Fotografía: Roberta Metsola, Presidenta del Parlamento Europeo
Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Tom Kucharz
La presidencia conservadora del Parlamento Europeo ha bloqueado la votación de una resolución que pretendía pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un examen jurídico del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola (Partido Nacionalista, Malta), declaró “inadmisible” la propuesta pese a contar con 145 firmas de eurodiputados de cinco grupos políticos. Una decisión sin base legal explícita que ha sido denunciada como una maniobra política para impedir el control democrático del polémico tratado.
Desde septiembre, un grupo informal de eurodiputadas y eurodiputados ha promovido una propuesta de resolución en la que iban a solicitar al TJUE que se pronuncie sobre si el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur estén acordes con los Tratados de la Unión.
Tras 25 años de desencuentros, ambos textos se terminaron de negociar en diciembre de 2024 entre la Comisión Europea y los gobiernos del Mercosur, el bloque comercial que agrupa a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Venezuela está suspendido del bloque y a Bolivia se aplicaría más tarde. Aunque en 2019 ya se había alcanzado otro “acuerdo político” —cuando aún presidía Brasil el ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado— no se logró rematar por la oposición que el asunto suscitó en numerosos países.
El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen inició el proceso de ratificación en septiembre y pretende firmar el acuerdo el 20 de diciembre.
Hace dos semanas, se registró la resolución y si se hubiera aprobada en la sesión del Parlamento Europeo, podría haber arruinado el plan de la presidenta de la Comisión Europea de rubricar el acuerdo en Foz do Iguaçu (Brasil) para crear una zona de “libre comercio” con el Mercosur.
La moción ha sido firmada por 145 diputadas y diputados del Partido Popular Europeo (PPE), Renew, S&D, los Verdes/EFA y la Izquierda, de 21 nacionalidades diferentes. Los firmantes proceden en su mayoría de países que tradicionalmente se han opuesto al acuerdo, como Polonia, Francia, Bélgica e Irlanda.
La resolución se apoyaba en el artículo 117 del Reglamento del Parlamento Europeo y en el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permiten solicitar al TJUE un dictamen previo sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con los Tratados antes de su aprobación.
Estas normas ofrecen una vía limitada para ejercer control democrático, dado que el parlamento no participa en las negociaciones comerciales y sólo puede votar sí o no a los textos cerrados por la Comisión Europea, sin añadir ni una sola coma.
“No admisible”
El martes, 18 de noviembre, mientras varias organizaciones protestaron ante el Ministerio de Agricultura en Madrid contra el acuerdo comercial, los representantes del grupo informal recibieron una respuesta oficial de la administración de la eurocámara argumentando que la resolución no era admisible porque el Consejo de la UE (los gobiernos de los 27 Estados Miembros) no había requerido aún el consentimiento del Parlamento.
Los legisladores también solicitaban que el TJUE evaluara la base jurídica utilizada para dividir el acuerdo en dos partes: un capítulo comercial y otro de diálogo político y cooperación
“No han ofrecido ninguna base legal para justificar esta decisión. Por una simple razón, no existe base legal para ello”, respondieron en un comunicado Krzysztof Hetman (EPP), Benoît Cassart (Renew), Chloé Ridel (S&D), Majdouline Sbai (Greens/EFA), Manon Aubry (Left), Céline Imart (EPP), Ciaran Mullooly (Renew), Jean-Marc Germain (S&D), Saskia Bricmont (Greens/EFA) y Lynn Boylan (Left).
Bajo la presión de von der Leyen y Manfred Weber, presidente del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE), la presidenta Metsola (de la misma fracción) ha utilizado esta interpretación retorcida para abortar el voto e impedir que el Parlamento Europeo obstaculice la firma del acuerdo, ya de por sí altamente controvertido, entre la UE y el Mercosur.
La Conferencia de Presidentes —que reúne a las direcciones de los grupos parlamentarios— avaló el veto de Metsola, aunque algunos “líderes de grupo se pronunciaron en contra de la decisión de Metsola, incluidos los Verdes, la Izquierda y Renew”, indicaron fuentes del Parlamento Europeo a El Salto. Por lo que la resolución no se ha incluido en el orden del día de la sesión plenaria, que se celebra en Estrasburgo. Una cacicada en toda regla.
El movimiento refleja la preocupación de que el Parlamento no cuente con mayoría suficiente para respaldar el pacto. En octubre, 269 eurodiputados rechazaron un párrafo de otra resolución sobre la estrategia política de la UE para América Latina que valoraba positivamente el acuerdo con el Mercosur, frente a 259 a favor.
¿Qué dice el derecho?
Según el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE, cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión pueden solicitar al Tribunal de Justicia un dictamen sobre la compatibilidad con los Tratados de un acuerdo internacional antes de su entrada en vigor. Si el dictamen fuera negativo, el acuerdo no podría aplicarse sin modificarlo o revisar los Tratados. Esta posibilidad, conocida por las juristas como “control preventivo ex ante”, no exige que una institución espere a otra para activar la consulta.
El artículo 117 del Reglamento interno del Parlamento añade que, antes de votar la aprobación de un acuerdo, la comisión competente o al menos una décima parte de los eurodiputados pueden proponer solicitar ese dictamen al Tribunal. Las prerrogativas parlamentarias derivadas de los Tratados no pueden ser restringidas ni por interpretaciones del reglamento interno —norma jerárquicamente inferior— ni por las decisiones de otras instituciones, señalan los promotores de la iniciativa.
El propio TJUE, en su opinión 2/94, reconoció que puede pronunciarse incluso sobre textos preliminares. Además, existe un precedente directo: en abril de 2019 el Parlamento pidió un dictamen sobre la adhesión de la UE al Convenio de Estambul antes de que el Consejo iniciara formalmente la ratificación.
El sector ganadero familiar, especialmente en España, Francia, Irlanda y Polonia, teme pérdidas y cierres ante un aumento de importaciones
Finalmente, ya ha comenzado en la Comisión de Comercio el proceso para elaborar la resolución de acompañamiento del acuerdo UE–Mercosur. Por coherencia institucional, argumentan los legisladores, el Parlamento no puede avanzar hacia su adopción sin haber solicitado previamente la opinión del Tribunal.
Un dictamen del TJUE retrasaría la ratificación
“Más allá de las opiniones sobre los pros y contras del acuerdo con el Mercosur, debemos garantizar que sea plenamente compatible con los Tratados europeos”, señaló la eurodiputada belga Saskia Bricmont. De haberse aprobado la resolución, la votación de ratificación habría quedado suspendida hasta que el TJUE emitiera su dictamen.
Ese trámite podría haber retrasado el proceso, ya que las consultas judiciales en Luxemburgo suelen prolongarse. Un dictamen crítico obligaría a reabrir el texto, reavivando la oposición de gobiernos reticentes —como Francia, Polonia o Irlanda— y tensando la relación con los países del Mercosur. Incluso sin invalidar todo el acuerdo, cualquier cambio podría posponer su aprobación durante un año o más.
Los impulsores de la iniciativa anuncian que volverán a plantearla en 2026, tras la votación del Consejo.
¿Qué dudas debería aclarar el tribunal?
Los miembros del Parlamento Europeo querían que el Tribunal de Justicia analizara varios puntos del acuerdo. El primero es el llamado “mecanismo de reequilibrio”, que permitiría a cualquiera de las partes exigir compensaciones —en forma de aranceles o cuotas— si considera que una medida del otro lado “anula o perjudica” los beneficios comerciales del pacto.
Organizaciones como ClientEarth y Greenpeace alertan de que este mecanismo podría debilitar la aplicación del Reglamento europeo contra la deforestación (EUDR), convirtiendo decisiones ambientales en objeto de disputa comercial y presión política. Con ello, los Estados miembros podrían verse disuadidos de aplicar controles estrictos por temor a represalias, favoreciendo los intereses de grandes multinacionales como Bunge, Cargill o JBS.
Los legisladores también solicitaban que el TJUE evaluara la base jurídica utilizada para dividir el acuerdo en dos partes: un capítulo comercial, que podría ser aprobado rápidamente solo por el Consejo y el Parlamento Europeo, y otro de diálogo político y cooperación, sujeto a un proceso más largo. La coalición Stop EU–Mercosur considera que esta separación es un “truco institucional” para evitar la intervención de los parlamentos nacionales, reducir la capacidad de veto y acelerar la aprobación de la parte comercial, la más lesiva en términos socioambientales. Según estas organizaciones, el “splitting” rebaja la transparencia, el control democrático y la rendición de cuentas.
Por último, los eurodiputados pedían que el Tribunal analizara si el acuerdo respeta el principio de precaución, ante el riesgo de que quede debilitado cuando la UE intente actuar frente a amenazas sanitarias o medioambientales.
La “cláusula de salvaguardia”, bajo sospecha
El cuarto aspecto para ser evaluado por el alto tribunal europeo es la “cláusula de salvaguardia”, introducida por la Comisión para convencer a Estados miembros reticentes, especialmente Francia, de apoyar la ratificación del acuerdo. París había sido uno de los principales opositores por motivos agrícolas y ambientales, pero suavizó su postura tras el anuncio de esta medida.
La cláusula prevé activarse si los precios medios de un producto sensible —como carne de cerdo, azúcar o miel— caen un 10% y las importaciones anuales aumentan un 10% en uno o varios Estados miembros. Sin embargo, la Coordinadora Europea de La Vía Campesina la considera improvisada, arbitraria e ineficaz, diseñada “para no activarse nunca” y sin capacidad para responder a impactos estructurales sobre el mundo rural. Apunta que ignora diferencias territoriales y sectoriales, y que las variaciones de precios pueden deberse a la especulación financiera. El sector ganadero familiar, especialmente en España, Francia, Irlanda y Polonia, teme pérdidas y cierres ante un aumento de importaciones controladas por operadores cárnicas gigantes como JBS.
Las organizaciones agrarias subrayan que el mecanismo no permite suspender importaciones ni imponer contingentes adicionales, solo aranceles limitados, mientras los costes de producción en Brasil son tres veces inferiores a los franceses. A su juicio, esto empujará al abandono de explotaciones y desincentivará el relevo generacional. Aunque los contingentes agrícolas del acuerdo son relativamente pequeños respecto a la producción europea, llegan en un contexto de fuerte tensión y tras la pérdida de 4,5 millones de empleos agrarios entre 2005 y 2020.
La abogada Clémentine Baldon advierte además que el reglamento propuesto por la Comisión solo define cómo la UE pretende aplicar la salvaguardia, pero no garantiza que sea considerada legal por los países del Mercosur. Para La Vía Campesina, la cláusula es una herramienta de comunicación destinada a calmar al sector y permitir a los responsables políticos “lavarse las manos” mientras “fingen” preocuparse por la protección del campo.
Un atropello generalizado
Para incorporar la “salvaguardia” al acervo comunitario, los embajadores de los Estados miembros aprobaron el Reglamento sin modificaciones, aunque aún debe validarlo el Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo intentó tramitarlo por vía de urgencia para evitar el paso por las comisiones de Comercio (INTA) y Agricultura (AGRI) y someterlo directamente al pleno esta semana, pero retiró su solicitud a última hora por temor a una derrota.
La maniobra tampoco contó con el apoyo de sus aliados habituales —Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y Patriotas por Europa (PfE)— y fue rechazada por los presidentes de los grupos. Aun así, el PPE ha impuesto un calendario acelerado que apenas permite presentar enmiendas y que “equivale casi a ir directo al plenario”, según fuentes de La Izquierda. Parte de sus propias delegaciones —rumana, irlandesa, polaca y francesa— también se posicionó en contra, un dato relevante dada la incierta postura del Gobierno rumano.
Próximos pasos: la comisión de Comercio votará el texto de las salvaguardias el 8 de diciembre y el pleno el 16 de diciembre, apenas cuatro días antes del viaje previsto de von der Leyen a Brasil para la ceremonia de firma.
Macron traiciona al campo francés
Las organizaciones agrarias francesas han estallado después de que Emmanuel Macron parezca suavizar su oposición al acuerdo UE-Mercosur, lo que llevó al sindicato FNSEA a acusarlo de “traición”. Tras reunirse con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la COP30 en Belém, el mandatario francés adoptó un tono más conciliador, lo que fue interpretado como una ruptura con los intereses agrícolas.
Aunque Macron intentó rectificar posteriormente y la ministra de Agricultura, Annie Genevard, afirmó que “Francia no puede aprobar por ahora el acuerdo porque no protege a los agricultores”, todo indica que París ya no aspira a liderar una minoría de bloqueo en el Consejo y que se conformará con la cláusula de salvaguardia como garantía simbólica.
Una minoría de bloqueo requiere al menos cuatro Estados miembros que representen el 35% de la población. Por ahora, Hungría y Polonia se oponen; Irlanda y Austria siguen indecisas, mientras que el nuevo gobierno neerlandés ha pasado a una posición favorable.
Además, la Asamblea Nacional francesa votará este jueves una resolución presentada por La Francia Insumisa que insta al Gobierno a no autorizar la firma del acuerdo y denuncia como ilegal que la Comisión evite la aprobación por los parlamentos nacionales.
Movilización en Estrasburgo y Belém
Pese al escaso margen político, la Confédération Paysanne se ha concentrado ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo para apoyar la petición de un dictamen del TJUE y reclamar el rechazo del acuerdo UE-Mercosur. La organización alerta de riesgos jurídicos y posibles vulneraciones del derecho comunitario, especialmente porque el mecanismo de reequilibrio podría limitar nuevas medidas de protección ambiental o sanitaria.
Las protestas recuerdan a las tractoradas del invierno de 2024, cuando el descontento rural estalló frente a los tratados comerciales, los recortes en las ayudas agrarias y la futura PAC post-2027. Desde entonces los problemas no se han disipados para la mayoría de explotaciones agrícolas. En este contexto, las principales organizaciones agrarias europeas han convocado una gran protesta en Bruselas para el 18 de diciembre.
En paralelo, durante las movilizaciones de la Cumbre de los Pueblos contra las “falsas soluciones” en la COP30 de Belém, la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y otros actores sociales denunciaron que el comercio con la UE beneficia a grandes empresas agroindustriales a costa de las comunidades indígenas y campesinas, la mitigación climática y bosques como la Amazonía. Las políticas comerciales incentivan la expansión de la ganadería intensiva y el cultivo de soja o algodón para exportación, lo que impulsa la deforestación, destruye ecosistemas y concentra el poder agrícola en grandes empresas, desplazando la producción local y sostenible.
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