Este reportaje forma parte del dossier de #LaMarea108, dedicado al Sáhara Occidental. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

«Quiero dar la bienvenida a todos los participantes, especialmente a nuestros socios españoles». Así saludaba, en vídeo, el ministro de Industria y Comercio de Marruecos, Ryad Mezzour, al Foro de Inversiones Marruecos-España celebrado en el Sáhara Occidental, en la ciudad de Dajla, en junio de 2022. El medio promarroquí en español Atalayar difundió este mensaje y un spot promocional del acto.

Los principales recursos explotables del Sáhara Occidental son la pesca y los fosfatos. También la energía renovable, a través de parques solares y eólicos, es otro sector en crecimiento. Algunas empresas españolas se lucran o lo han hecho en el pasado sin el consentimiento de sus habitantes, como constató en 2024 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al anular el acuerdo de pesca y agricultura entre la UE y Marruecos por vulnerar los principios de autodeterminación en el «territorio no autónomo» del Sáhara Occidental.

¿Qué empresas operan hoy en estos territorios? Según sus informes anuales, la multinacional Indra cuenta con negocios en el Sáhara Occidental y Marruecos a través de tecnologías de la información y de gestión del tráfico aéreo, entre otros. A las preguntas de La Marea, la empresa semipública se limitó a señalar que su actividad en Marruecos «en distintos sectores de su economía es conocida, dentro una actividad internacional más amplia».

En 2009, obtuvo varios contratos estatales para implantar tres estaciones de la red de comunicaciones por satélite para la gestión del tráfico aéreo «en la zona sahariana del sur del país, en los aeropuertos de las ciudades de Laayoune, Es-Semara y Dakhla», recoge la página web de Indra (usando la nomenclatura francesa). Desde 2002, provee servicios de navegación aérea a Marruecos.

Desde el sector energético, Repsol y Cepsa –ahora Moeve y fuera del Ibex 35–, representan al menos el 85% de todos los productos derivados del petróleo que llegaron al Sáhara Occidental ocupado en 2023, según la organización Western Sahara Resource Watch (WSRW). «Si Cepsa y Repsol cesaran su actividad [en este territorio], la ocupación no se podría sostener», afirma Anselmo Fariña, de la Asociación Canaria en Solidaridad con el Pueblo Saharaui, en el documental Ocupación S.A. (2020). «Marruecos no tiene ninguna capacidad de refino. Por lo tanto, tiene que importar el petróleo y lo hace de España», añade.

La respuesta de Cepsa a WRSW fue: «Suministramos hidrocarburos para su distribución en el territorio saharaui, que está totalmente permitido». Repsol no respondió. La petrolera del Ibex 35 inauguró en febrero de 2024 una planta de polipropileno en Tánger, junto con su socio belga Ravago.

Acciona, junto con Moeve, forma parte del grupo de empresas que han accedido a la inversión prevista de unos 30.200 millones del Gobierno marroquí en seis proyectos de hidrógeno verde en la costa del Sáhara Occidental, según se anunció este marzo. Con anterioridad, Acciona ha puesto en marcha instalaciones en Marruecos, además de en el Sáhara Occidental. Se ha encargado del diseño, construcción, gestión y mantenimiento de la mayor desalinizadora de África, en Casablanca. Aunque está fuera del Sáhara ocupado, la planta estará «alimentada íntegramente por la energía renovable procedente del parque eólico de Bir Anzarane», dice la web de Acciona (también en francés). Lo que no menciona es que Bir Enzarán, fuente de la energía, está en el Sáhara Occidental ocupado. El proyecto de desaladora, prevista para 2028, ha sido financiado en parte por Caixabank, la sociedad público-privada española Cofides y Attijariwafa, banco marroquí participado en un 5,1% por Santander.

Attijariwafa, el primer banco de Marruecos y el tercero de África del norte, cuenta con 13 oficinas en el Sáhara ocupado, según su web. El Santander llegó a tener casi un 15% de su control.

Vínculos con Marruecos

Otro tipo de empresas analizadas están en una zona gris. Operan en Marruecos pero no podemos saber con seguridad si usan o no productos extraídos del Sáhara. Una de ellas es ACS. La empresa estatal marroquí OCP (Office Chériffien de Phosphates) es quien extrae y exporta los fosfatos saharauis y marroquíes. ACS, a través de su filial Intecsa Industrial, logró en 2019 dos contratos en Marruecos de OCP, valorados en 255 millones, para la puesta en marcha de dos plantas de ácido sulfúrico en Jorf Lasfar, al sur de Casablanca. Según ACS, el ácido sulfúrico será utilizado como materia prima para la producción de fertilizantes fosfatados granulados.

Otras empresas del Ibex operan en Marruecos sin mención en sus informes anuales a actividades en el Sáhara, según ha podido comprobar La Marea. Una de ellas es Amadeus, dedicada a tecnología para la industria de viaje. Opera Amadeus Maroc S.A.S., con un 30% de participación y sede social en Casablanca. Por su parte, Acerinox tiene cuatro empleados en el país norafricano. Arcelor Mittal tuvo 808 millones de dólares en ventas en 2024 en Marruecos y cuenta con dos plantas productoras de acero en el norte marroquí: en Nador y Jorf Lasfar. Inditex fabrica sus textiles en el país y tiene 35 tiendas, 13 de ellas de Zara (recientemente ha inaugurado en Israel), fuera del Sáhara Occidental.

La única empresa del Ibex 35 que esta investigación ha encontrado que hace responsabilidad social corporativa para beneficiar a los refugiados saharauis es la fabricante de piscinas Fluidra. Su fundación ha instalado piscinas en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Mientras, la empresa opera en Marruecos con 23 empleados y 2,9 millones de euros en beneficios obtenidos en el país africano en 2024.

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«Como profesional del duelo nunca me he encontrado con un contexto como el de Gaza. Son maestros de la resiliencia». Quien habla es Amaya Ferrer, una asturiana residente en Andorra. Esta experta en duelo y tanatología, la disciplina que aborda lo relacionado con la muerte en el ser humano, decidió actuar tras soportar lo insoportable viendo lo que ocurría en Palestina. «Me preguntaba cómo estaban las mentes de esas personas con tantas pérdidas y traumas acumulados», indica por teléfono. Una vez contactó por videollamada con una familia gazatí que pedía ayuda por redes sociales y, en su tiempo libre, la ayudó en su proceso de pérdida. Y a esa familia le siguieron otras.

Así nació Hope Palestina, una iniciativa lanzada por profesionales de la salud mental que funciona a través de «un sistema de apadrinamiento». Este acompañamiento en la distancia, «un soporte psicoemocional más allá de lo económico», surge porque «cada vez más voluntarios quieren establecer relación más allá de una donación», indica la fundadora de Hope Palestina. El colectivo también manda dinero directamente a familias en Gaza «sin pasar por una ONG o intermediario» tras verificar, con su ubicación en tiempo real y videollamadas, que son realmente habitantes del territorio sometido a la campaña devastadora de Israel.

Tras orientarles y ofrecerles un protocolo de apadrinamiento para informarles del contexto y diferencias idiomáticas y culturales, los voluntarios se ponen en contacto con habitantes de Gaza utilizando traductores automáticos. «Damos la oportunidad de que reconduzcas tus emociones como ayuda efectiva. Es una manera de pasar a la acción», destaca Ferrer, que deja en un segundo plano cómo se siente ella al escuchar las historias personales de pérdidas y oír bombas y disparos en sus videollamadas diarias: «A mí me cuidan ellos. Creas un vínculo con personas con una enorme resiliencia y sus historias. Es increíble la solidaridad y gratitud que te muestran».

En apenas cuatro meses, Hope Palestina reúne ya a 80 voluntarios. El equipo se ubica principalmente en España y Andorra, donde se están constituyendo actualmente como una asociación, pero también en América y otros países de Europa. Estas personas tratan de disminuir el dolor en Gaza. «Es inimaginable para cualquier mente lo que están sufriendo. Los palestinos llevan ocho décadas de ocupación y forma parte de su idiosincrasia esa resiliencia y crecimiento postraumático, pero hay un agotamiento extremo y están desbordados emocionalmente”, remacha. «Los niños de dos años han vivido siempre en trauma. No conocen otra realidad», señala la experta en duelo.

Hasta el momento, ofrecen acompañamiento emocional a 27 familias. A falta de más voluntarios, hay una lista de residentes en Gaza que esperan unirse al programa. «Necesitan enseñarnos lo que viven porque no entienden que esté ocurriendo y el mundo no lo frene. Piensan que no lo sabemos porque no hay prensa internacional. Necesitan mostrar lo que pasa sin filtro. Hemos visto cosas muy muy duras», destaca Amaya.

Preguntada por el impacto que tiene en la población de Gaza las muestras de solidaridad internacional, como la reciente huelga general en España, Ferrer señala que les alegra y les da esperanza, pero no les cambia la situación. «Se preguntan sobre todo por qué les hacen esto y los odian tanto. Me dicen ‘mi bebé no es terrorista’. Sienten alivio por el alto el fuego, pero mucha incertidumbre». Las personas en Gaza con las que ha hablado la experta en duelo le cuentan, según explica, que quieren salir de la franja. «Ciudad de Gaza es un cementerio de ruinas. Es imposible recuperar la vida que tenían antes», remacha.

Para la creadora de esta propuesta de solidaridad humanitaria, Gaza es un espejo: «Si cuando miro a Gaza veo seres humanos sufriendo lo inimaginable, conecto con mi humanidad. Si veo terroristas, conecto con mis prejuicios. Gaza es la prueba del algodón de la humanidad». Una humanidad que no puede dejar de mirar a la franja pese al alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre. Desde entonces, y en solo diez días, Israel lo ha violado 80 veces, matando a 97 personas e hiriendo a otras 230, según la Oficina de Comunicación de Gaza, recoge Al Jazeera. «La ayuda humanitaria que está entrando es la mitad de la acordada –concluye la voluntaria– y no es gratuita porque acaba en el mercado humanitario. No hay paz».

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La firma del plan Trump en Egipto ha permitido el intercambio de rehenes israelíes en Gaza por palestinos prisioneros en Israel. Durante los dos últimos años, los transcurridos tras los atentados de Hamás, que se saldaron con 766 civiles israelíes asesinados, 251 personas secuestradas, más de 3.000 heridas, y 373 soldados y policías muertos, el foco mediático se ha centrado en los rehenes israelíes.

Los atentados del 7 de octubre de 2023 también provocaron una realidad en la que apenas se ha reparado, la de los miles de palestinos que fueron encarcelados por el gobierno de Benjamin Netanyahu (y muchos de ellos continúan en esa situación) sin juicio ni cargos en su contra, bajo la figura conocida como «detención administrativa».

Por esa vulneración de derechos fundamentales, diversas organizaciones de derechos humanos han equiparado su situación a la de rehenes, al estar privados de libertad sin juicio. Además, recuerdan que el Estado de Israel retiene al menos 730 cadáveres palestinos, algunos desde hace decenios, «para utilizarlos como moneda de cambio en negociaciones», según Amnistía Internacional, que cita datos del Centro de Derechos Humanos y Asistencia Jurídica de Jerusalén (JLAC).

A continuación, analizamos cuántos y quiénes son los palestinos encarcelados que ahora quedan en libertad.

¿Cuántos son?

Por un lado, los 1.718 palestinos que fueron arrestados por Israel tras los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. El intercambio pactado también incluía a 250 prisioneros, muchos de los cuales entraron en prisión durante la Segunda Intifada (de 2000 a 2004); la mayoría de ellos fueron condenados a cadena perpetua. El total de liberados en los últimos días asciende a 1.968 personas. Desde octubre de 2023, y tras dos acuerdos previos, el número de palestinos y palestinas liberados es 3.985.

¿Podrán volver a Palestina?

154 de los 250 condenados han sido deportados a Egipto. De los 96 restantes, ocho volvieron a Gaza y el resto a Cisjordania y Jerusalén, de donde son oriundos.

¿Cuánto tiempo llevaban encarcelados?

Samir Ibrahim Mahmoud Abu Nimah es el preso más longevo. Este militante de Fatah llevaba preso desde octubre de 1986, casi 40 años. 18 de los 250 presos entraron en las cárceles israelíes en el siglo pasado.

¿Qué edad tienen?

De los 1.718 detenidos sin juicio en Gaza desde el ataque terrorista de Hamás, el más joven tiene 16 años y cinco aún son menores de edad a la hora de salir de prisión. 387 nacieron en este siglo. La persona más mayor tiene 76 años y doce de los liberados tienen 65 años o más. Solo dos son mujeres.

¿A qué organizaciones pertenecían?

De los 250 condenados, la mayoría (157) son militantes de Fatah, la organización fundada por Yasser Arafat y que gobierna la Autoridad Palestina. Sesenta y cinco son de Hamás (acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica) cuya rama política gobierna Gaza. Otros 16 son de la Yihad Islámica, de corte islamista. Del resto, 11 son del Frente Popular para la Liberación de Palestina y uno del Frente Democrático por la Liberación de Palestina, ambas organizaciones laicas marxistas-leninistas.

¿En qué estado han salido?

«Muchos prisioneros, en particular los de la Franja de Gaza, presentaban claros signos de tortura física y psicológica, y se documentaron casos de abuso hasta los momentos previos a su liberación», según un comunicado de la Comisión de Asuntos de los Prisioneros y el Club de Prisioneros Palestinos. Los prisioneros, según esta organización palestina, se han enfrentado en las cárceles a una serie de delitos «que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como la tortura física y psicológica, la inanición sistemática, la negación de tratamiento y de atención médica. La imposición de estas condiciones han propiciado la propagación de enfermedades y epidemias, aislamiento y políticas de privación».

La asociación Addameer de Apoyo a los Presos y Derechos Humanos con sede en Ramala (capital administrativa del Estado de Palestina, situada en Cisjordania) ha indicado que los presos liberados «parecían agotados y frágiles, lo que confirma que durante los cuatro días previos a su liberación fueron sometidos a diversas formas de abuso y maltrato, incluyendo palizas severas, humillaciones, encadenamientos prolongados y amenazas para que no hablaran con ningún medio de comunicación sobre las condiciones de su encarcelamiento».

«El prolongado sufrimiento dentro de las prisiones de la ocupación –prosigue la asociación– era evidente en sus rostros y cuerpos. Muchos habían perdido decenas de kilos y estaban visiblemente débiles y fatigados».

¿Quiénes siguen presos en Israel?

Entre los no liberados se encuentra Hussam Abu Safiya, pediatra y director del hospital Kamal Adwan de Gaza, que fue arrestado sin cargos en diciembre de 2024 por el Ejército israelí, y el médico Marwan al-Hams, capturado este pasado mes de julio. No han salido pese a estar en la lista de personas que presentó Hamás a Israel como parte del alto el fuego tras el genocidio en la Franja.

Safiya y Al-Hams son dos de los al menos 19 médicos que continúan en cárceles israelíes sin que se hayan presentados cargos contra ellos, según declaró a Democracy Now! Naji Abbas, el director del Departamento de Prisioneros de Médicos por los Derechos Humanos Israel. A estos sanitarios hay que añadir a docenas de enfermeros, enfermeras y paramédicos que se encuentran en la misma situación.

Marwan Barghouti, de 66 años, también estaba en las listas de propuestas para ser liberado en los tres acuerdos de intercambio de prisioneros y rehenes desde octubre de 2023; no lo consiguió en ninguna de las ocasiones. Conocido como Abu Qassam, es miembro del partido Fatah y líder de Tanzim, su brazo armado. Está encarcelado en Israel desde 2002 y suma varias condenas perpetuas por cinco asesinatos y un intento de asesinato. Su liberación es una línea roja para Israel ya que se trata de un líder carismático que podría reunificar la resistencia palestina.

El secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmad Saadat, también está entre rejas desde 2002. Israel tampoco ha accedido a su liberación. Cumple una condena de prisión de 30 años por el asesinato de un ministro israelí en 2001.

Actualmente, hay más de 9.100 personas palestinas en las cárceles israelíes. Entre ellas hay 52 mujeres, 400 menores y más de 3.544 «detenidos administrativos», además de 115 presos que cumplen cadena perpetua. Nueve de estos últimos están encarcelados desde antes de la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993, indica Addameer.

¿Cuántos cadáveres palestinos ha entregado Israel?

90 cuerpos palestinos se han recuperado como parte del acuerdo amparado por Estados Unidos. “Unas grabaciones filmadas por un periodista freelance que trabajaba para la BBC en la morgue de Nasser parecían mostrar el cuerpo de un hombre con los ojos vendados. Otro cuerpo parecía tener marcas en las muñecas y los tobillos”, explica el medio británico. Fuentes médicas en Gaza citadas por Al Jazeera han declarado que a varios de estos cadáveres le faltaban miembros y algunos estaban maniatados y vendados, lo que indicaría violencia y posibles ejecuciones.

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Hacer la compra es un acto político cotidiano. Bajo esta premisa nacieron hace décadas los supermercados cooperativos, tiendas formadas por las y los propios consumidores y sin ánimo de lucro. En España se agrupan 11 cooperativas de consumidores en 12 municipios en la Red de Supermercados Cooperativos, superando los seis mil consumidores, según su web. Por su parte, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) representa tres cuartos de la distribución alimentaria con 19.200 establecimientos minorista.

Entre los grandes del sector que conforman Asedas, también se cuelan cooperativas como la andaluza Coviran y la valenciana Consum. Se diferencia principalmente de los súpers cooperativos por su ánimo de lucro. «Pertenecer a un supermercado cooperativo es mucho más que tener el carnet de socio de una cadena de supermercados. Es convivir y crear una comunidad de personas, con vínculos y fines comunes: contar con una alimentación saludable, sostenible, de proximidad, que cuida del planeta y a unos precios adecuados», explican desde la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid (Uncuma).

Cada supermercado cooperativo se organiza de manera distinta y con criterios propios, como permitir o no la venta a no socios, un sistema de reparto de horas de colaboración y diferentes niveles de implicación, explican desde Uncuma. Entre los socios de esta última hay dos supermercados cooperativos. «La legislación no facilita la creación de cooperativas de consumo. Es una figura desconocida, por lo que muchos grupos de consumidores, por desconocimiento, optan por crear asociaciones u otro tipo de entidad», indican desde la organización.

La primera cooperativa de consumo andaluza

En 1993 nació en Sevilla La Ortiga, una cooperativa de consumo ecológico que cuenta ya con dos tiendas. Aunque cualquiera pueda comprar en La Ortiga, las personas socias tienen un 10% de descuento tras pagar una cuota anual y una aportación inicial al capital social. También apuestan con un circuito corto, proveyéndose en lo posible de productos locales.

En 32 años en Sevilla, La Ortiga se ha encontrado con la dificultad de transmitir el proyecto tanto a la sociedad como a sus propios socios y el reto de la gestión de las tiendas. «Se requiere mucha formación y experiencia que hemos ido adquiriendo con los años», indican a La Marea. Lo han suplido gracias a ocho personas que trabajan en las dos tiendas, algunas de ellas socias. Destacan el «fuerte apoyo» en su «base social», incluyendo el de agricultores locales, y su profesionalización, «imprescindible» para mantener la fidelización de las personas que consumen en sus tiendas como elementos clave de la organización.

La venta de solo productos ecológicos, percibidos como caros por el gran público, es otro lastre para el súper cooperativo sevillano. Lo intentan suplir con ofertas como una cesta semanal de fruta y verdura fresca. Además, frente a la imposibilidad de invertir en publicidad, abogan por actividades como visitas a fincas de productores, charlas y catas de sus productos para darse a conocer.

Un caso gallego de éxito

Desde el 2001 lleva en marcha en Galicia Árbore. Desde Vigo, esta cooperativa apuesta por el «consumo consciente» de alimentos ecológicos y de comercio justo y por «promover un consumo responsable». Frente a las oscilaciones e inflación en los precios, «motivadas en muchos casos por la especulación o estrategias de control geopolíticas», Árbore optó por alejarse de los circuitos del mercado convencional, acortando al máximo los canales de distribución y optando «siempre que sea posible por el contacto directo con las productoras». Cuando no lo es, la Red de Supermercados Cooperativos les permite intercambiar productos entre sí y obtener elementos no disponibles en la zona, señalan desde la cooperativa de consumo.

La participación, el control democrático de las personas socias en la toma de decisiones y la autonomía frente a cualquier injerencia son los valores principales de esta cooperativa, según declaran a La Marea. Además, colaboran con cooperativas de distribución energética como A nosa enerxía y entidades de finanzas éticas como Coop57 y Fiare.

Una experiencia cooperativa en el sur de Madrid

En Getafe (Madrid), junto al estadio de fútbol y lindando con el sur de la ciudad de Madrid, se encuentra Biolíbere en un local que alquilan a la empresa municipal. Nació en 2014 como asociación inspirada en las cooperativas obreras de consumo del siglo XIX. Tras mudarse en dos ocasiones por su expansión, en 2021 pasaron a ser cooperativa de consumo sin ánimo de lucro. «Levantar y sostener un proyecto así requiere mucho trabajo, organización y comunicación. Nuestro mayor error fue creer que la fuerza de la idea por sí sola bastaba«, destacan a La Marea.

La cooperativa de consumo madrileña explica que juegan con desventaja frente a las grandes cadenas por no tener ni el músculo económico ni la capacidad de influencia «de esos gigantes». Gracias a la «presión sobre los precios en origen, márgenes abusivos y un enorme impacto ambiental«, las grandes superficies cuentan con ventaja, señalan. Desde Uncoma añaden que apostar por la producción y consumo agroecológico «está penalizado» por «sostener costes que no se tienen en la alimentación industrial como certificados y trámites burocráticos». Pese a las trabas y al «entender que no se trata solo de vender productos, sino de construir relaciones», Biolíbere ha podido celebrar su décimo aniversario.

A través de convertir los restos orgánicos de la tienda en compostaje para sus productores, estrechan los lazos entre las granjas y el súper y reducen su impacto ambiental. Su apoyo a la proximidad se expresa también con la colaboración con otras asociaciones locales y el Ayuntamiento de Getafe en iniciativas de economía circular y sostenibilidad.

Los socios de Biolíbere no solo buscan comer mejor, más ecológico a un precio no abusivo sino «una transición hacia una sociedad sostenible, articulando la agroecología urbana y la economía rural para que más personas puedan acceder a alimentos sanos y sostenible». Además, indican que tratan que los proyectos rurales tengan un mercado estable que les permita consolidarse y fijar población.

Cooperativas en una economía de mercado

Entre las limitaciones comunes de todos estos proyectos cooperativos están el operar en una economía de mercado competitiva. Este reto les lleva a «una lógica productivista difícil de esquivar», indican desde Árbore. Con la crisis inflacionaria se vieron obligadas a ofrecer precios más competitivos y buscar una mayor productividad frente al riesgo de perder cuota de mercado y ver peligrar el futuro del proyecto. La Ortiga subraya que se traduce en una capacidad de inversión limitada a sus propios recursos y un menor acceso a recursos formativos.

Biolíbere destaca que implica ir más despacio y depender del trabajo voluntario de las socias, sin tener la gran variedad de los supermercados convencionales. Pero lo que parece una debilidad, para este súper madrileño en realidad es su «ventaja competitiva»: generar comunidad y transformar la manera de entender la alimentación.

Por su parte, Uncoma aconseja a quienes quieran lanzar su propio supermercado cooperativo tener un plan de negocio robusto, una amplia masa social que lo sustente y saber que van a tener que dedicarle muchas horas no remuneradas.

Más allá de estos tres casos, hay supermercados cooperativos en Madrid (La Osa), Barcelona (Foodccop), Valencia (Som Alimentació), Zaragoza (A Vecinal), Córdoba (Almocafre), Manresa (Super Coop Manresa), Alicante, San Vicent de Raspeig, Castalla y Yecla (bioTrèmol). Fuera de la fórmula legal de cooperativa de consumidores y usuarios, también están BioAlai en Vitoria/Gasteiz y Landare en Pamplona y Villava (Navarra) como asociaciones de consumo ecológico, y Mercatrèmol en Alicante en forma de asociación de consumidores.

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Este reportaje pertenece a ‘Altacoop, el altavoz de las cooperativas’, un proyecto que cuenta con el apoyo del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados del Gobierno de España.

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