El lobo en Castilla La Mancha es hoy una sombra de lo que fue en el pasado reciente; a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX habitaba por prácticamente cualquier zona montañosa y forestal de la región, pero la caza, el veneno y la persecución brutal que sufrió especialmente en la segunda mitad del siglo XX acabó en un exterminio casi total.
La situación actual del lobo ibérico en Castilla La Mancha es crítica; de las 333 manadas que según el último censo estatal publicado por el MITECO (Censo Nacional 2021-2024 del Lobo ibérico) para todo el territorio de España, sólo hay 4 manadas en Castilla La Mancha y de estas sólo 2 manadas son exclusivas, las otras 2 son compartidas con Madrid y Castilla y León. Y aunque la situación ha mejorado en los últimos años y a nivel estatal ha experimentado una expansión por el cuadrante noroeste peninsular, el lobo sigue amenazado por multitud de problemas (persecución directa, conflictos con la ganadería, carreteras, cuello de botella genético, etc.) y su expansión se está viendo limitada y frenada; es prácticamente imposible que continúe su expansión hacia la mitad sur o hacia el cuadrante noreste por la persecución de ganaderos y cazadores, amparados por los gobiernos autonómicos, que sin ir más lejos recientemente eliminaron la protección al lobo ibérico al sacarlo del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) en las zonas donde hay presencia.
En Castilla La Mancha actualmente sólo hay presencia en el extremo norte de Guadalajara, en el resto de la región donde hasta hace pocas décadas había presencia estable, ya no queda ni rastro. El lobo se ha esfumado de casi toda Castilla La Mancha sin que ninguno de los gobiernos que ha tenido la región en décadas haya hecho absolutamente nada por proteger a los lobos que aún quedaban en Sierra Morena, ni por facilitar su recuperación ni su posible recolonización, pese a que están obligados a ello; en Castilla La Mancha el lobo ibérico está catalogado como «En Peligro», así figura en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 05/05/1998), y la Ley de Biodiversidad obliga a la puesta en marcha de un Plan de Recuperación en un plazo máximo de 3 años desde su catalogación (art. 59,1,a) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), pero en ningún momento se ha desarrollado ningún plan ni acción alguna para revertir la situación del lobo en Castilla La Mancha.
Así pues, decidí enviar una consulta a la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla La Mancha a través de su sede electrónica, preguntando por qué no hay ni ha habido en todos estos años ningún Plan de Recuperación para el lobo ibérico. Su respuesta fue que Ley de Biodiversidad permite integrar los planes de recuperación de especies En Peligro en los planes de gestión de los Espacios Naturales Protegidos (ENP) donde habiten las especies amenazas en cuestión, que en este caso se ha integrado en los planes de gestión de la ZEC Sierra de Ayllón y ZEC Sierra Morena, con medidas como la consideración de “áreas críticas” para la conservación y recuperación de especies clave como el lobo ibérico, entre otras medidas. Y esto es una bomba de humo; lo primero, que otras especies catalogadas como En Peligro en Castilla La Mancha como el lince ibérico, el buitre negro o el águila imperial por nombrar algunas, cuentan con sus propios planes de recuperación específicos, que son complementarias a las medidas integradas en los planes de gestión de los ENP en los que mayormente habitan. Si el lobo ibérico no cuenta con una plan de recuperación específico es sencilla y llanamente por motivos políticos y electoralistas, dada su situación de conflictividad con la ganadería y la caza, adoptar medidas para recuperar a la especie y facilitar su expansión e incluso la reintroducción en el resto de zonas de la región donde habitó hasta hace unas décadas, sería problemático a nivel político para el gobierno de turno. Por comparar, en la recuperación del lince se han invertido millones de euros en varios proyectos LIFE, y de hecho ahí tenemos a las imágenes de políticos de la Junta haciéndose la foto con la suelta de ejemplares de lince ibérico para las reintroducciones, enarbolando la bandera de haber salvado de la extinción. El lince es rentable a nivel político porque apenas genera conflictos con intereses particulares y han convertido su recuperación en un circo electoralista, pero del lobo si pudieran no dejaban ni el recuerdo.
Lo segundo, es que pese a que en la respuesta se afirmaba que hay declarada un área crítica para el lobo ibérico, no la hay; las áreas críticas de fauna que actualmente hay en la región son para águila imperial, águila perdicera, cigüeña negra, buitre negro y lince ibérico, que son las especies que cuentan con planes de recuperación específicos. El lobo ibérico no tiene y los planes de gestión de las ZEC mencionadas antes tampoco lo incluyen. Y siguiendo con los planes de gestión de estas ZEC, el único que cuenta con alguna medida más específica es el de Sierra de Ayllón, pero eso sí, muy somero y limitado, con medidas orientadas a no molestar a los ganaderos de la zona pero no a asegurar la estabilidad de las escasísimas manadas que actualmente hay, ni a facilitar la llegada de nuevas ni la expansión a nuevos territorios. En la ZEC Sierra Morena no hay ninguna medida de gestión para recuperar las poblaciones de lobo, ni para facilitar la llegada de nuevas manadas, simplemente hay una única mención en todo el Plan de Gestión, para seguimiento de rastros, nada más. Como ejemplo paradigmático de todo esto, a finales de 2023 se confirmó la presencia de un lobo en la provincia de Ciudad Real, probablemente un ejemplar divagante procedente de la zona sur de Ávila, y aquello que en condiciones normales sería una grandísima noticia que podría significar la apertura de un corredor ecológico entre las poblaciones loberas de Gredos y zonas como Montes de Toledo y Sierra Morena, acabó silenciado y archivado; tan pronto como se conoció la noticia, asociaciones de cazadores con la Fundación Artemisan a la cabeza, pidieron que el lobo fuera “retirado”. Y dicho y hecho, no se supo nada más de ese lobo, no sabemos qué fue de él, silencio absoluto pese a que los trabajadores de la Junta conocían sus pasos (por fototrampeo y observaciones directas). El gobierno de Castilla La Mancha está completamente vendido y supeditado al sector de la caza, y es que sin ir más lejos tenemos el reciente escándalo del Reglamento de Caza, anulado por sentencia judicial tras la denuncia de Ecologistas en Acción por la mala fe en la elaboración a medida de los intereses cinegéticos y por numerosas ilegalidades en su tramitación, siendo sólo el último caso de una larga lista de concesiones al lobby cinegético y de atentados contra la naturaleza y los derechos comunes.
A mediados de los 70, en las postrimerías de la muerte del dictador, tuvieron lugar una serie de luchas contra proyectos de infraestructuras hidráulicas y nucleares como cabo Cope[1] (Murcia), Valencia de Don Juan (León)[2], San Vicente de la Barquera (Cantabria)[3], que supusieron el inicio de la lucha ecologista radical en el Estado español e inauguraron, junto con las luchas sindicales, un ciclo de luchas autónomas que se extendió hasta mediados de los 80, cuando el PSOE ya en el gobierno, comenzó a desmantelar los movimientos sindicales y sociales que no habían entrado por el aro de los Pactos de la Moncloa y que suponían un obstáculo para poder llevar a cabo el desmantelamiento industrial y los procesos de modernización que el capital exigía. En lugar de presentar alegaciones jurídicas, los colectivos ecologistas utilizaron la acción directa y la calle, que fueron respondidas por el poder con la máxima violencia como se pudo ver en los casos Lemoniz[4][5], San Vicente de la Barquera[6][7] Riaño[8][9][10], Valencia de Don Juan[11], Tudela con el asesinato de Gladys Del Estal[12], etc.
Con los años, y con la entrada en la UE, los diferentes gobiernos fueron integrando a gran parte de los movimientos sociales dentro del proceso desarrollista, que implicaba la aceptación del modelo subsidiario definido para el Estado español desde Bruselas. De esta forma, tanto el movimiento sindical como el ecologismo transitaron hacia el reformismo, lo que implicaba la plena colaboración con los poderes fácticos y la profesionalización de sus dirigentes, algo que ya había ocurrido en otros países de nuestro entorno. Así, en EEUU ya existía el Grupo de los Diez o Pandilla Verde, términos utilizados de forma crítica para describir a las mayores organizaciones medioambientalistas.[13] En el Estado español no hacen falta tantos, son cinco. El G5, compuesto por Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra y SEO, que, junto con grupos satélites de creación más reciente, llevan a cabo las mismas dinámicas que sus hermanos mayores en EEUU. Su línea ambientalista, en oposición al ecologismo radical, fue definida por Bookchin en La ecología de la libertad:
«Por ambientalismo propongo designar una perspectiva mecanicista e instrumental que ve la naturaleza como un hábitat pasivo compuesto por ‘objetos’ como animales, plantas, minerales y similares que simplemente deben ser más útiles para el uso humano…». En este contexto, el vocabulario de los ambientalistas apenas se salva de la naturaleza social: las ciudades se convierten en «recursos urbanos» y sus habitantes en «recursos humanos» … El ambientalismo tiende a considerar el proyecto ecológico de alcanzar una relación armoniosa entre la humanidad y la naturaleza como una tregua y no como un equilibrio duradero. La «armonía» de los ambientalistas se centra en el desarrollo de nuevas técnicas para saquear el mundo natural con la mínima alteración del «hábitat» humano. El ambientalismo no cuestiona la premisa más básica de la sociedad actual, a saber, que la humanidad debe dominar la naturaleza; más bien, trata de facilitar esa noción desarrollando técnicas para disminuir los peligros causados por el expolio imprudente del medio ambiente». Bookchin, M. La ecología de la libertad, 1982.
Este modelo ambientalista busca reformar el capitalismo y hacerlo más verde y aceptable. Es cierto que denuncian algunos síntomas menores, pero pasan de puntillas por encima de las causas y los responsables. Se trata de resolver los desajustes ecológicos, gestionar el desastre para hacerlo más llevadero. Como mucho convertirse (en algunos casos), en dosis perfectamente ajustadas, en ciberecologistas fabricantes de alegaciones[14], evitando por lo general la movilización, el debate y la implicación de la población. Y mucho menos promover la acción directa, ni en absoluto proponer cambios sociales radicales, o el propio cuestionamiento de nuestra relación extractiva con la Naturaleza. No se cuestiona al capitalismo, ni la jerarquía, de forma que se acepta la predominancia de los intereses privados y sobre el bienestar general.
Interesado en mantener ciertas formas, el ecologismo de Estado utiliza históricamente una táctica dual para engañar a incautos: reivindicaciones lógicas que todos podríamos apoyar… y también lo contrario. Así, son capaces de protestar contra Arcelor-Mittal en una localidad, mientras se defiende la misma empresa unos cientos de km. más allá, llegando a defender que la lucha contra los despidos en industrias contaminantes es una lucha ecologista. O cuando manifiestan su apoyo a luchas antiextractivistas en el Sur Global pero sus cargos directivos forman parte de fundaciones que apoyan el extractivismo en el Norte, como Transport and Environment, auténtico lobby del coche eléctrico (por tanto, de la minería del litio) en Europa. O cuando por las mañanas se es ecologista de pro, pero luego se defienden con uñas y dientes los macroparques fotovoltaicos como remanso de biodiversidad en tu papel de consultor privado. También, en su afán de transversalidad, llegan a compartir pancarta y movilizaciones con los mismos partidos que a nivel estatal aprueban las leyes que permiten la destrucción medioambiental, empresarios cuya huella ecológica sería interesante conocer, o incluso con la extrema derecha.
Se trata de apaciguar, no inquietar a la población, algo similar al papel que están jugando la gran mayoría de los científicos (excepto unas honrosas excepciones), que son plenamente conscientes de la grave situación que atravesamos, pero que en su inmensa mayoría optan por no poner a disposición de la población sus conocimientos como acertadamente denuncia un científico del clima:
«Conozco a muchas personas que trabajan en ciencias del clima que dicen una cosa en público, pero otra muy diferente en privado. En confianza, todos tienen mucho más miedo por el futuro que enfrentamos, pero no lo admitirán en público. A esto lo llamo apaciguamiento climático y creo que sólo empeora las cosas. El mundo necesita saber qué tan mal se van a poner las cosas antes de que podamos empezar a abordar la crisis»[15]
La profesionalización de los grupos medioambientalistas, ya anunciada por Arundhati Roy hace décadas como mecanismo para despolitizar las luchas, ha jugado un papel fundamental en la desmovilización social y es paralela a la pérdida de masa social y activismo de dichos grupos, así como al avance de las medidas de los gobiernos para alimentar al capitalismo verde. Prueba de ello es su desaparición en estos últimos años en los centenares de luchas que las plataformas llevan a cabo en solitario por todo el Estado.
Pero no solo es su puesta de perfil, sino que colaboran con el Gobierno para la formulación de las normas que se han ido aprobando para acelerar la implantación de las Renovables Eléctricas Industriales mediante la rebaja de los criterios de evaluación ambiental[16][17], de las que han tenido pleno conocimiento por su participación en órganos estatales y autonómicos. Ante esto, han guardado silencio, o como mucho, han balbuceado suaves críticas.
Con la disculpa de poder incidir en las políticas públicas, se prestan a participar en todo consejo o comisión que se les ponga a tiro. En el caso del impuso a la minería a cielo abierto, aún más destructiva que las REI, el Gobierno acaba de lanzar su estrategia de desarrollo, cuya elaboración, según reconoce el propio Gobierno, se llevará a cabo en el marco de un grupo de trabajo con participación de los ámbitos científico y académico, ecologista, empresarial, sindical…[18]. En el caso de la invasión de proyectos de biogás, claramente apuestan por una gestión correcta y sostenible[19] de estos proyectos, no con su prohibición y el cuestionamiento del modelo de ganadería intensiva que lo alimenta.
La colaboración a nivel estatal se produce a través de la participación de las ONG ambientalistas, más bien organizaciones si gubernamentales, en diversos órganos estatales, como son el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)[20], El Consejo Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad[21], el Consejo Nacional del Clima[22], el Consejo de la Red de Parques Nacionales[23], o el Consejo de Desarrollo Sostenible[24]. Organismos en los que se ventilan los asuntos más importantes de la protección medioambiental, despliegue de las REI, cambio climático, etc.
Esta contribución, exactamente igual que ocurre en el ámbito laboral con CCOO y UGT, se produce con todo tipo de gobiernos, independientemente de su color. Existe un Convenio Gobierno-G5[25], en el que se recoge que desde 2011 se han venido sucediendo instrumentos de colaboración entre el Estado y estos grupos, que se ha prorrogado en 2013 y 2017. Es decir, desde hace la friolera de 15 años, como mínimo, el ecologismo institucional ha sido participe, tanto con el PP como con los gobiernos de izquierdas de la elaboración de las políticas de destrucción medioambientales y de despoblación.
En las luchas concretas es donde saltan las costuras. Igual que en el caso de la sanidad y la educación, donde la mayoría de las luchas se dirigen contra los síntomas y los gobiernos del PP (cuando las normas que han permitido privatizar y deteriorar estos dos sectores son estatales y han sido aprobadas por todos los grandes partidos) y se guarda silencio cuando gobierna la izquierda del capital, en el caso de la contaminación, por ejemplo, sigue un esquema similar. Durante el gobierno del cambio en el ayuntamiento de Madrid, encabezado a partir de 2015 por Manuela Carmena, se puso en marcha una lucha para la no renovación de la concesión de la incineradora de residuos de Valdemingómez (finalizaba en 2020) y forzar su cierre, incineradora que riega de tóxicos a más de un millón de personas en un radio de 5 km. Tras el éxito de las movilizaciones en las zonas más cercanas a la instalación, ante los intentos de dirigir la lucha contra los responsables reales, el Ayuntamiento de Madrid, para que se comprometiera a no renovar la concesión mediante la puesta en marcha de un sistema de separación de basuras en origen, que hiciera innecesaria la incineradora, estos grupos torpedearon la lucha, ya que apuntar como responsables a los suyos, era traspasar un límite inaceptable. La enseñanza es clara: si te envenenan los tuyos no hay problema.
Jugando el mismo papel que el sindicalismo institucional de CCOO, UGT y los sindicatos corporativos, las asociaciones de pacientes[26][27]o las de vecinos, las ONGs medioambientales reciben fondos del Gobierno por su participación en estos órganos de domesticación, por ejemplo, recientemente, la friolera de 2.350.000 € para premiar su participación en dicha CAMA durante 2024[28], así como de empresas privadas[29], lo que lógicamente condiciona todo su funcionamiento.
De cualquier forma, el oscurantismo de estas organizaciones es todo lo contrario de lo que dicen defender.Recientemente han salido a la luz pública noticias de prensa respecto a unos supuestos abusos sexuales, en teoría ocurridos desde hace años, del primer coordinador y uno de los hombres fuertes de EeA[30], hechos que al parecer eran ampliamente conocidos en la organización. Respetando la presunción de inocencia, la pregunta es, ¿por qué se silenció el asunto?, ¿cómo es posible que en una organización que se vanagloria de ser la introductora, a través de otra de sus dirigentes históricas, del ecofeminismo en el Estado español, no hayan detectado estos supuestos comportamientos?, ¿o eran conocidos y se permitían debido a quien los realizaba[31].
Los grupos medioambientalistas han hecho la paz en gran medida con el capitalismo. Como tal, han abrazado el adaptacionismo, aceptando la imposibilidad de transformaciones sociales de calado, por lo que aceptan participar en la gestión del desastre como mal menor. Así se promocionan hipotéticas soluciones, que a veces son más dañinas que los combustibles fósiles (como biomasa o el etanol), requieren cantidades increíbles de recursos/espacio si se implantan a escala masiva (como la solar y la eólica), o destruyen los ecosistemas (eólica marina o minería).
Los hay también muy optimistas, recién llegados a las luchas, con una supremacía moral respecto al resto de colectivos que llevan décadas luchando en diferentes frentes, que modifican su estrategia de lucha, apenas tres años después de iniciada, con mensajes de objetivos cumplidos que rayan en la irrealidad más absoluta, puesto que aunque los gobiernos de países del Norte han ido cerrando centrales de carbón (en muchos casos sustituidas por madera), o limitando la extracción de petróleo en sus zonas, no han dejado de emitir GEI puesto que como es conocido, las emisiones se externalizan a los países del Sur para que la contabilidad y la buena conciencia cuadren.[32]
En definitiva, son indispensables para el mantenimiento del sistema, del que forman parte. Su trabajo se centra en crear escenarios y encuentros para mantener un relato optimista a la vez que dual, por supuesto no cuestionando ni al capitalismo, ni al modelo de representación democrática actual, y alimentar tanto la ilusión de una supuesta transiciónenergética, que solo existe en la propaganda gubernamental, como una supuesta transición ecosocial, lo más parecido a un cuento de hadas.
Frente a la gravedad de la situación, es más urgente que nunca la coordinación entre todos aquellos colectivos e individualidades que, reconociendo que las políticas verdes solo aceleran el camino hacia el desastre, reconozcan la necesidad de radicalizar las luchas, romper con el localismo, construir vías al margen de las instituciones y apoyar la organización de pequeñas experiencias que busquen resolver parte de las necesidades básicas de forma autónoma. Cualquier avance en este sentido es una pequeña victoria.
[13] Se trata de empresas sin ánimo de lucro muy bien financiadas y con mucho personal, cada una de ellas con presupuestos de decenas de millones de dólares al año, oficinas en Washington DC y otras grandes ciudades, directores ejecutivos muy bien pagados y una plantilla de grupos de presión, analistas y vendedores. Los grandes grupos ecologistas recaudan y gastan cientos de millones de dólares al año, la mayoría aportados por fundaciones sin ánimo de lucro y donantes particulares. Muchos de estos grupos se asocian con empresas y cuentan con representantes de grandes corporaciones en sus consejos de administración. Con la excepción del Sierra Club, estos grupos no rinden cuentas a los miles de pequeños donantes individuales que constituyen sus listas de marketing y a los que etiquetan como «miembros» https://www.sourcewatch.org/index.php?title=Big_Green
[16] Real Decreto-ley 6/2022, por el que se eximen de evaluación ambiental a los proyectos eólicos con una potencia instalada igual o inferior a 75 MW y a los de energía solar fotovoltaica con una potencia instalada igual o inferior a 150 MW. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4972
[17] Real Decreto Ley 20/2022, mediante el cual se desmanteló el entramado jurídico-normativo que representaba la Evaluación Ambiental. Únicamente no será de aplicación para proyectos ubicados en espacios protegidos, incluida la RN2000, o en medio marino, así como las líneas de evacuación de voltaje igual o superior 220 kV con longitud superior a 15 km https://www.eia.es/nota-de-prensa-rdl-20-2022/
[18] Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029
[25] Convenio entre el Ministerio para la Transición ecológica y el reto demográfico y las organizaciones de ámbito estatal Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO y WWF para la coordinación y el desarrollo de actuaciones conjuntas. Julio de 2022. https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11996.pdf
Apagar los incendios en cuanto se inician no es negocio. Negocio es dejarlos crecer y luego intervenir con miles de horas de recursos (privados la mayoría), que hubieran sido innecesarios con una vigilancia básica. Negocio es sacar la madera quemada para venderla.
Tras los pavorosos incendios de este verano, y en contraste con la falta de diligencia para reforzar las estructuras de extinción no privatizadas, la Junta de Castilla y León no ha tardado en dar el pistoletazo de salida para la extracción de la madera quemada. Bajo la dirección del incombustible Quiñones, y al grito de «más madera«, se podría estar preparando otro pelotazo para sus colegas, al establecer la obligatoriedad de sacar la madera quemada de los montes con la excusa de la prevención de plagas.
La entrada, como elefante en cacharrería, de maquinaria y camiones en las zonas afectadas, puede impedir la recuperación de los suelos y la destrucción de los pocos nutrientes y estructuras que hayan quedado, es decir, puede tener un impacto negativo en la recuperación natural de los ecosistemas, y ser una aberración por los “costes ecológicos», algo que a los políticos les tiene sin cuidado, por cierto. Esta intervención solo podría tener algún sentido en el caso de las plantaciones de pinos, pero es mucho más discutible en el caso de los bosques naturales de frondosas, ya que la capacidad de regeneración de éstas se va a reducir si se destruyen los pocos nutrientes y el soporte estructural que queda.
Dado que desde la Academia hay diversas opiniones de como actuar, ante la lógica discrepancia (algo inherente a la ciencia y absolutamente imprescindible para el avance del conocimiento), es conveniente utilizar la prueba del algodón, es decir, seguir el rastro del dinero y los posibles conflictos de interés.
Así, Quiñones no nos explica en ningún momento cual va a ser el destino de la madera extraída, lo que genera sospechas fundadas por su histórica compulsión incendiaria y su debilidad por la construcción de calderas para la incineración de biomasa, cuando lo sensato seria prohibir su venta como medida para desincentivar las quemas. Que nadie se beneficie de los incendios.
Sin embargo, las medidas oscurantistas cuadran con el discurso mantenido por la Junta, de una «supuesta necesidad» de llenar la región de «centros logísticos de biomasa» y sus correspondientes centrales de incineración (recordemos, para quemar árboles) para «ofrecernos calefacción», para nuestros cada vez menos crudos inviernos. Sin embargo, lo que se va a producir con esta política suicida es un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto de las temperaturas, de la dispersión de contaminantes entre la población, y la progresiva desaparición de nuestros bosques autóctonos con la consiguiente la reducción de su capacidad para absorber carbono.
Detrás de esta estrategia podrían estar las empresas de siempre, con las manos abiertas para recibir a precio de saldo el combustible para mantener su negocio y las calderas que envenenan a la población, eso sí, recibiendo dinero de nuestros impuestos, ya que dicho negocio no parece rentable sin subvenciones públicas.
