La privatización sistemática desplegada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid extiende sus raíces a la totalidad de servicios públicos esenciales.

«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.

Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.

El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]

La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):

• Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
• Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
• Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
• Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
• Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.

Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.

Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.

Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a la huelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.

La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.

En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:

• Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
• Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
• Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
• Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
• Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.

Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.

En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.

En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.

“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.

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Cuando el diputado de ERC se enuncia como hijo de migrante para hablar de inmigración en clave de seguridad e integración, marca su posición de buen migrante asimilado, que ha llegado lejos por portarse bien en términos nacionalistas. Su discurso muestra los malabarismos que hacen unas izquierdas temerosas de su blanquitud.

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Solidaridad de clase que derriba fronteras

Un paro general de 24 horas en Italia, convocado para el lunes 22 de septiembre por sindicatos de base y diferentes organizaciones políticas, se convirtió en una importante movilización que ha alcanzado una repercusión considerable, sirviendo de ejemplo para las trabajadoras de otros países, multiplicándose así las convocatorias en el ámbito laboral en solidaridad con la lucha del pueblo palestino.

La determinación de los huelguistas el 22 de septiembre nos han hecho llegar imágenes de enfrentamientos con las fuerzas policiales en puntos estratégicos como estaciones de tren, puertos, carreteras, centros comerciales, etc. El eslogan bloquearlo todo fue asumido de forma colectiva, convirtiéndose en el principal objetivo de la jornada.

La agudización de la operación de exterminio emprendida por el ente sionista bien merece una respuesta contundente y popular. Sus cómplices, sus socios comerciales, no pueden seguir haciendo negocios como si nada, sin que les salpique toda la sangre derramada, por ello, en este espacio dedicado a los conflictos laborales en activo, esta muestra de uno de los atributos más bonitos y necesarios de la lucha de las trabajadoras, la solidaridad internacionalista, la complicidad entre clases y pueblos, debía quedar reflejada.

Para el 15 de octubre, la mayor parte de las organizaciones sindicales vascas han convocado una jornada de huelga en Hegoalde (Euskadi y Navarra), concretada en un paro general y en acciones que aún están por determinar. Entre las reivindicaciones establecidas por el conjunto de sindicatos que respaldan la movilización se encuentran la ruptura de todas las relaciones comerciales con el Estado sionista, la suspensión total del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, etc.

El 15 de octubre como jornada de lucha también está encontrando eco en otras partes del Estado, como en Galiza, donde la CUT llama a la huelga, o, en el resto del país, donde algunas centrales sindicales llaman a paros puntuales y concentraciones, y otras han convocado una huelga general como respuesta a la detención de la flotilla que iba rumbo a Gaza.

Estaremos atentas a las convocatorias presentes y animamos a acudir con el objetivo de desbordar las calles y las propias protestas de aquellos que quieren convertirlas en meros actos simbólicos para evitar ser recriminados por no hacer nada mientras un genocidio está ocurriendo.

No paremos hasta bloquearlo todo, hasta bloquear a las potencias coloniales.

Los trabajadores de DIGI se plantean la huelga indefinida contra el convenio firmado por CCOO y UGT

La compañía rumana de telefonía low cost, que se ha expandido rápidamente por el país tras darse a conocer por una fuerte e insistente presencia en multitud de espacios gracias a constantes campañas publicitarias, como los patrocinios en equipos de fútbol como el Real Oviedo, Rayo Vallecano, Cádiz, Burgos o el Deportivo de La Coruña, se encuentra con la plantilla de trabajadoras en pie de guerra tras la firma del primer convenio de empresa.

En Galicia, Cantabria y Euskadi se sucedieron paros entre los días 23 y 25 de septiembre contra un acuerdo que consideran que precariza las condiciones laborales con recortes salariales encubiertos, la proliferación de los contratos formativos y los gastos generados por desplazamientos cargados sobre los propios trabajadores, entre otras medidas. La empresa respondió enviando esquiroles desde Madrid o Asturias para cubrir estos puestos y criminalizando la acción piquetera de los trabajadores ante los medios de comunicación.

Los sindicatos CGT, CIG o ESK se oponen frontalmente a un convenio pactado por CCOO y UGT y apuestan por una movilización a nivel estatal, caminando ya hacia una huelga que involucre a las 8.000 trabajadoras de la compañía. Tal es el nivel de pérdida de derechos y poder adquisitivo que, el convenio firmado desde Madrid por las dos citadas organizaciones, ha supuesto una rebelión por parte de un número importante de los representantes locales de estos sindicatos, provocando un traspaso de afiliación entre los diferentes espacios.

Los trabajadores de DIGI se rigen actualmente por los convenios del Metal locales, por ello, en aquellas regiones con una larga trayectoria de lucha laboral, dichos convenios contienen ciertas conquistas que la firma de un convenio nacional homogéneo para toda la compañía supondría un muy importante retroceso en sus condiciones. Desde CGT aseguran que ni un sólo trabajador se vería beneficiado por esta homogeneización, que se trata de igualar por debajo del mínimo existente teniendo en cuenta los diferentes convenios que operan.

La presencia de la compañía por toda la geografía del país a través de sus anuncios, tiendas y oficinas, posibilitan las acciones de solidaridad con un conflicto que, en el mes de octubre, tendrá sus horas críticas. Al igual que en el apartado anterior, os invitamos a estar informadas de las novedades de este conflicto y a aportar vuestro granito de arena de solidaridad de clase.

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Las declaraciones del presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, reivindicando la cultura del esfuerzo para solucionar el “problema de actitud” que tendría la clase trabajadora española con relación al trabajo, han levantado una lógica indignación. Garamendi se posicionaba, en el marco del Forbes Spain Economic Summit, contra el lema “trabajar menos para vivir mejor”, idea detrás de iniciativas como el fallido proyecto de ley de reducción de la jornada laboral rechazado en el Congreso el 10 de septiembre pasado. Ante esta situación, el líder de la CEOE criticaba al Ministerio de Trabajo por su propuesta de promulgar, de manera urgente, un decreto ley que refuerce el registro horario en las empresas, para que la Inspección de Trabajo pueda conocer las horas extraordinarias que no se contabilizan formalmente y, por tanto, no se pagan. 

En un estudio de CCOO publicado hace un año, estas horas extras no pagadas ascendían a 2,6 millones a la semana, lo que equivale a un robo adicional a la clase trabajadora –sin contar la plusvalía– calculado en 3.254 millones de euros por año. El robo es doble pues afecta también a las arcas públicas, al no abonarse las correspondientes cotizaciones e IRPF de ese tiempo de trabajo que le sale gratis a los empresarios. En el estudio se mencionaba asimismo cómo la sumatoria de todas las horas daría para crear 170.000 empleos de jornada completa. Sería bueno tener en mente estos datos para cuando nos vengan a hablar de pobres y delincuencia. 

«Olvídese de la conciliación familiar y de tener vida propia. Es más, olvídese de cobrar por su trabajo. ¡Viva la esclavitud asalariada!».

A decir de Garamendi, las trabajadoras españolas no deberían preocuparse de estar contando las horas que pasan en sus centros de trabajo, mucho menos aquellas horas fuera de su horario laboral que los empresarios, en la mayoría de casos, no les pagan. Olvídese de la conciliación familiar y de tener vida propia. Es más, olvídese de cobrar por su trabajo. ¡Viva la esclavitud asalariada! 

Pero la desfachatez del parasitario empresariado español no tiene límites. Para dejar claro cuán alejado está de la realidad de la clase trabajadora, Garamendi ejemplificó la cultura del esfuerzo usando la figura del tenista Carlos Alcaraz: “¿Tú crees que Carlitos [Alcaraz] trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, de sufrir, de saber qué pierdes y qué ganas”. Como es evidente, cualquier persona que sepa lo que es trabajar de verdad reconoce lo insultante que es comparar la realidad de un deportista de élite con la del conjunto de los trabajadores de uno de los países con mayor precariedad laboral y salarial de la Unión Europea, España. Sólo alguien que vive en una burbuja de privilegios, cobrando 285.000 euros al mes por representar a los grandes empresarios del Estado, puede llegar a creerse que es la “cultura del esfuerzo” la que ha decidido que él tenga tan abultado salario mientras el resto de la plebe apenas puede llegar a fin de mes de manera holgada. 

No es la primera vez que Garamendi nos regala alguna de sus perlas. En la galaxia de la CEOE, esa dimensión paralela que sólo tiene contacto con los humanos de carne y hueso a través de la explotación consagrada en un contrato laboral, el mundo está patas arriba, que diría Galeano. Garamendi es un extraterrestre que viene de un universo plagado de seres extraños, de esos que nunca se avistan en un barrio obrero, que no saben lo que es la cultura de la subsistencia porque nunca han tenido que vivir con las nóminas que pagan, pero que parecen saber mucho sobre la cultura del esfuerzo… ajeno. Aun así, se permiten dar lecciones a la clase trabajadora desde una atalaya de superioridad moral, confundiendo jerarquía económica con valía personal, exigiéndole esfuerzos y sacrificios que, por supuesto, ni ellos ni sus hijos se aplicarán jamás. La pseudo-meritocracia del sistema en estado puro.

«Se permiten dar lecciones a la clase trabajadora desde una atalaya de superioridad moral, confundiendo jerarquía económica con valía personal, exigiéndole esfuerzos y sacrificios que, por supuesto, ni ellos ni sus hijos se aplicarán jamás».

En realidad, lo único que Garamendi y sus amigos conocen es la cultura de la explotación, aquella que permite a una minoría detentar el poder económico y político, teniendo a las instituciones a su servicio, en el marco de un tipo de democracia que limita las posibilidades reales de superación del modo de producción capitalista. Un sistema que está diseñado para que su clase siga enriqueciéndose a costa de la clase trabajadora. En realidad, las relaciones de poder asimétricas entre capital y trabajo que caracterizan a las democracias liberales no son más que el reflejo de la ausencia de democracia real que existe en los centros de trabajo. 

Justo esta semana, la CGT de Catalunya ha presentado un informe demoledor, Erosión del poder adquisitivo en Cataluña y la necesidad de la acción sindical. En él se demuestra cómo el empresariado catalán y español se está enriqueciendo cada día más, en un proceso paralelo, e interrelacionado, de empobrecimiento de la clase trabajadora. Una inflación que no es compensada por las subidas salariales, unos precios desbocados de la vivienda y unas direcciones de los grandes sindicatos, que han apostado por la concertación y el diálogo social con el Ministerio de Trabajo antes que por el conflicto laboral desde la calle o los centros de trabajo, y que han llevado a un escenario donde el poder adquisitivo de la clase trabajadora no hace sino caer. No así los beneficios empresariales. 

Como explica el informe, el valor añadido bruto que se genera en la producción ha aumentado un 32,8% en las empresas del Estado desde 2021. Pero el resultado bruto de explotación, que es la parte del valor añadido que se queda el capital una vez remunerado el factor del trabajo, lo ha hecho un 50,5% en los últimos cinco años. La relación entre ambos indicadores da la medida de los márgenes de beneficio empresarial, que se contabilizan en un aumento del 6,1% desde 2021. En contraste, el salario medio de los trabajadores en el conjunto del Estado es un 3,4% más bajo que en 2021. 

«Convendría recordarle al señor Garamendi que es la clase trabajadora, una vez más, la que puede dar lecciones de auténtica cultura del esfuerzo, no la patronal».

En este contexto de reparto desigual del crecimiento económico, convendría recordarle al señor Garamendi que es la clase trabajadora, una vez más, la que puede dar lecciones de auténtica cultura del esfuerzo, no la patronal. Pero que no se confundan los señores de la CEOE, el aguante de la clase trabajadora también tiene un límite. Quizás algún día no tan lejano, en la clase trabajadora nos cansemos de dar lecciones sobre cultura del esfuerzo y pasemos a protagonizar de nuevo grandes momentos de lucha colectiva, como cuando los antepasados de los empresarios españoles creyeron que podían estirar tanto de la cuerda que acabaron provocando estallidos y revoluciones. No nos provoque, señor Garamendi. 

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