Continuamente se vierten toneladas de tinta sobre la aceleración del cambio climático y la degradación de los ecosistemas y también sobre las consecuencias catastróficas e irreversibles de esos procesos en dimensiones fundamentales para la economía y, en general, para la vida. Todos los indicadores –que, además, han empeorado en los últimos años– apuntan en esa dirección. A pesar de que se han encendido todas las alarmas y de las continuas advertencias del grueso de la comunidad científica y de los organismos especializados, no se hace nada o casi nada; y no será porque no exista suficiente información al respecto.

Se escribe y se habla mucho, cada vez más, sobre el decisivo papel en esa dinámica de los países ricos y de los ricos del planeta, los que, sin duda alguna, son los principales responsables del continuo aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero… Desterremos de una vez por todas el hipócrita mantra de ¡todos somos culpables! En el otro extremo se encuentran las economías del sur –que, ciertamente, configuran una realidad heterogénea, no es de recibo meter a todas en el mismo saco–, especialmente las que tienen estructuras productivas y sociales más débiles, las que registran mayores umbrales de pobreza y las que acreditan niveles de deuda externa más elevados. Estas economías son las que padecen las consecuencias más negativas, en forma de hambrunas, episodios climáticos extremos, migraciones forzadas y violencia.

En ese contexto –y teniendo en cuenta que entregar declaraciones rimbombantes y sermonear es gratis y que, además, contribuye a la ceremonia de confusión y propaganda reinante, que tanto beneficia a los poderosos y tanto paraliza a las clases populares– no hay cumbre del clima (también la que acaba de celebrarse en Belém, Brasil) que no declare la necesidad de ayudar a las economías empobrecidas del sur global, víctimas antes que responsables del calentamiento global.

Para corregir esa situación asimétrica, se ha hablado de habilitar un fondo financiero especial a escala global que permita ayudar a estas economías a enfrentar –paliar, al menos– las devastadoras consecuencias del desorden climático. ¡Palabras, palabras y más palabras! La realidad, lo que verdaderamente importa, es que los recursos realmente comprometidos y finalmente desembolsados son exiguos.

No sólo están muy lejos de lo necesario y exigido por los países del sur afectados por esta problemática. Además, lo realmente entregado –que había sido acordado en cumbres globales anteriores– nada tiene que ver con lo prometido, una parte fundamental de esos recursos se canalizan en forma de préstamos que, por supuesto, hay que devolver –en absoluto son transferencias– y no llegan a los países más pobres y mucho menos a las comunidades más afectadas. Esta realidad ni empaña ni detiene, más bien intensifica, el continuo bla, bla, bla que domina las cumbres globales y la retórica de los gobiernos, incluido el nuestro.

Mientras tanto, lo cierto es que quemar combustibles fósiles –carbón, petróleo, gas natural– continúa siendo un formidable negocio para las grandes corporaciones, cuyas acciones se han disparado en las bolsas de valores, y para sus ejecutivos y grandes accionistas, que se ha traducido en un enorme aumento de sus retribuciones. Pero diría más, ese «modelo de negocio» es una necesidad del statu quo financiero, productivo, comercial y urbano que impera en los países ricos y que se articula y hace caja a partir del patrón energético imperante. Y, no lo olvidemos, constituye una piedra angular del cada vez más importante complejo militar/industrial, que es, de hecho, uno de los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero.

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Cuando la evidencia empírica –en parte, al menos– apunta en la siguiente dirección…

1. La creación de puestos de trabajo es compatible, incluso en fases de crecimiento económico, con el mantenimiento de elevadas tasas de desempleo, lo que supone que una proporción significativa de las personas en edad de trabajar que buscan un empleo no lo encuentran.

2. Conseguir relativamente altos niveles de ocupación no se traduce en alcanzar salarios más elevados, y en paralelo, al contrario de lo sostenido por la economía convencional, una parte de los trabajadores que han conseguido un empleo se mantienen por debajo de los niveles de pobreza.

3. Los aumentos mayores o menores de la productividad del trabajo, esto es del valor añadido por persona ocupada, tienden a repartirse de manera desigual, privilegiando los beneficios de las empresas y penalizando las retribuciones de los asalariados.

4. El aumento de los márgenes empresariales y el acceso a recursos monetarios por parte de las empresas no se han convertido en inversiones productivas, sino que han servido para mejorar las retribuciones de los ejecutivos y grandes accionistas o se han colocado en operaciones financieras.

5. La desigualdad y la concentración de la renta y la riqueza ha alcanzado cotas históricas y el aumento de la inequidad se da tanto entre las rentas del capital y del trabajo como también entre los asalariados.

6. La concentración empresarial, la configuración de mercados oligopólicos, y las ganancias extraordinarias derivadas de esa privilegiada posición lejos de atenuarse se acentúan, reforzando un rasgo estructural del capitalismo.

7. Las políticas y las regulaciones públicas se encuentran cada vez más capturadas por los intereses corporativos, que ocupan parcelas crecientes y estratégicas del sector público, convirtiéndolas en negocio en su propio beneficio.

8. La fiscalidad sobre las rentas del capital es baja en comparación con las del trabajo, la presión fiscal soportada por las grandes corporaciones es mínima y los paraísos fiscales continúan operando sin apenas restricciones.

9. La inflación constituye un importante factor de redistribución regresiva de la renta que penaliza sobre todo a las clases populares y, particularmente, a los segmentos de población más vulnerables.

10. Los grupos de presión corporativos imponen a través de una tupida, difusa y compleja red de vínculos formales e informales la agenda de las instituciones comunitarias.

11. La pobreza en los países subdesarrollados, atrapados en una deuda externa insostenible e impagable, no solo se mantiene en cotas muy elevadas sino que está aumentando.

12. El cambio climático y la degradación de los ecosistemas avanza de manera imparable, sin que las tibias medidas adoptadas por gobiernos e instituciones los hayan revertido, penalizando en mayor medida a los pobres del norte y del sur.

13. El complejo militar/industrial, el formidable negocio de las empresas vinculadas al mismo y el generalizado aumento del gasto en armamento desempeñan un papel creciente en las estrategias económicas y políticas de los gobiernos.

14. La globalización de los mercados no ha cerrado la brecha entre los países ricos y pobres, sino que, en aspectos fundamentales, la ha ampliado.

…cuando todo esto sucede, con desigual intensidad dependiendo de los países, es obligado cuestionar, si se quiere hacer una política de izquierdas, tanto los pilares básicos del pensamiento económico dominante como las estrategias que se derivan del mismo. No es de recibo, en consecuencia, instalarse en la complacencia, en el mantra «las cosas van bien» o «con el tiempo mejorarán» o, lo peor de todo, «no hay alternativa».

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¿Somos conscientes de lo que significa la expresión «situación de emergencia» en relación a lo que acontece en Palestina? (expresión que igualmente podría aplicarse a la desigualdad y al cambio climático).

Creo que no. Si realmente los gobiernos y las instituciones lo fueran y actuaran en consecuencia tendrían que enfrentar ahora, inmediatamente, el enorme drama que padece la población gazatí, el genocidio que está llevando a cabo con total impunidad el Gobierno y el Ejército de Israel con el apoyo de Estados Unidos y la complacencia de muchos gobiernos.

Sí, genocidio, ese es el término –acuñado por un jurista polaco en 1944– que hay que utilizar. Sin subterfugios, como el utilizado por el rey Felipe VI. En su discurso pronunciado en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, lo ha sustituido por «masacre». No se trata de una cuestión terminológica, meramente formal o de estilo. La palabra «genocidio» implica la existencia de una estrategia deliberadamente encaminada a destruir y eliminar a un pueblo y expulsarlo de su territorio. Esta es la política de Israel en relación a población palestina.

En los últimos meses han sido numerosos –y también tardíos– los pronunciamientos institucionales criticando la política israelí, mostrándose a favor de la existencia de «dos Estados» (el de Israel y el de Palestina). Una toma de posición que ahora se produce como respuesta a la creciente movilización ciudadana, cada vez más amplia e intensa, que ha obligado, entre otras cosas, a que gobiernos que contemporizaban o directamente apoyaban a Israel pasaran a condenar su política, al menos formalmente.

Sin entrar en el debate, que lo hay, sobre la viabilidad de la solución de los dos Estados, en un contexto de continua ocupación de territorios palestinos y expulsión de su población, me parece evidente que, con independencia de la opinión que cada cual tenga al respecto, no es una solución a corto plazo.

Hay que decir alto y claro que los tiempos importan y mucho. Porque es ahora, en el momento de escribir estas líneas, cuando Israel, su Gobierno y su Ejército, están cometiendo con total impunidad asesinatos masivos (imposible hacer estimaciones verosímiles de su magnitud, posiblemente muy superior a lo reflejado por las estadísticas); cuando muchos de los asesinados, miles, son niños y niñas; cuando la hambruna y la enfermedad se han generalizado; cuando la población, obligada a desplazamientos continuos exigidos por los jefes militares de Israel, sobrevive en condiciones de hacinamiento extremas; cuando hay una escasez dramática de agua, medicamentos y otros artículos básicos esenciales para la vida; cuando prácticamente todas las infraestructuras –incluidas las sanitarias– han sido destruidas; cuando las rutas por las que llegaba la escasa ayuda humanitaria han sido bloqueadas y convertidas en objetivos militares… cuando sucede todo esto, en absoluto es suficiente con proclamar el derecho a los dos Estados.

Aunque casi se ha convertido en un lugar común afirmar que estamos asistiendo en directo a un genocidio, es imposible desde aquí aproximarnos siquiera a la inmensa devastación que está provocando el Ejército de Israel y al enorme sufrimiento que ocasiona a una población que está siendo sencillamente aniquilada. Por todo ello, hay que actuar ya, inmediatamente, no hay tiempo que perder; y las declaraciones a favor de los «dos Estados» o la condena de la «masacre» (u otras posiciones formuladas en esos términos) resultan a todas luces insuficientes o hipócritas, destinadas a salvar la cara ante una opinión pública cada vez más movilizada.

Hay que detener el genocidio, aplicando medidas contundentes y eficaces. En este sentido, no son suficientes las adoptadas por nuestro gobierno (que, hay que reconocer, llegan bastante más lejos, son más ambiciosas, que las aplicadas por la mayor parte de los gobiernos europeos), materializadas en un Real Decreto-ley cuyo objetivo declarado es proceder al embargo de armas a Israel y prohibir las importaciones de productos procedentes de asentamientos ilegales en territorio palestino. No entraré en los detalles, pero este decreto-ley tiene evidentes carencias en su formulación actual y no detendrá el comercio de material militar con Israel, incluido el tránsito del mismo por nuestro país.

La respuesta tiene que ser (tendría que haber sido ya) mucho más contundente y ambiciosa, incluyendo la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado genocida de Israel, y la prohibición de los vínculos comerciales, productivos y financieros con este país. Enfrentar, en definitiva, los intereses corporativos de quienes se están enriqueciendo alrededor de un complejo militar-industrial cada vez más poderoso e influyente, y que ha continuado haciendo negocio con el genocidio.

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