• Continúa en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio por la conocida “trama eólica”, el mayor procedimiento judicial por corrupción relacionado con la gestión de las energías renovables en Castilla y León, iniciado el 15 de septiembre y que se extenderá hasta el 18 de enero de 2026.
• Ecologistas en Acción Castilla y León ejerce la acusación popular en esta causa, en defensa del interés general, del territorio y de una transición energética justa y transparente.
• Para la organización ecologista en su conjunto, este es un procedimiento contra un modelo de gestión opaco que, además, no se reduce a actuaciones aisladas, sino a la existencia de un sistema organizado de control y bloqueo del desarrollo eólico.

El juicio de la trama eólica investiga la actuación de altos cargos de la Junta de Castilla y León, con especial protagonismo del exviceconsejero de Economía y principal acusado, Rafael Delgado, en relación con un sistema que habría condicionado la autorización de parques eólicos a intereses privados ajenos a los criterios técnicos, ambientales y de legalidad administrativa.

La causa se sitúa en el contexto de un modelo político desarrollado durante los gobiernos autonómicos del Partido Popular que, según las acusaciones, ha convertido el despliegue de la energía eólica en un espacio de intercambio de favores, presiones y beneficios económicos, con grave perjuicio para lo público.

En fases previas al inicio del juicio oral, se produjo la retirada de la acusación contra algunos empresarios inicialmente encausados, quedando el foco del procedimiento en las responsabilidades políticas, administrativas y penales de quienes ocupaban posiciones clave en la toma de decisiones.

Sin embargo, Ecologistas en Acción insiste en que el núcleo del caso no se reduce a actuaciones aisladas, sino a la existencia de un sistema organizado de control y bloqueo del desarrollo eólico en Castilla y León, del que estos empresarios también formaban parte.

Testimonios sobre presiones, amenazas y socios impuestos

Durante las primeras sesiones del juicio, distintos testigos –entre ellos exdirectivos del Ente Regional de la Energía (EREN), responsables territoriales de Industria y técnicos de la Administración autonómica– han descrito un patrón común de funcionamiento.
El exdirector del EREN declaró que numerosos proyectos no avanzaban si no incorporaban socios locales concretos, ajenos a los promotores originales. En la misma línea, el exjefe de Industria de Burgos afirmó que Rafael Delgado le comunicó que no se autorizarían parques eólicos y que era mejor “callar”, lo que apunta a un clima de intimidación y autoritarismo institucional.
Otros testigos confirmaron la existencia de mecanismos informales de priorización de expedientes –conocidos como sistemas de “semáforos”– utilizados para favorecer o bloquear proyectos al margen de los procedimientos reglados. Los promotores elegidos por la Consejería adquirían participaciones a bajo costo que revendían con grandes márgenes de beneficios cuando los parques eólicos habían sido aprobados.
Asimismo, empresarios del sector eólico relataron que se vetaron proyectos con participación extranjera, especialmente cuando no aceptaban determinadas condiciones impuestas desde la Administración. Según estos testimonios, se llegó a advertir de consecuencias personales o profesionales si se autorizaban proyectos que no se ajustaban a las directrices políticas marcadas.

Un caso estructural, no individual

En su declaración, Rafael Delgado negó la existencia de presiones o irregularidades y defendió que las denegaciones de proyectos respondían a supuestos problemas de solvencia financiera. Asimismo, intentó desplazar la responsabilidad de las decisiones irregulares hacia otros responsables políticos del Gobierno autonómico de la época, entre ellos el entonces vicepresidente y consejero de Economía Tomás Villanueva Rodríguez, ya fallecido.

Por su parte, el abogado Jesús Rodríguez Recio, amigo de Delgado, ofreció explicaciones contradictorias al tratar de justificar operaciones financieras y estructuras societarias en el extranjero, negando la actuación como testaferro, pese a las evidencias documentales analizadas durante el juicio.

Frente a estos hechos, Ecologistas en Acción insiste en que este juicio no puede interpretarse como una suma de comportamientos individuales, sino como la manifestación de un modelo estructural de corrupción, que ha utilizado las instituciones públicas para mercantilizar el territorio, frenar el desarrollo ordenado de las energías renovables y beneficiar a intereses privados.

Luis Oviedo, abogado y portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “La energía eólica, fundamental frente a la emergencia climática, ha sido instrumentalizada, dañando gravemente la credibilidad de las políticas públicas y el derecho de la ciudadanía a una transición energética justa y democrática. Ecologistas en Acción Castilla y León continuaremos ejerciendo la acusación popular para que se esclarezcan todas las responsabilidades políticas y penales y para que este proceso judicial marque un punto de inflexión en la gestión de las energías renovables en la comunidad”.

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• Ecologistas en Acción Castilla y León alerta de que la Junta de Castilla y León está aprovechando la alarma generada por la Peste Porcina Africana (PPA) para impulsar una ampliación indiscriminada de la caza del jabalí, mediante medidas carentes de base científica y sanitaria; una estrategia que traslada injustamente la responsabilidad a la fauna silvestre y responde a los intereses del sector cinegético y de la ganadería industrial, poniendo en riesgo la seguridad de las personas, el equilibrio ecológico y una gestión responsable del territorio.

Una falsa emergencia para aparentar gestión
Ecologistas en Acción Castilla y León denuncia un nuevo ejemplo de gestión electoralista por parte de la Junta de Castilla y León, que ha declarado una cuestionable “emergencia cinegética” para intensificar la matanza de jabalíes, ignorar deliberadamente el papel del lobo ibérico como depredador natural y aparentar que se está actuando ante un problema sanitario que no tiene su origen en la fauna silvestre.

La Peste Porcina Africana como pretexto
Tras la aparición de varios jabalíes muertos en Cataluña a causa de la Peste Porcina Africana (PPA), una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los animales de la familia de los cerdos, la Junta de Castilla y León ha adoptado medidas supuestamente preventivas basadas casi exclusivamente en la caza del jabalí para evitar la propagación del foco inicial.

Sin embargo, según las últimas informaciones, dicho foco probablemente no procede de la fauna silvestre, sino que puede haberse debido al escape del virus desde un laboratorio de alta seguridad. A pesar de esta posibilidad sobre la mesa, se está demonizando al jabalí y utilizando como chivo expiatorio, ignorando tanto el origen real del problema como las funciones ecosistémicas que cumple esta especie.

El peso de la ganadería industrial en Castilla y León
El contexto no puede entenderse sin considerar el peso de la ganadería industrial en Castilla y León, dominada por grandes explotaciones intensivas donde se hacinan miles de animales, muchas veces con destino a la exportación. La alarma sanitaria generada beneficia a estos intereses, al tiempo que se satisface a dirigentes del sector cinegético y se intenta apaciguar a agricultores, consolidando un modelo de gestión orientado a mantener un granero de votos en periodos electorales.

Presiones cinegéticas, negocio de la caza y riesgos sanitarios
La declaración de la denominada “emergencia cinegética” no responde a criterios técnicos ni sanitarios, sino a las presiones del sector cinegético. La Consejería de Medio Ambiente ha optado por satisfacer las demandas de este sector y, de paso, apaciguar a parte del sector agrario, consolidando un enfoque de gestión orientado a mantener un granero de votos, especialmente en periodos electorales.

La Orden MAV/1434/2025, de 11 de diciembre (BOCyL 112/12/2025), intensifica estas medidas al permitir el uso de visores nocturnos en esperas de jabalí, lo que fomentará su utilización tanto legal como ilegal, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas y posibles impactos sobre otras especies como corzo, ciervo o lobo. También autoriza la alimentación suplementaria de origen vegetal, que aumenta artificialmente la población de jabalíes.

La gestión cinegética promovida por la Junta se basa fundamentalmente en el interés económico de los cotos, que necesitan grandes capturas de jabalíes para hacer atractiva la venta de puestos de caza mayor. Esto favorece prácticas como la alimentación artificial, el uso de atrayentes e incluso la suelta de jabalíes de granja —procedentes incluso de otros países— para promocionar jornadas cinegéticas.
Lejos de contribuir a la contención sanitaria, la intensificación de la caza puede aumentar los riesgos de difusión de virus y otros patógenos al provocar el desplazamiento de los animales a grandes distancias. Diversos especialistas europeos ya han advertido que fomentar la caza puede favorecer la expansión de la PPA en lugar de contenerla.

El gran ausente: el lobo ibérico
Esta Orden, al igual que el resto de documentos y declaraciones políticas de la Junta de Castilla y León, resulta profundamente incongruente al ignorar por completo la necesidad de conservar poblaciones funcionales de lobo ibérico, el principal depredador natural del jabalí en nuestro país.

El lobo desempeña una labor clave tanto sanitaria como de regulación numérica de las poblaciones de jabalí y otros ungulados silvestres, por lo que constituye un aliado natural del sector agrícola y ganadero. Su exclusión sistemática de cualquier estrategia de gestión evidencia la falta de un enfoque ecológico integral.

Un modelo incompatible con el interés general
Los intereses que mueven la caza en Castilla y León son el ocio y el beneficio económico, objetivos incompatibles con una gestión rigurosa basada en criterios sanitarios, ecológicos y de interés general. Difícilmente el sector cinegético se autoimpondrá reducciones reales de las poblaciones de jabalíes cuando su interés es disponer de más piezas de caza.

Así lo ha demostrado la gestión de las poblaciones de corzo y ciervo frente a enfermedades que afectan también a la fauna doméstica, así como el persistente fracaso en el control de los daños a los cultivos, una realidad sobradamente conocida por agricultores y ganaderos.

Ecologistas en Acción Castilla y León advierte que la estrategia de la Junta, centrada en la caza indiscriminada y en intereses económicos y políticos, no aborda las verdaderas causas de la PPA, traslada injustamente la responsabilidad a la fauna silvestre y pone en riesgo la seguridad de las personas, el equilibrio ecológico y la gestión responsable del territorio. Una política eficaz debería basarse en criterios científicos y ecológicos, promoviendo la conservación de depredadores naturales y medidas de prevención sostenibles, en lugar de recurrir a soluciones apresuradas y electoralistas.

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• Ecologistas en Acción denuncia la opacidad sistemática de la Consejería dirigida por Suárez-Quiñones.
• La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dado la razón a Ecologistas en Acción de Burgos y ha condenado a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, por negar reiteradamente el acceso a información pública sobre los proyectos eólicos y fotovoltaicos en la provincia de Burgos.

La sentencia (nº 01213/2025) anula las resoluciones de la Junta por ser “contrarias al ordenamiento jurídico” y reconoce el derecho de la asociación a recibir la información solicitada, que incluye las capas y coberturas cartográficas de todos los proyectos de energía eólica y solar aprobados, en tramitación o rechazados.

Durante más de tres años, la Junta denegó sin justificación la entrega de estos datos, incumpliendo la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

“Esta sentencia confirma lo que llevamos años denunciando: la Consejería de Suárez-Quiñones actúa con opacidad y desprecio hacia la ciudadanía, ocultando información ambiental básica para el control público de su gestión”, ha declarado Ecologistas en Acción Castilla y León.

El fallo judicial, además, impone las costas del proceso a la Administración autonómica, reconociendo la falta de fundamento jurídico de su actuación.

En los últimos meses la Junta ha publicado en su visor cartográfico la ubicación de las instalaciones energéticas en funcionamiento, pero no las que están en proyecto o tramitación como hacen otras CCAA. Tampoco las facilita en los actuales procedimientos de participación pública de los proyectos, tal y como hace el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) del Estado, ratificando así su escaso interés en facilitar la participación ciudadana.

Desde Ecologistas en Acción recuerdan que no es la primera vez que la Consejería intenta impedir el acceso a información ambiental, especialmente en temas sensibles como los proyectos eólicos o la gestión forestal. La organización exige al consejero Suárez-Quiñones que cumpla de inmediato la sentencia y ponga fin a una política de secretismo incompatible con la democracia y la defensa del medio ambiente.

“La transparencia no es una opción: es una obligación legal y moral. Sin información no puede haber participación ni protección ambiental efectiva”, concluyen desde la organización.

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El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia permite actuaciones en una Zona de Reserva del Parque Natural que, bajo la disculpa de los aprovechamientos de leñas y la prevención de incendios, destruyen una zona habitual de cría de oso pardo.

Ecologistas en Acción denunció en diciembre de 2024 ante el Seprona de la Guardia Civil que la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda había procedido a la remoción de tierras, el desbroce de la cubierta forestal y la corta de robles en el Monte de Utilidad Pública 197 “Matarroyal”. Una actuación de más de cien metros de largo y dos metros de ancho, expresamente prohibida por el Plan de Ordenación del Parque Natural. Las investigaciones del Seprona derivaron en una denuncia ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

Solicitamos a la Junta de Castilla y León ser parte interesada en el expediente sancionador. Diez meses después, según Resolución de la Delegación Territorial de 23 de octubre de 2025, se decide no iniciar ningún expediente sancionador contra la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda. Esta decisión se fundamenta en un informe interno de agosto de 2025 basado en la prevención de incendios y la extracción de leñas, aunque se reconoce ante el Seprona haber autorizado la apertura del camino, sin haber realizado una comprobación de cómo se hicieron esos trabajos.

Desde hace una década, en junio de 2015, los ecologistas llevamos advirtiendo a la administración regional de la extracción más que abusiva de leñas por parte de la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda, en el Monte “Matarroyal” conocido en la zona como La Cagiguera, en plena zona de máxima protección del Parque Natural. De hecho, ese aprovechamiento abusivo se reconoce ahora de forma implícita al intentar reducir de forma drástica el número de “suertes” (lotes) de leña anuales, que lleva una década cortando en cantidades que nada tienen que ver con el aprovechamiento vecinal, como exige la Ley de Montes.

Esta gestión de la Cagiguera por parte de la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda con la extracción intensiva de leñas y la extenuante actividad cinegética que ejecuta el adjudicatario del coto privado de caza, ha provocado la desaparición de osas con crías del año en la zona, algo que era habitual con una precisión bianual propia de los buenos lugares de cría de la especie, por la modificación sustancial del hábitat y el incremento de las molestias.

Todo ello es posible gracias a la pasividad del Servicio Territorial de Medio Ambiente que sigue instalado en las viejas costumbres, realizando informes de una calidad técnica y rigor muy mejorables, salvaguardando a los responsables ajenos y propios del Servicio, y olvidándose de las afecciones a especies protegidas como el oso pardo e incluso el urogallo cantábrico, cuya protección esta recogida por Decreto en la zona afectada.

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En sentencia de 3 de noviembre, el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia estima el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, declarando no ser conforme a derecho la Resolución de la Concejalía de Urbanismo por la que se desestimaba el recurso de reposición formulado contra otra Resolución por la que se otorgaba licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable.

Ecologistas en Acción interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución de 5 de Febrero de 2025 de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Palencia, por la que se resolvía de forma desestimatoria el recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución de 29 de Noviembre de 2024, de la misma Concejalía, por la que se otorgaba licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable para el proyecto de aparcamiento disuasorio, con emplazamiento en la Calle Cerro del Otero de Palencia.

En Julio de 2024 se presentó y se aprobó el proyecto tras la avocación de la competencia de la Junta de Gobierno Local a favor de la Alcaldía, un mes después, en agosto, la concejalía de Urbanismo inició la tramitación acordando que se emitiera un informe técnico por parte del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística sobre la compatibilidad de las actuaciones previstas en el proyecto. Informe que es preceptivo antes de la aprobación, un aspecto determinante para el fallo de la sentencia.

Con fecha 3 de diciembre de 2024 una nueva Resolución de Alcaldía convalidó la resolución anterior, por la que se aprobaba el proyecto de obra, una actuación que implica reconocer claramente que la Resolución del mes de julio concedió autorización para uso provisional en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, sin seguir el procedimiento legalmente establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL); se omitió el procedimiento debido, de manera que la aprobación del proyecto no es conforme a derecho no pudiendo surtir efecto como autorización de uso provisional del suelo.

La organización ambiental valora de manera positiva esta sentencia y aboga por la responsabilidad del equipo de gobierno para no dañar más la imagen del Ayuntamiento, la falta de una dirección cualificada al mando de la concejalía de urbanismo pone de relieve que lejos de mejorar el bagaje de la anterior legislatura, se siguen cometiendo los mismos errores que lastran el buen funcionamiento del Servicio.

Ecologistas en Acción lamenta la actitud del Ayuntamiento al permitir talar tres árboles y hacer una poda abusiva en varios ejemplares, para construir el vial de acceso al aparcamiento, a pesar de no estar contempladas estas actuaciones en la memoria del proyecto y dejando constancia que la palabra de algunos miembros del equipo de gobierno tiene el mismo valor que para ellos tiene el valor de los árboles, ninguno.

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Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre, Ecologistas en Acción de Castilla y León celebró en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), en Valsaín (Segovia), su asamblea federal, un espacio de encuentro, debate y planificación en el que participaron representantes de los distintos grupos locales de la federación, combinando la modalidad presencial y virtual.

La sesión que abrió la jornada sirvió para revisar los avances de los acuerdos previos y coordinar líneas de trabajo conjuntas. Entre los temas abordados destacaron las actuaciones y alianzas tras los incendios forestales sufridos en la comunidad, con el objetivo de impulsar una respuesta social y ecológica ante la pérdida de biodiversidad y los impactos en el medio rural. En este sentido, la federación mostró su apoyo a la manifestación convocada en León el próximo 23 de noviembre por el movimiento Respeto, impulsado por organizaciones sociales, sindicatos y colectivos ecologistas, para exigir políticas eficaces de prevención, restauración y gestión forestal sostenible.

Durante la asamblea federal, se detallaron los avances en el juicio de la trama eólica, que comenzó en septiembre. En este proceso, Ecologistas en Acción de Castilla y León ejerce la acusación popular, denunciando un sistema de corrupción que controló las autorizaciones administrativas de proyectos renovables y causó perjuicios millonarios en la región. Estos hechos se originaron en 2007, cuando la Consejería de Economía, entonces liderada por Tomás Villanueva, articuló dicho sistema. La trama se gestó particularmente desde la Viceconsejería dirigida por Rafael Delgado, el principal acusado.

Asimismo, se desarrollaron talleres participativos para analizar colectivamente el impacto del despliegue de las energías renovables en Castilla y León, con el objetivo de consensuar un posicionamiento común en defensa de una transición energética realmente sostenible y respetuosa con la biodiversidad y los territorios rurales.

El impulso a la Transición Ecosocial constituyó otro eje de trabajo central, basándose en el informe elaborado por el grupo junto a otras organizaciones y la participación de más de 175 personas claves de la región. Este documento servirá de base estratégica para futuras acciones de incidencia política.

Asimismo, la asamblea resolvió reforzar la lucha contra la ganadería industrial en el próximo plan semestral. El plan incluirá el apoyo a la movilización contra las macrogranjas convocada en Madrid el 29 de noviembre y la reactivación de la web No más cerdos, donde se centralizarán y actualizarán los datos, riesgos y posibles soluciones en Castilla y León.

La federación cerró el encuentro en el CENEAM, reafirmando su compromiso con la acción ecologista, la justicia social y la cooperación entre los grupos locales. La próxima asamblea se celebrará en Burgos, continuando la rotación territorial que caracteriza a Ecologistas en Acción.

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