• La lista de proyectos prioritarios para la Unión Europea cuenta con una gran cantidad de proyectos relacionados con el hidrógeno, entre los que se encuentran el H2MED y la red troncal de hidrógeno española.
• Más del 80 % de los proyectos de hidrógeno seleccionados han sido propuestos por la industria fósil, y el 90 % de los gasoductos de hidrógeno han sido presentados por el lobby gasista.
• Otros proyectos controvertidos incluidos son las interconexiones eléctricas con Francia y otros dos gasoductos en el Mediterráneo, uno de los cuales está vinculado con la importación de gas israelí.

La Comisión Europea publicó este lunes 1 de diciembre la segunda lista PCI, que supone una selección de proyectos prioritarios para el bloque en materia de energía. Esta lista, llamada formalmente de Proyectos de Interés Común Europeo/Proyectos de Interés Mutuo (PCI/PMI) se aprueba en el marco del Reglamento sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas (Reglamento TEN-E). La edición actual de la lista contiene 235 proyectos, de los cuales 100 están relacionados con el hidrógeno, generando preocupación entre organizaciones de la sociedad civil por su vinculación con la industria de combustibles fósiles y la viabilidad técnico-económica de estas infraestructuras. La lista pasará a votación en el Consejo y el Parlamento Europeo para su aprobación definitiva.

Predominio de la industria de combustibles fósiles

Según la red Gas No Es Solución, de la que forma parte Ecologistas en Acción, más del 80% de los proyectos de hidrógeno incluidos en la lista han sido propuestos por la industria de los combustibles fósiles, mientras que más del 90% de los gasoductos de hidrógeno han sido presentados por miembros de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Gas (ENTSOG). Esta organización advierte del riesgo de disminuir la ambición en la reducción de emisiones, socavar la transición justa y generar activos varados.

La lista incluye:

• 100 proyectos relacionados con hidrógeno: 21 electrolizadores, 19 proyectos de almacenamiento, nueve terminales de recepción de amoniaco y numerosos proyectos de interconexión y transporte (sin restringir su utilización únicamente al hidrógeno renovable).
• 113 proyectos de conexiones eléctricas, almacenamiento energético y redes inteligentes.
• 17 proyectos de transporte transfronterizo de CO₂.
•  Dos gasoductos de gas fósil como excepción.
• Tres proyectos de redes “inteligentes” de gas.

Respecto a la lista de 2023, han desaparecido tres grandes proyectos de electrolizadores que se ubicarían en Bilbao, Cartagena y Tarragona, siendo sustituidos por otros tres: Catalina (Aragón), Valdo Eume (Galicia) y ErasmoPower2X (Castilla-La Mancha). Gas No es Solución señala que estos cambios reflejan la incertidumbre e inconsistencia actual en el mercado del hidrógeno, donde numerosos proyectos están siendo cancelados por falta de viabilidad técnica y económica.

Esta situación genera dudas sobre los miles de kilómetros de infraestructuras proyectadas para el transporte de hidrógeno, incluido el contestado gasoducto H2Med y la Red Troncal de Hidrógeno española. Ambos permanecen en la lista, diseñados para transportar dos millones de toneladas de hidrógeno en 2030 desde la península ibérica hasta Alemania atravesando Francia. Sin embargo, la Comisión Europea no ha incluido las secciones interiores de la Red Troncal del Hidrógeno española, que son las novedades que presentaba Enagás (la gestora provisional de la red de hidrógeno) en esta candidatura.

Proyectos controvertidos

Entre los proyectos que despiertan críticas destacan:

• Interconexiones eléctricas con Francia: incluyendo Gatika (cable submarino del golfo de Vizcaya) y dos líneas de alta tensión que atravesarían el Pirineo navarro y aragonés.
• Gasoducto EastMed: pretende transportar gas desde el Mediterráneo oriental (Israel y Chipre) hasta la red gasista europea a través de Grecia. Sería alimentado por yacimientos de Chipre, el yacimiento Leviatán de Israel y posiblemente por los yacimientos Gaza Marine frente a la costa de Gaza.
• Gasoducto Melita: conectaría Malta a la red gasista europea a través de Italia.

Gas No es Solución denuncia que “incluyendo estos proyectos, la Unión Europea revela su hipocresía tanto a nivel medioambiental como político, y parece olvidarse de que el gas fósil y los combustibles fósiles en general están ligados a la violación sistemática de los derechos humanos”.

Entre otras preocupaciones de la red, se encuentra la pretensión de la UE de importar 10 millones de toneladas de hidrógeno verde para 2030 desde países como Sudáfrica, Chile y Namibia. En una carta abierta, más de 130 organizaciones advierten de que este plan reproduce las injusticias de la era de los combustibles fósiles, sacrificando a las comunidades del Sur Global en aras de los objetivos de descarbonización europeos.

La lista incluye 19 proyectos que afectarían al Estado español, que pasarán a tener carácter prioritario y podrán optar a financiación europea de hasta el 50% de su coste.

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• El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), del que forma parte Ecologistas en Acción, se ha concentrado a las puertas del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico para reclamar a la ministra Sara Aagesen que no ceda a la presión del lobby eléctrico. 
• El MIA considera que esta presión es un primer paso para forzar la prórroga de todo el parque nuclear.
• El aplazamiento del cierre de la central nuclear de Almaraz supondría un golpe al desarrollo de las energías renovables. 

Una pancarta frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) muestra la oposición del movimiento ecologista a la prórroga de la central nuclear de Almaraz. Los dos reactores de la central tienen vigente un permiso de funcionamiento hasta el 1 de noviembre de 2027 y el 31 de octubre de 2028, respectivamente, Su ampliación hasta 2030, cuando cierran Ascó 1 y Cofrentes, busca romper el plan de cierre escalonado de plantas nucleares, forzando una situación que puede ser problemática para el suministro eléctrico y para los planes de desmantelamiento de esos cuatro reactores. Esa situación les permitiría conseguir el alargamiento de todo el parque nuclear y obtener finalmente las subvenciones fiscales que vienen exigiendo.

Carlos Moreno, portavoz del MIA, argumenta: “Las eléctricas no han exigido una rebaja de impuestos para Almaraz porque es una de las líneas rojas del gobierno, pero esta prórroga implicará nuevas prórrogas para los demás reactores, y ahí sí que exigirán las ventajas fiscales que ahora no piden”.

Las y los manifestantes han resaltado la necesidad de que el gobierno mantenga su política energética a favor de las energías renovables, algo que no será compatible con el alargamiento del funcionamiento de las nucleares. Según Cristina Rois, portavoz del MIA, “el MITECO tiene capacidad legal para impedirlo, porque es una decisión acorde con el Plan Integral de Energía y Clima, donde se ha establecido la política energética de este gobierno. No tiene sentido que requiera un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuando este debe estar ya realizando los estudios requeridos por la normativa para el cierre de Almaraz 1, un proceso para el que necesitan dos años. La ministra puede denegar la solicitud ahora”.

Hay un claro precedente con el cierre de Garoña en 2017. El ministro de Industria Alvaro Nadal denegó la solicitud de la autorización de explotación (Orden ETU/754/2017).

Sus argumentos fueron los siguientes:

1. “El Gobierno tiene previsto aprobar un Plan Integral de Energía y Clima […]. Esta situación hace patente la conveniencia de que las decisiones relativas a la continuidad de las centrales nucleares […] se adopten teniendo en cuenta el contenido de dicha planificación, que se encuentra pendiente de elaboración”.
2. “La falta de producción de energía eléctrica de esta central no ha tenido repercusión significativa en el suministro eléctrico”.
3. “La continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña no resulta necesaria para la provisión de energía eléctrica en las condiciones de seguridad de suministro, medioambientales y de precio que el gobierno, en el ejercicio de su actividad de planificación y definición del mix energético, considera apropiadas”.

El gobierno sigue teniendo esas competencias. Por eso el Movimiento Ibérico Antinuclear exige a la ministra Sara Aagesen que defienda su política energética y deniegue cuanto antes la renovación de las autorizaciones para los reactores de Almaraz.

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Ecologistas en Acción envía una carta a los ministerios de Industria y Trabajo con un decálogo firmado por más de 20 organizaciones para exigir una transformación industrial justa.

Diversas organizaciones ecologistas, sociales y sindicales se han sumado a la campaña impulsada por Ecologistas en Acción para reclamar transformaciones profundas en el modelo industrial. Aunque parten de la necesaria descarbonización del sector, ahondan en otros aspectos menos contemplados usualmente en el ámbito industrial, como una mayor participación ciudadana, políticas públicas y ambientales para el cambio, un uso más eficiente y responsable de los recursos y, sobre todo, repensar la producción en función de las necesidades sociales, en un marco de equidad y sostenibilidad. Todo ello teniendo en cuenta aspectos relacionados con la naturaleza, la formación, la financiación y el ámbito laboral.

Este decálogo se ha enviado al Ministerio de Industria y Turismo y al Ministerio de Trabajo y Economía Social coincidiendo con la celebración de la COP30 en Brasil, en la que la transición justa es un tema central de debate. Ecologistas en Acción considera que la industria es un sector fundamental dentro de esta transición y que, sin embargo, la dirección hacia la que se apunta desde la Unión Europea con sus políticas de reindustrialización van en contra de la vida y los límites ecológicos. La apuesta por recuperar la competitividad de Europa tiene como punta de lanza el impulso al rearme militar y la desregulación de medidas ambientales y sociales.  La organización ecologista denuncia que este enfoque se aleja del objetivo que debería tener la industria, “contribuir a mejorar la vida de las personas, respetando los límites planetarios y minimizando sus impactos negativos”. Por ello, y dado que es un momento crucial para el sector industrial, reclaman que es necesario abordar ya una transformación profunda que renueve no solo los procesos hacia la descarbonización, sino también todo el modelo de producción.

El formulario permanecerá abierto para seguir sumando apoyos y reclamar una industria justa: “con justicia para todas las personas y en la justa medida que cubra las necesidades para mantener vidas dignas sin dejar a nadie atrás y sin sobrepasar los límites ecológicos”, ha declarado Sara López, una de las responsables de la campaña de Ecologistas en Acción ‘Industria, la justa’. El objetivo es impulsar la transformación industrial con la participación de todos los actores implicados: organizaciones de la sociedad civil, ONG, sindicatos, personas trabajadoras, centros educativos, empresas, administración. Susana Millán, también responsable de la campaña ‘Industria, la justa’, ha concluido: “Nos encontramos en un punto de inflexión: o mantenemos una industria que sigue alimentando la crisis global y sus consecuencias, o hacemos que impulse la transición justa. Pero para eso necesitamos repensar el modelo industrial entre todas y hacer cambios profundos ya”.

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• Al inicio de la COP la presidencia brasileña pospuso a los últimos días de la cumbre el debate los temas más conflictivos. Ante la falta de acuerdo de los países para implementar una transición que deje atrás los combustibles fósiles, esta decisión pone en riesgo la posibilidad de alcanzar consensos.
• La UE opta por distraer la atención con una nueva propuesta sobre una transición justa en lugar de sumarse al amplio acuerdo de la mayor parte de países, la sociedad civil y los sindicatos.
• La Cumbre de los Pueblos entrega al presidente de la COP la carta con las demandas de los pueblos del mundo.

Tras la primera semana de negociaciones, la COP30 ha cerrado esta primera fase técnica de las negociaciones en el tiempo previsto, algo que no ocurría desde hace varios años. Sin embargo, de acuerdo con los observadores de la sociedad civil, este aparente éxito esconde una realidad preocupante: la presidencia brasileña eliminó desde el inicio la posibilidad de debatir los temas más conflictivos, posponiéndolos deliberadamente a la segunda semana.

La presidencia ha agrupado los asuntos más complejos en cuatro bloques que se abordarán en los últimos días de la cumbre: la obligación de financiación del Norte global (artículo 9.1 del Acuerdo de París), el fin de los combustibles fósiles y la aceleración de la reducción de emisiones, la transparencia en los compromisos climáticos y las medidas unilaterales de comercio.

Javier Andaluz Prieto, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, advierte: “La presidencia opta por una estrategia demasiado arriesgada. Posponer los debates fundamentales a los últimos días de la cumbre pone en enorme riesgo alcanzar acuerdos. Cerramos una primera semana en falso”. Andaluz añade que “los cuatro elementos que la presidencia quiere abordar en la decisión final de la cumbre requieren en estos momentos un acuerdo muy complejo y ambicioso. Una generosidad internacional que aún no se ha dado, y que parece que nos dirigirá nuevamente a un acuerdo más declarativo que real, que difícilmente se materializará, como está pasando con esa decisión de Dubái de poner fin a los combustibles fósiles”.

El Mecanismo de Acción de Belém para la transición justa

Uno de los principales puntos de conflicto ha sido el Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa (Belém Action Mechanism o BAM, en sus siglas en inglés), una propuesta exigida por la sociedad civil y los sindicatos de todo el mundo que, durante los primeros días de la cumbre, el G77 y China incluyeron en las negociaciones. Sin embargo, los países del Norte global bloquean el acuerdo. En lugar de aceptar la propuesta avalada por la mayoría del mundo, la UE ha presentado una alternativa: un ‘Plan de Acción para la Transición Justa’ que, para Javier Andaluz, solo responde a las necesidades del Norte, ignora la urgencia requerida y tergiversa la propuesta del mecanismo acusándola de ineficiente: “En lugar de abordar medidas definitivas a aprobar por la COP30, la Comisión Europea y los Estados miembros, optan por dilatar este importante paquete a través de nuevos diálogos que durarán años”.

Las discusiones sobre transición justa también han recibido el ataque de los países LMDC (Like-Minded Developing Countries), que impiden que los acuerdos recojan cualquier mención a la necesidad de poner fin a los combustibles fósiles, algo ya acordado en la cumbre de Dubái. Andaluz subraya: “Mantener estas menciones requiere también de una empatía del Norte global para paliar los efectos sociales y económicos de esas políticas, algo que no se ve en las salas de negociación. En su lugar, vemos nuevamente el reiterado empeño del Norte global, y particularmente los países del G7, de evadir sus responsabilidades históricas y actuales, y a los países petroleros instrumentalizando al G77 y China”.

Mitigación

En cuanto a mitigación, la cumbre comenzó sin que muchos los países, incluida la UE, presentaran sus nuevos compromisos de reducción. A ello, se suma la falta de un espacio formal en la COP30 para poder abordar la “brecha de ambición e implementación”, es decir, para responder a la siguiente pregunta: ¿qué se puede hacer para limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5ºC con respecto a niveles preindustriales (uno de los grandes objetivos del Acuerdo de París), teniendo en cuenta que los esfuerzos hechos hasta ahora son menores de lo que deberían?Esto ha causado que la presidencia vaya a incorporar la brecha como uno de los cuatro elementos a incluir en la decisión final. Sofía Fernández, activista del Área de Energía de Ecologistas en Acción, declara: “Observamos que no hay una ruta clara para llevar a cabo una transformación que deje atrás los combustibles fósiles. Nohay un espacio para discutir sobre transición energética, deforestación o relaciones de la crisis climática con la crisis de biodiversidad”. Asimismo, señala: “Peligra el alineamiento entre la política climática y la mejor ciencia disponible, los informes del IPCC de cara a los próximos años.

Finalmente, hay que destacar la mención a los mal llamados “combustibles de transición para conseguir transiciones justas”. Dentro de los “combustibles de transición”, está el gas fósil, cuyo uso continúa generando crisis climática e injusticia.

Adaptación: negociaciones estancadas

En materia de adaptación, otro de los acuerdos cruciales esperados en esta cumbre, las negociaciones avanzan peligrosamente lentas frente a una crisis que se acelera. El objetivo de esta COP30 es ambicioso pero urgente: adoptar aproximadamente 100 indicadores para medir los avances concretos hacia el Objetivo Global de Adaptación (GGA), evaluando tanto la conservación de ecosistemas como el cumplimiento real de los compromisos de financiación internacional. Paralelamente, esta COP debe abordar la brecha de financiación, es imperativo aprobar un nuevo compromiso que triplique la financiación pública para adaptación desde los niveles de 2022 hasta 2030, junto con una estrategia clara que establezca vías de implementación post-2025.

La Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia: claridad jurídica incómoda

La Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, publicada en julio de 2025 a instancias de Vanuatu y una coalición de Estados insulares y movimientos del Sur global, establece que los Estados tienen obligaciones jurídicas vinculantes para proteger el sistema climático. La CIJ subraya tres obligaciones clave: mantener el límite de 1,5°C como compromiso legal; proporcionar financiación a escala de las necesidades reales de Pérdidas y Daños mediante recursos públicos basados en subvenciones y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas; y garantizar el derecho a reparación integral de las comunidades afectadas. Esta opinión llega en un momento clave, coincidiendo con la revisión del Mecanismo de Varsovia sobre Pérdidas y Daños en la COP30, y sería de esperar que influya significativamente en las negociaciones sobre financiación climática.

Para Irene Rubiera, activista del Área Jurídica de Ecologistas en Acción, esta opinión marca un antes y un después en el derecho climático internacional: “La CIJ no ha podido ser más clara en su dictamen: ignorar estas obligaciones no las hace desaparecer. Los Estados deben elegir entre cumplir con el derecho internacional o admitir abiertamente que priorizan intereses económicos sobre vidas humanas”.

La Cumbre de los Pueblos: la voz de la sociedad civil

El domingo finalizó la Cumbre de los Pueblos, un encuentro de pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes, campesinos, pescadores, sindicatos y ecologistas, que se reunieron en la Universidad de Pará para mostrar al mundo la “fortaleza y unidad de la sociedad civil frente a un sistema depredador que devora territorios y vidas”. Como resultado, la Cumbre de los Pueblos elaboró una carta muy completa que proporciona un análisis detallado y crítico de la crisis global. Este documento es fruto de dos años de trabajo con el interés de englobar las voces de las poblaciones más vulnerables, diversas y afectadas por la desigualdad y la degradación ambiental. Para Sara Facchinelli, activista de Ecologistas en Acción de Almería presente en la COP30: “La Cumbre de los Pueblos ha puesto de nuevo en evidencia la interconexión entre los conflictos sociales y climáticos, cuyo origen es el mismo sistema económico depredador de la vida. Las comunidades presentes nos han recordado la responsabilidad histórica de un Norte global que sigue con tácticas neocoloniales maquilladas de verde”.

Entre los contenidos de la carta se critica que la transición energética se está desarrollando bajo la lógica capitalista y, por lo tanto, perpetúa la injusticia, la desigualdad y el extractivismo en el Sur global. También exige el fin de los combustibles fósiles por medio de una transición justa en la que se considere la energía como un bien común. Entre los elementos de esta declaración se rechaza la Tropical Forest Forever Facility propuesta por el gobierno, al considerarla una iniciativa que incrementa enormemente la presión en los territorios, además de ser una forma más de comercializar la naturaleza. Fachinelli subraya: “Se hace evidente cómo los pueblos y personas reunidas en esta cumbre de los pueblos están dispuestos a abordar con solidaridad la complejidad de la crisis climática”. Y añade: “Esa solidaridad va más allá de la crisis climática, denuncia el genocidio en Palestina y la violencia en Sudán, la República del Congo, Nigeria… Son muchas las razones que nos hacen sumarnos a todas las propuestas de la Cumbre de los Pueblos, que reclamaremos dentro y fuera de las negociaciones”.

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• Miles de personas se movilizan en más de 15 ciudades del Estado español uniéndose a las protestas en los cinco continentes.
• Alianza por el Clima denuncia la dependencia de combustibles fósiles que agrava desigualdades y provoca fenómenos extremos como olas de calor, inundaciones e incendios.
• El manifiesto, bajo el lema “El clima exige acción, el futuro esperanza” que reclama una transición justa, ha sido firmado por más de 50 organizaciones sociales, ambientales y sindicales.

Ecologistas en Acción en la manifestación en Belém do Pará (Brasil).

Galería multimedia de movilizaciones en el Estado español y en Belém.

Miles de personas han salido a las calles este fin de semana en más de 15 ciudades españolas, convocadas por Alianza por el Clima, plataforma de la que forma parte Ecologistas en Acción,para exigir un cambio urgente de modelo económico y medidas efectivas de justicia climática. Las movilizaciones en España han formado parte de una jornada de acción global que se ha desarrollado simultáneamente en decenas de países. En Belém, sede de la COP30, casi 100.000 personas se han manifestado para exigir a los líderes mundiales reunidos compromisos vinculantes frente a la emergencia climática. Según datos preliminares de los organizadores, a lo largo del día se registraron protestas en los cinco continentes, con una participación estimada de cientos de miles de personas en todo el mundo.

La jornada principal del sábado 15 de noviembre ha concentrado las mayores movilizaciones, con cientos de personas en Madrid y València, entre otras ciudades. Las acciones han incluido desde manifestaciones y concentraciones hasta performances participativas y actos simbólicos. En Madrid, cerca de 300 manifestantes se han congregado en la Plazuela de Lina Morgan llevando a cabo un mosaico humano, mientras que en Barcelona la concentración ha reunido a cientos de manifestantes en el Moll d’Espanya. También se han registrado movilizaciones en Málaga, Córdoba, Pamplona-Iruña, Xixón, Sant Cugat del Vallès y Burgos, además de actos previos el viernes 14 en Bilbao y Logroño. La lista completa de convocatorias puede encontrarse aquí.

Las protestas, celebradas bajo el lema “El clima exige acción, el futuro esperanza”, han denunciado el actual modelo económico basado en combustibles fósiles que “agrava las desigualdades sociales, eleva el coste de bienes básicos y genera crisis diversas que benefician solo a unos pocos, mientras aumentan los fenómenos extremos como olas de calor, inundaciones e incendios”. Más de 50 organizaciones han firmado el manifiesto lanzado por la Alianza por el Clima, que exige un pacto sociopolítico que garantice los medios necesarios para reducir urgentemente las emisiones y afrontar los crecientes riesgos climáticos, reclamando que “el poder, los recursos y las decisiones estén en manos de las comunidades que arden y se inundan, no en las de quienes se lucran de nuestra vulnerabilidad”.

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• El 10 de noviembre dará comienzo la 30ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP30) en Belém. Un encuentro que llega en unas relaciones internacionales cada vez más convulsas. La Cumbre del Clima deberá aprobar un Mecanismo de Acción para la Transición Justa.
• Las consecuencias de la dana del año pasado o los incendios forestales del último año subrayan la importancia de adaptarse y evitar las pérdidas y los daños. 
• Ecologistas en Acción estará presente en Belém con una delegación en el espacio oficial para dar seguimiento a las negociaciones, y publica un dosier previo a las negociaciones.

La COP30 se celebrará en Belém, entre los días 10 y 21 de noviembre, tras unos meses de turbulencias bélicas, económicas, climáticas y energéticas, que muestran más que nunca la necesidad de acelerar la lucha climática. La COP30 en Belém será la prueba definitiva de si el multilateralismo puede responder a la emergencia climática o si el sistema está capturado definitivamente por intereses corporativos y de los países más ricos. En este contexto, Ecologistas en Acción presenta su dosier previo a las negociaciones.

Balance de cumbres anteriores

La COP29 en Bakú concluyó con resultados desastrosos. El nuevo objetivo de financiación climática estableció 1,3 billones de dólares anuales para 2035, pero con un núcleo de financiación pública de apenas 300.000 millones, cantidad que, considerando la inflación, no representa ningún aumento real respecto al compromiso de 2009. El acuerdo evitó deliberadamente reconocer la obligación de los países del Norte global de aportar financiación pública, suficiente y predecible, incluyendo en su lugar fuentes privadas y métodos “innovadores”. En mitigación hubo retrocesos graves: los textos finales no contenían referencias directas a la transición fuera de los combustibles fósiles, borrando los avances logrados en Dubái el año anterior.

Las cumbres de Bonn y Sevilla de 2025 confirmaron esta tendencia negativa. En Bonn se logró incluir el Mecanismo de Acción de Belém para la transición justa, pero persistieron bloqueos sistemáticos de petroestados y países del Norte Global. En Sevilla, la cumbre de Financiación para el Desarrollo concluyó sin avances significativos, con un déficit democrático grave y captura corporativa evidente. Ambas cumbres evidenciaron que la financiación es el eje central de la parálisis global.

Un cambio fundamental llegó en julio de 2025 con la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que estableció que el umbral de 1,5°C es jurídicamente vinculante y que los Estados tienen obligaciones legales concretas en materia climática, incluida la provisión de recursos financieros a países en desarrollo. Este nuevo marco jurídico transforma las negociaciones de compromisos voluntarios a responsabilidades legales.

Brasil como anfitrión

Brasil llega a la COP30 con profundas contradicciones. Bajo el gobierno de Lula, la deforestación amazónica cayó un 62% en 2023, representando una reducción de 200 millones de toneladas de CO₂eq. Sin embargo, el país mantiene una dependencia creciente de los combustibles fósiles: el petróleo es su principal producto de exportación y Petrobras está expandiendo la frontera petrolera en la Margen Ecuatorial, frente a la desembocadura del Amazonas, contradiciendo los compromisos de deforestación cero para 2030. Brasil representa el 1,2% de las emisiones globales, pero su expansión petrolera y gasística amenaza con consolidar un modelo extractivista que contradice su imagen de líder climático.

Temas críticos de negociación

En mitigación, persiste una brecha de ambición dramática. Solo 64 países han presentado NDCs actualizados antes de la COP30, faltando la Unión Europea entre otros. El Programa de Trabajo de Mitigación de Sharm el-Sheikh está completamente bloqueado. La COP30 debe establecer espacios para cerrar la brecha de ambición, asegurar que las NDCs se alineen con 1,5°C e incluyan transparencia vinculante, y elaborar una hoja de ruta equitativa para la eliminación gradual de los combustibles fósiles basada en responsabilidades diferenciadas.

En financiación, las demandas de la sociedad civil se centran en clarificar que los 300.000 millones del núcleo deben ser financiación pública nueva y adicional, establecer tributación ambiental progresiva, implementar el Artículo 9.1 del Acuerdo de París que obliga a los países desarrollados a proveer financiación, y desarrollar la “Hoja de Ruta de Bakú a Belém” para cerrar vacíos y ambigüedades. También debe abordarse el Artículo 2.1c para terminar con subsidios a combustibles fósiles y alinear todos los flujos financieros con desarrollo bajo en carbono.

El Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa será uno de los principales acuerdos a alcanzar. Este mecanismo conectaría el fin de los combustibles fósiles con la protección de derechos laborales y sociales, estableciendo una entidad coordinadora con participación significativa de observadores y grupos de interés. La COP30 debe acordar principios de transición justa aplicables a todas las dimensiones, mandato para financiar la transición justa con recursos no generadores de deuda, y crear instituciones nacionales para la participación popular.

En adaptación, tras años de bloqueos, debe adoptarse una lista final de hasta 100 indicadores para medir el progreso hacia el Objetivo Global de Adaptación, incluyendo indicadores de financiación. Se necesita un nuevo compromiso de financiación pública para al menos triplicar los niveles de 2022 para 2030, basado en subvenciones y no préstamos. La Hoja de Ruta de Adaptación de Bakú debe establecer vías claras de implementación más allá del mero reporte.

Para pérdidas y daños, la COP30 será la primera tras la Opinión de la CIJ que establece obligaciones legales de los países desarrollados. Debe ampliarse drásticamente la financiación del Fondo para Responder a Pérdidas y Daños hacia los 400.000 millones anuales necesarios, establecer modalidades de acceso comunitario directo incluyendo pequeñas donaciones, crear marcos robustos de participación pública y salvaguardas de derechos humanos, y establecer un ítem permanente de agenda sobre pérdidas y daños.

Actores clave

La Unión Europea atraviesa una crisis de ambición tras el ascenso de la ultraderecha y gobiernos negacionistas, incapaz de acordar objetivos para 2040 y desmantelando legislación ambiental mediante paquetes Omnibus. China realizó su primer compromiso absoluto de reducción de emisiones pero insuficiente para 1,5°C, mientras domina la producción de tecnologías limpias y de minerales críticos. Estados Unidos abandonó nuevamente el Acuerdo de París bajo Trump, cortando financiación climática y aumentando producción fósil. El G77 y China mantienen la presión por la financiación climática y la responsabilidad del Norte global, mientras el Norte se escuda en financiación privada y en la falta de avances en materia de mitigación.

Sociedad civil y resistencias

La Cumbre de los Pueblos en Belém representa una convergencia sin precedentes de más de 1.200 organizaciones, con movilización internacional el 15 de noviembre y presentación de demandas durante la sesión plenaria. La coalición “Pueblos contra el Extractivismo” une movimientos de América Latina, Europa y África contra el colonialismo verde y la expansión minera justificada como “transición energética”. Las organizaciones mantienen que no hay justicia climática en territorio ocupado, denunciando el genocidio en Palestina y la tibieza de la UNFCCC.

La COP30 en Belém será la prueba definitiva de si el multilateralismo puede responder a la emergencia climática o si el sistema está capturado definitivamente por intereses corporativos y de los países más ricos.

Dosier COP30

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• Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF advierten de que la prolongación de Almaraz hasta 2030 conllevaría el alargamiento de vida de todo el parque nuclear.
• Las organizaciones solicitan  al Gobierno que no ceda a las presiones de empresas y partidos como el PP, que introdujo una enmienda en la Ley de Movilidad Sostenible para mantener operativa la central.
• La energía nuclear es lenta, cara, peligrosa y dependiente de combustibles de terceros países, por lo que va en dirección contraria de la soberanía energética y de un modelo de transición justa que sitúe a la ciudadanía en el centro.
• La península ibérica tiene energías renovables abundantes, estables y muy repartidas en el territorio, por lo que es un entorno idóneo para desarrollar un sistema energético plenamente basado en renovables, eliminando cualquier dependencia de la energía nuclear.

Las cinco principales organizaciones ecologistas españolas –Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF– expresan su rechazo frontal a cualquier prórroga del plan de cierre de las centrales nucleares españolas y advierten de que la prolongación de Almaraz hasta 2030 sería el prólogo del alargamiento de vida de todo el parque nuclear.

Solicitan al Gobierno de España que no inicie un nuevo procedimiento de autorización para los reactores de Almaraz, especialmente ante los recientes intentos de algunos partidos por frenar el calendario de cierre, como la enmienda presentada por el PP en el Senado la semana pasada, dentro de la Ley de Movilidad Sostenible, para mantener operativos los reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.

Las organizaciones señalan que, desde que se alcanzó el acuerdo voluntario de cierre ordenado en 2019, los datos muestran con claridad que la energía nuclear es incapaz de competir con los bajos costes de operación de la eólica y la solar. Cuando el precio mayorista se desploma en las horas centrales del día debido a la producción renovable, la energía nuclear no puede cubrir ni siquiera los costes de su combustible. Por eso, en 2024, Almaraz I paró 16 días y Cofrentes 26 días por razones puramente económicas, una situación que se agudizó en 2025.

El sector nuclear necesita condiciones ventajosas al operar de forma constante y con pocos cambios de potencia, lo que provoca que expulse de la red parte de la producción renovable, al no poder reducir con rapidez y seguridad su potencia. Además, la continuidad de los reactores establece un marco de planificación energética inconsistente que dibuja un horizonte de inseguridad jurídica y un bloqueo renovable que pone en riesgo grave las nuevas inversiones tanto de almacenamiento como de renovables y redes imprescindibles para descarbonizar el sistema. Durante el reciente apagón, las centrales nucleares no aportaron ni resiliencia ni capacidad para una recuperación temprana, sino todo lo contrario.

La energía nuclear implica costes crecientes y fuertes inversiones para garantizar su continuidad. El alargamiento del funcionamiento más allá de los 40 años supone aceptar un riesgo creciente que exige inversiones millonarias. La prolongación por 10 años de dos reactores belgas de potencia equiparable a Almaraz costará hasta 2.500 millones de euros. La renovación de Garoña, menos de la mitad de potente que Almaraz, implicaba más de 200 millones de euros.

Las organizaciones denuncian que el oligopolio nuclear lleva meses presionando para evitar pagar por las consecuencias de su negocio, buscando rebajas o la desaparición de tasas destinadas a alimentar un fondo que ya es insuficiente para la gestión durante siglos de los residuos nucleares. Las organizaciones también alertan del legado radiactivo: cada año adicional de operación añade más contenedores con combustible gastado y aumenta el coste de gestionarlos.

Por tanto, denuncian que el incumplimiento del calendario de cierre convertiría en papel mojado el 7º Plan Nacional de Residuos Radiactivos, porque en 2030 habría cuatro reactores de 1.000 MW para desmantelar, lo que supondría un gran esfuerzo industrial y económico, además de ser lo contrario a un cambio ordenado de tecnología de generación.

“La continuidad de Almaraz es el prólogo del alargamiento de vida de todo el parque nuclear. Ante esta perspectiva, está aún más claro que no se puede permitir que baje la tasa que en estos momentos pagan las centrales nucleares por la futura gestión de sus residuos, por el contrario debería incrementarse”, afirman.

Con respecto a la enmienda nuclear en la Ley de Movilidad Sostenible, las organizaciones denuncian que este tipo de estrategias legislativas son inaceptables, invaden competencias tanto del operador del sistema como del Consejo de Seguridad Nuclear y de los convenios internacionales y, sobre todo, no ayudan a mantener la credibilidad de los órganos legislativos a la hora de regular una planificación energética de Estado y a largo plazo.

Por último, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF señalan que la energía nuclear representa una tecnología centralizada, costosa y dependiente de la importación de combustibles de países terceros, lo que compromete la soberanía energética y se aleja de un modelo de transición justa que sitúe a la ciudadanía en el centro.

En este sentido, la península ibérica cuenta con un recurso renovable excepcional, tanto por su abundancia y estabilidad, como por su amplia distribución geográfica. Esto convierte al Estado español en un entorno idóneo para desarrollar un sistema energético plenamente basado en fuentes renovables, eliminando cualquier dependencia de la energía nuclear.

Por todas estas razones, las cinco organizaciones ambientales vuelven a exigir al Gobierno central que mantenga el actual plan de cierre de las centrales nucleares. Y concluyen que la energía nuclear supone un obstáculo para la transición energética y la estabilidad de la red eléctrica.

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En el territorio nigeriano hay vastas reservas de gas fósil, pero aproximadamente la mitad de su producción se exporta. En 2023, España fue el mayor importador de gas fósil nigeriano, lo que convirtió a Nigeria en  su cuarto mayor proveedor. España consume, mientras las comunidades locales soportan graves costes sociales y medioambientales.

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Más del 30 % de la población de Nigeria carece de acceso a la electricidad, lo que pone de manifiesto la cruel paradoja de una inmensa riqueza energética que sirve a los intereses extranjeros en lugar de a las  necesidades locales.

Nigeria tiene uno de los sistemas gasistas más grandes de África y tiene previsto realizar importantes ampliaciones. Sin embargo, los proyectos a gran escala, como los gasoductos Trans-Sahara, Nigeria-Libia y Nigeria-Marruecos (este último destinado a abastecer a 13 países en su ruta hacia España), así como el gasoducto del Golfo de Guinea, están diseñados para Europa y Asia, y no para el desarrollo local.

Los proyectos, orientados a la exportación, están financiados por empresas multinacionales y bancos, como Santander. Estos proyectos restan recursos para el desarrollo nacional y sumen a Nigeria en una espiral de  deuda, con más del 37 % del presupuesto nacional destinado al servicio de ladeuda. Al mismo tiempo, la evasión fiscal de empresas como Shell, Chevron, ExxonMobil, Eni, Total y Equinor priva al país de fondos públicos vitales.

Nigeria fue el octavo país del mundo en quema en antorcha de gas fósil en 2023. La quema en antorcha de gas fósil emite metano, un potente gas de efecto invernadero, junto con carbono negro y otros contaminantes que alimentan la crisis climática. En el delta del Níger ha provocado lluvia ácida, lo que ha minado su soberanía hídrica y ha creado graves riesgos para la salud de las personas que lo habitan.

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Las comunidades del delta del Níger sufren la contaminación atmosférica y del agua, los vertidos recurrentes de petróleo, el deterioro de la agricultura y la pérdida de sus formas de vida tradicionales. Estos problemas afectan especialmente a las mujeres y las niñas, lo que agrava las desigualdades. Por ejemplo, son expuestas a explotación y abusos en torno a las instalaciones de gas fósil, como la planta de gas de Gbarain Ubie.

Las empresas están trasladando sus operaciones al mar del Golfo de Guinea, dejando atrás tierras y comunidades contaminadas sin reparación ni rendición de cuentas, lo que agrava los daños a largo plazo. Nigeria es un ejemplo del modelo extractivista impuesto al Sur Global: las empresas extranjeras se benefician mientras que las comunidades se ven abocadas al sufrimiento. Arraigados en las prácticas coloniales, los sistemas fósiles llevan mucho tiempo violando los derechos de los pueblos indígenas e ignorando el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). El pueblo Ogoni fue desposeído y asesinado, pero la resistencia perdura, por ejemplo, a través de movimientos como Don’t Gas Africa o el movimiento del pueblo Ogoni.

Los combustibles fósiles perpetúan las desigualdades, la destrucción del medio ambiente y la pobreza energética. Las energías renovables pueden proporcionar soberanía energética, resiliencia climática y bienestar  local, pero solo si son las comunidades, y no las grandes empresas, las que controlan estos sistemas.

Se necesita un cambio sistémico urgente: eliminar los combustibles fósiles, promover la soberanía energética a través de sistemas de energía renovable controlados por las comunidades, proteger el derecho a  protestar para garantizar que tragedias como la de los Nueve Ogoni no se repitan nunca, priorizar a las personas y al planeta por encima de los beneficios y hacer que las empresas rindan cuentas, haciéndolas pagar por la contaminación que causan.

[castellano]
¿De dónde viene el gas fósil del Estado español?

[english]
Where does spanish fossil gas come from?

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• La dependencia energética de España devasta el Delta del Níger mientras un 30 % de la población nigeriana vive sin electricidad.
• La red Gas No Es Solución, en colaboración con Connected Advocacy, presenta un informe sobre el consumo de España de gas fósil nigeriano.
• Este estudio revela que España fue el mayor importador de gas fósil nigeriano a costa de grandes impactos sociales y medioambientales en el territorio.

El Estado español importó más gas fósil de Nigeria que cualquier otro país en 2023, convirtiéndose en el principal responsable de los graves impactos sociales y ambientales que esta industria extractiva causa en territorio africano y convirtiendo a este país africano en su cuarto proveedor energético. Así lo revela un nuevo informe presentado por la red Gas No Es Solución, de la que forma parte Ecologistas en Acción, en colaboración con Connected Advocacy.

El documento advierte de los impactos vinculados a esta actividad extractiva en Nigeria. Mientras una parte importante del gas se destina a la exportación, el informe subraya que un 30 % de la población nigeriana carece de acceso a la electricidad. Asimismo, apunta que las comunidades del delta del Níger afrontan desde hace décadas problemas de contaminación atmosférica y del agua, deterioro agrícola y pérdida de medios de vida tradicionales, aumentando las desigualdades ya presentes, como las de género. Uno de los aspectos más destacados es la quema de gas en antorcha, práctica que, según el documento, representa un riesgo significativo para la salud de la población local.

Nigeria dispone de uno de los sistemas gasistas más grandes de África y proyecta nuevas infraestructuras como los gasoductos Trans-Sahara, Nigeria-Libia, Nigeria-Marruecos (para abastecer a 13 países hasta llegar a la Península) y el Gasoducto del Golfo de Guinea. En ese sentido, el informe señala que estos proyectos restan recursos al desarrollo nacional y pueden llegar a contribuir a una espiral de deuda, siendo Nigeria un país que dedica más del 37 % del su presupuesto estatal al pago de la deuda externa.

El informe también recoge críticas al papel de compañías extranjeras como Santander, Shell, Chevron, ExxonMobil, Eni, Total y Equinor, a las que atribuye la obtención de beneficios en detrimento de las comunidades locales. Según las organizaciones responsables, este “modelo extractivista impuesto al Sur global” responde a un patrón histórico de explotación de recursos en el Sur global, que incluye violaciones de derechos humanos y la falta de cumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

Como antecedente, se menciona el caso del pueblo Ogoni, que sufrió represión y desplazamientos a raíz de la actividad petrolera. No obstante, el informe destaca que la resistencia continúa a través de movimientos sociales y plataformas como Ogoni People Movement, que reclaman un cambio en el modelo energético y mayor justicia climática.

Declaraciones

«El gas fósil consumido en el Estado español ha tenido devastadoras consecuencias en su cadena de valor, destrozando el territorio del Delta del Níger. Debemos hacer que las compañías responsables paguen por ello, siguiendo el principio de “quién contamina, paga».

– Sofía Fernández (Ecologistas en Acción)

«Mientras España se beneficia de las importaciones de gas nigeriano, las comunidades locales sufren una mala calidad del aire, infecciones respiratorias y una menor esperanza de vida. La industria del petróleo y el gas, promocionada como una bendición, ha resultado ser una maldición para los habitantes del delta del Níger. Debemos dar prioridad a las cuestiones de derechos humanos en el tráfico de la energía, amplificar las voces locales para poner fin al colonialismo de los combustibles fósiles y reforzar los marcos de justicia medioambiental y acción climática. Exigir responsabilidades a los contaminadores y a los responsables políticos es fundamental para mitigar las violaciones de derechos humanos y abordar los retos medioambientales locales».

– Prince Israel Orekha (Connected Advocacy)

¿De dónde viene el gas fósil del Estado español?

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