La pregunta que conviene hacerse no es si la inteligencia artificial (IA) vive una burbuja. Las burbujas, cuando se describen en abstracto, parecen fenómenos casi naturales: aparecen, crecen, estallan y desaparecen. El problema es que, en economía política, las burbujas no caen del cielo. Se construyen. Y, una vez construidas, no siempre explotan, sino que a menudo se institucionalizan. Lo que a menudo se presenta como el desarrollo orgánico de los distintos agentes que participan libremente en un mercado, es en realidad una compleja trama de intereses políticos ideológicamente cargados que se alimentan de recursos públicos. 

Y si hablamos de la IA en 2026, el riesgo principal no es un colapso súbito del sector, sino algo más persistente y menos espectacular: la normalización de un modelo altamente concentrado, intensivo en recursos energéticos y… sostenido por un relato tecnosolucionista en manos de una élite ultraderechista que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial.

Concentración: cuando el índice deja de ser un índice

Hoy, una parte sustancial del valor bursátil estadounidense –y, por extensión, del ahorro global indexado– descansa en apenas una decena de compañías, la mayoría de ellas grandes tecnológicas. Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon y Meta concentran buena parte del peso del S&P 500 y dominan el top 10 del índice junto a algunas excepciones puntuales como Berkshire Hathaway, la empresa matriz de Warren Buffet. 

Según datos de S&P Dow Jones Indices, el peso agregado de estas diez empresas suma ya más de un tercio del total del índice, un nivel de concentración que no se registraba desde antes del estallido de la burbuja puntocom. Cuando un índice supuestamente diversificado depende en tal medida de un núcleo reducido de gigantes tecnológicos, deja de funcionar como termómetro del conjunto de la economía y pasa a reflejar, sobre todo, la hegemonía de la Big Tech y su promesa de crecimiento futuro ligada a la inteligencia artificial.

Por eso el Banco de España, en sus últimos Informes de Estabilidad Financiera, ha señalado explícitamente los riesgos asociados a la elevada concentración bursátil y a las valoraciones exigentes en determinados sectores tecnológicos: “La potencial corrección de la valoración de las empresas tecnológicas de EEUU y su elevado peso bursátil continúa suponiendo un factor adicional de riesgo de mercado”, señalan. 

Infraestructura: la nube pesa toneladas

El segundo pilar de esta burbuja no es financiero, sino material. La inteligencia artificial no flota en el aire como pompas de jabón. Se ejecuta en centros de datos que consumen electricidad, agua, suelo y capacidad de red. Y lo hacen a una escala que ya no puede considerarse marginal. 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que los centros de datos, junto con la IA y las criptomonedas, consumen ya alrededor del 1,5% de la electricidad mundial y que esa cifra podría duplicarse antes de 2030, alcanzando niveles comparables al consumo anual de países como Japón. Además, según apuntan, el crecimiento de la demanda eléctrica asociada a la IA está siendo mucho más rápido de lo previsto hace apenas dos años.

Cada nuevo centro de datos compite por electricidad con hogares, transporte e industria. Obliga a acelerar inversiones en redes de alta tensión, subestaciones y sistemas de respaldo que, en la práctica, se financian en gran medida con dinero público. Presiona territorios concretos –municipios, comarcas– que asumen impactos ambientales y urbanos mientras los beneficios económicos se concentran lejos. Es decir; la burbuja de la IA no se infla solo con capital privado, sino con decisiones públicas sobre suelo, red eléctrica y prioridades energéticas.

Agua, territorio y externalidades invisibles

A la electricidad se suma otro recurso cada vez más escaso: el agua. El enfriamiento de grandes infraestructuras digitales requiere cantidades significativas de agua dulce, especialmente en climas cálidos o en centros de datos de alta densidad. La UNESCO ha advertido de que el auge de la inteligencia artificial está disparando simultáneamente la demanda de energía, agua y minerales críticos, intensificando tensiones ecológicas ya existentes.

Estudios académicos publicados subrayan que la huella hídrica del entrenamiento de grandes modelos de IA es todavía poco transparente y, en muchos casos, subestimada. La burbuja no es solo financiera, también es territorial. Se manifiesta cuando se prometen empleos y modernización a cambio de infraestructuras que consumen recursos locales y cuyos beneficios fiscales y productivos apenas revierten en el entorno inmediato.

Poder de mercado: la IA como oligopolio de hecho

El ecosistema de la IA se organiza en torno a unos pocos actores que controlan simultáneamente la infraestructura en la nube, los chips especializados, los modelos fundacionales y, en muchos casos, los datos. Tres empresas –Amazon Web Services, Microsoft Azure, y Google Cloud–, concentran aproximadamente dos tercios del mercado global de nube. Una empresa –NVIDIA–, controla más del 80% de la producción de chips. Y cuatro empresas –OpenAI, Google DeepMind, Meta y Anthropic– concentran el desarrollo de los modelos fundacionales más avanzados. 

La OCDE también ha alertado de que la inteligencia artificial presenta una fuerte tendencia a la concentración debido a las economías de escala, las barreras de entrada y el control de infraestructuras críticas. No estamos ante un mercado emergente abierto, sino ante un oligopolio en formación que fija precios, condiciones de acceso y ritmos de innovación.

De hecho, la situación adquiere todavía un tono más grave si tenemos en cuenta que algunas de estas grandes empresas, como Tesla o Palantir, están al servicio ideológico de una ultraderecha que cada día que pasa se parece más al fascismo de entre guerras del siglo pasado. La burbuja de la IA, con su corazón en Estados Unidos, se funde en un conjunto de intereses corporativistas y oligopolistas en el que las subvenciones, las excepciones regulatorias, los contratos públicos y recalificaciones de suelo se convierten en moneda de cambio para no quedarse fuera de la carrera tecnológica. 

A todo ello se superpone un relato omnipresente. La inteligencia artificial aparece como solución transversal al estancamiento productivo, al envejecimiento demográfico, a la crisis climática, incluso a la escasez de recursos públicos. Cada problema tiene su algoritmo pendiente, un discurso que cumple la función política precisa de desactivar el conflicto. Si la tecnología promete hacerlo todo más eficiente mañana, cualquier crítica hoy se presenta como miedo, atraso o falta de visión.

Y así se matan dos pájaros de un tiro: el que pretende defender un cierto grado de privacidad, y el que pretende defender la necesidad de un mayor grado de redistribución económica. 

¿Burbuja o proyecto político?

Llegados a este punto, la pregunta cambia. No se trata de saber si la burbuja de la inteligencia artificial explotará en 2026 o en 2028. Se trata de entender qué ocurre si no explota. Qué pasa si se consolida un sistema altamente concentrado, energéticamente voraz y políticamente blindado por la urgencia tecnológica.

Porque incluso sin crash, el resultado puede ser profundamente disfuncional: más dependencia tecnológica, más desigualdad territorial, más transferencia de recursos públicos hacia rentas privadas y menos capacidad democrática para decidir prioridades.

La historia económica reciente ofrece suficientes precedentes. Las grandes crisis no suelen llegar por sorpresa. Llegan después de años de advertencias ignoradas, normalizaciones progresivas y relatos tranquilizadores. Cuando el ajuste llega –si llega– ya no se discute el modelo: se gestiona el daño. Y se hace siempre protegiendo aquellos que generaron la burbuja y se beneficiaron de ella. ¿Y los perdedores, quienes serán? También los de siempre, por supuesto. 

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Por Paco Cantero, Coordinador de Attac Madrid. Publicado originalmente para Espacio Público.

En el siglo XXI, la ambición de poder ha encontrado una nueva expresión: ya no se manifiesta principalmente mediante la conquista territorial directa, sino a través de una colonización tecnológica, financiera e infraestructural. Una red tecnoautoritaria, con figuras como Donald Trump y capitalistas de la tecnología de Silicon Valley como Peter Thiel a la cabeza, está erigiendo un dominio de carácter global. Su sofisticación y alcance rivalizan con los proyectos de poder más ambiciosos de la historia. Este artículo, apoyándose en lo publicado recientemente por Francesca Bria en medios como La Vanguardia y Le Monde Diplomatique, analiza cómo la imposición de un sistema monetario privado, el adormecimiento crítico de la ciudadanía y la corrosión sistemática de las instituciones democráticas constituyen los pilares de esta invasión silenciosa pero implacable.

La frontera digital y la pérdida de soberanía

El proyecto de poder contemporáneo opera bajo una lógica de captura de las infraestructuras críticas que definen la soberanía de los estados modernos. Como detalla Francesca Bria en sus análisis, no se trata de anexionar territorios, sino de controlar los sistemas operativos de la gobernanza misma. Europa, en su búsqueda de una autonomía estratégica cada vez más elusiva, está cayendo en un vasallaje tecnológico.

Contratos millonarios con empresas como Palantir para gestionar sistemas de salud nacionales (como el NHS británico) o datos de defensa, la integración de Starlink de Elon Musk en las comunicaciones críticas de la OTAN, o el despliegue de drones autónomos de Anduril a través de joint ventures con conglomerados europeos, son los vectores de esta colonización. Estas plataformas tecnológicas se convierten en el sistema nervioso del Estado y que Francesca Bria denomina la Pila Autoritaria.

Al igual que las arterias de comunicación eran vitales para los imperios del pasado, los gobiernos europeos dependen ahora de algoritmos y plataformas estadounidenses para funciones de Estado esenciales: inteligencia, logística, salud e incluso la gestión de la inmigración. La soberanía no se pierde en un campo de batalla convencional, sino que se cede discretamente en la firma de contratos que convierten a los gobiernos en rehenes funcionales de un ecosistema tecnológico cuyos dueños, como Thiel, han declarado abiertamente la incompatibilidad entre libertad y democracia.

El nuevo sistema monetario: exportando inflación y sosteniendo la deuda

En el capitalismo global, el control monetario es la forma suprema de poder. Bajo la Ley GENIUS de Trump, las stablecoins (criptomonedas vinculadas a activos estables como el dólar) están siendo reclasificadas como infraestructura de seguridad nacional. Este no es un cambio técnico menor, sino la piedra angular de un sistema monetario privado y paralelo.

Al otorgar a emisores privados poderes cuasifiduciarios, se está creando un mecanismo para exportar la inflación y financiar la colosal deuda estadounidense, que supera los 37 billones de dólares. Scott Bessent, una figura clave en este escenario, afirma que este sistema podría generar hasta dos billones de dólares en nueva demanda de bonos del tesoro. En esencia, se está construyendo un circuito financiero descentralizado, gobernado por algoritmos de naturaleza profundamente libertaria, que permite a Estados Unidos monetizar su deuda a escala global.

Las stablecoins, operando en una red fuera del control directo de los bancos centrales tradicionales, pueden comprar masivamente deuda pública estadounidense. Esto alivia la presión inflacionaria interna y la externaliza al mundo. Es un mecanismo de dominio financiero de una eficacia brutal: los ciudadanos de todo el planeta, a menudo sin saberlo, acaban sosteniendo la solvencia de este poder a través de un sistema opaco y desregulado.

El adormecimiento de los pueblos: el ataque a la conciencia crítica

Ningún sistema de dominio puede perpetuarse sin el consentimiento, activo o pasivo, de los gobernados. La estrategia tecnoautoritaria contemporánea es infinitamente más sofisticada que el «pan y circo» de antaño, pero persigue el mismo fin: anular el pensamiento crítico ciudadano.

El método es doble y letal. Por un lado, se libra una guerra cultural contra las instituciones que tradicionalmente han fomentado dicho pensamiento, como la universidad pública. Se la critica y desprestigia sistemáticamente, tachándola de elitista, desconectada o ideologizada, con el objetivo claro de debilitar su autoridad como faro de conocimiento crítico y debate racional.

Por otro lado, se inunda el espacio público con un ecosistema mediático y de entretenimiento diseñado para la pasividad intelectual. Programas de televisión superficiales, narrativas simplistas y una retórica política emocional y anti-intelectual crean una ciudadanía adormecida. Esta ciudadanía se vuelve incapaz de analizar la complejidad de los procesos que la rodean, como la privatización encubierta de su soberanía. Cuando la atención es un recurso escaso y la información veraz es ahogada por un océano de distracción y desinformación, la capacidad de resistencia se diluye. Un pueblo que no piensa críticamente es un pueblo que no puede defender su democracia.

La «extrema derecha patriótica» y la red de corrupción ideológica

Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿Qué papel juegan aquellos movimientos que se autoproclaman patriotas y seguidores incondicionales de este proyecto? La respuesta, lejos de basarse en un idealismo genuino, suele encontrarse en los flujos de dinero y poder. Los análisis de Francesca Bria aluden a la enorme influencia de redes de think tanks y organizaciones de lobby, como la Atlas Network, que opera a nivel global.

Estas organizaciones, financiadas de forma opaca por grandes capitales afines al proyecto tecnoautoritario, actúan como mecenas de determinados líderes políticos, intelectuales y medios de comunicación. Su objetivo es claro: promover una agenda de desregulación, privatización y nacionalismo excluyente, al tiempo que desacreditan mediante una lluvia constante de mentiras y medias verdades al sistema actual (las instituciones democráticas, la prensa libre, el estado de derecho).

Esta ultraderecha patriótica no defiende la nación, sino los intereses de una élite que busca reemplazar la soberanía popular por la soberanía privada. Su patriotismo es una fachada que esconde una lealtad inquebrantable a los flujos de capital y a la consolidación de un poder que considera la democracia como un obstáculo técnico a superar.

Un llamamiento a la resistencia colectiva

La invasión silenciosa de la Pila Autoritaria es el desafío definitorio de nuestra era. No llega con estandartes y espadas, sino con contratos, algoritmos y stablecoins. Frente a esta amenaza existencial para la soberanía y la democracia global, es imperativo que todas las organizaciones, movimientos sociales y la ciudadanía progresista en su conjunto superen sus diferencias internas y luchas fragmentadas.

No hay tiempo para divisiones estériles. Se requiere una alianza estratégica y un frente común que priorice la defensa de lo público: una universidad fuerte y crítica, un sistema mediático independiente, una soberanía digital y financiera real, y la recuperación del control democrático sobre las infraestructuras críticas. Debemos exigir transparencia en los contratos públicos, regular el poder de las Big Tech y construir alternativas tecnológicas abiertas y soberanas.

Frente a esta ofensiva, defender la libertad no puede significar regresar a un concepto simplista de ausencia de regulación, que en la práctica solo despeja el camino para que los más poderosos impongan su ley. La verdadera libertad, la que hoy debemos reivindicar con urgencia, es justamente lo contrario a la esclavitud tecnológica y la sumisión a los algoritmos. Es la libertad colectiva de un pueblo que mantiene el control sobre las decisiones que le afectan; es la defensa de la agenda humana frente a la automatización de lo político; y es la deliberación democrática como el único mecanismo legítimo para definir nuestro futuro común.

Se trata, en definitiva, de decidir si seremos ciudadanos con soberanía o meros usuarios en una plataforma de gobernanza dirigida por intereses privados. El futuro que los tecnoautoritarios pretenden construir es un mundo de infraestructuras vivas y opresivas, un sistema de vigilancia total algorítmica donde la elección democrática sea técnicamente imposible. No permitamos que este futuro se concrete. La historia nos juzgará por nuestra capacidad de olvidar las pequeñas diferencias y unirnos para frenar, aquí y ahora, esta nueva y sutil forma de imperio.

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