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Renta Básica Universal: la única garantía de que nadie quede atrás

Por: Alberto Jimenez

Por María Fernanda Gadea y Berta Lago de Attac España, para NuevaTribuna.

La renta básica universal e incondicional se presenta hoy como una de las propuestas más revolucionarias para transformar nuestra sociedad y avanzar hacia un horizonte de justicia social plena. Frente a un contexto global marcado por crecientes desigualdades, precariedad laboral y crisis climática, esta medida emerge como la herramienta más efectiva para garantizar la dignidad humana y construir una sociedad más libre, justa e igualitaria.

¿Qué es la Renta Básica Universal e Incondicional?

La renta básica universal e incondicional (RBU o RBI) se define como una asignación monetaria que recibirían todas las personas residentes en un territorio por el simple hecho de existir, sin necesidad de cumplir requisito alguno más allá de justificar un período previo de residencia. Como explica la Red Renta Básica, se trata de «un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada».

Este ingreso presenta cinco características fundamentales que la distinguen de cualquier otra prestación, subsidio o ayuda social: es incondicional (no requiere demostrar nada para percibirla), universal (dirigida a toda la población), individual (se paga a cada persona independientemente de con quién conviva), suficiente (con una cuantía que permita cubrir las necesidades básicas) y monetaria (se cobra en dinero).

A diferencia de las rentas mínimas condicionadas actuales, que están sujetas al cumplimiento de requisitos específicos y conllevan estigmatización social, la renta básica se concibe como un derecho universal similar a la sanidad o la educación públicas. Su cuantía debería ser igual o superior al umbral de la pobreza, garantizando así que ninguna persona se vea privada de los recursos necesarios para una vida digna.

ATTAC y la defensa histórica de la Renta Básica

La Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (ATTAC) ha sido una de las organizaciones pioneras en España en la defensa de la renta básica como derecho de ciudadanía. Desde principios de la década de 2000, ATTAC ha impulsado esta propuesta a través de su Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía, considerándola un instrumento fundamental de reparto de la riqueza colectivamente generada y complementario a los demás pilares del Estado del Bienestar.

Ya en 2004, el Observatorio de Renta Básica de ATTAC Madrid destacaba que se trataba de un derecho humano emergente, señalando hitos importantes como la promulgación de la Ley de Renta Básica de la Ciudadanía en Brasil ese mismo año. La organización ha mantenido una constante labor formativa, como demuestra la jornada que organizó en marzo de 2015 centrada específicamente en la formación sobre renta básica de ciudadanía, contribuyendo al debate público y académico sobre sus implicaciones y beneficios.

Más recientemente, ATTAC ha consolidado su liderazgo en este ámbito organizando, como miembro de la Red Renta Básica, el XXIII Simposio de Renta Básica bajo el título «Renta Básica: El derecho a la existencia en un mundo en peligro», celebrado en Las Palmas de Gran Canaria los días 25 y 26 de octubre de 2024. Este encuentro, realizado con la colaboración del Cabildo Insular de Gran Canaria, constituyó una gran oportunidad para analizar los efectos transformadores de la Renta Básica en este mundo desigual, convulso e inseguro y debatir y reflexionar sobre ello con personas expertas. El simposio abordó el impacto de la renta básica en la transformación socioecológica, el acceso a derechos de los jóvenes, las mujeres y las personas migrantes, y los diferentes sistemas de bienestar social.

ATTAC enmarca la renta básica dentro de su propuesta más amplia de transformación social, entendiendo que no es simplemente una herramienta de redistribución de la riqueza o lucha contra la pobreza, sino que es también un modo de garantizar la existencia material de cada persona, y que el conjunto de la sociedad pueda ser más libre.

Renta Básica y redistribución de la riqueza

Una de las principales virtudes de la renta básica radica en su extraordinario potencial redistributivo. Al tratarse de una prestación universal financiada mediante una reforma fiscal progresiva, genera una transferencia neta de recursos desde los sectores más privilegiados hacia el conjunto de la ciudadanía.

Esta redistribución se produce tanto por el propio cobro de la renta básica como por la necesaria reforma del sistema fiscal que requiere su financiación. A diferencia de los subsidios condicionados, que solo llegan a sectores marginados, la renta básica beneficia al conjunto de la población, eliminando las «trampas de la pobreza» que caracterizan a los sistemas actuales.

Además, su gestión sería más eficiente que la de las prestaciones condicionadas existentes, al requerir una burocracia mínima y evitar los elevados costes administrativos derivados del control de requisitos y condiciones.

Lucha contra las desigualdades sociales

La renta básica atacaría de raíz uno de los principales problemas de nuestro tiempo: las crecientes desigualdades sociales.  Los datos más recientes muestran que la desigualdad se ha intensificado en el último lustro a escala global: el 1% más rico posee ya más riqueza que el 95% de la población mundial en 2024, y controla aproximadamente el 43% de los activos financieros totales. En este contexto, la universalidad de la renta básica la convierte en una herramienta especialmente poderosa para reducir las brechas sociales.

Como destaca la investigación académica, la renta básica mejoraría la situación de las personas con un nivel adquisitivo bajo y se evitaría, o al menos dificultaría, la desvalorización de nuestra capacidad de trabajo. Al proporcionar una base económica sólida a toda la ciudadanía, aumentaría significativamente el poder de negociación de los trabajadores frente a empleadores, permitiendo rechazar trabajos en condiciones inadecuadas.

Esta mejora del poder de negociación es especialmente relevante en el actual contexto de precariedad laboral creciente. La renta básica al garantizar la seguridad económica ex-ante tendría claras consecuencias en un aumento significativo del poder de negociación de las personas empleadas, contribuyendo así a mejorar las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora.

Renta Básica y cambio climático

La crisis climática requiere transformaciones profundas en nuestros modelos de producción y consumo que pueden generar importantes costes sociales. En este contexto, la renta básica emerge como un componente necesario para una transformación socioecológica y elemento clave para la justicia climática. La seguridad económica que proporcionaría la renta básica facilitaría la implementación de políticas climáticas ambiciosas sin generar rechazo social.

Además, diversos estudios y resultados de pruebas piloto sugieren que la renta básica podría tener efectos positivos directos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, podría fomentar el trabajo voluntario, proyectos artísticos o productivos enfocados al cuidado de nuestro planeta y, en definitiva, abrir espacios de oportunidad para la emergencia de nuevas formas de innovación social orientadas a la sostenibilidad.

Una herramienta feminista contra el patriarcado

La renta básica presenta un enorme potencial emancipador desde una perspectiva feminista. Como señala la investigación especializada, siete de cada diez personas pobres en el mundo son mujeres y hay el doble de mujeres que de hombres sobreviviendo con salarios bajos. En este contexto, la universalidad e incondicionalidad de la renta básica la convierten en una herramienta especialmente valiosa para combatir las desigualdades de género.

La seguridad económica que la renta básica proporcionaría a las mujeres potenciaría su autonomía material, evitaría que sufran condiciones denigrantes de trabajo y, en muchos casos, les ayudaría a liberarse de ciclos de violencia machista con sus parejas o en sus hogares.

Históricamente, el movimiento feminista ha sido pionero en la defensa de la renta básica. Ya en 1977, el Congreso Nacional de Liberación de la Mujer de Gran Bretaña aprobó oficialmente una resolución a favor de la renta básica universal. Esta tradición feminista se mantiene vigente, como demuestra el manifiesto feminista «Recursos y autonomía para todas: un manifiesto feminista para la renta básica» lanzado en diciembre de 2019, que situó esta demanda en el centro de la agenda de las feministas que luchan por la emancipación y la igualdad.

Potenciación de la participación democrática

La renta básica no solo mejoraría las condiciones materiales de vida, sino que fortalecería sustancialmente la participación democrática de la ciudadanía. Al eliminar la inseguridad económica que limita la capacidad de las personas para dedicar tiempo y energía a la participación política y social, la renta básica ampliaría significativamente los espacios de democracia participativa.

Para los jóvenes, este efecto sería especialmente relevante. Como señala la Red Renta Básica, la Renta Básica tendría un fuerte efecto emancipador para las personas jóvenes, confiriéndoles mayor capacidad de decisión sobre sus planes de presente y de futuro. En un contexto donde más del 50% de los jóvenes entre 16 y 24 años se encuentran en situación de desempleo en España, la renta básica les proporcionaría la base material necesaria para participar activamente en la construcción de alternativas sociales y políticas.

La seguridad económica que proporciona la renta básica permitiría a las personas dedicar más tiempo a actividades de voluntariado, participación en organizaciones sociales y movimientos ciudadanos. Esta liberación del tiempo respecto a la mera supervivencia económica es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de una ciudadanía más activa y comprometida.

Renta Básica y salud mental: Una conexión fundamental

La relación entre renta básica y salud mental ha cobrado especial relevancia en los últimos años. Como señala la Organización Mundial de la Salud, el sufrimiento derivado de la pobreza, las condiciones precarias de existencia, la incertidumbre económica y el paro se encuentran entre las principales causas de las vivencias que se diagnostican como trastornos mentales.

En este contexto, el “Manifiesto de las personas psiquiatrizadas por una Renta Básica Universal”, publicado en 2020 por la asociación Activament de Catalunya, defendía la RBU como una medida preventiva de la salud mental. El manifiesto argumentaba que garantizar unas condiciones dignas de existencia, con independencia del mercado laboral, es una condición de posibilidad para reducir los malestares emocionales y sociales.

Evidencias de las pruebas piloto internacionales

Las experiencias internacionales confirman el potencial transformador de la renta básica. El caso más destacado es Alaska, donde desde 1982 funciona un dividendo ciudadano financiado con los ingresos petroleros que ha llegado a proporcionar hasta 2.000 dólares anuales por persona. Los resultados han sido muy positivos: Alaska se ha convertido en el estado más igualitario de los Estados Unidos sin efectos negativos sobre el empleo o la inflación.

El experimento finlandés de 2017-2018, que proporcionó 560 euros mensuales a 2.000 desempleados durante dos años, arrojó resultados esperanzadores. Aunque no aumentó significativamente el empleo, sí mejoró sustancialmente el bienestar de los participantes: estaban más satisfechos con sus vidas y experimentaron menos tensión mental que el grupo de control. También tenían una percepción más positiva de su bienestar económico. Además, aumentó la confianza de los beneficiarios en los demás y en las instituciones de la sociedad.

Especial mención merece el experimento alemán de renta básica, uno de los más rigurosos y extensos realizados hasta la fecha. Llevado a cabo entre junio de 2021 y mayo de 2024 por la organización Mein Grundeinkommen en colaboración con diversas instituciones académicas, incluyó 122 personas que recibieron 1.200 euros mensuales sin condiciones durante tres años.

Los resultados son contundentes: no hubo reducción en el empleo, los beneficiarios trabajaron unas 40 horas semanales, igual que las personas del grupo de control. Sí se llevó a cabo una reorientación profesional, ya que muchos aprovecharon la seguridad económica para formarse, cambiar de trabajo o iniciar nuevos proyectos. Los investigadores concluyeron que los beneficiarios experimentaron un incremento en su satisfacción vital y una mayor satisfacción laboral. Además, su comportamiento social y su sentido de la solidaridad también se han visto reforzados. Como señala el estudio, lejos de desincentivar la mejora laboral, la ha mejorado.

Conclusión: Un horizonte de justicia social

La renta básica universal e incondicional representa mucho más que una simple medida de política social: constituye una propuesta integral de transformación hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria. Su potencial para redistribuir la riqueza, combatir las desigualdades, facilitar la transición ecológica, empoderar a las mujeres, fortalecer la democracia y mejorar la salud mental la convierte en la herramienta más completa de que disponemos para avanzar hacia la justicia social.

Como demuestra el compromiso histórico de ATTAC, desde sus jornadas formativas de 2015 hasta la organización del reciente XXIII Simposio de Renta Básica, esta propuesta cuenta con un sólido respaldo teórico y práctico. Los resultados de experimentos como el alemán, junto con las evidencias internacionales y el creciente consenso científico, confirman que la renta básica no es una utopía inalcanzable, sino una propuesta racional y factible cuya implementación depende fundamentalmente de la voluntad política y social.

En un mundo amenazado por la desigualdad, la crisis climática, la precariedad y los problemas de salud mental, la renta básica se alza como la mejor solución para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad y participar plenamente en la construcción de una sociedad del bien común. Como se afirmó en el XXIII Simposio, «en una época de grandes incertidumbres ambientales, políticas y socioeconómicas, como la actual, la idea de proporcionar a cada miembro pleno de la sociedad un ingreso mínimo e incondicional que garantice una base material de subsistencia abre un horizonte de esperanza». La RBU se perfila, así como uno de los Derechos Humanos Emergentes de nuestro siglo.


María Fernanda Gadea, Vicecoordinadora de ATTAC España
Berta Lago, Coordinadora del Observatorio de Renta Básica de ATTAC España

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1992 La batalla de waterloo station

Por: Radio Topo

El 12 de septiembre de 1992 cientos de antifascistas de la Anti Fascist Action y de Red Action se enfrentaban con una turba de fascistas simpatizantes e integrantes de la organización nazi Blood & Honour que habían establecido la céntrica estación londinense como punto de encuentro para desplazarse hasta el lugar donde Skrewdriver celebraría el […]

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Una radiografía de los efectos reales de la Renta Básica Universal (RBU) en Alemania

Por: Nuria

Una radiografía de los efectos reales de la Renta Básica Universal (RBU) en AlemaniaUna radiografía de los efectos reales de la Renta Básica Universal (RBU) en Alemania

Artículo original prublicado en revoprosper.org

La prueba piloto sobre renta básica : una radiografía de los efectos reales del Ingreso Básico Incondicional (RBU)

Entre junio de 2021 y mayo de 2024, se llevó a cabo en Alemania el primer experimento de larga duración sobre el Ingreso Básico Incondicional (Renta básica Universal (RBU), impulsado por el colectivo Mein Grundeinkommen y financiado mediante donaciones ciudadanas. A continuación, presentamos los hallazgos clave desde una perspectiva multidimensional.


Diseño y alcance del estudio

El experimento incluyó 1 700 participantes en total: 122 personas fueron seleccionadas al azar para recibir 1.200 € mensuales, sin condiciones ni impuestos, durante tres años; el resto, unos 1.580, formaron parte del grupo de control y no recibieron ninguna mensualidad. Los participantes tenían entre 21 y 40 años, vivían solos, y su ingreso neto mensual oscilaba entre 1.100 y 2.600 €.

La investigación fue conducida por diversas entidades académicas: el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW Berlín), la Universidad de Economía de Viena (WU Wien), el Instituto de Investigación del Mercado Laboral (IAB), la Universidad de Oxford, la Frankfurt School of Finance & Management y la Universidad de Colonia. Su diseño aleatorizado y controlado permitió determinar efectos causales del RBU con rigor metodológico.

A continuación resaltamos los principales hallazgos de este estudio:

1. Trabajo y motivaciones laborales

  • No hubo reducción en el empleo: Quienes recibieron el RBU trabajaron unas 40 horas semanales, igual que el grupo de control The Times.
  • Sin retirada del mercado laboral: No se observó aumento del desempleo entre los receptores del RBU.
  • Reorientación profesional: Muchos aprovecharon la seguridad económica para formarse, cambiar de trabajo o iniciar nuevos proyectos. Por ejemplo, una persona comenzó a formarse como instructora de yoga.
  • Mayor satisfacción y sentido: Independientemente de mantenerse en su empleo o cambiar, los participantes reportaron mayor satisfacción con su trabajo, sentido y motivación intrínseca.

2. Salud mental, bienestar y vida social

  • Mejor salud mental: El RBU mejoró significativamente la salud mental, redujo el estrés y mejoró la calidad del sueño DIE WELT.
  • Mayor satisfacción vital: La puntuación promedio de satisfacción con la vida pasó a 7,3 en el grupo del RBU, frente a 7,1 del grupo control The TimesBusiness Insider.
  • Más tiempo con seres queridos: Los receptores del RBU pasaron casi cuatro horas semanales más con amigos y familia que el grupo control mein-grundeinkommen.

3. Finanzas personales: ahorro y solidaridad

  • Aumentaron los ahorros: Las personas con RBU ahorraron 450 € más al mes en promedio que quienes no lo recibieron mein-grundeinkommen.de.
  • Más seguridad financiera: El porcentaje de personas con menos de 10.000 € en patrimonio cayó al 13 % en el grupo del RBU, frente al 27 % en el grupo control mein-grundeinkommen.de.
  • Mayor generosidad: Las personas con RBU donaron y compartieron más dinero con su entorno, cerca de 125 € mensuales, el doble que en el grupo control mein-grundeinkommen.de.

4. Actitudes, valores y comportamiento

  • Rasgos estables, decisiones cambiadas: El experimento mostró que el RBU no transformó la personalidad de los participantes (valores políticos, rasgos de personalidad, procrastinación, etc.), pero sí facilitó nuevas decisiones: estudiar, donar, cambiar de trabajo mein-grundeinkommen.de.
  • Autonomía sin cambiar de mentalidad: Sus opiniones e ideales seguían igual, pero el entorno seguro les permitió actuar con mayor libertad. “No hace falta cambiar como persona, sino cambiar las condiciones para actuar distinto” mein-grundeinkommen.de.
  • Altruismo incrementado: Aunque no cambiaban su autopercepción, se vieron más altruistas —y este cambio subjetivo se reflejó también en su comportamiento solidario mein-grundeinkommen.de.

5. Financiabilidad del BGE

  • Modelo viable: El modelo demostró que una RBU de 1.200 € mensuales es financiable mediante un mix de medidas: compensación vía ingresos actuales, ahorro de prestaciones sociales, mejor fiscalización, eliminación de privilegios fiscales y redistribución familiar, así como crecimiento del consumo finanzierung.mein-grundeinkommen.de mein-grundeinkommen.de.
  • Beneficio mayoritario: Según las simulaciones, el 83 % de la población obtendría una mejora en su situación financiera con la RBU; solo el 10 % debería aportar más, y el 7 % no tendría un impacto relevante mein-grundeinkommen.de.

6. Implicaciones públicas y respuestas

  • Fuerza para futuras iniciativas: A raíz de estos resultados, la iniciativa “Hamburgo prueba la renta básica” prepara un experimento con 2.000 personas durante tres años, sujeto a un referéndum en octubre de 2025 DIE WELT.
  • Llamado al debate basado en la evidencia: Los responsables del proyecto piden que la discusión política y social sobre el RBU se fundamente en datos sólidos, no en prejuicios mein-grundeinkommen.deDIE WELT.
  • El papel de la sociedad civil: El experimento, financiado con donaciones de más de 200.000 personas, demuestra que la sociedad puede anticiparse políticamente para generar conocimiento útil mein-grundeinkommen.deWikipedia.

Conclusión

El proyecto piloto de Renta Básica Universal en Alemania representa un avance significativo en la investigación sobre este tema. Pone en evidencia que…

  • El trabajo no desaparece, pero sí puede hacerse con más sentido y libertad.
  • El bienestar integral mejora, abarcando salud mental, vida social y satisfacción personal.
  • Las finanzas mejoran, incluyendo ahorro, patrimonio y solidaridad.
  • Las decisiones cambian sin modificar valores, gracias a la seguridad económica.
  • Existe viabilidad financiera, con un impacto positivo para la mayoría.
  • Es un catalizador para políticas públicas, si hay voluntad política y se realizan más experiencias.

Este piloto muestra que el Ingreso Básico Incondicional puede ofrecer una nueva base para una sociedad más libre, solidaria y resiliente. Todo ello ligado a datos reales y rigurosamente analizados. El siguiente paso está en manos de la política: ¿estamos preparados para avanzar?

Resumen del estudio original: https://www.mein-grundeinkommen.de/pilotprojekt-grundeinkommen#erkenntnisse

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Declaración Conferencia Más Allá del Crecimiento 2025

Por: Arturo

Decrecimiento para el bienestar: la urgencia de un nuevo modelo ecosocial

26 de septiembre de 2025 

Activar el freno de emergencia 

Con esta Conferencia Más Allá del Crecimiento, en el Congreso, activamos colectivamente el  freno de emergencia ante un modelo que nos está llevando al colapso ecológico y social. Es una  llamada directa a la sociedad y a las instituciones para abrir un debate democrático inaplazable:  cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta sin depender de la explotación de  otras vidas, humanas y no humanas, presentes o futuras, poniendo la vida en el centro. 

Partimos de una situación en la que nuestros modos de vida han sido moldeados por un sistema  económico basado en la acumulación sin límites, un sistema capitalista, fósil, patriarcal, colonial  y antropocéntrico que no cuida a las personas ni al planeta, que depende de recursos energéticos  y minerales limitados, que se apropia de innumerables trabajos de cuidados para sostenerse, y  que deja de lado a millones de vidas mientras nos empuja hacia la extinción. Un sistema que  carece de legitimidad para guiar la transición ecosocial que necesitamos en un contexto de  creciente autoritarismo y deterioro de las instituciones democráticas.  

Esta Conferencia da continuidad a la Conferencia Beyond Growth celebrada en el Parlamento  Europeo en mayo de 2023, a la que le han seguido hasta el momento conferencias y eventos en  Italia, Austria, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Francia, Noruega y Estonia. Todas ellas parten de la  asunción que ha guiado desde su nacimiento al movimiento ecosocial y que la comunidad  científica, desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, ha constatado: un modelo social  y económico basado en el crecimiento sin fin es incompatible con el equilibrio ecológico del  planeta y su habitabilidad. Ante esta realidad, es urgente construir una prosperidad  socialmente justa más allá del crecimiento, compatible con los límites biofísicos. 

El lavado verde y las falsas soluciones  

Denunciamos que, en el contexto global y europeo actual, bajo el disfraz de la “sostenibilidad” y  el “crecimiento verde” se esconde la voluntad de perpetuar lo insostenible. Se apuesta por una  transición energética miope que no plantea un cambio real en los patrones de producción y  consumo y se basa exclusivamente en cambios tecnológicos. Se vende la idea de un 

desacoplamiento absoluto entre el crecimiento económico y los impactos ecológicos, un  desacoplamiento imposible, sobre todo teniendo en cuenta la escala global y ritmo a la que  tendría que producirse para evitar el colapso climático, de biodiversidad y de recursos. Se blindan los privilegios de las clases dominantes, ultrarricos y grandes corporaciones, mientras se margina  cualquier intento real de transformación. Se tapa el fracaso del sistema capitalista con promesas  huecas, mientras el crecimiento del PIB se agita como tótem de una prosperidad que nunca llega  para la mayoría ni lo hará para las generaciones futuras. Los resultados de este modelo son  evidentes: la crisis ecológica se agrava, la pobreza no ha retrocedido y las desigualdades no han  hecho más que crecer, dentro y entre países. 

Hoy en día, el dogma del crecimiento económico, permite seguir acumulando riqueza y poder  en pocas manos a costa de la vida y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como  el de Palestina. El crecimiento económico se ha hecho más difícil en esta última década a medida  que se constata que los recursos energéticos disponibles son de menor calidad, los minerales son  más escasos y los ecosistemas están más degradados. La carrera por crecer hace que se  incrementen todavía más los gastos militares, se precaricen y desmantelen servicios públicos, se  refuercen estructuras y violencias patriarcales, se acaparen y destruyan ecosistemas esenciales  para la vida, se nieguen derechos básicos como el derecho a la vivienda, el derecho a una  alimentación sana o el derecho a migrar, se reprima el derecho a la protesta, se criminalice la  disidencia y se ignore la soberanía de los territorios y las comunidades para decidir sobre su  presente y futuro, siendo muchos convertidos en zonas de sacrificio dentro y fuera del Estado  español.  

Por todo ello, ante la inviabilidad e indeseabilidad de más crecimiento proponemos una reducción  democrática planificada de la producción y el consumo enfocada en el bienestar social y ecológico  en lugar de la acumulación de capital. Un decrecimiento que debe comenzar por los sectores más  dañinos y grupos y territorios más privilegiados y ofrecer alternativas de reorganización  socioeconómica. Esto no solo conlleva ajustar la economía a los límites planetarios para una  sostenibilidad real, sino que también supone cambiar las reglas del juego en favor de una visión  de largo plazo, una reorganización democrática de la economía y un cambio cultural que haga  posible vivir mejor con menos, rompiendo con las lógicas extractivistas y coloniales del actual  modelo económico, que perpetúan modos de vida imperiales. 

Hacia un nuevo modelo ecosocial 

Dado que los caminos basados únicamente en mejoras tecnológicas son insuficientes al ignorar  los límites biofísicos y el cambio cultural necesario, la encrucijada en la que nos encontramos es  clara: Transitar a modos de vida más justos, deseables, igualitarios, inclusivos y ecocentrados o  seguir acercándonos al abismo de la destrucción y competición militarizada y de creciente  desigualdad. 

Somos conscientes de que contamos con el saber colectivo acumulado y de que tenemos la  capacidad de imaginar y hacer realidad otros mundos posibles. Necesitamos transitar con  urgencia a un nuevo modelo ecosocial donde el bienestar no dependa del crecimiento  económico y sabemos que esto no es posible dentro del sistema capitalista. Debemos  embarcarnos en una transición ecosocial democráticamente planificada basada en la suficiencia  de la producción y el consumo, en línea con los informes científicos del Panel Intergubernamental  del Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios  de los Ecosistemas (IPBES), mejorando las condiciones de habitabilidad presente y futura a la vez  que se posibilita la regeneración y equilibrio de los ecosistemas de los que depende la vida en el  planeta. Esta transformación debe tener una clara perspectiva ecofeminista como forma de  resistencia al sistema patriarcal y ecocida que sostiene este modelo de opresión y explotación, y  como motor de alternativas basadas en el cuidado, la equidad, la participación, la justicia  socioecológica y una ciencia centrada en los bienes comunes.  

Este nuevo modelo ecosocial precisa de una democratización de la economía con mecanismos  deliberativos que permitan la participación directa y permanente de la ciudadanía informada  por la ciencia y los actores sociales en la toma de decisiones. El decrecimiento ecofeminista no  es un sacrificio, sino una oportunidad para reorganizar la sociedad alrededor del cuidado mutuo,  la cooperación, la participación y la justicia, asegurando que todas las personas puedan vivir vidas  dignas en un planeta habitable, siendo ésta la única forma de atender la brecha global y las  responsabilidades históricas y actuales del Norte Global hacia al Sur o Mayoría Global.  

Una agenda para un pacto post-crecimiento 

Hacemos un llamamiento a lograr un pacto post-crecimiento bajo los principios de justicia global,  justicia intergeneracional y cuidado de la vida, reinsertando la economía en su base social y  ecológica. Un pacto ecosocial que permita, en primer lugar, responder colectivamente a  cuestiones centrales como: ¿Qué actividades económicas es necesario reducir y cuáles ampliar?,  ¿Cómo abordamos la transición energética y alimentaria teniendo en cuenta a todos los  territorios y comunidades?, ¿Cómo afrontamos los conflictos y oportunidades que nos iremos  encontrando en el camino? O ¿Cómo generar más espacios de cooperación para una transición  ecosocial y feminista justa? Nos reunimos bajo esta declaración para avanzar en una agenda  común post-crecimiento que permita precisamente abrir el debate a gran escala y de forma  democrática sobre la transición por delante, a nivel del Estado español y más allá de éste. Para  ello, proponemos una serie de medidas que permiten crear condiciones más favorables para este  diálogo y para la acción colectiva, desde la situación actual, que constituyen la base y ejes de  convergencia desde los cuales profundizar y trabajar en las transformaciones necesarias para  poner la vida en el centro, lo cual significa priorizar la satisfacción de las necesidades humanas y  ecológicas sobre la acumulación.

Medidas base propuestas 

1. Servicios básicos universales con perspectiva público-comunitaria: 

Poner topes a los precios de los alquileres de inmediato y avanzar en la  desmercantilización y mejora del parque de vivienda con criterios ecosociales, iniciando  planes de rehabilitación para acabar con la pobreza energética, reducir el consumo  energético y sacar los combustibles fósiles de nuestros hogares. 

• Garantizar el acceso a transporte público asequible y de calidad y movilidad sostenible  en áreas urbanas y comarcas rurales, mejorando la calidad, la frecuencia y las  interconexiones desde un principio de equidad, en el marco de un proceso de transición  hacia una reducción de la movilidad y su descarbonización, que reduzca la movilidad  individual motorizada fósil en favor de la movilidad colectiva sostenible y las formas de  movilidad activa. 

• Favorecer la generación energética distribuida y descentralizada en base a energías  renovables (ej. comunidades energéticas solares) en el marco de una transición  energética justa, basada en la suficiencia y en la reducción del consumo, en el abandono  de los combustibles fósiles y la energía nuclear, y que incorpore criterios de planificación  territorial y de justicia global, priorizando el ahorro energético y la eficiencia antes de la  generación. 

• Asegurar la gobernanza democrática del agua desde un enfoque público-comunitario,  que establezca un riguroso control de cauces y acuíferos y dé seguridad en el  abastecimiento de agua para consumo humano. 

• Impulsar sistemas integrales de cuidados basados en la sostenibilidad de la vida, que  integren la dimensión ecológica, fomenten una cultura del cuidado y garanticen equidad  y justicia social, de género e interseccional. 

• Mejorar y ampliar la cobertura de la salud pública sin depender del mercado, al igual  que las instituciones e infraestructuras de cuidado y salud comunitaria dirigidas a  promover la salud y a prevenir las enfermedades. 

• Asegurar la gratuidad y universalidad de la educación pública en todas sus fases,  favoreciendo una educación integral con enfoque ecosocial que incluya la formación de  personal docente. 

• Poner en marcha los medios necesarios para garantizar universalmente las necesidades  en el contexto de reducción y/o restructuración de las múltiples ramas de la economía 

con fuertes impactos ecosociales. Una medida que podría favorecer este proceso es una  garantía de trabajo ecosocial que permita acceder a un empleo con impactos sociales y  ecológicos positivos a todas las personas que lo deseen, favoreciendo una transición justa  en los sectores que deben reducirse o transformarse

• Impulsar marcos regulatorios que incidan en la fase de diseño de cualquier producto  para permitir la substitución de componentes y la reparabilidad, aumentando así la  durabilidad y eliminando la obsolescencia

• Activar planes de restauración de la naturaleza que pongan freno a los peores efectos  del cambio climático a base de la protección de ecosistemas y la regeneración de los  suelos. 

• Incrementar la resiliencia frente a la emergencia climática y ambiental con políticas  públicas preventivas contra los incendios forestales, las inundaciones y sequías con  implicación y recursos disponibles a nivel municipal y territorial. 

• Favorecer la co-creación de planes municipales de transición ecosocial como  herramientas democráticas y transformadoras con un enfoque público-comunitario. 

2. Renta básica universal e incondicional como derecho de garantía de ingresos: 

• Poner en marcha una renta básica universal, incondicional, individual y suficiente que  garantice la seguridad económica de todas las personas, contribuyendo a las actividades  dirigidas al sostenimiento cotidiano de la vida y a la participación social y democrática en  la transformación socioecológica

• La puesta en marcha de esta renta básica se fundamenta en un reparto justo y adecuado  de la riqueza social y natural, por lo que su financiación conlleva una redistribución de la  riqueza con impuestos progresivos, donde quien más contribuya sea el 1% de la  población con mayores ingresos y riqueza, mayores responsables de la crisis ecológica  actual, junto a otras medidas de fiscalidad ecosocial.  

3. Fin de subvenciones a actividades destructivas y finanzas ecosociales: 

• Poner fin inmediato a todas las subvenciones públicas destinadas al sector de los  combustibles fósiles y a las industrias de alto impacto ambiental y territorial, como es el  caso de la agroindustria, asegurando una transición justa en todos los sectores  afectados.

• Una política financiera y monetaria que ajuste los flujos de inversión privados, vía crédito  guiado, para alinearlos con objetivos sociales y ecológicos definidos a través de procesos  democráticos, anulando la lógica del lucro por lucro.  

4. Decrecimiento del sector turístico: 

• Llevar a cabo un decrecimiento del sector turístico implica controlar los pisos turísticos,  poner límites a las plataformas digitales y a la entrada de visitantes y a los vuelos y  cruceros en función de la capacidad de carga de los ecosistemas y el bienestar y dignidad  de las poblaciones locales, primando la justicia social y el equilibrio territorial. 

5. Transición agroecológica: 

• Favorecer el desarrollo de sistemas alimentarios agroecológicos con políticas agrarias y  alimentarias que favorezcan la producción ecológica, cuidando la fertilidad del suelo, la  biodiversidad, la salud de las personas que trabajan en el campo y a las consumidoras.  Esto permite al sector primario romper con la dependencia actual de los insumos fósiles  cada día más escasos.  

• Incorporar la soberanía alimentaria y biorregional y una perspectiva ecofeminista a la  transición agroecológica , apoyando rentas dignas, precios justos, dietas saludables para  todas las personas, asumiendo las tareas de cuidados de forma equitativa, y reduciendo  el transporte y desperdicio alimentario.  

• Priorizar en la compra pública los alimentos ecológicos, de temporada, circuito corto, de  empresas de la economía social y solidaria, y favorecer la formación – al personal  vinculado – en alimentación saludable y ecológica y desperdicio cero. 

• Impulsar un desmantelamiento de la agricultura y ganadería industrializada y  contaminante mediante planes territoriales de transición agroecológica justa en los que  participe la ciudadanía, que impulsen la producción ecológica y su venta en circuitos  cortos, la formación a jóvenes y mujeres agricultoras en manejo agroecológico y el acceso  a la tierra a través de bancos de tierra u otras formas de acceso social a la tierra, dando  prioridad a residentes en los pueblos para frenar el despoblamiento rural y favorecer el  relevo generacional. 

6. Impulso de la economía social y solidaria: 

• Reforzar la presencia de la economía social y solidaria en sectores esenciales que  garantizan necesidades básicas para asegurar que se gestionen bajo principios de  cooperación, equidad y sostenibilidad ecológica. 

• Impulsar una transición hacia modelos circulares y de decrecimiento, priorizando  aquellos sectores esenciales para la vida, y desmantelando dinámicas especulativas en 

favor de actividades comerciales, industriales, tecnológicas y financieras que se  sostengan en fórmulas de economía social y solidaria: cooperativas de producción  agroecológica, de comercio justo y de proximidad, supermercados cooperativos,  comunidades energéticas, cooperativas de vivienda en cesión de uso y, las finanzas éticas,  que impulsen iniciativas que garanticen justicia social y sostenibilidad ecológica. 

• Incorporar cláusulas sociales y ambientales en las contrataciones públicas para dar  prioridad a los modelos empresariales de la Economía Social y Solidaria. 

Incorporar en los currículos educativos empresariales el modelo de empresa de  Economía Social y Solidaria, basado en la toma de decisiones compartida, diversas y  democráticas que impulsen la participación, prestando atención a los procesos y las  relaciones, e incorporando en su cultura organizativa la salud emocional y la  corresponsabilidad en los cuidados. 

7. Reforma fiscal justa y verde: 

• Poner en marcha una política de ingresos máximos que permita financiar el conjunto de  medidas aquí propuestas, estableciendo un tope a los ingresos en el actual 0,1% con  mayores ingresos en el Estado español. Esta política debe integrarse dentro de un nuevo  marco fiscal donde quienes más contribuyan sean las empresas más contaminantes y el  1% de la población con mayores ingresos y riqueza. 

• Impulsar activamente una fiscalidad justa y verde a nivel estatal, europeo e  internacional, con medidas como una agenda tributaria de la riqueza y las rentas del  capital, en particular a los “super ricos” y grandes patrimonios y hacer que las grandes  corporaciones extractivistas paguen por sus daños al medio ambiente y a las sociedades. 

• Tener unos presupuestos públicos que garanticen los servicios básicos, los cuidados a lo  largo de toda la vida y la transición ecológica justa. 

8. Democracia deliberativa permanente y vinculante: 

• Diseñar y poner en marcha mecanismos de democracia deliberativa y directa de carácter  vinculante que permitan una planificación ecosocial a largo plazo, como es el caso de  las asambleas climáticas permanentes. La participación de la ciudadanía es una  herramienta clave contra la corrupción, para construir políticas de suficiencia a gran  escala y desmantelar el secuestro de la acción pública por los lobbies y grupos de  intereses. En definitiva, más democracia para hacer posibles modos de vida definidos  desde una autonomía colectiva que acabe con estructuras tecnocráticas y corruptas. 

Defensa de espacios cívicos y autónomos propicios para el trabajo, expresión y  participación de la sociedad civil, dentro y fuera de las fronteras del Estado español,  generando condiciones favorables para ello.

9. Protección de derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza: 

• Poner en marcha las medidas legislativas necesarias para proteger los derechos de las  generaciones futuras a un planeta habitable. 

• Poner en marcha las medidas legislativas de justicia ecológica necesarias para dotar de derechos a la naturaleza, siguiendo el precedente del Mar Menor y los diversos casos a  nivel internacional; así como salir de la postura antropocéntrica utilitarista para  desarrollar una teoría legal con visión ecocéntrica que reconozca el valor intrínseco de la  naturaleza. 

• Generar y publicar una métrica ecosocial de progreso “más allá del PIB” en el lNE. 

10. Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión: 

Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión, los ya firmados y aquellos que se  estén negociando buscando vías multilaterales de cooperación entre países donde el  intercambio comercial priorice el cumplimiento de los derechos humanos y los  principios acordados en la COP 21 para frenar el cambio climático. 

11. Cancelación de deuda y reparación histórica: 

• Llevar a cabo la abolición de las deudas odiosas e ilegítimas con los países del Sur o  Mayoría Global y favorecer la transferencia de tecnología junto a la cooperación  internacional y otras medidas de reparación de las diversas deudas coloniales históricas  entre las que se encuentra la deuda ecológica y climática, desde una perspectiva de  solidaridad internacional. 

12. Decrecimiento digital: 

• Poner la esfera digital al servicio del bien común con herramientas efectivas para evitar  burbujas tecnológicas – y de centros de datos -, regular inversiones y proteger derechos. 

• En educación y salud y los trámites de la administración, garantizar de manera prioritaria  la atención y servicio personal y adaptado, dejando los procedimientos digitales como  algo voluntario. 

Garantizar la soberanía digital y la protección de la democracia poniendo coto al poder  de las grandes empresas tecnológicas, paralizando los planes de extensión de la vigilancia  automatizada e implementando masivamente el uso de software libre en las instituciones  públicas.

Reducir el consumo hídrico, material y energético del sector de las TIC fomentando el  uso colectivo de equipos existentes, poniendo fin a la obsolescencia programada y liberando internet de los oligopolios para favorecer su desacoplamiento de los grandes  nodos y su uso descentralizado. Esto implica establecer una moratoria a la construcción  de centros de datos. 

Próximos pasos y compromiso colectivo hacia 2026 

Estas medidas, junto a otras que nos comprometemos a seguir impulsando, profundizan en un  nuevo modelo ecosocial donde lo que está en el centro de la economía es la vida misma y todo  lo que permite que se desarrolle con dignidad. Para ello es preciso avanzar en una gobernanza  global que prime la redistribución, los derechos humanos, la democracia económica, y la  resiliencia ecológica y social, haciendo posible el bienestar colectivo dentro de los límites  planetarios, superando la ficción del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva  reaccionaria que pretende monopolizar el control de recursos naturales desde un fascismo fósil.  De este modo, los colectivos, organizaciones y personas firmantes de esta Declaración nos  comprometemos a celebrar en la primera mitad de 2026 un Foro Social que profundice en la  puesta en práctica de los principios y medidas aquí presentadas. 

Adhesiones colectivas e individuales 

La entrada Declaración Conferencia Más Allá del Crecimiento 2025 se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Síiiiii, ya sé que prometi poner otra tira la semana pasada, además de la del lunes, pero ES QUE ME HE HECHO VIEJO.

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Síiiiii, ya sé que madre mía el Ender cada vez pone tira más de guindas a brevas... así que esta semana publicaré otra tira (o una tira por trocitos, cada día, lo que vea que puedo)...

(basado en hechos reales; yo he pedido cita en la óptica y  dsmatilla se ha comprado una moto :-P)
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