competentes, incluidos los Ayuntamientos implicados, que promuevan un análisis oficial de las aguas vertientes a través del Servicio de Análisis de Aguas, Residuos y Suelos del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), con el fin de determinar su calidad y descartar riesgos para la salud pública.
4. Valorar la interposición de una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, en función de los resultados de las actuaciones anteriores y del alcance final de los daños detectados.

La plataforma recuerda que el Parque Natural de Oyambre forma parte de la Red Natura 2000 y está sujeto a estrictas obligaciones de conservación. Cualquier actuación no autorizada que degrade sus sistemas dunares y humedales supone una vulneración grave de la normativa ambiental y del interés general.

Salvar Oyambre continuará vigilante y no descarta nuevas acciones para garantizar la protección efectiva de este espacio natural.

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Ante el reciente incidente ocurrido en la fábrica de Ferroatlántica, Ecologistas en Acción Cantabria quiere manifestar su preocupación y exigir a las autoridades y a la empresa una respuesta sobre las consecuencias ambientales y de salud pública derivadas del siniestro.

Desde esta organización consideramos imprescindible que se aborden con urgencia los siguientes puntos:

Resulta imperativo confirmar si la empresa ya había completado el proceso de eliminación de aceites con bifenilos policlorados (PCB), teniendo en cuenta que el 31 de diciembre de este año es el límite legal definitivo para la descontaminación o eliminación de aparatos que contengan estas sustancias. Es necesario que la investigación aclare este punto para descartar la presencia de compuestos clorados en la combustión, algo vital para valorar los riesgos reales desde el punto de vista sanitario y medioambiental, e igualmente importantes para determinar los protocolos de limpieza, retirada de residuos y gestión de restos (agua, cenizas, tierras, elementos de extinción, etc.).

Exigimos la apertura de una investigación que determine, por un lado, si la planta cumplía estrictamente las inspecciones en materia de seguridad industrial y medioambiental obligatorias y, por otro lado, las causas exactas y circunstancias que originaron el fuego.

Es fundamental recalcar que las estaciones de control fijas de la Red de Calidad del Aire son insuficientes y limitadas para el seguimiento de incidentes de este tipo. Al ser puntos estáticos, su capacidad de medir el impacto real de la columna de humo es mínima si el viento no sopla directamente hacia ellas o no se encuentran a la distancia adecuada. Por ello, el valor estratégico de la Unidad Móvil de Calidad del Aire del CIMA es fundamental. Demandamos que este recurso tenga una disponibilidad similar al resto de servicios de emergencia, para informar a la ciudadanía de la forma más fiel y representativa posible sobre la toxicidad de las emisiones.

Por último, subrayamos que los elevados costes derivados del despliegue del dispositivo de emergencias no deben recaer sobre el erario público, si no que deben ser sufragados íntegramente por el seguro de Ferroatlántica.

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