Señor alcalde, puede hacer muchas cosas diferentes a las que está haciendo. Primero infórmese, mire y escuche lo que se está haciendo y cociendo alrededor de estos
proyectos. Es, cuanto menos, lo que hacemos cuando se quiere adquirir o comprar algo; miramos y valoramos para ver quien lo tiene y que nos dé su opinión.

Hable con el alcalde de Casasbuenas en Toledo. Seguro que se van a entender. Es de su propio partido. Él le explicará los problemas que está teniendo de olores, donde el amoniaco (NH3) y el ácido sulfhídrico (H2S), están campando a sus anchas por la zona, en una planta de reciente construcción, puesta en marcha en agosto pasado, dependiente de la localidad próxima de Noez, donde, dicho sea de paso, esta planta ya ha tenido varios cambios en su gestión administrativa.

Hable si quiere con la alcadesa de Balsa de Ves en Albacete, donde el pueblo se encuentra condenado a marcharse por la contaminación ambiental y de los suelos, habiendo perdido el agua potable de las fuentes que había y los niveles de nitratos están muy fuera de los parámetros establecidos.

Pregúntele a su compañero el alcalde de Membrilla, también de su partido, y que le indique los pasos que ha dado para DECIR NO a este tipo de plantas.

Escuche a la ciencia, que pese a que Vd. dice que por cada científico que esté en contra de este tipo de plantas, habrá más que estén a favor, hay ponencias de científicos de gran calado y renombre que ponen muy en cuestión estas plantas, como Fernando Valladares científico del CSIC o Antonio Turiel, también científico experto del CSIC. Así mismo puede tomar información del Doctor Jesús Martínez Moratalla, médico neumólogo y profesor universitario, ya retirado, de Albacete, donde le hablará de las pocas bondades que rodean a estas plantas, proyectando partículas nocivas a bastantes km. a la redonda de donde se instalan.

O escuche a Máximo Florín, profesor de la universidad de Castilla la Mancha y experto en residuos (bueno, a este Sr, creemos que ya lo ha escuchado, pero no le interesa mucho
lo que dice). Todos ellos coinciden en que el proceso de extracción y aprovechamiento del biometano es bueno a pequeña escala, pero no con estas dimensiones. Estos señores
también dicen que las vinazas y vertidos vinícolas no se deben procesar en plantas de biometano. Porque seguimos teniendo el mismo residuo a su salida.

Pregúnteles a las Denominaciones de Origen de Toro, Rioja y Rivera del Duero, porque han tomado la decisión de DECIR NO A LAS PLANTAS DE BIOMETANO; verá que le dirán que pondrán en peligro las calidades de sus vinos.

Pregunte también a los agricultores y ganaderos de la Solana, que los tiene más cerca, el porqué de su decisión de no querer las plantas de biometano. ¿Quién está equivocado,
ellos o usted abrazando estas plantas?

Escuche la opinión de los enólogos de la zona que también están dando su opinión, Sr. Javier Navarro, llamemos a las cosas por su nombre y no nos cuente milongas de
que no puede hacer nada y que todo se lo están dando hecho, porque es la Junta la que le está marcando el paso. Eso se lo cuenta a sus amiguetes un domingo almorzando y se lo
creen, pero a nosotros no. Sí que puede hacer, y mucho y bien.

Para iniciar la tramitación de un proyecto de carácter prioritario (porque nos parece que es eso lo que pretende), el primer paso lo ha de dar el propio Ayto., presentando
dicho proyecto con sus respectivos informes favorables a la Junta de Comunidades y entonces ésta iniciará su trámite. Utilizando el símil futbolístico, por favor no tire más balones fuera, porque Vd. es el dueño del terreno de juego y si Vd. no quiere, no se juega el partido.

Aunque vemos también que pretende (utilizando otro símil) nadar y guardar la ropa. Quiere planta de biometano pero que no sea por su culpa. Está aún, muy a tiempo. El
partido está empezando y tiene margen de maniobra, todo lo demás será tenderle a los especuladores de turno, una alfombra delante del Ayuntamiento y abrirles las puertas de
par en par.

Después en la historia quedará sin lugar a duda como el alcalde que trajo “una planta de mierda” a Tomelloso y que robó la vida a los humildes habitantes de Arenales de San Gregorio.

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El Juzgado nº 1 de Sevilla ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción contra la decisión del alcalde de Morón de la Frontera de archivar el procedimiento de Calificación Ambiental relativo a la construcción de dos nuevas balsas de residuos de la empresa Aceitunas Guadalquivir.

La organización ecologista denuncia que el Ayuntamiento de Morón ha tramitado la autorización de estas infraestructuras incumpliendo la legislación ambiental andaluza. Según Ecologistas en Acción, el alcalde archivó el expediente el pasado 5 de agosto a pesar de tener conocimiento de que la empresa ya había iniciado las obras sin contar con autorización municipal ni autonómica, y arrancando olivos protegidos por las normas urbanísticas locales.

El proyecto contempla la construcción de dos balsas de residuos procedentes de la industria agroalimentaria, que ocuparían 45.614 m² de suelo especialmente protegido para el mantenimiento del uso tradicional del olivar. El Ayuntamiento había iniciado el procedimiento de Calificación Ambiental el 7 de julio, abriéndose el preceptivo periodo de consultas y alegaciones. Sin embargo, Ecologistas en Acción comprobó el 25 de julio que las obras estaban ya en marcha y eran claramente visibles desde una carretera cercana.

El 30 de julio, la Comandancia del SEPRONA de la Guardia Civil presentó una denuncia ante el Ayuntamiento por la ejecución de obras sin licencia ni proyecto técnico. Aun así, la paralización no se decretó hasta el 5 de agosto. Ese mismo día, apenas tres días hábiles después de recibir un escrito de la empresa, el alcalde decidió archivar el expediente ambiental sin dar audiencia a las personas colindantes ni al público que había sido informado pocos días antes del inicio del procedimiento.

Ecologistas en Acción ha recurrido esta decisión ante la justicia y no descarta ampliar sus denuncias por posibles delitos de prevaricación urbanística y ambiental. La organización subraya que, hasta la fecha, no consta ningún tipo de autorización ambiental para la construcción de estas dos nuevas balsas, a pesar de haber sido solicitada formalmente a la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Sevilla.

Los expedientes municipales y autonómicos incluyen un informe técnico elaborado por un ingeniero técnico agrícola especializado, que destaca la necesidad de contar con las autorizaciones pertinentes. El informe recuerda que estas dos nuevas balsas se sumarían a otras 39 existentes en la zona, que ocupan un total de 853.647 m², de las cuales 11 pertenecen también a Aceitunas Guadalquivir y superan los 355.469 m².

Según la organización ecologista, la ausencia de evaluación ambiental impide valorar alternativas de ubicación más sostenibles, estudiar opciones frente al incremento de superficies destinadas a balsas de residuos o justificar la necesidad real de estas nuevas infraestructuras. Llama la atención, además, que la empresa disponga de balsas ya autorizadas y no construidas en la misma finca, que podrían cumplir la misma función. También señalan que la compañía está tramitando un proyecto de puesta en riego en esa misma finca que ha sido anulado después de que la Junta de Andalucía ocultara documentación durante el trámite de información pública.

Ecologistas en Acción recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya anuló, en sentencias de 29 de marzo y 24 de octubre de 2023 —esta última confirmada por el Tribunal Supremo el 21 de noviembre de 2024—, otro acuerdo del Ayuntamiento de Morón que autorizaba la ampliación de las balsas de la empresa por incumplir las normas urbanísticas municipales. Estas resoluciones judiciales desautorizaron los informes técnicos municipales que avalaban aquel proyecto, al considerar que habían interpretado erróneamente la normativa.

La organización ecologista insiste en la necesidad de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y urbanística, así como de proteger el entorno agrícola y los olivares tradicionales frente a nuevas presiones industriales carentes de control adecuado.

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Amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, del 22 al 30 de novembre d’enguany, des de l’àrea de residus d’Ecologistes en Acció hem organitzat un seguit d’activitats davant del repte de reduir la quantitat de deixalles que es generen. Com a prèvia, vam voler conèixer de primera mà la realitat del que arriba a una de les plantes de tractament de residus que gestiona l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Amb aquest objectiu, una desena de persones vam visitar l’Ecoparc 3 de Sant Adrià de Besòs el dia 17. Es tracta d’una planta que rep els residus dels contenidors grisos del 31% de la zona gestionada per l’AMB.

Els camions aboquen el seu contingut als fossats, on un “pop” mecànic trenca les bosses i diposita la brossa en unes cintes on es trien manualment els residus voluminosos. Posteriorment, les deixalles passen per uns cilindres giratoris que separen els materials inferiors a 7 cm. Aquests residus més petits són transportats per una cinta diferenciada i constitueixen la potencial matèria orgànica que podria esdevenir material bioestabilitzat.

Els residus superiors a 7 cm passen pel que s’anomena un sistema balístic, que separa els residus lleugers i plans, com ara bosses i films. La resta continua per altres cintes on es detecten els residus metàl·lics, primer amb imants i després amb un camp magnètic, i finalment, mitjançant infrarojos, se separen els diferents tipus de plàstic. La recuperació de materials representa aproximadament un 10% del total que arriba a la planta. Allò que no s’ha separat pels mecanismes esmentats es destina a valorització energètica.

Del que vam observar, cal destacar:

• Els biodigestors porten dos anys aturats a l’espera de la futura incorporació de matèria orgànica en aquesta planta.
• La presència omnipresent de plàstics i altres impropis en el material inferior a 7 cm fa que sigui de molt baixa qualitat i no es pugui considerar matèria orgànica aprofitable; per tant, s’ha de destinar íntegrament a valorització energètica.
• Els residus que selecciona el sistema balístic (bosses i films) no es reciclen, ja que no és rendible econòmicament. Es destinen íntegrament a valorització energètica.
• Només els metalls (fèrrics i no fèrrics) representen residus rendibles, però caldrien tècniques metal·lúrgiques específiques per aprofitar altres metalls procedents de xips i residus electrònics que hi poden arribar. En aquest sentit, es podrien recuperar els materials electrònics dels equipaments dels cossos de seguretat que actualment es destinen directament a valorització energètica.
• Els envasos plàstics que arriben als contenidors grisos es troben bruts i en mal estat, de manera que el sistema òptic no els detecta i no es poden recuperar. Dels que sí que es recuperen, se’n considera d’una qualitat baixa i les bales compactades es venen a un preu inferior.
• A més, cal esmentar que part de la maquinària no funcionava a ple rendiment, amb aturades freqüents, i vam poder veure un camió de paper i cartró que es disposava a dipositar el seu contingut al fossat.

Com a conclusions:

1. En aquest tipus de plantes hauria d’arribar menys volum de residus. Amb el desplegament del sistema SDDR (sistema de dipòsit i devolució de residus) i de la recollida porta a porta pensem que es podría reduir la quantitat de residus que arriben a aquesta planta.
2. Mitjançant polítiques de restricció dels plàstics d’un sol ús i amb campanyes d’educació ciutatana hauríem de poder reduir la quantitat d’impropis de petit tamany que arriben als ecoparcs.
3. Optimitzar tècniques metal-lúrgiques per major aprofitament de metalls de petit tamany.
4. No reduir al benefici econòmic la gestió de residus per aprofitar residus amb poca sortida al mercat com bosses i films.

A més d’aquest acte, hem organitzat el 22 de novembre el 9è Mercat d’intercanvi i de segona mà, un any més, a la plaça de Mossèn Joaquim Boronat de Torredembarra, l’objectiu del  qual  és fomentar la reutilització i el bescanvi de qualsevol producte, per disminuir el nombre de residus que es generen i allargar la vida d’ús dels productes que encara són útils.

Durant la Setmana distribuirem videos curts per les xarxes socials. En concret, un cada dia feiner, sobre com reparar i reutilitzar diferents productes, i el dia 26 de novembre completarem la visita a l’Ecoparc 3 amb la planta incineradora.

 

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• El col·lectiu denuncia que la proposta d’autorització d’emissions a l’atmosfera incompleix la normativa vigent, oculta informació essencial sobre les emissions i suposa un risc directe per a la salut pública a causa de la seua ubicació extremadament pròxima a habitatges, instal·lacions escolars i universitàries, i al propi Hospital Universitari.
• A més de presentar les al·legacions, la Colla també ha participat en les reunions i mobilitzacions que el veïnat, ampes i entitats socials de Sant Joan d’Alacant han realitzat per a paralitzar el projecte.

La Colla Ecologista d’Alacant–Ecologistes en Acció ha presentat davant la Conselleria de Medi Ambient un document d’al·legacions en el qual sol·licita la denegació de l’autorització d’emissions a l’atmosfera del crematori projectat per ASV Funeser SLU a Sant Joan d’Alacant.

L’associació subratlla que l’emplaçament del crematori vulnera el Decret 228/2018, que recomana situar aquestes instal·lacions en sòl industrial i a més de 500 metres de zones residencials o de serveis. En aquest cas, la ximenera se situa a tan sols 12 metres de sòl residencial, a 28 metres de laboratoris universitaris i a 57 metres de l’Hospital Universitari.

La Colla Escologista considera «especialment greu» que en la documentació administrativa s’intente presentar la zona com a acollidora d’instal·lacions industrials quan no existeix cap instal·lació d’eixe tipus en l’entorn i el Polígon Industrial més pròxim està a més de 3 km.

Carències en la reducció de contaminants

Les al·legacions també adverteixen de greus carències tècniques en la proposta d’autorització: l’administració no detalla els sistemes de depuració de fums, no defineix la composició dels additius utilitzats i omet fixar valors límit d’emissió per a nombrosos contaminants regulats, entre ells metalls pesants, amoníac, partícules fines, cianurs, hidrocarburs aromàtics policíclics, PCB o hexaclorobenceno.

Així mateix, s’assenyala que el sistema plantejat pel promotor no inclou tècniques eficaces per a reduir contaminants especialment perillosos, com el mercuri. Segons els càlculs basats en dades oficials del Conveni OSPAR, la instal·lació podria emetre més de 600 grams d’este metall tòxic i bioacumulatiu cada any, sense que el projecte contemple les millors tècniques de retenció com la injecció de carbó actiu.

Tampoc es garanteixen controls fiables de dioxines i furans, ja que la metodologia de mesurament exigeix un flux continu de gasos durant hores, una cosa incompatible amb el funcionament real d’un crematori. A això se suma l’absència d’un estudi de dispersió d’emissions i de criteris clars per a l’altura de la ximenera, elements essencials en una instal·lació situada en una àrea sanitària i residencial tan sensible.

 

 

Per a la Colla Ecologista d’Alacant, el projecte presenta deficiències suficients per a justificar la denegació de la sol·licitud de l’empresa. El col·lectiu denúncia, a més, la falta de transparència durant la tramitació i reclama que es tinguen en compte la mobilització veïnal i l’evident incompatibilitat del crematori amb el desenvolupament del clúster sanitari i educatiu de Sant Joan d’Alacant.

Per tot això, el col·lectiu ecologista sol·licita a la Conselleria que arxive l’expedient, garantisca la participació pública i aporte informes independents abans de permetre una activitat que, en la seua forma actual, consideren « mal situada i amb una falta de garanties mínimes de protecció sanitària i ambiental».

 

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El día 18 de abril de 2017 fue denunciada por Ecologistas en Acción, ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la instalación de un aparcamiento de camiones, con grandes depósitos de combustible, en una zona colindante al casco urbano y a cientos de viviendas habitadas, ocupando en gran parte suelo no urbanizable de protección paisajística y a menos de 500 metros de distancia del Castillo de Salobreña, declarado Bien de Interés Cultural, sin licencia e incumpliendo la legislación vigente.

El 2 de febrero de 2018 la Consejería informó al Ayuntamiento de Salobreña de los hechos (por si no se hubieran dado cuenta) instando a que “ejerza las competencias que en materia de disciplina urbanística le corresponden”.

El 13 de marzo de 2018 se denuncia nuevamente la situación ante el Ayuntamiento pidiendo que informara sobre “las actuaciones que ha acometido la corporación municipal respecto a este aparcamiento ilegal de camiones” a día de hoy y transcurridos más de siete años no se ha recibido respuesta alguna a este requerimiento.

Los depósitos de combustible y los camiones que lo transportan (hasta 50 estacionados en un solo día) suponen un peligro para los cientos de viviendas cercanas y el ruido no deja dormir a los vecinos

Posteriormente se ha instalado en el mismo un vertedero ilegal de escombros, basuras y residuos sólidos que provoca nubes de polvo y además se realizan quemas continuas que provocan humos y malos olores al casco urbano colindante, a corta distancia de los camiones de combustible.

Actualmente los vecinos de Salobreña más de nueve años soportando los ruidos, polvos, olores, humos y continuas quemas de residuos en el aparcamiento ilegal que hay al lado de sus viviendas.

Todo esto sin licencia de actividad y sin medidas de seguridad homologadas, consentido por el Ayuntamiento, ante el cual se han denunciando estos hechos en numerosas ocasiones sin que ejerza las competencias que le marca la ley.

Desde Ecologistas en Acción instamos al Ayuntamiento de Salobreña y demás administraciones responsables a que se dediquen a velar por la seguridad y el bienestar de sus vecinos, hagan cumplir la ley y se proceda al cierre inmediato de estas instalaciones y a la depuración de las responsabilidades que hubiere.

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Ecologistas en Acción lamenta profundamente las maniobras del Ayuntamiento de Tomelloso en favor de la implantación de una planta de biometano, a 15 kilómetros del municipio, en un área ya tensionada por proyectos similares y que se encuentra cercano a espacios naturales protegidos.

La pasada semana, los medios informaban de una ronda de entrevistas mantenidas por el Alcalde, Javier Navarro, el concejal de Urbanismo, Benjamín de Sebastián y el concejal de Agricultura, Jesús Lara, con las principales cooperativas agroalimentarias, la patronal agraria y la Asociación de Empresarios de Tomelloso, con el fin de conseguir su apoyo a la posible instalación de una planta de biometano, que recogería, trataría y aprovecharía los residuos agrícolas para un uso sostenible, con una repercusión sectorial y económica positivas, resolviendo los problemas asociados a la ingente producción de vinazas, entre otros.

Antes de nada, llama poderosamente la atención que representantes de un organismo público, con notable responsabilidad en la administración, gestión y custodia del interés general, se presten a hacer de portavoces u hombres de negocios para vender las excelencias de un proyecto del que nada se sabe, pero que se presume de una concepción, modelo y gestión que ha logrado soliviantar a muchos pueblos de Castilla-La Mancha, sumando en total 55 proyectos, 5 ya cancelados gracias a la lucha de las plataformas. Ofreciendo información sesgada, incompleta, obviando los gravísimos problemas de índole medioambiental, social y económica que esta industria contaminante genera.

El Ayuntamiento de Tomelloso ha caído infantilmente, siendo benevolentes, en la trampa tendida por los promotores (desconocidos por el momento, pero que apunta a un fondo de inversión o a una empresa gasista de renombre), dada la impopularidad o escándalo que acompañan estos complejos, como estrategia para vencer iniciales manifestaciones de duda o resistencia de afectados potenciales (propietarios de parcelas, cooperativas, población residente, etc). Una burda maniobra que nos pone en aviso de lo que está por venir, emplazando a la ciudadanía a informarse de verdad, con la ciencia en la mano, a organizarse y movilizarse.

Aunque se viene contando incansable y repetidamente desde las plataformas locales contra las plantas de biogás-biometano, desde Ecologistas en Acción recordamos que se trata de centros diseñados para la recepción de enormes cantidades de residuos orgánicos (no solo agrícolas o forestales, sino gallinaza de macrogranjas de aves, purines de cerdo, restos de mataderos, lodos y fangos de depuradoras de aguas residuales) de complejo procesamiento y con una carga contaminante desorbitada, procedentes de puntos muy distantes y con escaso o nulo arraigo o tradición productiva en nuestro territorio. Los pestilentes olores, las fugas de biometano y otros gases, el vertido accidental de digestato, residuo resultante de la obtención de biogás contenido en las balsas (con el consecuente riesgo de contaminación de suelos y acuíferos) o el incesante tránsito de camiones cargados con toneladas de residuos nos ilustran perfectamente de la inviabilidad ambiental y de la ruina que pueden ocasionar. Un elemento a tener en cuenta es que podrían servir de efecto llamada para la proliferación de macrogranjas.

Otro aspecto no menos relevante es que la planta de Tomelloso confluiría en la práctica con otras previstas en la zona y cuyo radio de acción podría comprometer seriamente la conservación de ecosistemas lacustres amparados por la Convenio de Ramsar y la Red Natura 2000 (Lagunas de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana y Pedro Muñoz) Debido a la oleada de proyectos de biometanización auspiciada por el Gobierno regional, es exigible, como mínimo, que los ayuntamientos se ciñan a respetar los procedimientos de tramitación ambiental y de información pública, siendo escrupulosos con la calificación urbanística de los terrenos y la legislación ambiental, presentando alegaciones que antepongan el equilibrio ecológico, la conservación de la naturaleza, la salud pública y el uso y aprovechamiento de actividades centrales del tejido productivo local y comarcal, al rendimiento económico de grupos empresariales y financieros opacos y ajenos por completo a los intereses, demandas y necesidades de la población.

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a la ciudadanía a permanecer alerta y vigilante, contrastando la propaganda burda con la información rigurosa y veraz, participando y sumándose a las campañas que desde plataformas o colectivos, a buen seguro, surgirán para contrarrestar unos proyectos inasumibles desde un punto de vista democrático, medioambiental, social y económico.

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• Ecologistas en Acción se solidariza con la familia de la trabajadora fallecida a consecuencia de la explosión en un centro de tratamiento de residuos sanitarios en Socuéllamos, propiedad de la empresa granadina Athisa.
• En funcionamiento desde el 31 de marzo, su instalación ha venido precedida de protestas y presentación de alegaciones y recursos de reposición (estos últimos contra la licencia de actividad municipal) a manos de una plataforma local, por su peligrosidad y un sinfín de irregularidades, que no impidieron las concesiones administrativas por parte de la Junta de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de Socuéllamos.

A la espera de conocer los resultados preliminares de la investigación abierta que expliquen las causas de la deflagración de un bidón que contenía formol en la mañana del pasado 27 de octubre y que se tradujo en la muerte de Almudena Moreno y en la hospitalización de dos trabajadores más, cuyo estado es crítico, el fatídico accidente podría ser el resultado de una concatenación desastrosa de decisiones de todo el proceso que desembocó en la aprobación del proyecto y en su puesta en marcha, en contra de gran parte de la población.

Rechazo social cimentado en la situación de riesgo que conlleva el tratamiento y gestión de residuos hospitalarios de carácter infeccioso y de sustancias cancerígenas, mutagénicas y ecotóxicas, sin las obligadas inspecciones, sin una formación en prevención del personal contratado o sin los protocolos y planes de emergencia y evacuación. Aderezado por su ubicación en un polígono industrial, a un kilómetro escaso de viviendas habitadas, lo que desde el principio impulsó la resistencia vecinal. La planta del Grupo Athisa, beneficiada supuestamente por una exención contemplada en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, operaba desde el 9 de octubre de forma supuestamente ilegal, al haber superado el plazo otorgado dentro de la clasificación de fase experimental.

La apuesta irresponsable del Gobierno de Emiliano García-Page por proyectos de instalaciones de residuos peligrosos, al albur de millonarias inversiones de dinero público, con el único propósito de satisfacer la voracidad lucrativa de empresas foráneas, cuyo máximo exponente son las plantas de biometano (como las dos previstas precisamente en Socuéllamos), con la aquiescencia de algunos ayuntamientos, simplificando hasta el borde de la legalidad los procedimientos de tramitación ambiental, ejemplifican la arbitrariedad y la falta de escrúpulos de los poderes públicos hacia la ciudadanía, a quien debe, en su condición de servidores públicos, transparencia, buen gobierno y protección.

Ecologistas en Acción pide la depuración de responsabilidades penales, de corroborarse si la empresa ha incurrido en graves o muy graves infracciones en la normativa aplicable a la gestión de residuos biosanitarios, en la referida Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, sin detrimento de las responsabilidades institucionales, o criminales llegado el caso, de la Junta de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de Socuéllamos, por no haber actuado con la debida diligencia en la provisión de permisos, licencias o autorizaciones, junto a la falta de seguimiento, en forma de auditorías e inspecciones. De confirmarse lo antedicho, la organización ecologista exige la clausura definitiva del recinto.

Manuel Sánchez (926504249)

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• El pasado 11 de marzo, del año 2022, la Federación provincial de Ecologistas en Acción de Cádiz interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Cádiz a fin de la incoación y tramitación de expedientes sancionadores, así como ordenar a los Ayuntamientos de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Rota y Arcos de la Frontera la implantación de sistemas de recogida separada de los residuos de plástico y metálicos no envases mediante la instalación de contenedores específicos en la vía pública o de recogida puerta a puerta o sistema similar.

Este colectivo había presentado el 12 de marzo, del año 2021, denuncia ante la citada Consejería a fin de instar a estos cuatro Ayuntamientos al cumplimiento de la legalidad vigente con respecto a la separativa de residuos.

No obstante, por esta Consejería no se tramitó el expediente lo que llevó al grupo ecologista a presentar denuncia contra la misma, siendo condenada a estimar procedente la demanda realizada y al pago de las costas judiciales.

La sentencia determina que las diligencias previas llevadas a cabo por la Administración demandada, y referidas a la respuesta de la denuncia inicial interpuesta, son insuficientes para entender cumplido su deber de vigilancia y/o inspección de los incumplimientos objeto de la denuncia.

La resolución favorable se sustenta en el artículo 12.4 b) de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados que establece que “…Corresponde a las Comunidades Autónomas…la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos…”.

En la misma Ley, se recoge que “Antes del 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plásticos, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso”.

La sentencia determina la existencia de incumplimiento de la normativa relativa a la recogida separada de los residuos domésticos de los materiales de plástico y metal, todo ello mediante el correspondiente informe pericial.

En este informe -base para sentencia- queda determinado que no se realiza de forma separada la recogida de todos los residuos plásticos y metálicos respecto de la recogida general de residuos domésticos municipales, sino que solo se hace recogida separada de los que tienen características de envases, y esta recogida y separación de los residuos de envases queda constatado que se realiza de forma bastante deficiente.

Por otro lado, también se hace hincapié en las deficiencias presentadas en las memorias anuales.

Según determina la Ley se deberá presentar una memoria anual de gestión de residuos en la que se debe especificar, como mínimo, la cantidad de residuos gestionados, su procedencia, la naturaleza de los mismos y su destino final; especificaciones que están ausentes en las memorias presentadas en los años 2017, 2018 y 2019, ya que no recogen el destino final de los residuos de envases, valorización o eliminación, única manera de comprobar fehacientemente si se han cumplido los objetivos de recuperación que establece la ley.

Todos los municipios mencionados deberán adaptar sus ordenanzas a los requisitos de la Ley 7/2022 puesto que ninguno de ellos lo está; y la información facilitada está dispersa, poco accesible, poco clara y no actualizada -según el “Análisis y diagnóstico en materia de gestión de residuos municipales en el ámbito de las comarcas de la Costa Noroeste, Bahía de Cádiz y la Janda de la provincia de Cádiz”-.

En dicho análisis también se determina que el porcentaje de impropios contenidos en envases ligeros mejora la media nacional, un 28,1% frente al 30,8%; no así en el caso de Rota con un 47,4% que se aleja notablemente de la media.

En relación con las instalaciones de transferencias -Las Calandrias y Miramundo- muestran su estado de antigüedad en la capacidad y en su envejecimiento general.

Ambas adolecen de un bajo rendimiento, estando los productos de salida para valorización por debajo del 10% -del orden del 7,56% en Las Calandrias y del 6,25% en Miramundo- necesitándose un estudio pormenorizado de las causas y soluciones; a pesar de ello, sí se determina que una de las causas es el bajo porcentaje de fracción orgánica en la fracción resto.

En las conclusiones del citado análisis se establecen las exigencias de la Ley 7/22: -obligación de recogida separada de determinadas fracciones, con límite de plazo para su implantación; obligación de adaptar ordenanzas a los preceptos contenidos en la Ley; normas de obligado cumplimiento para la eliminación de residuos municipales en vertedero; determinación de los criterios de cálculo de los costes de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de los residuos municipales así como a cubrir al menos el 100% de los costes mediante tasas diseñadas en aplicación del principio de “quien contamina paga”.

Además, la LECA -Ley de Economía Circular de Andalucía- determina que los Ayuntamientos deberán: redactar planes de economía circular; implantar el análisis de ciclo de vida del producto; implantar las denominadas “compras verdes”. Estableciendo como plazo, para ello, el pasado 30 de abril.

Es de destacar que los informes de aviso y las recomendaciones de la Unión Europea a España alertan sobre el incumplimiento de los objetivos de gestión de residuos y la necesidad de mejorar los modelos de recogida y gestión de residuos.

Se plantea la solución genuina de implantar otros sistemas de recogida, como pueden ser los sistemas de recogida puerta a puerta, tanto domiciliarias como comerciales, los sistemas de depósito y/o los sistemas de pago por generación.

La finalidad del colectivo ecologista es que se vayan estableciendo planes y medidas municipales para el cumplimiento de una ley -la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular- de recogida separada de la fracción orgánica -biorresiduos- de los residuos municipales; al mismo tiempo la aplicación de la Agenda 2030 y en particular el objetivo 12, de producción y consumo sostenibles, junto a la contribución a la lucha contra el cambio climático.

Se es consciente del enorme desafío que suponen estos compromisos para las entidades locales, con limitación en medios técnicos y recursos humanos, pero asumir estos retos es inaplazable ya que su incumplimiento acarreará una subida insostenible de los costes de gestión y que repercutirán en los recibos a pagar por la ciudadanía.

Por último, afear la nula y nefasta gestión de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Cádiz en su labor de, entre otras, promoción de la sostenibilidad, conservación y mejora del medioambiente, de apoyo a proyectos de mejora de la recogida separada de biorresiduos y fomento de la economía circular, de fomento de la sensibilización sobre la importancia de la sostenibilidad y el cambio climático.

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Ecologistas en Acción de Huelva considera que el vertedero de Residuos Peligrosos de Nerva puede estar siendo gestionado de forma irregular por la empresa Diseño de Soluciones Medioambientales SL ya que  funciona con una licencia de actividad que debió ser renovada hace ocho años. La citada licencia fue concedida por el Ayuntamiento de Nerva en el año 1998 a la empresa Complejo Medioambiental de Andalucía SA, para un depósito de seguridad de residuos especiales y un vertedero de residuos industriales inertes, construidos entonces con la correspondiente licencia de obras. La licencia de actividad es la autorización municipal que permite a una persona o empresa el uso de un inmueble concreto para desarrollar una determinada actividad económica. Por ello, se debe proceder a su renovación tanto si se realizan reformas o modificaciones en el lugar donde se lleva a cabo la actividad como si se cambia la propia actividad o cambia la persona o empresa autorizada.

Es sabido que la actividad que se desarrolla actualmente en estas instalaciones no es sólo de depósito y vertedero, sino que incluye desde hace años varias plantas nuevas para otras actividades: de inertización, de tratamiento de aguas, de trituración de envases, etc. Además, en 2017 tuvo lugar la compra-venta del vertedero, siendo la nueva empresa propietaria Diseño de Soluciones Medioambientales SL (DSM).

Es decir, la licencia de actividad del vertedero de Nerva debió ser legalizada hace al menos ocho años por haber cambiado los tres requisitos concretos inalterables de toda licencia municipal de actividad: la empresa beneficiaria, las instalaciones y la actividad. No hacerlo conlleva que el otorgamiento municipal de 1998 haya perdido su eficacia, por lo cual, el Ayuntamiento de Nerva podría tener la obligación de abrir un expediente sancionador, y la empresa DSM debería ver suspendida su actividad e igualmente debería solicitar nueva licencia de actividad de inmediato.

Por otra parte, la autorización ambiental integrada (AAI) fue otorgada a Befesa en 2012. Su titularidad fue transmitida legítimamente por resolución de la Consejería de Medio Ambiente en mayo de 2017, tras la compra-venta del vertedero. Sin embargo, tras la aprobación en 2020 de un real decreto relativo a los vertederos y en 2022 de una ley relativa a los residuos y la economía circular, aquella autorización de 2012 debía adecuarse a la nueva normativa dentro de unos plazo pasados los cuales no contarían con autorización plenamente legal para seguir operando. Para la adecuación de la AAI conforme al real decreto el plazo finalizó en julio de 2024, y para adecuarla a la ley sobre residuos y economía circular el plazo finalizó en abril de 2025.

Es decir, esta empresa lleva más de un año desarrollando su actividad en el vertedero tóxico sin que su autorización ambiental cumpla las leyes vigentes. Se trataría de una infracción administrativa entre grave y muy grave, ante la cual, la Junta de Andalucía debería abrir el correspondiente expediente sancionador.

Hay que añadir que la empresa DSM ha solicitado recientemente a la Junta de Andalucía una nueva modificación sustancial de la autorización ambiental para poner en marcha nuevas instalaciones, ampliaciones y actividades, incluyendo en la misma solicitud la adecuación, ya fuera de plazo, de la AAI al real decreto de 2020 y a la ley de 2022. Esto podría considerarse una evidencia de que la empresa DSM reconoce que la AAI actual con la que está desarrollando la actividad en el vertedero tóxico no responde con plenitud a la legalidad vigente. A ello se suma el hecho de solicitar su adecuación a la normativa en el contexto de una modificación del negocio, lo cual produce la ambigüedad de que no se sabe si solicita actualizar la autorización de 2012 o que se apruebe la nueva requerida por la modificación sustancial. En todo caso, Ecologistas en Acción ha solicitado que sea denegada la autorización solicitada.

La empresa DSM, a pesar de todo lo expuesto, parece haber seguido ejerciendo su actividad sin contar con las autorizaciones actualizadas que exige la Ley. Ante esto, Ecologistas en Acción solicita que el Ayuntamiento de Nerva y la Junta de Andalucía, cada una en el marco de sus competencias, inicien sendos procedimientos sancionadores contra Diseño de Soluciones Medioambientales SL, empresa gestora del vertedero de residuos industriales peligrosos y no peligrosos de Nerva, por presuntamente estar operando irregularmente con las autorizaciones legales exigibles caducadas, desactualizadas o no adaptadas.

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• Se trata de una propuesta de Real Decreto, que apoyan el grupo parlamentario de Sumar y el Gobierno Vasco. Se ha llevado al Ministerio de Industria y Turismo, con el objetivo de que sea aceptada por ese ministerio y después aprobada y publicada en el BOE.
• Los sistemas de almacenamiento de hidrocarburos están constituidos por tanques de simple pared, que no permiten la detección temprana de fugas ni evitan que se produzcan los correspondientes derrames en caso de pérdidas.
• Una pérdida en un tanque de 100 mL/hora supone 876 litros de combustible al año. Con una norma de inspección y de sistemas de detección adecuados, no hay excusa posible para que esta vigilancia ambiental sea eludida.
• El oligopolio petrolífero presiona para que solo se detecten derrames superiores a 400 mL/hora, modificando la norma vigente y presionando a AENOR para que se pliegue a esta normativa más laxa.

Más de un millón de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en España, con una rotación anual de casi 60 millones de toneladas en 2024, ofrecen un panorama preocupante. Una buena parte de estos tanques experimentan pérdidas y fugas con repercusiones muy negativas en el medio ambiente, en la seguridad y en la salud pública. Los estándares actuales no aseguran una prevención y un control adecuados: muchos tanques son de simple pared, las inspecciones con pruebas periódicas de estanquidad son insuficientes y los parámetros permitidos de vertido son excesivamente laxos.

La experiencia acumulada demuestra que los controles vigentes no han sido suficientes para evitar por completo la aparición de fugas y derrames al entorno. Esta realidad obliga a asumir un compromiso firme de modernización tecnológica y de reforzamiento de la seguridad ambiental, en coherencia con los principios de prevención y precaución.

La propuesta legislativa que apoya Ecologistas en Acción ofrece alternativas en un doble sentido: sustitución progresiva por tanques de doble pared con sistemas de detección en el espacio intersticial y mayor exigencia en el control de las fugas. Ambas alternativas representan la solución más segura y eficiente, tanto desde el punto de vista de la protección ambiental como de la seguridad industrial: sustituir los tanques de simple pared por sistemas de doble pared, así como definir el valor mínimo de emisión en tanques de simple pared compatibles con las mejores técnicas disponibles, sustituyendo el tanque cuando su antigüedad sea igual o superior a 25 años.

La detección de fugas mínimas de 100 mL/h como Valores Límite de Emisión (VLE), basados en las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), reemplazaría los 400 mL/h que todavía se permiten en la actualidad.

Lo sucedido en Coria del Río (Sevilla), donde una gasolinera ha emitido gases tóxicos desde hace 20 años a más de 4.000 vecinos de una barriada, no debe repetirse. La Fiscalía ya advirtió en su informe que los vertidos de los tanques de la gasolinera habían provocado un daño sustancial en la calidad de aguas subterráneas y de las superficiales del Guadalquivir, generando efectos negativos agudos y crónicos  para la salud de la población afectada.

Teniendo en cuenta la antigüedad de las instalaciones y los incidentes que con relativa frecuencia se producen, con la correspondiente contaminación de los suelos y el riesgo en materia de seguridad que conllevan, se hace necesario que el sector de la venta y distribución de hidrocarburos proceda a una adaptación de sus instalaciones con otras tecnologías más eficaces y en concreto proceda a la sustitución o transformación de los tanques de simple a doble pared.

De igual manera que con la normativa de fugas de metano, se debe actuar en este sector para evitar las repercusiones en el medio ambiente. Sin embargo, no se puede olvidar el objetivo de eliminar cuanto antes la dependencia de los combustibles fósiles, a más tardar en 2040. Por lo tanto, dichas acometidas deben realizarse en un calendario lo más ajustado posible, con el objetivo de no generar activos varados que aten a la ciudadanía a más décadas de utilización de hidrocarburos.

Las consejerías de industria de las comunidades autónomas deben cumplir y hacer cumplir esta norma garantista. “La protección ambiental, la seguridad de las personas y la salud pública están en juego”, advierte Daniel López Marijuán, portavoz de Ecologistas en Acción. “No se puede subordinar la responsabilidad ambiental a los intereses de las empresas. Necesitamos  incrementar tanto la protección pasiva de los tanques de simple pared  mediante su sustitución en tanques de doble pared, simultáneamente con el uso de las mejores técnicas disponibles en la detección temprana de fugas que faciliten el diseño de planes de prevención y evitación de potenciales  vertidos indeseados, como sí recoge la orden del Gobierno Vasco, concluye Marijuán.

Ecologistas en Acción considera que todavía se está a tiempo de prevenir y evitar sucesos incompatibles con la protección del medio ambiente y la defensa de la salud pública. Esta propuesta legislativa trata de remediar esta situación.

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Gestionar un sistema eléctrico no es tarea sencilla. Si además hablamos de un sistema como el de la España peninsular, la cuestión es bastante más compleja de lo que la mayoría de la gente supone.

Pensemos que la energía hay que verterla en la red eléctrica justo en el mismo instante en el que se consume. Es decir, cuando enciendes una bombilla, alguna central sube su producción ligeramente para satisfacer tu demanda (salvo que alguien apague algo…). Cada segundo de cada día, hay que mirar (varias veces) si la producción y la demanda son exactamente iguales.

No vamos a dar excesivos detalles técnicos, pero para hacernos una idea de cómo se controla esto, diremos que la electricidad en toda Europa está fijada a 50 Hz (hercios). Esto significa que la corriente alterna cambia de dirección 50 veces por segundo o, dicho de otra forma, las turbinas que generan electricidad deben girar exactamente a 50 vueltas por segundo. Y la precisión es tal que se controla hasta el tercer decimal. Es decir, si se detecta que la electricidad está alternando a 50,001 Hz, significa que se está produciendo más de lo que se consume y, por tanto, será necesario reducir la generación. Por otro lado, un valor de 49,999 Hz (o menos), es señal de que se está consumiendo más de lo que se está generando. El nivel de alerta se decreta si la variación afecta al segundo decimal.

El complejo sistema de la España peninsular

En el caso de España, todo esto hay que gestionarlo para multitud de nodos que generan y consumen energía, y sabiendo que cada consumidor enciende o apaga sus aparatos cuando quiere. Por fortuna, a nivel nacional, los consumos suelen ser (más o menos) predecibles, dado que (en masa) tenemos costumbres de consumo bastante repetitivas. Si no fuera así, los apagones serían más habituales. Saber esto nos da una idea de que averiguar exactamente las causas de un apagón nacional (como el que España sufrió el 28 de abril de 2025), puede requerir meses para analizar cientos de millones de datos correspondientes solo a unos cuantos segundos antes del apagón.

Veamos algunas de las características más relevantes del sistema eléctrico peninsular español:

1. España tiene multitud de tipos de generación, tanto renovables (hidroeléctrica, distintos tipos de energía solar, eólica…), como no renovables (nuclear, gas metano…). Además, hay más de 60.000 centrales y más de 6.000 puntos de control solo en la red principal de transporte.
2. España tiene gran penetración de sistemas no gestionables (que no se pueden encender y apagar a voluntad), como son la solar fotovoltaica, la eólica o la nuclear. Este tipo de energía complica la gestión y puede hacer que el sistema sea más vulnerable a apagones siempre que —y esto es importante— no se invierta adecuadamente para evitarlo.
3. España y Portugal forman casi una isla energética, porque no tienen muchas conexiones con los países de su entorno, particularmente con el resto de Europa a través de Francia. Esto aumenta la vulnerabilidad. Dinamarca tiene más energía renovable que España, pero también más líneas con el exterior. Por otra parte, no olvidemos que estas interconexiones son a través de líneas eléctricas que pueden tener un enorme impacto ambiental, además de un coste no pequeño.
4. La gestión está preparada para afrontar todos los fallos simples (regla N-1). Si se produce un fallo (la caída de una central, por ejemplo), el sistema responderá bien y, como mucho, habrá un apagón local, pero no nacional. Pensemos que este tipo de fallos simples los hay a diario y con frecuencia. Por tanto, un apagón nacional siempre se debe a un fallo múltiple, i.e., varios fallos simples que sucedan a la vez. Sin duda, la probabilidad de que esto ocurra es muy baja y, pudiera ser que no fuera rentable invertir en bajarla aún más.
5. Reponer un sistema tras un apagón global no puede ser instantáneo, porque depende de los tiempos de arranque de cada tecnología. Las centrales hidroeléctricas arrancan en cuestión de minutos. En cambio, las centrales de gas necesitan en torno a 5 horas y las nucleares tardan más de 24 horas. Para levantar el sistema hay que gestionar la producción de cada central —según su tecnología— y la conexión a las redes que las conectan con los puntos de consumo. Este es un problema nada sencillo que España supo resolver en un tiempo bastante razonable (en menos de 18 horas se había recuperado la demanda casi al 100%).
6. Si quieres conocer mejor el sistema eléctrico español, te recomendamos esta mini serie documental con diez vídeos muy didácticos.

¿Las nucleares y las renovables ayudan o no?

Los defensores de la energía nuclear —a veces con más interés político que conocimientos técnicos— han aprovechado el apagón para demandar más nucleares o alargar la vida de las viejas centrales actuales. Es innegable que la energía nuclear tiene algunas ventajas que, sin embargo, no consiguen que nos olvidemos ni de los costos ni de los riesgos.

Algunos pronucleares afirman, con razón, que cuanto mayor sea la potencia firme instalada (su inercia), más difícil es que haya caídas del sistema. Eso es cierto, pero es solo la mitad de la verdad. La realidad es que las centrales solares y eólicas instaladas en España tienen desde 2016 un protocolo llamado «simulación de inercia», con el cual se consigue algo similar. Es decir, si se cumple el protocolo, esa hipotética ventaja de las nucleares respecto a las renovables no es real. Por ejemplo, para conseguir esa inercia, existen los llamados volantes de inercia, que en la actualidad se emplean en algunos parques eólicos.

Gestionar un sistema solo con renovables no es fácil, igual que no lo es gestionar un sistema solo con nucleares. Ahora bien, no es imposible y, además, un sistema 100% renovable es mucho más barato y seguro que otro con energías sucias (sobre todo, si se monetizan todos los riesgos, costos, enfermedades, etc.). Por supuesto, son importantes los mecanismos de almacenamiento de energía, tales como las centrales solares térmicas (con sales fundidas), las hidroeléctricas reversibles o las baterías. Este última tecnología ha demostrado ser algo necesario para sacar el máximo partido a las renovables y que, además, consigue abaratar los costes. Véase el caso de Corea del Sur.

Por supuesto, los defensores de cualquier energía sucia (no renovable) alegan que ellos también defienden las renovables. Y es que, hoy es imposible negar las enormes ventajas de estas energías.

No olvidemos que la energía nuclear necesita uranio, que España no tiene, y lugares donde almacenar la basura radiactiva, cementerios nucleares, también llamados ATC. Construir un ATC nuevo es más arriesgado y complejo que utilizar como almacenes las centrales existentes que ya cuentan (en teoría) con la seguridad necesaria para manejar material radiactivo de alta peligrosidad. Por cierto, ATC significa Almacén Temporal Centralizado, ya que el plan es almacenarlos temporalmente (60 años) aunque la realidad es que los residuos nucleares son peligrosos durante millones de años. Esto da una idea de la visión tan cortoplacista de los que defienden la opción nuclear.

Algunas cosas están claras…

Solo los necios aprovechan el apagón en España para culpar a las renovables o pedir más nucleares. Ninguna empresa mundial quiere invertir en nucleares sin ayuda económica de dinero público. Las renovables son baratas y las empresas eléctricas están ganando mucho invirtiendo lo mínimo. Y lo más importante: no existe ningún plan nacional para reducir el consumo energético (ni eléctrico ni no eléctrico). Y hacer esto es lo más urgente e inteligente.

Es innegable que las renovables no se están expandiendo de forma justa, razonable ni cumpliendo las siete normas mínimas de sensatez ecosocial. Así, por ejemplo, voces como las de Juan Bordera o Antonio Turiel han denunciado que en España grandes corporaciones energéticas están implantando renovables “sin planificación” y “en busca del máximo beneficio”. Al parecer, para ahorrar costes no se han implementado los mecanismos para asegurar la estabilidad de la red. Los apagones podrían estar propiciados por la escasa presencia de sistemas de amortiguación de las oscilaciones de potencia que puedan surgir (POD, Power Oscillation Damping).

También se propone como algo urgente “recuperar las concesiones de las licencias caducadas de las hidroeléctricas y que habría que comprar como mínimo el 51% de Red Eléctrica” (empresa esencial que privatizó el PP en un 80%). Recordemos que la electricidad de las hidroeléctricas es muy barata, pero la estamos pagando al precio más caro.

Para terminar, debemos agradecer que, en España, el sistema eléctrico exista y funcione con calidad razonable, pero también deberíamos exigir que tienda a ser 100% renovable, que esté bien controlado y que sea suficientemente fiable, aunque no lo sea de forma absoluta (lo cual sería exageradamente caro). Es decir, soportar apagones es incómodo pero, tal vez, son necesarios para evitar pagar costes muy elevados. Y con más motivos en un futuro con crisis climática y en el que la energía y los materiales podrían ser más escasos. Esto implica que deberíamos tener en casa una radio a pilas, pero también pensar dos veces cosas como almacenar mucha comida congelada o si queremos vivir en pisos demasiado altos.

• Nota: para más información recomendamos la entrevista a Jorge Morales de Labra y Alfredo García en Poner luz al apagón, programa de Objetivo Planeta de RTVE, presentado por Lorenzo Milá y emitido el 9/5/2025.

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