• Ecologistas en Acción denuncia la opacidad sistemática de la Consejería dirigida por Suárez-Quiñones.
• La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dado la razón a Ecologistas en Acción de Burgos y ha condenado a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, por negar reiteradamente el acceso a información pública sobre los proyectos eólicos y fotovoltaicos en la provincia de Burgos.

La sentencia (nº 01213/2025) anula las resoluciones de la Junta por ser “contrarias al ordenamiento jurídico” y reconoce el derecho de la asociación a recibir la información solicitada, que incluye las capas y coberturas cartográficas de todos los proyectos de energía eólica y solar aprobados, en tramitación o rechazados.

Durante más de tres años, la Junta denegó sin justificación la entrega de estos datos, incumpliendo la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

“Esta sentencia confirma lo que llevamos años denunciando: la Consejería de Suárez-Quiñones actúa con opacidad y desprecio hacia la ciudadanía, ocultando información ambiental básica para el control público de su gestión”, ha declarado Ecologistas en Acción Castilla y León.

El fallo judicial, además, impone las costas del proceso a la Administración autonómica, reconociendo la falta de fundamento jurídico de su actuación.

En los últimos meses la Junta ha publicado en su visor cartográfico la ubicación de las instalaciones energéticas en funcionamiento, pero no las que están en proyecto o tramitación como hacen otras CCAA. Tampoco las facilita en los actuales procedimientos de participación pública de los proyectos, tal y como hace el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) del Estado, ratificando así su escaso interés en facilitar la participación ciudadana.

Desde Ecologistas en Acción recuerdan que no es la primera vez que la Consejería intenta impedir el acceso a información ambiental, especialmente en temas sensibles como los proyectos eólicos o la gestión forestal. La organización exige al consejero Suárez-Quiñones que cumpla de inmediato la sentencia y ponga fin a una política de secretismo incompatible con la democracia y la defensa del medio ambiente.

“La transparencia no es una opción: es una obligación legal y moral. Sin información no puede haber participación ni protección ambiental efectiva”, concluyen desde la organización.

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Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre, Ecologistas en Acción de Castilla y León celebró en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), en Valsaín (Segovia), su asamblea federal, un espacio de encuentro, debate y planificación en el que participaron representantes de los distintos grupos locales de la federación, combinando la modalidad presencial y virtual.

La sesión que abrió la jornada sirvió para revisar los avances de los acuerdos previos y coordinar líneas de trabajo conjuntas. Entre los temas abordados destacaron las actuaciones y alianzas tras los incendios forestales sufridos en la comunidad, con el objetivo de impulsar una respuesta social y ecológica ante la pérdida de biodiversidad y los impactos en el medio rural. En este sentido, la federación mostró su apoyo a la manifestación convocada en León el próximo 23 de noviembre por el movimiento Respeto, impulsado por organizaciones sociales, sindicatos y colectivos ecologistas, para exigir políticas eficaces de prevención, restauración y gestión forestal sostenible.

Durante la asamblea federal, se detallaron los avances en el juicio de la trama eólica, que comenzó en septiembre. En este proceso, Ecologistas en Acción de Castilla y León ejerce la acusación popular, denunciando un sistema de corrupción que controló las autorizaciones administrativas de proyectos renovables y causó perjuicios millonarios en la región. Estos hechos se originaron en 2007, cuando la Consejería de Economía, entonces liderada por Tomás Villanueva, articuló dicho sistema. La trama se gestó particularmente desde la Viceconsejería dirigida por Rafael Delgado, el principal acusado.

Asimismo, se desarrollaron talleres participativos para analizar colectivamente el impacto del despliegue de las energías renovables en Castilla y León, con el objetivo de consensuar un posicionamiento común en defensa de una transición energética realmente sostenible y respetuosa con la biodiversidad y los territorios rurales.

El impulso a la Transición Ecosocial constituyó otro eje de trabajo central, basándose en el informe elaborado por el grupo junto a otras organizaciones y la participación de más de 175 personas claves de la región. Este documento servirá de base estratégica para futuras acciones de incidencia política.

Asimismo, la asamblea resolvió reforzar la lucha contra la ganadería industrial en el próximo plan semestral. El plan incluirá el apoyo a la movilización contra las macrogranjas convocada en Madrid el 29 de noviembre y la reactivación de la web No más cerdos, donde se centralizarán y actualizarán los datos, riesgos y posibles soluciones en Castilla y León.

La federación cerró el encuentro en el CENEAM, reafirmando su compromiso con la acción ecologista, la justicia social y la cooperación entre los grupos locales. La próxima asamblea se celebrará en Burgos, continuando la rotación territorial que caracteriza a Ecologistas en Acción.

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