Por Alberto Fraguas Herrero. Ecólogo, coordinador de Ecología Política de ATTAC y de la Alianza Más Allá del Crecimiento. Publicado originalmente para Efeverde.
I. CONTEXTO
Nos encontramos en una crítica encrucijada con una intrincada red de desafíos interconectados (ecológico, sanitario, alimentario, etc…), todos ellos multiplicados por la creciente amenaza del cambio climático, una situación de inestabilidad global que genera inseguridad y que exigiría una profunda reevaluación de los vigentes modelos de pensamiento y acción, de los principios y paradigmas que rigen al menos en el Norte Global.
Las actuales estructuras geopolíticas, ancladas en la competencia interestatal por el poder y el control de los recursos, todas ellas basadas en un imaginario de crecimiento económico permanente, demuestran una alarmante incapacidad para abordar estas crisis sistémicas. En este sentido, cabría preguntarse si todas estas crisis están provocando otra global relativa a la legitimidad de un sistema patriarcal, productivista y capitalista, que como el actual no cuida a la gente ni al planeta.
En este contexto emerge la necesidad imperante de un nuevo enfoque, de una nueva perspectiva ecosocial que integre la Economía y el bienestar social en la Ecología como pilares fundamentales de estabilidad.
Porque la salud del planeta y el bienestar de la humanidad no son objetivos contrapuestos sino intrínsecamente interdependientes. Ignorar los límites ecológicos del planeta incrementa las brechas de desigualdad existentes, socavando la seguridad global.
II. BASES PARA UN NUEVO MODELO ECOSOCIAL
La transición hacia un nuevo modelo ecosocial basado en la equidad, la armonía ecológica y la cooperación no es opcional: debe darse si queremos un futuro más seguro y justo para todos y todas, aunque esto entre en colisión con las estructuras oligárquicas del sistema dominante.
El actual momento exige un nuevo marco cultural, civilizatorio, de relaciones entre sociedad y naturaleza en el cual deben deconstruirse mitos como el de la competencia, la producción y el del relato de permanente crecimiento como paradigmas sociales, un relato donde se entiende que lo civilizado es ir contra la naturaleza, la cual se concibe erróneamente que está a nuestro servicio, justificando así el extractivismo y los colonialismos, señas de identidad del capitalismo.
Pero la tozuda realidad, avalada por la Ciencia desde hace ya más de 50 años¹, cuestiona estos prejuicios demostrando que ese relato de permanente crecimiento choca con la realidad del carácter finito de los recursos, un choque que no ha sido resuelto con la eficacia exigida a pesar de las insuficientes (y fallidas) políticas de crecimiento verde, desarrollo sostenible y hoy transición ecológica, que se han planteado bajo la misma escala de valores que los problemas que pretenden solucionar. Esta insuficiencia se demuestra si nos atenemos a que actualmente estamos ante los peores indicadores ecosociales de la historia².
El necesario cambio implica retos de gran trascendencia y empieza por atender a un nuevo equilibrio de objetivos a corto y largo plazo para ir avanzando en una ecointegración donde se prime el valor de uso sobre el de cambio, y donde se planifique, mirando al interés común, la reducción de determinados flujos metabólicos de energía y materiales. Un decrecimiento que no puede hacerse sin cambiar las reglas del juego que mueven estos flujos.
Una economía de la suficiencia donde desaprender (olvidar mitos); desmaterializar, desmercantilizar y descentralizar, y que abandone el PIB como métrica principal de supuesta calidad de vida; que planifique la contracción buscando redistribuir, incentivando los servicios públicos y bienes comunes, garantizando así los derechos y las necesidades básicas de la ciudadanía.
¹ Informe Meadows: Los Límites del Crecimiento, 1972 (y también otros documentos estratégicos). ² Según los paneles internacionales IPCC e IPBES, y del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, así como de otros organismos internacionales independientes.
III. ESTRATEGIA
Pero la configuración e implementación de este nuevo modelo global Más Allá del Crecimiento, donde integrar decrecimientos selectivos explicados a la población como herramientas de equilibrio y esperanza, no tiene una única hoja de ruta. Es preciso buscar lugares comunes para confluir donde se rehúyan estériles debates segregadores y se dé prioridad a lo que nos une (la necesidad de cambio radical) sobre los detalles que separan.
Para ello es esencial generalizar este debate, llevarlo a donde no esté y también salir de ciertas endogamias académicas o activistas que dificultan esta generalización; es decir, atender más la justificación de la necesidad del cambio que a los calificativos que podrían definirlo. Solo así podremos hacer políticamente factible lo que es necesario a nivel ecosocial.
Es imprescindible, pues, abrir un proceso en torno a ir más allá del crecimiento como paradigma, si bien un hecho de tal envergadura requiere de otras estrategias de las que hasta ahora hemos aplicado.
El priorizar este proceso exogámico es tender a la unidad desde la diversidad para la creación de nuevas hegemonías en base a esos denominadores comunes que nos unen y tendiendo al posicionamiento público desde la extensión a toda la sociedad civil dispuesta a hacer autocríticas, que también son críticas.
Y esto es también lo que pretendemos en la recientemente creada Alianza Más Allá del Crecimiento³, una plataforma de organizaciones sociales de distintas naturalezas (economistas, ecologistas, jóvenes científicos, sindicatos, de cooperación, etc.), en la creencia firme de que la configuración de dinámicas postcrecentistas debe alimentar posicionamientos políticos con identidad propia, que superen los fallidos planteamientos del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva reaccionaria que tiende a un control oligárquico, con tintes ecofascistas, de los recursos naturales.
Pero es preciso extender el debate de los límites del crecimiento. Para ello se está urdiendo un gran movimiento de pensamiento y acción que confluirá en 2026 en un gran Foro Social, donde centenares de organizaciones de la sociedad civil plantearán alternativas que ya están sobre la mesa. Este foro, que tendrá lugar en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, será la antesala de otros muchos donde se generalice el debate crítico y se avance en los caminos comunes hacia la esperanza activa por el cambio.
Nunca olvidemos a la utopía como porvenir que se esfuerza en nacer y no el pasado que se obstina en seguir. (Víctor Hugo)
Alberto Fraguas Herrero es ecólogo, coordinador de Ecología Política de ATTAC y de la Alianza Más Allá del Crecimiento.
1 Informe Meadows: Los Límites del Crecimiento 1972 (y también otros documentos estratégicos).
2 Según los Paneles Internaciones IPCC y IPBES, y del Instituto de resiliencia de Estocolmo, así como de otros organismos internacionales independientes.
3 Actualmente la Alianza está integrada por las siguientes organizaciones sociales: ATTAC, ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD/ACTION AID, ASOCIACIÓN “MAREAS BLANCAS”, CCOO, CECU, INSTITUTO DE DERECHOS HUNANOS, DEMOCRACIA Y CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA (DEMOS PAZ), ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS, FUNDACION RENOVABLES, ECONOMISTAS SIN FRONTERAS, ECOOO, FORO TRANSICIONES, FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA, GREENPEACE, REBELIÓN CIENTÍFICA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA, UGT, FUNDACIÓN CONAMA, EUREKA. RED POR LA RENTA BÁSICA INCONDICIONAL, PLATAFORMA CONTRA LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, FUNDACIÓN TRANSICIÓN VERDE, ASOCIACIÓN COOPERATIVA “GARBANCITA ECOLÓGICA”, FUNDACIÓN “ESPACIO PÚBLICO”, PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO, FUNDACIÓN SAVIA, OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD, CONSEJO DE LA JUVENTUD, ASOCIACIÓN AMARME, FUTURO ALTERNATIVO.Alberto Fraguas. El actual momento exige un nuevo marco cultural, civilizatorio, de relaciones entre sociedad y naturaleza en el cual deben deconstruirse mitos como el de la competencia, la producción y el del relato de permanente crecimiento como paradigmas sociales, un relato donde se entiende que lo civilizado es ir contra la naturaleza, la cual se concibe erróneamente que está a nuestro servicio, justificando así el extractivismo y los colonialismos, señas de identidad del capitalismo.
En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México.
Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz.
Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.
Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.
El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.
En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima.
Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios.
¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales.
Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.
Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente.
Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.
Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.
Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.
Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.
Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.
Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.
Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.
Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico.
Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.
¡Por una economía social y solidaria!
¡No más acuerdos de comercio e inversiones!
¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!
¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!
Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).
Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se convierte en el escenario de una performance donde una pirámide de barriles derrama productos tóxicos sobre líderes políticos
Con esta acción, Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria y Sindicato Labrego Galego denuncian que el acuerdo comercial alimentará el colapso climático, el comercio de sustancias tóxicas y la injusticia social
Las organizaciones convocantes coinciden en sus demandas con la Confederación General de Cooperativas Agrarias
El apoyo del Gobierno español al acuerdo comercial contradice sus compromisos frente al cambio climático y los derechos humanos
Madrid (España), 18 de noviembre de 2025 – El Toxic Trade Tour, una protesta itinerante por diversas ciudades europeas contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, ha hecho hoy escala en Madrid. Desde finales del pasado mes de octubre y hasta finales de noviembre, una coalición de organizaciones sociales y ambientales europeas coordinadas por la European Trade Justice Coalition, de la que forma parte la Coordinadora Europea de La Vía Campesina, Ecologistas en Acción o Greenpeace, están llevando a cabo esta protesta por diversos países de la UE para denunciar este acuerdo entre la Unión Europea y los países del bloque del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
La protesta se ha celebrado en vísperas de que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, previsto para el próximo 24 de noviembre, se reúna para tomar una decisión sobre el acuerdo. La firma formal podría tener lugar el 5 de diciembre en la cumbre del Mercosur en Brasil y se espera que la votación del Parlamento Europeo se celebre poco después.
“Este tratado comercial establece una relación tóxica entre la UE y los países del Mercosur, al perpetuar un modelo de relaciones internacionales de corte extractivista y neocolonial, consolidando una forma de globalización que destruye la naturaleza, pone en riesgo la salud y amenaza la pervivencia de culturas y economías locales a ambos lados del Atlántico. Por eso reclamamos al PSOE que no apoye la firma de este acuerdo y sea coherente con sus propias promesas electorales en esta materia”, han afirmado las organizaciones convocantes.
Dentro del Toxic Trade Tour, las organizaciones convocantes en el Estado español —Attac, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria— (2) han realizado una performance en Madrid frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para señalar el apoyo del Gobierno español a la firma de este tratado. Durante la acción, han colocado una pirámide de barriles tóxicos ante el Ministerio, mientras que activistas con disfraces de responsables políticos (del presidente español Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen y el ministro de Agricultura español Luis Planas) han sido interpelados por el público sobre los riesgos que entraña este acuerdo comercial para el clima, la salud y la justicia social. Ante las respuestas esquivas o no creíbles de los políticos, estos han recibido una reprimenda en forma de ducha de productos tóxicos (3). Acto seguido, se ha leído un manifiesto (4) recordando la gran cantidad de colectivos de la sociedad civil y de lo sectores agrícolas afectados que se oponen a este acuerdo (5).
La semana pasada, la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COPA-COPEGA) rechazó la firma de este acuerdo comercial denunciado los perjuicios sobre algunas producciones de los países de la UE (maíz, azúcar, carne de vacuno) y señalando también la incoherencia que supone que la UE permita la exportación de agrotóxicos prohibidos en la UE al tiempo que quiere permitir la entrada de materias primas y productos agrícolas con presencia de esas mismas sustancias tóxicas no autorizadas.
Un acuerdo comercial que traerá más emisiones y más pesticidas peligrosos
Según las organizaciones convocantes, “mientras en la COP30 en Belém se está hablando de la necesidad de una mayor ambición a la hora reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los que negocian este acuerdo comercial caminan en la dirección contraria, incentivando un mayor flujo de productos y materias primas entre continentes, algunas de las cuales (como la soja o la carne de vacuno) están detrás de procesos de deforestación y gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores será imposible limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y evitar los peores efectos”.
Entre los graves problemas que lleva aparejado este acuerdo comercial, los movimientos sociales recuerdan que la Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad (EIS), realizada a finales de 2020 por encargo de la Comisión Europea, calculó que este tratado comercial provocaría un aumento global de metano y óxido nitroso, así como un aumento de las emisiones de CO2 en la UE, Brasil y Argentina y un “aumento moderado general” de las emisiones de GEI en otros países del Mercosur.
Aunque el propio estudio señalaba que las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación representan el 55 % de las emisiones de CO2 de Brasil y el 70 % de las de Paraguay, la consultora redactora de la evaluación admitió que estas proyecciones excluyen cualquier cálculo de las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación.
«La evaluación del impacto social y ambiental de este acuerdo comercial ha sido un mero trámite. La política comercial de la UE no se puede construir escondiendo debajo de la alfombra la deforestación, producida por materias primas como la soja, la caña de azúcar o la producción de carne de vacuno, amén de modernas formas de trabajo esclavo, invasión de tierras indígenas y la vulneración de los derechos humanos”, han declarado las organizaciones.
Asimismo, en la declaración leída durante el acto, las entidades convocantes han recordado que una investigación de Greenpeace Alemania (5) encontró residuos de varios pesticidas en limas producidas en Brasil y vendidas dentro del mercado de la UE, a través del análisis en laboratorio de más de 50 muestras de limas compradas en supermercados y mercados mayoristas en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia.
Los pesticidas, entre ellos el herbicida glifosato y los insecticidas imidacloprid y cipermetrina, son fabricados en la UE y vendidos por empresas europeas en Brasil, uno de los principales países consumidores de plaguicidas del mundo. Más de la mitad de los pesticidas encontrados son considerados altamente peligrosos porque suponen un grave riesgo para la salud humana, los animales o el medio ambiente. El acuerdo UE-Mercosur propuesto eliminaría los aranceles sobre las exportaciones de plaguicidas de la UE a los países del Mercosur y reduciría el control en los alimentos importados, lo que significa que tanto el uso de pesticidas como sus efectos adversos aumentarían exponencialmente.
“Todo lo que rodea el acuerdo UE-Mercosur es tóxico. Primero, los gigantes de la industria química de la UE ya producen y exportan a Brasil sustancias tóxicas, algunas de las cuales ni siquiera están aprobadas para su uso dentro de la UE; y luego, la UE las reimporta en forma de residuos en los alimentos. Este acuerdo impulsará el comercio de pesticidas y potenciará este ciclo tóxico”, han concluído las entidades convocantes.
La presente noticia de ESG Today sobre la reducción en el Parlamento Europeo de las leyes a favor de la diligencia debida, protección ambiental y otras se comprende mejor con la lectura del otro artículo que publicamos hoy: Total Energies y Siemens instan a la UE a abolir la ley climática. La industria impone su voluntad sobre la ciudadanía europea y su bienestar.
Los legisladores del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre una propuesta de posición negociadora parlamentaria sobre la iniciativa Omnibus I de la Comisión Europea, que supondría reducciones más significativas en las normas de la UE sobre información, sobre sostenibilidad y sobre diligencia debida que las propuestas por la Comisión.
El acuerdo supondría recortes especialmente significativos en el número de empresas cubiertas por la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD), excluyendo a todas las empresas, salvo las más grandes, del ámbito de aplicación de la normativa que exige a las empresas abordar sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en todas sus cadenas de valor.
Entre los cambios más significativos propuestos por la iniciativa de la Comisión se encontraba un aumento drástico del ámbito de aplicación de la CSRD, que eliminaba aproximadamente al 80 % de las empresas al ampliar el reglamento para que solo cubriera a las empresas con más de 1000 empleados, frente al umbral actual de 250 empleados, al tiempo que se mantenía el umbral de 1000 empleados de la CSDDD, pero se modificaba la diligencia debida y se exigía una diligencia debida completa principalmente a nivel de los socios comerciales directos, e introduciendo límites a la cantidad de información que se puede solicitar a las empresas más pequeñas de la cadena de suministro en virtud de la normativa.
Los legisladores se han mostrado muy divididos sobre la postura que debe adoptar el Parlamento de cara a las negociaciones sobre el resultado final del paquete ómnibus, con los partidos de izquierda presionando para que se reduzcan los recortes a la normativa, los partidos de extrema derecha buscando eliminar por completo la CSRD y la CSDDD, y el ponente del Omnibus, Jörgen Warborn, del Partido Popular Europeo (PPE), el mayor partido del Parlamento, ha propuesto recientemente elevar los umbrales de la normativa a 3000 empleados.
Tras intensas negociaciones, los partidos de izquierda y de centro se alinearon con un paquete de «compromiso» propuesto la semana pasada por el PPE, que mantendrá el alcance de la CSRD de 1000 empleados, pero añadirá un umbral de ingresos de 450 millones de euros, al tiempo que aumentará drásticamente el umbral de la CSDDD para cubrir solo a las empresas con 5000 empleados y más de 1500 millones de euros de ingresos. La CSDDD también pasará de un enfoque basado en la entidad a un «enfoque basado en el riesgo» en materia de diligencia debida.
El paquete de «compromiso» acordado por los legisladores se alcanzó después de que, según se informa, el PPE amenazara con alinearse con los partidos más a la derecha en un paquete que ampliaría el alcance de la CSRD a 1750 empleados y eliminaría los requisitos de la CSDDD para que las empresas adopten planes de transición climática.
La posición acordada se someterá a votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento a principios de la próxima semana, seguida de una votación plenaria en el Parlamento a finales de este mes para establecer su posición para las negociaciones con el Consejo de la UE. Varios aspectos del acuerdo coinciden con la posición acordada por el Consejo, incluidos los umbrales de la CSRD y la CSDDD, y el enfoque basado en el riesgo para la CSDDD.
La presente noticia de Reuters sobre la reducción en el Parlamento Europeo de las leyes a favor de la diligencia debida, protección ambiental y otras se comprende mejor con la lectura del otro artículo que publicamos hoy: Los legisladores del Parlamento Europeo llegan a un acuerdo sobre recortes más importantes…
La industria ordena e impone su voluntad sobre la ciudadanía europea y su bienestar.
TotalEnergies (TTEF.PA), y Siemens (SIEGn.DE), han pedido a los gobiernos europeos que deroguen una de las leyes emblemáticas de la UE en materia de sostenibilidad empresarial con el fin de impulsar la competitividad del continente, según se desprende de una carta a la que ha tenido acceso Reuters. El director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, y su homólogo de Siemens AG, Roland Busch, escribieron la carta al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Friedrich Merz, en nombre de 46 empresas europeas.
La abolición de las normas sería una «señal clara y simbólica para las empresas europeas e internacionales de que los gobiernos y la Comisión están realmente comprometidos con la restauración de la competitividad en Europa», según la carta fechada el 6 de octubre. Siemens afirmó que mejorar la capacidad de Europa para competir a nivel mundial requería menos «regulación excesiva» en todos los sectores. La propuesta de eliminar las normas de sostenibilidad era un ejemplo de «medidas significativas que se pueden adoptar para reducir la burocracia», añadía. Un portavoz de TotalEnergies afirmó el jueves por la noche que la carta reflejaba las cinco prioridades principales de las 46 empresas para mejorar la competitividad de Europa.
La carta también instaba a la Unión Europea a no seguir adelante con sus planes de recortar los permisos de contaminación gratuitos de las industrias el próximo año y a reformar sus normas de competencia para permitir más fusiones, considerándolas en el contexto del mercado global, en lugar de solo en Europa. La directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial se adoptó el año pasado y exige a las empresas que solucionen los problemas relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente dentro de sus cadenas de suministro, o se enfrentarán a multas del 5 % de su facturación global. Se ha convertido en uno de los aspectos más controvertidos políticamente de la agenda ecológica de Europa, y Bruselas está negociando ahora cambios para simplificar las normas para las empresas europeas, tras la oposición de Alemania y Francia, así como de Estados Unidos y Qatar, y de empresas como Exxon Mobil (XOM.N). Las peticiones de Siemens y Total de eliminar por completo las normas van más allá de los planes que ya están negociando los legisladores y los países de la UE para reducirlas y eximir a más empresas de la ley.
Poner en práctica todo lo que este viernes se ha dicho en la sala Ernest Lluch del Congreso parece, a septiembre de 2025, bastante utópico. Hay que reconocerlo. Las dudas son infinitas. Cómo. De qué manera. Con qué apoyo social y político. Con qué narrativa se convence. Con qué aliados económicos y productivos. Con qué Estados. Con qué correlación de fuerzas. Los interrogantes son muchísimos. Pero no poner nada en práctica de todas las ideas y reflexiones que aquí se han lanzado, seguir metiendo la arena debajo de la alfombra fingiendo que hay soluciones a esta policrisis dentro de este sistema capitalista que necesita más y más crecimiento, es una sentencia de dolor y sufrimiento para la gran mayoría de personas que habitan este planeta.
Porque al salir del Hemiciclo, donde académicos, políticos, sindicalistas, intelectuales y representantes de la sociedad civil debatieron durante diez horas sobre cómo activar de forma colectiva un freno de emergencia al modelo que está llevando al planeta a un colapso ecológico y social, las distintas crisis que esta insaciable forma de producir, consumir y acumular ha generado, seguían ahí, inalterables y sin señales de resolución. Todo lo contrario. La sensación es que el capitalismo ha decidido forzar al máximo la máquina, coqueteo con el fascismo mediante, para sobrevivir y perpetuarse.
Esta semana, el planeta ha estado 1,65 °C por encima de la época preindustrial. Una bestial anomalía que ha dejado de ser una excepción. Lo mismo ha ocurrido en septiembre de 2023 y de 2024, primer año completo que la Tierra cruzó la línea roja de +1,5ºC marcada por el Acuerdo de París.
Esta semana, nos hemos enterado que el mundo producirá en los próximos cinco años el doble de energía fósil del límite exigido para frenar el cambio climático. También que ya hemos sobrepasado siete de los nueve límites que permiten un espacio operativo seguro para la vida. Que Estados Unidos, con el discurso de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU, ha decidido intensificar el drill, baby, drill; que los planes de China para reducir sus emisiones son demasiado débiles para evitar una catástrofe global; y que el pilar de la descarbonización, las renovables, se tambalea. “Las cuentas no salen. Estamos viendo como la rentabilidad de los proyectos ha bajado drásticamente”, admitieron los empresarios del sector en un foro sobre transición energética.
“Se trata de un debate democrático inaplazable”, han afirmado organizaciones sociales como Rebelión Científica, Greenpeace, Research & Degrowth y Ecologistas en Acción, en la declaración final
No son cabos aislados ni sueltos, han insistido la mayoría de los disertantes de la Conferencia ‘Más Allá del Crecimiento’, la primera gran cita institucional en España para hablar sobre poscrecimiento –término hermano de decrecimiento, muy tergiversado y menos atractivo a nivel comunicativo, se ha explicado–, sobre cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta sin depender de la explotación de otras vidas, humanas y no humanas, presentes o futuras, poniendo la vida en el centro. “Se trata de un debate democrático inaplazable”, han aclarado los organizadores en su declaración final, un conjunto de colectivos sociales y civiles, entre ellos Rebelión Científica, Greenpeace, Research & Degrowth y Ecologistas en Acción.
Para este movimiento, el diagnóstico es claro: un modelo social y económico basado en el crecimiento sin fin es totalmente incompatible con el equilibrio ecológico del planeta y su habitabilidad. Este sistema, se agrega, “carece de legitimidad para guiar la transición ecosocial” en un contexto de creciente autoritarismo y deterioro de las instituciones democráticas.
“El dogma del crecimiento económico permite seguir acumulando riqueza y poder en pocas manos a costa de la vida y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como el de Palestina”
La transición energética en marcha, la solución empresarial y política a esta crisis planetaria, esconde bajo el disfraz de la “sostenibilidad” y el “crecimiento verde” la voluntad de “perpetuar lo insostenible”. “El dogma del crecimiento económico permite seguir acumulando riqueza y poder en pocas manos a costa de la vida y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como el de Palestina”, han relacionado Nerea Ramírez Piris, licenciada en Ciencias Ambientales por la UAM, responsable de ecofeminismo de Greenpeace; y Hugo Abad Frías, investigador y activista ecosocial, portavoces del evento.
La conferencia, una continuidad del evento Beyond Growth que tuvo lugar en el Parlamento Europeo en 2023, ha comenzado, justamente, con un emotivo minuto de silencio por las miles de víctimas del genocidio que Israel está consumando en Gaza. En representación del Gobierno, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia y activista social, ha celebrado que en el corazón de la democracia española, el Congreso de los Diputados, se interpele a un capitalismo que, por su lógica de acumulación, está “en guerra con la vida”.
“El capitalismo se ha quitado la máscara y el nuevo orden que plantea no incluye a las mayorías. Por lo tanto, la claridad debe ser rotunda: o planificamos el decrecimiento de manera justa o el capital lo hará de manera violenta y muy injusta”, ha reflexionado. Ha resaltado que la “política es disputa de poder” y que si el capital ha “pateado el tablero para perpetuar privilegios”, quienes desean construir un nuevo paradigma tienen que “romper este tablero” para repartir igualdad.
Cómo construir una agenda política para salir de la policrisis
Dado que los caminos basados únicamente en mejoras tecnológicas son insuficientes al ignorar los límites biofísicos, la “encrucijada” en la que nos encontramos es clara y crucial, han coincidido Jason Hickel, antropólogo económico y escritor; Olivier de Schutter, Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos; Margarita Mediavilla, doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid; y Carmen Madorrán, filósofa y activista ecosocial, integrantes de la primera mesa. O se tira del carro para lograr una transición ecosocial democráticamente planificada –vidas más justas, deseables, igualitarias e inclusivas– o el “abismo de la destrucción” será inevitable.
“Sabemos que el sistema actual no funciona. Necesitamos un cambio de paradigma radical, otra forma de entender el progreso”, ha introducido Eva Saldaña, presidenta de Greenpeace España, moderadora del panel. ¿Por qué el sistema no funciona? Porque el capitalismo no es democrático, ha respondido Hickel, máxima referencia académica del decrecimiento. “El capitalismo no es democrático en la economía, la democracia no puede entrar en la producción, sólo el capital decide y lo hace siempre para maximizar y acumular beneficios”, ha señalado.
El autor del libro “Menos es más” (Capitán Swing, 2023) ha puesto un ejemplo: por más que las energías renovables son más económicas, el capital sigue apostando con fuerza a la rentabilidad de los combustibles fósiles. Por suerte -ha señalado- hay una “narrativa popular” que está emergiendo como respuesta a este sistema que atenta contra la supervivencia misma de la humanidad. “No hay manera de resolver esta policrisis con más crecimiento”, ha sentenciado.
En este contexto, Hickel ha afirmado que el poscrecimiento debe “subordinar la producción a objetivos democráticos”, con una batería de medidas esenciales, como mecanismos de financiación pública y de límites a la inversión de la industria fósil. Schutter, representante de la ONU, ha tomado la posta y ha asegurado que el “enfoque clásico” para reducir la pobreza -crecimiento, impuestos, redistribución- está agotado porque la riqueza sigue concentrada en muy pocas manos y porque los costes de esta tríada son cada vez más altos para la salud, el clima y la naturaleza.
“Esta es una de las grandes grietas del crecimiento verde, que no cuestiona el estilo de vida de los países ricos. Esta alternativa está perdiendo cada vez más credibilidad. Es cierto que el decrecimiento sigue siendo tabú en las altas esferas políticas. Una clave para sumar más adhesiones es cómo garantizar que el decrecimiento del Norte Global no va a ser perjudicial para los países del Sur Global, sino todo lo contrario, que va a ayudar a las regiones más pobres”, ha reflexionado.
“Nos obsesiona este espejo. Pero el PIB es un indicador amoral. Le encanta la contaminación, no le hace asco a las guerras”: Carmen Madorrán, filósofa y activista ecosocial
La filósofa Madorrán ha intentado desenmascarar al PIB y su “atractivo” para medir el desarrollo de las sociedades. “Nos obsesiona este espejo. Pero el PIB es un indicador amoral. Le encanta la contaminación, no le hace asco a las guerras”, ha aclarado. Mediavilla, experta en dinámica de sistemas para modelar transiciones energéticas ecosociales, ha puesto la lupa en el agotamiento de los recursos energéticos y minerales que sustentan el capitalismo, un tema “escondido por la agenda política”, pero clave para entender el mundo y sus crisis.
Su análisis es que, guste o no, la economía basada en el crecimiento se va a acabar. “Estamos entrando en una nueva etapa histórica: la era de la extracción fácil y barata de la energía se está acabando”, ha subrayado. El problema es que su reemplazo, la energía verde, “tiene muchos problemas”, por su intermitencia y por la dificultad para acumularla. “Por eso es importante que se entienda que la transición energética no es un cambio tecnológico, es un profundo cambio en las formas en las que vivimos”, ha aseverado.
Lo políticamente posible
La conferencia ha contado con la participación de cuatro diputados, quienes intentaron bajar al “barro” los preceptos teóricos de la jornada. Mikel Otero, secretario de transición ecológica de EH Bildu, ha coincidido que el reto del sobrepaso ecológico es el tema más importante de esta época, pero ha aclarado que hay un “abismo entre lo ecológicamente necesario y lo políticamente posible”.
“El capitalismo carece de capacidad para resolver esta policrisis. Estamos todos de acuerdo. Pero tenemos un problema con el tiempo. Aunque pensemos en un horizonte poscapitalista, los primeros movimientos los tenemos que hacer con el sistema en vigor. Esto obliga a jerarquizar las medidas para que sean posibles y a moverse en los grises, a embarrarse, a admitir que la soluciones son imperfectas y que hay que combinar la aspiración con medidas insuficientes”, ha reflexionado.
Ha puesto de ejemplo La ley de Movilidad Sostenibles, pronto a votarse. Otero ha reconocido que “está lejos de lo que se necesita”, pero ha contado que cuando se intentó “inyectar ambición, la mayoría parlamentaria se quebró”. ¿Qué hacemos, nos quedamos sin ley o aprobamos algo incompleto?, ha interpelado al auditorio.
Marc Pons (PSOE), Mar González (Verdes Equo/Sumar) y Héctor Escudero (Izquierda Unida) han sido los otros tres representantes políticos que aceptaron la invitación de los organizadores. “El progreso no se mide por el PIB, por mucho de que nos alegramos de que el de España siga creciendo. No podemos luchar contra la crisis climática y ampliar los aeropuertos. Tenemos dos opciones: colapso o supervivencia organizada”, ha apuntado González.
38 medidas para un pacto poscrecimiento
La conferencia se ha cerrado con experiencias de los (pocos) municipios que en España están llevando a la práctica políticas ecosociales y con un diálogo entre academia y sindicalismo, dos patas claves del decrecimiento. Los organizadores han pedido poner en marcha una “agenda común poscrecimiento” que permita abrir el debate a gran escala y de forma democrática dentro del Estado español.
Se han puesto sobre la mesa un total de 38 medidas, distribuidas en 12 ejes (servicios básicos universales; renta básica universal; fin de subsidios a actividades destructivas; decrecimiento del sector turístico; transición agroecológica; impulso de la economía social y solidaria; reforma fiscal justa y verde; democracia deliberativa permanente y vinculante; protección de derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza; cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión; cancelación de deuda y reparación histórica; y decrecimiento digital), para poder crear condiciones “favorables” para consolidar este inédito diálogo político.
Los más de 200 asistentes de la conferencia -los organizadores han recibido más de 800 peticiones de acceso- se han ido a sus casas convencidos de que el decrecimiento “no es un sacrificio, sino una oportunidad”. ¿Qué hay al dejar atrás al capitalismo? Sociedades girando alrededor del cuidado mutuo, la cooperación, la participación y la justicia. Un modelo económico asegurando vidas dignas en un planeta habitable.
Decrecimiento para el bienestar: la urgencia de un nuevo modelo ecosocial
26 de septiembre de 2025
Activar el freno de emergencia
Con esta Conferencia Más Allá del Crecimiento, en el Congreso, activamos colectivamente el freno de emergencia ante un modelo que nos está llevando al colapso ecológico y social. Es una llamada directa a la sociedad y a las instituciones para abrir un debate democrático inaplazable: cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta sin depender de la explotación de otras vidas, humanas y no humanas, presentes o futuras, poniendo la vida en el centro.
Partimos de una situación en la que nuestros modos de vida han sido moldeados por un sistema económico basado en la acumulación sin límites, un sistema capitalista, fósil, patriarcal, colonial y antropocéntrico que no cuida a las personas ni al planeta, que depende de recursos energéticos y minerales limitados, que se apropia de innumerables trabajos de cuidados para sostenerse, y que deja de lado a millones de vidas mientras nos empuja hacia la extinción. Un sistema que carece de legitimidad para guiar la transición ecosocial que necesitamos en un contexto de creciente autoritarismo y deterioro de las instituciones democráticas.
Esta Conferencia da continuidad a la Conferencia Beyond Growth celebrada en el Parlamento Europeo en mayo de 2023, a la que le han seguido hasta el momento conferencias y eventos en Italia, Austria, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Francia, Noruega y Estonia. Todas ellas parten de la asunción que ha guiado desde su nacimiento al movimiento ecosocial y que la comunidad científica, desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, ha constatado: un modelo social y económico basado en el crecimiento sin fin es incompatible con el equilibrio ecológico del planeta y su habitabilidad. Ante esta realidad, es urgente construir una prosperidad socialmente justa más allá del crecimiento, compatible con los límites biofísicos.
El lavado verde y las falsas soluciones
Denunciamos que, en el contexto global y europeo actual, bajo el disfraz de la “sostenibilidad” y el “crecimiento verde” se esconde la voluntad de perpetuar lo insostenible. Se apuesta por una transición energética miope que no plantea un cambio real en los patrones de producción y consumo y se basa exclusivamente en cambios tecnológicos. Se vende la idea de un
desacoplamiento absoluto entre el crecimiento económico y los impactos ecológicos, un desacoplamiento imposible, sobre todo teniendo en cuenta la escala global y ritmo a la que tendría que producirse para evitar el colapso climático, de biodiversidad y de recursos. Se blindan los privilegios de las clases dominantes, ultrarricos y grandes corporaciones, mientras se margina cualquier intento real de transformación. Se tapa el fracaso del sistema capitalista con promesas huecas, mientras el crecimiento del PIB se agita como tótem de una prosperidad que nunca llega para la mayoría ni lo hará para las generaciones futuras. Los resultados de este modelo son evidentes: la crisis ecológica se agrava, la pobreza no ha retrocedido y las desigualdades no han hecho más que crecer, dentro y entre países.
Hoy en día, el dogma del crecimiento económico, permite seguir acumulando riqueza y poder en pocas manos a costa de la vida y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como el de Palestina. El crecimiento económico se ha hecho más difícil en esta última década a medida que se constata que los recursos energéticos disponibles son de menor calidad, los minerales son más escasos y los ecosistemas están más degradados. La carrera por crecer hace que se incrementen todavía más los gastos militares, se precaricen y desmantelen servicios públicos, se refuercen estructuras y violencias patriarcales, se acaparen y destruyan ecosistemas esenciales para la vida, se nieguen derechos básicos como el derecho a la vivienda, el derecho a una alimentación sana o el derecho a migrar, se reprima el derecho a la protesta, se criminalice la disidencia y se ignore la soberanía de los territorios y las comunidades para decidir sobre su presente y futuro, siendo muchos convertidos en zonas de sacrificio dentro y fuera del Estado español.
Por todo ello, ante la inviabilidad e indeseabilidad de más crecimiento proponemos una reducción democrática planificada de la producción y el consumo enfocada en el bienestar social y ecológico en lugar de la acumulación de capital. Un decrecimiento que debe comenzar por los sectores más dañinos y grupos y territorios más privilegiados y ofrecer alternativas de reorganización socioeconómica. Esto no solo conlleva ajustar la economía a los límites planetarios para una sostenibilidad real, sino que también supone cambiar las reglas del juego en favor de una visión de largo plazo, una reorganización democrática de la economía y un cambio cultural que haga posible vivir mejor con menos, rompiendo con las lógicas extractivistas y coloniales del actual modelo económico, que perpetúan modos de vida imperiales.
Hacia un nuevo modelo ecosocial
Dado que los caminos basados únicamente en mejoras tecnológicas son insuficientes al ignorar los límites biofísicos y el cambio cultural necesario, la encrucijada en la que nos encontramos es clara: Transitar a modos de vida más justos, deseables, igualitarios, inclusivos y ecocentrados o seguir acercándonos al abismo de la destrucción y competición militarizada y de creciente desigualdad.
Somos conscientes de que contamos con el saber colectivo acumulado y de que tenemos la capacidad de imaginar y hacer realidad otros mundos posibles. Necesitamos transitar con urgencia a un nuevo modelo ecosocial donde el bienestar no dependa del crecimiento económico y sabemos que esto no es posible dentro del sistema capitalista. Debemos embarcarnos en una transición ecosocial democráticamente planificada basada en la suficiencia de la producción y el consumo, en línea con los informes científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), mejorando las condiciones de habitabilidad presente y futura a la vez que se posibilita la regeneración y equilibrio de los ecosistemas de los que depende la vida en el planeta. Esta transformación debe tener una clara perspectiva ecofeminista como forma de resistencia al sistema patriarcal y ecocida que sostiene este modelo de opresión y explotación, y como motor de alternativas basadas en el cuidado, la equidad, la participación, la justicia socioecológica y una ciencia centrada en los bienes comunes.
Este nuevo modelo ecosocial precisa de una democratización de la economía con mecanismos deliberativos que permitan la participación directa y permanente de la ciudadanía informada por la ciencia y los actores sociales en la toma de decisiones. El decrecimiento ecofeminista no es un sacrificio, sino una oportunidad para reorganizar la sociedad alrededor del cuidado mutuo, la cooperación, la participación y la justicia, asegurando que todas las personas puedan vivir vidas dignas en un planeta habitable, siendo ésta la única forma de atender la brecha global y las responsabilidades históricas y actuales del Norte Global hacia al Sur o Mayoría Global.
Una agenda para un pacto post-crecimiento
Hacemos un llamamiento a lograr un pacto post-crecimiento bajo los principios de justicia global, justicia intergeneracional y cuidado de la vida, reinsertando la economía en su base social y ecológica. Un pacto ecosocial que permita, en primer lugar, responder colectivamente a cuestiones centrales como: ¿Qué actividades económicas es necesario reducir y cuáles ampliar?, ¿Cómo abordamos la transición energética y alimentaria teniendo en cuenta a todos los territorios y comunidades?, ¿Cómo afrontamos los conflictos y oportunidades que nos iremos encontrando en el camino? O ¿Cómo generar más espacios de cooperación para una transición ecosocial y feminista justa? Nos reunimos bajo esta declaración para avanzar en una agenda común post-crecimiento que permita precisamente abrir el debate a gran escala y de forma democrática sobre la transición por delante, a nivel del Estado español y más allá de éste. Para ello, proponemos una serie de medidas que permiten crear condiciones más favorables para este diálogo y para la acción colectiva, desde la situación actual, que constituyen la base y ejes de convergencia desde los cuales profundizar y trabajar en las transformaciones necesarias para poner la vida en el centro, lo cual significa priorizar la satisfacción de las necesidades humanas y ecológicas sobre la acumulación.
Medidas base propuestas
1. Servicios básicos universales con perspectiva público-comunitaria:
• Poner topes a los precios de los alquileres de inmediato y avanzar en la desmercantilización y mejora del parque de vivienda con criterios ecosociales, iniciando planes de rehabilitación para acabar con la pobreza energética, reducir el consumo energético y sacar los combustibles fósiles de nuestros hogares.
• Garantizar el acceso a transporte público asequible y de calidad y movilidad sostenible en áreas urbanas y comarcas rurales, mejorando la calidad, la frecuencia y las interconexiones desde un principio de equidad, en el marco de un proceso de transición hacia una reducción de la movilidad y su descarbonización, que reduzca la movilidad individual motorizada fósil en favor de la movilidad colectiva sostenible y las formas de movilidad activa.
• Favorecer la generación energética distribuida y descentralizada en base a energías renovables (ej. comunidades energéticas solares) en el marco de una transición energética justa, basada en la suficiencia y en la reducción del consumo, en el abandono de los combustibles fósiles y la energía nuclear, y que incorpore criterios de planificación territorial y de justicia global, priorizando el ahorro energético y la eficiencia antes de la generación.
• Asegurar la gobernanza democrática del agua desde un enfoque público-comunitario, que establezca un riguroso control de cauces y acuíferos y dé seguridad en el abastecimiento de agua para consumo humano.
• Impulsar sistemas integrales de cuidados basados en la sostenibilidad de la vida, que integren la dimensión ecológica, fomenten una cultura del cuidado y garanticen equidad y justicia social, de género e interseccional.
• Mejorar y ampliar la cobertura de la salud pública sin depender del mercado, al igual que las instituciones e infraestructuras de cuidado y salud comunitaria dirigidas a promover la salud y a prevenir las enfermedades.
• Asegurar la gratuidad y universalidad de la educación pública en todas sus fases, favoreciendo una educación integral con enfoque ecosocial que incluya la formación de personal docente.
• Poner en marcha los medios necesarios para garantizar universalmente las necesidades en el contexto de reducción y/o restructuración de las múltiples ramas de la economía
con fuertes impactos ecosociales. Una medida que podría favorecer este proceso es una garantía de trabajo ecosocial que permita acceder a un empleo con impactos sociales y ecológicos positivos a todas las personas que lo deseen, favoreciendo una transición justa en los sectores que deben reducirse o transformarse.
• Impulsar marcos regulatorios que incidan en la fase de diseño de cualquier producto para permitir la substitución de componentes y la reparabilidad, aumentando así la durabilidad y eliminando la obsolescencia.
• Activar planes de restauración de la naturaleza que pongan freno a los peores efectos del cambio climático a base de la protección de ecosistemas y la regeneración de los suelos.
• Incrementar la resiliencia frente a la emergencia climática y ambiental con políticas públicas preventivas contra los incendios forestales, las inundaciones y sequías con implicación y recursos disponibles a nivel municipal y territorial.
• Favorecer la co-creación de planes municipales de transición ecosocial como herramientas democráticas y transformadoras con un enfoque público-comunitario.
2. Renta básica universal e incondicional como derecho de garantía de ingresos:
• Poner en marcha una renta básica universal, incondicional, individual y suficiente que garantice la seguridad económica de todas las personas, contribuyendo a las actividades dirigidas al sostenimiento cotidiano de la vida y a la participación social y democrática en la transformación socioecológica.
• La puesta en marcha de esta renta básica se fundamenta en un reparto justo y adecuado de la riqueza social y natural, por lo que su financiación conlleva una redistribución de la riqueza con impuestos progresivos, donde quien más contribuya sea el 1% de la población con mayores ingresos y riqueza, mayores responsables de la crisis ecológica actual, junto a otras medidas de fiscalidad ecosocial.
3. Fin de subvenciones a actividades destructivas y finanzas ecosociales:
• Poner fin inmediato a todas las subvenciones públicas destinadas al sector de los combustibles fósiles y a las industrias de alto impacto ambiental y territorial, como es el caso de la agroindustria, asegurando una transición justa en todos los sectores afectados.
• Una política financiera y monetaria que ajuste los flujos de inversión privados, vía crédito guiado, para alinearlos con objetivos sociales y ecológicos definidos a través de procesos democráticos, anulando la lógica del lucro por lucro.
4. Decrecimiento del sector turístico:
• Llevar a cabo un decrecimiento del sector turístico implica controlar los pisos turísticos, poner límites a las plataformas digitales y a la entrada de visitantes y a los vuelos y cruceros en función de la capacidad de carga de los ecosistemas y el bienestar y dignidad de las poblaciones locales, primando la justicia social y el equilibrio territorial.
5. Transición agroecológica:
• Favorecer el desarrollo de sistemas alimentarios agroecológicos con políticas agrarias y alimentarias que favorezcan la producción ecológica, cuidando la fertilidad del suelo, la biodiversidad, la salud de las personas que trabajan en el campo y a las consumidoras. Esto permite al sector primario romper con la dependencia actual de los insumos fósiles cada día más escasos.
• Incorporar la soberanía alimentaria y biorregional y una perspectiva ecofeminista a la transición agroecológica , apoyando rentas dignas, precios justos, dietas saludables para todas las personas, asumiendo las tareas de cuidados de forma equitativa, y reduciendo el transporte y desperdicio alimentario.
• Priorizar en la compra pública los alimentos ecológicos, de temporada, circuito corto, de empresas de la economía social y solidaria, y favorecer la formación – al personal vinculado – en alimentación saludable y ecológica y desperdicio cero.
• Impulsar un desmantelamiento de la agricultura y ganadería industrializada y contaminante mediante planes territoriales de transición agroecológica justa en los que participe la ciudadanía, que impulsen la producción ecológica y su venta en circuitos cortos, la formación a jóvenes y mujeres agricultoras en manejo agroecológico y el acceso a la tierra a través de bancos de tierra u otras formas de acceso social a la tierra, dando prioridad a residentes en los pueblos para frenar el despoblamiento rural y favorecer el relevo generacional.
6. Impulso de la economía social y solidaria:
• Reforzar la presencia de la economía social y solidaria en sectores esenciales que garantizan necesidades básicas para asegurar que se gestionen bajo principios de cooperación, equidad y sostenibilidad ecológica.
• Impulsar una transición hacia modelos circulares y de decrecimiento, priorizando aquellos sectores esenciales para la vida, y desmantelando dinámicas especulativas en
favor de actividades comerciales, industriales, tecnológicas y financieras que se sostengan en fórmulas de economía social y solidaria: cooperativas de producción agroecológica, de comercio justo y de proximidad, supermercados cooperativos, comunidades energéticas, cooperativas de vivienda en cesión de uso y, las finanzas éticas, que impulsen iniciativas que garanticen justicia social y sostenibilidad ecológica.
• Incorporar cláusulas sociales y ambientales en las contrataciones públicas para dar prioridad a los modelos empresariales de la Economía Social y Solidaria.
• Incorporar en los currículos educativos empresariales el modelo de empresa de Economía Social y Solidaria, basado en la toma de decisiones compartida, diversas y democráticas que impulsen la participación, prestando atención a los procesos y las relaciones, e incorporando en su cultura organizativa la salud emocional y la corresponsabilidad en los cuidados.
7. Reforma fiscal justa y verde:
• Poner en marcha una política de ingresos máximos que permita financiar el conjunto de medidas aquí propuestas, estableciendo un tope a los ingresos en el actual 0,1% con mayores ingresos en el Estado español. Esta política debe integrarse dentro de un nuevo marco fiscal donde quienes más contribuyan sean las empresas más contaminantes y el 1% de la población con mayores ingresos y riqueza.
• Impulsar activamente una fiscalidad justa y verde a nivel estatal, europeo e internacional, con medidas como una agenda tributaria de la riqueza y las rentas del capital, en particular a los “super ricos” y grandes patrimonios y hacer que las grandes corporaciones extractivistas paguen por sus daños al medio ambiente y a las sociedades.
• Tener unos presupuestos públicos que garanticen los servicios básicos, los cuidados a lo largo de toda la vida y la transición ecológica justa.
8. Democracia deliberativa permanente y vinculante:
• Diseñar y poner en marcha mecanismos de democracia deliberativa y directa de carácter vinculante que permitan una planificación ecosocial a largo plazo, como es el caso de las asambleas climáticas permanentes. La participación de la ciudadanía es una herramienta clave contra la corrupción, para construir políticas de suficiencia a gran escala y desmantelar el secuestro de la acción pública por los lobbies y grupos de intereses. En definitiva, más democracia para hacer posibles modos de vida definidos desde una autonomía colectiva que acabe con estructuras tecnocráticas y corruptas.
• Defensa de espacios cívicos y autónomos propicios para el trabajo, expresión y participación de la sociedad civil, dentro y fuera de las fronteras del Estado español, generando condiciones favorables para ello.
9. Protección de derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza:
• Poner en marcha las medidas legislativas necesarias para proteger los derechos de las generaciones futuras a un planeta habitable.
• Poner en marcha las medidas legislativas de justicia ecológica necesarias para dotar de derechos a la naturaleza, siguiendo el precedente del Mar Menor y los diversos casos a nivel internacional; así como salir de la postura antropocéntrica utilitarista para desarrollar una teoría legal con visión ecocéntrica que reconozca el valor intrínseco de la naturaleza.
• Generar y publicar una métrica ecosocial de progreso “más allá del PIB” en el lNE.
10. Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión:
• Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión, los ya firmados y aquellos que se estén negociando buscando vías multilaterales de cooperación entre países donde el intercambio comercial priorice el cumplimiento de los derechos humanos y los principios acordados en la COP 21 para frenar el cambio climático.
11. Cancelación de deuda y reparación histórica:
• Llevar a cabo la abolición de las deudas odiosas e ilegítimas con los países del Sur o Mayoría Global y favorecer la transferencia de tecnología junto a la cooperación internacional y otras medidas de reparación de las diversas deudas coloniales históricas entre las que se encuentra la deuda ecológica y climática, desde una perspectiva de solidaridad internacional.
12. Decrecimiento digital:
• Poner la esfera digital al servicio del bien común con herramientas efectivas para evitar burbujas tecnológicas – y de centros de datos -, regular inversiones y proteger derechos.
• En educación y salud y los trámites de la administración, garantizar de manera prioritaria la atención y servicio personal y adaptado, dejando los procedimientos digitales como algo voluntario.
• Garantizar la soberanía digital y la protección de la democracia poniendo coto al poder de las grandes empresas tecnológicas, paralizando los planes de extensión de la vigilancia automatizada e implementando masivamente el uso de software libre en las instituciones públicas.
• Reducir el consumo hídrico, material y energético del sector de las TIC fomentando el uso colectivo de equipos existentes, poniendo fin a la obsolescencia programada y liberando internet de los oligopolios para favorecer su desacoplamiento de los grandes nodos y su uso descentralizado. Esto implica establecer una moratoria a la construcción de centros de datos.
Próximos pasos y compromiso colectivo hacia 2026
Estas medidas, junto a otras que nos comprometemos a seguir impulsando, profundizan en un nuevo modelo ecosocial donde lo que está en el centro de la economía es la vida misma y todo lo que permite que se desarrolle con dignidad. Para ello es preciso avanzar en una gobernanza global que prime la redistribución, los derechos humanos, la democracia económica, y la resiliencia ecológica y social, haciendo posible el bienestar colectivo dentro de los límites planetarios, superando la ficción del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva reaccionaria que pretende monopolizar el control de recursos naturales desde un fascismo fósil. De este modo, los colectivos, organizaciones y personas firmantes de esta Declaración nos comprometemos a celebrar en la primera mitad de 2026 un Foro Social que profundice en la puesta en práctica de los principios y medidas aquí presentadas.
Definitivamente, Málaga es una ciudad con el encefalograma ambiental plano. El analfabetismo ambiental de los dirigentes es digno de estudio en facultades de Ciencias Ambientales, como ejemplos de lo que no se debe hacer y de un greenwashing que pretende engañar a la población y que aparentemente lo consigue. Obviamente, todo apesta más a intereses económicos que a simple ignorancia de la casta política.
El caso Arraijanal
Lo acaecido con Arraijanal debe divulgarse. Se trata de un espacio natural que el ayuntamiento cedió al jeque propietario del Málaga C.F. para construir campos de fútbol. La mayoría de los malagueños no saben nada de lo que hay detrás de la Academia de fútbol (y puede que les interese).
Primeramente, en Arraijanal el ayuntamiento expropió terrenos para protegerlos, y precisamente el propio ayuntamiento aprueba, posteriormente, destruir su valioso hábitat. ¿Es eso coherencia?
La cosa es más grave porque el objetivo original se fragmentó en varios proyectos para eludir la Evaluación Ambiental Estratégica. Talaron árboles para hacer sitio a los campos de fútbol y cuando se quedaron sin dinero, pararon las obras. En enero de 2021 las obras continuaron pero con objetivos más modestos, porque la crisis también afecta, afortunadamente, a la destrucción de ecosistemas.
Las mentiras y las imágenes de destrucción, protesta y tala de árboles afectaron negativamente a la imagen del ayuntamiento. ¿Qué hicieron? Una barbaridad más. Buscaron una especie de planta en peligro que viviera en Arraijanal. Y como hay varias, escogieron a la Muscari parviflorum. Decidieron desenterrar 2.000 bulbos de estas plantas y traslocalizarlos a otra zona cercana más protegida (en la desembocadura del Guadalhorce). Al cambiar las condiciones de vida, nada garantiza que esos bulbos sobrevivan. De hecho, en la nueva zona no había ejemplares de Muscari parviflorum, a pesar de la cercanía. Por tanto, las plantas podrían morir en su nueva ubicación, o incluso generar conflictos con otras especies allí presentes. Es un caso ejemplar de greenwashing político demencial.
Pero lo importante es difundir la actuación como si fuera una acción ecologista para salvar una especie en peligro. Si ya no hay especie en peligro, se puede arrasar Arraijanal, sin problemas. Los del ayuntamiento ignoraron otras plantas y animales en peligro de extinción (como el sapo de espuelas, Pelobates cultripes), y también ignoraron que al arrasar el terreno también se perderán los bulbos que no fueron encontrados y las semillas que estaban adecuadamente diseminadas. No es solo un sapo y una flor lo que perdemos pero, aunque así fuera, ¿sabemos que los sapos y las ranas previenen enfermedades? ¿Sabemos la influencia de los árboles en nuestra salud?
Como dice el biólogo Oscar Gavira, “las traslocaciones son una práctica aliada con el capitalismo verde, por la que un ecosistema se simplifica a una o unas pocas especies que son extraídas de su entorno natural y trasladadas a otro lugar, facilitando la destrucción de su hábitat original”. Si de verdad queremos conservar una planta, lo mejor suele ser respetar su ecosistema. Las traslocaciones permiten usar espacios protegidos para destruir otros espacios que son valiosos y que deberían igualmente protegerse.
Breve resumen de un ayuntamiento contra natura
Cuando uno hace algo incorrectamente, lo primero es pedir perdón y lo segundo restaurar el daño ocasionado. El Ayuntamiento de Málaga debe hacer ambas cosas, por Arraijanal, pero no solo por Arraijanal. La lista de tropelías del PP malagueño no acaba con la Muscari parviflorum. Es, de hecho, excesivamente larga, pero podemos iniciarla:
Defienden una cementera pegada a la ciudad, a colegios y a las playas, sin importarles la contaminación ni la salud de los malagueños. Esta cementera quiere destruir una cueva que podría tener gran valor geológico, biológico y arqueológico.
Efectúan arboricidiosconstantes con burdos o nulos argumentos “técnicos” y contra el Plan Director de Arbolado de Málaga (que no es un mal plan, si se cumpliese).
Las plantas alóctonas son preferidas en vez de las autóctonas. Especialmente llamativo es la gran cantidad de palmeras que se plantan, mientras desaparecen los árboles.
Hacen podas excesivas, caras y fuera de temporada, sin sentido estético ni ético, incluso destruyendo nidos de aves de distintas especies (no solo cotorras como quiso defender un concejal para justificar lo injustificable; que curiosamente era el mismo concejal que ya recibió el premio Atila de Ecologistas en Acción por su propuesta de exterminar cotorras).
Maltrato a caballos: Esto ocurre especialmente —pero no en exclusiva— en las carrozas para turistas y en la feria. Está ya muy demostrado que los caballos sufren cuando son empleados como herramientas al servicio de los humanos (antropocentrismo). Otras ciudades han prohibido o están en camino de prohibir las carrozas: Barcelona o Palma, por ejemplo.
Se niegan a apoyar el Bosque Urbano de Málaga, a pesar de que fue aprobado con el pleno (con el voto en contra del PP, por supuesto).
El ayuntamiento de Málaga no ve límites en la construcción y ya piensa ampliar la ciudad. Dicen que la ciudad se ha quedado sin sitio, pero los solares y casas deshabitadas no les interesan.
El propio ayuntamiento publica un Plan del Clima, lleno de ideas bonitas y difusas, que no concreta ni realiza (más greenwashing).
Una ciudad con pocos y malos carriles bici, desconectados y algunos sobre la acera (salvo algunas encomiables excepciones, ciertamente).
Una ciudad con excesivas farolas y mal colocadas, sin visión práctica ni ambiental. Es frecuente encontrar farolas encendidas de día y zonas demasiado iluminadas a las 4 de la mañana.
Muchas farolas tienen una potencia excesiva y las LED son fácilmente regulables.
No hay ningún interés en la contaminación lumínica por parte de este ayuntamiento, lo que genera que comercios e instalaciones como el puerto, abusen de forma evidente.
Tienen un plan para tapar el río Guadalmedina y encauzar el río Campanillas (nada de renaturalizar ríos que es la tendencia y lo sensato). Se trata de gastar cemento y dinero público como si fuésemos ricos, para que el dinero acabe en manos de empresas constructoras (como el despilfarro que se hizo en las fuentes del río, que apenas se usaron). El plan de Ecologistas en Acción es el más responsable y el más barato. ¿Será por eso que no interesa a los que quieren sacar tajada?
Regularmente arrasan la flora y fauna del río con la excusa de limpiarlo (como ocurre en tantos y tantos sitios, bajo el paraguas de la ignorancia). Destrozan la cubierta vegetal sin entender su utilidad en el cauce y sin escuchar a los demás. Hasta la hierba seca retiene el agua y los sedimentos, siendo útil para la biodiversidad. Lo mismo hacen en otras zonas, porque la flora silvestre no es bienvenida. Los malagueños se han unido para recoger firmas contra la destrucción de la vida del Guadalmedina.
Es una ciudad donde el césped de plástico prolifera, bien abonado con ignorancia, porque sus consecuencias no interesan.
El ayuntamiento firmó el Pacto de Milán pero no ha hecho nada para mejorar la alimentación urbana.
El ayuntamiento usa energía de fuentes contaminantes, lo cual podría resolverlo eligiendo otra comercializadora (como han hecho otros municipios y millones de españoles). También se podrían promover las energías renovables en los edificios urbanos, especialmente los públicos.
Se da el visto bueno para construir una EDAR en plena vega del Guadalhorce, destruyendo cultivos y sin el apoyo de los vecinos de Vega Mestanza.
La UE amenaza a España con más sanciones por la falta de depuración en el río Guadalhorce. El agua sin depurar va al mar, donde se bañan los turistas. Han convertido el río en una cloaca con los vertidos de Cártama, Álora, Pizarra… y el ayuntamiento no se queja.
Quemas descontroladas de chatarra casi diariamente: En la zona de Los Asperones estos incendios liberan sustancias tóxicas que respiran los malagueños. Los bomberos lo han denunciado (muchas veces), llegando a tener que intervenir hasta 20 veces en una semana. Son tan comunes que ni salen en los medios de comunicación. Desgraciadamente, esto ocurre en otras ciudades españolas.
Tratamiento de la costa sin respeto ambiental. Por ejemplo, el Aula del Mar y Ecologistas en Acción se oponen a la playa en los Baños del Carmen, zona que podría ser reserva ecológica, para respetar las especies protegidas. El 20% del litoral de Málaga está en riesgo grave de erosión y la capital malagueña, desde Guadalmar hasta San Andrés, destaca por la alta ocupación del DPMT (Dominio Público Marítimo Terrestre).
Apoyo a la falsa “regeneración de playas“, cuando lo único que hacen es enterrar la playa y a toda su biodiversidad. Para el ayuntamiento, una playa es un lugar turístico económico, y no un ecosistema. Hace no mucho, los malagueños recogían coquinas en la playa de Huelin. ¿Volverán?
Jardín Botánico: Aún no tiene Plan Director. Así se puede seguir haciendo negocio sin respetar flora y fauna. Por ejemplo: quieren poner un espectáculo navideño. Llenar de luces y ruido una zona natural es un atentado ambiental. No piensan en la fauna, sino en el negocio.
Contaminación con metales pesados en La Misericordia: Aunque el ayuntamiento lo niega porque sus mediciones fueron en otras zonas. Al menos dentro del perímetro de la antigua fundición Los Guindos, hay niveles de plomo cinco veces por encima de lo permitido, además de cobre, zinc, cromo, níquel, cadmio y mercurio. Las corrientes marinas pueden haber contaminado otras zonas de la costa y la bahía. Todas las piedras que se ven sobre la arena en esa zona son restos de escoria de la galena al procesarla, y la mayor concentración se da a cierta profundidad, sobre todo en las capas de arena más oscura. Los niños juegan con la arena sin que se sepa el riesgo que corren.
Contaminación acústica: No hay control de ruidos, en absoluto. Las motos ruidosas circulan libremente, y los sopladores de hojas se usan a cualquier hora sin control de decibelios, a veces incluso por operarios municipales, sin que se tengan en cuenta las molestias y los riesgos de estos aparatos.
Tauromaquia: Cada vez hay más ayuntamientos que dejan de financiar la tortura de mamíferos para divertir a una minoría. El ayuntamiento de Málaga, en cambio, sigue apoyando esta crueldad en contra de la economía y de la cultura de la ciudad.
Bicicletas: El Ayto. liquida el sistema público de alquiler de bici y lo sustituye por uno privado 17 veces más caro: La asociación Ruedas Redondas dice que no había interés en que funcionase bien. Para una cosa que parecía bien hecha en Málaga…
Rechazan fondos para renaturalizar el río Guadalmedina: PP y Cs impiden que Málaga reciba ayudas del gobierno. Su plan es más caro y rebosando cemento. Sus proyectos insostenibles los pagan los ciudadanos.
Desarrollo turístico sin visión de futuro: Se pretende mantener una industria turística en crecimiento constante. Y no hay nada que pueda crecer constantemente. Nada. No se piensa en los problemas del turismo para fomentar un turismo sostenible.
Urbanización de las Colinas del Limonar: embovedan los arroyos Toquero y Carnicero, construyen de cientos de viviendas… sin tener en cuenta los daños ambientales o el riesgo de riadas.
El alcalde pretende engañar a los ciudadanos con argumentos absurdos. Dice que construir rascacielos en vez del bosque urbano ahorrarán CO2 en los desplazamientos porque irán menos trabajadores al PTA. ¿Quiere el alcalde de Málaga vaciar el PTA por motivos ambientales? ¿Para eso su solución es encementar la ciudad? ¿Está nervioso el alcalde por el contencioso judicial contra la venta de los terrenos de la asociación Bosque Urbano?
Plan litoral: un disparate en un escenario de subida del nivel del mar. El plan tiene una cara buena: impulsar el transporte publico (alargar el tren de cercanías hasta Marbella, aumentar los autobuses urbanos e interurbanos, etc.). La otra cara trata de engañar, justificando como si soterrar el trafico fuera algo verde, cuando el principal efecto sería aumentar el tráfico de vehículos privados. Se pretenden hacer túneles de varias plantas entre el Paseo de los Curas y el final de Paseo del Parque, una zona ganada al mar en la que solo el mantenimiento sería extremadamente costoso por las inundaciones.
La ciudad tiene jardines y medianas en las que se despilfarra agua constantemente. Por una parte hay demasiado césped y otras especies de alta demanda de agua. Por otra, se utiliza agua en exceso, despilfarrando un recurso que, sin duda, será muy escaso en la región. Los ciudadanos no cesan en denunciarlo.
Playas sucias: El agua es frecuente que presente natas y espumas, posiblemente porque la depuradora no depura adecuadamente. Además, reiteradamente se han cerrado playas por contaminación con aguas fecales (Escherichia coli).
Manifestaciones. El Ayuntamiento de Málaga ignora las recurrentes manifestaciones contra su gestión. Una de las más grandes tuvo lugar el 29 de junio de 2024. El objetivo central fue conseguir una ciudad habitable y poner coto al turismo masivo en general (cruceros, aviones…) y a los pisos turísticos en particular, así como a todo lo que eleva en exceso el precio de la vivienda. También hubo reivindicaciones para conseguir una ciudad más sostenible, con su bosque urbano y con más respeto a la naturaleza. Aquí puedes ver algunas fotos.
Los vecinos de Málaga se oponen a la construcción de 285 casas en Pinares de San Antón. Esta “aberración” ya tiene luz verde del Ayuntamiento del PP. Los vecinos quieren zonas verdes y casas para los jóvenes del barrio, no chalets de lujo.
El Ayuntamiento de Málaga ignora las recurrentes manifestaciones contra su gestión. Una de las más grandes tuvo lugar el 29 de junio de 2024. El objetivo central fue conseguir una ciudad habitable y poner coto al turismo masivo en general y a los pisos turísticos en particular, así como a todo lo que eleva en exceso el precio de la vivienda. También hubo reivindicaciones para conseguir una ciudad más sostenible, con su bosque urbano y con más respeto a la naturaleza. Aquí puedes ver algunas fotos. El mismo día hubo otra manifestación similar en Cádiz, y ha habido otras en multitud de ciudades.
El PP de Málaga mantiene las carrozas de caballos, al menos 10 años más. Dicen que quieren acabar con esto, pero no tienen ninguna prisa en hacerlo a pesar de sus sorprendentes declaraciones: «No se pueden imaginar las quejas de turistas que llegan a diario al Ayuntamiento sobre las condiciones de los coches de caballos». Es urgente acabar con el maltrato animal y, en particular, con la hípica.
La Costa del Golf no tiene límites. Avanzan los trámites para la construcción de nuevos campos en Mijas, Málaga, Nerja, Castellar de la Frontera (Cádiz)… Si llueve este año, retrasamos la crisis un poco.
El ayuntamiento quiere construir un centro comercial en una reserva de camaleones (zona El Limonar), por los que cobró 150.000 euros de la FEMP por protegerlos. Esto se une a construcciones ya mencionadas, como la prevista en el monte San Antón, y hace que los montes se van ocupando. Así, luego los vecinos se quejan de que los jabalíes invaden sus calles, cuando la realidad es que es la ciudad la que invade el hogar de la fauna salvaje.
…y no olvidemos que se sigue destruyendo Arraijanal.
Ciudades como Málaga están esperando a que otros resuelvan los problemas ambientales evitando asumir su responsabilidad. El objetivo es (quizás) maximizar beneficios económicos a corto plazo (para unos pocos), a costa de hipotecar a las generaciones venideras. Emplazamos a esas generaciones a quejarse a sus padres y gobernantes por permitir lo que está sucediendo.
Guadalmedina: el río de la ciudad de Paco Puche Los ríos urbanos deben ser puntos de unión, no cicatrices que separan las ciudades Los ríos no son canales y deben renaturalizarse, para que la biodiversidad vuelva a la ciudadhttps://t.co/BWp7AWQkaQ via @opiniondemalaga
Acueducto de la Fuente del Rey: una obra absurda, inacabada y que no sirvió de nada Despilfarro y corrupción en Málaga Otras obras absurdas de Málaga son una estación de cercanías y la Academia de Fútbol de Arraijanal ¿Quieres saber algo más?https://t.co/Ka2pLR98kQ
Por el título, algunos pensarán que vamos a hablar del genocidio de Gaza. Pero no. Eso ya lo hicimos. Esto va de la basura en sentido literal.
En el libro La Recivilización, el científico Fernando Valladares recuerda al gran Félix Rodríguez de la Fuente cuando advertía —en 1972— sobre este problema: coches, bolsas, envases, venenos en la sangre… Y acababa diciendo: «No cabe duda de que la nuestra puede llamarse la civilización de la basura». No se pierdan el vídeo completo.
Por ignorancia o mala fe, algunos culpan de este problema a los ciudadanos que ni reciclan ni usan las papeleras. ¿Y si quitamos las papeleras de las ciudades? Es frecuente querer ver en esto de los residuos un simple problema de incultura. Pero no es cierto. Y se ve claramente cuando encontramos basura humana más allá de la atmósfera.
Basura espacial, el ejemplo evidente de que el problema de la basura omnipresente no es culpa de la ciudadanía corriente, sino que siempre hay detrás personas muy «cultas»: gobiernos, políticos, empresas… y científicos.
Se llama basura espacial a los objetos artificiales inservibles que orbitan nuestro planeta. Está compuesta de satélites inactivos, fragmentos de cohetes, tornillos o partículas de pintura. Estos desechos se mueven a altísimas velocidades y representan un peligro para los satélites, para la Estación Espacial Internacional y para cualquier misión cósmica. También interfieren en la observación científica de los astros. Estamos hablando de unos 26 mil objetos del tamaño de una pelota de tenis y más de 500 mil del tamaño de una canica. Además, el problema tiende a aumentar (también por el síndrome de Kessler).
Pregunta: la causa de esta basura espacial, ¿es también la mala educación de la ciudadanía? La respuesta es evidente: no. Son personas de la élite de la humanidad las que han permitido llenar de basura —y envenenar— tanto la Tierra como la Luna y el cosmos.
Por tanto, basta ya de culpar a la ciudadanía cuando el problema son, principalmente, aquellos que se lucran con el desastre: políticos, empresas y también científicos, todos ellos (suponemos) sin formación ética ni ambiental, ni ganas de tenerla. Recordemos que gran parte de los inventos y de las tecnologías actuales se han puesto en funcionamiento sin que los científicos hicieran una evaluación de impacto ecoanimalista ni social. Nadie se lo exigió y las empresas no tuvieron interés alguno en hacerlo. Demasiadas invenciones humanas habría sido mejor no inventarlas jamás (aquí unos ejemplos evidentes).
Los científicos de la NASA que dejan basura espacial no son incultos ni inconscientes. Simplemente no les importa demasiado porque su auténtica misión es otra…
Por el título, algunos pensarán que vamos a hablar del genocidio de Gaza. Pero no. Eso ya lo hicimos. Esto va de la basura en sentido literal.
En el libro La Recivilización, el científico Fernando Valladares recuerda al gran Félix Rodríguez de la Fuente cuando advertía —en 1972— sobre este problema: coches, bolsas, envases, venenos en la sangre… Y acababa diciendo: «No cabe duda de que la nuestra puede llamarse la civilización de la basura». No se pierdan el vídeo completo.
Por ignorancia o mala fe, algunos culpan de este problema a los ciudadanos que ni reciclan ni usan las papeleras. ¿Y si quitamos las papeleras de las ciudades? Es frecuente querer ver en esto de los residuos un simple problema de incultura. Pero no es cierto. Y se ve claramente cuando encontramos basura humana más allá de la atmósfera.
Basura espacial, el ejemplo evidente de que el problema de la basura omnipresente no es culpa de la ciudadanía corriente, sino que siempre hay detrás personas muy “cultas”: gobiernos, políticos, empresas… y científicos.
Se llama basura espacial a los objetos artificiales inservibles que orbitan nuestro planeta. Está compuesta de satélites inactivos, fragmentos de cohetes, tornillos o partículas de pintura. Estos desechos se mueven a altísimas velocidades y representan un peligro para los satélites, para la Estación Espacial Internacional y para cualquier misión cósmica. También interfieren en la observación científica de los astros. Estamos hablando de unos 26 mil objetos del tamaño de una pelota de tenis y más de 500 mil del tamaño de una canica. Además, el problema tiende a aumentar (también por el síndrome de Kessler).
Pregunta: la causa de esta basura espacial, ¿es también la mala educación de la ciudadanía? La respuesta es evidente: no. Son personas de la élite de la humanidad las que han permitido llenar de basura —y envenenar— tanto la Tierra como la Luna y el cosmos.
Por tanto, basta ya de culpar a la ciudadanía cuando el problema son, principalmente, aquellos que se lucran con el desastre: políticos, empresas y también científicos, todos ellos (suponemos) sin formación ética ni ambiental, ni ganas de tenerla. Recordemos que gran parte de los inventos y de las tecnologías actuales se han puesto en funcionamiento sin que los científicos hicieran una evaluación de impacto ecoanimalista ni social. Nadie se lo exigió y las empresas no tuvieron interés alguno en hacerlo. Demasiadas invenciones humanas habría sido mejor no inventarlas jamás (aquí unos ejemplos evidentes).
Los científicos de la NASA que dejan basura espacial no son incultos ni inconscientes. Simplemente no les importa demasiado porque su auténtica misión es otra…
Ecologistas en Acción denuncia que, en lugar de alcanzar nuevos compromisos en Sevilla, los países participantes han optado por conferencias y anuncios vacíos.
La organización critica la falta de democracia en el espacio oficial de negociaciones, señalando que se ha impedido la plena participación de la sociedad civil.
La sociedad civil internacional exige el reconocimiento de las deudas históricas del Norte global, el fin de una deuda odiosa ilegítima e ilegal que está enraizada en el colonialismo y el extractivismo.
Ecologistas en Acción denuncia que, en lugar de alcanzar nuevos compromisos en Sevilla, los países participantes han optado por conferencias y anuncios vacíos.
La Cumbre para la Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla concluirá en unas horas sin avances significativos, reiterando una declaración en forma del “Compromiso de Sevilla” que no contiene las medidas vinculantes y efectivas que son necesarias para abordar las desigualdades y la lucha contra la pobreza. Ecologistas en Acción denuncia que, en lugar de abordar con determinación la cancelación de la deuda, el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo, un aumento de los impuestos las grandes empresas contaminadoras y la reforma de los mecanismos financieros internacionales, los países participantes optaron por conferencias y anuncios vacíos sin dejar espacio para la negociación y alcanzar nuevos compromisos.
La organización critica la falta de democracia en el evento, señalando que se ha impedido la plena participación de la sociedad civil, que no ha tenido acceso a las negociaciones, ha sufrido importantes limitaciones de entrada y se ha procedido a la retirada arbitraria de bienes de los participantes en los controles de seguridad. “Resulta incomprensible que una cumbre en Europa haya tenido más restricciones que muchas en países con regímenes no democráticos”, denuncia Carmen Duce, coordinadora de Ecologistas en Acción. “Exigimos”, añade Duce, “que estos espacios garanticen la máxima libertad de expresión”.
Prueba de ello es que solo durante media hora, y el último día, los representantes de la sociedad civil han podido mostrar su rechazo al “Compromiso de Sevilla”. Marina Gros, coordinadora del Área de Energía de Ecologistas en Acción, ha manifestado: “Mientras el foro de la sociedad civil ha quedado al margen de las negociaciones, las empresas, los bancos y los fondos de inversión han gozado de una presencia y visibilidad sin precedentes, evidenciando la importancia que tiene para ellas evitar cualquier cambio en su status quo”.
Durante la cumbre, los debates paralelos oficiales se centraron excesivamente en riesgos financieros, financiación privada e instrumentos de competitividad. En palabras de Sofía Fernández, representante de Ecolojóvenes en la cumbre de Sevilla: “Observamos con preocupación que muchos países están defendiendo la financiación privada, en lugar de la pública, para hacer frente a las crisis. No podemos permitir que las decisiones las tomen los más ricos”. Durante los eventos paralelos de la conferencia se ha escuchado a representantes de los distintos gobiernos, incluido el español, alabar la presencia del sector privado en esta cumbre y fomentando la colaboración público-privada, en lugar de apostar por la reforma del sistema fiscal o aplicando impuestos especiales a los super ricos. Rodrigo Blanca, portavoz de Ecologistas en Acción Córdoba, ha subrayado que “este enfoque, que no cuestiona el crecimiento cortoplacista ni la insostenibilidad del modelo económico actual, busca únicamente oportunidades de inversión, extendiendo una alfombra roja a la financiación privada y perpetuando la crisis social planetaria”.
Por su parte, Sara Acuña Romero, coordinadora de Ecologistas en Acción, lamenta que “la cumbre haya dejado patente el momento crítico del multilateralismo, con el giro reaccionario de países como Estados Unidos poniendo en peligro los avances logrados”. Añade que “la reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo por parte de naciones como Reino Unido, Francia y Bélgica agrava aún más la situación del Sur global”. Esta falta de financiación es resultado de la baja ambición política “que no se da en materia de gastos militares, donde sí parece posible aportar el 5% del PIB en gastos militares para la OTAN”, denuncia Jesús Lara, coordinador del Área de Antiglobalización, Paz y Solidaridad de Ecologistas en Acción. Lara ha añadido: “En estos momentos críticos para la paz y el medio ambiente, el derroche del gasto militar pone en evidencia que no les importa el gasto social, sea para escuelas, hospitales o viviendas. Ese rearme nos pone en peligro, solo sirve para que Europa haga las guerras que quiere EE UU, para que ese dinero sirva para comprar armas, potenciando así a los verdaderos vencedores de este rearme: la industria armamentística. Además, pone en peligro a las poblaciones cercanas a las distintas bases estadounidenses que se encuentran en territorio andaluz”.
La organización se ha movilizado en Sevilla para exigir una respuesta urgente a la creciente desigualdad y al deterioro ambiental. Para Javier Andaluz Prieto, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, “es fundamental que los cambios se produzcan de forma rápida, pues el dinero y los recursos necesarios ya existen para cumplir con las reparaciones históricas, alcanzar la plena solidaridad y mitigar los efectos del cambio climático y la degradación ecológica. La ciencia es clara: el planeta no puede soportar el coste de continuar con el modelo actual”.
Ecologistas en Acción demanda el cumplimiento del 0,7% del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo, denunciando la brecha de financiación y la mercantilización de la solidaridad. La organización ecologista considera crucial una redirección del gasto militar hacia inversión social, destinando recursos a escuelas, hospitales y vivienda, en lugar de beneficiar a la industria armamentística: “Exigimos el reconocimiento de las deudas históricas del Norte al Sur global, poniendo fin a la trampa de deuda y extractivismo que configura una nueva forma de colonialismo. Urge una reforma profunda del sistema financiero internacional, con mecanismos de cancelación de la deuda vinculantes que protejan derechos fundamentales como la educación y la sanidad. Asimismo, es fundamental acabar con los tratados comerciales que ponen en riesgo a las personas y el planeta. Defendemos la aplicación de principios de justicia fiscal y ambiental, con tasas a los más contaminantes y una persecución efectiva de los paraísos fiscales y la evasión de impuestos”.
Finalmente, Ecologistas en Acción reitera su rechazo a la complicidad de los gobiernos de la UE con la “industria de la muerte”, financiando la guerra en lugar de la vida y la justicia: “No podemos esperar otros diez años; es imperativo avanzar ahora”.
Un espacio de deliberación democrática por un nuevo modelo económico
La Conferencia Más Allá del Crecimiento será un espacio de deliberación democrática por un nuevo modelo económico que tenga como base el cuidado de las personas y el planeta. El resultado que se busca es sentar las bases de un nuevo pacto social que nos ayude a superar la dependencia que tiene nuestra economía del crecimiento económico y de relaciones globales desiguales, lo que supone atender la crisis ecosocial actual en sus diversas dimensiones y hacer posible una vida digna para todas las personas dentro de los límites planetarios.
La Conferencia tendrá lugar el día 26 septiembre de 2025 en Madrid, en el Congreso de los Diputados.
Son numerosas las iniciativas y organizaciones en el estado español que han venido defendiendo y poniendo en prácticas desde hace décadas modelos de organización de la vida en favor del bien común más allá del crecimiento. Al mismo tiempo, hay un número de voces crecientes desde la academia, la sociedad civil y el activismo que reclaman un cambio sistémico hacia el bienestar colectivo, la democratización de la economía, la distribución de riqueza y poder y el respeto a los límites del planeta y los derechos de las generaciones futuras como medio de resolver la crisis ecosocial actual. La Conferencia Más Allá del Crecimiento pretende ser un altavoz y un espacio colectivo de construcción entre todas ellas.
Attac España, La sociedad civil, los sindicatos y los grupos de interés público afirman a la presidenta Von der Leyen, a los comisarios europeos y a los Estados miembros de la UE que nuestros derechos, nuestro planeta, nuestra salud y nuestra justicia no están en venta.
La UE se arriesga a una nueva competición a la baja. Bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, la Comisión Europea planea una ola sin precedentes de recortes drásticos en las regulaciones que protegen los derechos laborales y sociales, los derechos humanos, los derechos digitales y el medio ambiente. La Comisión y los Estados miembros de la UE podrían dedicar los próximos cuatro años a desmantelarlas normasque rigen para las empresas que operan en la UE.
Las normas diseñadas para garantizar una vida justa, equitativa y saludable ya se aplican de forma deficiente. A pesar de las claras advertencias, ahora se están retirando, debilitando o vaciando de contenido a un ritmo sin precedentes.
Ocho meses después de su mandato, es evidente que el nuevo «esfuerzo de simplificación sinprecedentes« de la Comisión significa en realidad «desregulación». Las regulaciones que nos protegen a todos de los excesos de la avaricia corporativa, que garantizan que podamos respirar aire limpio y llevar una comida saludable a la mesa de nuestras familias, están siendo recortadas. Las normas que garantizan que podamos trabajar en condiciones justas y seguras, proteger la naturaleza, combatir la discriminación, combatir la corrupción, tener acceso a productos financieros justos y seguros, e impedir que las corporaciones violen nuestra privacidad digital — que nos mantienen a todos seguros hoy y mañana— están siendo recortadas.
La insistencia de la Comisión en que se trata de eliminar la burocracia superflua no se sustenta en la realidad. Afirmanque confiar en que las empresas hagan lo correcto hará al bloque más «competitivo» y que es necesario recortar las normas para impulsar la «innovación» de las empresas de la UE. Pero muchos casos tristes de la historia de la UE cuentan otra historia, como la crisis financiera y el Dieselgate.
Se están recortando las normas de la UE para que los accionistas puedan explotar a las personas y al planeta con menos límites. Nuestra protección se está vendiendo a cambio de beneficios, y nuestra confianza en la democracia se está erosionando.
acceso de las empresas. Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil que representan diversos intereses sociales corren el riesgo de ser marginadas por los responsables de la toma de decisiones. Para empeorar la situación, las agencias y organismos encargados de hacer cumplir la ley se ven obstaculizados por políticas de austeridad que recortan sus presupuestos y personal.
La Comisión Europea y el Consejo de los Estados miembros de la UE intentan recortar nuestras protecciones casi a diario. Varias propuestas importantes se han aprobado precipitadamente, sin que la Comisión cumpla con su deberde elaborar evaluaciones de impacto vitales. Esto se ve agravado por el uso del «procedimiento de urgencia», que impide un debate democrático en el Parlamento Europeo.
Los principios de la elaboración de normas son vitales para la democracia. Al tomar atajos, la Comisión silencia las voces críticas y reabre legislación que ya fue resultado de un proceso democrático y, por lo tanto, de un acuerdo entre las fuerzas políticas de la UE.
Esta tormenta perfecta de desregulación corre el riesgo de empoderar a la extrema derecha y a las fuerzas antidemocráticas, propiciar la corrupción, aumentar las desigualdades, frenar la urgente acción climática y la protección del medio ambiente, y privar a las comunidades y a los trabajadores de protecciones y servicios esenciales. La agenda de «simplificación» ya ha ido demasiado lejos:
La rendición de cuentas de la corporaciones y la justicia están más lejos que nunca: La Comisión y el Consejo han socavado drásticamente la acción climática, la protección ambiental y lasobligaciones en materia de derechos humanosen las cadenas de suministro, al debilitar drásticamente la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. La transparencia sobre el nivel y los esfuerzos de sostenibilidad de las empresas se está reduciendo drásticamente al reducir significativamente el alcance de la información que las empresas deben presentar en la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y la Taxonomía de la UE.
Nuestros hábitats y biodiversidad podrían perder protecciones esenciales, mientras que las sustancias químicas amenazan la salud pública: La Comisión ha propuesto eliminar lasobligaciones ambientalesde su Política Agrícola Común, incluyendo medidas para proteger humedales y turberas. Las leyes químicas de la UE sobre cosméticos y las normas de etiquetado para sustancias químicas peligrosas están siendo objeto de crítica, mientras que existen indicios preocupantes de que la prohibición integral propuesta de las «sustancias químicas permanentes» (PFAS) se debilitará.
Se reduce la presión sobre las industrias contaminantes: Los retrasos en los planes de transformación obligatorios para que las plantas industriales contaminantes sean más limpias, el ciclo de los materiales usados más circulares y respetuosas con el clima están socavando la transparencia pública y la responsabilidad corporativa en la transformación industrial.
El debilitamiento de los objetivos climáticos responde a los deseos corporativos en lugar de a las necesidades planetarias: la Comisión, con un fuerte respaldo de los Estados miembros de la UE, ha propuesto un objetivo para 2040 de reducir las emisiones en un 90 % en comparación con 1990, que incluye planes para debilitar la arquitectura política establecida a través de la legislación climática mediante la introducción de diversas formas de flexibilidad. La introducción de créditos internacionales dentro de los objetivos climáticos de la UE reduciría el nivel de ambición de la UE en comparación con un objetivo puramente nacional, que ya está por debajo de su cuota justa global.
Una década de progreso en materia de derechos digitales podría verse desbaratada: la reapertura de lacolumna vertebral de laregulacióndigital de la UE—el Reglamento General de Protección de Datos— implica que los datos sensibles de las personas podrían procesarse sinprotección. Nuevos ataques a leyes previstas, como la Ley de IA y el Paquete Digital, podrían socavar las normas que protegen nuestra vida digital contra los daños de la IA y la vigilancia por parte de actores estatales y corporativos.
Una competición a la baja para las personas trabajadoras: Se avecinan recortes en los derechos laborales y protecciones sociales, ya que la propuesta prevista para un «28º régimen» ofrecería a las empresas un conjunto de normas europeas más permisivas. Esto abre la puerta a la elusión de las leyes laborales nacionales y los derechos sindicales.
Más pobreza: La Comisión pretende redirigir los fondos de lucha contra la pobrezapara apoyar a empresas e industrias, incluidas las tecnológicas y de defensa.
El camino hacia una sociedad justa y equitativa se erosiona ante nuestros ojos: La retiradade la Directiva Horizontal contra la Discriminación indica claramente que las personas y los derechos no son una prioridad para la Comisión Europea. El único ámbito en el que se están incrementando las nuevas normas es el de las sanciones y la vigilancia de las comunidades marginadas, en un contexto de aumento del gasto, la legislación y las políticas centradas en la criminalización, la vigilancia y la militarización.
Reformas financieras revertidas, allanando el camino para otra crisis: Se están introduciendo retrasos y numerosas excepciones en los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión acordadas internacionalmente tras la crisis financiera mundial de 20072009. Estas normas tienen como objetivo garantizar que los bancos gestionen sus riesgos con suficientes colchones para amortiguar las pérdidas. Paralelamente, podrían eliminarse las medidas destinadas a apoyar las prácticas financieras sostenibles.
Con estas medidas —una pequeña selección de las numerosas propuestas, iniciativas y estrategias de desregulación— la Comisión afirma estar haciendo que Europa sea más atractiva para las empresas y más competitiva a nivel internacional. Al hacerlo, está creando un mundo tóxico y menos equitativo para las personas trabajadoras, las familias y las comunidades vulnerables, y un campo de juego desigual para las empresas que desean llevar a cabo sus negocios de forma responsable. A largo plazo, la falacia de que proteger a las personas y el medio ambiente hoy es demasiado costoso tendrá un coste irreversible para nuestra salud, seguridad, derechos, igualdad y libertades en el futuro.
En lugar de desregular, instamos a los legisladores de la UE y de los Estados miembros a proteger y promover los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos:
Aprobar leyes para una mayor protección del bienestar social, las personas trabajadoras y consumidoras, la lucha contra la discriminación, la justicia social, climática y medioambiental, la privacidad y la protección de datos, y contra las sustancias químicas tóxicas;
Exigir mayor transparencia y rendición de cuentas a las empresas, así como acceso a la justicia para las personas perjudicadas;
Asumir la responsabilidad por el impacto negativo de las actividades de la UE, como la minería, la insuficiencia de objetivos climáticos y las sustancias químicas tóxicas, en otras regiones y comunidades.
Facilitar la implementación y el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos, la justicia y los intereses públicos. Proporcionando más recursos a las autoridades responsables de su aplicación, así como orientación y apoyo para la implementación de las normas digitales.
Reforzar la protección de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas.
Garantizar que la sociedad civil, los sindicatos, las comunidades afectadas y otros actores representativos del interés público sean consultados, incluidos y respetados de forma significativa en la legislación de la UE y nacional.
En una época de extrema desigualdad, que incluye la extrema concentración de riqueza, exclusión social y financiera, destrucción climática, retroceso democrático, capitalismo de vigilancia, explotación laboral, discriminación y daños estructurales profundamente arraigados, así como amplias violaciones de los derechos humanos: ¡exigimos más protecciones, no menos!
Firman2:
The European Federation of Public Service Unions (EPSU),
Friends of the Earth Europe (FoEE),
Climate Action Network (CAN),
Global 2000,
Corporate Europe Observatory (CEO),
European Environmental Bureau
Firmar esta carta no significa que todas estas organizaciones compartan las mismas prioridades.
1 Medidas como los «Diálogos de Implementación», las «Consultas Específicas» y las «Verificaciones de la Realidad».
2 No todos los firmantes trabajan en profundidad en todos los temas. Firmar esta carta no significa que todas estas organizaciones compartan las mismas prioridades.
Fernando Prieto y Alejandro Sacristán, originalmente para Público.
«ALIANZA MÁS ALLÁ DEL CRECIMIENTO»
El Cambio Climático ya no es una amenaza lejana: es una realidad que se acelera. En todo el mundo, a final de este siglo, si siguen las tendencias actuales regiones importantes podrían ser inhabitables y en España una parte también. Según las proyecciones científicas España podría enfrentar un aumento de temperatura superior a los 4°C para 2100 si no se toman medidas drásticas. Este escenario, que parecía extremo hace unas décadas, se consolida como una posibilidad cada vez más probable, obligando al país a replantear su estrategia no solo de mitigación, sino también de adaptación urgente.
Actualmente, España ya está sufriendo un aumento temperaturas en torno +1,7°C respecto a niveles preindustriales. Si el calentamiento global alcanza los +3°C de media, a final de siglo, en España, y entonces la Cuenca Mediterránea podríamos alcanzar hasta los 4ºC hemos de concluir que los impactos serán brutales. Desde 1961, año en el que comienzan los datos más exactos, se observa que estos últimos años no podían haber sido peores: 2022 fue el año de máxima temperatura media registrada en el país, pero seguido muy de cerca por 2023 y 2024, que han sido también años muy cálidos; además, los 7 años más calurosos se han producido en los últimos 10 años desde que existen registros. Por si fuera poco, se han sucedido fenómenos meteorológicos extremos como la DANA de Valencia de 2024 con sus 227 muertos junto a las inundaciones de esta primavera de 2025, ha subido el nivel del mar y se estima una media anual de unas 8.000 personas muertas por calor extremo. Este es el escenario actual.
Para 2100 se prevé en España y en el Mediterráneo un futuro todavía más caliente y más extremo. Al que iremos llegando progresivamente, salpicado el camino de fenómenos cada vez más extremos, intensos, extensos y frecuentes. Los últimos informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), además del Informe CLIVAR, advierten que España se calienta más rápido que la media global, con un incremento que podría superar los 4°C en el peor de los casos.
Las consecuencias serán devastadoras, con olas de calor más intensas y prolongadas, con temperaturas que podrían rozar los 50-55 º C en zonas del sur, aumento de noches tropicales por encima de 28-30ºC, inundaciones costeras por subida del mar, sequías prolongadas en el sur con impacto en la agricultura y en el suministro de agua, una reducción de hasta un 30% de las precipitaciones en algunas regiones, inundaciones relámpago por lluvias torrenciales, especialmente en la Cuenca Mediterránea, pérdida de biodiversidad en ecosistemas como Doñana, La Albufera, el Delta del Ebro, o Daimiel, desaparición total de los glaciares, fuerte reducción del manto de nieve y reducción del permafrost en los Pirineos; aumento del riesgo en incendios tanto en cultivos forestales, como eucaliptos y pinos, como en zonas de matorrales sin gestionar; impactos en la agricultura, con cultivos tradicionales (como el olivo o la vid) desplazándose o viendo reducida su producción; gran pérdida de turismo, que preferirá otros entornos con un clima más benigno; aumento del calor en el mar en verano y olas de calor marinas intensificadas; aumento del nivel del mar amenazando a ciudades costeras como Barcelona, Valencia o Cádiz.
Basado en el informe francés sobre escenarios de +4°C como referente podemos analizar los sectores clave que requieren acción inmediata para España por sus elevados riesgos son:
Salud pública: olas de calor y enfermedades emergentes por aumento de muertes por calor extremo (especialmente entre ancianos y trabajadores al aire libre), expansión de enfermedades tropicales (dengue, chikungunya y otras) por mosquitos invasores, barrios sin aire acondicionado que se vuelven trampas mortales (por ejemplo, poblaciones mayores en extrarradios con viviendas sin rehabilitar), mayor contaminación del aire y alergias por polen más agresivas.
Turismo: colapso del turismo debido al excesivo calor en las áreas costeras; nieve artificial insostenible en Sierra Nevada y los Pirineos.
Agua: sequía crónica, inundaciones y conflictos por el recurso; reducción del 40% en disponibilidad de agua en cuencas como la del Guadalquivir o el Segura; menor disponibilidad de agua para riego; colapso en regadíos por acuíferos sobreexplotados; salinización de acuíferos en Delta del Ebro y Doñana, arruinando la agricultura; conflictos entre agricultura, industria y consumo humano; insostenibilidad de infraestructuras y actividades como centros de datos; deterioro de parques nacionales.
Agricultura y ganadería: crisis alimentaria en ciernes, con riesgos de pérdida del 30% de la productividad en cultivos clave (trigo, olivo, vid), con necesidades mucho mas importantes de energía para refrigeración en la ganadería intensiva por estrés térmico animal y por la falta de pastos; necesidad de importación de alimentos de otras partes del mundo; viñedos y olivares desplazados hacia el norte por falta de agua en La Mancha y Jaén; avance de plagas y enfermedades en cultivos (por ejemplo, Xylella en olivos).
Actividad forestal: incendios devastadores y grandes incendios en todas las estaciones del año, incluso en invierno (por ejemplo, en Galicia o Cataluña); desertificación del 80% del sur peninsular (Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha); pérdida masiva de biodiversidad (encinas, alcornoques, abejas).
Afección a infraestructuras críticas: riesgos de colapso por calor extremo, deformación de raíles y carreteras, cortes de energía por sobrecarga en sistemas de refrigeración, aumento de riesgo de inundaciones en infraestructuras críticas, aumento de costes logísticos, falta de agua para refrigeración de centrales nucleares
Suministro de agua en zonas urbanizadas: problemas de acceso al agua en toda la dorsal mediterránea y, sobre todo, afección a las ciudades, en las cuales se concentra el 80% de la población y el 60% en las grandes áreas urbanas (mayores de 50.000 habitantes)
Por todo ello, la adaptación radical es una prioridad inmediata, es absolutamente imprescindible desde ya iniciarla. El tiempo apremia para acelerar la adaptación a un clima más hostil en España desde este verano de 2025.
Por ello conviene iniciar la adopción de medidas de adaptación muy concretas en numerosos sectores para aplicar cuanto antes. Tanto en reducción de riesgo y salud pública, refuerzo de sistemas de alerta temprana, creación de refugios climáticos, adaptación de hospitales y protocolos sanitarios a patologías emergentes, control de vectores (mosquitos, garrapatas) en zonas de riesgo. Retirada estratégica de barrios e infraestructuras en zonas inundables, creación de llanuras de inundación, ciudades esponja, trazados alternativos en ríos y ramblas, desarrollar y aplicar alertas tempranas y protocolos de actuación, multar a quien urbanice en zonas de riesgo (como en Francia con sus «zonas rojas» inundables. Recarga de acuíferos, reducción de superficies y de consumo en regadíos, reutilización masiva de aguas residuales (hoy solo se usa el 10%). En protección costera, planes de relocalización en zonas inundables y restauración de humedales. En transporte, materiales resistentes a altas temperaturas en vías férreas y asfalto, horarios laborales nocturnos en sectores expuestos (construcción, reparto), inversión en transporte público eléctrico con climatización eficiente. Promoción de cultivos resistentes a la sequía, prohibición de cultivos hiper demandantes de agua, agricultura regenerativa, impuestos progresivos al agua para penalizar usos ineficientes, transición a cultivos resistentes a sequía (quinoa, almendro y olivo en secano), subvenciones para sombreado y refrigeración en granjas, promoción de agroforestería y suelos regenerativos para retener agua, pastoreo controlado y cortafuegos naturales, prohibición de cultivos forestales pirófitos y de urbanizar en zonas de alto riesgo de incendios, restauración y reforestación con especies autóctonas adaptadas, realización de dehesas y ecosistemas menos proclives a arder rápidamente.
El ecosistema urbano deberá hacer una adaptación especialmente urgente, teniendo en cuenta que algunas de las principales ciudades españolas podrán llegar a tener un clima comparable a estas otras: Madrid como Bagdad (Irak), Sevilla como Kuwait City (Kuwait), Valencia como Dubái (Emiratos Árabes) Barcelona como Argel, Zaragoza como Marrakech (Marruecos) o Phoenix (EE.UU.), Bilbao como Túnez (Túnez). Algunas medidas urgentes en las ciudades para este verano de 2025 y siguientes deberían incluir la adaptación de las ciudades al calor extremo, tales como alertas tempranas, mapeo y vigilancia de la población más vulnerable, instalación de acondicionadores, bonos para paliar la pobreza energética, creación de sombras, mantenimiento y amplificación de la vegetación urbana, obligatoriedad de techos verdes y de pavimentos permeables, edificios bioclimáticos y planes de contingencia ante olas de calor, rehabilitación energética realizada de forma masiva, anillos verdes, bosques metropolitanos, transformación de calles en zonas verdes, creación de refugios climáticos, de fuentes, tejados y fachadas solares, rediseño de edificios con ventilación pasiva y sombreado. El trabajo por hacer es ingente, la prioridad máxima. La inacción se pagará con muertes y pérdidas económicas.
Darwin ya propuso en 1859, en su capítulo quinto del libro “El origen de las especies”, la idea de “adaptarse o morir”; en 2021 nosotros publicamos: Aclimatarse o morir. España no está preparada para un aumento de 4°C. Pero aún hay margen para evitar lo peor. «Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio»: se necesitan leyes de adaptación climática a nivel nacional, en todas las comunidades autónomas y en ayuntamientos, con presupuestos reales. Se necesita gobernanza democrática directa e inteligencia colectiva que exige la participación de la ciudadanía en asambleas climáticas institucionales y un Parlamento Climático ciudadano permanente que provoque una conversación climática de adaptación frente al riesgo y haga un seguimiento de las decisiones políticas para que garanticen actuaciones que la sociedad necesita ya en estos momentos. Y que se haga valer el documento de compromiso Mandato por el Clima firmado por todos los partidos políticos parlamentarios, con una única excepción, en septiembre de 2024.
En 2025 se están superando récords de temperaturas en estas épocas del año y este verano de 2025, dada la tendencia constatada en el último decenio, podría traer otra vez calor y fenómenos extremos. ¿Empezamos ya?
Luis González Reyes & Miriam García-Torres, publicado originalmente para El Salto.
Apagones, danas, genocidios, pandemias, grandes incendios… los sucesos excepcionales se atropellan uno detrás de otro sin saber cuál será el siguiente. En un contexto de colapso ecosocial, nuestros colectivos deben ser resilientes ante fuertes perturbaciones de nuestro entorno, porque justo eso es lo que se espera del desmoronamiento de nuestro orden social y ecológico. Pero esta cualidad no es suficiente: deben ser también justos, pues en caso contrario estaríamos construyendo sociedades al servicio de personas privilegiadas. Esta justicia debe tener una dimensión hacia dentro del colectivo y otra, al menos igual de fundamental, hacia fuera, al conjunto de la sociedad y de la vida.
Con este doble objetivo, evaluar la resiliencia y la justicia de nuestras alternativas, un equipo multidisciplinar dentro del marco de Solidaridad Internacional de Andalucía hemos elaborado una herramienta web compuesta por un cuestionario con respuestas en forma de rúbrica. El cuestionario tiene varios niveles de profundidad y ofrece la evaluación de la situación de la organización de forma automática.
En este texto, recogemos los indicadores que contribuyen más a la justicia y/o a la resiliencia. Tras exponerlos en forma de pregunta, como aparecen en la herramienta web, los explicamos brevemente y ofrecemos un ejemplo de una organización o proyecto que cumpliría ese criterio.
¿La capacidad de influir en las decisiones estratégicas está repartida equitativamente?
La intención es medir el nivel de participación en la toma de decisiones para definir la misión y los objetivos, así como las acciones, los pasos, la metodología, los recursos, los tiempos, etc. a seguir para alcanzarlos.
Entrepatios es una cooperativa de vivienda en derecho de uso que tiene actualmente dos promociones construidas. Los fines y la identidad colectiva se han decidido de manera asamblearia entre las personas integrantes de la cooperativa. En ambas promociones, quién entró en ellas —hay bastantes más personas socias que las que cabían— fue fruto de un sistema decidido por el conjunto de personas que querían entrar —desde la elección de los criterios, hasta su evaluación, pasando por la ponderación—. El diseño de los edificios fue un proceso codecidido entre el equipo de arquitectura y el conjunto de las personas que iban a vivir en ellos. Finalmente, la convivencia se articula alrededor de asambleas generales, grupos de trabajo y responsabilidades individuales asignadas colectivamente.
¿Repartimos equitativamente las tareas?
La intención es medir en qué grado el reparto de las tareas, tanto productivas como reproductivas, reproduce o no privilegios y relaciones de dominación —de género, edad, clase, origen cultural, creencia religiosa, ideología, diversidad funcional, etc.—. “Trabajo productivo” es el que genera ingresos y “trabajo reproductivo” el que garantiza el cuidado, bienestar y supervivencia de las personas o los grupos. Con frecuencia, los trabajos reproductivos quedan invisibilizados y tienden a no ser contabilizados.
El desafío es construir cada vez más organizaciones que cumplan el mayor número posible de criterios de justicia y resiliencia ante los escenarios que ya son una realidad
Cal Cases es una cooperativa de vivienda de cesión de uso en el ámbito rural. Se basa en una economía colectiva donde todas las personas aportan el mismo tiempo, 80 horas al mes, pero de maneras distintas. La aportación puede ser en dinero —para lo que se ha hecho una ponderación de salarios—, con moneda social y/o con horas de trabajo. Los cuidados y las tareas productivas se valoran por igual, y hay tareas que son comunes y tienen que asumir todas las personas —como cocinar y limpiar—, mientras que otras se realizan en función de la motivación y la posibilidad de cada integrante —trabajar en el huerto, cortar leña, gestionar las compras, etc.—. Durante las cerca de dos décadas que lleva el proyecto, las personas integrantes han tomado conciencia de que las necesidades cambian en las distintas etapas de la vida, y la visión más productivista de los inicios ha dado paso a una mayor relevancia y visibilización de los cuidados.
¿Las personas de la organización tienen acceso equitativo a los bienes y servicios generados colectivamente?
Lo que se quiere medir es el grado de equidad en el acceso a los bienes y servicios generados por la organización. Un acceso equitativo es aquel que es equilibrado entre las personas integrantes y en el que cada cual pueda acceder en función de sus necesidades. Un acceso es equitativo cuando se han considerado las condiciones singulares de cada persona y/o colectivo y no reproduce privilegios y relaciones de dominación —por ejemplo, de género, edad, clase, racializacion, origen cultural, creencia religiosa, ideología, diversidad funcional, etc.—.
Garúa es una cooperativa especializada en transiciones ecosociales —formación, asesoramiento, puesta en marcha de proyectos propios e investigación—. Dentro de la cooperativa, no existen escalas salariales, de manera que todo el mundo cobra lo mismo por hora trabajada, independientemente de las tareas a la que se haya dedicado. Por otro lado, durante las épocas en las que no existe un colchón económico cooperativo las personas que tienen ahorros propios dejan de cobrar temporalmente —luego recuperan sus salarios de manera retroactiva cuando vuelve la liquidez— para que quienes necesitan ingresar todos los meses puedan hacerlo sin tener que recurrir a un crédito. Además, la cooperativa ha funcionado como banco interno sin interés para las personas socias que han necesitado un préstamo.
Cuando es oportuno, ¿tomamos decisiones considerando otras organizaciones o comunidades para que favorezcan al conjunto sin perjudicar a terceras entidades?
La intención es medir si las necesidades propias se equiparan a las de otras organizaciones o comunidades cuando existe algún conflicto de intereses o por los recursos.
FUHEM es una fundación sin ánimo de lucro que gestiona cuatro centros escolares. En esos colegios ofrece un servicio de comedor ecológico y saludable gestionado por una empresa externa. Durante el curso 2020-2021, en el cual las clases estuvieron suspendidas durante meses fruto la COVID-19, el comedor cerró. La empresa externa se acogió a un ERTE, por el cual el Estado pagó el 80% del salario al personal del comedor. FUHEM completó el 20% del salario de esas personas para que pudiese llegar al 100%, a pesar de no ser personal propio.
¿Gestionamos con éxito los conflictos internos?
La intención es medir si para la regulación de los conflictos se consigue el compromiso y la colaboración de las partes para integrar los cambios o poner los límites que demandan. Los conflictos se regulan con éxito cuando a partir de su afrontamiento se generan cambios y/o aprendizajes.
Alimentar el cambio se dedica a acompañar comedores escolares en su transición desde comedores convencionales hacia comedores ecológicos y saludables. Esto consiste en apostar por materias primas de producción ecológica, de temporada y de cercanía, por reducir los productos de origen animal —carne, pescado y huevos, fundamentalmente—, y por minimizar la producción de residuos y el desperdicio alimentario. Esta transformación genera múltiples conflictos. Con cocina, porque es un reto cocinar solo con productos de temporada, segundos platos sin productos animales o con materia prima que no llega preparada para echar a la cazuela directamente.
En un contexto de colapso ecosocial, nuestros colectivos deben ser resilientes ante fuertes perturbaciones de nuestro entorno, porque justo eso es lo que se espera del desmoronamiento de nuestro orden social y ecológico
Con el alumnado, porque aumentar el contenido de verduras, que además saben más por ser ecológicas, y que son de temporada —los meses fríos, que son la mayoría en un centro escolar, son el dominio de las coles— no es una buena noticia. Si además se reduce la carne, sobre todo en el segundo plato, los conflictos crecen. Y esto implica también malestares con las familias y con el personal de sala. El éxito de Alimentar el cambio consiste en convertir los conflictos en una oportunidad educativa y trabajar con el conjunto de la comunidad escolar para darle sentido a las transformaciones.
¿Dependemos mayoritariamente de fuentes energéticas realmente renovables?
La intención es medir el grado de autonomía respecto a las fuentes de energía no renovable —petróleo, carbón, gas natural, uranio—, sus derivados y/u otras fuentes lejanas del territorio en el que se inserta el sistema. La energía realmente renovable es la que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables —eólica, geotérmica, hidroeléctrica, solar, etc.—, mayoritariamente cerca del lugar de consumo, y con máquinas construidas con materiales y energías también renovables y cercanas.
Lakabe es un pueblo que quedó deshabitado en la década de los 70 y fue okupado en 1980. Desde entonces ha ido avanzando progresivamente en la autonomía energética. En la actualidad es prácticamente autosuficiente gracias a la implementación de un sistema solar fotovoltaico, un aerogenerador y una turbina hidráulica. La combinación de las tres fuentes de energía renovable —solar, eólica e hidráulica— a escala local y autogestionada se adapta a las condiciones ecosistémicas, de tal manera que el uso de la energía solar es más intenso durante los meses de más sol, mientras que en otoño la hidráulica gana peso cuando el arroyo transporta más caudal de agua. Las necesidades energéticas de las casas para la calefacción y la cocina se resuelven con leña del territorio. Para alcanzar la soberanía energética, también se han impulsado acciones para hacer un uso de la energía lo más eficiente posible, como la rehabilitación de las viviendas con criterios bioclimáticos.
¿Está nuestro nivel de consumo material ajustado a la capacidad de reposición del ecosistema en el que nos asentamos?
La intención es medir si el consumo material supera la capacidad de reponerse del ecosistema.
Las siete llaves es un pequeño proyecto extremeño que persigue incrementar la autosuficiencia alimentaria usando solo los recursos que proporciona el entorno en el que se desarrolla, algo cada vez más complicado fruto de la emergencia climática. Además de un intenso trabajo de generación de suelo, de fomento de la biodiversidad y de retención de agua, el camino hacia la autosuficiencia sería imposible sin una apuesta decidida de sus integrantes por la austeridad.
¿Dependemos de técnicas y procedimientos que podemos controlar?
Lo que se quiere medir es el grado de autonomía frente a técnicas y prácticas ajenas, que suelen estar asociadas a tecnologías complejas.
La Lleldiría es un proyecto de producción artesana ligada al sector primario que se guía bajo los principios agroecológicos, de organización cooperativa e identidad local. El proyecto, situado en una cabaña de montaña restaurada de forma comunitaria y sin apenas maquinaria, elabora productos saludables y de alta calidad. Cuenta con una quesería artesanal, cuyo recurso principal es la leche de pasto producida en pequeñas explotaciones ganaderas familiares locales con prácticas tradicionales de gestión y custodia del territorio. También elabora productos fermentados, encurtidos y embutidos, basados en la producción artesana de km0, que promueve el tejido social de apoyo mutuo entre vecinas, así como la recuperación de oficios y saberes tradicionales. Esta recuperación de eco-técnicas del pasado campesino se combina con el uso de nuevas técnicas basadas en energías renovables en la quesería.
¿Resolvemos de forma eficaz y ágil los problemas que nos surgen?
La intención es medir la capacidad de la organización de resolver los problemas sobrevenidos que tiene que ir afrontando.
El Arenero es un proyecto de crianza comunitario articulado alrededor del juego libre, la autogestión y el cuidado. Durante su más de una década de existencia ha tenido que hacer frente a múltiples problemas de largo aliento —como la legalización de un modelo prácticamente inexistente, la consecución y adecuación de varios espacios o el cambio de las personas educadoras de referencia—, pero sobre todo a problemas cotidianos —enfermedad de una familia acompañante, comida que se estropea, conflicto entre peques, familias que no pueden aportar la cuota, no realización de tareas comprometidas, etc.—. Sin una fuerte capacidad, basada en lo colectivo, de hacer frente a estos múltiples problemas, el proyecto habría cerrado hace tiempo.
¿Contamos con mecanismos diversos de protección frente a agresiones externas?
La intención es medir si el colectivo tiene capacidad para protegerse de las agresiones que sufre. Esto requiere al menos de: a) tener la capacidad interna para analizar el contexto y valorar el nivel de riesgo, identificando las principales agresiones y agresores posibles, b) tejer alianzas y redes de apoyo social e institucional a nivel local, regional e internacional; c) dotarse de estrategias de cuidado para hacer frente a los impactos emocionales y psicosociales de potencias agresiones y situaciones de estrés; y d) crear medidas y protocolos de seguridad preventivos y reactivos.
Defender a quien Defiende es una plataforma formada por personas defensoras de derechos humanos, colectivos y organizaciones sociales, institutos universitarios, periodistas y expertas legales, organizada para generar mecanismos de protección frente al contexto de criminalización y represión de la protesta social en el Estado español. La plataforma ha creado un sistema de alerta y respuesta temprana ante casos de violaciones de derechos humanos, y ha desarrollado una diversidad de acciones dirigidas a la protección como el monitoreo y la observación durante manifestaciones, la investigación, visibilización y denuncia, la construcción de alianzas, así como acciones dirigidas a incidir política, social y jurídicamente en la protección efectiva de los derechos civiles y políticos.
¿Son eficaces nuestros mecanismos de protección?
Es difícil evaluar nuestra capacidad de respuesta frente a agresiones futuras, pero podemos intuirla a partir de nuestra capacidad pasada y los mecanismos que hemos ideado.
El movimiento feminista ha mostrado su capacidad para poner en marcha una gran variedad de estrategias y mecanismos de protección frente a las violencias machistas y sexuales, adaptadas a los contextos de cada época. En los años 80 se formaron las Comisiones Antiagresiones, que brindaban acompañamiento a mujeres que habían sufrido violencia. Durante esta época se crearon centros de atención contra la violencia gestionados por el propio movimiento. A finales de los 80 e inicios de los 90 se conformaron los primeros espacios de formación de autodefensa, que fueron la antesala de lo que hoy conocemos como autodefensa feminista. Desde comienzos del siglo XXI, el movimiento empezó a elaborar protocolos antiagresiones frente a la violencia sexual en los espacios de ocio y en las fiestas, que supusieron el inicio de la aparición de los puntos morados en las fiestas populares. Numerosas movilizaciones y campañas a lo largo de estas décadas, como las llevadas a cabo bajo los lemas “Yo sí te creo” o “Se Acabó” han situado la violencia machista en el foco del debate social y político, abriendo camino a cambios legislativos y culturales. La variedad de respuesta frente a las agresiones muestra que el movimiento feminista tiene una alta capacidad de resiliencia ante posibles escenarios futuros.
¿Nuestro proyecto mejora las condiciones para la vida?
La intención es medir en qué grado contribuye a mejorar funciones ecosistémicas como: la polinización, la estabilidad climática, la depuración de aguas, la fertilidad del suelo, la calidad del aire o la capacidad de regeneración de la trama de la vida.Mas Les Vinyes produce alimentos sanos, comparte conocimiento y todo ello mediante prácticas regenerativas del suelo como eje central de todo el proyecto. Este enriquecimiento del suelo permite una regeneración ecosistémica más basta, pues el suelo es una base fundamental de la trama de la vida.
Los ejemplos aquí señalados son solo una pequeña muestra de la gran variedad de proyectos y colectivos existentes en nuestro entorno cercano. El desafío es construir cada vez más organizaciones que cumplan el mayor número posible de criterios de justicia y resiliencia ante los escenarios que ya son una realidad.
Cuando sabes a dónde lleva un camino y lo recorres con conciencia y voluntad, no puedes quejarte del lugar al que llegas.
Esta afirmación viene a cuento porque la humanidad sabe —científicamente— el desastre ecoclimático al que nos enfrentamos. Y aun así, seguimos transitando por el camino equivocado, con bastante conciencia y con unánime voluntad colectiva. Les contaré una historia real por si pudiera servir para aprender de nuestros errores y evitar nuestra condena.
En 1923, el genocida Adolf Hitler fue encarcelado por intentar derrocar al gobierno alemán. Su intento de golpe de Estado le otorgó fama y seguidores. Fue condenado a cinco años de prisión, de los que solo cumplió nueve meses. Lo más aterrador es que aprovechó ese tiempo para escribir sus ideas políticas en un libro, en el que contaba todo lo que quería conseguir. En resumen: pretendía conquistar nuevos territorios, acabar con la democracia y exterminar a los judíos. Tenía envidia de la grandeza física de Rusia. Con esa ideología abiertamente publicada por escrito, diez años más tarde ganó las elecciones y puso en marcha su plan. Es bien sabido que el plan acabó bastante mal para casi todo el mundo, incluyendo a él mismo.
La personalidad de este dictador —tal vez demasiado similar en todos los sátrapas y en los que desearían serlo— se resume en: egolatría, complejo de Mesías, sentimiento de inferioridad (por ejemplo, Hitler carecía de las características que alababa de la raza aria), desprecio hacia los débiles, poca o nula empatía, carisma, capacidad de manipulación y obsesión por el poder. Con esto, Hitler consiguió manipular a la sociedad alemana, implicando a buena parte de sus intelectuales. Nadie puede alegar que mintió sobre sus objetivos básicos. Por extraño que parezca, convenció a suficientes personas.
Los que se atrevieron a oponerse al nazismo, tuvieron que exiliarse. Es el caso de Walter Benjamin y de Theodor Adorno. Tras el fin de la guerra, Adorno volvió de su exilio y escribió: «Lo que nos habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie» (Dialéctica de la Ilustración, 1947).
A pesar de todos los avances de la humanidad, aún no hemos aprendido lo más básico: a vivir en armonía. Seguimos permitiendo genocidios y se siguen escogiendo a gobernantes que no superarían ni el más burdo test de empatía, honestidad o ética.
Miren a Netanyahu y su odio hacia Palestina; y no se pierdan el detalle de que Alemania sea uno de los países que más armas vende a Israel (junto con EEUU e Italia). Sorpréndanse por la megalomanía de Trump, un delincuente en la Casa Blanca. Y no se pierdan al presidente argentino Milei que ganó las elecciones a pesar de asegurar que habla con su perro muerto.
Estos políticos son tres ejemplos extremos, pero atención: los más moderados tampoco nos están llevando hacia un futuro en armonía y sostenible. Ahora que lo sabemos: ¿Seguiremos permitiéndolo?
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Los que se atrevieron a oponerse al nazismo, tuvieron que exiliarse. Es el caso de Walter Benjamin y de Theodor Adorno. Tras el fin de la guerra, Adorno volvió de su exilio y escribió: «Lo que nos habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie» (Dialéctica de la Ilustración, 1947).