Esta entrevista ha sido publicada originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerla en catalán aquí.
La Fundación Cipriano García y CCOO de Catalunya han presentado el informe El acceso a la vivienda en Cataluña. Un problema de clase. Desde diversas miradas y enfoques del problema de la vivienda, las autoras –Irene Galí y Mariña Couceiro– defienden que «más allá de las características y dinámicas propias de cada territorio, así como del crecimiento o estallido de una burbuja inmobiliaria u otra, el problema del acceso a la vivienda es, esencialmente, un problema de clase social». Analizamos el informe en conversación con Irene Galí.
¿Cómo razonan que el acceso a la vivienda sea un problema de clase?
El acceso a la vivienda ha sido siempre un problema de clase. No es que antes la clase trabajadora pudiera acceder de forma fácil y rápida a la vivienda, siempre ha costado esfuerzo, pero ahora los salarios de la clase trabajadora han dejado de proporcionar a la gente trabajadora la capacidad de acceso a la vivienda. O sea, con un salario normal ya no puedes acceder a la vivienda. Y en este contexto es cuando las herencias y la situación socioeconómica de la familia de origen adquieren un protagonismo que hasta ahora no era tan grande. Tener trabajo o incluso uno bien remunerado ya no es garantía de que puedas acceder a la vivienda. Tu proyecto de vida se ve muy condicionado por la capacidad de tu familia de pasarte en herencia una vivienda o capital suficiente para comprarla.
Explican que entre 2014 y 2024 los precios de los pisos y del alquiler se han disparado. Un 40% el precio de los pisos y un 56,5% el alquiler. ¿Cómo es que han crecido tanto?
El precio de la vivienda y el precio de alquiler son dos dinámicas que se retroalimentan. A partir del año 2008, momento en que se derrumba dramáticamente el sector de la construcción, se frena, se para de construir en seco. La disminución en el volumen de construcción casi de un año para otro es de más del 95%. Paralelamente a la disminución de la oferta de nueva vivienda, las entidades bancarias han estado durante muchos años, todos los de la recesión económica y también después ya con la recuperación, con unas barreras al acceso al crédito hipotecario que han hecho que muchas familias trabajadoras que antes sí hubieran podido optar a conseguir financiación para una vivienda en propiedad, ahora no han podido hacerlo. Por tanto, han pasado al mercado de alquiler, en un momento, además, de gran crecimiento poblacional. Esto ha hecho crecer muchísimo la demanda en el mercado de alquiler y ha presionado los precios al alza.
No podemos obviar tampoco el papel que han tenido los inversores inmobiliarios y los fondos buitre que aprovecharon esta recesión económica y una legislación fiscal hecha a medida para aterrizar en nuestro país y aprovechar este momento de gran crisis económica para hacerse con un volumen de vivienda muy grande con el que después han estado especulando y calentando el precio de la vivienda. Lo que nos dicen los datos es que actualmente el precio de la vivienda de compraventa no lo están calentando los hogares. No son las familias las que están calentando este mercado, sino que son inversores inmobiliarios que adquieren estas viviendas en muchas ocasiones al contado.

En 2005, el porcentaje de hogares en propiedad era del 81%. El año pasado había caído al 67%. Comprar un piso para la gente sencilla es muy difícil.
Queda lejos de las opciones o posibilidades de la clase trabajadora, pero no queda lejos de sus aspiraciones. Es decir, lo que nos dicen las encuestas es que a día de hoy todavía un 82% de la gente que vive en hogares de alquiler desearía adquirir una vivienda en propiedad. Por tanto, menos de un 20% de la gente que vive de alquiler cree que es la opción que más se adapta a su proyecto de vida o la que más le conviene. Es gente que quisiera salir de aquí.
Se está produciendo un cambio de paradigma que, en cierto modo, nos está acercando a los porcentajes de población que viven de alquiler en muchos países de Europa, pero no es un cambio de paradigma que se esté produciendo por voluntad propia de los hogares, sino que se está produciendo un poco a regañadientes. Son hogares que no pueden acceder al mercado de compraventa y esto también hace que los precios de la vivienda de alquiler sigan aumentando.
Señalan que la solución no es construir más viviendas.
Aquí quisiera hacer un matiz. Nosotros no decimos que no deban construirse viviendas. No negamos que sea necesario pero sí es cierto que hay un parque de vivienda muy grande en Catalunya. En el informe decimos que alcanzamos 0,5 viviendas por persona. Viviendas las habría. Lo que ocurre es que están distribuidas en todo el territorio de manera desigual y que además una parte se dedican a usos no residenciales como el alquiler turístico. Por tanto, sí que seguramente tiene que construirse pero con lo que no estamos de acuerdo es con que se plantee como una dicotomía entre construir y regular el mercado.
Nosotros decimos que deben hacerse ambas cosas, y más en un momento con una crisis tan grande como la que tenemos encima. No estamos en condiciones de rechazar ninguna medida que vaya a afrontar este problema y a intentar solucionarlo de la mejor manera posible. Construir sí, pero no de cualquier modo, de forma ordenada, de forma regulada, y sobre todo complementar esta construcción con otros tipos de medidas que ayuden a que esta situación no se vuelva a repetir.

Ha hablado de especulación. ¿Quién y cómo especula con la vivienda y cómo evitar esta especulación?
Toda la especulación que se ha producido, y se ha producido mucha durante los años de la recesión económica y también ya en el período de recuperación económica a partir de 2014-2015, ha sido en gran parte porque debido al gran hundimiento del sector económico de la construcción que arrastró a la economía entera, se creó una legislación a la medida de los fondos buitre, de los grandes inversores inmobiliarios. ¿Qué decía esta legislación? Que podían realizar operaciones inmobiliarias casi con impuestos cero, a través de las llamadas socimis. Esto se hizo para atraer capital, tanto nacional como extranjero, para revitalizar un sector que se consideraba que era la piedra angular de la economía en España.
Estos inversores se hicieron con una gran cantidad de viviendas que estaban a veces desocupadas, a veces ocupadas, o eran promociones que no se habían llegado a vender con el estallido de la crisis. Pensemos que Blackstone llegó a ser, junto a La Caixa, quien tenía más pisos en alquiler en España. Hablamos mucho de fondos e inversores inmobiliarios y fondos buitre, pero la especulación no se reduce a unas altas esferas despersonalizadas, que no sabemos exactamente quiénes son y que son como ‘el mal’. Eso existe, pero también es verdad que tenemos una sociedad donde, a base de ponernos la zanahoria delante, hay mucha gente normal que también tiene la aspiración de poder especular aunque sea un poquito y llevarse una pequeña porción de la tarta, por ejemplo comprando un piso o dos y poniéndolos en alquiler o revendiéndolos un tiempo después. Todos, de algún modo u otro, participamos un poco de esta rueda, de esas dinámicas del mercado que hacen que, finalmente, el precio se desboque.
Hablaba de pisos desempleados. Hay 420.000 en Catalunya, según su informe. ¿Se pueden incorporar estos pisos al alquiler social?
Esta cifra ha despertado algo de polémica. Hay personas en la Administración o que toca temas de vivienda que niega absolutamente que exista ese número de pisos vacíos en Catalunya. Lo que ocurre es que no tenemos una definición perfectamente clara y compartida por todos los actores involucrados de lo que es un piso vacío. ¿Qué es? ¿Un piso vacío es un piso que está abandonado, que está en mal estado, puede ser también una segunda o tercera residencia a la que nunca va nadie y, por tanto, de facto, está vacío? No tenemos una definición compartida y tampoco tenemos un registro que pueda medir de forma fidedigna este fenómeno. Sólo existen registros parciales, como el de pisos vacíos u ocupados pero donde sólo es obligatorio inscribir los pisos que provienen de ejecuciones hipotecarias, o el registro de pisos vacíos de grandes tenedores.
Aquí se están escapando muchos pisos y lo que hemos hecho nosotros es utilizar la fuente que nos permitía realizar una aproximación con desagregación territorial, que es la estadística que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística a partir de los censo de viviendas y datos de consumo eléctrico. Un piso en el que no hay consumo eléctrico durante un año o este consumo eléctrico ha sido muy bajo se considera piso vacío. ¿Entre estos pisos puede haber una segunda residencia y precisamente ese año no ha ido nadie? Puede. Todo son aproximaciones. En el caso de los pisos vacíos, lo primero que debemos conseguir es tener un registro de verdad en el que figuren todos los que hay en Catalunya. Necesitamos tener un recuento de verdad oficial y a partir de ahí empezar a trabajar para aflorar cuanta más parte posible de estos pisos al mercado de alquiler.
Si afloraran muchas, ¿compensaría la falta de viviendas accesibles actual, o sería una proporción pequeña de las que se necesitan?
No sería una pequeña proporción. Pensamos que en la situación en la que estamos, cualquier suma, cualquier pequeña porción de viviendas que pueda sumar el parque de vivienda será más que bienvenida. Hablando de proporciones, el presidente Illa anunció 50.000 viviendas protegidas. En Catalunya, tenemos más de 100.000 viviendas turísticas, y eso sólo contabiliza las legales. Y éstas ya están construidas, que es la gran diferencia. Si pensamos que con 50.000 pisos podemos marcar la diferencia o ayudar un poco a solucionar el problema, pues con 100.000 aún más.
¿Qué piensa de las políticas públicas que se han emprendido en este ámbito?
A la luz de las cifras y los datos que tenemos ahora mismo en la mano, sólo podemos juzgarlos como claramente insuficientes, porque hace muchos años que el precio de la vivienda empezó a despegar por encima de unos límites que no eran razonables en relación con los salarios de los trabajadores. Entendemos que ‘las cosas de palacio van despacio’, que la administración es un monstruo que se mueve a veces de forma muy lenta, pero pedimos un poco más de celeridad. También es verdad que se han tomado algunas medidas que sí han sido más valientes, y aquí querría hablar de la Ley de Vivienda Estatal de 2023, la Ley por el derecho a la vivienda. Hizo algo muy atrevido, que fue introducir la posibilidad del control de precios del alquiler en las zonas que se declaraban como tensionadas, pero siempre hay un punto que hace que las cosas sean algo descafeinadas. Por ejemplo, que dejó a decisión de las comunidades autónomas si esa posibilidad podía aplicarse o no.
Creas una ley que es en cierta medida ambiciosa e innovadora en cuanto a propuestas para solucionar el problema de la vivienda, pero después dejas en manos de las comunidades autónomas que esta ley se pueda aplicar o no. Otro ejemplo de agujero de esta ley son los alquileres de temporada. Se realizó una regulación de los precios de la vivienda de alquiler y se dejó fuera, accidentalmente o no, las viviendas de alquiler de temporada. ¿Qué está pasando? Que se está produciendo una fuga masiva, y lo estamos viendo en Catalunya y sobre todo en la ciudad de Barcelona, ??y contratos que antes eran alquiler habitual pasan a alquiler de temporada, precisamente para eludir ese control de precios.
¿Las autonomías no aplican la Ley por el derecho a la vivienda en las zonas tensionadas?
No todas. Por lo general, las autonomías que están gobernadas por el PP se niegan a aplicar a sus municipios estas zonas tensionadas. Por tanto, sus ciudadanos no tienen acceso a una ley que en principio es de ámbito estatal.
En el decimotercer congreso de Comisiones Obreras se acordaron soluciones políticas basadas en la intervención pública del mercado inmobiliario. ¿Qué medidas deberían aplicarse?
Construir debe construirse, sí, seguramente, pero tiene que ir acompañado de una batería de medidas que complementen y que nos ayuden a que la situación actual no se vuelva a repetir. Es necesario realizar una reforma fiscal. Hay muchos temas que deberían tocarse; por ejemplo, los privilegios de las socimis, que en estos momentos están tributando el 0% por sus inversiones inmobiliarias. Esto es una ley que se hizo para atraer al capital extranjero, pero que a día de hoy no tiene sentido; ya no lo tenía entonces, pero ahora tiene menos, porque lo que hace es calentar más los precios.
En cuanto a los pisos vacíos deben idearse incentivos para que las personas que los tengan puedan sacarlos al mercado de alquiler. ¿Cómo se hace esto? Programas de rehabilitación, si es que este piso necesita rehabilitación, sistemas para acompañar a las personas legalmente, asesorías a las que se decidan a sacar pisos al mercado de alquiler… ¿Que se detecta que hay pisos vacíos que no hay razón para que lo estén?, pues aquí sí entraría un sistema de penalizaciones fiscales a las personas físicas o jurídicas que los mantienen vacíos. Los pisos turísticos, por su parte, deberían estar absolutamente limitados en las zonas tensionadas.
El Ayuntamiento de Barcelona ha fijado el año 2028 para eliminar completamente los pisos turísticos de la ciudad y, además, ésta es una medida que ha sido apoyada por el Tribunal Constitucional. Y los pisos turísticos que existen deben pagar el IVA. Esto es una actividad económica. Por mucho que no tengas trabajadores contratados, es una actividad económica. Ahora mismo no están pagando IVA. También debe reformarse la ley del IRPF. Cuando sacas un piso en alquiler, tienes una reducción sobre el valor bruto económico que obtienes.
¿Qué ocurre? Que la base de esa reducción es un 50%. Como mínimo, te estás deduciendo un 50% de todo lo que ganas con los alquileres. Si obtienes 10.000 euros brutos, sólo tendrás que tributar por 5.000 euros. Si estás alquilando a una familia monoparental, si estás alquilando a una persona joven, todavía puedes desgravarte más. Lo que decimos es que esto tiene que ser mucho más progresivo. Una persona que tiene una vivienda en el mercado de alquiler a un precio exorbitante no tiene por qué tener ninguna reducción de esta ganancia al hacer la declaración de la renta.

¿Los desahucios qué importancia tienen en esta problemática? Hablamos mucho de ellos en los medios, pero ¿tiene mucho peso en el conjunto de las necesidades globales de vivienda social?
Lo que ocurre con los desahucios es que estamos funcionando con dos moratorias, tanto en el caso de alquiler como en el caso de compraventa, de dos leyes que se hicieron para evitar los desahucios. En el caso de vivienda en propiedad, creo que fue en 2013, y en el caso de la vivienda del alquiler fue en 2020, a raíz de la pandemia de la Covid. Son dos leyes para evitar los desahucios en los casos de extrema vulnerabilidad.
¿Qué está pasando? Primero, la prohibición de desahuciar a una familia, a un hogar que no puede hacer frente al pago del alquiler, no debe limitarse sólo a los pobres de solemnidad, a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad grave. Segundo, no podemos funcionar con moratorias de leyes creadas para dar respuesta a una situación de excepcionalidad. La realidad es tozuda y lo que nos muestra el paso del tiempo es que estas situaciones siguen produciéndose más allá del momento de máxima emergencia que se identificó cuando se hizo la ley. Lo que hace falta son leyes estables con unos criterios definidos que no permitan que se desalojen los hogares que no pueden hacer frente al pago del alquiler o de la vivienda sin proporcionar una alternativa real para que puedan vivir el tiempo que sea necesario.
En los años de la crisis económica nos acostumbramos, desgraciadamente, a ver cada día en los medios de comunicación y en televisión imágenes de hogares desahuciados, familias que perdían su hogar y, además, conservaban la deuda porque no existía la dación en pago y quedaban endeudadas de por vida. No es que ahora no se esté produciendo esto; lo que ocurre es que los desahucios de hogares que viven de alquiler son ahora mucho más invisibles, porque muchas veces no llega a producirse ninguna escenificación. Muchas veces es gente que quizá lleva muchos años viviendo en un piso y que no puede hacer frente a las subidas del alquiler y debe acabar marchando. O que no le renuevan el contrato. ¿Le ha desahuciado alguien? No. Pero son desahucios invisibles. Si yo te subo el alquiler hasta un punto que no puedes pagarlo, te estoy echando de la casa.
Piden que se garantice que el precio de la vivienda sea accesible a los trabajadores y trabajadoras con sus salarios. Hoy por hoy suena casi a utópico.
Quizá sea utópico, pero en todo caso es una utopía necesaria o irrenunciable. Si los trabajadores y trabajadoras no pueden acceder a la vivienda con sus salarios, con el fruto de sus trabajos, la sociedad se rompe. No hay salida. Pedimos que el sistema que se ha creado para establecer este tope de los precios en las zonas tensionadas, que es una horquilla de precios que se basa en función de los precios de mercado de la zona de los años anteriores, debe tener en cuenta, sí o sí, los salarios de la gente trabajadora, sea cual sea el sistema para fijar esta horquilla de precios. Porque si no, lo que está pasando es que hemos fijado los precios en base al precio de mercado en un momento en que estaba completamente por las nubes. La vivienda sigue sin ser accesible para la gente que cuenta única y exclusivamente con su salario para mantenerse.
¿Cómo se logra esta utopía posible? ¿Cómo alcanzarla?
Las soluciones a corto plazo son la regulación, el control de los precios del alquiler, debe modificarse este sistema de establecimiento de precios y debe incluirse, de alguna manera, el salario medio de la población en aquel lugar. Además, para definir las zonas tensionadas es injusto atender sólo a la media de ingresos de los hogares. Los hogares que se ven muy perjudicados son o los unipersonales o los hogares con hijos pero que son monoparentales y se ven en desigualdad de condiciones respecto a lo que es el promedio, que es el hogar de doble ingreso. Se está calculando un precio de mercado en base al que pueden pagar los hogares de doble ingreso, no aquellos en los que sólo entra un salario.
Por otra parte, para conseguir esta utopía necesitamos aumentar el parque de vivienda pública. Tenemos muchas experiencias en las que fijarnos. Cuando el parque de vivienda pública aumenta, no sólo beneficia a las personas que pueden optar o que optan finalmente a ocupar uno de estos pisos, sino que se refleja en una bajada del precio de la vivienda libre. ¿Por qué? Porque cuando la posibilidad de acceder a este piso es real, los propietarios que tienen uno libre tampoco pueden subir mucho el precio. La disponibilidad de vivienda pública de alquiler a precio asequible arrastra a la baja el precio de la vivienda libre y también es una manera de echar o de asustar a los inversores inmobiliarios y los fondos buitre que lo que quieren es sacar un provecho económico desorbitado. Si tú ya sabes que no podrás subir demasiado la renta del alquiler, ya no te resulta rentable realizar esta inversión.
Hay otra medida que desarrolló Comisiones Obreras a nivel confederal, y la hemos adoptado y adaptado algo al caso catalán, que es la creación de un fondo de inversión de vivienda asequible. Se trataría de crear una entidad que recogiera inversiones tanto públicas como privadas, no especulativas, incluyendo pequeños ahorradores, que pudieran poner aquí sus ahorros y que se dedicara a la construcción de un parque de vivienda pública y asequible.
¿Existen experiencias de otros países que nos puedan servir de modelo?
Existe el caso de Singapur, donde desde hace muchos años están invirtiendo muchísimo en vivienda protegida y, aunque la vida allí es muy cara, todos los ciudadanos de Singapur tienen capacidad de acceso a un piso, que además es de muy buena calidad. Existe el caso de Viena, que lleva más de cien años invirtiendo en un parque público de vivienda de alquiler. Dicen que es la ciudad europea de la vivienda pública. Lo que tienen en común aquellos que han logrado buenos resultados en el tema de la vivienda, sean países, territorios más pequeños o ciudades, es que tienen políticas consistentes, claras, concretas, a lo largo de los años, que acaban dando resultados.
Lo que no puede ser es lo que ha pasado aquí, que sólo nos hemos preocupado del problema de la vivienda cuando la gente se nos ha quedado en la calle. En ningún momento nos hemos preguntado cómo proteger el derecho a la vivienda hasta que no hemos tenido realmente una crisis grave. Sólo articulamos soluciones desde la emergencia y así resulta muy difícil acabar con problemas que tienen raíces muy profundas y vinculadas a intereses económicos muy potentes. Hay otro ejemplo, que es el de Ámsterdam. Ámsterdam ha limitado la compra especulativa de vivienda. Si compras una vivienda tienes que demostrar que vivirás personalmente allí durante los siguientes cuatro años. Por tanto, se puede hacer. Es una de las cosas que nosotros proponemos que se haga aquí. Me consta que existen informes de juristas muy solventes que avalan este tipo de medidas y consideran que estaría dentro del marco constitucional. Y es una de las propuestas que planteamos.
Cualquier propuesta de solución lleva tiempo. Los jóvenes quieren pisos ahora. ¿Qué hacemos con estos jóvenes? ¿Les pedimos paciencia?
No creo que haya que pedir paciencia. A estos jóvenes les diría que se organicen, que luchen y defiendan sus derechos y que piensen que estamos en un país con un envejecimiento muy acelerado. Los jóvenes son cada vez una menor porción de la población. Y esto, desgraciadamente, hace que sus necesidades quizás no sean las que más se tienen en cuenta. La forma de contrarrestar esto es organizarse. Algunos ya lo hacen, pero cuantos más lo hagan, mejor.
Dicen que muchos jóvenes se van hacia la extrema derecha por el tema de la vivienda. ¿Es así o es una simplificación exagerada?
El viraje de los jóvenes, de algunos jóvenes, no de todos, hacia la extrema derecha es un fenómeno muy complejo. No puede explicarse a partir de una única causa. Es un fenómeno internacional. No está ocurriendo sólo aquí. Por tanto, decir que es por culpa de la vivienda no sería del todo acertado. Pero sí que no poder acceder a la vivienda, como algo que empeora no sólo las condiciones de vida actuales sino también la posibilidad de proyectarte hacia el futuro, es un problema de peso, a nivel personal y también como sociedad. A estos jóvenes que quizás estarían en riesgo de caer en ese viraje hacia la extrema derecha, les diría que desconfíen automáticamente de cualquiera que les venda soluciones fáciles para problemas que, en realidad, son muy difíciles de solucionar. Y les diría también que, además de pensar en qué piso quieren vivir, piensen también en qué sociedad quieren vivir y en qué país quieren vivir y retomando el tema que hablábamos antes, que se organicen y luchen por sus derechos.

En Viena y Ámsterdam también hay jóvenes que votan a la extrema derecha, aunque la cuestión de la vivienda está mejor resuelta allí.
Por eso no es algo que se pueda vincular perfecta y exactamente con el tema de la vivienda, que sí es verdad que todo suma. En nuestro caso, el problema de acceso a la vivienda –que no es algo sólo de los jóvenes, que es mucho más amplio– es verdad que no ayuda en absoluto, porque es un factor de incertidumbre sobre su vida que genera mucho sufrimiento y es muy difícil de asimilar.
Para sacar adelante las propuestas que proponen hacen falta más recursos y, por tanto, una reforma fiscal.
Estamos muy acostumbrados a pensar que la política de vivienda es construir vivienda, pero esa política también se realiza desde otras muchas esferas. Y aquí podemos hablar de urbanismo, hablar de economía, hablar de fiscalidad. Con la política fiscal también se realiza política de vivienda. Se deben eliminar, como decíamos, las ventajas fiscales de las socimis, debe reformularse la ley del IRPF para condicionar en mayor medida la desgravación de las ganancias generadas a que se establezcan alquileres asequibles, los pisos turísticos deben pagar IVA y se deben gravar las viviendas que permanecen vacías sin justificación.
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