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Egipto camina de la represión social a la depresión económica. La plaza de Tahrir, núcleo de la revolución democrática de 2011, está atestada de policías, la mayoría de ellos antidisturbios apostados cerca de autobuses en las calles que empiezan o terminan en la explanada. Todos ellos parecen aburridos, sin protestas que apagar, y matan el tiempo en un lugar al que la represión le ha arrebatado la vida.

Silenciada cualquier voz opositora, Abdel Fattah al-Sisi es el hombre fuerte de Egipto y nada hace presagiar que próximamente dejará de serlo. Una década después de hacerse con el poder, el régimen castrense está consolidado, atento principalmente a la débil coyuntura económica que atraviesa el país.

En 2011, en el marco de las «primaveras árabes», la sociedad egipcia salió esperanzada a la calle y protagonizó la revolución de Tahrir. El Ejército aceptó entregar la cabeza caducada de Hosni Mubarak, quien llevaba 30 años en el poder, y controló entre bambalinas la transición. Por eso, aunque el pueblo egipcio eligió en las elecciones democráticas al islamista Mohamed Morsi, entonces líder de los Hermanos Musulmanes, en el verano de 2013 los militares reaparecieron y devolvieron el poder a sus antiguos garantes. Tras el golpe de Estado, el elegido para comandar esta nueva era fue Al-Sisi, jefe de la Inteligencia militar durante las revueltas de Tahrir.

Cuando obtuvo la presidencia en 2014, Al-Sisi comenzó una purga de opositores sin precedentes en Egipto. En tres oleadas, atacó primero al islam político de los Hermanos Musulmanes; luego a los activistas de los derechos humanos y políticos opositores; y finalmente, a personas corrientes, personas descontentas con la delicada situación económica o la pérdida de derechos laborales. La magnitud represiva de esta década es tal que se estima que en Egipto hay actualmente 60.000 presos políticos: entre ellos destacan el activista Alaa Abd el-Fattah, quien, de forma intermitente, lleva casi una década en prisión, y el político Ahmad al-Tantawy, encarcelado por intentar postularse a las elecciones presidenciales de 2023.

«Con los levantamientos de 2011, los militares aprendieron la lección: si haces como Mubarak y aceptas ciertas libertades, las personas pedirán cambios radicales, por lo que no puedes permitir fisuras y hay que clausurar los espacios cívicos de resistencia. Al-Sisi vive con la paranoia de 2011», explica Mohamed Lotfy, cofundador y director ejecutivo de la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades. «Ahora el miedo está en la inestabilidad económica, que genera enfado y crea un espacio en el que la gente puede organizarse contra el presidente, que entonces utilizaría sus tácticas del terror», añade.

Tribunales ‘ad hoc’

Para legalizar este modus operandi represivo, Al-Sisi ha creado tribunales y redactado leyes para combatir el «terrorismo». «Por ejemplo, Mubarak utilizó las cortes militares para detener a los activistas políticos, mientras que Al-Sisi ha creado leyes y pequeñas cortes para combatir el terrorismo, pero en realidad las está utilizando contra las organizaciones civiles y los usuarios de las redes sociales. Ahora, todos somos terroristas», explica Nasser Amin, director del Centro Árabe para la Independencia en la Judicatura y las Profesiones Jurídicas. «En 2019, Al-Sisi reformó la Constitución y obtuvo más poder frente a los jueces. Ahora puede elegir al Fiscal de la Nación y a los presidentes de las cortes superiores, la de Casación, la Administrativa y la Constitucional», añade.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian los ataques que sufren periodistas, sindicalistas o activistas, y subrayan la delicada situación del Estado de derecho en Egipto, reflejada en los largos períodos que pasan las personas detenidas a la espera de juicio –hasta dos años en los casos de «terrorismo»– y en prácticas de dudosa legalidad, como denegar a los abogados el acceso a los expedientes de los casos.

Nasser Amin y Mohamed Lotfy son dos ejemplos de una larga lista de defensores perseguidos por el Estado en la última década. Amin no puede abandonar Egipto desde 2015, razón por la que ha perdido su puesto en el grupo de abogados de la Corte Penal Internacional que defiende a las víctimas de los crímenes de guerra en Darfur, en Sudán; además, estar en la lista negra del Gobierno ha mermado la cartera de clientes de este letrado que defendió a presos políticos como Sami Anan, antiguo número dos del Ejército y encarcelado casi dos años por tratar de presentarse a las elecciones de 2018. Sobre Lotfy pesaba la misma prohibición, y tampoco podía abandonar Egipto, pero recientemente le levantaron ese veto. En su caso, algunos compañeros han sido detenidos o han tenido que exiliarse. Su pareja, además, fue arrestada durante ocho meses por sus comentarios en defensa de las mujeres acosadas en las redes sociales.

«Muchos compañeros han sido acusados de pertenecer a un grupo terrorista o de difundir información falsa. Nuestro director fue arrestado y un compañero tuvo que refugiarse en Francia en 2019. El Gobierno quiere destruirnos y nos ataca, pero hemos aguantado y ha entendido que las detenciones no destruirán a las ONG: en los dos últimos años no hemos sufrido arrestos», reconoce Lotfy.

Desde el golpe de Estado de 2013, Al-Sisi ha arrasado en las tres farsas electorales celebradas, y en 2019 consiguió aprobar vía referendo una reforma constitucional para, entre otras medidas, poder eternizarse en el poder. Sin embargo, carece del apoyo popular o el carisma de sus predecesores castrenses: el socialista Gamal Abdel Nasser, el islamoliberal Anuar al-Sadat y el continuista Hosni Mubarak. A diferencia de ellos, Al-Sisi llegó al poder tras aplastar una revolución popular. Diez años después, Lotfy apunta que entre 2022 y 2024 entraron en prisión tres personas por cada una liberada. Amin añade que se han construido más de 50 cárceles en el país. «Y había 48», apunta. Sin popularidad, Al-Sisi se impone a través de la represión y el miedo.

«Las autoridades excarcelaron a 834 personas recluidas por motivos políticos, pero arrestaron a casi el triple durante 2023. Miles de personas que criticaban al gobierno –o que se consideraba que lo hacían– continuaron detenidas de manera arbitraria o fueron procesadas injustamente. Las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos continuaban siendo endémicos», resume en su último informe anual Amnistía Internacional. «Después de 10 años, ningún alto cargo había rendido cuentas por el homicidio ilegítimo de al menos 900 personas durante la violenta dispersión de las acampadas celebradas por simpatizantes del depuesto presidente Mohamed Morsi el 14 de agosto de 2013», subraya esta entidad.

Pese a la delicada situación de los derechos humanos, el llamado bloque occidental respalda sin fisuras a Al-Sisi. Egipto es un aliado esencial en la región, y además, la puerta trasera de Israel, con quien mantiene buenas relaciones institucionales desde la era de Anuar al-Sadat. Amin lo resume así: «Hay causas más importantes que los derechos humanos, y la UE, Estados Unidos y la ONU miran por los intereses de sus gobiernos. En las organizaciones pequeñas trabajamos sin apoyos. Y no esperamos ayuda de la comunidad internacional».

A cambio de esta estabilidad geopolítica, la UE, el FMI, las potencias del Golfo y Estados Unidos ayudan a la subsistencia del régimen egipcio a través de créditos, programas de ayuda o inversiones directas que palíen los problemas económicos. La UE encabeza la inversión directa extranjera y las transacciones comerciales con Egipto. Recientemente selló un acuerdo de cooperación de 7.400 millones de euros en ayuda financiera que incluye una partida de 200 millones para el control de los y las migrantes. Por su parte, en la mayor inversión directa extranjera en el sector urbanístico de la historia egipcia, Emiratos Árabes Unidos adquirió el derecho a desarrollar y explotar comercialmente la región de Ras al-Hekma por 35.000 millones de dólares y el 35% de los beneficios anuales del proyecto.

Estas inyecciones de liquidez son parches y no solucionan los problemas estructurales de la economía egipcia. Segundo mayor deudor del FMI, Egipto presenta una balanza comercial negativa y una alta deuda pública con respecto al PIB, y son preocupantes la devaluación de la libra egipcia, la inflación y los conflictos regionales que merman los ingresos procedentes del turismo y el tráfico de barcos en el canal de Suez. Ante esta situación, el Gobierno egipcio vive en una espiral de deuda en la que pide nuevos créditos para acometer reformas o pagos pendientes y recorta en partidas presupuestarias destinadas a la sociedad. De esta forma, denuncia en su último informe Amnistía Internacional, «el gobierno asignó aproximadamente la mitad del presupuesto de 2023-2024 al pago de la deuda e incumplió el mandato constitucional de dedicar al menos el 3% del PIB a sanidad y, el 6%, a la educación básica y superior».

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Luis González Reyes & Miriam García-Torres, publicado originalmente para El Salto.

Apagones, danas, genocidios, pandemias, grandes incendios… los sucesos excepcionales se atropellan uno detrás de otro sin saber cuál será el siguiente. En un contexto de colapso ecosocial, nuestros colectivos deben ser resilientes ante fuertes perturbaciones de nuestro entorno, porque justo eso es lo que se espera del desmoronamiento de nuestro orden social y ecológico. Pero esta cualidad no es suficiente: deben ser también justos, pues en caso contrario estaríamos construyendo sociedades al servicio de personas privilegiadas. Esta justicia debe tener una dimensión hacia dentro del colectivo y otra, al menos igual de fundamental, hacia fuera, al conjunto de la sociedad y de la vida.

Con este doble objetivo, evaluar la resiliencia y la justicia de nuestras alternativas, un equipo multidisciplinar dentro del marco de Solidaridad Internacional de Andalucía hemos elaborado una herramienta web compuesta por un cuestionario con respuestas en forma de rúbrica. El cuestionario tiene varios niveles de profundidad y ofrece la evaluación de la situación de la organización de forma automática.

En este texto, recogemos los indicadores que contribuyen más a la justicia y/o a la resiliencia. Tras exponerlos en forma de pregunta, como aparecen en la herramienta web, los explicamos brevemente y ofrecemos un ejemplo de una organización o proyecto que cumpliría ese criterio.

¿La capacidad de influir en las decisiones estratégicas está repartida equitativamente?

La intención es medir el nivel de participación en la toma de decisiones para definir la misión y los objetivos, así como las acciones, los pasos, la metodología, los recursos, los tiempos, etc. a seguir para alcanzarlos.

Entrepatios es una cooperativa de vivienda en derecho de uso que tiene actualmente dos promociones construidas. Los fines y la identidad colectiva se han decidido de manera asamblearia entre las personas integrantes de la cooperativa. En ambas promociones, quién entró en ellas —hay bastantes más personas socias que las que cabían— fue fruto de un sistema decidido por el conjunto de personas que querían entrar —desde la elección de los criterios, hasta su evaluación, pasando por la ponderación—. El diseño de los edificios fue un proceso codecidido entre el equipo de arquitectura y el conjunto de las personas que iban a vivir en ellos. Finalmente, la convivencia se articula alrededor de asambleas generales, grupos de trabajo y responsabilidades individuales asignadas colectivamente.

¿Repartimos equitativamente las tareas?

La intención es medir en qué grado el reparto de las tareas, tanto productivas como reproductivas, reproduce o no privilegios y relaciones de dominación —de género, edad, clase, origen cultural, creencia religiosa, ideología, diversidad funcional, etc.—. “Trabajo productivo” es el que genera ingresos y “trabajo reproductivo” el que garantiza el cuidado, bienestar y supervivencia de las personas o los grupos. Con frecuencia, los trabajos reproductivos quedan invisibilizados y tienden a no ser contabilizados.

El desafío es construir cada vez más organizaciones que cumplan el mayor número posible de criterios de justicia y resiliencia ante los escenarios que ya son una realidad

Cal Cases es una cooperativa de vivienda de cesión de uso en el ámbito rural. Se basa en una economía colectiva donde todas las personas aportan el mismo tiempo, 80 horas al mes, pero de maneras distintas. La aportación puede ser en dinero —para lo que se ha hecho una ponderación de salarios—, con moneda social y/o con horas de trabajo. Los cuidados y las tareas productivas se valoran por igual, y hay tareas que son comunes y tienen que asumir todas las personas —como cocinar y limpiar—, mientras que otras se realizan en función de la motivación y la posibilidad de cada integrante —trabajar en el huerto, cortar leña, gestionar las compras, etc.—. Durante las cerca de dos décadas que lleva el proyecto, las personas integrantes han tomado conciencia de que las necesidades cambian en las distintas etapas de la vida, y la visión más productivista de los inicios ha dado paso a una mayor relevancia y visibilización de los cuidados.

¿Las personas de la organización tienen acceso equitativo a los bienes y servicios generados colectivamente?

Lo que se quiere medir es el grado de equidad en el acceso a los bienes y servicios generados por la organización. Un acceso equitativo es aquel que es equilibrado entre las personas integrantes y en el que cada cual pueda acceder en función de sus necesidades. Un acceso es equitativo cuando se han considerado las condiciones singulares de cada persona y/o colectivo y no reproduce privilegios y relaciones de dominación —por ejemplo, de género, edad, clase, racializacion, origen cultural, creencia religiosa, ideología, diversidad funcional, etc.—.

Garúa es una cooperativa especializada en transiciones ecosociales —formación, asesoramiento, puesta en marcha de proyectos propios e investigación—. Dentro de la cooperativa, no existen escalas salariales, de manera que todo el mundo cobra lo mismo por hora trabajada, independientemente de las tareas a la que se haya dedicado. Por otro lado, durante las épocas en las que no existe un colchón económico cooperativo las personas que tienen ahorros propios dejan de cobrar temporalmente —luego recuperan sus salarios de manera retroactiva cuando vuelve la liquidez— para que quienes necesitan ingresar todos los meses puedan hacerlo sin tener que recurrir a un crédito. Además, la cooperativa ha funcionado como banco interno sin interés para las personas socias que han necesitado un préstamo.

Cuando es oportuno, ¿tomamos decisiones considerando otras organizaciones o comunidades para que favorezcan al conjunto sin perjudicar a terceras entidades?

La intención es medir si las necesidades propias se equiparan a las de otras organizaciones o comunidades cuando existe algún conflicto de intereses o por los recursos.

FUHEM es una fundación sin ánimo de lucro que gestiona cuatro centros escolares. En esos colegios ofrece un servicio de comedor ecológico y saludable gestionado por una empresa externa. Durante el curso 2020-2021, en el cual las clases estuvieron suspendidas durante meses fruto la COVID-19, el comedor cerró. La empresa externa se acogió a un ERTE, por el cual el Estado pagó el 80% del salario al personal del comedor. FUHEM completó el 20% del salario de esas personas para que pudiese llegar al 100%, a pesar de no ser personal propio.

¿Gestionamos con éxito los conflictos internos?

La intención es medir si para la regulación de los conflictos se consigue el compromiso y la colaboración de las partes para integrar los cambios o poner los límites que demandan. Los conflictos se regulan con éxito cuando a partir de su afrontamiento se generan cambios y/o aprendizajes.

Alimentar el cambio se dedica a acompañar comedores escolares en su transición desde comedores convencionales hacia comedores ecológicos y saludables. Esto consiste en apostar por materias primas de producción ecológica, de temporada y de cercanía, por reducir los productos de origen animal —carne, pescado y huevos, fundamentalmente—, y por minimizar la producción de residuos y el desperdicio alimentario. Esta transformación genera múltiples conflictos. Con cocina, porque es un reto cocinar solo con productos de temporada, segundos platos sin productos animales o con materia prima que no llega preparada para echar a la cazuela directamente.

En un contexto de colapso ecosocial, nuestros colectivos deben ser resilientes ante fuertes perturbaciones de nuestro entorno, porque justo eso es lo que se espera del desmoronamiento de nuestro orden social y ecológico

Con el alumnado, porque aumentar el contenido de verduras, que además saben más por ser ecológicas, y que son de temporada —los meses fríos, que son la mayoría en un centro escolar, son el dominio de las coles— no es una buena noticia. Si además se reduce la carne, sobre todo en el segundo plato, los conflictos crecen. Y esto implica también malestares con las familias y con el personal de sala. El éxito de Alimentar el cambio consiste en convertir los conflictos en una oportunidad educativa y trabajar con el conjunto de la comunidad escolar para darle sentido a las transformaciones.

¿Dependemos mayoritariamente de fuentes energéticas realmente renovables?

La intención es medir el grado de autonomía respecto a las fuentes de energía no renovable —petróleo, carbón, gas natural, uranio—, sus derivados y/u otras fuentes lejanas del territorio en el que se inserta el sistema. La energía realmente renovable es la que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables —eólica, geotérmica, hidroeléctrica, solar, etc.—, mayoritariamente cerca del lugar de consumo, y con máquinas construidas con materiales y energías también renovables y cercanas.

Lakabe es un pueblo que quedó deshabitado en la década de los 70 y fue okupado en 1980. Desde entonces ha ido avanzando progresivamente en la autonomía energética. En la actualidad es prácticamente autosuficiente gracias a la implementación de un sistema solar fotovoltaico, un aerogenerador y una turbina hidráulica. La combinación de las tres fuentes de energía renovable —solar, eólica e hidráulica— a escala local y autogestionada se adapta a las condiciones ecosistémicas, de tal manera que el uso de la energía solar es más intenso durante los meses de más sol, mientras que en otoño la hidráulica gana peso cuando el arroyo transporta más caudal de agua. Las necesidades energéticas de las casas para la calefacción y la cocina se resuelven con leña del territorio. Para alcanzar la soberanía energética, también se han impulsado acciones para hacer un uso de la energía lo más eficiente posible, como la rehabilitación de las viviendas con criterios bioclimáticos.

¿Está nuestro nivel de consumo material ajustado a la capacidad de reposición del ecosistema en el que nos asentamos?

La intención es medir si el consumo material supera la capacidad de reponerse del ecosistema.

Las siete llaves es un pequeño proyecto extremeño que persigue incrementar la autosuficiencia alimentaria usando solo los recursos que proporciona el entorno en el que se desarrolla, algo cada vez más complicado fruto de la emergencia climática. Además de un intenso trabajo de generación de suelo, de fomento de la biodiversidad y de retención de agua, el camino hacia la autosuficiencia sería imposible sin una apuesta decidida de sus integrantes por la austeridad.

¿Dependemos de técnicas y procedimientos que podemos controlar?

Lo que se quiere medir es el grado de autonomía frente a técnicas y prácticas ajenas, que suelen estar asociadas a tecnologías complejas.

La Lleldiría es un proyecto de producción artesana ligada al sector primario que se guía bajo los principios agroecológicos, de organización cooperativa e identidad local. El proyecto, situado en una cabaña de montaña restaurada de forma comunitaria y sin apenas maquinaria, elabora productos saludables y de alta calidad. Cuenta con una quesería artesanal, cuyo recurso principal es la leche de pasto producida en pequeñas explotaciones ganaderas familiares locales con prácticas tradicionales de gestión y custodia del territorio. También elabora productos fermentados, encurtidos y embutidos, basados en la producción artesana de km0, que promueve el tejido social de apoyo mutuo entre vecinas, así como la recuperación de oficios y saberes tradicionales. Esta recuperación de eco-técnicas del pasado campesino se combina con el uso de nuevas técnicas basadas en energías renovables en la quesería.

¿Resolvemos de forma eficaz y ágil los problemas que nos surgen?

La intención es medir la capacidad de la organización de resolver los problemas sobrevenidos que tiene que ir afrontando.

El Arenero es un proyecto de crianza comunitario articulado alrededor del juego libre, la autogestión y el cuidado. Durante su más de una década de existencia ha tenido que hacer frente a múltiples problemas de largo aliento —como la legalización de un modelo prácticamente inexistente, la consecución y adecuación de varios espacios o el cambio de las personas educadoras de referencia—, pero sobre todo a problemas cotidianos —enfermedad de una familia acompañante, comida que se estropea, conflicto entre peques, familias que no pueden aportar la cuota, no realización de tareas comprometidas, etc.—. Sin una fuerte capacidad, basada en lo colectivo, de hacer frente a estos múltiples problemas, el proyecto habría cerrado hace tiempo.

¿Contamos con mecanismos diversos de protección frente a agresiones externas?

La intención es medir si el colectivo tiene capacidad para protegerse de las agresiones que sufre. Esto requiere al menos de: a) tener la capacidad interna para analizar el contexto y valorar el nivel de riesgo, identificando las principales agresiones y agresores posibles, b) tejer alianzas y redes de apoyo social e institucional a nivel local, regional e internacional; c) dotarse de estrategias de cuidado para hacer frente a los impactos emocionales y psicosociales de potencias agresiones y situaciones de estrés; y d) crear medidas y protocolos de seguridad preventivos y reactivos.

Defender a quien Defiende es una plataforma formada por personas defensoras de derechos humanos, colectivos y organizaciones sociales, institutos universitarios, periodistas y expertas legales, organizada para generar mecanismos de protección frente al contexto de criminalización y represión de la protesta social en el Estado español. La plataforma ha creado un sistema de alerta y respuesta temprana ante casos de violaciones de derechos humanos, y ha desarrollado una diversidad de acciones dirigidas a la protección como el monitoreo y la observación durante manifestaciones, la investigación, visibilización y denuncia, la construcción de alianzas, así como acciones dirigidas a incidir política, social y jurídicamente en la protección efectiva de los derechos civiles y políticos.

¿Son eficaces nuestros mecanismos de protección?

Es difícil evaluar nuestra capacidad de respuesta frente a agresiones futuras, pero podemos intuirla a partir de nuestra capacidad pasada y los mecanismos que hemos ideado.

El movimiento feminista ha mostrado su capacidad para poner en marcha una gran variedad de estrategias y mecanismos de protección frente a las violencias machistas y sexuales, adaptadas a los contextos de cada época. En los años 80 se formaron las Comisiones Antiagresiones, que brindaban acompañamiento a mujeres que habían sufrido violencia. Durante esta época se crearon centros de atención contra la violencia gestionados por el propio movimiento. A finales de los 80 e inicios de los 90 se conformaron los primeros espacios de formación de autodefensa, que fueron la antesala de lo que hoy conocemos como autodefensa feminista. Desde comienzos del siglo XXI, el movimiento empezó a elaborar protocolos antiagresiones frente a la violencia sexual en los espacios de ocio y en las fiestas, que supusieron el inicio de la aparición de los puntos morados en las fiestas populares. Numerosas movilizaciones y campañas a lo largo de estas décadas, como las llevadas a cabo bajo los lemas “Yo sí te creo” o “Se Acabó” han situado la violencia machista en el foco del debate social y político, abriendo camino a cambios legislativos y culturales. La variedad de respuesta frente a las agresiones muestra que el movimiento feminista tiene una alta capacidad de resiliencia ante posibles escenarios futuros.

¿Nuestro proyecto mejora las condiciones para la vida?

La intención es medir en qué grado contribuye a mejorar funciones ecosistémicas como: la polinización, la estabilidad climática, la depuración de aguas, la fertilidad del suelo, la calidad del aire o la capacidad de regeneración de la trama de la vida.Mas Les Vinyes produce alimentos sanos, comparte conocimiento y todo ello mediante prácticas regenerativas del suelo como eje central de todo el proyecto. Este enriquecimiento del suelo permite una regeneración ecosistémica más basta, pues el suelo es una base fundamental de la trama de la vida.

Los ejemplos aquí señalados son solo una pequeña muestra de la gran variedad de proyectos y colectivos existentes en nuestro entorno cercano. El desafío es construir cada vez más organizaciones que cumplan el mayor número posible de criterios de justicia y resiliencia ante los escenarios que ya son una realidad.

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Agencias
 
La inflación acumulada este año en Venezuela llegó al 155,3 %, luego de que el indicador marcara los 9,1 puntos en marzo pasado, informó este miércoles el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

“La menor tasa de crecimiento de la liquidez fue de 18 % respecto a febrero y una moderada devaluación del tipo de cambio de 6 %, debida al pago de impuestos, dieron como resultado que la tasa de inflación en marzo de 9,1 % sea la más baja desde que hacemos esta medición“, explicó la entidad.

En opinión de la oposición, “esto ratifica que el principal componente de la inflación es la irresponsabilidad del Gobierno y la utilización del Banco Central de Venezuela (BCV) como mecanismo para financiar el déficit fiscal”.

Estos datos ubican la inflación interanual (de marzo de 2020 a marzo de 2021) en 3.867 %, según precisó el exdiputado opositor Alfonso Marquina al presentar los números.

Tasa más baja desde 2017

La tasa de inflación mensual de 9,1 % “es la más baja” desde que la oposición comenzara a hacer los reportes del indicador a finales de 2017, en vista del silencio informativo del BCV.

Sin embargo, el OVF, que reportó tasas de inflación superiores al 50 % en los meses de enero y febrero pasados, dijo que prevé que el indicador se acelere a partir de este mes.

“Esta es una desaceleración de los precios que con alta probabilidad es circunstancial. Pensamos que los precios se van a acelerar en abril nuevamente y seguir la senda hiperinflacionaria -por la que la oposición asegura que el país atraviesa desde 2017-, ya que los fundamentos que la generaron aún se mantienen”, agregó Marquina.

De manera particular, el sector que mayor alza experimentó el pasado mes fue el sanitario, con un 36,3 %, debido al “colapso del sistema de salud en Venezuela y el repunte de la covid-19”, dijo Marquina.

Además, el opositor alertó que, pese a que la inflación no superó los 10 puntos en marzo, la canasta alimentaria para una familia de 5 miembros alcanzó “un máximo histórico” de 289 dólares, un monto que la hace inasequible para la mayoría de los venezolanos.

[Tomado de https://efectococuyo.com/economia/inflacion-acumulada-en-venezuela-llega-al-1553-segun-observatorio-de-finanzas.]