• La Plazoleta-Ecologistas en Acción ha recibido diligencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3, de Cádiz, en orden a la recuperación de vías pecuarias de nuestra localidad.

En dicha comunicación se manifiesta requerimiento a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través de su Delegación Territorial en Cádiz, para que en el plazo máximo de dos meses dé inicio a los expedientes de recuperación de la posesión de tres vías pecuarias -Colada de Cebollares, Colada de los Charcos y Colada de Cobalengos-, o sea que se inicie expediente de recuperación en ejecución provisional; debiéndose, asimismo, comunicar al órgano que realiza el dictamen la resolución que se dicte para ello, así como las de las distintas actuaciones que sean relevantes para el conocimiento de dicho órgano del proceso de recuperación.

En caso de no realización de estas actuaciones se procedería a la imposición de multas coercitivas personales contra los responsables.

Este proceso se inició en el año 2016, mediante la presentación en Pleno Municipal de un “Plan de Restauración Paisajística y Medioambiental”, que previamente había sido respaldado por 18 Asociaciones y Partidos Políticos locales.

Se ha recorrido un largo camino de tramitación e inconvenientes; quizás uno de los más relevantes fue el boicot realizado desde la Junta de Andalucía a la Ley de Caminos Públicos, cuyo borrador fue fruto de años de dedicación, redacción y consenso.

Mediante dicha ley se pretendía reforzar la protección del 90% de caminos públicos andaluces que se encuentran no inventariados, cerrados y usurpados; se trataba de incluir dichos terrenos en el patrimonio público andaluz y luchar así contra quienes se han apropiado de ellos.

Es relevante la falta de actuaciones legislativas en dichas zonas, las usurpaciones de caminos y veredas, la reducción de pasos y dimensiones legales y la ausencia absoluta de interés de las administraciones públicas por la recuperación de espacios de dominio público.

La pasividad y permisividad de la Junta de Andalucía contra los bienes de dominio público que constituyen las vías pecuarias, las cuales son un patrimonio al que la ciudadanía tiene derecho a su disfrute y la obligación de conservación, llevo a este grupo ecologista a emprender acciones judiciales, con la finalidad de que dichos terrenos fueran recuperados para su uso tradicional además de otros destinos como pueden ser el lúdico, medioambiental, turístico…

Las vías pecuarias son consideradas como un patrimonio público, pero además también natural y cultural, dado que su relevancia y reconocimiento se remonta al año 1273. Esta consideración les otorga privilegios como ser inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Desde el 1995 se cuenta con una Ley de Vías Pecuarias estatal, siendo aprobado, en Andalucía, el Reglamento 155/1998 de Vías Pecuarias de la comunidad.

No obstante, y a pesar de diferentes planes e intentos de recuperación todo ha quedado en proyectos vacíos.

Ello dio lugar a la creación de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos a fin de conseguir el cumplimiento de la legalidad y la prohibición de las ocupaciones ilegales, el cierre con alambradas, los aprovechamientos agrícolas o cinegéticos, la instalación de naves y viviendas particulares…

El colectivo La Plazoleta presentó en 2018 solicitud de expediente de recuperación de 3 de las vías pecuarias locales, toda vez que desde la Delegación Territorial de Cádiz se reconoce la usurpación de las tres vías pecuarias y su carácter de terrenos de dominio público; no obstante, ante la inacción y la nula actividad de esta administración se iniciaron los trámites de recurso contencioso-administrativo, en el año 2021.

Es de resaltar la pérdida de más de 900.000 €, proveniente de fondos ITI, para llevar a cabo labores de recuperación, las cuales no se llegaron a ejecutar a pesar de haber sido redactado el proyecto.

Igualmente, que la propia Junta de Andalucía, la responsable y garante de los terrenos de dominio público, interpusiera recurso de apelación contra la sentencia inicial que la obligaba a iniciar expediente de recuperación.

Se trata del cumplimiento legal de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 4/1986 de Patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza y el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía de 1998, que en su artículo 8 determina que “Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente la recuperación”.

Resulta preocupante el silencio, la permisividad, la dejación de obligaciones, la falta de interés… por el patrimonio público en beneficio solo de una parte.

La entrada Un paso más en la recuperación de las vías pecuarias del municipio roteño aparece primero en Ecologistas en Acción.

Es necesaria la reversión de la situación de las vías pecuarias aragonesas con un cambio drástico de los responsables políticos y la creación de un servicio propio en el Gobierno de Aragón.

Se cumplen veinte años de la aprobación de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón, más conocidas en nuestra comunidad como cabañeras. Ecologistas en Acción, organización firme defensora de la conservación y protección de estos espacios, quiere trasmitir una valoración pública que sobre su desarrollo y ejecución ha venido realizando el Gobierno de Aragón.

Una mala gestión, cuando ésta ha existido, ha provocado la perdida de una cantidad importante de Kms de cabañeras en nuestra comunidad durante los últimos años y el deterioro y degradación de otros tantos. Es necesario la reversión de la situación con un cambio drástico de los responsables políticos en esta materia, que puede empezar con la creación de un servicio propio de gestión y conservación de cabañeras en la estructura del Gobierno de Aragón, que sea dotado con los recursos humanos y materiales necesarios.

Desde Ecologistas en Acción queremos utilizar como ejemplos (hay muchos más), cuatro aspectos recogidos en la Ley 10/2025, de vías pecuarias de Aragón, que nos parecen importantes, para poder explicar como las expectativas levantadas hace dos décadas tras su aprobación, han quedado en nada.

Vías pecuarias de Especial Interés

La Ley incluía la figura de “Vías Pecuarias de Especial Interés” con el objetivo de declarar bajo esta figura aquellos tramos pecuarios que contengan un destacado valor natural, cultural, trashumante, recreativo, histórico o turístico. La propia Ley, por el valor que las vías pecuarias tienen para la conectividad de los ecosistemas y biodiversidad aragonesa, ya indicaba que “en todo caso, se declararán Vías Pecuarias de Especial interés Natural aquellas vías o tramos de ellas que atraviesen o colinden con montes demaniales, espacios naturales protegidos o áreas naturales singulares”

El objetivo de esta figura es conseguir una mayor protección de los tramos de vías pecuarias declarados, una prioridad en su clasificación y deslinde y acompañarlos con un plan de utilización que promueva medidas para su desarrollo y fomento. Transcurridos 20 años de la creación de esta figura, la cantidad de metros de vías pecuarias aragonesas declarados de interés especial por los Consejeros responsables de los diferentes gobiernos de Aragón han sido 0. Una vergüenza y dejadez.

Consejo Aragonés de Vías Pecuarias

La ley 10/2005 determinaba al Consejo Aragonés de Vías Pecuarias, como órgano consultivo y participativo, donde además de los representantes de las administraciones, estarían también organizaciones agrarias y ganaderas, profesionales, de la Universidad y de las asociaciones ambientales y de defensa del patrimonio cultural.

En estos veinte años el Consejo se ha reunido una sola vez, a pesar de que su reglamento marca un mínimo de dos reuniones ordinarias anuales, y no ha creado ningún grupo de trabajo o comisión técnica para desarrollar sus múltiples funciones. Si a la dejadez de la defensa de lo público, sumamos la falta de interés por fomentar la participación social, nos da una fotografía de la política aragonesa durante las últimas décadas.

Ocupaciones temporales

Las ocupaciones temporales de vías pecuarias, que la ley indica que deben autorizarse de manera excepcional, motivada, sin alteraciones a los usos propios de las cabañeras y evitando causar cualquier tipo de daño ambiental, se han convertido en algo habitual debido a la permisividad del Gobierno de Aragón.

Según información suministrada a Ecologistas en Acción por el actual Consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, durante los años 2022, 2023 y 2024, fueron autorizadas 147 ocupaciones temporales sobre cabañeras de la provincia de Huesca (el 97.4% de las solicitadas). Si lo extrapolamos a las que se han podido autorizar en el conjunto de Aragón en los veinte años desde que se aprobó la Ley autonómica, se desprende que ésta se lleva incumpliendo de manera flagrante. Términos recogidos en la ley como la excepcionalidad y la temporalidad, así como las condiciones que deben cumplir para ser autorizadas, han perdido todo el sentido para el Gobierno de Aragón.

En la practica se trata de una ocupación de suelo público barato para construir de forma legal infraestructuras que deberían ir en otros suelos. A costa de alterar los valores de las vías pecuarias y con el servilismo, sin excepción alguna, hacia particulares y entidades privadas que evitan adquirir propiedades o establecer un derecho de servidumbre en un suelo privado.

Por otro lado, al menos hasta 2024, que aparece la partida en los presupuestos generales de Aragón, se han estado incumpliendo todos estos años las leyes estatal y autonómica de vías pecuarias en otro aspecto. El que obligan a que las cantidades percibidas por estas ocupaciones, además de las provenientes de sanciones, aprovechamientos y cualquier otra en virtud de las previsiones de estas leyes, deben ir destinadas a la conservación, vigilancia y mejora de dichas vías, cuestión que no ha ocurrido.

Red de Vías Pecuarias de Aragón

Por último, pero no menos importante, todo lo contrario, dado que el aspecto clave en la gestión del sistema de vías pecuarias es su clasificación, deslinde y amojonamiento. Cuestión que en Aragón refleja claramente el poco interés mostrado por sus Gobiernos a la hora de aprobar partidas presupuestarias y contar con los recursos humanos mínimos.

Todavía hay cerca de 300 municipios aragoneses (40%) que están pendientes de clasificar y aprobar sus vías pecuarias, situándonos en el grupo de las Comunidades Autónomas más retrasadas para completar su red de vías pecuarias. Del número de cabañeras deslindadas y amojonadas, ya ni hablamos, dado que no superará el 3% de las que ya están clasificadas y ese pobre porcentaje se ha conseguido gracias a convenios económicos con el gobierno estatal.

Conclusión

Si son sobre 300 los municipios aragoneses que siguen si tener clasificadas sus vías pecuarias y el ritmo de avance actual es en torno a los 8 municipios por legislatura; Si el deslinde y amojonamientos de las cañadas aragonesas esta parada; Si no hay interés en convocar y consultar a los colectivos sociales a través del Consejo autonómico determinado para ello; Si en veinte años no se ha declarado un sólo tramo de vías pecuarias de interés especial; Son signos evidentes de que es necesario el cambio que demandamos de responsables políticos y de la creación de un servicio propio en la estructura del Gobierno de Aragón.

La entrada Balance negativo de la gestión de las cabañeras aragonesas por parte del Gobierno de Aragón aparece primero en Ecologistas en Acción.