De los tres programas de detección precoz de cáncer existentes en España y en Castilla-La Mancha, dos de ellos están en funcionamiento desde que Emiliano García-Page es presidente del Gobierno regional. Así lo ha destacado hoy en la Cortes Regionales el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. En este sentido, el responsable de las políticas regionales …
Este miércoles se ha celebrado la primera reunión del Consejo de Dirección de la Red de Expertos y Profesionales en Salud de Precisión del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha recordado que ya son diez las redes de expertos con las que cuenta la Sanidad de Castilla-La Mancha, aportando …
UGT desmiente las declaraciones realizadas ayer por el presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, en las que afirmaba -en rueda de prensa- que el Gobierno regional está negociando un modelo de Carrera Profesional con los representantes sindicales, “afirmación que es rotundamente falsa ya que desde marzo de 2024 …
La Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, avanza en la implantación de la Estrategia regional de Salud Comunitaria. Durante los últimos meses, se están constituyendo las Mesas de Salud en las zonas básicas de salud del Área Integrada de Villarrobledo, una herramienta esencial que aporta un método …
Los médicos de Albacete y del resto de España que así lo han estimado conveniente han protagonizado este martes la primera de las cuatro jornadas de huelga con la que rechazan la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, y mantienen el pulso con el Ministerio de Sanidad, apoyados por …
Este artículo se publicó originalmente en #LaMarea109. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.
Una pesadilla recurrente de la izquierda andaluza podría ser esta: el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla fumándose, sin ser fumador, plácidamente un puro en el palacio de San Telmo mientras contempla ensimismado cómo las volutas del cigarro ascienden muy, muy despacio hasta diluirse silenciosamente en las oquedades del bello artesonado que ennoblece el techo de su despacho presidencial. Y lo peor de todo: el tipo llevaría como unos siete años fumándose el maldito puro.
Desde que en 2022 logró su mayoría absoluta, no menos inesperada que la milagrosa carambola que cuatro años antes lo llevó a la presidencia, los intentos de la oposición de erosionar su figura se asemejan a esas inocuas espirales de humo que nuestro hombre observa abstraído, sin inquietud, consciente de que las pobres volutas, como la izquierda andaluza, no pueden dejar de ser lo que son: humo, niebla, sombra, nada.
En su primer mandato Moreno tuvo que lidiar con las exigencias ocasionalmente montaraces de aquel Vox, que, en alianza con Ciudadanos, lo había hecho presidente y garantizaba la estabilidad de su gobierno; los apuros en que, de cuando en cuando, los ultras ponían al presidente se vieron, sin embargo, felizmente neutralizados por un entreguismo del partido naranja que hizo la legislatura conservadora mucho más plácida de lo que auguraba la aritmética parlamentaria.
Lo nunca visto en 30 años
Ya con la mayoría absoluta lograda merced al abstencionismo de la izquierda y el desistimiento de C’s, que Moreno premiaría recompensando a su líder Juan Marín con un cargo tan poco expuesto y trabajoso como bien remunerado, su actual segundo mandato había venido siendo una balsa de aceite en la que el presidente flotaba serenamente sin temor a perturbación alguna hasta que –en política no hay bien que ocho años dure– en octubre pasado saltaba el escándalo del cribado de cáncer de mama: al menos 2.317 mujeres, según el moderado cómputo de la Junta, no fueron advertidas de que debían hacerse una nueva prueba porque el resultado de la primera era dudoso. Nunca durante las tres décadas largas que lleva implementado el programa había sucedido nada comparable. Nunca. Para la Junta se trata de un error; para la oposición, de un escándalo; para las mujeres, de un espanto.
La ola de indignación social cogió al presidente a contrapié, como si no diera crédito a lo que estaba pasando, y desde hacía muchos meses además, en el sistema sanitario andaluz. ¿Un error? ¿Una disfunción? ¿Una chapuza? Cuando cualquiera de estas tres particularidades se prolonga durante años sin que nadie les ponga fin, error, disfunción o chapuza mudan de estado político: lo que era anécdota adquiere el estatus de categoría, lo que parecía accidental alcanza el rango de estructural, lo que era amenaza ocasional pasa a ser peligro permanente.
Un mes después de estallar la crisis, que en pocos días había obligado al presidente a prescindir de su consejera de Salud, la Junta todavía no había dado una explicación creíble, convincente y detallada de las causas de ese gigantesco error/disfunción/chapuza que tiene en vilo a miles de mujeres. Además de fuertemente politizado (como no podía ser menos), el caso de las mamografías ha pasado a estar judicializado. La Fiscalía está decidida a averiguar por qué pasó lo que pasó: para sonrojo del periodismo y bochorno de la política, la justicia parece hoy por hoy la única garantía de que se acabe sabiendo la verdad, pues ni el periodismo, que no pasa por su mejor momento, ni la oposición, que está en el peor, han logrado taladrar el muro de opacidad, escapismo y silencio levantado por el Gobierno andaluz para protegerse a sí mismo, no a las mujeres, de los efectos virtualmente letales derivados de su imprevisión, su ineptitud o su negligencia.
¿Pecador yo? ¡Pecador tú!
Mientras, la tardanza de San Telmo en dar la explicación que mujeres y opositores le reclaman alimenta la sospecha de que las causas de lo sucedido no se deberían meramente a una mala praxis profesional, sino que pondrían en cuestión el propio modelo sanitario del Partido Popular, cuyo deterioro habría favorecido el fortísimo incremento del número de andaluces que en la última década han contratado un seguro privado: en 2014 eran 1,2 millones; en 2025 ya son 1,8 millones, el 22% de la población de la comunidad.
Si el escándalo andaluz del cáncer de mama hubiera tenido lugar con un gobierno socialista, las derechas estarían comportándose, como mínimo, como lo están haciendo las izquierdas, ansiosas por hallar la pistola humeante del delito, la soñada conexión causa efecto entre: 1) los recortes en la sanidad pública en forma de traspaso de fondos a la privada y de facilidades laborales a los médicos para compatibilizar su empleo público y su consulta privada; y 2) las 2.317 mujeres con un diagnóstico dudoso de cáncer de mama a las que no se avisó para hacerse una nueva prueba.
El PP se opone en Andalucía a la comisión parlamentaria para investigar los fallos del cribado de cáncer de mama. Obviamente, si estuviera en la oposición apoyaría esa comisión, como la apoya la misma izquierda que, de estar en el gobierno, la rechazaría sin contemplaciones aunque tal vez con un leve cargo de conciencia. En un espacio público tan altamente polarizado como el español opera con regularidad la ley de hierro según la cual importa mucho más la filiación del pecador que el pecado mismo.
Aun así, también esta ley tiene sus excepciones: no está operativa en casos de una incompetencia tan extrema que hace inviable toda absolución, como ha ocurrido con el expresidente valenciano Carlos Mazón; y no está en vigor tampoco en los casos de negligencia con resultado de muerte, amputaciones o mucho dolor, como puede haber ocurrido en Andalucía. En tales casos, la gravedad del pecado se impone sobre la adscripción de quien lo comete, de modo que en las siguientes elecciones autonómicas un buen número de votantes del partido pecador bien pudiera optar por quedarse en casa o incluso por marcharse con su voto a la competencia.
Salud y propaganda
Sea o no la punta del iceberg de otros males de fondo que aún no han aflorado a la superficie, el principal impacto de la crisis del cribado de cáncer quizá radique finalmente en haber dado una intensa visibilidad local y una inédita proyección nacional al deterioro galopante de la sanidad pública andaluza: hace años tu médico de cabecera te daba cita al día siguiente de pedirla; hoy tarda diez, doce, quince, veinte días. Y del especialista ni hablamos. No hay propaganda gubernamental, por muy sofisticada que sea, ni publirreportajes de la prensa amiga, por muy engrasados que estén, capaces de convencer a usuario alguno de que la sanidad pública funciona hoy mejor que hace siete años.
¿El declive asistencial del sistema sanitario público puede poner en apuros electorales a Moreno, considerando que en su primer mandato pudo culpar verosímilmente a sus predecesores socialistas, pero en el tramo final del segundo y disfrutando de mayoría absoluta y más presupuesto, rotundamente no? Ese podría ser el pálpito más extendido en una izquierda que parece confiar demasiado en que la sanidad gane las elecciones por ella. Políticamente, el escándalo del cribado ha sido el primer gran susto de Moreno Bonilla desde que es presidente. Sueña la izquierda con que el susto acabe en muerte, pero parece poco probable: las dos derechas siguen sumando muchos más votos y escaños que las dos, tres o incluso cuatro izquierdas que combaten a aquellas con no menos ardor que a sí mismas.
El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, durante la presentación de su libro Manual de convivencia. La vía andaluza, en Sevilla, el pasado 3 de noviembre. JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE
No es aventurado conjeturar que los días del Moreno moderado estarían contados si la cita electoral andaluza de la primavera o el verano de 2026 confirma el incremento de votos que las encuestas le auguran a Vox: si los de Abascal se aproximan al 20%, los de Moreno no podrán conservar la mayoría absoluta. Pero es pronto para tales elucubraciones: la marca Moreno está fuerte en Andalucía; su perfil templado contrasta con el nacional-populismo de Isabel Díaz Ayuso, el otro gran referente autonómico del PP y una lideresa que parece haber fagocitado a Vox pero pagando el elevado peaje de lograrlo pareciéndose a él. La estrategia de Moreno se diría justo la contraria: cerrar el paso a los de Abascal pareciéndose lo menos posible a ellos, posando de humano, de modesto, de humilde, de plural. De guay.
En todo caso, el calendario le da un cierto margen, pues antes de las andaluzas habrá elecciones en Extremadura el 21 de diciembre y en Castilla y León en marzo, citas cuyo desenlace habrá de serle útil a Moreno para afinar su estrategia no tanto mirando a su izquierda como a su derecha, que es donde hoy suma nuevos enteros el partido decidido a llenar de pirañas la balsa de aceite donde sestea Moreno y a arrebatarle el puro imperial cuyas volutas, según la pesadilla roja, contempla extasiado mientras sueña con una segunda mayoría absoluta.
La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha constituido hoy, coincidiendo con el inicio de la huelga convocada a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz, un Comité de Seguimiento destinado a monitorizar el desarrollo de esta convocatoria y garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos para preservar …
La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y la compañía líder en ciencia y tecnología Merck han firmado un convenio para poner en marcha el Programa Formativo para Familiares y Cuidadores no Profesionales de Personas con Esclerosis Múltiple (EM) en Castilla-La Mancha, con la participación de la Escuela de Salud y Cuidados de la Dirección …
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha promovido el desarrollo y despliegue de herramientas basadas en Inteligencia Artificial mediante las que el personal facultativo de Atención Primaria recibirá asistencia técnica en tiempo real para ayudarle al diagnóstico y tratamiento; por tanto, en la toma …
El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue reforzando la capacidad del sistema sanitario público regional en la lucha contra el cáncer, acercando tecnología de vanguardia a los pacientes de la Comunidad Autónoma y consolidando una red oncológica más accesible y moderna. En la última década ha invertido más de 35,6 millones de euros en la renovación …
l director general de Salud Pública, Joaquín Torres, ha dado a conocer que en Castilla-La Mancha, actualmente, la tasa de incidencia de Infecciones Respiratorias en la semana 48 se sitúa en 772 casos por 100.000 habitantes, con estabilidad en las hospitalizaciones. Hay que recordar que la tasa de síndrome gripal se sitúa en 6.433 casos por …
La Coordinadora Antiprivatizacion de la Sanidad se creó en 2004 para organizar la lucha contra el proceso de privatización puesto en marcha en Madrid en aquellos momentos. Posteriormente se fueron uniendo más personas de diferentes puntos del Estado, lo que permitió extender la lucha a todo el territorio, al tiempo que la privatización se iba extendiendo como una mancha de aceite. Han sido dos décadas de trabajo voluntario por parte de muchas personas, traduciendo y elaborando documentos, organizando movilizaciones, realizando cientos de actos informativos, asambleas…
Todo este trabajo se ha realizado sin subvenciones del Estado porque así lo decidimos. Siempre entendimos que la única forma de mantener la autonomía era no depender en absoluto de ningún recurso de la Administración.
De la misma forma, siempre entendimos que la lucha contra el proceso de destrucción del sistema sanitario pasaba por apuntar a las causas del proceso de privatización (las leyes estatales que lo permiten), y a los responsables (los partidos políticos que aprobaron dichas leyes y las mantienen).
Desgraciadamente el proceso de privatización se ha extendido en estos años, no solo por todo el Estado español, sino por todos aquellos países de nuestro entorno que disponían de Sistemas Nacionales de Salud. Estos sistemas sanitarios fueron creados por el capitalismo, tras la Segunda Guerra mundial, debido a unas circunstancias históricas concretas (periodo de crecimiento económico y combustibles fósiles baratos, necesidad de mano de obra sana, nueva fase de apropiación de las riquezas del Sur Global, etc.) que ya no se dan en la actualidad. En este nuevo escenario, con procesos de desindustrialización galopantes en los países centrales que provocan altas tasas de paro; junto con el surgimiento de nuevos sujetos sociales como son el “precariado” y los inmigrantes no regularizados; los Estados ya no necesitan mantener sistemas sanitarios que garanticen atención de calidad y en tiempos adecuados a la totalidad de la población. Al contrario, los Estados están abandonando el “estado social” y están reforzando el aparato represivo y el militar para las nuevas dinámicas que ya ni siquiera tratan de ocultar: la lucha por los últimos recursos energéticos y minerales accesibles, para mantener este modelo de crecimiento suicida en un mundo con limites biofísicos y materiales perfectamente conocidos.
Sin embargo, es en los escenarios de crisis donde siempre han surgido experiencias de apoyo mutuo y autogestión; donde se abren posibilidades de plantear nuevas formas y propuestas para enfrentar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, desde la atención sanitaria, hasta la vivienda, la alimentación o el acceso a la energía. Necesidades que deberán ser enfrentadas desde dispositivos controlados democráticamente, con la implicación de la propia sociedad.
Para hacer una valoración de la lucha de estos 20 años, y analizar los diferentes papeles que han jugado organizaciones y colectivos, os emplazamos el día 18 de noviembre a las 19 horas en la Fundación Anselmo de Lorenzo, calle Peñuelas, 41, Madrid.
Fotografía: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el escrache sufrido en la UCM. EP/Archivo.
Artículo original publicado en elprural.com por Eva Aladro Vico
Desde hace más de treinta años, en que en la Comunidad de Madrid gobierna la derecha del PP, se ha producido una muerte lenta en la Educación y la Sanidad Públicas. La situación en la Enseñanza Universitaria Pública ha empeorado con los gobiernos de Esperanza Aguirre y especialmente de Isabel Díaz Ayuso, cuya estrategia supone unaverdadera eutanasia de los servicios públicos de la Educación Universitaria. Díaz Ayuso emplea desde 2019 una doble tenaza mortífera con la universidad pública, basada en dos eutanasias, activa y pasiva, que los lectores reconocerán en seguida.
Con los sucesivos gobiernos del PP en Comunidad de Madrid, las universidades han perdido ni más ni menos que un 40% de su poder adquisitivo. Desde la crisis mundial de 2007, en que los presupuestos públicos se hundieron en todas las instituciones, la Comunidad de Madrid sólo ha recuperado un 5% de incremento sobre los fondosque se destinan a las 6 universidades de Madrid. En su Gobierno se jactan ruidosamente de esta subida, pero si tenemos en cuenta la inflación en estos casi 20 años desde aquella crisis, que supera el 45%, entonces en realidad lo que se ha hecho es mermar los fondos destinados a la universidad pública. Al mismo tiempo, en los últimos 6 años se han creado y consolidado, a pesar de informes académicos negativos, hasta 16 universidades privadas.
Esta es la eutanasia pasiva que Díaz Ayuso ha aplicado, cada vez con mayor crudeza, a la universidad pública madrileña. En 2024 los rectores de los 6 centros públicos solicitaron un mínimo de 200 millones de euros para poder salir a flote en una universidad debilitada por décadas de infrafinanciación. La respuesta fueron 60 millones de euros, una cuarta parte de lo que los 6 académicos pedían en nombre de sus comunidades investigadoras y docentes. Díaz Ayuso pretendía subir los presupuestos de las universidades en sólo un 0,5,y los rectores consiguieron unos puntos más, aún insuficientes. Este otoño, se aprueba una “subida” de presupuestos de un 6% que, compensada con la inflación, se queda en la misma cantidad del año anterior. Recordemos que la economía en la región de Madrid está creciendo a un ritmo del 3%. No hay motivos para aplicar este régimen draconiano. ¿O sí?
El segundo tipo de eutanasia, la activa, está llevando a las universidades a una privatización encubierta que completa la estrategia del Ángel de la Muerte: la misma Ley LESUC que normaliza la infrafinanciación de las universidades -porque legitima que las instituciones madrileñas no cubran más allá del 70% de los presupuestos universitarios anuales- realiza de un modo sutil un cambio radical: ante la situación, las universidades serán fiscalizadas y controladas por un Consejo Asesor Económico nombrado a dedo desde Gobierno CAM, en sus dos terceras partes, con poder, hasta ahora inédito, de censurar o recortar las decisiones de Rectorado en materia de grados, contrataciones, investigación, reglamento. Y aquí viene la Eutanasia activa, la inyección letal a la autonomía económica, académica y política de las universidades. Porque ese Consejo Económico será ocupado por representantes elegidos a dedo desde el gobierno CAM, de las universidades privadas, de empresas con intereses en el sector, y de representantes de otros poderes cercanos al PP, como medios de comunicación, empresas con intereses incluso cercanos a Israel. Así, si la LESUC sale adelante, personajes mediáticos que dirigen medios y son decanos en una universidad privada, tendrán poder decisivo sobre el consejo de gobierno y el rectorado de una universidad pública. Esta es la eutanasia activa de Díaz Ayuso sobre la universidad. Empobrecida y dirigida por la competencia, la universidad será un cadáver exquisito, leña que aprovechar en el negocio privado.
La doble estrategia del Ángel de la muerte, que primero debilita a sus enfermos y después les aplica la mortífera dosis de veneno, es clásica en los gobiernos neoliberales desde hace décadas: primero se estrangulan los servicios públicos, y luego, con un interés oculto, se fiscalizan y tiran por el precipicio con la excusa de que sólo tratan de ayudarlos. Esta estrategia ya ha incorporado sutilmente las herramientas exterminadoras en las universidades públicas, y ya tenemos a las personas encargadas del derribo final metidas en los Consejos Sociales de las universidades, haciendo campaña a favor de la LESUC y filtrando información y bulos a medios interesados en esta operación de triaje.
Sin embargo, las universidades públicas queremos enviar un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid: el enfermo está muy fuerte y puede salirle muy cara la película de terror, como en anteriores ocasiones. Las universidades están unidas, en todo su capital intelectual, de investigación, de educación, para luchar contra una Ley que empobrece y que invade la autonomía universitaria. Vamos a luchar en la calle, en los medios, y en los tribunales, en una estrategia de tres puntas. Porque la LESUC es una Ley inconstitucional: incumple el objetivo de financiación de la Ley Orgánica LOSU que establece un 1% de financiación del PIB para las universidades- Pero incumple también la Autonomía política y de gestión de las universidades, al introducir intereses particulares en sus órganos de gestión, provenientes de claras especulaciones en el sector educativo. El conflicto de intereses es obvio, y la inconstitucionalidad de la LESUC también. Y si no, al tiempo. Tenemos muchos especialistas en Derecho para defender este punto.
or último, para nuestra querida Enfermera, tenemos un mensaje de futuro: haciendo este daño a las universidades públicas, hace daño al 75% de los jóvenes madrileños que estudian en ellas. Y con ellos, hace daño a millones de familias madrileñas. Si piensa que los familiares del enfermo eutanasiado sin motivo no van a reaccionar en las urnas, va lista. Las universidades son el corazón de la sociedad, y ésta late con fuerza por ellas.
Ángela Bernardo, María Álvarez del Vayo, Adrián Maqueda, Carmen Torrecillas y Ter García // “La Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, que se lanzó en el 2021, está dotada con más de 1.000 millones de euros en planes colaborativos entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y ha sentado las bases para introducir tecnologías avanzadas de manera coordinada y de manera cohesionada, que creo que es muy importante”. Con estas palabras inauguraba Mónica García, ministra de Sanidad, el I Foro de Inteligencia Artificial para el Sistema de Salud, celebrado a mediados de septiembre. Sin embargo, sus buenos deseos chocan con la realidad que viven a diario los profesionales del Sistema Nacional de Salud consultados por Civio.
Aunque cada vez es mayor el número de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que se incorporan en la sanidad pública, su implementación está marcada por una enorme disparidad. “Hay diversidad por todo tipo, por comunidad autónoma, por hospitales, por campos, por todo. Básicamente, esto es una guerra: cada uno compra el software que quiere, el que puede o el que necesita”, dice Antonio López Rueda, portavoz de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) y radiólogo del Hospital Universitario de Bellvitge. Para Nuria Ribelles Entrena, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y oncóloga del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, existe “cero” coordinación para compartir o reutilizar tecnología: “Cada comunidad va por libre”.
Una integración poco transparente y desigual
En líneas generales, la incorporación de la IA en el Sistema Nacional de Salud se está haciendo de forma bastante opaca. “Los ciudadanos deberíamos tener el derecho de poder saber qué sistemas se están integrando, cómo fueron entrenados, qué datos de entrenamiento utilizaron, cómo se han comprado o si fue algo que está desarrollando la propia administración pública”, dice la jurista Anabel K. Arias, portavoz de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Sin embargo, solo dos comunidades autónomas, País Vasco y Generalitat Valenciana, cuentan con un registro público de algoritmos, incluyendo los que se aplican en salud. En opinión de Arias, la transparencia algorítmica “es relevante para poder hacer un control sobre lo que se está implementando en general en España y en la sanidad pública”.
Entre 2024 y 2025, Civio ha realizado, a través de la Ley de Transparencia, una veintena de solicitudes de acceso a la información pública a las consejerías autonómicas con competencias en sanidad o digitalización y al Ministerio de Sanidad. Dada la situación cambiante de la IA, intentamos además actualizar la información directamente con los gabinetes de prensa de cada departamento. Nuestra investigación arroja una situación tremendamente desigual: mientras la Comunidad de Madrid se acerca al centenar de proyectos basados en IA, con cada hospital actuando por cuenta propia; otras regiones, como Asturias, Galicia o la Comunidad Valenciana, han integrado un menor número de aplicaciones, en su mayoría centradas en el diagnóstico. Cataluña, por su parte, solo ha dado información parcial, amparándose en el secreto empresarial y en la protección de la propiedad intelectual e industrial.
“Si al final hay determinados hospitales o comunidades autónomas que están acelerando la incorporación de sistemas de IA en sus hospitales o servicios públicos y otros no, puede llegar a verse desde un punto de vista de la brecha digital: que algunas personas puedan tener un servicio de salud y otras, otro tipo completamente diferente”, apunta la jurista Anabel K. Arias. Aunque la IA se está integrando a velocidades distintas, parece evidente que su implementación se está acelerando a marchas forzadas. Por ejemplo, a mediados de 2024, Asturias o Castilla y León negaron contar con algoritmos, pero, unos meses más tarde, la situación era diferente pues introdujeron varios sistemas. “Es el problema del FOMO (fear of missing out), el miedo a quedarnos fuera: si no usas nada de IA, estás fuera de este mundo. Si usas algo, probablemente aparezcas en las noticias”, dice López Rueda.
En el Ministerio de Sanidad, la realidad también es bastante diferente. Dentro de este departamento, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha desarrollado varios sistemas basados en procesamiento de lenguaje natural, incluido el fallido MeqA, que daba respuestas erróneas sobre medicamentos, mientras que el trabajo en la Dirección General de Salud Digital y Sistemas de Información para el SNS se ha centrado en dos aplicaciones, una para predecir “la expansión de enfermedades transmisibles” y otra para resolver dudas a quienes se presentan a las pruebas como el MIR.
También dentro del Ministerio, el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) ha incorporado, por ejemplo, tecnología de reconocimiento facial con IA para fichar a pacientes de Ceuta y Melilla. En cambio, la Organización Nacional de Transplantes no ha contratado ni desarrollado por el momento sistemas basados en inteligencia artificial, a diferencia de lo ocurrido en Reino Unido. Allí, la implementación de un algoritmo conllevó discriminación hacia pacientes jóvenes en las listas de espera para recibir un órgano.
IA sanitaria: un auge sin suficientes garantías
El mapeo de Civio no permite saber en qué especialidades está más avanzada la inteligencia artificial, porque no todas las comunidades dan el mismo nivel ni detalle en la información. Pero donde sí hay datos se observa un patrón claro: muchas aplicaciones se incorporan para analizar imágenes médicas (por ejemplo, en radiología, dermatología, anatomía patológica), como también sucede en países como Estados Unidos. “El análisis de un píxel, que es la unidad básica de la imagen, es muchísimo más sencillo que el análisis del dato, de palabras, de texto. El análisis de texto escrito es muchísimo más complejo, por eso va mucho más retrasado”, explica la oncóloga Ribelles Entrena.
Otros sistemas que se están integrando con rapidez son los que permiten gestionar de forma automatizada la información clínica, por ejemplo, para transcribir automáticamente la conversación entre profesionales y pacientes o para asignar códigos a los diagnósticos en urgencias. “Uno de los principales avances que esperamos es toda la tecnología de IA que tiene que ver con el lenguaje natural, ya que disminuir la ingente burocracia que asumimos en las consultas y que consume la mayor parte del tiempo de que disponemos permitiría poder centrarnos de manera más directa en lo que espera de nosotros el paciente: que le miremos a los ojos en vez de estar tecleando y mirando a la pantalla”, dice Rosa Taberner Ferrer, dermatóloga en el Hospital Son Llàtzer de Mallorca. Y añade: “Es lo que de verdad dará un giro de 180º a nuestras consultas”.
“Estamos en unas etapas muy iniciales de lo que puede ser la IA en oncología o en cualquier otra especialidad, quitando anatomía patológica, radiología o dermatología, donde está más desarrollada”, asegura Ribelles Entrena. No obstante, incluso donde hay más avances, la limitada digitalización del sistema sanitario dificulta la implementación del software y su integración en los flujos habituales de trabajo. Por ejemplo, en radiología se utiliza el llamado sistema de almacenamiento de imágenes médicas (PACS, por sus siglas en inglés) y cualquier desarrollo de IA debe adaptarse a la plataforma concreta que se aplique. “La única comunidad que tiene un PACS es Andalucía; aquí en Cataluña no tenemos un PACS único. Por tanto, si quiero implementar un software de imagen médica, necesito implementarlo y adaptarlo a seis, siete u ocho PACS diferentes. Y cada PACS tiene su intríngulis”, explica López Rueda.
Los especialistas consultados por Civio también advierten de la necesidad de mantener una postura crítica. Los sistemas de IA sanitaria suelen clasificarse en función de su finalidad y riesgo dentro de la clase IIa del reglamento europeo sobre productos sanitarios —salvo excepciones que puedan suponer mayores riesgos para los pacientes—. Por ello, deben contar con el marcado CE para poder ser comercializados, lo que a su vez exige realizar investigaciones clínicas al respecto. No obstante, muchos de estos software no se han probado en las condiciones necesarias, es decir, no han llegado a demostrar que brinden resultados superiores y mejores a lo que se utiliza en la actualidad.
“Tenemos que ser reticentes a la hora de implementar esto en la práctica asistencial. Deberíamos exigir: uno, estudios aleatorizados que demuestren que la lectura de la máquina es superior a la del especialista y dos, que este tipo de implementaciones son costo-eficaces”, señala López Rueda. Sin embargo, la situación actual dista de ser idónea. En palabras de Josep Malvehy Guilera, director de la Unidad de Cáncer cutáneo del Hospital Clínic de Barcelona: “Hay desconocimiento por parte de los profesionales, los usuarios que van a utilizar esto. Tengo la impresión que también por parte de los responsables de la compra de estos productos, porque si no exigirían algo más”. De hecho, tanto fuera como dentro de España, la mayoría de algoritmos no se han evaluado en estudios rigurosos (de carácter prospectivo o en ensayos clínicos aleatorizados), lo que implica que faltan validaciones externas e independientes. “Hay que exigir un poco más de seriedad. Si hiciéramos lo mismo con un antibiótico, nos meterían en la cárcel”, zanja Malvehy Guilera.
Este artículo ha sido publicado originalmente en CIVIO.
ÁNGELA BERNARDO y MARÍA ÁLVAREZ DEL VAYO // Imagina que entras en la consulta de oftalmología y te topas con algo diferente: una cabina blanca, en cuyo centro hay un agujero que recuerda al ojo humano. Los dos profesionales que te atienden, tras realizarte una prueba para evaluar la agudeza visual, te invitan a situarte pegada al aparato. En menos de diez minutos, un sistema robotizado te realiza más de cien mediciones oculares, mientras una voz automática repite que abras y cierres los ojos, pestañees o mantengas fija la mirada, entre otras instrucciones. Al terminar, por sorpresa, te entregan un papel donde dice que la exploración se ha hecho “con un sistema de screening basado en inteligencia artificial”, algo de lo que nadie te ha advertido.
Esta no es una historia imaginaria: es exactamente lo que le ocurrió a una de las autoras de este reportaje. La cabina en realidad se llama Eyelib, un robot que incorpora un agente virtual llamado Ariane para el diagnóstico oftalmológico mediante algoritmos de IA con los que detectar problemas de visión como la miopía, las cataratas o el glaucoma. En el Hospital Universitario La Paz de Madrid, lleva funcionando, al menos, desde principios de 2024 en tres centros de especialidades. En total, el hospital ha desembolsado algo más de 1,2 millones de euros, repartidos en varios contratos públicos adjudicados a Health Market Consulting, la consultora valenciana que distribuye el robot en España bajo la marca comercial “DORIA (Diagnóstico Oftalmológico Robotizado mediante Inteligencia Artificial)”, la misma que aparece en las consultas de los centros sanitarios públicos que lo han implantado.
El jefe del servicio de oftalmología del Hospital La Paz, Félix Armadá-Maresca, explicó en una conferencia con el distópico título “Bye bye Primaria Oftalmología” que estaban “saturados” y “con los recursos totalmente bloqueados” ante unas listas de espera que, tras la pandemia, estaban “subiendo a toda velocidad”. Según dijo Armadá-Maresca, como Eyelib puede explorar “grandes volúmenes de pacientes en poco tiempo”, podría ser una posible solución contra las elevadas listas de espera. Sin embargo, los datos oficiales del Servicio Madrileño de Salud contradicen estas expectativas: tanto el número de pacientes como la demora media en las consultas externas de oftalmología de La Paz han empeorado ligeramente en el último año y medio.
Foto: Hospital Universitario La Paz
Menos optimista sobre el uso del robot con IA es Francisco José Muñoz Negrete, jefe del servicio de oftalmología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares. En una jornada organizada por la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME), reconoció que la cabina de diagnóstico inteligente hacía una “exploración oftalmológica exhaustiva y completa”, pero que “globalmente es menos eficiente” que un oftalmólogo pues veía a un menor número de pacientes. Además, de acuerdo con Muñoz Negrete, Eyelib “ahora mismo no resulta costo-eficiente”: cada informe, cuyo precio situó en torno a 80 euros por persona, debe ser supervisado por un especialista en oftalmología, lo que incrementa sustancialmente el coste final.
Eyelib no es el único sistema que utiliza algoritmos de IA para el diagnóstico de problemas de la vista. En Navarra, por ejemplo, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Navarra han desarrollado, desde lo público, dos aplicaciones para tratar la pérdida de visión asociada a la edad (NaIA-DMAE) y para detectar alteraciones en la retina (NaIA-Retinopatía diabética). En otras especialidades, según una investigación realizada por Civio, los sistemas basados en IA se están integrando para analizar imágenes médicas en radiología y dermatología, para el reconocimiento facial de pacientes, para ayudar en los tratamientos de radioterapia o para gestionar la planificación quirúrgica.
Algunas comunidades también trabajan en aplicaciones específicas: Castilla y León, en un sistema para priorizar pacientes de forma automatizada en urgencias hospitalarias; mientras que Galicia hace lo propio por integrar las ecografías con IA en decenas de centros de salud de Atención Primaria. Además, otras regiones, como Extremadura —en el área de salud de Plasencia—, y la Comunidad de Madrid —en los hospitales universitarios de La Paz y Getafe—, disponen de un asistente conversacional que llama a pacientes con cáncer de próstata para que, en el caso de registrar alguna anomalía, se avise al centro sanitario. Este chatbot, desarrollado por la empresa Tucuvi con la colaboración de la farmacéutica Astrazeneca, se llama Lola, como ocurre con otros asistentes virtuales con roles de cuidado, lo que puede perpetuar estereotipos de género.
Luces y sombras de los algoritmos en medicina
“La inteligencia artificial ha venido para solucionar no solo lo gordo que es el diagnóstico, sino para ayudarnos en el día a día una barbaridad”, dice Julián Conejo-Mir, catedrático y jefe de servicio de dermatología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Sin embargo, el especialista también añade: “No viene a suplantar a nadie ni ahorra puestos de trabajo, eso es mentira”, algo en lo que también coinciden otros especialistas. Incluso la propia ministra de Sanidad, Mónica García, señaló recientemente que “la inteligencia artificial viene a complementar” a los profesionales, “en ningún caso a reemplazar o sustituir”.
Ignasi Barber Martínez de la Torre, portavoz de la Sociedad Española de Radiología Pediátrica (SERPE) y jefe de servicio de radiología pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu, destaca su utilidad, por ejemplo, en la realización de resonancias magnéticas, donde los pacientes deben estar totalmente quietos: “Si el software de inteligencia artificial permite acelerar la adquisición de imágenes y reducir el tiempo de la prueba, el beneficio puede ser tan importante como no anestesiar a un niño”.
Para la jurista Anabel K. Arias, portavoz de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), el uso de la IA “puede ser beneficioso en el sentido de que ayude a detectar, por ejemplo, enfermedades de forma temprana o hacer diagnóstico”, aunque “se tiene que tener una perspectiva crítica a la hora de incorporar esta tecnología en un sector tan delicado como la sanidad pública”. Según José Juan Pereyra Rodríguez, jefe de sección de dermatología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, “la máquina no se cansa nunca”, pero advierte sobre la necesidad de ser especialmente cautos en su adopción porque “hay mucho vendehúmos”.
Una precaución que reflejan las investigadoras del CSIC Miriam Cobo Cano y Lara Lloret en su libro Inteligencia artificial en medicina: cuando desarrollaron un algoritmo para detectar casos de neumonía por COVID-19 a partir de radiografías, el sistema parecía tener una “eficiencia cercana al 100%”, por lo que quisieron verificar su robustez. Ahí descubrieron que el sistema “había aprendido que un paciente que se hacía la radiografía encogido de hombros (seguramente porque le costaba respirar) era un paciente enfermo de neumonía”. Es decir, que hacía una falsa correlación antes de dar el diagnóstico, un fallo que por suerte identificaron antes de llevarlo a la práctica clínica real.
No todos los errores se detectan a tiempo. MeqA, un asistente online que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) abrió al público en mayo para que la ciudadanía pudiera consultar sobre fármacos, ilustra los riesgos de implementar sistemas sin suficiente supervisión. Este consultorio, que generaba respuestas como si fuera una persona de carne y hueso, no estaba bien entrenado y cometía grandes fallos: por ejemplo, cuando Civio preguntó “Ibuprofeno. ¿Cuál es el factorial de 5?”, se ponía a hacer cálculos matemáticos. Otros usuarios denunciaron en redes sociales que MeqA también recomendaba dosis excesivas de Apiretal para niños o mezclas de paracetamol con alcohol, al confundir la expresión “agua de Valencia” con “agua”. Ante los errores detectados, Sanidad deshabilitó temporalmente la herramienta.
Sermas GPT es otro ejemplo: este sistema de IA generativa, que se desplegó para ayudar al diagnóstico de enfermedades raras en Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, también comete fallos. Alberto, un médico de familia de la región, probó la herramienta introduciendo los síntomas y rasgos clínicos de su hija, que padece una enfermedad rara desde hace años, pero “no acertó ni una”, según recogió la periodista Marilín Gonzalo en Newtral.
Las preocupaciones que suscita la IA
El caso de Eyelib en La Paz ilustra además un problema más profundo relacionado con la externalización de la atención sanitaria. Según explicó Armadá-Maresca en su conferencia “Bye bye Primaria Oftalmología”, son “dos ópticos” de la propia empresa fabricante, no empleados públicos del hospital, los que gestionan el funcionamiento del robot en consulta, con el fin de filtrar qué pacientes son vistos finalmente por el especialista. Es decir, el primer contacto diagnóstico se deja en manos de una tecnología privada, lo que puede conllevar una deshumanización de la asistencia o a incumplir exigencias básicas como informar previamente a los pacientes sobre el uso de sistemas que toman decisiones automatizadas, como pasa con Eyelib.
Estos no son los únicos riesgos. “Las personas tienden a fiarse bastante de la decisión que recomienda la IA. Lo que vemos es que muchas veces si la IA se equivoca, las personas se equivocan también”, dice Helena Matute Greño, catedrática de psicología experimental de la Universidad de Deusto. Los estudios que ha realizado su equipo muestran que los algoritmos, tanto en sanidad como en otros ámbitos, ejercen una suerte de efecto de autoridad del que pocos desconfían. Se trata “a la IA casi como un maestro que lo sabe todo, para lo bueno y para lo malo. No ponemos en duda lo que nos está comentando la máquina”, explica.
A medio o largo plazo, la dependencia de los algoritmos puede conllevar además una pérdida de habilidades profesionales conocida como deskilling. Nuria Ribelles Entrena, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y oncóloga del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, muestra así su preocupación: “Lo que más miedo me da, lo que más respeto me da, es que lleguemos a depender en cierta medida de la IA. Y que eso pueda disminuir nuestra capacidad de razonamiento clínico, la capacidad para hacer todo el proceso diagnóstico de un paciente, que eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer y lo que mejor sabemos hacer con la experiencia”.
¿Y si fallan los algoritmos?
Antonio López Rueda, portavoz de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) y radiólogo del Hospital Universitario de Bellvitge, también se muestra crítico: “Nos gustaría que estos algoritmos suplieran o complementaran la inexperiencia en algunas cosas. Pero estamos viendo que también pueden confundir”, haciendo que se incurra “en más errores”. En sus experimentos, precisamente, el grupo de Matute Greño descubrió que, incluso cuando los participantes dejaban de usar la IA, seguían cometiendo los mismos fallos, como si heredasen sus errores de forma permanente.
“Si el algoritmo se equivoca, ¿de quién es la culpa?”, se pregunta el dermatólogo José Juan Pereyra Rodríguez. Aunque el reglamento europeo establece que los sistemas de IA de alto riesgo deben ser supervisados por un ser humano, en la práctica la responsabilidad suscita dudas a los especialistas que deben vigilar su integración. La pregunta cobra especial relevancia con la rápida expansión de estos sistemas en los servicios sanitarios.
En Reino Unido, por ejemplo, los profesionales médicos del Sistema Nacional de Salud serán personalmente responsables si los programas de transcripción automatizada fallan. Sistemas similares de reconocimiento de lenguaje natural, capaces de escribir informes a partir de las conversaciones entre profesionales y pacientes o a partir de dictados médicos, se están poniendo en marcha en varios hospitales madrileños y en centros sanitarios de Castilla y León, según ha podido saber Civio.
“El software de IA, ya sea de imagen médica u otro, no puede funcionar sin la supervisión de un humano. Ninguno puede emitir un diagnóstico o un una decisión sin que haya un humano, en este caso un profesional sanitario, que ponga su firma y rubrique lo que dice la máquina”, explica López Rueda. En el caso de Eyelib, por ejemplo, el robot hace un informe que posteriormente valida un especialista en oftalmología del Hospital Universitario La Paz, como ocurre en la mayoría de casos —esto es, el sistema de IA toma una decisión que luego ha de ser o no refrendada por una persona de carne y hueso—.
Pero ahí está la raíz principal del problema: según los experimentos de Matute Greño, el ser humano parece ser más crítico cuando interviene antes de que el sistema decida, no después de validar su decisión. “¿Te vas a atrever a llevarle la contraria? ¿Te vas a atrever a cargar con la responsabilidad?”, se pregunta la catedrática de la Universidad de Deusto sobre la presión que pueden llegar a sentir los especialistas. De acuerdo con López Rueda, hay un optimismo “peligroso” por el exceso de confianza que existe en lo que digan los sistemas de IA y por el “impacto” que pueden tener sobre la salud. Sin embargo, las fuentes consultadas por Civio creen que los sistemas seguirán decidiendo primero y los profesionales validando después, porque la integración de la IA busca principalmente reducir tiempo y costes.
Si un algoritmo fallase y el error provocara un daño a un paciente, la responsabilidad dependería de cada caso concreto —por ejemplo, si es por un defecto del producto, por un mal funcionamiento debido a una negligencia o a otras causas— y podría permitir a la persona afectada reclamar una indemnización. Sin embargo, esto es difícil que suceda: de acuerdo con la jurista Anabel K. Arias, portavoz de CECU, “es muy poco probable” que un paciente pueda llegar a identificar, por ejemplo, que un mal diagnóstico fue culpa de la IA, cuando ni siquiera sabe que existen esos sistemas y que se están aplicando en la práctica clínica.
Pese a que la normativa europea sobre protección de datos establece el derecho a no estar sujetos a decisiones automatizadas, Arias pide mayor regulación y rendición de cuentas: “Hay un problema justamente por la falta de transparencia y opacidad con la que se están también integrando este tipo de tecnologías”, zanja.
Civio ha confirmado la incorporación de los algoritmos y sistemas de IA citados en el artículo a través de diversas fuentes:
En la Comunidad de Madrid, la Consejería de Digitalización inicialmente nos respondió en 2024 asegurando que había siete proyectos de IA incorporados en el Servicio Madrileño de Salud, una cifra que tiempo después ascendió a 70, según confirmamos a través de una solicitud de acceso a la información pública en 2025. En el texto solo hacemos mención a algunos de estos sistemas, implantados en varios hospitales de la región.
No obstante, dentro de este listado no estaba incluido el robot Eyelib, del que sí había informado el Hospital Universitario La Paz a través en una nota de prensa. El Gabinete de prensa de este hospital no ha respondido a las preguntas formuladas por Civio en varias ocasiones entre 2024 y 2025.
En la Comunidad Foral de Navarra, el Departamento de Salud respondió en 2024 a una solicitud de acceso a la información pública donde, entre otros sistemas, mencionó que se había solicitado el uso in house de NaIA RD como producto sanitario y que se estaba probando el desarrollo de NaIA DMAE. En 2025, el Gabinete de Prensa confirmó que, en el primer caso, el software de retinopatía diabética se encontraba en “producción”, mientras que el destinado a la degeneración macular estaba en “estudio final de puesta en producción”.
En Castilla y León, la Consejería de Sanidad respondió en 2024 a una solicitud de acceso a la información pública “comunicando la inexistencia de la información pedida” pues en ese momento no había “ninguna implantación de sistemas basados en algoritmos de Inteligencia Artificial sustentada en una licitación oficial con fines asistenciales implantada en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud, ni hay sistemas basados en Inteligencia Artificial desarrollados o contratados por la Junta de Castilla y León para su implementación en el Servicio público de salud de Castilla y León”. Sin embargo, en 2025, el Gabinete de Prensa indicó que había diversos sistemas basados en IA y que en todo caso eran “soluciones comerciales” disponibles en toda la sanidad pública de la región, entre los que se encuentra el citado en el texto.
En Galicia, la Consellería de Sanidad no respondió a la petición de acceso formulada por Civio, por lo que tuvimos que reclamar ante la Comisión da transparencia, que estimó nuestra reclamación, aunque no recibimos respuesta satisfactoria. Con posterioridad, el Gabinete de Prensa del Servizo Galego de Saúde (SERGAS) contestó en 2025 a nuestras preguntas enumerando una serie de algoritmos y sistemas basados en IA actualmente implementados en la sanidad gallega, incluyendo el mencionado en el texto.
En Extremadura, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud (SES) contestó a nuestra solicitud en 2024 indicando la existencia de un único algoritmo, relacionado con la codificación clínica. En 2025, la Consejería de Salud y Servicios Sociales contestó, a través de su gabinete de comunicación, a las preguntas de Civio, comentando la existencia del mencionado Tucuvi, aunque sin hacer referencia al primer sistema que habían citado con anterioridad.
En el caso de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Civio registró una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio de Sanidad, que contestó en 2024 indicando la implementación de varios sistemas basados en inteligencia artificial (en particular, en procesamiento de lenguaje natural), incluyendo el propio MeqA. En 2025, en respuesta a nuestras preguntas, el Gabinete de Prensa del Ministerio de Sanidad confirmó a Civio que no había nuevos sistemas incorporados en el seno de la AEMPS.
Para identificar los contratos públicos adjudicados a Health Market Consulting S.L. (B40646994), hicimos una búsqueda en la Plataforma de Contratos del Sector Público.
La exabogada y periodista ciudadanaZhang Zhan ha sido nuevamente sentenciada a cuatro años de prisión en China, según ha informado Reporteros Sin Fronteras (RSF). Esta condena se suma a la pena anterior, por documentar las fases iniciales del brote de COVID-19 en Wuhan, el epicentro de la pandemia.
Zhang Zhan, de 42 años, fue condenada por el mismo cargo que la llevó a prisión en 2020: «provocar disputas y problemas». Este cargo es comúnmente utilizado por las autoridades chinas para silenciar a disidentes y activistas. Su primera detención se produjo después de meses de publicar vídeos y relatos que mostraban una realidad mucho más cruda que la versión oficial del gobierno, con hospitales abarrotados y calles desiertas.
Después de ser liberada en mayo de 2024, fue detenida nuevamente solo tres meses después. Los nuevos cargos se basan en sus informes sobre violaciones de los derechos humanos y comentarios en sitios web extranjeros. Según su exabogado, Ren Quanniu, estas acusaciones carecen de fundamento.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras condenan enérgicamente la nueva sentencia por cargos falsos, e insta a la comunidad internacional a intensificar la presión sobre Pekín para garantizar su seguridad y exigir su liberación inmediata.
Aleksandra Bielakowska, directora de defensa de RSF en Asia-Pacífico, ha declarado que Zhang debería ser vista como una «heroína de la información» y no sufrir las brutales condiciones carcelarias a las que ha sido sometida, incluyendo la alimentación forzada durante una huelga de hambre.
Beh Lih Yi, director para Asia-Pacífico del CPJ, ha instado a las autoridades chinas a liberar a Zhang de inmediato y retirar todos los cargos, calificando su detención de «arbitraria» y de un «flagrante acto de persecución por su trabajo periodístico».
En mayo, el CPJ instó a las autoridades chinas a liberar a Zhang de inmediato y retirar todos los cargos. 58 organizaciones se han unido para emitir una declaración conjunta exigiendo la liberación inmediata de Zhang y condenando al gobierno chino por esta nueva detención.
En la actualidad China es el país con mayor número de periodistas encarcelados del mundo, con 52 encarcelados al 1 de diciembre de 2024, según la investigación del CPJ.
A pesar de que China aprobó recientemente una ley para permitir que los ciudadanos informen de emergencias de salud pública de manera más directa, el caso de Zhang Zhan demuestra que aquellos que se atreven a cuestionar la narrativa oficial siguen enfrentando duras consecuencias.
¿Qué opinas sobre el caso de Zhang Zhan y la persecución contra periodistas ciudadanos en China? Comparte tu opinión en los comentarios.
(Puedes ver aquí todas las noticias publicadas sobre el tema en PC).
Las cifras de las listas de espera, de los recortes al fin y al cabo, en la Sanidad Pública son inquietantes y cada vez suben más. Más de 3 millones de personas esperan una primera consulta con su especialista, mientras la sanidad privada y su lucrativo negocio van viento en popa. Aprovechando un vídeo del […]
