La cifra de personas sin hogar que acudieron a recursos públicos en busca de ayuda ha registrado un incremento nunca antes visto: un aumento del 57%. Son los datos disponibles desde 2022 a 2024 en el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos en el Informe Pobreza Sur 2025: sin hogar e invisibles a la vista de todos. «Es tan solo la punta del iceberg de un problema mucho más grave”, ha afirmado Diego Boza, coordinador general de APDHA, en la presentación del informe.

Boza ha puesto el foco sobre “la invisibilidad que sufre este colectivo en situación de vulnerabilidad” y ha denunciado “no solo la falta de recursos públicos para brindarles una atención digna, sino también las medidas arquitectónicas agresivas, las actuaciones policiales y las sanciones que sufren por parte de las administraciones públicas”.

El informe denuncia que solo tres de los ocho ayuntamientos de las capitales andaluzas –Almería, Huelva y Jaén– han respondido a la solicitud de información elevada por APDHA bajo el amparo de la Ley de Transparencia. «Parece que los ayuntamientos andaluces están más preocupados en ocultarlos de la vista pública, alejándolos de las zonas más turísticas de nuestras ciudades, que por brindarles la atención que merecen”, prosiguió Boza, que insistió en que la entidad ejercerá sus derechos para que los consistorios andaluces cumplan con sus obligaciones legales y faciliten la información.

Según ha expresado también la vicecoordinadora de la entidad y delegada por Sevilla, Macarena Olid, el perfil de las personas sin hogar ha evolucionado significativamente desde antes de la crisis económica de 2007 hasta el momento actual: «Antes de 2007 asociábamos a las personas sin hogar un perfil vinculado a problemas de salud mental, adicciones y situaciones de exclusión social prolongadas en la trayectoria vital de quienes padecían situaciones de sinhogarismo. Pero a partir de 2007, con una crisis económica que dejó sin empleo a miles de personas y provocó miles y miles de desahucios, pudimos observar cómo numerosas personas que antes jamás lo hubieran imaginado acababan viviendo en situación de calle”.

No obstante, la viccoordinadora de la APDHA ha alertado de que “la actual crisis de la vivienda, los recortes y la precarización de la vida» está llevando a la población a una situación aún peor. A las 8.000 personas que en Andalucía oficialmente viven en situación de sinhogarismo –explica Olid–, hay que añadir a otras muchas personas que no acuden a los recursos públicos y que se ven obligadas a vivir en la calle, en asentamientos o en infraviviendas. «A pesar de que la mayoría de personas en esta situación son hombres, las cifras oficiales apuntan a un significativo aumento de mujeres e incluso de familias con hijos e hijas muy pequeños a su cargo”, ha añadido.

Otro colectivo que se ve obligado a vivir en estas condiciones, destaca Olid, es el de “los jóvenes extutelados por la Junta de Andalucía, los cuales, en cuanto cumplen los 18 años, son expulsados de los centros de acogida en que residían sin tener muchas alternativas”. El informe también incide en que, según los datos oficiales, cada vez son más los migrantes en situación administrativa irregular que, sin poder acceder a recursos públicos, acaban sobreviviendo en situación de calle.

Ante este escenario, la vicecoordinadora de APDHA ha reclamado a las administraciones públicas “un compromiso sincero y honesto con las personas sin hogar” y ha denunciado que “de los 174 centros ubicados en Andalucía para atender a este colectivo tan solo 25 son de carácter público, mientras que hasta 129 son privados”, lo que, según Olid, “demuestra el escaso interés institucional por dar respuesta a estas personas”. Olid también ha precisado que “hasta el 57,1% del personal que trabaja en los centros que prestan atención a este colectivo lo hacen de forma voluntaria”.

Por otra parte, sobre los datos recopilados por la APDHA respecto a la situación socioeconómica en Andalucía, Diego Boza ha destacado que “Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con mayores índices de pobreza, exclusión social y de baja intensidad del empleo en el hogar, tan solo por detrás de Ceuta y Melilla”, aunque, tal y como ha apuntado el propio Boza, “en privación material y social severa, Andalucía se encuentra incluso por detrás de Melilla”.

«Los datos relativos a pobreza y exclusión social, unidos al aumento de la precariedad laboral y de los precios de la vivienda, están colocando a la sociedad andaluza al borde del abismo”, ha concluido también la vicecoordinadora de la entidad andaluza, que ha precisado que “hasta un 46,2% de las familias con hijos menores a su cargo están riesgo de pobreza, como también lo está el 45,8% de quienes viven de alquiler o el 64,8% de las personas en situación de desempleo”.

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Pasar por delante de algunos referentes turísticos de Barcelona, como la Casa Batlló, en el Passeig de Gràcia, puede resultar un acto inolvidable. Primero, evidentemente, porque se trata de una de las obras de Gaudí más reconocidas, perteneciente a su etapa naturalista y verdadero ejemplo de su genio como arquitecto de y para la burguesía catalana del momento; y, en segundo lugar, por la gran cantidad de personas que se agolpan en la puerta –futuros visitantes unos, curiosos y fotógrafos más o menos profesionales otros–que dificultan enormemente el paso de los peatones y de las bicicletas que recorren la acera y el correspondiente carril bici. Pero si el simple tránsito por esta parte de la ciudad es complicado para cualquier peatón, todavía lo es mucho más para aquellas personas que tienen algún tipo de diversidad funcional: en estos casos, la tarea pasa de ser inolvidable a ser imposible.

Hace mucho tiempo que las normativas obligan a dejar las fachadas de los edificios como espacios libres y seguros para que las personas ciegas puedan utilizarlas como guía para desplazarse por la ciudad, pero el reciente Código de Accesibilidad –Decret 209/2023, de 28 de novembre– ligado a la Llei 13/2014 d’Accesibilitat aprobada por el Parlament de Catalunya, es aún mucho más claro al respecto. Además de esta obligación lógica y razonada, todas las calles han de disponer de diferentes elementos podotáctiles en el suelo con el objetivo de ofrecer orientación para transitar con seguridad por calles y plazas. No obstante, todos estos elementos son dificultados e impedidos por la Casa Batlló.

En la capital catalana, la Carta de Ciutadania. Carta de derets i deures de Barcelona reconoce, en su capítulo 1, el derecho a encontrar en la ciudad las condiciones de accesibilidad universal para vivir dignamente. Esta cuestión debería reflejarse en el espacio público y es función del Ayuntamiento proteger de manera activa y de oficio este derecho. Así, si este se viera en algún momento afectado, tiene el deber y la obligación de notificar el incumplimiento a las partes afectadas y, si el hecho persistiera, sancionar e intervenir para eliminar cualquier elemento que incumpliese las normativas de accesibilidad vigentes.

El Ayuntamiento de la ciudad, por otro lado, cuenta con un buzón donde realizar denuncias, preguntas o consultas sobre diferentes tipos de situaciones que puedan afectar o interesar a la ciudadanía. Así, es posible requerir información, por ejemplo, sobre el sueldo de los diferentes concejales que conforman el consistorio o, como es el caso, si la Casa Batlló dispone de algún tipo de permiso que le permita ocupar y alterar la circulación de los peatones a su paso por las inmediaciones del inmueble y que contravenga las normativas de accesibilidad que prohíben ocupar los espacios de fachada para proteger los itinerarios de personas ciegas.

La misma Carta de ciutadanía antes citada indica que “todas las personas tienen derecho a relacionarse con la administración municipal de una manera imparcial y objetiva y (…) con transparencia y confianza legítima”, algo que no siempre sucede cuando se plantea una reclamación sobre un hecho como el que nos ocupa, pues el Ayuntamiento parece cerrar sistemáticamente incidencias que no se han resuelto, actuando sin la transparencia necesaria para que los vecinos y vecinas dispongan de la información concreta sobre las actuaciones relacionadas con sus quejas. Estos hechos provocan un gasto innecesario para la administración, ya que los vecinos y vecinas se ven obligados a trasladar la denuncia a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, una acción superflua si el Ayuntamiento realmente estableciera una relación de transparencia y confianza con las personas que viven en la ciudad.

Este es el caso de la Casa Batlló y sus reiterados incumplimientos en relación con el derecho a la accesibilidad para personas con diversidad funcional por el espacio público que se encuentra ante sus puertas. Tras plantear, por parte de los autores de este artículo, el caso ante la Sindicatura de Greuges de la ciudad, esta ha constatado que no solo incumple las normas de accesibilidad teniendo conocimiento de ello, sino que, además, la ocupación del espacio público que realiza para su negocio la lleva a cabo sin ningún tipo de permiso municipal. Nos encontramos, por tanto, ante una apropiación indebida del espacio público en beneficio de una actividad privada de carácter turístico, con decenas de millones de euros de beneficios anuales según algunos medios de comunicación, además de ante el incumplimiento del más elemental de los derechos de la ciudadanía: la libre circulación por las calles y plazas de una ciudad y la garantía de la misma para la totalidad de las personas, independientemente de sus características físicas o sociales. El tan manido derecho a la ciudad, incluso desde una perspectiva de derecho positiva, es automática y sistemáticamente vulnerado.

La Gran Via como espacio de desposesión

Evidentemente, este no es el único ejemplo representativo de esta casuística, sino que, desgraciadamente, nos encontramos ante un mecanismo más común de lo que podríamos pensar. Con el objeto de poner de manifiesto cómo este proceso de usurpación del espacio público es altamente frecuente en la ciudad de Barcelona, se ha seleccionado un amplio espacio de la misma basado en dos características principales: su proximidad al centro turístico, comercial, simbólico y político de la ciudad y la presencia en sus inmediaciones de una alta concentración de equipamientos turísticos, principalmente hoteles. Entre las muchas localizaciones que cumplían estos dos aspectos se encuentra la Gran Via de les Corts Catalanes, específicamente el tramo entre la Plaza de Tetuán y el Passeig de Gràcia, precisamente cercano a dos de las obras de Gaudí más conocidas: la ya citada Casa Batlló y la Casa Milà o Pedrera.

En esta área existen un total de ocho hoteles: Casa Bonay, GrupHotel Gran Via 678, Gran Hotel Havana, Hotel Palace, Hotel Indigo, Hotel Granvia, Hotel Almanac y Cotton House Hotel, todos calificados entre cuatro y cinco estrellas, excepto el Granvia que solo tiene tres. Cabe recordar que la existencia de esta alta concentración de hoteles en esta parte de la ciudad responde a la deriva turística que tomó Barcelona a partir de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, algo que ya se estaba gestando anteriormente, durante los años 70, cuando la ciudad buscó modificar su economía urbana, pasando de una centrada en la producción industrial a otra más orientada hacia el sector terciario, con la celebración de ferias y congresos como elemento principal.

La especialización turística de la ciudad es más que evidente cuando se realiza una mirada a la estadística del sector. Mientras que en 1990 Barcelona solo contaba con un total de 118 hoteles, en 2024, tres décadas después, estos habían alcanzado la cifra de 442, un 375% más. Si hablamos de plazas hoteleras, estas han pasado de 18.569 existentes en 1990 a 77.068 disponibles en 2024, un incremento del 415%. Si nos referimos a visitantes, estos pasaron de 1,7 millones en 1990 a 7,9 millones en 2024. Los incrementos llegan al 464%, sin contar pisos turísticos irregulares o excursiones sin pernoctación. Un aumento tan significativo de visitantes altera inevitablemente las condiciones de vida de la ciudad anfitriona.

La falta de gobernanza en el turismo suele estar detrás del inicio de las dinámicas de turistificación, un proceso que podríamos entender como aquel mediante el cual todas las relaciones sociales en un espacio determinado pasan a estar mediadas por el turismo. Entre sus efectos se encuentra lo que David Harvey denominó “acumulación por desposesión”: la apropiación por parte del capital de recursos que antes estaban fuera del mercado. Esta forma de acumulación es evidente, a veces, en el sector turístico: la actividad vive de recursos ajenos, propiedad colectiva de la ciudadanía gestionadas por la administración bajo figuras públicas –playas, naturaleza, cultura, calles, aceras–. Este es el caso de la apropiación realizada por referentes turísticos como la Casa Batlló y por los hoteles de la Gran Via. Durante la investigación para este artículo, al menos cinco hoteles –Havana, Palace, Indigo, Almanac y Cotton House– ocupan irregularmente el espacio público frente a sus accesos siguiendo el camino trazado por la Casa Batlló.

La apropiación se materializa mediante la disposición de grandes maceteros, alfombras estetizantes o por la ocupación de la acera por vehículos de clientes en espera. Esta ocupación decorativa no funcional, destinada a añadir distinción, es una forma de acumulación por desposesión, pues los hoteles se apropian de un recurso común con el fin de ampliar sus beneficios. Y lo llevan a cabo, además, mediante el incumplimiento de normativas de accesibilidad, perjudicando la seguridad de las personas con discapacidad. Resulta evidente que, ante la inacción municipal, responsable de velar por el derecho a la accesibilidad urbana, algunas empresas relacionadas con el turismo más elitista parecen ocupar la ciudad palmo a palmo para beneficio privado.

Este quehacer de parte del sector turístico vendiendo lo que no es suyo no se limita a la apropiación de las aceras, sino que es mucho más extensivo. El caso de las terrazas de bares y restaurantes, sería otro ejemplo palmario que mostraría una de las vertientes más notorias, aunque menos señaladas y comentadas. Su habitual presencia nos ha hecho acomodarnos a la idea de que una ciudad es también un parque de mesas y sillas que ocupan el espacio de nuestra cotidianeidad. Ya ni las vemos. Sin embargo, como actividad social y económica, se encuentra basada en unos recursos, una materialidad, que no es suya, sino que es de todos.

Para finalizar…

La importancia del sector turístico en Barcelona es innegable: 14% del PIB y 16% del empleo. Cualquier planteamiento de gobernanza urbana debe garantizar su sostenibilidad económica, social y ambiental, evitando que la ocupación de esferas que no le pertenecen o lleguen al extremo de perjudicar la vida cotidiana de sus vecinos y vecinas. Sin embargo, esto no parece estar ocurriendo y, como ejemplo, el trabajo de campo breve realizado en el tramo estudiado de la Gran Via barcelonesa. Tal y como se ha intentado mostrar, los hoteles en él situados actúan como si la calle fuese un recurso propio, pese a ser bien público, y haciéndolo infringen una clara normativa autonómica y municipal que busca la inclusión de todas las personas y su acceso al derecho a la ciudad; un derecho que no debe y puede ser incompatible con actividades económicas.

La apropiación indebida del espacio urbano pone en riesgo un derecho internacional: la accesibilidad. Personas ciegas o con discapacidad deben poder disfrutar la ciudad sin arriesgarse. Sorprende, por tanto, la pasividad del Ayuntamiento ante prácticas visibles especialmente en zonas turistificadas.

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Desde que hicimos pública la demanda a la que nos enfrentamos por la investigación sobre la industria de los vientres de alquiler, por la que una agencia nos pide 60.000 euros, en La Marea no hemos parado de recibir apoyos. Y esas muestras, en momentos tan duros como este, con un equipo agotado, nos ayudan muchísimo a seguir adelante. A seguir a contracorriente, como decimos en nuestros mensajes para animar a donar en el crowdfunding que hemos lanzado en Goteo. 

Todos cuentan de la misma manera, pero saber que tus compañeros y compañeras están contigo, nos motiva especialmente. Queríamos agradecer, específicamente, el respaldo recibido desde la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que nos ha ayudado a difundir, a través de sus redes sociales, nuestra campaña de recaudación de fondos para blindar el periodismo de investigación.

Porque, como explicaron desde Reporteros sin Fronteras, en otro mensaje de apoyo, investigar no es un delito, es un servicio público imprescindible para la democracia: “Como organización defensora de la libertad de prensa, subrayamos que las investigaciones sobre asuntos de interés público son esenciales para la transparencia y el acceso a información veraz. RSF España defiende su derecho –y el de todos los medios– a informar con libertad, sin censura ni intimidación”. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Nada más conocer la demanda, El Salto dedicó un espacio para contar a sus lectores y lectoras la situación a la que estamos haciendo frente. “Tras trece años publicando, es la primera vez que La Marea recibe una demanda por una de sus publicaciones”, destacaban.

Queríamos dar también las gracias a la Agrupación de Periodistas de la FSC de CCOO por sus palabras: “Mostramos nuestro apoyo y solidaridad hacia un medio que ha demostrado siempre su independencia y su máximo respeto por el rigor periodístico, centrado, además, en el servicio público y la defensa de los derechos humanos. Estamos atravesando tiempos complicados, donde los grandes poderes intentan silenciar la información con nuevas estrategias”. 

Algunas de ellas las ha explicado nuestra directora, Magda Bandera, a Marina Lobo, que nos ha abierto también, con esta entrevista, las puertas de Spanish Revolution: «Un proceso judicial de este tipo puede ahogar a un medio pequeño como La Marea«, ha afirmado Bandera.

Ahora no nos queda casi tiempo. Necesitamos tu fuerza, necesitamos cerrar con éxito nuestra campaña de Goteo, que termina ya. Es, por supuesto, una cuestión económica, pero va mucho más allá: es garantizar que seguimos siendo un espacio donde se pueden investigar temas incómodos sin presiones ni censuras. 

En el vídeo que te enviamos, el periodista de investigación José Bautista lo explica muy bien: hay profesionales que solo pueden escribir sobre determinados temas en La Marea, porque aquí sí se permite llegar hasta el fondo. 

Lo saben perfectamente nuestros lectores y lectoras, como Gustavo Rodríguez, que nos escribe desde la página de Goteo este mensaje de apoyo tan especial:

«Querida redacción de La Marea. Hoy más que nunca quiero expresar mi apoyo y admiración por vuestro trabajo valiente y necesario. Vuestra investigación sobre la industria de los vientres de alquiler no solo ha arrojado luz sobre una realidad que muchos preferirían dejar en la sombra, sino que ha puesto en primer plano la importancia de un periodismo independiente y comprometido con la verdad.

Sé que ahora atravesáis momentos difíciles: una demanda y amenazas que buscan acallar vuestra voz y, con ella, el derecho de toda la sociedad a estar informada. Precisamente en estos desafíos se demuestra la fuerza de la prensa libre, aquella que no se deja intimidar y que sigue adelante, incluso cuando el riesgo y la presión aumentan.

Quiero que sepáis que no estáis solos. Vuestro trabajo es imprescindible y merece todo el apoyo posible. Por eso, me sumo a vuestra campaña de fondo y animo a todas las personas que creen en la libertad de prensa y en la defensa de la verdad a respaldaros: cada contribución, cada muestra de solidaridad, cada mensaje compartido es un paso más en la protección de este periodismo valiente que nos representa a todos.

Gracias por seguir adelante. Gracias por no rendiros. Defenderos es, también, defendernos como sociedad. Todo mi ánimo y apoyo en este camino. No dejéis de publicar lo que otros intentan silenciar. Con mucha fuerza y solidaridad».

¿Qué podemos decir? MUCHAS, MUCHAS, MUCHAS GRACIAS.

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El CEO del grupo Ribera, empresa que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), ha ordenado subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio, según una información adelantada este miércoles por El País.

“En Torrejón, en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, dice el CEO del grupo sanitatio, Pablo Gallart, en en una grabación –a la que ha tenido acceso el citado medio– de la una reunión que mantuvo con jefes del grupo y del hospital el pasado 25 de septiembre. En ese audio, según esa misma información, el empresario reclama ajustes para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”.

«Pues entiendo que somos capaces de determinar la actividad que podemos proveer. O dicho de otra forma, estableciendo la lista de espera quirúrgica, al final nos va a determinar la actividad y, determinando la actividad […], determinaréis cuáles [son] los gastos y qué nivel de EBITDA tendremos. Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa”, añade el CEO en el audio.

Según recoge El País, Gallart, a través de un portavoz de la empresa, asegura que las grabaciones, sin el contexto, pueden verse alteradas o malinterpretadas y perder el sentido.

El hospital, de titularidad pública, da servicio a los más de 150.000 habitantes de la zona del Corredor del Henares, además de a los pacientes del resto de Madrid que deciden acudir al centro.

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Tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual, las víctimas de este tipo de violencia se siguen encontrando obstáculos a la hora de recibir una atención integral y especializada, según un informe de Amnistía Internacional, que atribuye estos hechos, en parte, al dispar funcionamiento de los centros de crisis 24 horas.

La organización señala la importancia de garantizar el derecho de estas mujeres a una atención integral y multidisciplinar, para lo cual estos centros deben ser un recurso básico. Por ello, pide al Gobierno central y a las comunidades autónomas que se garantice la coordinación interinstitucional y que se aprovechen los recursos económicos existentes para que funcionen correctamente, tal y como exigen diferentes mecanismos internacionales a España.

El documento analiza la situación dispar en la que se encuentran estos centros en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia, que comparten al menos las siguientes cinco deficiencias estructurales: «No se han dado a conocer de manera generalizada y por lo tanto las mujeres se encuentran perdidas cuando sufren este tipo de violencias; no se garantiza la atención presencial en los centros de crisis 24 horas los siete días de la semana; ni tampoco la atención telefónica u online por personal especializado; no hay suficientes recursos para cubrir a todas las posibles víctimas; y las barreras son mayores para mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, de etnia gitana o con discapacidad«.

El informe destaca que, a pesar de los retrasos en su implementación, se ha abierto al menos un centro en cada provincia española, excepto en Ceuta. Sin embargo, España incumple con la recomendación de contar con un centro por cada 200.000 habitantes. Ninguna comunidad autónoma garantiza esta ratio, según denuncia Amnistía Internacional.

“Llamé al único número que encontré, un 900 de la Junta de Andalucía. La llamada fue muy fría, llegó hasta a preguntarme si podría decirle qué edad podría tener el hombre que me agredió… Luego dijo que los centros de atención en crisis [a las diez de la noche] no estaban funcionando, y me dio un correo electrónico». El testimonio de esta mujer, de 25 años, está recogido en el informe como ejemplo del mal funcionamiento.

Según relata, sufrió una agresión en un tren: «Ella comprobó en su propia piel cómo el acceso directo telefónico a los centros de crisis se canaliza, en algunos casos, mediante los teléfonos generalistas gratuitos disponibles en cada comunidad autónoma. La atención telefónica no especializada puede hacer que la víctima desista de continuar con el proceso, o que, si lo hace, tenga que relatar nuevamente su experiencia, resultando revictimizante. Encontrar los teléfonos directos de los centros es una tarea complicada en algunas comunidades», insiste el informe.

Centros de crisis ¿24/7?

La organización denuncia que, en la mayoría de las comunidades autónomas que ha estudiado, no está garantizada la apertura de los centros 24/7 los 365 días del año: sólo Galicia y Asturias cumplen con esa condición. Castilla-La Mancha tiene un horario de atención de sus centros de 8 de la mañana a 22 horas, y están cerrados los fines de semana. En Aragón el horario es de 9 a 19 horas, también de lunes a viernes. Y en Andalucía de 8.30 a 20.30, los días de diario. Cataluña, que ha optado por considerar centros de crisis a cuatro de los 21 Serveis d’intervenció especialitzada (SIE), mantiene un horario similar: de 9 a 19 horas, aunque según la Directora para la Erradicación de las Violencias Machistas se habrían reforzado con diez profesionales para la atención de violencias sexuales y 33 psicólogas de guardia que atienden cuando los SIE no están abiertos. Sin embargo, estos cuatro centros no contienen información online (principal forma de búsqueda de las víctimas) sobre violencia sexual.

“Los centros de atención de 24 horas, creados al amparo de las obligaciones contraídas por España en el Convenio de Estambul, y en la Directiva Europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, además del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, son un recurso especializado esencial para la atención y recuperación integral y multidisciplinar de las mujeres víctimas o supervivientes de cualquier tipo de violencia sexual”, señala Virginia Álvarez, investigadora del informe. “Si las víctimas no cuentan, en un primer momento, con una información adecuada, accesible y pedagógica, esto puede provocar que se perpetúe el silencio, el aislamiento o incluso la cronificación del trauma derivada de la agresión sexual vivida”, añade.

El informe recoge también el testimonio de una mujer agredida sexualmente por un compañero de trabajo. «[Después de la violación] necesitaba acompañamiento y busqué en Google… llamé a un teléfono que me aparecía. Me dijeron que estaban desbordadas y que si no era urgente volviese a llamar al día siguiente. Me facilitaron otro teléfono, era un servicio de violencia machista, no especializado… sentí más vacío que antes. Necesitaba ser escuchada sin miedo a ser juzgada pero fue como hablar con el ChatGPT, automático, impersonal».

A las dificultades que las víctimas tienen para el acceso telefónico y presencial a estos centros se añade la «preocupante situación de desbordamiento en el que se encuentran algunas profesionales que trabajan en ellos«. De las comunidades autónomas analizadas, el informe señala que la mayoría de los centros solo tiene una o dos psicólogas, o trabajadoras sociales o asesoras jurídicas, lo que al final puede condicionar la capacidad de atención. Solo Asturias cuenta con personal laboral, entre las que hay siete abogadas y ocho psicólogas.

“Nos preocupa, que en las licitaciones pueda tener más peso la oferta económica que la técnica, dejando fuera de estos servicios especializados a entidades feministas con larga experiencia en violencia sexual, algo que ya ha sido señalado por el Comité GREVIO”, indica el informe. Y pone un ejemplo: «En Vigo, la empresa que gestiona el centro de crisis se dedica principalmente al ámbito de la construcción, y en el resto de centros estudiados se trata de entidades que no indican tener como ámbito de trabajo o experiencia principal la atención a víctimas de violencia sexual. Solo Cataluña tiene como requisito estar acreditado en el ámbito de la violencia machista, según señaló a la organización la directora contra las violencias machistas».

Doble discriminación

Las autoridades tienen también la obligación de garantizar un enfoque interseccional en la atención que se presta en los centros de crisis, insiste Aministía Internacional. “No hizo falta ningún insulto abiertamente racista [cuando hablé a la policía], cayeron sobre mí todos los estereotipos: mujer sola con hijos, extranjera, no creían que yo fuera médico… El trato fue muy machista, incluso me dijeron que agradeciera que no hubiera habido penetración». Quien habla en este otro testimonio incluido en el informe es una mujer extranjera que vive en Ciudad Real y denunció una agresión sexual. Su relato es una experiencia traumática y revictimizadora, además de machista y racista. “Me estoy enterando por ti de que estos servicios existen”, cuenta, sobre los centros de crisis, a la investigadora.

«El gobierno central, además de establecer una partida específica para el sostenimiento de estos centros, debe realizar un seguimiento de los planes y las medidas establecidas para que este recurso funcione adecuadamente», concluye el informe.

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«La violencia digital también es una forma de violencia machista». Sencillo y directo, es el lema de la asociación Comunicadoras Granada para este 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y un ejemplo de cómo las violencias digitales, con el auge de la inteligencia artificial, están aumentando día a día. No es la única campaña que pone el foco en ello. El Ayuntamiento de Zamora ha creado la web elvideodemiex.es, al que remiten unos carteles colgados por toda la ciudad con el mensaje ‘Tú jugaste conmigo, ahora que se diviertan otros’.

El nuevo Pacto de Estado también también este tipo de violencia, junto con la económica y la vicaria, en su reciente dictamen. Según datos recogidos por el Ministerio de Igualdad, más del 73% de las mujeres que utilizan internet han sufrido algún tipo de violencia digital, como acoso en redes sociales o la difusión no consentida de imágenes íntimas. En la actualidad, como denuncia ONU Mujeres, llega a todos los rincones de internet, desde el acoso en línea y el ciberacecho hasta el doxeo (revelación de información personal), la difusión no consentida de imágenes, los ultrafalsos (deepfakes) o la desinformación, y se utiliza como arma para silenciar, avergonzar e intimidar a mujeres y niñas. De acuerdo con datos del Banco Mundial, menos del 40% de los países cuentan con leyes que protejan a las mujeres del ciberacecho o el ciberacoso.

«He recibido fotografías mías descuartizada, ha recibido amenazas de muerte mi hijo y mi hja, he sufrido ansiedad, depresión, insomnio…», relata la periodista Cristina Fallarás en el vídeo de campaña de las comunicadoras de Granada. «La acción –explican en una nota de prensa las comunicadoras de Granada– parte de la premisa de que la violencia digital también es violencia machista y pretende silenciar el derecho de información y creación de las profesionales de la comunicación en todos los ámbitos. Las comunicadoras señalan que las amenazas, insultos, campañas de odio o difusión no consentida de imágenes son formas de acoso online«.

La campaña cuenta con el testimonio de mujeres que han sufrido este tipo de acoso y exponen el impacto que este tipo de violencia tiene en las vidas de las profesionales y que, en última instancia, «quieren apartarlas del espacio digital anulando su derecho a la plena libertad de expresión». Pamela Palenciano, Cristina Fallarás, Ana Isabel Bernal, Mª Jesús Peregrín, Rosario Rodríguez, Noemí Fernández, Susana Escudero, Luz Sánchez, Susana Sarrión y María Martín exponen sus experiencias personales respecto a este tipo de violencia.

Una de cada cuatro periodistas denuncia amenazas

Las mujeres que ocupan cargos directivos, empresariales y políticos se enfrentan a ultrafalsos, acoso coordinado y desinformación tendenciosa desde el punto de vista del género, con el propósito de que abandonen las plataformas, si no es que la vida pública en general, denuncia ONU Mujeres. En todo el mundo, una de cada cuatro periodistas denuncia amenazas de violencia física en línea, incluidas amenazas de muerte.

“Lo que empieza en línea no se queda ahí. Los abusos digitales se extienden a la vida real, siembran miedo, silencian voces y, en el peor de los casos, conducen a la violencia física y al feminicidio”, explica la directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous. “Las leyes deben evolucionar con la tecnología para garantizar que la justicia proteja a las mujeres tanto en línea como en el mundo real. La deficiente protección jurídica deja en situación de vulnerabilidad a millones de mujeres y niñas, mientras que los agresores actúan con impunidad. Esto es inaceptable», añade.

En este contexto, ONU Mujeres destaca cómo las leyes están comenzando a evolucionar para hacer frente a los desafíos que plantea el cambio tecnológico: desde la Ley sobre la seguridad en línea del Reino Unido hasta la Ley Olimpia de México, la Ley sobre la seguridad en línea de Australia y el Reglamento de Servicios Digitales de la UE. «Hasta 2025, 117 países informaban de iniciativas encaminadas a combatir la violencia digital, pero los esfuerzos siguen siendo fragmentados para un desafío de naturaleza transnacional», advierte el organismo.

Este año, ONU Mujeres ha lanzado la campaña 16 Días de activismo contra la violencia de género, que reclama medidas urgentes a escala mundial para colmar las lagunas jurídicas y exigir responsabilidades a los agresores y a las plataformas tecnológicas. En concreto, la campaña insta a realizar una inversión sostenida en prevención, alfabetización digital y servicios centrados en las personas supervivientes. Además, solicita un apoyo a largo plazo para las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres que lideran los esfuerzos destinados a conseguir que los espacios digitales sean seguros e inclusivos para todas las personas.

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«La práctica de la reproducción subrogada se caracteriza por la explotación de las mujeres y los niños, incluidas las niñas, y la violencia contra ellos. Asimismo, refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y los niños a graves violaciones de los derechos humanos». Sin ambages, es la principal conclusión del informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, hecho público en agosto de este año.

A principios de noviembre, en España, la Fiscalía logró cerrar por primera vez anuncios sobre gestación subrogada en internet. La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, prohíbe expresamente en su artículo 33 la promoción comercial de la gestación por sustitución. Y solo unos meses antes, el Gobierno había anunciado la suspensión de la inscripción directa de menores gestados por esta técnica.

Aunque muy lentamente, las denuncias contra esta práctica, que no es legal en España, han ido ganando peso en este último año a pesar del importante lobby a favor: según una encuesta realizada por el Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante en 2018 –la única de grandes dimensiones hasta ahora y que no fue difundida hasta 2023–, el 58% de la ciudadanía consultada consideró que habría que regular esta práctica y el 53% estaría dispuesta a recurrir a ella en caso de problemas de infertilidad y de desear formar una familia.

El informe de la relatora de la ONU, sin embargo, es rotundo en este sentido: con la gestación subrogada se ejercen varios tipos de violencia sobre las mujeres. La primera, la violencia económica: «Las madres sustitutas son especialmente vulnerables a la explotación y la violencia durante todo el proceso si no pueden llegar a fin de mes o tienen deudas». La segunda, la violencia psicológica: «Se presenta esta actividad como una demostración de los valores del ‘amor’ y la ‘solidaridad’, sobre todo en relación con las parejas homosexuales». Esas presiones –dice el informe– disuaden a las mujeres de que busquen ayuda o expresen su disconformidad, dado que pueden sentirse sujetas de por sí al compromiso de transferir un hijo a los progenitores comitentes, con los que pueden tener vínculos afectivos.

Hay también, por supuesto, violencia física: «Aunque en el material sobre la contratación se describe como un proceso seguro desde el punto de vista médico, las pruebas indican que la salud de las madres sustitutas corre mayor peligro que la de otras madres. Medicamentos como Lupron están clasificados como peligrosos y se recomienda que solo los trabajadores de la salud los administren usando batas y guantes de protección».

Y violencia reproductiva: «Los desequilibrios de poder entre las madres sustitutas y los progenitores comitentes tienen graves consecuencias cuando estos últimos imponen un aborto en casos de embarazos múltiples o discapacidad fetal. Según se informa, se ha presionado a las madres sustitutas para que interrumpan embarazos sanos, incluidos aquellos en que han trascurrido más de 12 semanas, por medio de tácticas coercitivas como incentivos económicos, amenazas de acción legal o el retiro de la ayuda brindada tanto a la madre como al bebé».

Además, el afán de lucro en que se basa la prestación de servicios de reproducción subrogada –prosigue el informe– aumenta el riesgo de trata de personas en todas las etapas del proceso, en particular para que las envíe a otros países con fines de trabajo reproductivo forzado. «Los arreglos de reproducción subrogada pueden equivaler o asemejarse a la esclavitud, ya que ponen a las madres sustitutas en una situación en que se hace uso de todas o alguna de las características del derecho de propiedad con respecto a ellas», concluye la relatora.

El especial de ‘La Marea‘

Entre 2020 y 2024, el mercado global de la gestación subrogada creció un 460%, según Global Market Insights, y estaba valorado en 14.950 millones de dólares. Para 2033, se prevé un aumento de este negocio hasta los 99.750 millones de dólares. Varios países clave en este auge son España y el norte de Europa como mercado de padres demandantes; Colombia, Ucrania y Georgia, como destino para encontrar gestantes; Irlanda, Dinamarca y Grecia como modelo legislativo.

Ahora mismo, en La Marea, nos enfrentamos a una demanda por investigar la industria de los vientres de alquiler: una agencia nos pide 60.000 euros. Durante un año, un equipo de periodistas ha documentado el negocio transnacional de la gestación subrogada. Puedes leer aquí el especial.

ESPECIAL: Gestación Subrogada

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El Observatorio del Periodismo Machista (periodismomachista.com) ha publicado 195 casos de coberturas machistas de medios de comunicación, y una mayoría de estas informaciones (43%) minimizan o romantizan la violencia de género. Le siguen los titulares que cosifican a las mujeres y hacen énfasis en lo superficial (16%) y los que culpabilizan a la víctima (11%). El Observatorio es una iniciativa de impacto social del grupo de investigación Bitartez de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), la Asociación de Mujeres Periodistas de Pikara Magazine y Comunicadoras 8M. 

El grupo promotor ha presentado este viernes en la Asociación de Prensa de Madrid los resultados de su primer año de andadura en el marco del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El proyecto se nutre de las informaciones que el público hace llegar a través de un buzón en la página web y redes sociales. Después, un panel de personas expertas –compuesto por académicas, periodistas en activo y especialistas en feminismo– analizan estas informaciones. Solo se publican las informaciones que el grupo, de forma unánime, considera que muestran una cobertura sexista. 

Cada información machista es clasificada en una taxonomía propia compuesta por nueve categorías. En cada caso, el Observatorio ofrece una explicación de por qué la cobertura es machista, si el medio ya ha corregido (como ocurre en muchas ocasiones) y remata con una propuesta de titular igualitario que resuelve el problema. El estudio deja fuera los artículos de opinión. «El objetivo es didáctico, no pretendemos señalar a ningún profesional ni a ningún medio. Queremos acercar a la sociedad lo que es habitual en las aulas de Periodismo. Ninguna alumna o alumno aprobaría con estos titulares», ha afirmado Angeriñe Elorriaga, codirectora del proyecto y miembro del grupo de investigación Bitartez de EHU. 

Las nueve categorías

De las nueve categorías, la más recurrente es la que romantiza o minimiza la violencia machista, que se da en el 43% de los casos detectados. Son titulares como “Dos años de cárcel por mantener relaciones sexuales con una niña de doce años” o “Un joven tiene sexo consentido con una chica en Sigüeiro pero acaba condenado porque intentó una práctica que ella le advirtió que no haría”. 

Le siguen con un 16% los que cosifican a las mujeres  y se centran en lo superficial, como “El espejo del alma: Paloma Lago: tipazo y cara pepona por los rellenos” o “Pam Bondi, la explosiva sesentona a la que Trump nombró fiscal general”. 

La siguiente categoría con más prevalencia es la que culpa a la víctima, con un 11%; recoge titulares como “Una mujer provoca un accidente cuando su maltratador trataba de estrellar el coche para matarla” o “Una niña envía a su padrastro a prisión tras grabarlo con cámara oculta mientras abusaba de ella en A Coruña”.

Las noticias que relacionan el valor con figuras masculinas representan el 9% (“La novia de David Broncano reaparece tras la polémica con Melody”); las que invisibilizan o minimizan los logros de mujeres, el 8% (“La selección española de waterpolo, campeona de Europa por primera vez”, que hacía referencia a la selección masculina, cuando la femenina ya había ganado en tres ocasiones); las que hacen un uso problemático de la palabra “mujer”, con un 6% (“Una mujer para dinamizar la justicia militar”); las que refuerzan estereotipos de género, con el 5% (“El caos por el pantallazo azul de Windows inunda Barajas: una ‘avalancha de gente’ y clientas ‘desquiciadas’”); las que diferencian en la nomenclatura también son un 5% (“Irene, Isa, Ione y Noelia: Iglesias radicaliza Podemos”); y, por último, las que responsabilizan a las mujeres de cualquier conflicto representan un 4% (“El movimiento feminista que amenaza la supervivencia de Corea del Sur”). 

En las aulas

El Observatorio ha generado material didáctico que ya se trabaja en las facultades de Comunicación, y este curso se extenderá también a las aulas de bachillerato en un proyecto piloto desarrollado junto al Gobierno Vasc, informa el grupo en un comunicado. Así, el alumnado de 16 a 18 años se planteará si titulares como “Tesla elige a una mujer para suceder a Elon Musk en la presidencia” se darían si el protagonista fuera un hombre. 

«Un periodismo sexista es un mal periodismo. Es una cuestión de calidad, como lo es una falta de ortografía o equivocarse en un porcentaje, porque no existe el buen periodismo machista. Los medios son tan machistas como la sociedad, pero si cambian, pueden ser la palanca que nos ayude a conseguir una sociedad más igualitaria», ha señalado el investigador de EHU Iker Merchán Mota, que codirige el proyecto. 

Esta iniciativa se encuadra en la convocatoria de Universidad-Empresa-Sociedad de EHU, que favorece la investigación de calidad y potencia la transferencia de conocimiento. Es una labor compartida del grupo de investigación Bitartez (que ha recibido la máxima calificación académica por parte del sistema universitario vasco), la Asociación de Mujeres Periodísticas Pikara Magazine (un medio de comunicación sobre feminismos de referencia a nivel internacional) y Comunicadoras 8M (asociación de mujeres comunicadoras que trabaja por un periodismo digno, feminista e igualitario).

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Al menos 840 millones de mujeres en todo el mundo, casi una de cada tres, han sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida, una cifra que “apenas ha cambiado” en las últimas dos décadas. Esta es la principal conclusión de un nuevo informe sobre la violencia contra las mujeres elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con otras agencias.

El informe, considerado la evaluación global más completa sobre este tema hasta la fecha, describe la violencia contra las mujeres como una “emergencia de salud pública mundial” y analiza los datos existentes de 168 países y territorios entre 2000 y 2023.

En todo el mundo, lo más habitual es que los agresores de las mujeres sean sus parejas masculinas. Solo en los últimos 12 meses, 316 millones de mujeres de 15 años o más (el 11% del total) sufrieron al menos un caso de abuso físico o sexual por parte de su pareja, lo que incluye ser obligadas o coaccionadas a mantener relaciones sexuales, ser abofeteadas, golpeadas, arrastradas, maltratadas o amenazadas o agredidas con una pistola, un cuchillo u otra arma.

Por otro lado, en los últimos 12 meses, 12,5 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años –el 16%– han sufrido violencia física y/o sexual por parte de una pareja íntima.

La cifra de abusos en la pareja ha disminuido tan solo un 5% desde 2000, o un 0,2% anual, lo que equivale a unos 17 millones de víctimas menos. “El ritmo de disminución es muy insuficiente. Los resultados destacan que se necesitan urgentemente mayores esfuerzos para acelerar el cambio”, señala la OMS.

El informe incluye por primera vez cifras fuera del ámbito de la pareja. Al menos 263 millones de mujeres han sufrido violencia sexual por parte de un familiar, un amigo, una figura de autoridad o un desconocido, durante el último año.

“Es probable que todas las encuestas subestimen la prevalencia real de la violencia contra las mujeres, ya que muchas mujeres no revelan estas experiencias, especialmente cuando dicha violencia está muy estigmatizada. La violencia sexual es especialmente infrarrepresentada en muchos entornos”, señala el documento.

Guerras y auge de las tecnologías

Varios factores están provocando un aumento de los casos, entre ellos el creciente número de conflictos armados y el rápido auge de la tecnología. “La violencia contra las mujeres es una de las injusticias más antiguas y generalizadas de la humanidad, pero sigue siendo una de las que menos se combaten”, afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

El organismo denuncia que en 2022 sólo un 0,2% de la ayuda global al desarrollo se dirigió a programas contra este problema, un porcentaje que además va en descenso.

En 2025, se han producido nuevos recortes en esta financiación que tienen “graves repercusiones negativas” en las organizaciones, los servicios y la investigación relacionados con los derechos de las mujeres.

Por regiones

Oceanía (excluyendo Australia y Nueva Zelanda) tiene la tasa más alta de violencia contra las mujeres, con un 57%. Aproximadamente, el 32% de las mujeres del África subsahariana, el 30,8% de las del sur y el centro de Asia, el 29% de las de Norteamérica y el 22% de las mujeres latinoamericanas también han sufrido abusos por parte de la pareja. Europa del sur registra las tasas más bajas, con aproximadamente un 15,5% de mujeres afectadas.

Por países, Fiji (60,7%) y otras islas de Oceanía son los de mayor prevalencia, aunque también es muy alta en Sierra Leona (55,2%), Sudán del Sur (54,3%), Guinea Ecuatorial (53,3%), Bolivia (52,8%) y Afganistán (50,9%).

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Este artículo forma parte del dossier de #LaMarea108, dedicado al Sáhara Occidental. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente. Además, en nuestro nuevo número, dedicamos El Periscopio a la cultura saharaui. ¡Gracias!

La Ley de Descolonización del Sáhara Occidental se publicó en el BOE el 20 de noviembre de 1975. Sí, exactamente: el día de la muerte de Franco. Apenas dos días antes, el asunto se había dejado bien atado en las Cortes, en una votación en la que 100 diputados estaban ausentes. La ley en cuestión estaba firmada por Juan Carlos de Borbón –el mismo que unos meses antes había asegurado que «no abandonaría» al pueblo saharaui– y constaba de un solo artículo.

Casi un siglo de colonización española se pretendía resolver así: sin un detalle, sin una garantía. «Salvaguardando» –eso sí– «los intereses españoles». Para entonces, habían pasado ya más de dos semanas de la Marcha Verde, y la ocupación marroquí avanzaba, haciendo real de facto una nueva situación que tenía muy poco que ver con una descolonización.

La presencia española en el Sáhara comenzó en 1884 con tres casetas en la Bahía de Cintra (frente a Canarias, algo al sur de lo que hoy es Dajla). La zona estaba habitada por población saharaui nómada, cuyo vínculo con el territorio no se construía a través de la demarcación ni de la propiedad, así que en un primer momento no hubo apenas conflictos.

Las tribus se relacionaban con esta nueva presencia como lo habían hecho hasta entonces con otros poderes de la zona, incluido el sultán de Marruecos: acuerdos comerciales que no implicaban otro tipo de sometimiento. Pero España estaba jugando al birlibirloque en otra parte. Algo después llegó la Conferencia de Berlín, donde Europa se repartió a escuadra y cartabón el continente africano, y en ese trazado de líneas la zona pasó a llamarse Sáhara Español. Y lo cierto es que, durante algunas décadas, no pasó mucho más.

La riqueza del Sáhara

La cosa empezó a cambiar en 1949, cuando se descubrió en su subsuelo una riqueza importante: los fosfatos (empleados sobre todo en fertilizantes químicos). Fue entonces cuando empezó a articularse una industria –cuyo centro era la empresa minera Fos Bucraa, con su cinta transportadora como una cicatriz de 100 kilómetros–, que llevó a su vez a la construcción de ciudades como El Aaiún o Villa Cisneros. El momento coincidió, además, con una época de fuertes sequías, que dificultaban notablemente la vida para la población nómada.

Esto facilitó que los y las saharauis accediesen a sedentarizarse en esas ciudades de reciente creación y a trabajar como mano de obra. Así, las décadas de 1950 y 1960, en las que buena parte de las naciones africanas se independizaban, fueron precisamente el momento en que la colonización española en el Sáhara Occidental se intensificó, en un anacronismo que se viene arrastrando hasta nuestros días.

Para poder mantener esa presencia en un momento en que el clima político, la ONU y el sentido común ya llamaban a otra cosa, el franquismo colonial se valió de subterfugios. El más notable fue el de convertir al territorio en la provincia número 53 de España. Desde 1958, el Sáhara fue, a todos los efectos legales y administrativos, igual que Asturias, Murcia o Albacete. Sus habitantes tenían DNI, iban a la escuela española y salían en el No-Do. Ese era el estado de cosas cuando en 1975 se publicó en el BOE aquella ley de un solo artículo. 

A día de hoy, otra ley, la de Memoria Democrática –aprobada en 2022 por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos– no recoge ni una sola mención a la colonización de España en este ni en ningún otro territorio. A menudo se piensa que hacerlo sería una cuestión simbólica, una reparación en términos conceptuales. Pero no es así, y el caso del Sáhara es flagrantemente claro en ese sentido. Más allá de que sea justo y necesario el mero reconocimiento de la violencia y expolio inherentes a la colonización, en esta historia hay además hechos muy concretos, e innegablemente análogos a los que sí que reconocemos con claridad en otras búsquedas de verdad, justicia y reparación.

Porque para cuando llegó 1975 sí que habían pasado algunas otras cosas. Desde el final de la década de 1960 comenzó a organizarse en la sociedad saharaui un movimiento nacionalista. Aunque su existencia se permitió hasta cierto punto, hubo también momentos de enfrentamiento, como los llamados sucesos de Zemla, en 1971, en los que desapareció Sidi Brahim Mohamed Basir, Basiri, presuntamente a manos de la policía de la administración colonial. Su paradero nunca se ha resuelto.

Con el DNI en el bolsillo

Es solo un ejemplo. Hay decenas más que permanecen anónimos y enterrados bajo la arena: quienes desaparecieron durante las semanas posteriores a la Marcha Verde. Cuando se encuentran sus restos en fosas comunes, a menudo aparece en sus bolsillos un DNI español, una tarjeta de trabajador de Fos Bucraa, una cartilla de la Seguridad Social.

Y no son solo los muertos. También están las personas vivas que sufren a día de hoy las secuelas de los ataques con armas químicas durante su camino hacia el éxodo. Uno de los bombardeos más conocidos fue el de Um Draiga, en febrero de 1976, en el que se utilizó napalm y fósforo blanco sobre población civil. El número de muertos se cifra entre 2.000 y 3.000 solo en aquellos días. Por este y otros casos, en 2015 la Audiencia Nacional española admitió a trámite una querella para procesar a 11 altos cargos marroquíes bajo la acusación de genocidio. El procedimiento sigue sin resolverse.

Quienes sí llegaron a su destino, los campamentos de refugiados de Tinduf, no han vuelto a salir de ellos. En la inmensa precariedad de un lugar inhóspito, sobreviven con secuelas y traumas. También los de la guerra, que duró más de una década. En otras partes, a quienes participaron en conflictos bélicos y conviven con sus consecuencias se les atiende de manera específica, entendiendo la muy probable afectación de su salud mental tras esta experiencia: en el Sáhara Occidental, estamos hablando de prácticamente el total de la población masculina mayor de 60 años.

Todo esto ocurrió bajo una disposición legal muy clara: mientras no se realice la descolonización en los términos mandatados por la ONU desde 1970 –a saber, un referéndum de autodeterminación–, España sigue siendo la potencia administradora del territorio. La responsable, por tanto, de las vulneraciones de derechos humanos que ocurran en él.

Aquel párrafo sin detalles ni garantías publicado en el BOE el 20 de noviembre de 1975 queda como apenas una nota al pie en una jornada que se celebra en el recuerdo como el paso de España a una nueva época. Ya sabemos que los pactos que apuntalaron la llamada «transición a la democracia» tuvieron mucho de concesión y mucho de silencio: lo ocurrido en el Sáhara es uno de los ejemplos más evidentes de lo que este país permitió en nombre de su tranquilidad. Un canario en la mina de lo mal hecho cuyo silencio hace medio siglo que nos viene avisando de algo, por más que nos empeñemos en no escuchar.  

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Lo hemos hecho desde el principio: en el ADN de La Marea está la memoria histórica, la memoria democrática. Día a día, más allá del 20-N, dedicamos espacio a las víctimas del franquismo y de la Transición. A continuación, te dejamos cinco entrevistas sobre diferentes obras e investigaciones publicadas este año que nos sirven para conocer mejor qué fue la dictadura y por qué, hoy, nos encontramos en el momento en el que nos encontramos.

1. Rafael Escudero: “Hay un derecho colectivo a la memoria. Todos somos víctimas del franquismo”

El lamento desgarrador de Antígona contra Creonte y aquel Ángel de la Historia para el que el progreso era el vendaval que se enredaba en sus alas y le impedía lanzarse a reconstruir las ruinas del pasado, sobre el cual escribiera Benjamin, se cruzan en Cuando Antígona encontró a Benjamin: víctimas del franquismo y derecho a la memoria (Trotta, 2025), de Rafael Escudero Alday.

Se trata de un libro sobre el difícil esfuerzo español en pos del juicio y la reparación de los crímenes del franquismo. En él, este profesor de Derecho de la Universidad Carlos III analiza los éxitos y fracasos, las luces y las sombras de los procesos sociales, políticos y legales involucrados.

Rafael Escudero: “Hay un derecho colectivo a la memoria. Todos somos víctimas del franquismo”

2. Gemma Ruiz Palà: “Hoy parece que el franquismo fue Disney”

El pulso literario de la periodista Gemma Ruiz Palà nace de poner en valor, de dar dignidad, a aquellas personas a las que se lo arrebataron en el pasado. Sobre todo a las mujeres, esa mitad de la población que ha quedado silenciada en la mayoría de los ámbitos. Lo hizo con Nuestras madres (Proa y Consonni), novela que cosechó un gran éxito y en la que ficciona la vida de esas mujeres nacidas durante la dictadura que lucharon para que sus hijas tuvieran un futuro diferente al suyo. 

Pero antes de ese, lo había hecho también con Arpelagues (Proa, 2016), su primer libro escrito en catalán que acaba de traducir Consonni con el título Aulagas. Una novela que narra la vida de tres mujeres de diferentes generaciones entre la Catalunya rural y la urbana antes, durante y después de la Guerra Civil. Un relato cotidiano y familiar que, lejos de la historia oficial que aparece en los libros de texto, habla entre otros muchos aspectos de los partos en el campo, de la pobreza extrema, de niñas siendo sirvientas, abusos silenciados y violaciones nunca antes contadas.

Gemma Ruiz Palà: “Hoy parece que el franquismo fue Disney”

3. Julián Casanova, biógrafo de Franco: “En España, en 1945, sabían que la represión era una inversión de futuro”

Una biografía para la gente que no sabe apenas sobre Franco. Ese es el propósito que se fijó Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, cuando comenzó a preparar una de sus obras culmen. La editorial Crítica ha publicado este año esta monografía que condensa cuatro décadas de investigación de Casanova en torno al franquismo.

Como él mismo dice al final del libro, “tiene que ser posible, 50 años después, volver la vista a ese pasado y no buscar solo aprobación o condena”. En esta dilatada conversación, el historiador repasa algunos de los momentos decisivos de Franco y de la España más reciente.

Julián Casanova, biógrafo de Franco: “En España, en 1945, sabían que la represión era una inversión de futuro”

4. Aida dos Santos: “Tu calidad de vida la marca el bando de tu abuelo en la guerra civil”

«Las dinámicas centro-periferia operan más allá de la geografía, son interacciones coloniales», escribe la politóloga Aida dos Santos en su libro Hijas del hormigón (publicado por Debate). El ensayo se centra en las grandes olvidadas de la izquierda y del feminismo, las mujeres que viven en el extrarradio de las grandes ciudades y que ven cómo el sexismo, el clasismo y la violencia atraviesa y condiciona sus vidas.

El título condensa más de cuatro años de investigación y se articula a través de entrevistas personales con estas mujeres, que a menudo son objeto de burlas, prejuicios y abusos por parte de las clases privilegiadas y, más generalmente, por parte de muchos hombres, independientemente de su estatus.

Aida dos Santos: “Tu calidad de vida la marca el bando de tu abuelo en la guerra civil”

5. Miguel Ángel del Arco: “El franquismo hizo con el hambre lo mismo que Netanyahu en Gaza”

Dice el historiador granadino Miguel Ángel del Arco Blanco en el epílogo de La hambruna española (Crítica, 2025) que «lo que sucedió en la posguerra española no fue solo hambre, sino una auténtica hambruna homologable a las acaecidas en Europa y en el mundo. Pese a la negación de su existencia por parte del franquismo, este libro prueba que tuvo lugar, la identifica, explica sus causas, quiénes fueron sus víctimas y cuáles fueron sus consecuencias».

El libro tiene todo lo que debe tener uno de historia: documentación y rigor, pero también pasión humanista. En él habla Del Arco, pero se escucha también la voz de los hambrientos de 1939-1942 y 1946, un ciclo atroz que segó las vidas de más de 200.000 españoles. El franquismo pudo evitar esas muertes, pero no quiso.

“El franquismo hizo con el hambre lo mismo que Netanyahu en Gaza”

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Civio y forma parte de su serie sobre transparencia algorítmica.

Ángela Bernardo, María Álvarez del Vayo, Adrián Maqueda, Carmen Torrecillas y Ter García // “La Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, que se lanzó en el 2021, está dotada con más de 1.000 millones de euros en planes colaborativos entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y ha sentado las bases para introducir tecnologías avanzadas de manera coordinada y de manera cohesionada, que creo que es muy importante”. Con estas palabras inauguraba Mónica García, ministra de Sanidad, el I Foro de Inteligencia Artificial para el Sistema de Salud, celebrado a mediados de septiembre. Sin embargo, sus buenos deseos chocan con la realidad que viven a diario los profesionales del Sistema Nacional de Salud consultados por Civio.

Aunque cada vez es mayor el número de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que se incorporan en la sanidad pública, su implementación está marcada por una enorme disparidad. “Hay diversidad por todo tipo, por comunidad autónoma, por hospitales, por campos, por todo. Básicamente, esto es una guerra: cada uno compra el software que quiere, el que puede o el que necesita”, dice Antonio López Rueda, portavoz de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) y radiólogo del Hospital Universitario de Bellvitge. Para Nuria Ribelles Entrena, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y oncóloga del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, existe “cero” coordinación para compartir o reutilizar tecnología: “Cada comunidad va por libre”.

Una integración poco transparente y desigual

En líneas generales, la incorporación de la IA en el Sistema Nacional de Salud se está haciendo de forma bastante opaca. “Los ciudadanos deberíamos tener el derecho de poder saber qué sistemas se están integrando, cómo fueron entrenados, qué datos de entrenamiento utilizaron, cómo se han comprado o si fue algo que está desarrollando la propia administración pública”, dice la jurista Anabel K. Arias, portavoz de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Sin embargo, solo dos comunidades autónomas, País Vasco y Generalitat Valenciana, cuentan con un registro público de algoritmos, incluyendo los que se aplican en salud. En opinión de Arias, la transparencia algorítmica “es relevante para poder hacer un control sobre lo que se está implementando en general en España y en la sanidad pública”.

Entre 2024 y 2025, Civio ha realizado, a través de la Ley de Transparencia, una veintena de solicitudes de acceso a la información pública a las consejerías autonómicas con competencias en sanidad o digitalización y al Ministerio de Sanidad. Dada la situación cambiante de la IA, intentamos además actualizar la información directamente con los gabinetes de prensa de cada departamento. Nuestra investigación arroja una situación tremendamente desigual: mientras la Comunidad de Madrid se acerca al centenar de proyectos basados en IA, con cada hospital actuando por cuenta propia; otras regiones, como Asturias, Galicia o la Comunidad Valenciana, han integrado un menor número de aplicaciones, en su mayoría centradas en el diagnóstico. Cataluña, por su parte, solo ha dado información parcial, amparándose en el secreto empresarial y en la protección de la propiedad intelectual e industrial.

“Si al final hay determinados hospitales o comunidades autónomas que están acelerando la incorporación de sistemas de IA en sus hospitales o servicios públicos y otros no, puede llegar a verse desde un punto de vista de la brecha digital: que algunas personas puedan tener un servicio de salud y otras, otro tipo completamente diferente”, apunta la jurista Anabel K. Arias. Aunque la IA se está integrando a velocidades distintas, parece evidente que su implementación se está acelerando a marchas forzadas. Por ejemplo, a mediados de 2024, Asturias o Castilla y León negaron contar con algoritmos, pero, unos meses más tarde, la situación era diferente pues introdujeron varios sistemas. “Es el problema del FOMO (fear of missing out), el miedo a quedarnos fuera: si no usas nada de IA, estás fuera de este mundo. Si usas algo, probablemente aparezcas en las noticias”, dice López Rueda.

En el Ministerio de Sanidad, la realidad también es bastante diferente. Dentro de este departamento, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha desarrollado varios sistemas basados en procesamiento de lenguaje natural, incluido el fallido MeqA, que daba respuestas erróneas sobre medicamentos, mientras que el trabajo en la Dirección General de Salud Digital y Sistemas de Información para el SNS se ha centrado en dos aplicaciones, una para predecir “la expansión de enfermedades transmisibles” y otra para resolver dudas a quienes se presentan a las pruebas como el MIR.

También dentro del Ministerio, el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) ha incorporado, por ejemplo, tecnología de reconocimiento facial con IA para fichar a pacientes de Ceuta y Melilla. En cambio, la Organización Nacional de Transplantes no ha contratado ni desarrollado por el momento sistemas basados en inteligencia artificial, a diferencia de lo ocurrido en Reino Unido. Allí, la implementación de un algoritmo conllevó discriminación hacia pacientes jóvenes en las listas de espera para recibir un órgano.

IA sanitaria: un auge sin suficientes garantías

El mapeo de Civio no permite saber en qué especialidades está más avanzada la inteligencia artificial, porque no todas las comunidades dan el mismo nivel ni detalle en la información. Pero donde sí hay datos se observa un patrón claro: muchas aplicaciones se incorporan para analizar imágenes médicas (por ejemplo, en radiología, dermatología, anatomía patológica), como también sucede en países como Estados Unidos. “El análisis de un píxel, que es la unidad básica de la imagen, es muchísimo más sencillo que el análisis del dato, de palabras, de texto. El análisis de texto escrito es muchísimo más complejo, por eso va mucho más retrasado”, explica la oncóloga Ribelles Entrena.

Otros sistemas que se están integrando con rapidez son los que permiten gestionar de forma automatizada la información clínica, por ejemplo, para transcribir automáticamente la conversación entre profesionales y pacientes o para asignar códigos a los diagnósticos en urgencias. “Uno de los principales avances que esperamos es toda la tecnología de IA que tiene que ver con el lenguaje natural, ya que disminuir la ingente burocracia que asumimos en las consultas y que consume la mayor parte del tiempo de que disponemos permitiría poder centrarnos de manera más directa en lo que espera de nosotros el paciente: que le miremos a los ojos en vez de estar tecleando y mirando a la pantalla”, dice Rosa Taberner Ferrer, dermatóloga en el Hospital Son Llàtzer de Mallorca. Y añade: “Es lo que de verdad dará un giro de 180º a nuestras consultas”.

“Estamos en unas etapas muy iniciales de lo que puede ser la IA en oncología o en cualquier otra especialidad, quitando anatomía patológica, radiología o dermatología, donde está más desarrollada”, asegura Ribelles Entrena. No obstante, incluso donde hay más avances, la limitada digitalización del sistema sanitario dificulta la implementación del software y su integración en los flujos habituales de trabajo. Por ejemplo, en radiología se utiliza el llamado sistema de almacenamiento de imágenes médicas (PACS, por sus siglas en inglés) y cualquier desarrollo de IA debe adaptarse a la plataforma concreta que se aplique. “La única comunidad que tiene un PACS es Andalucía; aquí en Cataluña no tenemos un PACS único. Por tanto, si quiero implementar un software de imagen médica, necesito implementarlo y adaptarlo a seis, siete u ocho PACS diferentes. Y cada PACS tiene su intríngulis”, explica López Rueda.

Los especialistas consultados por Civio también advierten de la necesidad de mantener una postura crítica. Los sistemas de IA sanitaria suelen clasificarse en función de su finalidad y riesgo dentro de la clase IIa del reglamento europeo sobre productos sanitarios —salvo excepciones que puedan suponer mayores riesgos para los pacientes—. Por ello, deben contar con el marcado CE para poder ser comercializados, lo que a su vez exige realizar investigaciones clínicas al respecto. No obstante, muchos de estos software no se han probado en las condiciones necesarias, es decir, no han llegado a demostrar que brinden resultados superiores y mejores a lo que se utiliza en la actualidad.

“Tenemos que ser reticentes a la hora de implementar esto en la práctica asistencial. Deberíamos exigir: uno, estudios aleatorizados que demuestren que la lectura de la máquina es superior a la del especialista y dos, que este tipo de implementaciones son costo-eficaces”, señala López Rueda. Sin embargo, la situación actual dista de ser idónea. En palabras de Josep Malvehy Guilera, director de la Unidad de Cáncer cutáneo del Hospital Clínic de Barcelona: “Hay desconocimiento por parte de los profesionales, los usuarios que van a utilizar esto. Tengo la impresión que también por parte de los responsables de la compra de estos productos, porque si no exigirían algo más”. De hecho, tanto fuera como dentro de España, la mayoría de algoritmos no se han evaluado en estudios rigurosos (de carácter prospectivo o en ensayos clínicos aleatorizados), lo que implica que faltan validaciones externas e independientes. “Hay que exigir un poco más de seriedad. Si hiciéramos lo mismo con un antibiótico, nos meterían en la cárcel”, zanja Malvehy Guilera.

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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha atendido en apenas 10 meses a más de 130 personas migrantes que han sufrido racismo o xenofobia al alquilar una casa, ir al médico, empadronarse en su municipio o abrir una cuenta bancaria.

En un comunicado remitido a los medios en el marco del trigésimo tercer aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez, el primer crimen racista reconocido en España, que se recuerda este jueves, la ONG ha hecho este balance de su proyecto Alza la Voz contra el Racismo y la Xenofobia, que comenzó este año en Madrid, València y Sevilla.

En estos meses, la campaña ha acompañado a más de 130 personas que han sufrido discriminación en varios ámbitos y ha formado a más de 500 personas migrantes sobre sus derechos.

Una de ellas fue Lorena Valdes, quien ha relatado en la nota la discriminación que sufrió cuando cambió de centro de salud: «La nueva doctora enseguida notó mi acento y, al darse cuenta de que soy latina, no quiso ver las pruebas ni revisar mi baja médica. Me dijo que tenía que irme a trabajar ya, que era para que lo que veníamos, no para quedarnos sentados».

Para Valdes fue «duro» porque esta médica la hizo volver a trabajar «con un estado de salud lamentable», despreciando sus derechos.

En el caso de Claudina Suárez, su problema fue al alquilar una vivienda para ella y sus dos hijas: en un primer momento, los dueños le pidieron «que pagara de más» y después quisieron limitarles el uso de aparatos como la lavadora.

La situación acabó en insultos diarios y amenazas de que iban a hacer que las deportaran, palabras que incluso dirigían a sus hijas.

El servicio ofrecido por CEAR incluye información, asesoramiento, acompañamiento, seguimiento del proceso de denuncia y de recuperación a las víctimas a través de una intervención integral, además de acciones formativas dirigidas a la población migrante en materia de prevención del racismo y delitos de odio. ?

La entidad asegura que, en muchos municipios, los migrantes siguen encontrando grandes obstáculos para empadronarse, lo que les impide acceder a derechos básicos; abrir cuentas bancarias, a pesar de ser un derecho reconocido, en especial para personas en situación de vulnerabilidad, o acceder al sistema sanitario por no estar empadronadas o tener otra documentación distinta al DNI.

La ONG invita a todas estas personas a alzar la voz para acabar con la impunidad y «evitar que crímenes como los de Lucrecia Pérez se repitan».

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Fotografía: Un panel informativo en el Palacio de la Bolsa de Madrid, en una imagen reciente.Eduardo Parra | Europa Press

Artículo original publicado en publico.es por Jorge Otero

Hace ya tiempo que los fiscalistas acuñaron un término para describir la esencia y las características del Impuesto de Sociedades: el queso gruyère. La metáfora alimentaria resulta  evidente: el tributo está lleno de agujeros por los que se va el dinero que no pagan los que deberían hacerlo. 

Los últimos datos publicados este pasado miércoles de las cuentas anuales consolidadas del año 2023 —el último disponible— del Impuesto de Sociedades, una estadística exhaustiva en la que se disecciona de forma minuciosa el tributo y que se publica desde el año 2016, confirman, efectivamente, que el queso gruyère sigue en el plato: a pesar de que ha aumentado la recaudación cerca de un 9%, banca y grandes empresas, aquellas con una cifra de negocio superior a los 1.000 millones de euros anuales —en este grupo entran las eléctricas y las energéticas—, siguen tributando muy poco sobre sus beneficios y son las grandes favorecidas del Impuesto de Sociedades.

En el año 2023, Hacienda recaudó 35.198 millones de euros en el Impuesto de Sociedades, con un tipo medio efectivo sobre beneficios para todas las empresas españolas del 12,05% (frente al 25% del gravamen general del impuesto). Sin embargo, en la práctica el reparto es muy desigual: en un momento en el que sus beneficios baten récords, banca y grandes empresas tributan proporcionalmente menos que las pymes. La banca paga solo el 4,26% de sus beneficios y las grandes compañías que más facturan, el 6,97%.  Solo las compañías con más de 5.000 empleados tributan de forma parecida: de media, pagan el 4,75% de lo que ganan.

Los agujeros del gruyère se extienden a lo largo de todo el impuesto. Da igual la dimensión de la empresa y su cifra de negocio: las más grandes y más ricas pagan menos, proporcionalmente. Las pequeñas empresas tributan al 18,65% y las medianas al 16,92%. Incluso las empresas sin asalariados tributan por sus beneficios más que la banca, al 9,27%, y más que la media de las empresas con más de 250 empleados, independientemente de su volumen de negocio, que lo hacen al 8,87% de sus beneficios. 

Traducido a cifras absolutas, las diferencias se pueden entender mejor. Sirva como ejemplo la banca española: obtuvo unos beneficios en 2023 de 32.394 millones de euros, pero solo pagó 1.379 en el Impuesto de Sociedades, según la propia Agencia Tributaria. Las 283 empresas con un volumen de negocio de más de 1.000 millones de euros pagaron 8.360 después de haber obtenido un beneficio de casi 120.000 millones. Banca  y grandes empresas aportaron 9.739 millones a las arcas públicas. Las pymes pagaron de tipo efectivo 21.250 millones de euros con unos beneficios que rondaron los 133.000 millones, aunque es cierto que representan casi el 98% de los declarantes. 

Por aportar algo de contexto, las empresas aseguradoras pagaron 1.192 millones de euros, el 16,83% de sus ganancias, tras declarar 7.087 millones de beneficios. Las constructoras tributaron el 14,06% de los 35.233 millones que ganaron en 2023.

Sobre el papel el Impuesto de Sociedades está concebido para recaudar más: el tipo impositivo está fijado por ley en el 25%  con carácter general y en 30% en el caso de la banca y las energéticas. Es más, en los últimas cuentas consolidadas del tributo la banca tributa sobre su base imponible —el importe de la renta obtenida en el período impositivo por el contribuyente— un 22,94% y las empresas de más de 1.000 millones, un 20,76%. Sin embargo, a la hora de pagar, la factura se reduce de manera considerable. 

¿Por qué ocurre eso?  Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), certificaba el año pasado en una entrevista en Público con motivo de la publicación de su libro Los ricos no pagan IRPF que el Impuesto de Sociedades permite muchas vías de escape en forma de exenciones y deducciones. «Los ricos de verdad utilizan mecanismos de elusión fiscal: sociedades, sobre todo grandes empresas, sicav y demás», concluía Cruzado en aquella entrevista. 

Un vericueto de deducciones

La principal deducción es la denominada «compensación de bases imponibles», una compensación en forma de crédito fiscal por las pérdidas que tenga una empresa y que pueden imputarse en años venideros. En 2023 esta exención sumó 27.752 millones de euros; lo curioso es que esa cantidad se dividió a partes casi iguales entre las pymes y las grandes empresas. También hay otra serie de deducciones, bonificaciones y amortizaciones, gracias a lo cual, la base imponible siempre es inferior al beneficio, lo que rebaja sustancialmente la cuota efectiva a pagar.

En las últimas cuentas consolidadas, las deducciones y exenciones crecieron significativamente respecto al año anterior, 2022: un 42% las bonificaciones por pérdidas  —la compensación de bases imponibles— y un 18,3% el resto de deducciones.

También existe la deducción por doble imposición, tanto interna como internacional. En este sentido, las grandes empresas suelen alegar a modo de excusa que pagan menos porque sus filiales también pagan el Impuesto de Sociedades en otros países. Sin embargo, en la mayoría de los países europeos el tributo para las empresas es incluso menor que aquí. Sin embargo, esa deducción no es especialmente alta: la internacional apenas alcanzó los 906 millones de euros en 2023.  

Hacienda y el Gobierno ya han expresado en más de una ocasión su voluntad de estrechar la brecha entre la base imponible de las grandes empresas y su beneficio real. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2024 el proyecto de Ley que transpone la directiva europea que fija un nivel mínimo global de imposición del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, con una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros, en la línea con la propuesta lanzada por la OCDE y adoptada por el G20 en octubre de 2021. El Congreso la aprobó en noviembre de 2024. Esa medida estaba destinada a evitar la evasión fiscal a nivel global.  Ahora hay que empezar a implementarla.

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La normalización del uso de aplicaciones tecnológicas en las aulas sin un debate previo en profundidad ha conllevado que muchas familias se nieguen a su uso. Lo que podría parecer banal por lo extendido que está en la sociedad o lo fácil que es su manejo, adquiere una connotación problemática cuando lo que está en juego son los datos de los menores. Desde edades tempranas, las niñas y los niños se ven totalmente dirigidos hacia las plataformas estadounidenses con base en Silicon Valley.

A pesar de que los expertos explican una y otra vez que existen alternativas de software libre, es la Administración pública la que apuesta por empresas como Microsoft y Google para gestionar el intercambio de información y los miles de dispositivos tecnológicos con los que cuenta. Frente a ello, cada vez más familias se organizan, hablan con los centros y con otros padres y madres para intentar revertir esta dinámica que ya está saliendo muy cara a nivel de privacidad y soberanía de los datos.

Joan Sentís vive en L’Escala, un municipio de la Costa Brava, y tiene un hijo de 10 años que acude a un colegio de la localidad. «Fui coordinador de informática en dos centros educativos en el momento en el que todo esto empezaba a entrar en las aulas. Yo introduje Google y un compañero informático me dijo que nos estábamos equivocando. En aquel momento no lo vi, pero ahora sí sé por qué lo decía», declara este docente de música ya jubilado.

Cuando el colegio al que acude su hijo le comunicó hace dos años que crearían una cuenta a su nombre en un servidor de Google, Sentís se opuso. Tenía una postura tan clara que incluso llegó a esbozar una carta para aquellos «objetores digitales», tal y como los denominó, para comunicar al centro que sería la propia familia quien se encargaría de crear y gestionar el correo electrónico y la identidad digital de sus hijos e hijas. En esa misiva, que tan solo secundaron dos familias, explicaba que «el proceso de digitalización en la enseñanza se lleva a cabo contra la evidencia de que el uso de pantallas por los estudiantes hace difícil su desarrollo intelectual e incluso emocional».

Además, los firmantes recalcaban que el Departamento de Educación contrata los servicios de empresas como Google para apoyar el despliegue centralizado del plan de estudios digital, pero «resulta que la educación pública y las empresas tienen intereses opuestos», apuntillaban. Según entendían, «uno de los objetivos de la educación es formar personas libres y llevadas por el autogobierno, y el de las corporaciones es capturar clientes y mantenerlos leales a su negocio».

Sentís lo sigue creyendo: «Me parece mal ética y políticamente que una Administración pública, y más la educativa, meta a miles de niños en el redil de una empresa privada de Estados Unidos que no cumple con el reglamento europeo de protección de datos».

La colonización del día a día educativo llega con acciones tan simples como una actividad de comprensión lectora. «Los textos están libres en la red, el profesor los descarga en formato PDF y lo mete en una carpeta de la nube que utilizan en la clase, y avisa por correo a los niños de que tienen que hacerla. Es tan irónico que están encerrando una cosa que ya estaba en abierto en Internet», ilustra Sentís, quien defiende que «los docentes deben utilizar estándares abiertos siempre».

Su hijo no tiene cuenta en Google. Tan solo un correo alojado en Protonmail y un perfil en Neocities, un espacio web en el que tiene un blog. Además, alerta de que «este fenómeno está castigando a las familias más humildes y con menos recursos económicos, mucho más cautivas de la pantallización».

Uso de los datos

Marc Bria vive en Sabadell, acumula 30 años de experiencia ligada a los proyectos de software libre y ciencia abierta y tiene dos hijas que ya están en el instituto. Su lucha comenzó hace años, durante la infancia de éstas, cuando el centro educativo al que asistían impulsó la introducción de estas plataformas. Lo primero que comenta es que el punto de inflexión en esta dinámica llegó con la pandemia, algo en lo que coinciden el resto de entrevistados. «La Administración pública se volcó no solo con herramientas de Google, sino también de Microsoft, y sin hacer una reflexión sobre qué pasaba con la soberanía de los datos y el conocimiento que tiene la propia Administración de las herramientas que utiliza», explica.

Este experto alerta del primer problema que se encuentra ante el uso de herramientas de Google por los más pequeños: la privacidad. «En los acuerdos firmados entre las empresas y las consejerías no hay ninguna cláusula que explique claramente qué uso le van a dar a los datos personales de los niños», critica. 

A su entender, deberían primar el uso de aplicaciones de software libre como Moodle frente a Google Classroom. «Lo hacen porque es más barato y fácil. De otra forma, eres tú quien tiene que ser soberano y mantener la plataforma», añade. En consecuencia, la Administración se decanta por externalizar un servicio que se torna crucial en el devenir social, político y económico, como es el de la tecnología.

Bria advierte de la estrategia que esconden estas grandes corporaciones. Así lo desarrolla: «Te ofrecen las herramientas gratis al principio y así te crean una dependencia a ellas enorme. Cuando quieran, empezarán a cobrar por ellas o a limitar los servicios, los usuarios o el número de conexiones. Ahí está su negocio».

Este especialista en software libre aclara que utilizar herramientas de este tipo aumentaría el mantenimiento del know how, es decir, el conocimiento dentro de la Administración sobre el uso de cualquier aplicación propia. «Así, en caso de que cierren o de que cambien su modelo, se evitaría que no quede otro remedio que comerse con patatas cualquier cosa que te quieran vender», apuntilla.

Qué aplicación usar

Como padre, Bria tuvo que autorizar la creación de una cuenta en Google para sus hijas pequeñas. «Es un consentimiento disfrazado de obligación, porque si no es muy complicado seguir las clases», sostiene. Cerca de esta opinión se ubica David Artero, que ya le ve las orejas al lobo desde València. Tiene un hijo de cinco años, es informático y trabaja para una Administración pública, aunque prefiere no concretar cuál. «Conozco el tema desde dentro», dice para comenzar su diatriba.

Él también critica que, tras la pandemia del coronavirus, la Administración no haya apostado por la creación de aplicaciones propias basadas en software libre. «Hay que tener claro que los datos que cada uno genera forman parte de la identidad de cada persona, y aquí estamos hablando de miles de menores de edad», profundiza. 

Este año, el hijo de Artero comenzará Primaria y tendrá una tablet a través de la cual acceder a una plataforma educativa. «Llegado el momento le crearán una cuenta en Google, sin apenas objeción posible. Por lo que me he informado, desde los colegios poco se puede hacer, aunque siempre hay otros con trabajadores voluntariosos que intentan sacar adelante alternativas tecnológicas», añade.

A este informático tampoco se le escapa que el uso de las aplicaciones tecnológicas de las grandes empresas estadounidenses es otra forma de educar: «La mayor parte de los chavales no se especializarán en este sector, por lo que solo conocerán las herramientas que han mamado desde pequeños, con las que se van a sentir más cómodos. La concienciación, que puede ser una variable a tener en cuenta en los adultos, no lo es tanto en los chiquillos».

Artero admite que todavía no ha comentado la cuestión en profundidad con otros padres del colegio. «Otro problema que existe es la falta de personal dedicado en exclusiva a este tema en los centros. Si hubiera más informáticos, se podrían crear estupendas aplicaciones tecnológicas basadas en software libre que se podrían compartir entre administraciones», remata.

Digitalizar = privatizar

Lo que comentan Sentís, Bria y Artero no es nuevo. El investigador y autor de Utopías digitales (editado por Verso Libros) Ekaitz Cancela lleva años estudiando el asunto. «La entrada de las grandes plataformas tecnológicas en el ámbito educativo se enmarca en las políticas de austeridad. Al tener los gobiernos menos poder de inversión pública, hacen equilibrios para garantizar las necesidades del capital al mismo tiempo que mantienen la legitimidad del Estado del bienestar», dice el experto.

Según prosigue, «estas herramientas a largo plazo generan dependencias en las que cada día que pasa corremos el riesgo de que no haya vuelta atrás». En un momento en que todo es carne de privatización y en que todo depende de los servidores en la nube o de la inteligencia artificial que estas mismas empresas proveen, la sociedad se puede llegar a ver atrapada.

Cancela considera que «las familias de los estudiantes son una de las comunidades que mejor han sabido politizarse y entender el desafío». Serían ellas la punta de lanza en esta lucha en la que la sociedad se juega que las futuras generaciones ya no sean capaces de pensar en otras tecnologías fuera de los modelos propietarios. «Hay que tener cuidado con esa idea neoliberal que nos venden de que somos “consumidores soberanos” cuando en realidad siempre estamos atados a los servicios que ofertan desde Silicon Valley», advierte.

El investigador detalla otro de los problemas que acarrea el uso de Microsoft por parte de los más pequeños: «En esa plataforma conviven herramientas pedagógicas pero también de control a los trabajadores. Así se naturalizan desde edades tempranas los amplios procesos de control de la fuerza de trabajo». Cancela opina que los Estados deberían empezar a invertir muchos más recursos en ser soberanos tecnológicamente. «Si no, no podremos revertir la dinámica actual en la que digitalizar casi siempre es sinónimo de privatizar», concluye. 

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Puedes leer este artículo en catalán aquí.

El congreso del Colegio de Periodistas de Catalunya, celebrado los días 7 y 8 de noviembre, ha aprobado una reforma y ampliación del Código Deontológico. Según sus responsables, el objetivo es contar con un marco ético actualizado para afrontar los múltiples retos de la profesión y contribuir a preservar la democracia y los derechos humanos.

Tanto el decano del Colegio de Periodistas de Catalunya, Joan Maria Morros, como el presidente del Consejo de la Información de Catalunya, Josep Carles Rius, explicaron que las propuestas de cambios y ampliaciones son el resultado de un proceso de escucha a la profesión y a la sociedad civil, y también fruto de estudios compartidos con las once universidades que imparten estudios de periodismo en Catalunya.

Las diez claves del nuevo código ético

1. Combatir la mentira
El criterio 1 del Código establece el deber de decir la verdad. Ahora los periodistas consideran que no basta con eso y que tienen el deber “de hacer frente a la mentira, a la desinformación y a la negación de las evidencias científicas”. En el articulado del Código se establece que “el periodista tiene el deber de acercarse al máximo a la realidad de los hechos con honestidad, independencia, responsabilidad y espíritu crítico. Fuera de este marco, no estamos ante periodismo”.

2. Discurso de odio y derechos humanos
Como conclusión de los doce criterios del Código, los periodistas recuerdan que “las responsabilidades éticas se enmarcan en el compromiso ineludible de los periodistas con los derechos humanos. Los periodistas tienen el deber de identificar y combatir el discurso de odio como una gran amenaza para la convivencia, la dignidad y la democracia”.

3. Un derecho de la ciudadanía
En el congreso muchos ponentes insistieron en que los periodistas tienen el deber de garantizar un derecho que pertenece a la ciudadanía: el derecho a la información. Por ello, en el preámbulo se recuerda que este derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 11), la Constitución Española (artículos 20 y 105.b) y el Estatuto de Catalunya (artículo 52).

4. Responsabilidad frente al suicidio
Uno de los cambios más profundos del Código es el que se refiere al tratamiento del suicidio. Hasta ahora se hacía hincapié en evitar el supuesto efecto mimético. Ahora se va mucho más allá y se dice:

“En el caso del suicidio, se debe informar con responsabilidad, tratándolo como un problema de salud pública que puede prevenirse y que nunca responde a una única causa. Debe evitarse el sensacionalismo o cualquier lenguaje que le pueda transmitir un aire de romanticismo o glamour, así como los detalles concretos sobre la persona, el método o el lugar. Estas noticias no deben destacarse ni repetirse, y se debe tener un cuidado especial cuando se trate de personas conocidas. Es importante incluir recursos sobre dónde y cómo buscar ayuda. Si se incluyen imágenes, éstas no deben caer en estereotipos ni reforzar estigmas”.

Además, se incorpora un anexo específico con recomendaciones sobre cómo abordarlo.

5. ¿Quién es periodista?
En un tiempo en el que existe mucha confusión sobre quién es o no periodista y en el que proliferan los falsos medios de comunicación, el Código incorpora un preámbulo donde se dice:

“Es periodista aquella persona que tiene la formación académica y/o la experiencia adquirida y acreditada profesionalmente para ejercer el periodismo. Puede desarrollar su trabajo en medios de comunicación, en empresas dedicadas a la comunicación o en plataformas personales, y en todo caso debe asumir el compromiso ético imprescindible que determina el Código Deontológico del Colegio de Periodistas de Catalunya”.

6. ¿Qué es un medio de comunicación?
En el mismo preámbulo se determina que “los valores que guían a los periodistas implican también de forma corporativa a las empresas dedicadas a la comunicación. Solo entendemos que se ajustan a esta definición si son transparentes respecto a su titularidad, si están comprometidas con el Código Deontológico y si toman decisiones al servicio de la ciudadanía».

7. Clickbait y grandes plataformas
Por primera vez, un código deontológico considera que “el uso sistemático de titulares engañosos –conocidos como clickbait o pescaclicks– compromete la calidad de la información y vulnera el derecho de la ciudadanía a recibir contenidos rigurosos”. Los periodistas reclaman también que las grandes plataformas digitales asuman “responsabilidad editorial respecto a los contenidos que difunden en redes sociales para poder ser catalogados como periodismo”.

8. El reto de la inteligencia artificial
Un anexo establece que en el uso de la inteligencia artificial en el ámbito periodístico “debe existir siempre una supervisión periodística y editorial humana, ejercida por profesionales, en todas las etapas de producción y difusión de contenidos generados o asistidos por IA”.

El objetivo es “valorar la fiabilidad de las fuentes, verificar y contextualizar la información, detectar errores y garantizar la veracidad”. El anexo recuerda el deber de evitar “la proliferación de contenidos generados por inteligencia artificial que puedan generar o favorecer la desinformación o la manipulación (…) o que introduzcan sesgos, fomenten la polarización, la discriminación o contribuyan a la difusión de discursos de odio”.

Además, el anexo sobre tratamiento de imágenes incorpora recomendaciones específicas:

“Las imágenes generadas por IA con apariencia fotográfica o realista son el resultado de la manipulación de múltiples imágenes y, por tanto, no deben utilizarse en contextos periodísticos, en coherencia con la normativa que prohíbe expresamente cualquier manipulación de la información visual en el ámbito del fotoperiodismo».

9. Tratamiento de la emergencia climática
El anexo dedicado al tratamiento de la emergencia climática recuerda que “la crisis climática es una cuestión de justicia global derivada de la sobreexplotación de los sistemas naturales y la vulneración de los derechos humanos. Este agravio ha sido perpetrado históricamente –y también hoy día– por los países del norte global a costa de los recursos del sur global. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de señalar estas relaciones desiguales».

Para evitar la parálisis y la sensación de impotencia que conduce a la fatiga climática, “debe evitarse el discurso único de catástrofe y el contenido estrictamente emocional y compasivo”. Asimismo, el Código subraya que se debe “renunciar a la falsa simetría para no dar espacio al negacionismo climático, porque dar voz a discursos que niegan la existencia de la crisis climática o abogan por el derrotismo no forma parte del ejercicio de la imparcialidad ética, sino que crea un falso equilibrio de opiniones y amplifica la desinformación».

10. En defensa de la diversidad
Un anexo específico insiste en que se debe “evitar incluir en la información el grupo étnico, el color de la piel, la nacionalidad, la religión o la cultura si no es estrictamente necesario para la comprensión global de la noticia, con el fin de evitar generar prejuicios, estigmatización y estereotipos que promuevan actitudes discriminatorias o racistas”.

El documento también recomienda “mejorar los mecanismos periodísticos que favorecen la multiculturalidad” y que “las redacciones sean más diversas, no solo porque es socialmente justo, sino porque es periodísticamente necesario para la calidad informativa y para aportar nuevas miradas sobre la realidad”.

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Cinco días después de que anunciara su dimisión como president de la Generalitat y en plenas negociaciones entre el PP y Vox para buscar sustituto, Carlos Mazón sigue en el foco de las protestas. Si antes el lema era Mazón dimisión, ahora el grito es: «Mazón a presó» (Mazón a prisión).

Este domingo, ante Les Corts Valencianes, una concentración convocada por la entidades sociales, cívicas y sindicales que durante el último año han organizado una manifestación al mes, ha reclamado que deje el acta y pueda ser juzgado, la dimisión de su «negligente» Consell y que el pueblo protagonice una reconstrucción «real y efectiva», que no se negocie el futuro de los valencianos en Madrid.

Antes del acto, los asistentes han extendido pancartas en las que se podía leer «Mazón a presó» con una imagen del todavía president boca abajo y también se le ha podido ver representado con un traje de presidiario. Algunos familiares han mostrado imágenes de las víctimas junto a mensajes como «han muerto por vuestra incompetencia» o «asesinos» y pidiendo «justicia» para ellos.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, ha aseverado que con la dimisión de Mazón «no es suficiente» porque «la dignidad, la justicia y la reparación aún no se ha conseguido y no se han asumido responsabilidades«. Y Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre 2024, ha reclamado «la dimisión de todo el Consell» porque es «indigno» por «haber abandonado al pueblo valenciano el día que más los necesitaban».

Entre las proclamas que se han coreado se ha repetido también «Volem votar» (queremos votar); «Susana Camarero nos lleva al matadero» o «Partido Popular, partido criminal». Los centenares de participantes, que llenaban la Plaza san Lorenzo, han finalizado el acto con una ofrenda floral. Primero han mantenido en alto los claveles, rosas y otras flores blancas –hasta 231, por cada una de las víctimas de la dana, han explicado– y luego las han ido depositando a las puertas de Les Corts.

Un año de manifestaciones

La concentración se produce justo un año después de la primera manifestación que se celebró en la ciudad de València para reclamar la dimisión de Mazón, cuando solo habían pasado once días de la dana del 29 de octubre de 2024 y en la que participaron más de 130.000 personas, según la Delegación del Gobierno. Los convocantes han señalado que el acto de este domingo «conmemora esa cita que dio pie al movimiento».

A esa siguieron once manifestaciones más, una cada mes en torno al día 29, que se celebraron mayoritariamente en la capital valenciana, pero también en municipios de la denominada ‘zona cero’ de la dana, como Catarroja y Paiporta, convocadas por más de 200 entidades y con las asociaciones de víctimas de la dana en la cabecera. .

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La Fiscalía ha puesto fin a varias campañas de empresas dedicadas a gestionar vientres de alquiler que se anunciaban a través de páginas web o redes sociales, tras abrir por primera vez en España unas diligencias por publicidad ilícita sobre gestación subrogada.

Esta cruzada contra anuncios de empresas de gestación subrogada, que proliferan en internet y en la mayoría de casos en páginas webs internacionales, fue impulsada desde la Fiscalía de Barcelona por Paloma Pelegrín, responsable de la nueva área de defensa de los consumidores y usuarios, que inició su andadura hace año y medio.

El origen de las diligencias es una denuncia presentada por una asociación feminista de Vigo que pedía que se investigara, por la vía penal, a entre 20 y 30 empresas de gestación subrogada que se anunciaban por internet, lo que está expresamente prohibido por la ley de salud reproductiva de 2023. Otra norma de 2016 establece la nulidad de los contratos de ese tipo de reproducción asistida.

Una vez descartada una investigación penal, al no haber constancia de esas prácticas de gestación subrogada que se anunciaban, la Fiscalía abrió diligencias preprocesales, por la vía civil, para determinar si las páginas web y el contenido difundido por redes sociales podían constituir publicidad ilícita.

En el marco de esas diligencias, la fiscal remitió requerimientos a dos de las empresas que gestionaban esas webs localizadas en Barcelona, que, de esa forma, optaron por retirar sus campañas publicitarias de internet, cierre que se materializó entre finales de 2024 y este año.

Los casos de anuncios gestionados por empresas de otras provincias españolas se remitieron a las Fiscalías respectivas, lo que también ha dado sus frutos. El pasado abril, el ministerio público logró que el juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid dictara unas medidas cautelares para obligar a una empresa de gestación subrogada a cerrar su página web y los anuncios que difundía por Facebook, Instagram o X.

Un mes después, el juzgado estimaba la demanda de la Fiscalía y condenaba a la empresa por «realizar publicidad ilícita», al tiempo que le obligaba a difundir su sentencia en las mismas redes sociales donde había anunciado los vientres de alquiler.

Cosificación de mujeres y niños

Según la Fiscalía, las campañas de las empresas analizadas, muchas de las cuales ofrecían vientres de alquiler en Ucrania, no solo incumplían la legalidad por publicitar la gestación subrogada, sino que además incluían un contenido que «cosificaba» a las mujeres y a los embriones, tratando a ambos como meras mercancías y con un llamativo sesgo racial, en el que se resaltaban su piel blanca.

Las actuaciones de la Fiscalía resultan, sin embargo, insuficientes, dado que las páginas webs sobre gestación subrogada se multiplican constantemente en internet, en la mayoría de casos amparadas en páginas internacionales cuyo cierre entraña mayor complejidad.

Por ese motivo, la Fiscalía se plantea acudir a la Audiencia Nacional para que, a través de la vía contencioso-administrativa, sean los tribunales los que fuercen el cierre de esas páginas web por vulneración de la legislación española en materia publicitaria.

Webs que promueven la anorexia

Otro de los caballos de batalla de la Fiscalía de Consumo de Barcelona es poner coto a las publicaciones en internet que promueven los trastornos alimentarios, un fenómeno cada vez más frecuente en redes sociales.

La Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia contra una de esas webs que promueven la bulimia o la anorexia, pero el juzgado acabó archivando la investigación por la imposibilidad de determinar quién estaba detrás de esas publicaciones, dado que las comisiones rogatorias expedidas en busca de colaboración internacional resultaron infructuosas.

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Mi primer deseo para la publicidad sería que no se puedan anunciar productos o servicios nocivos (para personas, animales o el medioambiente). Se prohibiría así la propaganda de coches, corridas de toros, viajes en avión, joyas o cruceros de lujo.

La publicidad es un torno donde se moldean los valores; y los valores son el motor de todo.

Estamos lejos de eso. No tanto como algunos imaginan, por uno u otro motivo. Hace poco, había muchos iluminados que decían que sería imposible eliminar los anuncios de tabaco y alcohol y sus patrocinios en el deporte: «¡Será el final de la Fórmula 1!». Por desgracia, se equivocaron. Nada hubiera sido mejor que acabar con esos deportes de machotes dando vueltas a un circuito mientras machacan el clima. Esto da para otro debate, pero en nombre de la libertad de millones de humanos, hay al menos seis deportes que deberíamos prohibir.

Mi segundo deseo para la publicidad es que nos sirva para pensar. Hagamos que su burda manipulación —casi siempre es así— se les vuelva en contra. Solo tenemos que parar para pensar. Consigamos que la seducción publicitaria sea la levadura que fermenta nuestro pensamiento crítico; y que, como mínimo, el greenwashing nos provoque risa.

Por ejemplo, hay un anuncio de una empresa de venta de coches de segunda mano en el que una pobre chica se queda tirada en un pueblo que tiene buenos quesos. La voz en off advierte que los quesos son espectaculares en ese pueblo, pero que el arcén donde se ha quedado el coche averiado no es tan espectacular. ¿Qué podemos reflexionar?

• Vender coches de segunda mano es mejor que nuevos. Sin embargo, los vehículos a motor —incluso los eléctricos— no dejan de ser máquinas muy contaminantes; y no solo por humos. Con razón están entre las invenciones más perniciosas de la humanidad.
• Pero en serio: ¿de verdad sus coches son tan magníficos como quieren hacernos creer? ¿Nos tenemos que fiar de su palabra? ¿No será mejor confiar en un taller de nuestro barrio con años de experiencia y que da la cara?
• Incluso los detalles más inocentes de este spot comercial esconden el reflejo de una sociedad inconsciente o anestesiada por el bombardeo. ¿Era necesario hacer publicidad encubierta de quesos? Recordemos que los lácteos —como todos los productos de origen animal— no solo esconden maltrato animal, sino una huella ecológica considerable. La explotación de los animales está tan asumida en nuestra cultura que hablamos de queso, huevos o helados con la misma naturalidad que de pepinos y tomates. Pero no. No es lo mismo.

Siempre podemos aplicar las dos columnas del consumo responsable: primero, intentar conocer lo que esconde cada escaparate (durante su fabricación, transporte, consumo, eliminación, etc.); y segundo, intentar consumir justo lo que necesitamos. De esta forma, aunque nuestro consumo provoque daños, serán menores.

Esta reflexión es muy útil para el primero de los cinco objetivos que pedía Fernando Valladares para iniciar ese urgente decrecimiento planificado, a saber: reducir la producción menos necesaria. Y para ello, es fundamental —si no prohibirla—, al menos, dejar de incitar a la esclavitud propia y ajena.

La próxima vez que veas un anuncio, mira a otro lugar, cambia de canal, o bien, cambia de mirada.

Publiacidez de estómago:

• Publicidad, un segundo cerebro: Las 2 columnas del consumo responsable.
• La mejor manera de usar la publicidad del buzón: que tu perro se cague en ella.
• Otras 20 medidas todavía extrañas —pero eficientes— para evitar lo peor del colapso.
• Libro La recivilización, de Fernando Valladares (resumen).
• Estar sano y ser feliz no es rentable: descubre cuatro claves para duplicar tu sueldo.