La última persona ejecutada por Israel fue el jerarca nazi Adolf Eichmann en 1962, pero el gobierno de Benjamín Netanyahu quiere ampliar los supuestos y volver a aplicar la pena de muerte con más asiduidad. Una comisión parlamentaria aprobó ayer un proyecto de ley para ejecutar a los «terroristas». El texto, impulsado por el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, aún debe ser sometido a lectura por la Knéset.
Poder Judío, el partido de Ben Gvir, es famoso por sus reivindicaciones radicales. Entre ellas se encuentra la anexión de Cisjordania y la defensa a ultranza de los extremistas judíos, aun cuando estos hayan cometido delitos de sangre (de hecho, acostumbra a exaltar a figuras como Baruch Goldstein, autor de una masacre en Hebrón en 1994). Ampara, además, a las milicias de autodefensa judías violentas en los territorios ocupados. Esta protección a los elementos más radicales del sionismo contrasta con la pena de muerte que quiere aplicar a los llamados «terroristas» palestinos. Las autoridades israelíes utilizan la palabra «terrorista» para referirse a cualquier palestino que ataca a sus soldados o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos que perpetran auténticos atentados en territorio israelí. Ben Gvir afirma que la aprobación preliminar de su texto supone «otro paso hacia la justicia histórica».
«El proyecto establece que un terrorista que asesinó a un ciudadano israelí por un motivo de racismo u hostilidad hacia el público, con la intención de dañar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en esta tierra, sea sentenciado a muerte y sólo a esta pena», dice el comunicado de Poder Judío.
Así, por ejemplo, un palestino que defienda su casa en Cisjordania de los ataques de soldados o colonos israelíes podría ser detenido en su propio país (el Estado de Palestina) por una potencia extranjera (Israel) y además ésta le podría aplicar la pena de muerte.
El coordinador israelí para rehenes y personas desaparecidas, Gal Hirsch, ha declarado que está de acuerdo con el proyecto y que el propio Netanyahu también lo apoya. Además, Ben Gvir ha amenazado con abandonar la coalición de gobierno (lo que equivale prácticamente a dejar caer a Netanyahu) si el proyecto no sale adelante.
El texto excluye, de entrada, cualquier posibilidad de enmendar un error al aplicar la sentencia: un tribunal militar podría también imponer por mayoría simple, y no por unanimidad, la pena capital, que además no podrá ser conmutada.
El diario progresista Hareetz afirma en su editorial que el «proyecto de ley deshonra a la Knéset y al Estado de Israel». La cabecera expone varias razones por las cuales volver a aplicar la pena de muerte «es un error» y destaca entre ellas que la pena capital «ha sido abolida en casi todas las democracias occidentales (con la notable excepción de ciertos estados de Estados Unidos)». Recuerda que diversos estudios han demostrado que no contribuye «en absoluto a la disuasión, y mucho menos contra terroristas cuyas acciones ya implican un riesgo significativo para sus vidas». Y añade: «El daño causado a una sociedad que ejecuta a criminales, por muy terribles que sean sus delitos, es incalculable».
Según el diario israelí Yedioth Ahronoth, el pleno de la Knéset votará el proyecto de ley a lo largo de esta semana.
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