La entrada en prisión de José Luis Ábalos por el caso Koldo-Cerdán ha devuelto a la política española a su estado habitual: un equilibrio precario entre el desgaste permanente y el relato del derrumbe inminente. La imagen de un exministro –uno de los hombres que acompañó a Sánchez en su Peugeot recorriendo España para ganar las primarias hace casi una década– entrando en prisión preventiva parece apuntalar esa lectura de un ciclo que se descompone… pero que no se agota.
La doble verdad: politización judicial y corrupción real
España vive atrapada en una doble verdad difícil de gestionar. Por un lado, existe una politización de la justicia impulsada desde la derecha, en coherencia con aquella consigna de Aznar –“el que pueda hacer, que haga”– que desde hace años marca una estrategia de desgaste sistemático del Gobierno. La ofensiva contra Begoña Gómez –tan instrumentalizada que incluso el abogado de Manos Limpias renunció al caso denunciando su deriva política– y el vía crucis institucional alrededor del ya ex fiscal general Álvaro García Ortiz –primero declarado “no idóneo” por el CGPJ por 8 votos a 7, después inhabilitado por el Supremo en una resolución cuya motivación todavía se desconoce, lo que llevó a la Unión Progresista de Fiscales a denunciar “violencia institucional”– ilustran un clima jurídico-político cada vez más envenenado.
Por otro lado, existen indicios sólidos de corrupción. El caso Ábalos-Cerdán no es una invención mediática ni una pieza más del ruido de fondo. Afecta a dos de las personas más cercanas a Pedro Sánchez, figuras clave en la etapa fundacional de su liderazgo dentro del PSOE. Pretender hacer ver que todo es guerra judicial sería tan ciego como negar la existencia de la guerra judicial. Ambas dimensiones coexisten y se retroalimentan.
La mayoría parlamentaria: cifras, empates y una fragilidad aritmética inédita
Hasta la salida de Ábalos, el bloque de investidura sumaba 179 votos frente a los 171 de la oposición. Esa diferencia permitía aprobar leyes ordinarias con mayoría simple –más “síes” que “noes”– incluso en escenarios de abstención de Junts. Ábalos, pese a su paso al Grupo Mixto, había votado siempre alineado con los socialistas.
Con Ábalos ya en prisión preventiva y, por tanto, sin posibilidad de votar en el Congreso, la aritmética del bloque de la investidura se descompone. Si Junts opta por la abstención, el bloque progresista queda con 171 votos frente a los 171 de la oposición: un empate que, según el reglamento, obliga a repetir la votación –hasta tres veces–. Si la igualdad persiste, la iniciativa decae.
Si, además, Junts decide votar “no”, la oposición sumaría 178 votos, suficientes para tumbar cualquier propuesta. En ese escenario, el voto de Ábalos deja de ser determinante: con él o sin él, la derrota estaría garantizada.
Esta fragilidad numérica abre la puerta a un verdadero bloqueo legislativo. Y tiene efectos concretos: iniciativas como la subida del salario mínimo o la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad podrían quedar en el aire si el Gobierno no consigue atraer a Junts o evitar su rechazo.
Junts: poder de bloqueo, libertad limitada
Paradójicamente, el incremento del poder de Junts llega en el peor momento para el propio partido. Sus limitaciones son dos, y ambas estructurales.
La primera es judicial. Puigdemont –y buena parte de la cúpula de Junts– depende de la ejecución efectiva de la amnistía y del cierre de las causas pendientes en el Supremo. No basta con la aprobación de la ley: todo depende de su interpretación en un contexto de resistencia interna dentro del poder judicial. PP y Vox no tienen ningún incentivo para facilitar este horizonte.
La segunda es electoral. Junts atraviesa uno de los momentos más inciertos de los últimos años. La irrupción de Aliança Catalana ha perforado su base territorial y ha alterado la geografía política catalana. La pugna con Orriols no les ha devuelto centralidad; ha generado desmovilización. Convocar elecciones en este contexto sería hacerlo desde la debilidad.
Junts tiene, pues, capacidad para tensar, condicionar y dramatizar su distancia con el Gobierno. Pero no dispone de libertad estratégica para derribarlo sin perjudicar su propio futuro judicial y enfrentarse a unas elecciones para las que no está preparado.
Bloqueo aparente, Gobierno activo: la vía del decreto ley
Con el Congreso estrechado, surge la idea de que el Gobierno no podrá aprobar nada. Pero esa lectura es incompleta. Incluso en escenarios de parálisis legislativa, el Ejecutivo conserva una herramienta clave: el decreto ley, una norma con rango de ley que el gobierno puede aprobar en situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”.
Sánchez ha recurrido a este instrumento en otras etapas para impulsar medidas sociales, como, por ejemplo, el Real Decreto-ley 6/2025, con medidas dirigidas a mejorar los recursos de los sistemas de financiación territorial, el Real Decreto-ley 9/2025 según el cual se ampliaron los permisos de paternidad y maternidad hasta 19 semanas, o, en septiembre, el decreto Real Decreto-ley 10/2025 por el que se adoptaron medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.
La diferencia con otras normas es que las leyes ordinarias pasan por un debate parlamentario completo, con enmiendas, con un proceso más largo y con la intervención de las Cortes desde el principio. El decreto-ley, en cambio, lo aprueba primero el Gobierno y luego ya se debate su validez.
Es razonable pensar que, si Sánchez aspira a llegar con vida política hasta 2027, necesite encadenar algunas votaciones “ganadas” en el Congreso. Y en un país que envejece y se precariza, revalorizar pensiones, ampliar el escudo social o reforzar protecciones económicas no es solo política pública: es supervivencia electoral. En ese terreno, a Junts le seguiría resultando difícil justificar un voto en contra –y además alineado con PP y Vox– en determinadas medidas. De hecho, recientemente, pese a haber anunciado la “ruptura del pacto con el PSOE”, respaldaron el Real Decreto que movilizaba 500 millones de euros para el tratamiento e investigación de la ELA y otras enfermedades de alta complejidad.
Otro ámbito propicio para que el Ejecutivo recomponga la mayoría del bloque de investidura es el de las políticas sociales de vivienda, siempre que no sean demasiado ambiciosas; si lo fueran, tanto Junts per Catalunya como el PNV tendrían una coartada perfecta ante su electorado para desmarcarse y votar en contra. También en cuestiones de mejora o ampliación de las competencias autonómicas, o en el campo de ayudas y subvenciones a la cultura, el gobierno tendría terreno para recorrer. Recordemos que aquí, la lógica que marca el paso no es la de la aplicación de políticas de izquierdas. Hablamos de supervivencia política.
Una conclusión con cautela
¿Es sostenible este momento? En términos institucionales, sí, por improbable que parezca. El Gobierno está erosionado, pero no está muerto. La legislatura sigue viva porque Sánchez no sobrevive por su fortaleza, sino por la debilidad estratégica de quienes necesitarían hundirlo para sustituirlo. En resumen: la derecha no suma; Junts no puede romper; y la mayoría progresista, pese al desgaste, sigue cohesionada en lo esencial.
Ahora bien, conviene dejar una puerta abierta. Todo puede suceder. Si se demostrara que el caso de corrupción hundiera sus raíces en la estructura orgánica del PSOE –y no solo a personas próximas a Sánchez–, el escenario cambiaría de forma drástica. En ese caso, no solo Junts, sino también Esquerra Republicana o el PNV tendrían muy difícil sostener al Ejecutivo. Por ahora, eso no ha ocurrido. Pero la política española es un terreno donde lo improbable sucede con frecuencia.
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