Gasteiz: cuando la Ertzaintza protege al fascismo

El pasado 12 de octubre, mientras en Madrid se desplegaban desfiles militares y banderas rojigualdas, en Gasteiz se vivía otra escena que, pese a su escala menor, revela la profundidad del problema. La Falange Española —un partido fascista que nunca ha dejado de reivindicar el legado de Franco— celebró un acto “patriótico” en pleno centro de la ciudad. “Euskal presoak, cámara de gas” y “pasamos y volvimos a pasar” fueron algunas de las lindezas que soltaron esa jornada.

Frente a ellos, un grupo de antifascistas decidió concentrarse para mostrar su rechazo a que el fascismo volviera a ocupar el espacio público vasco. La respuesta del Estado fue clara: 19 personas detenidas (uno de ellos menor de edad), imputadas por supuestamente lanzar piedras a la policía, cargas policiales y los falangistas vitoreando a la Ertzaintza.

Según relatan varios medios, la policía vasca cargó contra quienes se manifestaban contra el odio, usando pelotas de goma y empujones, mientras escoltaba y protegía a los militantes de ultraderecha. Según informa el periodista Danilo Albin en Público¹, los falangistas aplaudieron y jalearon a los agentes cuando estos detenían a manifestantes, gritando “Ahí está la escoria etarra, grande policía”. El Gobierno vasco, por su parte, ha intentado justificar la actuación de la Ertzaintza apelando al “mantenimiento del orden” y al “derecho de reunión”.

Unos días después, el canal de Telegram de la Liga Antiglobalista Internacional (una internacional de 15 partidos de extrema derecha procedentes de varios países, impulsada por el oligarca ruso Konstantin Maloféyev, cercano al Kremlin) publicó el siguiente mensaje: “El 12 de octubre, nuestros hermanos de La Falange celebraron una reunión en Vitoria con motivo del Día de la Unidad Española. Antifa y los separatistas, que superaban en número a los falangistas hasta diez veces, intentaron interferir en la concentración y atacar a los nacionalistas. A pesar de su superioridad numérica, la izquierda recibió una terrible paliza tanto por parte de La Falange como de la policía”.

Los hechos de Gasteiz nos recuerdan que el antifascismo sigue siendo necesario. Que el fascismo, por muy marginal que parezca, encuentra amparo en las instituciones cuando éstas no se atreven a condenarlo con claridad. Y que, frente al fascismo y su blanqueamiento institucional, la respuesta sigue siendo la misma de siempre: organización, solidaridad y antifascismo.

Barcelona: más detenciones en protestas propalestinas

En el mes de octubre, lejos de bajar los brazos ante el anuncio del alto el fuego en Gaza, el movimiento propalestino salió a la calle como siempre, para asegurarse de que la paz que se logre sea justa y duradera.

En este contexto, las movilizaciones de apoyo a Palestina se encontraron con una respuesta policial contundente, sobre todo en Barcelona. Por ejemplo, el 4 de octubre, diez personas fueron detenidas en las inmediaciones de la Plaça de Catalunya, acusadas de causar destrozos en empresas que colaboran con la ocupación.

Unos días después, el 15 de octubre, en el contexto de la huelga general por Palestina convocada por varios sindicatos, unas 50.000 personas recorrieron la capital catalana. En el transcurso de la protesta, según la versión oficial, se produjo la quema de contenedores, el lanzamiento de objetos hacia una línea policial frente al Consulado de Israel y otros actos de “vandalismo”. Los Mossos d’Esquadra intervinieron utilizando spray de pimienta y cargas con porrazos, lo que derivó en la detención de 15 personas, de las cuales 11 eran menores de edad. Según publica Izquierda Diario, estos fueron detenidos mientras volvían a sus casas, por el hecho de llevar simbología palestina y por presentar síntomas de haber sido rociados con spray. Han denunciado haber recibido tratos vejatorios, insultos, humillaciones racistas y falta de asistencia sanitaria en comisaría, donde no se les permitió ducharse, ni cambiarse la ropa llena de spray.

Según la organización Som Defensores, desde el asalto a la flotilla se han detenido a 34 manifestantes (la mitad menores y la mayoría personas racializadas) y se ha empleado en seis ocasiones gas pimienta para disolver manifestaciones. Al menos en una ocasión, tras usarse en la estació de Sants, entre 30 y 40 personas tuvieron que ser atendidas por equipos médicos.

Vallekas: un barrio que se organiza contra mercenarios y bulos

Lo que medios como Cuatro y Telemadrid vendieron hace unos días como una “batalla campal” entre “desokupadores” y “Bukaneros y ultras de izquierdas que defienden a los okupas” en Puente de Vallekas es, en realidad, el episodio más visible de un hostigamiento sostenido contra un vecino y un gimnasio popular, envuelto en desinformación y con presencia activa de una empresa de desokupación integrada por escuadristas neonazis. El relato dominante —con platós dando altavoz a un supuesto propietario y cámaras buscando imágenes de choque— sirve para criminalizar al barrio y tapar la raíz del problema: la precariedad habitacional y la entrada de matones profesionales con agenda ideológica en los conflictos de vivienda.

El caso arranca con un señor apodado “Daan”, boxeador y empresario que se presentó en televisiones como dueño de una vivienda ubicada en la calle Leonor González. Sin embargo, Irene Zugasti, periodista de Diario Red, ha accedido a la nota simple del Registro y ha comprobado que Romero no figura como propietario; la casa es de unos herederos. En cualquier caso, el habitante, Juan Carlos, una persona que trabaja cuidando a personas mayores, vive allí desde hace casi nueve años con apoyo vecinal —preferían casa habitada y cuidada frente al riesgo de narcopisos—. Romero, por su parte, ya ha sido condenado por coacciones contra él por anteriores episodios de acoso. Pese a ello, siguió apareciendo acompañado de miembros APD Security Iberia, empresa de “desokupación” con historial violento², intentando echar por las malas a Juan Carlos, mientras ciertas cadenas amplificaban su versión sin contraste.

El 14 de octubre se produjo el salto cualitativo: miembros de APD acudieron armados con palos y atacaron el Club Deportivo La Fábrika, un gimnasio popular con casi quince años de arraigo, muy cercano al domicilio de Juan Carlos. Si hubieran atacado una hora más tarde, se habrían encontrado una clase para niñas y niños de entre 7 y 13 años. La intimidación a este local venía de lejos, pues desde el primer día que acudieron a amenazar a Juan Carlos, el 26 de septiembre, los miembros de APD ya intimidaron a uno de los alumnos que estaba en la puerta esperando a que se abriera para asistir a clase, una escena que fue retorcida en televisión, presentando a los asistentes al gimnasio como agresores.

Los neonazis agredieron a algunas de las personas allí presentes y reventaron la puerta con palos al grito de “rojos maricones”. Así, parte del equipo de gimnasio se vio obligado a defender su local.

“Nuestra rutina se vio truncada abruptamente por una agresión sin precedentes, perpetrada por una empresa de desokupación de estas que han aflorado en torno a un sistema fallido con la vivienda”, explica La Fábrika en un comunicado. “Empresas formadas por asesinos a sueldo, donde muchos de ellos están vinculados al boxeo, Muay Thai, MMA y a la extrema derecha de este país. Nazis declarados, cuya visita a barrios multiculturales y obreros como el nuestro solo consigue alterar nuestra paz diaria, generando disturbios, inseguridad y miedo con su forma de actuar.

[…] El martes 14 de octubre estos escuadristas de desokupación volvieron. […] Varios vecinos y vecinas nos informan que sobre las 17:30 bajaban en dirección al gimnasio armados con palos, piedras y porras extensibles. En el interior del gimnasio nos encontrábamos ejecutando nuestra actividad deportiva normal. […] Un vecino que se encontraba en las puertas del local decide irse, cruzándose con uno de estos elementos, que le agrede y consigue regresar al gimnasio buscando refugio; en este momento comienza la “batalla campal”. Para nosotrxs fue un acto de defensa ante el inminente ataque de unos matones organizados a un gimnasio de barrio, local privado con toda su documentación en regla”³.

La policía, ausente en el inicio según la crónica, llegó más tarde y terminó por derribar el acceso al gimnasio. En total, detuvieron a 17 personas: 10 escuadristas de APD y 7 vecinas de Vallekas, entre las cuales había personas que habían defendido el gimnasio, pero también vecinos que llegaron más tarde y que ni siquiera habían presenciado lo ocurrido. “Como resultado de todo esto, fuimos detenidas dos personas del gimnasio que estábamos dentro en el momento del ataque, y cinco vecinos. Los agresores, aún estando localizados e identificados, no todos fueron detenidos”, detalla el comunicado.

El barrio, sin embargo, ha respondido con la mejor de nuestras armas: la solidaridad. Se ha organizado una presencia permanente junto a Juan Carlos para defender su vivienda y una defensa pública del gimnasio como proyecto comunitario. El pasado 24 de octubre, cientos de personas recorrimos las calles de Vallekas en una manifestación, convocada por PAH Vallekas, por la vivienda digna y contra las mafias de desokupación. Su punto de partida fue La Fábrika y terminó en el estadio del Rayo.

Frente a matones y bulos, organización vecinal, información verificada y antifascismo cotidiano.

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1Tras publicar Albin (periodista de origen uruguayo, afincado en Bilbao, que hace seguimiento a la actividad de la extrema derecha) el artículo en el que explicaba cómo los falangistas jalearon a la policía, el ultraderechista Martín Ynestrillas publicó un vídeo con su rostro, diciendo que es “un uruguayo que no entiende nada de lo que pasa en este país” y llamándole “miserable”, “embustero”, “canalla” e “idiota”.

2Nos remitimos a las detalladas investigaciones que han llevado a cabo Sistema 161 e Irene Zugasti, revelando los vínculos de esta organización con organizaciones de extrema derecha como Bastión Frontal, Yomus, España 2000 o Amanecer Dorado y empresas de seguridad formadas por militares israelíes. Entre los antecedentes de algunos de sus miembros se encuentran amenazas a familias en Tetuán, amenazas fascistas en València e, incluso, disparos en un desalojo en Illescas.

3Animamos a buscar en redes el resto del comunicado, que denuncia el papel cómplice de determinados medios de comunicación en el blanqueo de los discursos de odio y en la tergiversación de la realidad, así como habla de la implantación de La Fábrika en el barrio.

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En verano, las que podemos, nos regalamos unas semanas de pausa y desconexión. No por la bondad de nuestros jefes, sino gracias a los siglos de lucha obrera que nos han permitido conquistar derechos como unas semanitas de descanso estival. Sin embargo, no porque nosotras detengamos nuestro ritmo, el mundo hace lo propio con el suyo: ni la vida se detiene, ni tampoco la represión estatal que tan rutinaria nos parece. Por ello, al reincorporarnos, nos damos de bruces con la dura realidad de que la libertad de varias compañeras corre peligro por su labor activista. Vamos a hablar de algunos ejemplos.

Detenidas por solicitar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza

Según un informe de la organización Defender a quien Defiende, el movimiento social que sufrió más persecución en 2024 fue el propalestino. Y todo apunta a que 2025 será igual.

El pasado 28 de julio, un centenar de personas se concentró frente a la embajada de Egipto en Madrid para exigir al Gobierno de El-Sisi que abriera el Paso de Rafah y permitiera la entrada de camiones cargados de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Según relatan varias asistentes, la policía empezó a identificar a manifestantes al azar y, cuando algunas pidieron explicaciones, comenzaron los empujones y las identificaciones, bajo el pretexto de que estaban incurriendo en desobediencia o, incluso, en agresiones a agentes de la autoridad. En total, cinco personas de distintas edades y procedencias resultaron detenidas y podrían enfrentarse a acusaciones que comportarían elevadas penas de prisión.

Detenidas por protestar contra la presencia de Israel en la Vuelta ciclista

Las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech, propiedad del multimillonario Sylvan Adams (amigo y aliado político de Netanyahu) están siendo todo un ejemplo de lucha popular, pese a que desde algunas instituciones y medios de comunicación se esté intentando criminalizar a las activistas diciendo que “mezclan política con deporte”. Con el paso de los días y el discurrir de las etapas, las protestas de activistas y espectadores contra el genocidio en Gaza van en aumento. Los cortes de carretera ocurridos en Catalunya y la movilización masiva que obligó a los organizadores a suspender el final de etapa en Bilbao han conseguido colocar el foco del debate político sobre la competición ciclista.

El paso por Asturies y Galiza no ha sido menos, con una gran movilización contra la presencia del equipo sionista en la carrera. Sin embargo, allí la Guardia Civil ha respondido con cargas, porrazos y detenciones. Al cierre de esta edición, doce activistas han sido detenidas cerca de Oviedo por sujetar una pancarta y encadenarse entre sí para bloquear el paso y otras diez en Monforte de Lemos y O Corgo por hechos similares. Y a la competición todavía le quedan algunos días para terminar, incluyendo su final en Madrid.

Detenida una manifestante antitaurina en Palma

El 7 de agosto se celebró una concentración de unas 150 personas en el Coliseo Balear de Palma de Mallorca, en cuyo interior se estaba asesinando a un toro en una corrida. En un momento dado, un grupo de nazis se acercó a las manifestantes y comenzaron a insultarles y tirarles cosas, sin que la policía interviniera para pararles. Acto seguido, la policía avanzó hacia las manifestantes y lesionaron a cuatro compañeras, deteniendo a una de ellas, a la que acusan de agredirles.

Tras salir en libertad, la compañera anunció que se está planteando presentar una denuncia contra los agentes por detención ilegal y lesiones.

Los 6 de Zaragoza cumplen 500 días en prisión

En enero de 2019, se celebró un mítin de Vox en Zaragoza. Cientos de antifascistas acudieron a protestar contra el acto y se produjeron algunos disturbios y enfrentamientos contra la policía. Seis chavales acabaron siendo detenidos por estos hechos y, pese a que no se podía individualizar su conducta concreta, fueron condenados como “coautores” de los hechos. Los cuatro mayores de edad detenidos recibieron penas de 4 años y 9 meses de prisión, mientras que a los dos menores se les impuso una libertad vigilada.

En el momento en el que escribimos este texto, los cuatro adultos llevan 511 días entre rejas. Han transcurrido también más de 500 días desde que pidieron el indulto de los cuatro chicos, del cual no se ha recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Justicia. Tampoco ha acordado el Ministerio del Interior el régimen de semilibertad o tercer grado penitenciario que han solicitado.

Las 6 de la Suiza siguen privadas de libertad

Mejor suerte están teniendo las compañeras de CNT Xixón que fueron condenadas por acudir a una serie de piquetes en el marco de un conflicto laboral con la pastelería La Suiza. Ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias a principios de julio y, al poco tiempo, fueron clasificadas en tercer grado, por lo que se encuentran en un régimen abierto en un Centro de Inserción Social anexo a la cárcel.

Las compañeras pueden salir por el día y deben volver al CIS a pernoctar, por lo que no viven con plena libertad y su grupo de apoyo ha anunciado que las movilizaciones continuarán. Sobre todo, porque – al igual que sucede con los compañeros de Zaragoza – el Gobierno no ha resuelto la solicitud de indulto, por lo que resulta imprescindible hablar del caso, visibilizarlo y presionar a las autoridades, para hacer decantar la decisión hacia el lado de las trabajadoras y no de la patronal.

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Por Pablo Oliveros (miembro de Txarraska Gaztetxea y del sindicato de vivienda Batu). Extraído de La Zona de Estrategia

Noche del 23 de junio de 2025. Fiestas de San Juan en Hernani. Lo que iba a ser una festividad ancestral -un bullicioso akelarre popular en el centro de la localidad donde las hogueras marcan el inicio del verano- terminó convertido en el mayor estallido, por ahora, de violencia racista en Euskal Herria.

Existen diversos relatos sobre su comienzo. Para unos, comenzó con el intento evitar que un joven marroquí accediera al recinto festivo para sustraer un teléfono, para otros, simplemente fue una pelea entre dos jóvenes en un bar –uno nativo y otro marroquí, con dientes rotos de por medio. Pero su causa no es tan importante, lo esencial es que acabaría siendo la mecha de una deflagración mayor. Está vez, la cosa no quedó en una simple “bronca” entre borrachos, de esas que, fin de semana sí, fin de semana también, suceden habitualmente en todo txosnagune (el típico recinto festivo de Euskal Herria) durante las fiestas patronales. En esta pequeña localidad guipuzcoana situada en el hinterland donostiarra, durante el resto de la noche grupos de jóvenes nativos acabarían en una turba descontrolada que perseguirían al joven marroquí implicado en la pelea.

Acorralado y en peligro, el joven buscó refugio en el ayuntamiento, donde la policía municipal de esta localidad guipuzcoana logró protegerlo a duras penas del linchamiento por parte de una multitud enfurecida. La llegada de los beltzas (Ertzaintza), que intervinieron con pelotas de goma, porras y cargas para dispersar a la multitud en medio del ambiente festivo del txosnagune finalizó, con al menos un herido y un detenido. Sin embargo, la tensión no se disipó. Durante el resto de la noche, grupos de jóvenes autóctonos, iniciaron un simulacro de pogromo beodo y violento contra todo magrebí con el que se cruzaron. Al menos otros dos jóvenes, completamente ajenos al altercado inicial, serían agredidos. Un joven tuvo que ser ingresado en el hospital después de recibir una brutal paliza y de ser arrojado y abandonado en una zona de huertas.

Lo de Hernani, sin embargo, no ha sido un caso aislado, sino otro caso más de otros similares. Hordago, el nodo local de El Salto en Euskal Herria, lleva tiempo cubriendo sucesos parecidos: desde la criminalización de los centros de menores de Marcilla y Sopuerta, la organización de patrullas ciudadanas para perseguir a personas migrantes en Trintxerpe y Muskiz, las manifestaciones que se organizaron contra las cenas solidarias organizadas por el colectivo KAS, destinadas a migrantes —y que provocaron hasta una suspensión temporal— y contra las redes de Harrera que atienden a personas en situación de calle.

Mientras tanto, el malestar social crece. Sin embargo, todo parece apuntar en una dirección muy concreta: discursos y prácticas racistas que señalan a los cuerpos migrantes como responsables de las turbulencias -aún incipientes- derivadas de la crisis en curso. Al fin y al cabo, nos encontramos ante un clásico del capitalismo en crisis: frente a situaciones de desestabilización el Estado moderno recurre al disciplinamiento y la criminalización de segmentos específicos del cuerpo social, normalizando así la excepcionalidad. Esto ya pudimos observarlo durante la gestión de la COVID-19 -y constituye, además, un hilo continuo en las políticas antiterroristas-. De manera que se trasladando al centro de la metrópoli y sus poblaciones aquello que siempre ha regido en los territorios coloniales. El objetivo, en última instancia, es establecer un marco jurídico que permita la suspensión selectiva de garantías y derechos fundamentales -propios de los sistemas liberales y democráticos-, diferenciando entre cuerpos dignos de protección y cuerpos desechables. De esta manera, se administra la crisis y se trazan sus líneas de fractura.

Mientras el Estado gestiona el control migratorio —dibujando las fronteras de la Europa fortaleza en rutas de tránsito y generando fronteras internas que atan la ciudadanía al trabajo precario—, emergen inevitablemente explosiones de violencia. La prensa local y programas matinales de televisión pública señalan diariamente a los «causantes» del aumento de la inseguridad, creando un caldo de cultivo para legitimar la violencia contra el otro. Con noticias que repiten como mantra que «las leyes atan las manos a la policía mientras protegen a delincuentes», era cuestión de tiempo que aparecieran grupos decididos a tomarse la justicia por su mano.

Conviene examinar con atención los elementos que emergen en la coyuntura política actual. No basta con denunciar el racismo estructural: es preciso diseccionar sus formas particulares, aquí y ahora, retomando lo que los operaístas italianos de los 70 llamaban el método de la tendencia —la capacidad para detectar las lineas de conflicto que atraviesan nuestra sociedad—. Este análisis se vuelve urgente, porque las expresiones del racismo vasco antes señaladas poseen texturas específicas que deben ser desentrañadas con la mayor precisión si queremos intervenir eficazmente sobre la forma en la que opera lo que Du Bois denominó la línea de color.

Los datos desmienten categóricamente el relato de una juventud migrante «islamizadora» lista para conquistar Europa. Frente a los discursos que se han esgrimido del asalto a la frontera de la fortaleza-Europa, lo cierto es que Euskadi continúa manteniéndose como uno de los últimos cantones más demográficamente blancos de Europa. La Comunidad Autónoma Vasca registra solo un 14 % de población migrante —frente al 19 % estatal—, cifra que palidece al compararla con ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia (todas por encima del 20%), mientras Bilbao ni siquiera alcanza el 15 %. A esto se suma que el 75 % de las llegadas recientes provienen de Latinoamérica,¹ colectivo que sostiene el sector servicios con mano de obra muy precaria, es decir, que abarata la prestación de estos servicios, subsidiando así el consumo de la población autóctona.

En Álava y Navarra —donde la población migrante alcanza mayor peso demográfico— se observa también una mayor presencia magrebí.² Aunque carecemos de datos oficiales concluyentes, este hecho sugiere una hipótesis crítica: serían estos colectivos quienes sostienen el sector agrícola donde se registran las condiciones de sobreexplotación laboral más extremas. En el ámbito urbano, sin embargo, la población magrebí recién llegada queda atrapada en un limbo: entre la economía sumergida -muchas veces en sectores como el de la construcción pero también en formas de autoempleo de lo más diversas- y el infierno de los alquileres por habitaciones, y con fuertes barreras administrativas como es el caso del padrón, puerta de acceso a derechos básicos de ciudadanía.

Al fin y al cabo, las formas que adopta el racismo antimusulmán en Europa, y Euskadi no constituye una excepción, contiene elementos que por un lado tienen que ver con la producción del régimen de frontera (laa producción de una mano de obra barata) y el Gobierno de la excedencia, donde la línea de color genera la oposición entre el “buen” migrante, trabajador y el “mal” migrante, sobre el que cae toda la fuerza del régimen securitario. A fin de cuentas, las formas de construcción del enemigo público en todo el entramado jurídico, comunicativo y judicial tiende a facilitar formas de exclusión y criminalización de gente que, ¡oh casualidad! son jóvenes morenos.³

Conviene señalar que, al igual que en el resto de Europa -donde este fenómeno lleva décadas instalado-,⁴ la figura del joven musulmán que migra a Europa -ya sea por Lampedusa, Canarias o la ruta de los balcanes– ha sido modelada por una operación política y discursiva que lo ha convertido en extraño permanente, un sujeto anómico e inasimilable, siempre sospechoso de ocultar una motivación criminal. En muchos casos, el relato civilizatorio —que traza una línea divisoria entre «nosotros» (los europeos) y «los otros» (los bárbaros)— se construye alrededor de la supuesta protección de «nuestras mujeres», bajo el mantra del “¿y qué pasa sí tocan a nuestras hermanas o madres?”.⁵ Esta narrativa enfrenta imaginariamente la libertad occidental con la mirada patriarcal y controladora del «moro», actualizando así viejos esquemas coloniales de superioridad moral pese a que al mismo tiempo reproduce una forma de comprender la familia completamente en línea con la conformación de la estructuras de género que reproducen la forma capitalista.

Al mismo tiempo, cabe preguntarse qué impactos sociales genera en la idea de sociedad amenazada el que, en una sociedad tan envejecida como la vasca -donde el ordoliberalismo del PNV⁶ ha mantenido el estado de bienestar-, la juventud nativa se haya convertido en un grupo a preservar como si del lince ibérico se tratase.⁷ Paralelamente, la presencia migrante en estratos jóvenes -quienes sostienen la base demográfica- supera ampliamente el 14 % general, evidenciando una transformación silenciosa pero imparable de la composición social.

De ahí, como ha adelantado Bifo, que nuestras sociedades, incapaces de desarrollar un fascismo de carácter jungeriano y conquistador, hayan optado por un orden conservador con elementos octogenarios aterrorizados por los cuerpos jóvenes de los migrantes. En resumidas cuentas, el miedo a los jóvenes oscuros que viven en situación de calle se convierte en el chivo expiatorio perfecto -con el increíble peso mediático que reciben- sobre el que descargar las sensaciones de inseguridad autopercibidas para una clase media que intuye, sin atreverse a admitirlo, que Europa —y también Euskadi— ha dejado de ser el centro del mundo, sin que todavía quede claro que las formas de consumo inducido del keynesianismo militar vayan a ser capaces de relanzar un nuevo ciclo de acumulación lo suficientemente amplio como para seguir reproduciendo un tipo de políticas públicas con una vocación tan universalista como la habían tenido hasta ahora.⁸

La reciente destrucción de cien asentamientos y el desalojo de trescientas personas sin techo en Bilbao —siendo la «alternativa» ofrecida por el Ayuntamiento simplemente la cola del Servicio Municipal de Urgencias Sociales— no son hechos aislados. Forman parte de un patrón más amplio de hipocresía institucional. Por su parte, el consistorio pamplonica, portavoz del cambio, se lava las manos advirtiendo de un “efecto llamada” mientras 200 personas siguen pernoctando en las calles de la ciudad. Para colmo, figuras como Otegi admiten sin rubor que necesitamos migrantes, pero para que nos sirvan el café -algunos de nosotros ahora ya por fin completamente vascos y curados totalmente de nuestra condición maketa, a partir de la exclusión de los migrantes extraeuropeos que se han convertido en la nueva Otredad-. De este modo se apunta a que el fenómeno racista posee líneas propias en el entramado político-institucional y que en modo alguno se trata de simples estallidos de garrulos enfervorecidos por su borrachera violenta. De ahí la campaña de la guerra al navajero -que evoca el tono sheriff del Azkuna más desacatado- del PNV en las últimas elecciones o la reciente constitución del Foro de la Seguridad. Aviso a navegantes.

Esto no tiene que ver sólo con Euskadi. Se inscribe en una tendencia más amplia que en otros lugares ya está teniendo lugar desde hace tiempo. Aquí entran las formas en la que la policía juega a permitir o imposibilitar las economías ilegales a escala micro según sus necesidades de autolegitimación y de justificación de sus presupuestos pantagruélicos que nunca tienen límite. Esta es una parte de la ecuación que tiene que ver con el control del territorio bajo formas policiales que de momento todavía permanece bastante inexplorada en las formas de gobernanza.

Además, hay que considerar que la crisis del modelo industrial —base del llamado «oasis vasco»— favorece el crecimiento del turismo. Este sector requerirá mano de obra barata para mantenerse, lo que impulsará la llegada de poblaciones migrantes para ocupar los puestos de trabajo en el proletariado de servicios.

Se vienen olas. En Euskadi, existe un malestar creciente ante la cada vez menor capacidad que tiene la cortina de humo desplegada para regenerar sus mismas condiciones de reproducción. Lo que queda es un terreno fértil para el surgimiento de una potencia movilizadora de extrema derecha. Lo particular es que parte de esta dinámica puede surgir del campo nacionalista vasco. Las pintadas racistas en euskera y la idea de una comunidad sin estado que debe protegerse del «asedio globalizante» apunta hacia ahí. Para la construcción del proyecto nacional, más allá de sus mitos fundadores, se delimita una comunidad con fronteras claras donde hay quienes pertenecen y quienes no.

Toca activarse y comenzar a abordar en nuestras organizaciones políticas de base, de una manera integral, las líneas de cooperación con el proletariado migrante. Solo así podrán forjarse alianzas y comunidades de lucha capaces de desafiar las formas actuales del capitalismo racial, desde una apuesta antifascista y antirracista que —sorpresa— poco tiene que ver con las moralinas progres y las formas de Gobierno que tiene la izquierda sobre el capitalismo racial.

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1. Ikuspegi (2025), Población de origen extranjero en la CAE 2025, Panorámica 95, Ikuspegi. ︎
2. Eustat (2024), Censo de población y viviendas: estructura de población, Eustat. ︎
3. Nadia, A. (2019), Prólogo, Capitalismo racial, Arun Kundnani, Cambalache, Oviedo. ︎
4. Los primeros disturbios raciales en el Estado español a caballo entre los siglos XX y XXI pueden ubicarse en Ca n’Anglada (Terrassa) o en El Ejido (2000). Sin embargo, en contextos donde la presencia de comunidades racializadas tiene una trayectoria más larga —como en el Reino Unido—, este tipo de revueltas se remontan a los años 80, con episodios como los disturbios de Brixton en 1981.En Francia, el antirracismo político y la consolidación del Mouvement de l’Immigration et des Banlieues (MIB) surgieron entre 1988 y 1989, pero alcanzaron un punto crítico con los estallidos por violencia policial que se repiten desde al menos 1997, año del asesinato de Abdelkader Bouziane a manos de la policia. ︎
5. Para una mayor profundización de estos argumentos véase: Alabao, N. (2025) «Hombres jóvenes de piel oscura: seguridad, femonacionalismo y refuerzo securitario», El sentido común punitivo, Cuadernos de estrategia 3. ︎
6. Oliveros, P. (2025), El ocaso del modelo vasco: cuando la industria ya no es suficiente, Zona de Estrategia, 28 de Abril de 2025 ︎
7. Y aquí operan desde las políticas de subvención a los regímenes de alquiler de nativos hasta la aceptación institucionalizada (en una relación más o menos conflictiva, no exenta de tiranteces) de determinadas formas autogestivas como los gaztetxes en su dimensión de ocio alternativo, txosnagunes, etc. ︎
8. Y de hecho, el endurecimiento en los términos de acceso a las ayudas y el padrón que han marcado las recientes reformas de la Renta de Garantía de Ingresos, o las recomendaciones del EUDEL a los ayuntamientos sobre el padrón social parecen apuntar a un nuevo marco de cierre nativista. A su vez, esto ha ocurrido al mismo tiempo que se han ampliado las condiciones de acceso a las viviendas de protección oficial para los jóvenes nativos. ︎

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