Manuel Noya. Plataforma por una Banca Pública

Campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de una Banca Postal.

La voracidad en el proceso de desmantelamiento de lo público tiene una contestación muy general en los ámbitos de la sanidad o la enseñanza. Es posible que una de las razones sea que aún queda allí un sector que referencia bien un derecho que la ciudadanía se niega a perder.

Los servicios financieros también son hoy esenciales para el público. Hablamos de un servicio público. Ya no se puede ni recibir nóminas, pensiones, o pagar recibos de grandes compañías sin que nos obliguen a una cuenta corriente, sin la intermediación de la banca. Sin embargo, llevamos decenios de desmantelamiento de cualquier organismo financiero público con la mayor impunidad. No importa si eran rentables, no sólo socialmente, sino económicamente; también los gobiernos del PSOE entregaron las carteras económicas a colaboradores de ese desmantelamiento. 

Por otro lado, el enorme poder mediático (incluso político) de la banca ha naturalizado que sus ingentes beneficios son imprescindibles, porque si les va mal (normalmente por su irresponsable asunción de riesgos) tendremos que salvarles y asumir sus pérdidas. ¡Y la sociedad, anestesiada!

La tendencia esencial del capitalismo a la concentración demostró sus inconvenientes y lleva a los poderes a la necesaria regulación contra los monopolios, o los oligopolios, los cuales coordinan sus políticas para imponer condiciones de abuso. Pues eso tenemos en los servicios bancarios de España. 

Con cada crisis se reduce la competencia. El último gran mordisco se lo dieron a casi la mitad de los depósitos del país: Las Cajas de Ahorro, que, aún no siendo públicas sino de propiedad social, habían cumplido un gran papel y con menos crisis que los bancos hasta que, empujadas por la marea neoliberal, empezaron a “bancarizarse”. En la crisis de la burbuja financiera, además de muchos bancos (de los que no se habla) se reflotaron Cajas con ingentes cantidades de dinero, para luego ser “regaladas” a la banca privada (beneficiada por tanto en última instancia de su crisis). ¡Y la sociedad, anestesiada!

Buen trabajo de publicidad para convencernos de las malicias de lo público en lo que al servicio financiero se refiere. Y mientras, la exclusión financiera de personas y de territorios avanza galopante al tiempo que la banca reduce personal y atención a los usuarios, a la vez que abusa de posición dominante para imponernos pago de comisiones, créditos más caros y retribuciones más bajas por nuestros depósitos. ¡Y la sociedad, anestesiada!

A diferencia de los países europeos, España es una anomalía en la que sólo queda pública una reducida participación accionarial en la Caixa y un escuálido ICO que no cumple las funciones de desarrollo e inversión pública que todo el mundo demanda.

Digo todo lo anterior porque aún tenemos tiempo de salvar algún mueble y recuperar una actividad de banca de proximidad que tan buen recuerdo dejó en la ciudadanía: la Caja Postal. Hacerlo dentro del servicio público de Correos permitirá aprovechar la extensa red de oficinas y la capilaridad de sus miles de carteros. Aunque lo fundamental será los beneficios sociales de la existencia de un polo de referencia público en el servicio bancario, también puede esa iniciativa dar mayor viabilidad a una empresa pública que está amenazada por una despiadada competencia internacional de plataformas de distribución mientras va desapareciendo la cartería física. 

En estos días hay una campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de esa Banca Postal. Ojalá tenga amplitud como para presionar a los poderes públicos. Está en el siguiente enlace: https://c.org/DDSKpYFprL y te invitamos a firmarla.

La entrada SALVEMOS LOS MUEBLES se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Esta entrevista ha sido publicada originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerla en catalán aquí.

La Fundación Cipriano García y CCOO de Catalunya han presentado el informe El acceso a la vivienda en Cataluña. Un problema de clase. Desde diversas miradas y enfoques del problema de la vivienda, las autoras –Irene Galí y Mariña Couceiro– defienden que «más allá de las características y dinámicas propias de cada territorio, así como del crecimiento o estallido de una burbuja inmobiliaria u otra, el problema del acceso a la vivienda es, esencialmente, un problema de clase social». Analizamos el informe en conversación con Irene Galí.

¿Cómo razonan que el acceso a la vivienda sea un problema de clase?

El acceso a la vivienda ha sido siempre un problema de clase. No es que antes la clase trabajadora pudiera acceder de forma fácil y rápida a la vivienda, siempre ha costado esfuerzo, pero ahora los salarios de la clase trabajadora han dejado de proporcionar a la gente trabajadora la capacidad de acceso a la vivienda. O sea, con un salario normal ya no puedes acceder a la vivienda. Y en este contexto es cuando las herencias y la situación socioeconómica de la familia de origen adquieren un protagonismo que hasta ahora no era tan grande. Tener trabajo o incluso uno bien remunerado ya no es garantía de que puedas acceder a la vivienda. Tu proyecto de vida se ve muy condicionado por la capacidad de tu familia de pasarte en herencia una vivienda o capital suficiente para comprarla.

Explican que entre 2014 y 2024 los precios de los pisos y del alquiler se han disparado. Un 40% el precio de los pisos y un 56,5% el alquiler. ¿Cómo es que han crecido tanto?

El precio de la vivienda y el precio de alquiler son dos dinámicas que se retroalimentan. A partir del año 2008, momento en que se derrumba dramáticamente el sector de la construcción, se frena, se para de construir en seco. La disminución en el volumen de construcción casi de un año para otro es de más del 95%. Paralelamente a la disminución de la oferta de nueva vivienda, las entidades bancarias han estado durante muchos años, todos los de la recesión económica y también después ya con la recuperación, con unas barreras al acceso al crédito hipotecario que han hecho que muchas familias trabajadoras que antes sí hubieran podido optar a conseguir financiación para una vivienda en propiedad, ahora no han podido hacerlo. Por tanto, han pasado al mercado de alquiler, en un momento, además, de gran crecimiento poblacional. Esto ha hecho crecer muchísimo la demanda en el mercado de alquiler y ha presionado los precios al alza.

No podemos obviar tampoco el papel que han tenido los inversores inmobiliarios y los fondos buitre que aprovecharon esta recesión económica y una legislación fiscal hecha a medida para aterrizar en nuestro país y aprovechar este momento de gran crisis económica para hacerse con un volumen de vivienda muy grande con el que después han estado especulando y calentando el precio de la vivienda. Lo que nos dicen los datos es que actualmente el precio de la vivienda de compraventa no lo están calentando los hogares. No son las familias las que están calentando este mercado, sino que son inversores inmobiliarios que adquieren estas viviendas en muchas ocasiones al contado.

En 2005, el porcentaje de hogares en propiedad era del 81%. El año pasado había caído al 67%. Comprar un piso para la gente sencilla es muy difícil.

Queda lejos de las opciones o posibilidades de la clase trabajadora, pero no queda lejos de sus aspiraciones. Es decir, lo que nos dicen las encuestas es que a día de hoy todavía un 82% de la gente que vive en hogares de alquiler desearía adquirir una vivienda en propiedad. Por tanto, menos de un 20% de la gente que vive de alquiler cree que es la opción que más se adapta a su proyecto de vida o la que más le conviene. Es gente que quisiera salir de aquí.

Se está produciendo un cambio de paradigma que, en cierto modo, nos está acercando a los porcentajes de población que viven de alquiler en muchos países de Europa, pero no es un cambio de paradigma que se esté produciendo por voluntad propia de los hogares, sino que se está produciendo un poco a regañadientes. Son hogares que no pueden acceder al mercado de compraventa y esto también hace que los precios de la vivienda de alquiler sigan aumentando.

Señalan que la solución no es construir más viviendas.

Aquí quisiera hacer un matiz. Nosotros no decimos que no deban construirse viviendas. No negamos que sea necesario pero sí es cierto que hay un parque de vivienda muy grande en Catalunya. En el informe decimos que alcanzamos 0,5 viviendas por persona. Viviendas las habría. Lo que ocurre es que están distribuidas en todo el territorio de manera desigual y que además una parte se dedican a usos no residenciales como el alquiler turístico. Por tanto, sí que seguramente tiene que construirse pero con lo que no estamos de acuerdo es con que se plantee como una dicotomía entre construir y regular el mercado.

Nosotros decimos que deben hacerse ambas cosas, y más en un momento con una crisis tan grande como la que tenemos encima. No estamos en condiciones de rechazar ninguna medida que vaya a afrontar este problema y a intentar solucionarlo de la mejor manera posible. Construir sí, pero no de cualquier modo, de forma ordenada, de forma regulada, y sobre todo complementar esta construcción con otros tipos de medidas que ayuden a que esta situación no se vuelva a repetir.

Ha hablado de especulación. ¿Quién y cómo especula con la vivienda y cómo evitar esta especulación?

Toda la especulación que se ha producido, y se ha producido mucha durante los años de la recesión económica y también ya en el período de recuperación económica a partir de 2014-2015, ha sido en gran parte porque debido al gran hundimiento del sector económico de la construcción que arrastró a la economía entera, se creó una legislación a la medida de los fondos buitre, de los grandes inversores inmobiliarios. ¿Qué decía esta legislación? Que podían realizar operaciones inmobiliarias casi con impuestos cero, a través de las llamadas socimis. Esto se hizo para atraer capital, tanto nacional como extranjero, para revitalizar un sector que se consideraba que era la piedra angular de la economía en España.

Estos inversores se hicieron con una gran cantidad de viviendas que estaban a veces desocupadas, a veces ocupadas, o eran promociones que no se habían llegado a vender con el estallido de la crisis. Pensemos que Blackstone llegó a ser, junto a La Caixa, quien tenía más pisos en alquiler en España. Hablamos mucho de fondos e inversores inmobiliarios y fondos buitre, pero la especulación no se reduce a unas altas esferas despersonalizadas, que no sabemos exactamente quiénes son y que son como ‘el mal’. Eso existe, pero también es verdad que tenemos una sociedad donde, a base de ponernos la zanahoria delante, hay mucha gente normal que también tiene la aspiración de poder especular aunque sea un poquito y llevarse una pequeña porción de la tarta, por ejemplo comprando un piso o dos y poniéndolos en alquiler o revendiéndolos un tiempo después. Todos, de algún modo u otro, participamos un poco de esta rueda, de esas dinámicas del mercado que hacen que, finalmente, el precio se desboque.

Hablaba de pisos desempleados. Hay 420.000 en Catalunya, según su informe. ¿Se pueden incorporar estos pisos al alquiler social?

Esta cifra ha despertado algo de polémica. Hay personas en la Administración o que toca temas de vivienda que niega absolutamente que exista ese número de pisos vacíos en Catalunya. Lo que ocurre es que no tenemos una definición perfectamente clara y compartida por todos los actores involucrados de lo que es un piso vacío. ¿Qué es? ¿Un piso vacío es un piso que está abandonado, que está en mal estado, puede ser también una segunda o tercera residencia a la que nunca va nadie y, por tanto, de facto, está vacío? No tenemos una definición compartida y tampoco tenemos un registro que pueda medir de forma fidedigna este fenómeno. Sólo existen registros parciales, como el de pisos vacíos u ocupados pero donde sólo es obligatorio inscribir los pisos que provienen de ejecuciones hipotecarias, o el registro de pisos vacíos de grandes tenedores.

Aquí se están escapando muchos pisos y lo que hemos hecho nosotros es utilizar la fuente que nos permitía realizar una aproximación con desagregación territorial, que es la estadística que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística a partir de los censo de viviendas y datos de consumo eléctrico. Un piso en el que no hay consumo eléctrico durante un año o este consumo eléctrico ha sido muy bajo se considera piso vacío. ¿Entre estos pisos puede haber una segunda residencia y precisamente ese año no ha ido nadie? Puede. Todo son aproximaciones. En el caso de los pisos vacíos, lo primero que debemos conseguir es tener un registro de verdad en el que figuren todos los que hay en Catalunya. Necesitamos tener un recuento de verdad oficial y a partir de ahí empezar a trabajar para aflorar cuanta más parte posible de estos pisos al mercado de alquiler.

Si afloraran muchas, ¿compensaría la falta de viviendas accesibles actual, o sería una proporción pequeña de las que se necesitan?

No sería una pequeña proporción. Pensamos que en la situación en la que estamos, cualquier suma, cualquier pequeña porción de viviendas que pueda sumar el parque de vivienda será más que bienvenida. Hablando de proporciones, el presidente Illa anunció 50.000 viviendas protegidas. En Catalunya, tenemos más de 100.000 viviendas turísticas, y eso sólo contabiliza las legales. Y éstas ya están construidas, que es la gran diferencia. Si pensamos que con 50.000 pisos podemos marcar la diferencia o ayudar un poco a solucionar el problema, pues con 100.000 aún más.

¿Qué piensa de las políticas públicas que se han emprendido en este ámbito?

A la luz de las cifras y los datos que tenemos ahora mismo en la mano, sólo podemos juzgarlos como claramente insuficientes, porque hace muchos años que el precio de la vivienda empezó a despegar por encima de unos límites que no eran razonables en relación con los salarios de los trabajadores. Entendemos que ‘las cosas de palacio van despacio’, que la administración es un monstruo que se mueve a veces de forma muy lenta, pero pedimos un poco más de celeridad. También es verdad que se han tomado algunas medidas que sí han sido más valientes, y aquí querría hablar de la Ley de Vivienda Estatal de 2023, la Ley por el derecho a la vivienda. Hizo algo muy atrevido, que fue introducir la posibilidad del control de precios del alquiler en las zonas que se declaraban como tensionadas, pero siempre hay un punto que hace que las cosas sean algo descafeinadas. Por ejemplo, que dejó a decisión de las comunidades autónomas si esa posibilidad podía aplicarse o no.

Creas una ley que es en cierta medida ambiciosa e innovadora en cuanto a propuestas para solucionar el problema de la vivienda, pero después dejas en manos de las comunidades autónomas que esta ley se pueda aplicar o no. Otro ejemplo de agujero de esta ley son los alquileres de temporada. Se realizó una regulación de los precios de la vivienda de alquiler y se dejó fuera, accidentalmente o no, las viviendas de alquiler de temporada. ¿Qué está pasando? Que se está produciendo una fuga masiva, y lo estamos viendo en Catalunya y sobre todo en la ciudad de Barcelona, ??y contratos que antes eran alquiler habitual pasan a alquiler de temporada, precisamente para eludir ese control de precios.

¿Las autonomías no aplican la Ley por el derecho a la vivienda en las zonas tensionadas?

No todas. Por lo general, las autonomías que están gobernadas por el PP se niegan a aplicar a sus municipios estas zonas tensionadas. Por tanto, sus ciudadanos no tienen acceso a una ley que en principio es de ámbito estatal.

En el decimotercer congreso de Comisiones Obreras se acordaron soluciones políticas basadas en la intervención pública del mercado inmobiliario. ¿Qué medidas deberían aplicarse?

Construir debe construirse, sí, seguramente, pero tiene que ir acompañado de una batería de medidas que complementen y que nos ayuden a que la situación actual no se vuelva a repetir. Es necesario realizar una reforma fiscal. Hay muchos temas que deberían tocarse; por ejemplo, los privilegios de las socimis, que en estos momentos están tributando el 0% por sus inversiones inmobiliarias. Esto es una ley que se hizo para atraer al capital extranjero, pero que a día de hoy no tiene sentido; ya no lo tenía entonces, pero ahora tiene menos, porque lo que hace es calentar más los precios.

En cuanto a los pisos vacíos deben idearse incentivos para que las personas que los tengan puedan sacarlos al mercado de alquiler. ¿Cómo se hace esto? Programas de rehabilitación, si es que este piso necesita rehabilitación, sistemas para acompañar a las personas legalmente, asesorías a las que se decidan a sacar pisos al mercado de alquiler… ¿Que se detecta que hay pisos vacíos que no hay razón para que lo estén?, pues aquí sí entraría un sistema de penalizaciones fiscales a las personas físicas o jurídicas que los mantienen vacíos. Los pisos turísticos, por su parte, deberían estar absolutamente limitados en las zonas tensionadas.

El Ayuntamiento de Barcelona ha fijado el año 2028 para eliminar completamente los pisos turísticos de la ciudad y, además, ésta es una medida que ha sido apoyada por el Tribunal Constitucional. Y los pisos turísticos que existen deben pagar el IVA. Esto es una actividad económica. Por mucho que no tengas trabajadores contratados, es una actividad económica. Ahora mismo no están pagando  IVA. También debe reformarse la ley del IRPF. Cuando sacas un piso en alquiler, tienes una reducción sobre el valor bruto económico que obtienes.

¿Qué ocurre? Que la base de esa reducción es un 50%. Como mínimo, te estás deduciendo un 50% de todo lo que ganas con los alquileres. Si obtienes 10.000 euros brutos, sólo tendrás que tributar por 5.000 euros. Si estás alquilando a una familia monoparental, si estás alquilando a una persona joven, todavía puedes desgravarte más. Lo que decimos es que esto tiene que ser mucho más progresivo. Una persona que tiene una vivienda en el mercado de alquiler a un precio exorbitante no tiene por qué tener ninguna reducción de esta ganancia al hacer la declaración de la renta.

¿Los desahucios qué importancia tienen en esta problemática? Hablamos mucho de ellos en los medios, pero ¿tiene mucho peso en el conjunto de las necesidades globales de vivienda social?

Lo que ocurre con los desahucios es que estamos funcionando con dos moratorias, tanto en el caso de alquiler como en el caso de compraventa, de dos leyes que se hicieron para evitar los desahucios. En el caso de vivienda en propiedad, creo que fue en 2013, y en el caso de la vivienda del alquiler fue en 2020, a raíz de la pandemia de la Covid. Son dos leyes para evitar los desahucios en los casos de extrema vulnerabilidad.

¿Qué está pasando? Primero, la prohibición de desahuciar a una familia, a un hogar que no puede hacer frente al pago del alquiler, no debe limitarse sólo a los pobres de solemnidad, a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad grave. Segundo, no podemos funcionar con moratorias de leyes creadas para dar respuesta a una situación de excepcionalidad. La realidad es tozuda y lo que nos muestra el paso del tiempo es que estas situaciones siguen produciéndose más allá del momento de máxima emergencia que se identificó cuando se hizo la ley. Lo que hace falta son leyes estables con unos criterios definidos que no permitan que se desalojen los hogares que no pueden hacer frente al pago del alquiler o de la vivienda sin proporcionar una alternativa real para que puedan vivir el tiempo que sea necesario.

En los años de la crisis económica nos acostumbramos, desgraciadamente, a ver cada día en los medios de comunicación y en televisión imágenes de hogares desahuciados, familias que perdían su hogar y, además, conservaban la deuda porque no existía la dación en pago y quedaban endeudadas de por vida. No es que ahora no se esté produciendo esto; lo que ocurre es que los desahucios de hogares que viven de alquiler son ahora mucho más invisibles, porque muchas veces no llega a producirse ninguna escenificación. Muchas veces es gente que quizá lleva muchos años viviendo en un piso y que no puede hacer frente a las subidas del alquiler y debe acabar marchando. O que no le renuevan el contrato. ¿Le ha desahuciado alguien? No. Pero son desahucios invisibles. Si yo te subo el alquiler hasta un punto que no puedes pagarlo, te estoy echando de la casa.

Piden que se garantice que el precio de la vivienda sea accesible a los trabajadores y trabajadoras con sus salarios. Hoy por hoy suena casi a utópico.

Quizá sea utópico, pero en todo caso es una utopía necesaria o irrenunciable. Si los trabajadores y trabajadoras no pueden acceder a la vivienda con sus salarios, con el fruto de sus trabajos, la sociedad se rompe. No hay salida. Pedimos que el sistema que se ha creado para establecer este tope de los precios en las zonas tensionadas, que es una horquilla de precios que se basa en función de los precios de mercado de la zona de los años anteriores, debe tener en cuenta, sí o sí, los salarios de la gente trabajadora, sea cual sea el sistema para fijar esta horquilla de precios. Porque si no, lo que está pasando es que hemos fijado los precios en base al precio de mercado en un momento en que estaba completamente por las nubes. La vivienda sigue sin ser accesible para la gente que cuenta única y exclusivamente con su salario para mantenerse.

¿Cómo se logra esta utopía posible? ¿Cómo alcanzarla?

Las soluciones a corto plazo son la regulación, el control de los precios del alquiler, debe modificarse este sistema de establecimiento de precios y debe incluirse, de alguna manera, el salario medio de la población en aquel lugar. Además, para definir las zonas tensionadas es injusto atender sólo a la media de ingresos de los hogares. Los hogares que se ven muy perjudicados son o los unipersonales o los hogares con hijos pero que son monoparentales y se ven en desigualdad de condiciones respecto a lo que es el promedio, que es el hogar de doble ingreso. Se está calculando un precio de mercado en base al que pueden pagar los hogares de doble ingreso, no aquellos en los que sólo entra un salario.

Por otra parte, para conseguir esta utopía necesitamos aumentar el parque de vivienda pública. Tenemos muchas experiencias en las que fijarnos. Cuando el parque de vivienda pública aumenta, no sólo beneficia a las personas que pueden optar o que optan finalmente a ocupar uno de estos pisos, sino que se refleja en una bajada del precio de la vivienda libre. ¿Por qué? Porque cuando la posibilidad de acceder a este piso es real, los propietarios que tienen uno libre tampoco pueden subir mucho el precio. La disponibilidad de vivienda pública de alquiler a precio asequible arrastra a la baja el precio de la vivienda libre y también es una manera de echar o de asustar a los inversores inmobiliarios y los fondos buitre que lo que quieren es sacar un provecho económico desorbitado. Si tú ya sabes que no podrás subir demasiado la renta del alquiler, ya no te resulta rentable realizar esta inversión.

Hay otra medida que desarrolló Comisiones Obreras a nivel confederal, y la hemos adoptado y adaptado algo al caso catalán, que es la creación de un fondo de inversión de vivienda asequible. Se trataría de crear una entidad que recogiera inversiones tanto públicas como privadas, no especulativas, incluyendo pequeños ahorradores, que pudieran poner aquí sus ahorros y que se dedicara a la construcción de un parque de vivienda pública y asequible.

¿Existen experiencias de otros países que nos puedan servir de modelo?

Existe el caso de Singapur, donde desde hace muchos años están invirtiendo muchísimo en vivienda protegida y, aunque la vida allí es muy cara, todos los ciudadanos de Singapur tienen capacidad de acceso a un piso, que además es de muy buena calidad. Existe el caso de Viena, que lleva más de cien años invirtiendo en un parque público de vivienda de alquiler. Dicen que es la ciudad europea de la vivienda pública. Lo que tienen en común aquellos que han logrado buenos resultados en el tema de la vivienda, sean países, territorios más pequeños o ciudades, es que tienen políticas consistentes, claras, concretas, a lo largo de los años, que acaban dando resultados.

Lo que no puede ser es lo que ha pasado aquí, que sólo nos hemos preocupado del problema de la vivienda cuando la gente se nos ha quedado en la calle. En ningún momento nos hemos preguntado cómo proteger el derecho a la vivienda hasta que no hemos tenido realmente una crisis grave. Sólo articulamos soluciones desde la emergencia y así resulta muy difícil acabar con problemas que tienen raíces muy profundas y vinculadas a intereses económicos muy potentes. Hay otro ejemplo, que es el de Ámsterdam. Ámsterdam ha limitado la compra especulativa de vivienda. Si compras una vivienda tienes que demostrar que vivirás personalmente allí durante los siguientes cuatro años. Por tanto, se puede hacer. Es una de las cosas que nosotros proponemos que se haga aquí. Me consta que existen informes de juristas muy solventes que avalan este tipo de medidas y consideran que estaría dentro del marco constitucional. Y es una de las propuestas que planteamos.

Cualquier propuesta de solución lleva tiempo. Los jóvenes quieren pisos ahora. ¿Qué hacemos con estos jóvenes? ¿Les pedimos paciencia?

No creo que haya que pedir paciencia. A estos jóvenes les diría que se organicen, que luchen y defiendan sus derechos y que piensen que estamos en un país con un envejecimiento muy acelerado. Los jóvenes son cada vez una menor porción de la población. Y esto, desgraciadamente, hace que sus necesidades quizás no sean las que más se tienen en cuenta. La forma de contrarrestar esto es organizarse. Algunos ya lo hacen, pero cuantos más lo hagan, mejor.

Dicen que muchos jóvenes se van hacia la extrema derecha por el tema de la vivienda. ¿Es así o es una simplificación exagerada?

El viraje de los jóvenes, de algunos jóvenes, no de todos, hacia la extrema derecha es un fenómeno muy complejo. No puede explicarse a partir de una única causa. Es un fenómeno internacional. No está ocurriendo sólo aquí. Por tanto, decir que es por culpa de la vivienda no sería del todo acertado. Pero sí que no poder acceder a la vivienda, como algo que empeora no sólo las condiciones de vida actuales sino también la posibilidad de proyectarte hacia el futuro, es un problema de peso, a nivel personal y también como sociedad. A estos jóvenes que quizás estarían en riesgo de caer en ese viraje hacia la extrema derecha, les diría que desconfíen automáticamente de cualquiera que les venda soluciones fáciles para problemas que, en realidad, son muy difíciles de solucionar. Y les diría también que, además de pensar en qué piso quieren vivir, piensen también en qué sociedad quieren vivir y en qué país quieren vivir y retomando el tema que hablábamos antes, que se organicen y luchen por sus derechos.

En Viena y Ámsterdam también hay jóvenes que votan a la extrema derecha, aunque la cuestión de la vivienda está mejor resuelta allí.

Por eso no es algo que se pueda vincular perfecta y exactamente con el tema de la vivienda, que sí es verdad que todo suma. En nuestro caso, el problema de acceso a la vivienda –que no es algo sólo de los jóvenes, que es mucho más amplio– es verdad que no ayuda en absoluto, porque es un factor de incertidumbre sobre su vida que genera mucho sufrimiento y es muy difícil de asimilar.

Para sacar adelante las propuestas que proponen hacen falta más recursos y, por tanto, una reforma fiscal.

Estamos muy acostumbrados a pensar que la política de vivienda es construir vivienda, pero esa política también se realiza desde otras muchas esferas. Y aquí podemos hablar de urbanismo, hablar de economía, hablar de fiscalidad. Con la política fiscal también se realiza política de vivienda. Se deben eliminar, como decíamos, las ventajas fiscales de las socimis, debe reformularse la ley del IRPF para condicionar en mayor medida la desgravación de las ganancias generadas a que se establezcan alquileres asequibles, los pisos turísticos deben pagar IVA y se deben gravar las viviendas que permanecen vacías sin justificación.

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El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha pondrá la bandera de las empresas regionales en mercados de los cinco continentes, consolidados y emergentes, a través de un Plan de Acciones que contempla 94 actuaciones a lo largo de 2026, más de una decena más que este año.  Así lo ha anunciado la consejera de …

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Por Juan Gimeno. Publicado originalmente para El Salto.

La globalización financiera ha implicado en el campo tributario la impunidad fiscal de los más poderosos. Empresas y personas con alta capacidad de pago eluden pagar impuestos. Las clases medias y trabajadoras, en paralelo, sostienen los sistemas tributarios y ven decrecer su capacidad económica.

Rodrik señalaba que los Estados no pueden optar al mismo tiempo por ​ globalización, soberanía nacional y democracia. Es cada vez más notoria la presión de los superricos contra normas o acuerdos contrarias a sus intereses y su apoyo a partidos de extrema derecha y antidemocráticos.

Quienes tienen iniciativa, quienes crean empleo, merecen reconocimiento y recompensa. No tanto quienes se enriquecen utilizando medios ilegales e inmorales, o por la especulación o una herencia no ganada. Lo que se trata es de que los rentistas contribuyan a los gastos comunes no menos que cualquier trabajador con los mismos ingresos, y progresivamente más cuando su nivel de ingresos crece desmesuradamente.

Pensemos un decálogo de medidas para avanzar hacia ese objetivo de justicia fiscal.

1.  Gravar los grandes patrimonios

El objetivo es que los superricos paguen sus impuestos como el resto de contribuyentes, sin que puedan refugiarse en territorios con impuestos bajos o nulos. Una decisión mundial vinculante, de acuerdo con las iniciativas ya existentes (G-20, Sevilla, Zucman, Tax the super rich…) reforzaría los esfuerzos nacionales, debilitados por la movilidad financiera.

2.  Combatir las Guaridas fiscales

Las Guaridas fiscales provocan no solo pérdidas fiscales y de consiguiente bienestar social, sino que favorecen la corrupción, las mafias de todo tipo y el terrorismo, que encuentran en esos refugios la base financiera que los posibilita.

Es necesario exigir criterios más estrictos para que se incluyan automáticamente en la lista negra a todos los países con tipos impositivos muy bajos o inexistentes; que se aplique el criterio sobre transparencia de la propiedad efectiva de las empresas; que se incluya la evasión fiscal de los particulares ricos; y que se impida que las administraciones públicas realicen contrataciones u otorguen beneficios fiscales a quienes operen en guaridas fiscales.

3.  Hacer tributar adecuadamente a las finanzas

La propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras tiene más de un cuarto de siglo. España, Italia, Francia, Grecia, Bélgica ya los han puesto en vigor, aunque de forma limitada.

No tiene sentido que cualquier transacción de bienes o servicios, incluso de primera necesidad, soporte impuestos superiores a lo que se pagan en las operaciones financieras. Por ello, el ámbito del impuesto debería ser más amplio. Dada que la mayor parte de esas operaciones se realizan por los más ricos, es otra vía de ir consiguiendo que contribuyan adecuadamente.

En el impuesto sobre la renta, las de trabajo soportan tipos superiores a los que se aplican a las rentas de capital. Debería seguir el avance en el acercamiento de las dos tarifas del impuesto

4. Tributación de las grandes empresas y los beneficios desorbitados

La importancia de participaciones en empresas y en la percepción de dividendos aumenta notoriamente con la renta. La elusión/evasión fiscal de los superricos guarda una relación directa con la inadecuada tributación de las grandes sociedades.

Las grandes empresas multinacionales imputan ingresos y costes a los territorios donde la fiscalidad es especialmente favorable, cuando no inexistente. Los países de la OCDE y del G20 iniciaron en 2013 un Plan de Acción (BEPS) que busca garantizar la recaudación en cada país alineando la potestad tributaria con la actividad económica y la creación de valor.

Un ejemplo en esa línea es la que se conoció como Tasa Google. En España se ha materializado en el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que grava las prestaciones de determinados servicios digitales con usuarios situados en territorio español.

Hay que aplaudir el acuerdo para gravar los beneficios de cualquier sociedad con un tipo mínimo del 15%. Entró en vigor en la UE desde 2024. Es criticable que el tipo impositivo sea bajo, pero es un avance importante porque los grandes grupos pagan de media un 7,24% y los tecnológicos ni siquiera… Como señala Harari, un sistema tributario que solo sabe gravar dinero pronto quedará obsoleto, pues hay innumerables transacciones que ya no implican transacciones de dinero. La lista de las personas más ricas del mundo la encabezan magnates procedentes de ese tipo de empresas. No pagan impuestos al tiempo que se enriquecen con grandes ayudas y contratas estatales.

Es necesario endurecer la legislación sobre sociedades pantalla, sin actividad económica real, y perseguir la utilización de sociedades para esconder ingresos, gastos y patrimonios particulares.

Hay que resaltar el movimiento en favor del gravamen sobre los beneficios extraordinarios “caídos del cielo”, no por éxitos de gestión sino por circunstancias externas. Lo que posibilita esos beneficios extraordinarios es el poder monopolístico de las empresas. Por ello, este tipo de impuestos deberían aplicarse con carácter permanente. Beneficios muy por encima de la media general y sectores oligopolísticos suponen dos pistas importantes de por dónde se puede avanzar.

5.  Gravar las grandes herencias

El 68,8% de la desigualdad en España tiene su causa en la herencia. Dejar libre de gravamen a las grandes herencias es contrario a principios como la igualdad de oportunidades y la meritocracia.

En el caso español, de mantenerse su tributación en el ámbito autonómico, es imprescindible fijar una solución como la aplicada para los grandes patrimonios, de modo que se evite la fuga de ingresos de los más adinerados y la suicida competencia a la baja entre distintas comunidades.

Podría aprovecharse para revisar y actualizar ambos impuestos e impedir las vías de evasión a través de sociedades.

6.  Gravar el lujo

El consumo suntuario es una vía cómoda de hacer pagar más a los super ricos. Puede arbitrarse a través de distintas formas, incluso de forma complementaria: un impuesto sobre el lujo, tipos más elevados del IVA para determinados productos, progresividad más acusada en otros tributos como el IBI sobre viviendas de lujo, etc.

Otra vía interesante sería un impuesto medioambiental especial sobre el consumo de bienes y servicios con elevada intensidad de emisiones de CO2 como jets privados, yates de gran tamaño, turismo de lujo… Es preciso que el impuesto recaiga sobre el consumo y no sobre la propiedad. Es habitual que estos bienes figuren como propiedad o gasto de empresas, aunque el disfrute sea de particulares.

7.  Reducir los beneficios fiscales

Hablamos del conjunto de medidas en casi todas las figuras tributarias que reducen la cuantía final que debe pagar el contribuyente.  En su gran mayoría, suponen una merma importante de ingresos, son regresivos, responden a presiones de lobbies concretos, y tienen dudosa o escasa utilidad social. Además, favorecen la elusión fiscal porque son las personas más ricas y las grandes empresas las que tienen acceso al eficaz asesoramiento para encontrar en esa maraña de beneficios la mejor forma para no pagar.

8.  Combatir eficazmente la evasión y el fraude fiscal

Es evidente que es en los niveles altos de renta y en las grandes empresas donde se encuentran las mayores cifras de defraudación y elusión. La lucha contra las guaridas fiscales y algunas de las advertencias recogidas en los puntos anteriores son medidas cuyo éxito conlleva aumentar la tributación efectiva de los superricos.

Fortalecer los recursos humanos de la Agencia tributaria y reforzar la eficacia, rapidez y proporcionalidad de las sanciones a los defraudadores se añadirían a los principales ajustes que necesita la lucha contra el fraude.

9.  Ingeniería fiscal

La casi totalidad de las grandes vías de elusión de pago de impuestos por los más potentados encuentran la colaboración necesaria en expertos asesores fiscales. Buena parte de ellos provienen de la propia Agencia Tributaria. Procedería reforzar las sanciones penalizadoras a quienes asesoren a defraudadores y penalizar en mayor medida las puertas giratorias.

10.  Renta básica de ciudanía

Es necesario completar el objetivo de que los superricos paguen los impuestos que deben con un apoyo especial a quienes ocupan el lado opuesto en la escala de renta y riqueza. El Ingreso Mínimo Vital fue un gran avance. Pero no llega ni a la mitad de sus potenciales destinatarios. Por ello, es necesario pasar a una prestación universal, incondicional y automática como derecho de ciudadanía a una vida digna. Es muy fácil conseguir después, a través del impuesto sobre la renta, que quienes no la necesiten la devuelvan por vía impositiva de forma progresiva.

En resumen, o se corrigen los efectos negativos de la globalización financiera sobre las haciendas nacionales y se consigue que los más ricos paguen los impuestos que deben y no pagan, o estamos poniendo en grave peligro los sistemas de bienestar europeos e, incluso, la democracia.

[1] La versión extensa de este artículo, con datos y referencias puede encontrarse en >>  “Economistas frente a la crisis”

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Hoy analizamos los problemas que se está encontrando el Gobierno para llevar a cabo políticas realmente sociales mientras se enorgullece de tener un déficit público menor incluso que el de Alemania y Francia. Una estrategia que está generando un déficit estructural de demanda motivada porque Europa no nos permite impulsarla hasta donde debería estar para que la economía española funcione con eficiencia. Añadido a esto, la obsesión con la reducción de la deuda pública a niveles arbitrarios y que realmente no están impuestos por ninguna teoría económica sino por la doctrina europea. Por último, hablamos sobre la negativa de Rusia a aceptar las modificaciones introducidas por Europa al plan de paz de Donald Trump. Con Íñigo Molina y Carlos García. Conduce Juan Carlos Barba.

Este reportaje se publicó originalmente en #LaMarea109. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

El Centro para la Ciencia en el Interés Público (organización sin ánimo de lucro con sede en Washington) lleva años defendiendo los derechos e intereses de los consumidores. En los años noventa, fue una de las principales asociaciones que empujó para la inclusión de etiquetas nutricionales en los alimentos. Más recientemente, logró obligar a las cadenas de comida rápida a indicar las calorías de los platos ofrecidos.

Cuando Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York, propuso crear supermercados municipales durante su campaña electoral, Sara John, subdirectora del centro, vio grandes posibilidades de mejora para la vida de millones de personas, aunque también es consciente del desafío. «Las tiendas públicas que rindan cuentas a los consumidores, y no a los accionistas, podrían mejorar la asequibilidad de los alimentos», afirma John. «No obstante, no será fácil ».

La iniciativa llega en un momento crítico. Los comestibles en Nueva York cuestan un 18% más que la media nacional. Huevos, carne y pescado subieron un 8,9% en el último año; y los productos lácteos, más de un 5%. A ello se suman las tensiones comerciales reavivadas por la nueva administración federal y los recortes anunciados al programa SNAP, que actualmente ayuda a más de 40 millones de estadounidenses con vales para la compra. «Y hemos visto cómo los gigantes del comercio minorista continúan cerrando tiendas y aumentando los precios de los alimentos», explica John a La Marea.

El plan de Mamdani contempla abrir cinco tiendas piloto –una en cada distrito– que funcionarían bajo un modelo público. Al no pagar alquiler ni impuestos y comprar al por mayor, el alcalde electo calcula que podrían ofrecer precios significativamente más bajos. Según su campaña, el programa costaría 60 millones de dólares, aproximadamente el 0,06% del presupuesto anual de la ciudad. La propuesta, no obstante, plantea retos. «Los supermercados ya operan con márgenes de ganancia muy reducidos –del 2% al 3%–», afirma John. «Por lo que incluso al intentar únicamente alcanzar el punto de equilibrio, sólo podrán trasladar un ahorro limitado a los consumidores», prosigue.

Además, la gestión de productos perecederos y la falta de economías de escala suponen obstáculos considerables para una operación nueva y relativamente pequeña. Por eso, la sugerencia de John es no partir de cero: «No necesitan reinventar la rueda».

La ciudad de Nueva York ya desempeña un papel relevante en el sector alimentario: compra alimentos para escuelas públicas, gestiona programas de asistencia como el mencionado SNAP y participa en el suministro a familias de militares. Desde 1991, el Gobierno federal mantiene una red de economatos que venden comestibles a precios mayoristas a personal militar, un modelo parecido a lo que Mamdani quiere extender a la población civil. Las tiendas municipales tendrían la utilidad adicional de no obtener beneficios por compras impulsivas y poco saludables. «Podrían priorizar la salud pública promoviendo alimentos sanos y asequibles, en lugar de maximizar los beneficios para los accionistas», señala John.

¿Un modelo viable?

La propuesta ha generado fuertes críticas desde sectores conservadores y liberales. Think tanks como el Instituto Cato advierten de que las tiendas municipales carecerán de las cadenas de suministro y la capacidad logística de gigantes como Walmart, lo que podría traducirse en ineficiencia y dependencia crónica de subsidios públicos.

Anne Rathbone Bradley, economista del Instituto para la Fe, el Trabajo y la Economía, sostiene que el plan está condenado al fracaso por su incapacidad de responder a las señales del mercado. «Los supermercados soviéticos fracasaron porque intentaron reemplazar principios económicos fundamentales con burócratas», escribió en The Washington Post. «Las tiendas gestionadas por el Gobierno en Nueva York enfrentarán los mismos desafíos», concluía.

Sin embargo, los defensores del proyecto argumentan que la comparación es inexacta. A diferencia de los supermercados de la Unión Soviética, que operaban en economías de planificación centralizada sin competencia, el modelo de Mamdani funcionaría en un mercado mixto, complementando –no reemplazando– la oferta privada existente. Otra crítica se ha centrado en el riesgo de competencia desleal. La Unión de Bodegas de América –gremio de las pequeñas tiendas de comestibles familiares, omnipresentes en Nueva York– expresó inicialmente esta preocupación. No obstante, en un giro significativo, terminó apoyando a Mamdani a finales de octubre. Su presidente, Radhames Rodríguez, señaló que el proyecto de tiendas municipales podría «complementar» la oferta en zonas desatendidas, donde las familias carecen de acceso a alimentos frescos y saludables.

Una idea con antecedentes

La idea de los supermercados municipales no es inédita, aunque a menudo se ha aplicado a contextos rurales o pequeños. Es el caso, por ejemplo, del pueblo de St. Paul en Kansas –que cuenta con 600 residentes–, donde en 2013 la municipalidad compró el supermercado local. Pero recientemente se han dado casos en áreas urbanas pobladas. En Atlanta, el Azalea Fresh Market –un supermercado de propiedad municipal inaugurado en agosto de 2025– atiende a una media de 600 clientes cada día y sus ventas de productos frescos superan el promedio nacional. El supermercado mantiene eficiencia y precios contenidos gracias a una alianza con una cadena privada que opera en las instalaciones.

No todas las experiencias, sin embargo, han prosperado. El Sun Fresh Market, un supermercado público de Kansas City, cerró sus puertas en agosto pese a haber recibido más de 18 millones de dólares en inversión a lo largo de 10 años. La gestión enfrentó problemas recurrentes de desabastecimiento, mientras que la inseguridad en el área disuadió progresivamente a los compradores.

Una clave del éxito de la propuesta de Mamdani dependerá del tipo de alianza entre lo público y lo privado que apoyará su plan. Alianzas que, incluso con respecto al sector alimentario, tienen una larga historia en Nueva York: durante la Gran Depresión, el alcalde Fiorello LaGuardia creó seis mercados en que la ciudad alquilaba los espacios a vendedores a precios reducidos. El Essex Market, en el Lower East Side, es un ejemplo destacado que sigue vendiendo productos a precios competitivos en una de las zonas más caras de la ciudad.

El desafío por delante

Ahora que Mamdani ha ganado con la promesa de una ciudad más asequible para todos, sobre él pesan expectativas extraordinarias y promesas por cumplir. El alcalde más joven en más de 100 años llega al cargo con una agenda ambiciosa que ha generado tanto entusiasmo entre sus votantes como resistencia feroz entre quienes apuestan por su fracaso.

La ubicación, la eficiencia logística y la capacidad de mantener los precios bajos determinarán el futuro de esta iniciativa. Si el experimento tiene éxito, Nueva York podría convertirse en referente para otras ciudades estadounidenses e internacionales, y las propuestas de Mamdani ganarían credibilidad dentro de un Partido Demócrata en búsqueda de una nueva identidad. Si fracasa, sus críticos tendrán la prueba que esperaban para atacar a los sectores más progresistas del partido.

«Los supermercados administrados por la ciudad tienen el potencial de reducir los precios de los comestibles al eliminar la avaricia corporativa de la ecuación de precios de los minoristas», concluye John.

La entrada Una de las recetas de Mamdani: comprar en el súper municipal se publicó primero en lamarea.com.

Hoy comenzamos hablando sobre la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo. En una sentencia publicada durante el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco, la derecha judicial ha decidido marcar precedente y derribar el mito de la Transición. También analizamos hoy el nuevo plan de paz de 28 puntos que ha publicado Donald Trump, un plan mucho más desfavorable para Ucrania que cualquier anteriormente presentado. Mientras tanto, la Unión Europea sigue mirando desde la barrera cómo Estados Unidos, Rusia y Ucrania negocian los términos de un plan de paz sin poder tomar parte. Por último, hablamos una vez más de vivienda. En concreto sobre qué soluciones se están ofreciendo a la población desde los medios de comunicación y por qué llevan varias décadas sin funcionar estar recetas y van a seguir sin hacerlo. Con Íñigo Molina, Toni Hernández y Carlos García. Conduce Juan Carlos Barba.

Retrato oficial de Donald Trump. 2025

Artículo original publicado en jacobinlat por Luciana Ghiotto. Attac Argentina

El segundo gobierno de Donald Trump parece haber modificado el tablero del comercio global. La administración trumpista puso el foco en el libre comercio porque lo entiende como una práctica que ha dañado la hegemonía de Estados Unidos al generar desbalances comerciales con sus socios (especialmente China). Desde esa perspectiva, los altos aranceles podrían ayudar a recuperar parte del poderío industrial y económico perdido con la globalización. «La palabra más bonita del diccionario es arancel», decía Trump en 2024, y desde su asunción en enero hemos entendido que no estaba exagerando.

En este artículo nos proponemos examinar las políticas arancelarias de Trump desde una perspectiva crítica, trascendiendo las interpretaciones predominantes que las presentan como una ruptura radical con el orden económico global previo. Nuestra investigación se estructura en torno a tres objetivos fundamentales. Primero, desarrollar un análisis riguroso sobre la naturaleza, alcance e historicidad de las transformaciones generadas por las políticas arancelarias trumpistas, situándolas en la trayectoria más amplia de las relaciones entre Estado y capital en el capitalismo contemporáneo.

Segundo, problematizar críticamente la concepción dominante del «libre comercio», interrogando si las políticas proteccionistas actuales representan una verdadera ruptura con el paradigma librecambista o si constituyen, más bien, una reconfiguración de los mecanismos de acumulación dentro de la misma lógica sistémica. Tercero, examinar las implicaciones de estas transformaciones para los movimientos sociales que han articulado sus estrategias en torno a la crítica del libre comercio durante las últimas tres décadas, evaluando los desafíos que este nuevo escenario plantea para sus marcos interpretativos y prácticas políticas.

Sostenemos que una lectura crítica del momento actual resulta fundamental para repensar las estrategias de los movimientos sociales, particularmente en lo que respecta a su relación con los Estados nacionales y a las formas de construir solidaridades transnacionales efectivas. Las transformaciones en curso exigen reconsiderar tanto los sujetos políticos protagonistas de las resistencias como las escalas en que estas deben articularse para confrontar un sistema cuyas contradicciones se manifiestan simultáneamente en múltiples niveles.

Rupturas y continuidades en el modelo económico estadounidense

Las políticas proteccionistas de Trump no son una anomalía histórica sino un retorno a estrategias fundamentales en la construcción de Estados Unidos como potencia industrial. Contrariamente a la narrativa liberal dominante, este país desarrolló su economía bajo un intenso proteccionismo durante el siglo XIX, con aranceles que superaban el 40% hasta la Segunda Guerra Mundial. Lejos de representar una «desviación» del libre comercio, esta medida era una herramienta para gestionar asimetrías de poder económico, permitiendo a las potencias emergentes acumular capacidad industrial antes de competir globalmente. La Gran Depresión de 1930 intensificó el proteccionismo con la ley Smoot-Hawley, que elevó aranceles a niveles históricos. Esta crisis representó más que una recesión económica: fue una crisis orgánica del capitalismo donde el proteccionismo funcionó como mecanismo de emergencia para contener el cataclismo dentro de las fronteras nacionales y facilitar la reestructuración de las relaciones capital-trabajo.

El New Deal de Roosevelt supuso la masiva intervención estatal, con inversiones en infraestructura, subsidios industriales y regulación financiera, mientras la Segunda Guerra Mundial justificó una planificación económica centralizada que consolidó el complejo militar-industrial estadounidense. Tras la guerra, el capital de base estadounidense se internacionalizó, lentamente, pero sin pausa. La reconstrucción de Europa y su proceso de integración regional con la nueva Comunidad Europea promovió el aumento de la inversión extranjera directa a ese territorio. En ese mismo periodo se crearon en México las primeras maquiladoras con capital estadounidense, cuando en 1965 el gobierno mexicano implementó el Programa de Industrialización Fronteriza. Para 1970 ya existían 132 maquiladoras en la zona de frontera con Estados Unidos.

Paralelamente, durante estos años aumentaron las protestas sindicales en los países industrializados (con eventos como Mayo Francés y el Otoño Caliente italiano), expresando la insubordinación obrera a los dictados del capital y contribuyendo a la caída de la tasa de ganancia a principios de los años setenta. A este proceso deben añadirse también los procesos de lucha en América Latina, como el Cordobazo argentino, las huelgas del ABC paulista o la masacre estudiantil de Tlatelolco, todo en el contexto de la revolución cubana como horizonte de posibilidad de cambio sistémico.

La liberalización comercial se intensificó con la Ronda Kennedy del GATT (1964-1967), que incluyó no solo aranceles sino también barreras no arancelarias, expandiendo el ámbito regulatorio para satisfacer las necesidades de un capital que se volvía lentamente transnacional. Esta trayectoria culminó con la Ronda Uruguay (1986-1994) y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que extendió radicalmente el alcance regulatorio a áreas como la propiedad intelectual, las inversiones extranjeras, los servicios y las compras gubernamentales.

En este proceso, Estados Unidos actuó como arquitecto principal, impulsando la liberalización en sectores en los que sus corporaciones tenían ventajas (servicios, propiedad intelectual, finanzas) mientras preservaba protecciones en áreas sensibles (agricultura, textiles, acero). Esta estrategia dual —«haz lo que digo, no lo que hago»— permitió al país norteamericano posicionarse como un defensor del libre comercio mientras mantenía elementos proteccionistas en su política doméstica, tales como subsidios encubiertos, compras gubernamentales discriminatorias y medidas antidumping.

Navegando esta dualidad, Estados Unidos se posicionó como el principal defensor y promotor del discurso y la práctica del libre comercio a escala global. Los distintos gobiernos emplearon su influencia diplomática, económica y militar para impulsar la liberalización en aquellos sectores donde sus corporaciones mantenían ventajas competitivas. La transformación del GATT en OMC y la expansión cualitativa del ámbito regulatorio que esto implicó respondió fundamentalmente a esta agenda impulsada por Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales, que buscaban instrumentos jurídicos más fuertes para garantizar condiciones favorables para la penetración en los nuevos mercados.

La globalización como reestructuración cualitativa

Siguiendo esta línea, los años noventa no representaron el «nacimiento» de la globalización, sino una nueva disposición de las relaciones entre los Estados nacionales y el mercado mundial, caracterizada por la expansión geográfica de las relaciones capitalistas, el aumento de la inversión extranjera directa y la incorporación de nuevos territorios a los circuitos globales de acumulación. Este periodo no significó una ruptura absoluta con el pasado, sino que expresó una reconfiguración de las relaciones sociales capitalistas en respuesta a las contradicciones de los Estados de bienestar keynesianos.

El desplome soviético y la apertura china ofrecieron al capital acceso a vastos territorios con mano de obra barata, nuevos mercados y recursos estratégicos. Estos espacios ofrecían múltiples ventajas: enormes reservas de fuerza de trabajo disciplinada y de bajo costo, mercados potenciales para la venta de productos y servicios, oportunidades para inversiones de capital fijo en infraestructura, y acceso a recursos naturales estratégicos. Los capitales estadounidenses respondieron a estas transformaciones implementando una serie de estrategias de instalación en los nuevos territorios incorporados al mercado global. En China, adoptaron principalmente la forma de inversión productiva directa en sectores manufactureros intensivos en trabajo, instalando plantas en las Zonas Económicas Especiales.

Esta expansión geográfica de las empresas estadounidenses (y europeas) implicó la transformación cualitativa en la organización del capitalismo global. Facilitó la conformación de un entramado productivo transnacional que profundizaba el proceso de relocalización industrial iniciado en los años sesenta. Las cadenas globales de valor emergieron como la forma organizativa dominante, permitiendo a las corporaciones transnacionales fragmentar los procesos productivos y distribuirlos a través de múltiples territorios para maximizar las ventajas comparativas de cada territorio.

Este proceso económico tuvo su reflejo en un entramado jurídico específico, una nueva «arquitectura jurídica de la impunidad» para las corporaciones, al decir de Juan Hernández Zubizarreta. Esta arquitectura, compuesta por un conjunto de instituciones y tratados internacionales, generó una asimetría normativa articulada en torno a una idea básica: proteger a toda costa los negocios de las multinacionales mediante un ordenamiento jurídico internacional fundamentado en las reglas del comercio y la inversión.

Se conformó, entonces, una lex mercatoria compuesta por miles de normas: contratos de explotación y comercialización, tratados comerciales bilaterales y regionales, acuerdos de protección de las inversiones, políticas de ajuste y préstamos condicionados, laudos arbitrales, etc. Un derecho duro (hard law) (coercitivo y sancionador) que protege con fuerza los intereses empresariales. Y a este entramado se sumó también la creación, en 1995, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), institución que reúne los objetivos del libre mercado y los vuelve regla para todos los Estados.

En definitiva, la globalización no está determinada solamente por la integración económica (aunque se trata de un elemento central) ni por las innovaciones tecnológicas (esenciales para la internacionalización) ni por el nuevo entramado jurídico (clave para otorgar seguridad a la propiedad privada). Todo esto define a la globalización, marcando una fase específica de la lucha entre capital y trabajo donde el capital buscó recomponer su dominación frente a las luchas obreras de los años sesenta que habían encarecido el precio del trabajo y reducido la ganancia.

Asimismo, todas las economías que se habían mantenido semicerradas en la posguerra, durante los Estados de bienestar, fueron conectadas en el mercado global. Ya no habría más lugar para economías nacionales autonomizadas, sino que se imponía ahora la regla del mercado. La globalización, entonces, representa una estrategia ofensiva del capital para escapar de las restricciones nacionales y disciplinar a la clase trabajadora mediante la amenaza constante de relocalización y precarización. La movilidad global del capital y la desregulación financiera que caracterizan esta etapa no son más que expresiones de la crisis de la forma tradicional de dominación capitalista y su intento desesperado por restaurar la rentabilidad.

¿Trump contra el libre comercio?

La política económica de la administración Trump marcó un quiebre significativo con el consenso bipartidista «globalizador» y en favor del libre comercio que dominó la política estadounidense durante cuatro décadas. Este «neoproteccionismo» representa una forma explícita de intervención estatal que defiende selectivamente a empresas con base en Estados Unidos ofreciéndoles protección contra los competidores extranjeros. Esto revela la verdadera naturaleza del proyecto económico trumpista: no un rechazo al neoliberalismo ni al libre comercio en sí mismos, sino una reconfiguración de las relaciones entre el Estado, las corporaciones y el mercado mundial, desarrollando un nacionalismo económico con fuerte impacto en la base electoral.

Los partidos Demócrata y Republicano habían convergido en su apoyo a políticas de libre comercio, desde el TLCAN bajo Clinton hasta el TPP con Obama. Trump rompió con esta tradición, calificando al TLCAN como «el peor tratado de la historia» y forzando su renegociación entre 2017 y 2018. Hay que reconocer que Trump no estaba tan errado: el TLCAN redujo empleos en sectores industriales clave de Estados Unidos, particularmente en estados del llamado «cinturón del óxido». Se estiman pérdidas de alrededor de 700 000 puestos de trabajo estadounidenses como resultado directo del acuerdo. Este fenómeno evidencia las contradicciones inherentes a la internacionalización del capital, donde la promesa de prosperidad generalizada chocó con la realidad de una redistribución desigual de costos y beneficios.

En su primer gobierno, Trump redobló la apuesta contra las instituciones del libre comercio. En 2017 boicoteó el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC y retiró a Estados Unidos del TPP. A su vez, impuso aranceles a China, México, Canadá y la Unión Europea, e inició una guerra comercial con China desde 2018. El demócrata Joe Biden no modificó los aranceles impuestos por Trump, sino que los mantuvo y profundizó con iniciativas como la Ley de Reducción de la Inflación, la Ley de Chips y Ciencia, y políticas de Buy American, consolidando un nuevo enfoque proteccionista bipartidista.

El proteccionismo de Trump recupera una forma explícita de intervención estatal a favor de empresas con base administrativa en Estados Unidos, cobijándolas de la competencia internacional. Literalmente, los aranceles impuestos actúan como una coraza protectora, un escudo para amplios segmentos del capital estadounidense que habían perdido ventajas competitivas frente a rivales internacionales, especialmente empresas chinas. El objetivo de las políticas de Trump es, reforzar el poder de las corporaciones estadounidenses, no limitarlo.

Asimismo, este proteccionismo es selectivo: mientras defiende sectores industriales tradicionales, desregula el sector financiero y reduce impuestos al gran capital. Implementa altos aranceles para lograr un efecto positivo en sectores manufactureros tradicionales, pero simultáneamente ejecuta una agenda de desregulación financiera que desmantela el andamiaje regulatorio construido tras la crisis de 2008. En 2018, el gobierno de Trump terminó con la Ley Dodd-Frank que había sido aprobada en 2010 para reforzar las exigencias de capital de respaldo a los bancos, obligándolos a llevar a cabo test de resistencia anuales para mostrar su fortaleza y prohibía a las instituciones financieras dedicarse a actividades de alto riesgo con el dinero de sus clientes.

Por otra parte, la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (Tax Cuts and Jobs Act) de 2017 representó la mayor reforma fiscal en tres décadas y constituyó el logro legislativo más significativo del primer mandato de Trump. La pieza central de esta legislación fue la dramática reducción del impuesto federal sobre la renta corporativa del 35% al 21%, un recorte sin precedentes que transformó el panorama tributario empresarial estadounidense. Los legisladores republicanos argumentaron que un entorno fiscal más favorable incentivaría a las empresas a expandir sus operaciones en Estados Unidos y las haría más competitivas en el mercado global.

La drástica reducción del impuesto corporativo reveló una profunda contradicción en el núcleo de la política económica trumpista: mientras se implementaban aranceles y restricciones comerciales bajo el discurso de proteger a los trabajadores estadounidenses, se otorgaban enormes beneficios fiscales a las mismas corporaciones multinacionales que habían relocalizado empleo durante décadas. Esta contradicción aparente revela la verdadera naturaleza del proyecto: no se trata de un retorno al proteccionismo integral del siglo XIX o del período de sustitución de importaciones, sino de una reconfiguración del rol estatal dentro del capitalismo globalizado para defender selectivamente ciertos sectores mientras se mantienen y profundizan las ventajas para el capital financiero y las grandes corporaciones.

Lo que Trump consiguió fue sincerar la relación entre Estado y capital corporativo: abandonó la pretensión neoliberal de separación entre ambos, reconociendo de manera explícita que el poder estatal sigue siendo esencial para garantizar la rentabilidad del capital estadounidense en un contexto de creciente competencia internacional. El proteccionismo trumpista, en este sentido, no es una limitación del capitalismo estadounidense sino un intento de salvarlo de su crisis de rentabilidad y pérdida de ventajas competitivas, utilizando el poder estatal como escudo para preservar posiciones privilegiadas que ya no podían sostenerse mediante la pura competencia en los mercados globales.

La contradicción fundamental del proyecto económico de Trump radica en querer capturar los beneficios de la globalización (ganancias extraordinarias, dominio tecnológico, influencia geopolítica) mientras rechaza sus consecuencias inevitables: la relocalización productiva y los impactos negativos sobre el mercado laboral doméstico. El gobierno pretende reconciliar el nacionalismo económico del siglo XX con la realidad de corporaciones cuyo poder deriva precisamente de su capacidad para operar más allá de las fronteras nacionales. Esta tensión revela que el America First económico no puede materializarse mediante un simple retorno de la producción, sino que requiere una transformación radical de las lógicas de acumulación global que estas mismas corporaciones han construido durante décadas y de las cuales depende actualmente su posición dominante en la economía mundial.

Más allá del dilema: los movimientos anti-TLC en la encrucijada trumpista

Las organizaciones sociales que tradicionalmente se han opuesto a los TLC desde una crítica al neoliberalismo ahora enfrentan un dilema: oponerse frontalmente a las políticas comerciales de Trump podría interpretarse como una defensa implícita del statu quo neoliberal; apoyarlas significaría legitimar un proyecto que, aunque nombradamente contrario al libre comercio, está diseñado para fortalecer el poder del capital estadounidense sin cuestionar las relaciones sociales de explotación y desigualdad que le subyacen.

Pero Trump se ha apropiado de la retórica anti libre comercio desde un foco diferente a las campañas contra los tratados. Es cierto que algunos puntos de su argumento son similares: la crítica a la relocalización productiva, los impactos de los TLC sobre los trabajadores, la oposición a acuerdos como el TPP y las críticas del TLCAN y la OMC. Pero esto lo hace principalmente desde una matriz nacionalista-corporativa que no cuestiona las asimetrías fundamentales del orden económico global ni incorpora demandas de justicia ambiental o laboral internacional. Por el contrario, lo que Trump reivindica es un nacionalismo económico excluyente: su objetivo no es rediscutir el rol de las corporaciones estadounidenses, sino hacerlas nuevamente fuertes. Antes que «Make America Great Again», «Make US Corporations Great Again».

Esta situación revela una crisis más profunda en los marcos interpretativos tradicionales que planteaban «libre comercio vs. proteccionismo». Se evidencia ahora la necesidad de desarrollar un análisis más sofisticado que juegue en dos niveles: por un lado, una crítica del neoliberalismo y del libre comercio, pero, por otro, una crítica radical basada en el entendimiento de cómo funciona el capitalismo en su conjunto, y cómo el tema de comercio se entreteje con los temas financieros, ambientales, digitales, productivos, etc.

Lo que el trumpismo ha puesto en crisis es la mirada centrada en el nacionalismo económico que muchos movimientos sociales han sostenido desde los años noventa, cuando el foco era la crítica al neoliberalismo. La reivindicación de la centralidad del Estado y su capacidad regulatoria se convirtió en el eje articulador de proyectos progresistas que buscaban recuperar espacios de autonomía para las políticas públicas nacionales frente al avance de la globalización neoliberal. Sin embargo, esta estrategia política ha encontrado su límite en la profunda transformación estructural que el capitalismo global ha experimentado.

El problema fundamental es que estas políticas centradas en la recuperación de la soberanía económica nacional chocan inevitablemente contra la realidad de una interconexión económica global que ha reconfigurado las bases materiales de reproducción social. El neoliberalismo no fue simplemente un conjunto de políticas reversibles mediante la voluntad estatal, sino un proceso de reorganización profunda de las relaciones de producción a escala planetaria. Las economías nacionales fueron orgánicamente integradas en cadenas globales de valor, circuitos financieros transnacionales y redes tecnológicas que reducen drásticamente el margen de maniobra para experimentos económicos autonomizados.

En este contexto, los movimientos sociales que se oponen a los tratados de libre comercio enfrentan varios desafíos. La superación del nacionalismo metodológico constituye quizás el más importante y urgente, en tanto implica trascender una visión que ha estructurado tanto el análisis como la praxis política de numerosos movimientos populares durante décadas: la centralidad incuestionada del Estado-nación como articulador del horizonte utópico y como contenedor natural de los procesos sociales.

Esto no es meramente una cuestión ideológica ni un enamoramiento con los debates históricos dentro de las izquierdas sobre el rol del Estado en los procesos emancipatorios. La crisis de este enfoque refleja las transformaciones estructurales en el capitalismo. Frente a esta realidad, la reivindicación de la soberanía económica nacional como horizonte estratégico principal resulta insuficiente. Sin embargo, reconocer los límites del nacionalismo metodológico tampoco implica abrazar un internacionalismo abstracto que ignore las asimetrías de poder entre naciones y regiones, o que desconozca la importancia que los espacios nacional-estatales siguen teniendo como terrenos de disputa política. Se trata, más bien, de desarrollar perspectivas analíticas y estrategias políticas que puedan operar simultáneamente en múltiples escalas.

Desde los años noventa, el foco político puesto en los tratados de libre comercio ha permitido visibilizar los mecanismos concretos mediante los cuales el poder corporativo transnacional se institucionalizaba y expandía. La creación de alianzas transnacionales efectivas que superen las tentaciones del nacionalismo económico sin diluir las especificidades de cada contexto constituye otro reto significativo. Hoy, la solidaridad internacional requiere la identificación de la contradicción fundamental del capitalismo contemporáneo (la cual a menudo queda invisibilizada en los análisis políticos convencionales). Efectivamente, el libre comercio no es simplemente un conjunto de políticas erróneas, sino un mecanismo estructural que produce necesariamente sectores «sacrificables» cuya exclusión y precarización no es un efecto colateral, sino una condición constitutiva del modelo de acumulación global. Esta expulsión no podría corregirse mediante mejores políticas públicas dentro del mismo marco, sino que se ha vuelto una necesidad estructural del sistema.

Las comunidades afectadas por el extractivismo minero y petrolero constituyen los territorios que deben ser despojados para alimentar las cadenas globales de producción y consumo. Su desplazamiento y la destrucción de sus formas de vida no son «daños colaterales» sino requisitos operativos de la acumulación por desposesión que caracteriza al capitalismo contemporáneo. Del mismo modo, los trabajadores informales y autónomos que proliferan en las economías periféricas representan la materialización de un proceso donde el trabajo formal, regulado y con derechos laborales se convierte en una excepción histórica, no en la norma. La economía global requiere esta masa creciente de trabajo precarizado, disponible y desprovisto de protecciones sociales para mantener las tasas de ganancia.

Esta comprensión tiene efectos profundos sobre la construcción de solidaridades políticas. Significa que los movimientos sociales deben centrar su atención precisamente en estos sectores cuya opresión es constitutiva del sistema, no accidental. Las comunidades despojadas por el extractivismo, los trabajadores informalizados, los migrantes precarizados, las comunidades indígenas y campesinas amenazadas por megaproyectos: todos ellos expresan, en sus luchas concretas, las contradicciones fundamentales que el sistema no puede resolver mediante reformas parciales.

La solidaridad política debe construirse, entonces, no a partir de la promesa ilusoria de una inclusión plena en el capitalismo global, sino desde el reconocimiento de que la emancipación de estos sectores requiere necesariamente trascender la lógica misma del sistema que los sacrifica. La tarea, en síntesis, es transitar de una crítica al neoliberalismo hacia una crítica integral al capitalismo, comprendiendo que el libre comercio no es simplemente una «política equivocada» sino una expresión orgánica de las tendencias expansivas inherentes al capital como relación social.

La pregunta que se abre entonces es: ¿puede el movimiento trascender la dicotomía libre comercio/proteccionismo? ¿Es posible desarrollar una praxis internacionalista que reconozca los límites estructurales del nacionalismo económico sin caer en la resignación ante el poder del capital global? Esta crítica más profunda no implica abandonar la lucha contra los tratados de libre comercio, sino recontextualizarla en una comprensión más profunda de las dinámicas del capitalismo contemporáneo y en un proyecto de transformación radical que abarque simultáneamente las múltiples dimensiones de la dominación capitalista.

Una perspectiva integrada abriría posibilidades para una praxis más efectiva. No basta con oponerse a acuerdos específicos; es necesario construir modelos alternativos de relaciones económicas internacionales que cuestionen la propia lógica capitalista. Esto hará posible tender puentes entre distintos niveles de análisis, conectando las críticas a las cláusulas específicas de los TLC con cuestionamientos más profundos al sistema capitalista, al tiempo que permitirá ir más allá de los debates reduccionistas entre «nacionalismo económico» versus «globalismo neoliberal», reconociendo que ambos operan dentro de la misma lógica sistémica.

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Victoriano Ángel Suárez Rincón.

Victoriano Ángel Suárez Rincón es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga. Profesor de curso on-line de gestión presupuestaria en la Fundación CEDDET. En la actualidad ejerce como Interventor municipal de Lebrija. Es socio de Attac España.

El análisis de las liquidaciones presupuestarias anuales de las administraciones públicas territoriales muestra la insuficiencia financiera del sistema tributario español. La elevada disminución de los ingresos tributarios a partir de la crisis económica de 2008 y su ralentización en su crecimiento en 2015 y posteriores, ha producido un efecto dominó en las magnitudes presupuestarias. El descenso de ingresos tributarios ha generado secuencialmente déficits presupuestarios, déficits financieros, mayores endeudamientos para cubrir esos desequilibrios, crecimiento elevado de la deuda pública acumulada, elevación de los gastos de la carga financiera y, finalmente, un descenso cuantitativo y cualitativo en los servicios públicos de carácter preferente (sanidad, educación y cultura).

Y podríamos inferir que este efecto dominó no es exclusivo de nuestro país sino de carácter global, dada la elevación de la deuda pública en la generalidad de naciones con modelos económicos neoliberales.

El principio de suficiencia tributaria en los sistemas impositivos.

Los tributos surgen de la necesidad de los estamentos políticos para financiar los gastos públicos de las entidades territoriales o funcionales. Cada sistema económico que se ha desarrollado en las distintas etapas históricas ha configurado su peculiar modelo tributario en cuanto a los fines perseguidos. Y la suficiencia económica tributaria ha tenido un dispar comportamiento en su grado de relevancia en los modelos económicos versus tributarios.

En las etapas históricas de las monarquías absolutas anteriores al liberalismo económico el lograr los precisos ingresos públicos tributarios era el objetivo primario y exclusivo salvo, en su caso, el castigo punitivo a los sujetos pasivos. Y las reformas tributarias se planteaban casi con generalidad para maximizar los ingresos públicos. En el siglo XVI la corriente de pensamiento económico del cameralismo busca fortalecer las riquezas reales, surgiendo así el principio teórico de suficiencia económica tributaria.

Con el surgimiento del liberalismo económico, primer modelo del capitalismo, se impone el pensamiento de los economistas clásicos del principio de neutralidad impositiva según el cual la tributación no debía interferir en la producción y en el consumo, siendo la máxima expresión de este pensamiento la de los economistas liberales libertarios que abogan hacia la supresión de los impuestos. Es con esta directriz que el principio de suficiencia tributaria deja de ser un objetivo prioritario.

En el estado del bienestar, segundo modelo económico del capitalismo, el principio de suficiencia económica no es el único ni incluso el principal de los diversos fines y objetivos que se persiguen con la tributación. Economistas hacendistas del pasado siglo XX como Fritz Neumark y Richard Musgrave desarrollaron las utilidades del binomio de la tributación y del presupuesto para el desarrollo económico y social de las naciones. Neumark con una amplia catalogación de los principios de la imposición y Musgrave con las tres funciones del presupuesto: la estabilidad de indicadores macroeconómicos (inflación y desempleo), la redistribución equitativa de la renta y la asignación eficiente de recursos.

El modelo tributario neoliberal lo podemos simbolizar como el de las cuatro “ies” por las características que lo definen: injusto, insuficiente, ineficaz e ineficiente

Con la aparición del neoliberalismo, tercer modelo del capitalismo, las políticas económicas de la tributación y del presupuesto decrecen en las potencialidades mostradas por los hacendistas de la economía del bienestar. Son escasas y poco relevantes las aportaciones de los teóricos neoliberales sobre los fines de los tributos y del presupuesto, de sus mecanismos y sus efectos macroeconómicos. La suficiencia tributaria deja de ser un objetivo y el presupuesto un instrumento esencial de política macroeconómica. Los estados neoliberales aprueban sus presupuestos con déficit económicos y financieros, generando insuficiencia en los ingresos públicos tributarios que son cubiertos con deuda pública. El modelo tributario neoliberal lo podemos simbolizar como el de las cuatro “ies” por las características que lo definen: injusto, insuficiente, ineficaz e ineficiente.

La evolución de los objetivos tributarios de la reforma impositiva de 1977 en España.

El actual sistema tributario español deriva de la reforma tributaria de 1977 diseñada por el profesor Fuentes Quintana que fue ministro de Hacienda en el primer gobierno democrático. Esta reforma tuvo un efecto muy positivo para el desarrollo económico y social de nuestro país. En el “Informe del Sistema Tributario Español”, redactado en 1972, que fue el diseño del modelo impositivo de la reforma de 1977, se exponen por orden prioritario los siguientes objetivos de la reforma tributaria a emprender:

– La justicia tributaria.

– Favorecer el desarrollo.

– Mejorar la eficacia de la política fiscal estabilizadora.

– Configurar la estructura y dirigir la aplicación del sistema tributario de acuerdo con los principios de la técnica fiscal.

Es llamativo que en este Informe no se señala la suficiencia tributaria entre los fines perseguidos en la reforma diseñada. Exclusión que parece deberse al estar lograda como se acredita por la relevancia de los ingresos tributarios en los presupuestos: “En 1971 el presupuesto de ingresos era el 82,8% de tributos, el 16,0% de ingresos de tasas, patrimoniales y transferencias y el 1,1% de ingresos de capital”. En ese ejercicio de 1971 aún no se había producido la crisis del petróleo del 73 que produjo grandes desequilibrios macroeconómicos.

En 2010, 13 años después de nuestra reforma fiscal, el profesor Fuentes Quintana en su libro “La reforma fiscal y los problemas de la Hacienda Pública española” señala los efectos producidos por la misma: la explosión del gasto público, el rápido crecimiento de la presión fiscal, la presencia de un déficit público continuado, un aumento sustancial de la deuda pública acumulada y sus cargas financieras, la pérdida de eficacia de las limitaciones presupuestarias como elemento central de la actividad financiara y un proceso de importante descentralización del gasto público, con un creciente protagonismo de las haciendas autonómicas y locales.

El efecto dominó de la insuficiencia tributaria en España

Como efecto dominó la insuficiencia económica y financiera de nuestro sistema tributario ha quedado de manifiesta a partir del año 2008: secuencialmente la caída de los ingresos tributarios ha generado déficits presupuestarios económicos, déficits presupuestarios financieros, incremento desorbitante de la deuda pública y de su carga financiera y disminución cualitativa de los gastos sociales.

1. Disminución y ralentización en el crecimiento de los ingresos tributarios desde 2007

Evolución de los ingresos tributarios en términos corrientes 

El gráfico de “Evolución de los ingresos tributarios”, (derechos liquidados/tributos puestos al cobro), evidencia la caída del total de los ingresos públicos de las administraciones públicas territoriales a partir del año 2007 con un montante de 284.785,3 millones de euros, sólo alcanzándose en el año 2017 el nivel de ese ejercicio, desarrollándose un pausado aumento con un leve descenso en 2020 motivado por la incidencia de la pandemia del COVID-19.

Los ingresos tributarios alcanzan el nivel de 2007 en la administración central en 2022, en las comunidades autónomas en 2011 y en la administración local en 2012. Las administraciones autónomas y locales a partir de esos años experimentan moderados aumentos.

Derechos liquidados de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar). Millones de euros. Elaboración propia,

Evolución de los ingresos tributarios en términos constantes 

Considerando en términos de ingresos tributarios constantes,  actualizando los ingresos corrientes desde el 2007 según el aumento/disminución del IPC, el hito de ingresos tributarios de ese ejercicio sólo se consigue alcanzar su nivel en 2022

Derechos liquidados de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar). Millones de euros. Elaboración propia,

Cobertura de los ingresos tributarios al presupuesto de gastos

El gráfico que representa la cobertura o el peso en tantos por ciento de los ingresos tributarios sobre los presupuestos de gastos muestra que a partir del ejercicio 2008 nuestro sistema tributario es anualmente más insuficiente financieramente para cubrir el total de gastos públicos. El total de las administraciones públicas territoriales no alcanza el nivel del año 2007, salvo las comunidades autónomas y las entidades locales.

Porcentaje de derechos tributarios  sobre obligaciones netas liquidadas de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar)

Fuente Ministerio de Hacienda. Elaboración propia

Los análisis económicos que a continuación vamos a realizar ponen de relieve la falacia informativa que se traslada a la opinión pública de que los presupuestos generales de las administraciones públicas se aprueban de forma saneada

2. Los déficits económicos presupuestarios.

La disminución de los ingresos tributarios en las administraciones territoriales origina unos desequilibrios económicos de gran importancia por no cubrir los ingresos los gastos públicos. Esos desequilibrios ingresos/gastos a partir del año 2008 y el insuficiente aumento, tras sus nivelaciones en las Comunidades Autónomas y en las Administraciones Locales ha producido en las cuentas públicas unos desequilibrios económicos generándose déficits presupuestarios de gran relevancia.

Los análisis económicos que a continuación vamos a realizar ponen de relieve la falacia informativa que se traslada a la opinión pública de que los presupuestos generales de las administraciones públicas se aprueban de forma saneada. Para crear esta entelequia se hace valer el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la dura supervisión de las autoridades económicas de la Comunidad Europea para no incurrir en déficits presupuestarios. Con la ley citada se ha hecho permisible a las administraciones públicas territoriales, salvo en las entidades locales, incurrir en déficit presupuestarios económicos en los que los gastos superan a los ingresos públicos. La no prohibición de déficit económico anual es sustituida por el concepto “déficit estructural” como déficit ajustado al ciclo sin que el mismo termine de cerrarse se positivamente.

La medición del déficit público o presupuestario sobre el producto interior bruto del país es un indicador que carece de rigor técnico para calibrar la capacidad del Estado para cubrir las necesidades públicas y su fortaleza para atender su deuda pública. Pues la menor o mayor riqueza del país no puede representar o ser el correlato de la bondad económica y financiera de las Administraciones Públicas gestoras.

Saldo de operaciones no financieras 

El saldo de operaciones no financieras evalúa el grado de cobertura de los ingresos no financieros sobre los gastos no financieros. Un saldo positivo es indicativo de superávits presupuestarios monetarios y un saldo negativo de déficits. Las operaciones no financieras están constituidas por los ingresos/gastos corrientes y las operaciones de capital (enajenación de inversiones y transferencias de capital recibidas/gastos en inversiones reales y transferencias de capital otorgadas)

En el gráfico de “Saldo de Operaciones no Financieras” se constata que hasta el ejercicio 2007 ha existido superávit (salvo 2003 y en una pequeña cuantía) entrando en años posteriores en una senda creciente de déficits presupuestarios en el total de las administraciones públicas territoriales, de las que hay que exceptuar a las administraciones locales que solo han incurridos en déficits presupuestarios de 2008 a 2011.

Derechos y obligaciones netas liquidadas de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar). Fuente Ministerio de Hacienda. Elaboración propia

Ahorro neto de las liquidaciones presupuestarias

De los indicadores económicos legales existentes en España, el que mejor interpreta la capacidad presupuestaria de una administración pública es el “ahorro neto y neto”, establecido en artículo 53 del Real Decreto 2/2004 de Haciendas Locales. Tal es así que un resultado negativo en la liquidación presupuestaria de un año impide la concertación de préstamos a las entidades locales y les obliga a la elaboración de un plan de saneamiento de cuatro años. Tal prevención no está implantada en la Administración Central y en las CC.AA. Por ello, constataremos que las entidades locales tienen una senda de estabilidad presupuestaria al contrario que la administración central y las comunidades autónomas.

El ahorro neto es la diferencia de los ingresos corrientes y los gastos de personal, corrientes y de transferencias (ahorro bruto) minorados a su vez por los gastos de la carga financiera de la deuda (amortización de préstamos e intereses), resultando el ahorro neto.

En el gráfico de “Evolución del ahorro neto” se observa un importante desequilibrio económico a partir del 2008 en la Administración Central y en las Comunidades Autónomas, mostrando sus liquidaciones presupuestarias que carecen de los suficientes recursos económicos para hacer frente a sus gastos corrientes y a la carga financiera de la deuda. Por el contrario, las Entidades Locales reflejan en sus liquidaciones presupuestarias un saneamiento económico permanente.

Derechos y obligaciones netas liquidadas. En millones de euros. 

Fuente:  Ministerio de Hacienda. Elaboración propia

3. Los déficits financieros presupuestarios.

Los déficits económicos presupuestarios generan insuficiencias financieras para atender los gastos públicos.

Saldo de operaciones financieras 

El saldo de operaciones financieras es un indicador que refleja la solvencia o insolvencia financiera de los presupuestos. Este indicador señala la necesidad o no necesidad de financiación externa para lograr un equilibrio en las cuentas públicas.

Esta magnitud se obtiene por diferencia entre los ingresos y gastos de los activos financieros (devolución de empréstitos otorgados y constitución de deuda pública) y los pasivos financieros (otorgamiento financiero a terceros y amortización de deuda pública).

Si el saldo de operaciones financieras es positivo mostrará que ha existido en términos netos una necesidad de financiación externa y al contrario un saldo negativo indicara un sobrante de financiación presupuestaria. Tal es así que un saldo negativo indicara la suficiencia financiera de los ingresos públicos al mostrar una disminución del endeudamiento financiero público.

El grafico siguiente de “Evolución de los saldos de operaciones financieras” refleja la inflexión que se ha producido en los mismos a partir del año 2008. De existir un exceso de financiación presupuestaria hasta el 2007 se ha generado en la Administración Central y en las Comunidades Autónomas una necesidad de financiación externa para cubrir los déficits económicos presupuestarios. La necesidad de financiación presupuestaria alcanza su máximo en 2009 con 108.502 millones de euros iniciando un proceso de descenso hasta el 2019 con 4.966 millones de euros, aumentado significativamente en 2020 y 2021 por la incidencia de la pandemia del COVID-19.

Derechos y obligaciones netas liquidadas. En millones de euros. Total sin consolidar. 

Fuente:  Ministerio de Hacienda. Elaboración propia

Evolución del endeudamiento público/pasivos financieros de ingresos 

La secuencia de la disminución y ralentización de los ingresos tributarios, los déficits económicos presupuestarios y los déficits financieros presupuestarios han motivado que las administraciones públicas se hayan visto obligadas al acceso a los empréstitos financieros para cubrir el diferencial entre los gastos e ingresos públicos. El gráfico “Evolución de ingresos de pasivos financieros” señala el constante aumento de la concertación de financiación de empréstitos anuales.

De unos niveles inferiores a 51.000 millones de euros hasta 2007, las concertaciones de préstamos para cubrir los déficits de ingresos públicos se acrecientan aceleradamente en los posteriores ejercicios. Llegándose a hitos de 177.541 millones en 2009, 211.612 millones en 2012, 193.243 millones en 2015 y 258.732 millones de euros en 2020. De las tres administraciones territoriales la administración central es la que muestra el más acusado acceso al crédito financiero y la administración local prácticamente no requiere de una mayor financiación por encima de los niveles de 2007. 

Derechos netos liquidados. En millones de euros. Total sin consolidar. 

Fuente: Ministerio de Hacienda.  Elaboración propia

Cobertura del endeudamiento en el presupuesto de gastos

El gráfico de cobertura de los ingresos de pasivos financieros sobre el total del presupuesto de gastos muestra como gradualmente el acceso a la deuda pública es anualmente más elevado en las liquidaciones presupuestarias. Representando el total de las administraciones públicas en 2007 un 11,2% para triplicarse prácticamente en 2023 con un 29,6%. 

Porcentaje de derechos y obligaciones netas liquidadas. Total sin consolidar. 

Fuente: Ministerio de Hacienda.  Elaboración propia

4. Deuda pública acumulada y elevación de la carga financiera presupuestaria.

El recurrente acceso anual al crédito financiero para cubrir los déficits presupuestarios y financieros ha generado una muy elevada deuda pública acumulada y, en consecuencia, un aumento anual gradual de la carga financiera del endeudamiento para atender los intereses y amortización de la misma.

Evolución de la deuda pública acumulada 

El gráfico “Evolución de la deuda pública acumulada” de las administraciones públicas territoriales es indicativo del muy acelerado aumento de la deuda financiera como consecuencia de los reiterados aumentos anuales del acceso a la financiación externa. De un nivel de 392.182 millones de euros en 2007 el volumen de la deuda pública de las administraciones públicas territoriales ha ido elevándose exorbitantemente hasta alcanzar un máximo de 1.461.296 millones de euros en 2023.

Fuente: Boletín Estadistico del Banco de España. Octubre 2023. En millones de euros

Evolución de la carga financiera de la deuda pública

El engrose de la deuda pública acumulada ha producido lógicamente un gradual aumento de la carga financiera de la misma al ser mayores los montantes anuales de las amortizaciones de pasivos e intereses. El gráfico de “Evolución de la carga financiera” señala la elevación de la misma de 72.152 millones de euros en 2007 a 175.688 en 2023.

Obligaciones netas liquidadas.  En millones de euros, Total sin consolidar. 

Fuente: Ministerio de Hacienda.  Elaboración propia

La incidencia que se evidencia en el gráfico “Cobertura de la carga financiera en el presupuesto de gasto” muestra el continuado aumento del peso de la misma en los gastos totales del presupuesto. De un 16,7% que representaba la carga financiera en el total de gastos públicos liquidados en 2007 se ha elevado a un 23,9% en 2023. La mayor proporción de la carga financiera en el total de los gastos públicos implica un menor porcentaje de los demás gastos liquidados.

Porcentaje obligaciones netas liquidadas. Total sin consolidar. 

Fuente: Ministerio de Hacienda.  Elaboración propia

5. La incidencia en los Servicios Públicos de Carácter Preferente

El acrecentamiento de la carga financiera derivada de la deuda pública acumulada ha provocado la redistribución de las masas presupuestarias, repercutiendo en una menor proporción de las demás dentro del presupuesto total de gastos.

Este efecto de la redistribución de las masas presupuestarias se plasma en la estructura presupuestaria funcional que muestra en sus diferentes funciones “para que se gasta”. En esta estructura presupuestaria la función más identificadora del estado del bienestar es la 3 de “Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente”. Un análisis de la evolución de estos gastos públicos sociales refleja una disminución cualitativa y cuantitativa a partir del ejercicio 2008.

El gráfico “Servicios Públicos de Carácter Preferentes”  muestra que el total de los gastos de los servicios de carácter preferentes experimentan un continuado aumento hasta el año 2009 (123.689,3 millones de euros) iniciandose un continuado descenso que solo se supera en el ejercicio 2020 (138.379,4 millones de euros), igualación que hay que atribuir a las mayores dotaciones en sanidad por la incidencia del COVID-19.

Obligaciones netas liquidadas.  En millones de euros, Total sin consolidar. 

Fuente: Ministerio de Hacienda.  Elaboración propia

El gráfico “Servicos públicos de cerácter preferentes y carga financiera”, en su comparación indica:

– Que los gastos de los servicios públicos de carácter preferente superan a los la carga financieran hasta el año 2009 (123.389,3 y 61.389,8 millones de euros respectivamente en este ejercicio)  

– Que a partir del 2009 ese diferencial va disminuyendo hasta el ejercicio 2013 en que se inicia una senda en que los gastos de la carga financiera de la deuda pública es mayor que los  gastos de los servicios de carácter preferentes.

– En 2023, los servicios públicos de carácter preferentes se situán en 162.795,1 millones siendo supurados por la carga financiera de la deuda publica que alcanza 175.688,0 millones de euros.

Obligaciones netas liquidadas.  En millones de euros, Total sin consolidar. 

Fuente: Ministerio de Hacienda.  Elaboración propia

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La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) ha celebrado, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la primera edición de los Premios Nacionales del Cooperativismo de Trabajo, un reconocimiento público a las empresas y personas que, desde el modelo cooperativo, impulsan la transformación económica y social de España.

“Una pequeña cooperativa puede salvar un pueblo, una cooperativa de cuidados puede mantener la vida en una comarca y una cooperativa de jóvenes puede devolver esperanza a un barrio que parecía condenado al silencio. Eso es el cooperativismo: una manera de emprender con propósito, de tejer comunidad y de construir futuro”, ha reflexionado el presidente de Coceta, Luis Miguel Jurado, en la inauguración del acto, en el que ha subrayado la relevancia de estos premios. La entrega de galardones ha contado con la asistencia de Jaime Iglesias, Comisionado Especial para la Economía Social.

Los galardones

El premio ‘Jóvenes Cooperativistas’ ha reconocido la labor comunicativa del equipo de Guapa, Lista y Cooperativista a través de nuevos canales y su compromiso con el cooperativismo, mostrando su «potencial de transformación y empleo digno a las nuevas generaciones».

En la categoría ‘Cooperativa Innovadora’, ha obtenido el galardón Givit Delivery Coop, una cooperativa de trabajo andaluza que realiza la prestación de servicios de mensajería, recadería, reparto, entrega de materiales y documentación in situ, «dignificando la figura de los riders«.

El premio a la ‘Cooperativa Impulsora de los ODS’ ha sido para Grupo Sorolla Educación, cooperativa valenciana con más de 40 años de trayectoria trabajando por la educación y la excelencia educativa, apostando por los modelos educativos innovadores y la sostenibilidad.

El galardón en la categoría de ‘Persona destacada en el desarrollo del Cooperativismo y la Economía Social en España’ ha sido para Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), la Organización Europea de la Economía Social (SEE) y Ucomur. El premio reconoce su «incansable labor impulsando y defendiendo este modelo de hacer empresa con principios y valores, no solo a nivel nacional sino europeo».

Y en la categoría de ‘Mujer Cooperativista’, la premiada ha sido Maravillas Rojo, presidenta de Abacus cooperativa desde 2017, por su amplia trayectoria, «dedicando buena parte de su vida al progreso del cooperativismo y al servicio público».

«Esta gala de premios ha sido, también, un espacio de encuentro, inspiración y reconocimiento de este modelo de hacer empresa con principios y valores, donde se han compartido experiencias poniendo el valor el compromiso de quienes lideran, sostienen y promueven el ecosistema cooperativo en todos los territorios de España», indican desde Coceta. Según los últimos datos recabados, en 2024 se han creado 1.227 nuevas cooperativas y cerca de 3.000 empleos.

La entrada Coceta homenajea “el poder transformador de las cooperativas” en una gala de premios se publicó primero en lamarea.com.

Sus dos anteriores libros fueron “Sapiens” y “Homo Deus” y en ellos se exploraba la historia del hombre y su futuro, respectivamente. Aquí, Yuval Noah Harari nos presenta un compendio de 21 temas esenciales para el presente. Mientras estamos atareados en nuestros problemas cotidianos, están pasando cosas a nivel global que nos deberían importar.

“A la filosofía, a la religión y a la ciencia se les está acabando el tiempo”. La inminente crisis ecológica, la creciente amenaza de las armas de destrucción masiva y el auge de las nuevas tecnologías disruptivas no permitirá prolongar mucho más el debate sobre el significado de la vida. Porque ese significado se ha de usar para tomar decisiones importantes (en ciencia, biotecnología, inteligencia artificial…). Los mercados son impacientes y no toman siempre las mejores decisiones para todos.

1. Decepción ante la ausencia de una ideología convincente

Tras la caída del fascismo y del comunismo, el liberalismo se ha impuesto casi por todo el mundo de una u otra forma, defendiendo cosas tan bonitas como la libertad, los derechos humanos, la libertad de movimiento (más para el dinero que para las personas, ciertamente), o el libre mercado (que con tanto acierto criticó N. Klein). Pero desde la crisis global de 2008, los decepcionados por el liberalismo crecen y hay, además, dos retos que para Harari son muy inquietantes: la infotecnología (desarrollos tecnológicos, inteligencia artificial, robots…) y la biotecnología (modificar genes, transgénicos…). “Los humanos siempre han sido mucho más duchos en inventar herramientas que en usarlas sabiamente. Es más fácil reconducir un río mediante la construcción de una presa que predecir las complejas consecuencias que ello tendrá para el sistema ecológico de la región”.

El poder de “manipular el mundo” ha llevado a que “nos enfrentamos a un colapso ecológico”, porque las revoluciones en biotecnología y en infotecnología las lideran científicos o emprendedores “que apenas son conscientes de las implicaciones políticas de sus decisiones”. Así, “Donald Trump advirtió a los votantes que mexicanos y chinos les quitarían el trabajo y (…) nunca advirtió a los votantes que los algoritmos les quitarían el trabajo” (poniendo a las máquinas a trabajar). “Quizá en el siglo XXI las revueltas populistas se organicen no contra una élite económica que explota a la gente, sino contra una élite económica que no la necesita”. Cada vez se precisan menos trabajadores y ahora debemos ya empezar a buscar soluciones (como reducir la jornada laboral o la renta básica), antes de alcanzar el “desempleo masivo”.

Los que votaron a Trump en EE.UU. o a favor del Brexit en Reino Unido, no rechazaron el liberalismo totalmente pero sí quisieron encerrarse un poco en su casa y que se adoptaran “políticas intolerantes para con los extranjeros”. Pretender aislarse, como pide el nacionalismo, es una política inviable en la era de internet y del calentamiento global. China lo hace al revés: aplica el liberalismo más fuera de sus fronteras que dentro, mientras Rusia aplica un liberalismo atroz que genera la “mayor desigualdad del mundo” (el 87% de la riqueza está en manos del 10% de los más ricos) y el islamismo solo atrae a algunos de los que crecieron en su seno. A pesar de todo, la humanidad no puede abandonar el liberalismo, “porque no tiene ninguna alternativa”, aunque tampoco ofrece respuestas “a los mayores problemas a los que nos enfrentamos: el colapso ecológico y la disrupción tecnológica”. El liberalismo todo lo resuelve con el crecimiento económico pero esa solución no sirve porque ya sabemos que esa es precisamente la causa de la crisis ecológica y que gran parte de la tecnología tiene un fuerte impacto social y ambiental. Por eso, para Harari la primera medida es la perplejidad: reconocer que no sabemos lo que está ocurriendo.

2. Trabajo: en el futuro habrá mucho menos empleo

Es obvio que las máquinas y los robots están efectuando cada vez más trabajos: mejoran nuestra vida y, a la vez, nos quitan el trabajo. El poder de las máquinas, junto con la IA (Inteligencia Artificial) es inmenso y tienen dos capacidades muy importantes: la conectividad y la capacidad de actualización. Por ejemplo, en conducción automática de vehículos, dos coches podrían conectarse para acordar quien pasa primero y evitar colisionar. Además, cualquier nueva norma de tráfico o mejora del software podría actualizarse en todos los vehículos automáticos de forma inmediata.

También es cierto que se están creando nuevos empleos, pero en general exigen “un gran nivel de pericia y, por tanto, no resolverán los problemas de los trabajadores no cualificados”. Podría ocurrir que padezcamos “a la vez unas tasas de desempleo elevadas y escasez de mano de obra especializada”. Además, dado la vertiginosa velocidad de cambio, podrían ser profesiones que surgen y desaparecen en cuestión de una década, por lo que es muy complicado exigir derechos laborales o crear sindicatos en tales circunstancias. El autor sostiene que “hoy ya son pocos los empleados que esperan ocupar el mismo empleo toda la vida”. Además reconoce que “el cambio es siempre estresante” y podría ser complicado reeducar a miles de empleados.

Por otra parte, evitar la pérdida de puestos de trabajo no es una buena opción, porque supone abandonar las ventajas de la mecanización, pero tampoco podemos hacerlo sin dar alternativas a los empleados. Harari alaba lo que ocurre en Escandinavia, donde los gobiernos siguen el lema «proteger a los obreros, no los empleos». Una forma de hacer esto es lo que llamamos las dos erres urgentes: Reducir la jornada laboral y la RBU (Renta Básica Universal). Por supuesto, también se está aplicando en muchos países la subvención de servicios básicos universales: educación, sanidad, transporte… Pero en estas opciones el problema está en definir qué es «universal» y qué es «básico»:

• Por universal se suele interpretar la población nacionalizada en un país, pero hay que tener en cuenta que las principales víctimas de la automatización quizá no vivan en donde se apruebe la RBU o esos servicios básicos universales. Automatizar en exceso podría generar la ruina en países en desarrollo que actualmente están dando mano de obra barata a los países ricos.
• Por básico se puede interpretar la comida que un sapiens requiere (entre 1500 y 2500 calorías), pero también se pueden considerar básicos aspectos como la educación, la sanidad, el acceso a internet…

El problema es complejo, porque contentar a los sapiens no es tarea sencilla. La felicidad puede depender de las expectativas y éstas dependen de las circunstancias. Por tanto, aunque se mejoren las condiciones, no se garantiza que haya satisfacción. Como ejemplo exitoso cita el caso de Israel, país que obtiene buenos resultados en la satisfacción de la población, en parte gracias a un montón de personas pobres que no trabajan y que se dedican exclusivamente a cuestiones religiosas (el 50% de los hombres judíos ultraortodoxos). El gobierno da generosas subvenciones y se constata que debatir el Talmud es más satisfactorio que el trabajo de los obreros. Así pues, “la búsqueda de plenitud y de comunidad podría eclipsar la búsqueda de un puesto de trabajo”. El objetivo debería ser combinar una red de seguridad económica universal y básica, comunidades fuertes con servicios básicos universales y educar para una búsqueda de una vida plena. Esto podría compensar la pérdida de empleos y mejorar la calidad de vida de la gente.

“Dado el inmenso poder destructor de nuestra civilización, no podemos permitirnos más modelos fallidos”, pues equivocarnos ahora podría acabar en una guerra nuclear, en desastres por manipulación genética o en un colapso completo de la biosfera.

3. Libertad: computadoras y big data contra los derechos humanos

Dice Harari que “los referéndums y las elecciones tienen siempre que ver con los sentimientos humanos, no con la racionalidad”. Aunque algunas personas están más informadas y otras son más racionales, al final cada voto cuenta lo mismo y los sentimientos son los que guían a la mayoría. El biólogo Richard Dawkins dijo a propósito de la votación del Brexit que someterlo a referéndum es como «dejar que los pasajeros de un avión votaran en qué pista debería aterrizar el piloto». Teniendo esto en cuenta, queda claro el alto interés en acceder al corazón humano, a sus entresijos y a cómo manipularlo. Si se consiguiera en grado suficiente, la política sería “un espectáculo de títeres emocional”.

Pensemos que, al final, los sentimientos están basados en el cálculo. Millones de neuronas calculan, por ejemplo, cuando tener miedo según la probabilidad de ser dañados. Los sentimientos “encarnan la racionalidad evolutiva”, pero “pronto los algoritmos informáticos podrán aconsejarnos mejor que los sentimientos humanos”. Seguramente cometerán errores, pero solo se necesita que sean, de media, mejor que nosotros, lo cual “no es muy difícil, porque la mayoría de las personas no se conocen muy bien a sí mismas, y (…) suelen cometer terribles equivocaciones en las decisiones más importantes de su vida”. Incluso en ética, las máquinas superarán a la mayoría de los humanos, porque las máquinas no tienen emociones. Se ha demostrado que las emociones humanas controlan las decisiones humanas, por encima de sus ideologías o de sus planteamientos filosóficos. La selección natural no ha seleccionado a los homínidos más éticos, sino a los que gracias a sus emociones (miedo, deseo…) han conseguido reproducirse con más éxito. Por otra parte, “los ordenadores no tienen subconsciente” y si fallaran, resultaría “mucho más fácil corregir el programa que librar a los humanos de sus prejuicios”. Esto abre mercado a los filósofos, pues hará falta la filosofía para hacer buenos programas.

Cuando las decisiones importantes las tomen los algoritmos, basados en el cómputo de millones de datos (macrodatos o big data), ¿dónde queda nuestra libertad? ¿Confiaremos en los algoritmos para que nos escojan pareja, qué estudiar o dónde trabajar? ¿Escogerán también a quien votar? ¿Qué sentido tienen entonces las elecciones y los mercados libres?

Ya hoy día la gente confía en Google para hallar respuestas mientras “la capacidad para buscar información por nosotros mismos disminuye”. Esto hace que la gente considere «verdad» lo que aparece en los primeros resultados de la respuesta de Google. Más aún, la capacidad para orientarse es como un músculo que o lo usas o lo pierdes, y mucha gente depende tanto de Google Maps que si falla se encuentra completamente perdida.

El que controle esos algoritmos de macrodatos, controlará buena parte del mundo. Un ejemplo está en Israel, país que controla el cielo, las ondas de radio, el ciberespacio y el mar y, gracias a ello, un puñado de soldados pueden controlar a 2.5 millones de palestinos en Cisjordania. Y lo hacen usando IA: en 2017 un palestino publicó una foto poniendo en árabe “¡Buenos días!”. Un algoritmo israelí confundió las letras árabes y lo tradujo como “¡Mátalos!” y el obrero fue detenido. Quedó en libertad cuando se aclaró el error, pero el incidente demuestra la importancia de la IA para controlar a la población. Llevado al extremo, en manos de gobiernos autoritarios las herramientas de IA podrían controlar a la población “más incluso que en la Alemania nazi”.

Usando las reglas de la selección natural, hemos criado vacas dóciles que producen más leche, pero que son inferiores en otros aspectos. Igualmente, “estamos creando humanos mansos” pero que “en absoluto maximizan el potencial humano”. De hecho, “sabemos poquísimo de la mente humana”, mientras la investigación se centra en mejorar los ordenadores y los algoritmos. “Si no somos prudentes, terminaremos con humanos degradados que usarán mal ordenadores mejorados”. Para Harari esto podría provocar el caos, “acabar con la libertad” y “crear las sociedades más desiguales que jamás hayan existido”. La inmensa mayoría de la gente podría sufrir algo peor que la explotación: la irrelevancia.

4.  Igualdad: El que tenga los datos dominará el mundo

Los primeros grupos de sapiens eran más igualitarios que cualquier sociedad posterior. La revolución agrícola multiplicó la propiedad (tierra, herramientas…) y con ella la desigualdad. En el siglo XX se ha reducido la desigualdad en muchos países, pero “hay indicios de una desigualdad creciente”: “El 1% más rico posee la mitad de las riquezas del mundo” (y es responsable de la mitad de la contaminación mundial) y las 100 personas más ricas tienen más que los 4.000 millones más pobres. En el futuro, la biotecnología podría dar ventajas a ciertos sapiens (mayor longevidad, mejores capacidades físicas…) y podrían generarse “castas biológicas”, lo cual ahondará en la desigualdad. También insiste en el poder de la infotecnología para eliminar la utilidad de los humanos para las élites.

Antiguamente la tierra era el bien más importante. Luego pasaron a ser las máquinas y la industria. Hoy, cada vez tienen más importancia los datos. Empresas como Google, Facebook, Baidu y Tencent lo saben bien. Por ejemplo, Google nos proporciona servicios gratuitos, pero gracias a eso consigue millones de datos de sus usuarios. Esos datos valen mucho. No solo para ponernos la publicidad en la que caeremos con mayor probabilidad. Creemos que Google nos ayuda mucho, pero nosotros ayudamos a Google mucho más, porque mientras Google solo nos hace la vida un poco más fácil, nosotros somos los que permitimos que Google pueda existir haciendo negocio con nuestros datos. Así, en el futuro habrá que responder a una pregunta clave en nuestra era: ¿quién es el propietario de los datos? (datos sobre nuestros hábitos, nuestro ADN, nuestros gustos…). Tenemos experiencia regulando la propiedad de la tierra y la propiedad de la industria, pero “no tenemos mucha experiencia en regular la propiedad de los datos”, los cuales tienen características especiales (fáciles de copiar y de transportar, están en muchos sitios y en muchos formatos…).

¿Qué prefieres? ¿Libertad o igualdad?

5. Comunidad: “La gente lleva vidas cada vez más solitarias en un planeta cada vez más conectado”

Las redes sociales están rompiendo aún más las comunidades íntimas, las cuales ya están bastante sustituidas por gobiernos y empresas. Facebook se propuso conectar a los humanos, pero el escándalo de Cambridge Analytica reveló que se recogían datos “para manipular las elecciones en todo el mundo”. En teoría, las redes sociales pueden contribuir a fortalecer el tejido social y a hacer que el mundo esté más unido (ingeniería social), pero es complicado porque eso choca con intereses empresariales. Mientras la gente esté más interesada en el ciberespacio que en lo que pasa en su calle hay mayores posibilidades de manipularlo y de sacarle el dinero online. No olvidemos que los gigantes tecnológicos han sido acusados repetidas veces de evasión fiscal. ¿Es creíble que empresas que no pagan sus impuestos nos vayan a ayudar realmente a crear comunidades fuera del mundo virtual?

6. Civilización: Solo existe ya una civilización

Harari desmonta la teoría de que hay un choque de civilizaciones, pues en realidad la globalización tiende a unir cada vez más a la gente y no es posible, ni deseable, dar marcha atrás. “Hace diez mil años la humanidad estaba dividida en incontables tribus aisladas. Con cada milenio que pasaba, estas tribus se fusionaron en grupos cada vez mayores”. El proceso de unificación de la humanidad se ve claro si uno piensa los vínculos que hay entre los distintos grupos y las prácticas comunes entre ellos. Con sus diferencias, todos los países aceptan una serie de protocolos diplomáticos, leyes internacionales… y participan en los Juegos Olímpicos bajo las mismas reglas, lo cual es “un asombroso acuerdo global” y debemos “sentir orgullo porque la humanidad sea capaz de organizar un acontecimiento de este tipo”. Más aún, todos comparten similares reglas económicas, confianza en el dinero, los médicos comparten conocimientos y tienen similares protocolos… “La gente tiene todavía diferentes religiones e identidades nacionales. Pero cuando se trata de asuntos prácticos (…) casi todos pertenecemos a la misma civilización“. Nuestras diversas opiniones traerán debates y conflictos, pero eso nos hará aún más conectados, más interdependientes.

7. Nacionalismo: La historia tiende a unirnos, no a separarnos

El Brexit o el nacionalismo en Cataluña… ¿a qué se deben? ¿pueden dar respuestas a los problemas más importantes? Las formas moderadas de patriotismo pueden ser benignas. “El problema empieza cuando el patriotismo benigno se metamorfosea en ultranacionalismo patriotero”, lo cual es “terreno fértil para los conflictos violentos”. En el pasado era razonable buscar seguridad y sentido en el regazo de la nación, pero hoy, sin negar eso, tenemos al menos tres retos que nos obligan a trabajar más conjuntamente. La guerra nuclear es el primero y ciertamente en este campo lo estamos haciendo bien: a pesar de las guerras, hoy mueren menos personas por violencia humana que por obesidad, accidentes de tráfico o suicidio. El miedo a la guerra nuclear hace que los estados poderosos piensen bien antes de meterse en una guerra que sería desastrosa para el planeta.

El segundo reto es el cambio climático y el desastre ambiental  (contaminación de la agricultura, pérdida de biodiversidad…). “Un agricultor que cultive maíz en Iowa podría, sin saberlo, estar matando peces en el golfo de México”. Homo sapiens ha pasado de ser un asesino ecológico en serie (como explica Harari en su libro Sapiens) a ser un asesino ecológico en masa. “Los científicos están de acuerdo en que las actividades humanas (…) hacen que el clima de la Tierra cambie a un ritmo alarmante. (…) Es fundamental que realmente hagamos algo al respecto ahora”. Harari tiene claro que el nacionalismo no puede sino empeorar la respuesta a este problema, porque las actuaciones “para ser efectivas, tienen que emprenderse a un nivel global”. Harari subraya que la industria de la carne, además del enorme sufrimiento que infringe, “es una de las principales causas del calentamiento global, una de las principales consumidoras de antibióticos y venenos, y una de las mayores contaminadoras de aire, tierra y agua” (producir 1 kilo de carne puede consumir 15.000 litros de agua).

El tercer reto es la disrupción tecnológica (biotecnología e infotecnología). A muchos nacionalistas les gustaría volver a tiempos pasados, pero eso es algo imposible. Estos tres retos pueden servir para “forjar una identidad común” que permita afrontar los riesgos. Por supuesto, queda espacio para “ese patriotismo que celebra la singularidad de mi nación y destaca mis obligaciones especiales hacia ella”. Harari ve claro que debemos “globalizar nuestra política”, lo cual no implica necesariamente un gobierno global, sino que todos los gobiernos (nacionales o de ciudades) “den mucha más relevancia a los problemas y los intereses globales”. Por ejemplo, recientemente muchas ciudades se han propuesto muchos retos en el llamado Pacto de Milán, como por ejemplo reducir el consumo de carne.

8. Religión: ¿Una ayuda para la unión del mundo o un inconveniente?

¿Pueden las religiones ayudar a resolver los problemas? Para Harari hay tres tipos de problemas —técnicos, políticos y de identidad— y las religiones solo pueden ayudar en el último tipo. Precisamente porque no ofrecen soluciones interesantes a los dos primeros tipos de problemas, “la autoridad religiosa ha estado reduciéndose”. Por ejemplo, cada vez menos gente acude a la religión ante problemas de salud, y si acude, lo hace después de acudir a la ciencia. A nivel político tampoco la religión ofrece alternativas globales a los retos actuales. De hecho, en muchos casos se desoye la religión cuando están en juego intereses políticos. Harari dice que “aunque algunas de las cosas que dijo Jesús suenan a comunismo total, (…) buenos capitalistas norteamericanos seguían leyendo el Sermón de la Montaña sin apenas darse cuenta”. Otras veces es la religión la que intenta meterse en política, con escaso éxito. Tal es el caso de la encíclica “ecológica” del Papa Francisco, “Laudato Si” (véase aquí un resumen sobre ella).

Las religiones determinan quiénes somos y quiénes son los demás. Es aquí donde la religión puede jugar un papel importante. Las religiones continuarán siendo importantes y pueden contribuir a la unión del mundo pero, como el nacionalismo, en demasiados casos lo que hacen es dividir y generar hostilidades.

9. Inmigración: La discriminación por la cultura genera injusticias

“Aunque la globalización ha reducido muchísimo las diferencias culturales en todo el planeta, a la vez ha hecho que sea más fácil toparse con extranjeros y que nos sintamos molestos por sus rarezas”. Pero las migraciones son naturales en el hombre a lo largo de toda su historia, y hoy el problema más grave está en Europa. La Unión Europea ha conseguido convivir con las diferencias entre los distintos países pero tiene problemas para convivir con todos los inmigrantes y refugiados que llegan.

Para Harari, “mientras no sepamos si la integración es un deber o un favor, qué nivel de integración se exige a los inmigrantes y con qué rapidez los países anfitriones deben tratarlos como ciudadanos de pleno derecho, no podremos juzgar si las dos partes cumplen sus obligaciones”. Pero si esa evaluación se hace de forma colectiva pueden generarse injusticias. Por otra parte, cada cultura tiene distinto nivel de aceptación a otros. Harari resalta que “Alemania ha acogido a más refugiados sirios de los que han sido aceptados en Arabia Saudí”.

Harari dice que la gente “lucha contra el racismo tradicional sin darse cuenta de que el frente de batalla ha cambiado”, porque ahora hay discriminación por la cultura (que este autor llama «culturismo»). Así, muchas veces se culpa a los inmigrantes de tener una cultura y valores no adecuados, pero por otra parte, “en muchos casos, hay pocas razones para adoptar la cultura dominante y en muchos otros se trata de una misión casi imposible”, pues podría, por ejemplo, requerir un nivel económico o educativo imposible de alcanzar por las clases inferiores (sean o no inmigrantes). Los dos grandes problemas de la discriminación por la cultura son:

1. Usan afirmaciones generales, poco objetivas, que evalúan una cultura como superior a otra, sin hacer una valoración completa y objetiva.
2. Discriminan a individuos concretos en base a esas afirmaciones generales.

“Si 500 millones de europeos ricos no son capaces de acoger a unos pocos millones de refugiados pobres, ¿qué probabilidades tiene la humanidad de superar los conflictos de mucha más enjundia que acosan a nuestra civilización global?”. “La humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones”.

10. Terrorismo: los terroristas son débiles y su arma es el miedo

Los terroristas “matan a muy pocas personas, pero aún así consiguen aterrorizar a miles de millones”. Desde el 11-S los terroristas han matado anualmente a unas 50 personas en la UE, 10 en EE.UU…. y hasta 25.000 en el mundo (principalmente en Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Siria). “En comparación, los accidentes de tráfico matan anualmente a unos 80.000 europeos, 40.000 norteamericanos (…) y 1,25 millones de personas en todo el mundo”. Por su parte, la contaminación atmosférica mata a unos 7 millones y nuevas formas de contaminación nos invaden con efectos desconocidos.

“Existe una desproporción asombrosa entre la fuerza real de los terroristas y el miedo que consiguen inspirar”, pero ellos son débiles. Si tomamos conciencia de su debilidad, ellos serán aún más débiles, porque su mayor poder radica en el miedo que generan. Por supuesto, los gobiernos y los medios de comunicación deben luchar contra el terrorismo e informar, pero evitando la histeria. “El dinero, el tiempo y el capital político invertido en luchar contra el terrorismo no se han invertido en luchar contra el calentamiento global, el sida y la pobreza; en aportar paz y prosperidad al África subsahariana, o en forjar mejores vínculos” entre las naciones del mundo.

11. Guerra: hoy se pierde más con las guerras de lo que se gana

“Las últimas décadas han sido las más pacíficas de la historia de la humanidad” (ver datos). Antiguamente, ganar una guerra era un símbolo de prosperidad pero las cosas han cambiado. Hoy las guerras no traen prosperidad, sino miseria, porque “los principales activos económicos consisten en el conocimiento técnico e institucional más que en los trigales, las minas de oro o incluso los campos petrolíferos, y el conocimiento no se conquista mediante la guerra“. De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias derrotadas prosperaron como nunca antes (Alemania, Japón…). La guerra fue producto de un “error de cálculo”. Pensaron que sin nuevas conquistas estaban condenados al estancamiento económico, pero se equivocaron. Por todo esto, las nuevas guerras merecen menos la pena, pero Harari nos advierte de que no podemos confiarnos, pues “los humanos son propensos a dedicarse a actividades autodestructivas”. Y dado que un detonante de la guerra es el sentimiento de superioridad, Harari recomienda “una dosis de humildad”.

12. Humildad: ¿Y si aprendemos más de las demás culturas?

“La mayoría de la gente suele creer que es el centro del mundo y su cultura, el eje de la historia”. Pero no es así. La historia de la humanidad empezó mucho antes que las culturas actuales y continuará, tal vez, tras ellas. Harari dice que su pueblo, los judíos, “piensan también que son lo más importante del mundo”, para luego pasar a desmontar punto por punto esa “desfachatez”, desde el origen de la ética hasta las importantes contribuciones científicas de los judíos. Con respecto a lo primero, “todos los animales sociales, como lobos, delfines y monos, poseen códigos éticos, adaptados por la evolución”, así como sentimientos que muchos atribuyen solo a humanos. Además, Buda, Mahavira o Confucio crearon sistemas morales anteriores al judaísmo. Por tanto, “humanos de todas las creencias harían bien en tomarse más en serio la humildad”.

13. Dios: ¿Quién dice lo que es correcto?

Dios puede verse como un enigma del que “no sabemos absolutamente nada”, o bien, como un “legislador severo y mundano, acerca del cual sabemos demasiado”, pues se han escrito bibliotecas enteras, y se ha usado el nombre de Dios para justificar intereses de todo tipo. Aunque las religiones pueden generar amor y paz, también han generado odio y violencia y por eso, para Harari no son estrictamente necesarias, pues la moral se puede justificar sin acudir a Dios. “Hacer daño a los demás siempre me hace daño también a mí”, porque antes de hacer algo mal hay un sentimiento interno que hace daño: “antes de que matemos a alguien, nuestra ira ya ha matado nuestra paz de espíritu”.

14. Laicismo: Ser responsables sin que lo mande Dios

El laicismo no es rechazar todo lo espiritual, sino no confundir verdad con fe, no santificar ningún libro, persona o grupo como poseedores de la verdad absoluta. Y también es el compromiso con la compasión y la comprensión del sufrimiento. Por ejemplo, “la gente secular se abstiene del homicidio no porque algún libro antiguo lo prohíba, sino porque matar inflige un sufrimiento inmenso a seres conscientes”. Es mejor encontrar la motivación en la compasión que en la obediencia divina. Pero el laicismo también se encuentra con dilemas complejos y, en tal caso, “sopesan con cuidado los sentimientos de todas las partes”. El laicismo también valora la responsabilidad: “En lugar de rezar para que ocurran milagros, necesitamos preguntar qué podemos hacer nosotros para ayudar”.

15. Ignorancia: A la gente no le gustan los hechos reales

Los humanos nos movemos en la ignorancia y en la irracionalidad. “La mayoría de las decisiones humanas se basan en reacciones emocionales y atajos heurísticos más que en análisis racionales. (…) No solo la racionalidad es un mito: también lo es la individualidad. Los humanos rara vez piensan por sí mismos. Más bien piensan en grupos. (…) Es probable que bombardear a la gente con hechos y mostrar su ignorancia individual resulte contraproducente. A la mayoría de las personas no les gustan demasiado los hechos y tampoco parecer estúpidas”. Más aún, los poderosos en vez de aprovechar su poder para obtener una mejor visión de la realidad, suelen emplearlo en distorsionar la verdad. Así, los que buscan la verdad deben alejarse del poder y permitirse “la pérdida de mucho tiempo vagando por aquí y por allá en la periferia” y como hizo Sócrates, “reconocer nuestra propia ignorancia individual”.

16. Justicia: ¿Somos responsables de las injusticias de las empresas?

“Nuestro sentido de la justicia podría estar anticuado”. Dependemos de una red alucinante de lazos económicos y políticos, hasta el punto de costarnos responder preguntas sencillas como de dónde viene mi almuerzo. ¿Podemos ser inocentes de las injusticias que generan las multinacionales? Harari afirma que es erróneo tener en cuenta solo las intenciones sin hacer un esfuerzo sincero por saber lo que se esconde. Pero también sostiene que “el planeta se ha vuelto demasiado complicado para nuestro cerebro de cazadores-recolectores“. “Padecemos problemas globales, sin tener una comunidad global” y por tanto, entender bien tales problemas es misión imposible. Por eso, mientras unos simplifican la realidad para hacerla abarcable, otros se centran en alguna historia conmovedora olvidando los demás datos, otros inventan teorías conspiratorias, y otros depositan su confianza en algún líder o teoría, porque “la complejidad de la realidad se vuelve tan irritante que nos vemos impelidos a imaginar una doctrina que no pueda cuestionarse” y que nos dé tranquilidad, aunque difícilmente proporcione justicia.

17. Posverdad: Los poderosos siempre mienten

Estamos rodeados de mentiras y ficciones, pero la desinformación no es nada nuevo. El autor comenta varios casos de mentiras históricas, como los relatos falsos de asesinatos rituales por parte de judíos en la Edad Media, lo cual costó la vida a muchos judíos inocentes.

Si el ser humano es capaz de matar por una causa, ¿cómo no va a ser capaz de mentir? De hecho, como explica Harari en su libro anterior, el ser humano conquistó el planeta gracias a su capacidad de crear ficciones. Cuando un grupo cree en las mismas ficciones, son capaces de cooperar de manera eficaz. “Cuando mil personas creen durante un mes algún cuento inventado, esto es una noticia falsa. Cuando mil millones de personas lo creen durante mil años, es una religión, y se nos advierte que no lo llamemos «noticia falsa» para no herir los sentimientos de los fieles”. Pero Harari aclara que no niega “la efectividad ni la benevolencia potencial de la religión”. Las religiones inspiran buenas y malas acciones.

Una de las mentiras más aceptadas en la actualidad procede de los anuncios de las marcas comerciales. Nos cuentan repetidamente un relato hasta que la gente se convence de que es la verdad. Por ejemplo: ¿con qué se asocia la Coca-Cola? ¿Con jóvenes divirtiéndose o con pacientes con diabetes y sobrepeso en un hospital? Beber Coca-Cola aumenta la probabilidad de padecer obesidad y diabetes, y no nos va a hacer jóvenes . ¿Ha funcionado el relato falso que nos cuenta Coca-Cola en su publicidad?

Harari asegura que “si queremos poder, en algún momento tendremos que difundir ficciones”, pues la verdad no siempre gusta a todos. “Como especie, los humanos prefieren el poder a la verdad. Invertimos mucho más tiempo y esfuerzo en intentar controlar el mundo que en intentar entenderlo”. Por eso, “es responsabilidad de todos dedicar tiempo y esfuerzo a descubrir nuestros prejuicios y a verificar nuestras fuentes de información”. Harari ofrece dos reglas para evitar el lavado de cerebro: a) “Si el lector consigue las noticias gratis, podría muy bien ser él el producto”. b) “Haga el esfuerzo para leer la literatura científica relevante”, pues la ciencia suele ser objetiva. Y por eso hace un llamamiento a los científicos a hacer oír su voz cuando el debate caiga dentro de su campo.

18. Ciencia ficción: No te puedes librar de la manipulación, pero tú puedes hacerte feliz a ti mismo

La ciencia ficción es un género artístico que ha de tomar importancia, porque modela lo que la gente piensa sobre cuestiones tecnológicas, sociales y económicas de nuestra época, dado que poca gente lee los artículos científicos. Muchas películas de este género, como Matrix, reflejan el miedo a estar atrapado y manipulado y el deseo de liberarse. Sin embargo, “la mente nunca está libre de manipulación”. Por ejemplo, las películas de Hollywood socavan el subconsciente creando paradigmas de lo bueno y lo correcto. Pero cuanto experimentamos en la vida se halla dentro de nuestra mente y nosotros mismos podemos manipularlo también. O sea, no podemos librarnos de la manipulación, pero tampoco necesitamos ir a Fiyi para sentir la alegría.

En la novela Un mundo feliz, Aldous Huxley describe una sociedad idílica, sin sufrimiento ni tristeza. Todo el mundo es virtuoso gracias a soma, una droga que consigue volver a la gente paciente y sin problemas. La gente sabe lo que tiene que hacer y lo hace sin esfuerzo. Es una sociedad libre de mosquitos. Pero hay un personaje, El Salvaje, que se queja alegando que la sociedad se libra de todo lo desagradable en vez de aprender a soportarlo. El Salvaje, reclama su derecho a ser libre con todas las consecuencias y el líder le dice que lo que está reclamando es el derecho a ser desgraciado, a enfermar, a vivir con incertidumbre, a sufrir hambre, miedo… El Salvaje asiente y entonces le permiten salirse de la sociedad para vivir como un ermitaño, un bicho raro en una sociedad que no le entiende y que le lleva a un triste final.

19. Educación: Conócete a ti mismo mejor que los algoritmos

Lo único que podemos asegurar del futuro es que habrá grandes cambios en poco tiempo. ¿Qué debemos enseñar a los jóvenes? Gracias a Internet y a los medios de comunicación, estamos inundados de información, contradictoria casi siempre. En educación, proporcionar más información no es lo más necesario, sino que debemos enseñar a dar sentido a la información y a discriminar lo que es o no importante. Expertos pedagogos recalcan que se deben enseñar «las cuatros CES»: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad.

Esta necesidad de aprender constantemente y de reinventarnos choca con el hecho de que con cincuenta años “no queremos cambios”. Pero además, enseñar resiliencia, enseñar a aceptar los cambios con equilibrio mental es mucho más difícil que enseñar una fórmula de física. Para Harari, el mejor consejo que dar a los jóvenes es que no confíen demasiado en los adultos, pues aunque tengan buenas intenciones no acaban de entender el mundo.

La invención de la agricultura sirvió para enriquecer a una élite minúscula, al tiempo que esclavizaba a la mayoría de la población. Algo similar podría ocurrir con la tecnología. “Si sabes lo que quieres hacer en la vida, tal vez te ayude a obtenerlo. Pero si no lo sabes, a la tecnología le será facilísimo moldear tus objetivos por ti y tomar el control de tu vida“. Por eso, hoy es más importante que nunca algo que han repetido filósofos desde antiguo: Conócete a ti mismo, “saber qué eres y qué quieres en la vida”. Y hoy eso es más importante que nunca porque ahora hay una competencia seria: multinacionales sin conciencia ética (y partidos políticos) están trabajando duro para usar los algoritmos y el big data para conocerte mejor que tú mismo (cada vez que usas tu teléfono o tu tarjeta estás regalando valiosos datos sobre ti mismo). “Vivimos en la época de hackear a humanos” y “si los algoritmos entienden de verdad lo que ocurre dentro de ti mejor que tú mismo, la autoridad pasará a ellos”. Pero si quieres conservar cierto control de tu existencia, tendrás que conocerte bien y saber cómo liberarte porque… “¿Has visto esos zombis que vagan por las calles con la cara pegada a sus teléfonos inteligentes? ¿Crees que controlan la tecnología, o que esta los controla a ellos?”

20. Significado: ¿Para qué dar sentido a nuestras vidas?

¿Cuál es el sentido de la vida? Eterna pregunta para la que “cada generación necesita una respuesta nueva”. El libro sagrado hindú Bhagavad Gita sostiene que cada ser debe seguir su camino concreto (dharma) y si no se sigue, no se hallará paz ni alegría. Ideologías de todo tipo (religiones, política, nacionalismos…) cuentan un relato para hacer que los suyos se sientan importantes, un relato que da trascendencia a sus vidas pero que siempre tiene contradicciones que evitan aclarar. Los nacionalistas, por ejemplo, suelen centrarse solo en el valor de su nación pero no suelen aclarar el porqué de esa superioridad. Para Harari, los relatos que cuentan esas corrientes de pensamiento son invenciones humanas y siempre tienen errores. Sin embargo, esas invenciones humanas nos han permitido colaborar entre nosotros y montar sociedades complejas que podrían desmoronarse si todos nos damos cuenta de que esos relatos son falsos: “La mayoría de los relatos se mantienen cohesionados por el peso de su techo más que por la solidez de sus cimientos” (y el peso del techo representa el peligro que hay al mostrar que los cimientos son débiles).

“Si queremos conocer la verdad última de la vida, ritos y rituales son un obstáculo enorme”. Los ritos solo sirven para ayudar a mantener relatos falsos, pero también cierta armonía y estabilidad social. “Una vez que sufrimos por un relato, eso suele bastar para convencernos de que el relato es real”, porque el sufrimiento es de las cosas más reales que existen. Dado que a la gente no le gusta admitir que es tonta, cuanto más se sacrifica por una causa, más se fortalece su fe en ella. También se usa el sufrimiento hacia los demás, y dado que a la gente no le gusta admitir que es cruel, también fortalece la fe en una causa el hacer sufrir a los demás por ella. Ese “sufrimiento” (o esfuerzo) puede ser de muchos tipos: corporal, dedicación de dinero o tiempo… Harari pregunta: “¿Por qué cree el lector que las mujeres piden a sus amantes que les regalen anillos de diamantes?”. Creen que cuanto mayor es el sacrificio mayor es el compromiso. Por todo esto, los embaucadores adoran las palabras sacrificio, eternidad, pureza, redención…

Para dar sentido trascendente a la vida, algunos se centran en dejar tras la muerte algo tangible (un poema, genes…), pero puede ser complicado y, al fin y al cabo, ni siquiera el planeta es eterno (dentro de 7.700 millones de años el Sol absorberá la Tierra y el fin del universo llegará, aunque tarde al menos 13.000 millones de años). Con ese panorama, Harari se pregunta: “¿No será suficiente con que hagamos que el mundo sea un poco mejor? Podemos ayudar a alguien, y ese alguien ayudará a continuación a alguna otra persona, y así contribuiremos a la mejora general del mundo y seremos un pequeño eslabón en la gran cadena de la bondad“. En el fondo, el amor es más seguro que los demás relatos.

La gente corriente suele creer en varios relatos a la vez, sentir distintas identidades, y muchas veces hay contradicciones importantes, porque en el fondo no están convencidos de su propias creencias. La historia está llena de estas “disonancias cognitivas”. Un ejemplo son los que han ido a la guerra para defender el cristianismo, religión del amor. Pero aún hoy día hay muchos cristianos que se oponen a las políticas de bienestar social, que se oponen a ayudar a los inmigrantes o que apoyan las armas, por ejemplo. También es fácil encontrar gente que se lamenta de la injusta distribución de la riqueza pero tienen inversiones en bolsa, cuando es bien sabido que invertir en bolsa genera injusticias y desigualdad (y si tu banco no es ético también estás colaborando con sucios negocios).

Nuestros deseos nos llevan a actuar y Harari sostiene que somos libres para elegir nuestras acciones, pero no nuestros deseos. Muy poca gente es la que controla sus pensamientos. Para la mayoría, los pensamientos vienen y van de forma caótica y descontrolada. Algunas religiones enseñan a controlar la mente. Buda enseño que hay tres realidades básicas del universo: que todo cambia sin cesar, que no hay nada eterno y que nada es completamente satisfactorio. Aceptando esto, el sufrimiento cesa: “según Buda la vida no tiene sentido, y la gente no necesita crear ningún sentido”. El consejo de Buda es: «No hagas nada. Absolutamente nada». “Todo problema radica en que no paramos de hacer cosas” (física o mentalmente). No hacer nada es conseguir que la mente tampoco haga nada.

21. Meditación, para conocernos mejor

En el último capítulo, el autor nos cuenta su experiencia personal aclarando que no tiene porqué funcionar bien a todo el mundo. Casi por casualidad, descubrió la meditación Vipassana (introspección) que, simplificando, consiste en centrar la atención en algo concreto, como el aire que entra y sale por la nariz. La gente corriente es incapaz de mantener esta atención de forma prolongada y Harari confiesa que al instante perdía la concentración. El objetivo de esta meditación es observar las sensaciones personales. Cuando uno se enfada se centra en pensar en el objeto que supuestamente provoca el enfado y no la realidad sensorial. Harari dice que aprendió más cosas sobre sí mismo y los humanos observando sus sensaciones en diez días que durante el resto de su vida hasta ese momento y, además, sin tener que aceptar cuentos o mitologías. Basta solo con observar la realidad como es.

El origen del sufrimiento está en la propia mente. Cuando deseamos que ocurra algo y no ocurre, generamos sufrimiento. Es una reacción de la mente. Es la mente la que provoca el sufrimiento. “Aprender esto es el primer paso para dejar de generar más sufrimiento”. La meditación es cualquier método de observación directa de nuestra propia mente y, aunque la han usado muchas religiones, la meditación no es necesariamente religiosa. La meditación Vipassana advierte que no se debe practicar solo como búsqueda de experiencias especiales, sino para comprender la realidad de nuestra propia mente, aprovechando todo tipo de sensaciones por simples que sean (calor, picor…).

Harari dice que medita dos horas diarias y que le ayuda al resto de tareas del día. Además, recomienda meditar para conocernos a nosotros mismos, antes de que los algoritmos decidan por nosotros quiénes somos realmente.

Información relacionada:

1. Lee otros libros resumidos, para captar su esencia en poco tiempo.
   • Sobre la mente, te recomendamos El puente donde habitan las mariposas y Viaje al centro de la mente.
2. De Yuval Noah Harari:
   • Sapiens, de animales a dioses: Breve historia de la humanidad (resumen).
   • Nexus (resumen).
3. Dos Erres URGENTES: Renta básica y Reducción de la jornada laboral.
4. Máquinas y robots nos quitan el empleo pero mejoran nuestra vida.
5. Crisis ecológica, conocimiento y finitud: Fracaso del ser humano como ser racional.
6. HINDUISMO: Upanishad, Bhagavad Gîtâ, yoga y tantra, meditación, iluminación y mucho más.

Por Juan Torres López, Consejo Científico de Attac.

Apostaría a que la mayoría de las personas que lean este artículo no han oído hablar nunca de las «monedas estables» (stablecoins, en inglés), a pesar de que son una de las innovaciones financieras más importantes de los últimos tiempos y, sobre todo, a pesar de que su uso mal regulado entraña un gran peligro, como voy a tratar de explicar a continuación de la forma más clara y resumida posible.

¿Qué es una moneda estable?

Una moneda estable es un tipo de criptomoneda con una característica singular.

Como criptomoneda, una moneda estable es lo que hoy día se llama un token, es decir, algo sin soporte físico que representa un valor, como una ficha (token, en inglés) o un código. Su existencia se basa en algo inmaterial como un algoritmo (un conjunto de tareas u operaciones definidas para plantear o resolver algún problema) o una «cadena de bloques» (blockchain, en inglés) que es un gran conjunto de datos (una especie de gran libro de contabilidad digital) organizados en bloques entrelazados con operaciones complejas que le proporcionan seguridad.

Como todas las demás criptomonedas, las monedas estables son un activo (cualquier cosa en poder de alguien y que puede proporcionar rendimiento) de naturaleza digital, cuyo propietario tiene la clave para poder desbloquearlo y realizar así transacciones por un precio equivalente al que tenga en ese momento.

La característica singular de las monedas estables es que su precio no va a variar (de ahí su nombre). Eso es posible porque, a diferencia de lo que sucede con las demás criptomonedas -que depende de la oferta y demanda que de ellas haya en el mercado-, las monedas estables fijan su precio en relación con algún otro activo (una moneda oficial u otra criptomoneda) y lo mantienen siempre constante.

Para que eso sea posible, quien las emite (en principio, cualquier sujeto) crea al mismo tiempo herramientas de estabilización. Su funcionamiento es complejo y no lo voy a explicar aquí. Baste saber que pueden ser los llamados «activos de reserva» que se pueden ir canjeando en cualquier momento para asegurar que la moneda estable mantiene su valor, o bien algoritmos que automáticamente llevan a cabo operaciones de compra y venta para estabilizarlo.

Crecimiento vertiginoso

Aunque empezaron como algo anecdótico y de poco alcance, la expansión de estas monedas estables es hoy día extraordinaria. Según los datos que proporciona la plataforma Allium Labs, el valor total de las que están en circulación a primeros de octubre de 2025 era de 260.000 millones de dólares (según coingecko, 312.000 millones), 65 veces más que hace tan sólo 5 años. En los últimos doce meses se habrían utilizado para realizar 9.600 millones de transacciones por un valor total de 46,8 billones de dólares. De ser así (otras estimaciones dan valores más bajos) significa que casi triplican el valor de las realizadas con tarjetas Visa.

¿Para qué usar monedas estables?

Cuando se conoce la extraordinaria expansión de las monedas estables es inevitable que surja una pregunta: ¿qué sentido o interés tiene utilizarlas si están referenciadas en dólares o en cualquier otra moneda por un valor que no va a cambiar? Es decir, ¿no es lo mismo que usar estas monedas?

Podría decirse que se usan porque hoy día pueden ser más rápidas y menos costosas que las transacciones realizadas, por ejemplo, con tarjetas de crédito o débito. Aunque eso quizá no sea del todo exacto y sea una ventaja que seguramente desaparecería si estas últimas tuvieran que competir con las monedas estables, porque el retraso y las comisiones que cobran sólamente son el resultado de su poder de mercado y no de razones tecnológicas insuperables. 

También se podría justificar su uso por la estabilidad, pero en su breve historia ya se ha podido comprobar que las monedas estables no son tan estables como dice su nombre. Ha habido un buen número de casos de desvinculación del dólar o de imposibilidad de liquidar. Sencillamente porque, como diré enseguida, carecen de garantía o de una institución que las respalde.

Igualmente, podría argumentarse que se utilizan pero básicamente en operaciones específicas y no en las transacciones comerciales más habituales. De hecho, su uso principal (90 %) es la compra y venta de criptomonedas y la realización de operaciones en las llamadas finanzas descentralizadas, es decir, las que se mueven al margen de la banca y la bolsa tradicionales. Pero la opinión generalizada es que su próxima e inmediata batalla será la de superar las dificultades que su utilización supone hoy día para el comercio generalizado y expandirse también entre las transacciones más convencionales.

Algunos economistas, como Paul Krugman, creen que esto último no tiene sentido: «No hay nada que se pueda hacer con ellas que no se pueda hacer de forma más económica y sencilla con tarjetas de débito, transferencias bancarias, etc. Es decir, ¿por qué no usar dólares en lugar de tokens que supuestamente están respaldados por dólares?».

El verdadero interés de las monedas estables

A pesar de las desventajas y limitaciones que acabo de señalar, la pregunta de Krugman tiene respuestas. Sí que hay razones por las que está interesando impulsar el crecimiento de las monedas estables, aunque no son las que habitualmente se están dando por quienes las defienden.

Por supuesto y en primer lugar, la que el propio Krugman señala: con las monedas estables se pueden hacer operaciones sin dejar rastro, puesto que su uso es completamente anónimo. Según un informe de Chainanalysis, el 60 % de las transacciones ilegales de criptomonedas (estafas, evasión fiscal y de controles de capital o blanqueo) y en el 80 % de todas las transacciones de criptomonedas por regímenes sancionados y grupos terroristas llevadas a cabo en 2023 se realizaron con monedas estables.

En segundo lugar, las monedas estables van a seguir expandiéndose porque lo desean las grandes corporaciones que dominan el mundo e imponen la agenda de los gobiernos porque serán ellas las que hagan un gran negocio creándolas a su antojo. Cuando las emitan, cuando creen sus propios medios de pago, podrán desentenderse (al menos, en muy gran medida) de las restricciones monetarias que establecen los bancos centrales o los gobiernos, crear sus propios medios de pago, y convertirse en auténticas entidades financieras, dando créditos y financiando a otros o a sí mismas, libremente y con rentabilidad. Además de tener una gran cantidad de datos e información personal de quienes las utilicen.

En tercer lugar, también están interesados en la utilización de las monedas estables quienes realizan remesas transfronteras de cierto valor (un 6 % del total de su uso) y gobiernos y empresas de países con alta inflación, divisas frágiles o inestables, y sistemas bancarios poco fiables. Aunque es cierto que otros, sin embargo, las rechazan precisamente por los motivos que señalo a continuación.

En cuarto lugar, no se puede olvidar que, hoy día, el 97,4% por las monedas estables está referenciado en dólares. Eso quiere decir que, en la práctica totalidad de los casos, disponer de monedas estables equivale a ser titular de un depósito en esa moneda; usar monedas estables vinculadas al dólar sería lo mismo, en realidad, que utilizar dólares.

Por tanto, es Estados Unidos quien está claramente interesado en que se incremente lo más posible la circulación de monedas estables, emitidas como he dicho por todo tipo de grandes empresas, porque eso es lo mismo que incrementar el uso del dólar cuando este, como ya es bien sabido, está siendo mucho menos deseado o incluso rechazado por muchos países. Fue el propio presidente Donald Trump quien reconoció expresamente en su orden ejecutiva de 23 de enero de 2025 que era política de su Administración «promover y proteger la soberanía del dólar de los Estados Unidos, incluso mediante acciones para promover el desarrollo y el crecimiento de monedas estables respaldadas por dólares legales y legítimas en todo el mundo».

Y con ese fin, Trump firmó el pasado18 de julio la llamada ley Genius (Ley de Orientación y Establecimiento de Innovación Nacional para Stablecoins de Estados Unidos) que había sido aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes, no sólo con el voto republicano sino también con el de un buen número de legisladores demócratas.

Y es precisamente esta ley la que ha abierto la espita para que las monedas estables (como vía que Estados Unidos quiere utilizar para evitar su declive como potencia monetaria imperial) se conviertan en una bomba financiera de relojería. Entre otras, por las siguiente razones:

– La ley permite que las empresas emisoras de monedas de estables se conviertan en depositantes de fondos y de reservas que no van a estar asegurados de ninguna forma, a diferencia de lo que ocurre con los bancarios que lo están hasta 250.000 dólares, en Estados Unidos.

– El régimen regulatorio que establece para las monedas estables creadas por las grandes empresas es muy débil y no contempla los riesgos que conlleva lo anterior, ni medidas suficientes para evitarlos y hacerles frente.

– En lugar de impedirlo, la ley da amplios poderes a las autoridades para permitir que las empresas emisoras vendan derivados de las monedas estables y todo tipo de productos especulativos, difundiendo el riesgo por todo el sistema financiero.

– No se crea ningún fondo de seguro, ni prestamista de última instancia que pueda garantizar el reembolso si las monedas estables se encuentran con problemas. En realidad, más bien incentiva las quiebras, de modo que al menor problema los emisores se retirarán del mercado.

– No se establecen garantías para que la emisión de monedas estables se sostenga en tecnologías que permitan pagos rápidos, confiables, subsanables en caso de error, y capaces de operar con transacciones de gran volumen al mismo tiempo.

– Aunque la ley establece que los emisores de monedas estables no pueden proporcionar rendimiento a quienes las posean, lo cierto es que esa posibilidad no está claramente prohibida, y de hecho hay plataformas que lo proporcionan. Eso podría ser un mecanismo adicional de drenaje de fondos desde la banca tradicional que puede debilitarla extraordinariamente. A lo cual hay. que añadir que los emisores podrían utilizar la liquidez obtenida para depositarla en los bancos por cantidades superiores a las que están aseguradas, lo que igualmente agranda la vulnerabilidad del sistema financiero.

– Finalmente, la ley no contempla los riesgos que conlleva la gran concentración que se produce hoy día en el sector y la que igualmente habría incluso cuando las grandes empresas comiencen a emitirlas. Si en algún momento hubiera que rescatar a los emisores, lo que antes o después ocurrirá en las condiciones que acabo de señalar, sería extraordinariamente costoso hacerlo, pero no habrá manera de evitar rescatarlos porque se dirá, como en 2008 con los bancos, que son demasiados grandes para dejarlos caer.

Una irresponsabilidad que, eso sí, hace aún más ricos a los multimillonarios, empezando por Donald Trump

El impulso a las monedas estables con la regulación que está estableciendo Estados Unidos comporta un riesgo financiero muy grande y sistémico, porque cualquier crisis se extendería al conjunto de la economía. Su enorme expansión se asume sólo para tratar de evitar el inevitable declive del dólar por un procedimiento que, mientras tanto, dará enormes beneficios a las grandes corporaciones y a los ya multimillonarios.

Donald Trump, quien hasta poco se había mostrado muy enemigo de las criptomonedas, ha sido inteligente asumiendo que son un instrumento adecuado para aliviar el declive del dólar como moneda imperial. Lo ha aprovechado para convertir el apoyo legal que le presta su Administración en un gran negocio personal y familiar, creando algunas y especulando con información privilegiada. Según Forbes, su fortuna en criptomonedas ya supera todas las propiedades de su cartera inmobiliaria y puede haber ganado unos 1.000 millones de dólares en los últimos nueves meses. 

No está solo. Según Henley & Partners y New World Wealth, en todo el mundo hay 450 personas con activos en criptomonedas por valor de más de 100 millones de dólares y 36 con más de 1.000 millones. Añadan a eso y háganse una idea de lo que ganarán, a las grandes empresas cuando comiencen a emitir en masa monedas estables.

Es para ellos para quien se pone en marcha un negocio colosal. Tan colosal como la crisis que traerá consigo cuando caiga sobre su base, construida sobre humo y especulación constantes, y que volverá a pagar el resto de la población. Salvo que la gente no se deje atontar, despierte, se entere de estas cosas, las difunda y se movilice para evitarlas.

La entrada Algo de lo que quizá no hayas oído hablar producirá una crisis financiera: las monedas estables. se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

La izquierda está recibiendo artículos muy elogiosos, glosando sus éxitos económicos, por parte de la prensa internacional como Reuters. Mientras tanto, los precios de compra y alquiler de la vivienda continúan desbocados en España. El acceso a la vivienda es un problema grave e incluso insuperable para cada vez más personas y familias españolas. La educación y la sanidad se resienten, se degradan y dan signos sobrados de estar rompiéndose. Por otro lado, Zohran Mamdani será el próximo alcalde de Nueva York,en lo que es la primera victoria demócrata importante desde la segunda llegada de Trump a la Casa Blanca. Con Toni Hernández, Íñigo Molina y Carlos Sánchez. Conduce Juan Carlos Barba.

Por Anne Brorhilker, publicado originalmente para ctxt.

La imprescindible serieEl dinero de otros (Filmin) ha devuelto a la actualidad un escándalo enorme, y enormemente silenciado en España (incluida esta revista). Conocido como el Caso Cum-Ex, fue urdido por más de un centenar de bancos, docenas de despachos de abogados, fondos de inversión e intermediarios financieros, y salpicó a políticos de primera línea, como el excanciller alemán Olaf Scholz. La exfiscal de Colonia Anne Brorhilker, que investigó el asunto desde 2013 hasta el año pasado, calculó que esa trama global de lavado de dividendos estafó a las agencias tributarias europeas más de 150.000 millones de euros en 20 años. El saqueo organizado de las arcas públicas consistía en que los bancos reclamaban a distintas Haciendas europeas el reembolso de los impuestos sobre beneficios de sus clientes (que permanecían en el anonimato), asegurando que lo habían pagado ya en otro país, y las agencias tributarias devolvían el dinero sin rechistar porque no podían comprobar quiénes eran esos clientes y si realmente habían pagado o no el impuesto en otro lugar. En España, el principal investigado fue el Santander. En 2014, Brorhilker comunicó al banco la apertura de una investigación penal contra diez exempleados y “altos responsables” del grupo, entre ellos Stephen Woodhead, jefe del departamento de Short term equity trading (ventas en corto de acciones) en Londres. Sin embargo, el exfiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol, miembro del Opus Dei, se negó en 2018 a ordenar el registro de la ciudad financiera de Boadilla solicitado por la fiscal de Colonia. La acusación mantuvo que, dada la magnitud de las transacciones y préstamos concedidos para ejecutar las operaciones fraudulentas, que asciende a unos 18.000 millones, el fraude debió ser conocido necesariamente por la alta dirección del grupo. CTXT rescata ahora esta conferencia pronunciada en mayo de 2025 por Anna Brorhilker, que dejó la fiscalía en 2024 y hoy trabaja en Finanzwende, una ONG especializada en perseguir y denunciar la evasión fiscal. 

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Hola a todos.

100.000 millones de euros: esa es la estimación de los daños causados por la evasión fiscal cada año en Alemania. Son 270 millones de euros al día, 11 millones de euros a la hora. Y mientras os cuento esto, ya han vuelto a desaparecer 100.000 millones de euros solo con las operaciones Cum-Ex y Cum-Cum, de las que me he ocupado intensamente durante años y que han causado miles de millones en daños. Son términos que se utilizan en el sector financiero. No se trata del comercio clásico de acciones, sino de un comercio escenificado con el único fin de ganar dinero a través de beneficios fiscales, ya sea pagando menos impuestos de los que realmente se deberían pagar –lo que se denomina Cum-Cum–, u obteniendo devoluciones de impuestos que antes ni siquiera se han pagado, el Cum-Ex.

Según el profesor Spengel, de la Universidad de Mannheim, Cum-Ex ha causado un perjuicio fiscal en Alemania de unos 10.000 millones de euros mientras que el Cum-Cum ha provocado incluso casi el triple, estimado en 28.500 millones de euros. Estas cifras son estimaciones muy prudentes. Todo ese dinero nos vendría muy bien. Al fin y al cabo, el último Gobierno se rompió por los debates sobre el presupuesto y el nuevo gobierno se enfrenta más o menos al mismo problema.

Necesitamos el dinero para todo: para educación, infraestructuras y también para mejorar la cohesión de nuestra sociedad. Y con 100.000 millones de euros más en las arcas cada año, la situación mejoraría considerablemente.

Por lo tanto, se podría pensar que existe un gran interés político en poner fin a este robo fiscal, pero, lamentablemente, la realidad es muy diferente. Si nos preguntamos si estamos haciendo algo para evitar que se robe descaradamente a nuestras arcas fiscales, la respuesta es: bueno, no tanto.

Esta es una frase con la que me gusta que me citen y que es absolutamente cierta en el ámbito de los delitos económicos graves: se atrapa a los pequeños y se deja escapar a los grandes. Y esto no se basa solo en mi experiencia personal, sino que también nos lo dice la investigación criminológica. La investigación y el enjuiciamiento de los delitos económicos son difíciles. De hecho, una parte considerable de los procedimientos penales se archiva. Solo una de cada veinte acusaciones, solo uno de cada veinte casos llega a ser juzgado. Y este insatisfactorio y delicado hallazgo, desde el punto de vista del Estado de derecho, refleja la asimetría entre las autoridades judiciales y los acusados.

¿Qué consecuencias tiene esto para nosotros? La delincuencia económica nos perjudica en muchos aspectos. En primer lugar, por los enormes daños al presupuesto. Recordemos que 100.000 millones de euros escapan cada año de las arcas del Estado. En segundo lugar, la delincuencia económica también perjudica a la economía en general, ya que los delincuentes utilizan métodos delictivos para obtener ventajas competitivas y alterar artificialmente los precios, por ejemplo, mediante el trabajo en negro. Lo mismo ocurre con las estafas fiscales. En ellas siempre hay una empresa que no paga impuestos y, por lo tanto, pueden ofrecer productos más baratos que el resto del mercado, los empresarios honestos.

100.000 millones de euros escapan cada año de las arcas del Estado

Si el Estado no interviene ni controla, los empresarios honestos y también las personas honestas dejan de ser competitivas y, por lo tanto, se las considera tontas.

Fotograma de la miniserie alemana El dinero de otros (Loose y Munk, 2025).

Si el Estado no actúa con la misma firmeza contra la evasión fiscal grave que, por ejemplo, contra el fraude en las cotizaciones sociales, entonces, en tercer lugar, puede dar la impresión de que se está aplicando un doble rasero. Y todo ello daña la confianza en el Estado de derecho y, por cierto, también tiene un efecto negativo en la llamada honestidad fiscal o la moral fiscal. Porque si ya nadie respeta las normas y el Estado tampoco interviene, esta moralidad seguirá disminuyendo. 

Pero, ¿a qué se debe realmente esa actitud? Se debe principalmente a la enorme influencia política del lobby financiero. Por lobby financiero nos referimos a los bancos, los fondos, las aseguradoras y sus grupos de interés. Siempre se nos describe como una nación de automóviles. Por eso, personalmente creía que el lobby del automóvil era el más poderoso de Alemania. Sin embargo, está muy por detrás del lobby financiero. En Alemania existe desde hace tres años un registro de lobbies. Cada año lo miramos y lo evaluamos en Finanzwende. Y ahí se ve claramente que el lobby financiero ocupa el primer lugar cada año. También este año, 10 de las 100 entradas más poderosas del registro de grupos de presión proceden de bancos, fondos, bancos de inversión, aseguradoras y la industria financiera. Cada año gastan casi 40 millones de euros en actividades de presión, lo que supone más que el automóvil y el lobby químico juntos. Hay 442 lobistas, que se traduce en casi diez individuos por cada miembro de la comisión de finanzas del Bundestag. Y, por supuesto, estos grupos de presión saben exactamente qué historias deben contar para poder imponer sus intereses. Y no solo les cuelan sus historias a los políticos, sino que también las difunden al público a través de los medios.

He traído algunos ejemplos, otra vez relativos a las operaciones Cum-Ex. Vuelvo a recordar que se trata de una estafa fiscal ilegal que nos ha costado a todos unos 10.000 millones de euros. En 2014, los medios de comunicación las describían como un vacío legal, una zona gris. ¿Qué sugiere esa formulación? Pues que existe una laguna que se puede aprovechar y que el propio legislador es el culpable si, como se afirmaba, elabora leyes descuidadas.

Veamos ahora un artículo del Frankfurter Allgemeine Zeitung, de 2019, que presenta una historia sobre impuestos, algo sobre lo que he trabajado mucho como fiscal. Al parecer, aquí no cuenta mucho el sentido común. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad es bastante evidente que no se pueden reclamar impuestos que no se han pagado. Y esto, que es evidente, se pretende descalificar como si fuera una conclusión tonta. El mensaje que hay detrás es que todos aquellos que no sean abogados fiscalistas deben mantenerse al margen de esta discusión y no deberían atreverse a tener su propia opinión.

Se trata de un artículo en el que uno de los principales responsables de operaciones Cum-Ex habla directamente y nos cuenta que ha sido víctima de una persecución política, es decir, víctima de la arbitrariedad del Estado. 

Lo cierto es que dos tribunales diferentes lo condenaron a largas penas de prisión. Los recursos contra estas sentencias tampoco han tenido éxito. Lo mismo ocurre con el resto de narrativas sobre las Cum-Ex. Lagunas legales, arbitrariedad estatal, criminalización: nada de eso era cierto. Todos los tribunales superiores de Alemania han decidido de manera unánime que estas operaciones Cum-Ex son ilegales y, entretanto, se han dictado muchas condenas a largas penas de prisión. 

Los grupos de presión han comprendido que gana quien impone su narrativa a la opinión pública

Todas estos artículos de prensa, que en realidad fueron muchos, no eran fruto de una casualidad, sino de una estrategia deliberada. Se denomina comunicación jurídica estratégica o relaciones públicas de litigio (litigación PR). Y los grupos de presión han comprendido que gana quien impone su narrativa a la opinión pública porque entonces puede influir en las fiscalías, los tribunales y la jurisprudencia, ya que los fiscales y los jueces leen los periódicos y son influenciados por ellos.

Qué suerte que las Cum-Ex no funcionaran a pesar del revuelo mediático y los autores pudieron ser llevados ante la justicia y condenados y, entretanto, se han podido reclamar más de tres millones de euros en impuestos Cum-Ex obtenidos ilegalmente. Esto demuestra que todos tenemos la responsabilidad de cuestionar este tipo de narrativas.

Vamos a examinarlo más detenidamente. La comunicación jurídica estratégica utiliza básicamente tres métodos. En primer lugar, la trivialización del problema: laguna legal, zona gris, trampa. A menudo se decía sobre las Cum-Ex que se trataba de unos pocos actores que se habían vuelto locos. Pero, de hecho, existe una auténtica industria Cum-Ex. El efecto de esta trivialización es subestimar el problema, que no se aborda. En segundo lugar, está la cuestión del sentido común, que supuestamente no cuenta, porque todos los que no son abogados fiscalistas deben mantenerse al margen de este debate. En definitiva, esto impide el debate público. Y, en tercer lugar, se le da la vuelta a la culpa presentando a los autores como víctimas de la voluntad del Estado. Se dice que el Estado es el único culpable y que todo es una persecución política. ¿Quién nos está robando exactamente? Entonces, ¿quiénes son realmente las personas que están cometiendo estos hechos? 

Fotograma de la miniserie alemana El dinero de otros (Loose y Munk, 2025).

Echemos primero un vistazo a los resultados de la investigación criminal. Según esta, los delincuentes económicos son llamativamente discretos. Es decir, detrás de ellos no encontramos historias de hogares rotos, sino trayectorias totalmente normales. Son en su mayoría hombres, no llamaron la atención en su juventud, no tienen antecedentes penales y, en su mayoría, tienen una buena educación y varios años de formación. Muchos de ellos han tenido carreras profesionales realmente exitosas. Y, sí, en general no pertenecen a las clases desfavorecidas de la sociedad, no tienen necesidades existenciales, por lo que su actividad se denomina “delincuencia de cuello blanco”.

Este tipo de delincuentes suelen culpar al Estado y no se consideran a sí mismos infractores

¿Cómo piensan estos delincuentes económicos? Esto queda claro, por ejemplo, en una escena de la última serie sobre las Cum-Ex de la ZTF, titulada El dinero de otros, en la que dos delincuentes de las Cum-Ex se enfadan porque un compañero suyo hace una barbacoa de okapi [una especie que se encuentra en peligro de extinción]. El colega no tiene conciencia de estar haciendo nada malo. Pero ellos tampoco la tienen cuando se trata de sus propias Cum-Ex, con las que han causado daños por valor de cientos de millones. Por lo tanto, es un comportamiento muy típico de los delincuentes, como nos dice también la investigación criminal. Porque las confesiones de los delincuentes económicos son muy poco frecuentes. Este tipo de delincuentes suelen culpar al Estado o a otros, no se consideran a sí mismos infractores y, por lo general, no comprenden lo que pasa. Todo esto lo dice la investigación, y yo también puedo confirmar desde mi experiencia que es así.

En segundo lugar, también me ha llamado la atención que a menudo muestran reacciones muy emocionales y suelen verse a sí mismos como víctimas. Y si algo he aprendido como fiscal es que el grado de emotividad no permite sacar conclusiones sobre si la declaración es cierta o falsa.

En principio, sorprende que los autores de este tipo de delitos, con un bagaje que en realidad los capacita para distinguir entre el bien y el mal, se conviertan en delincuentes. Y la investigación criminal menciona aquí una razón principal. Es el proceso de racionalización, que también se podría llamar autojustificación. Es decir, el delincuente necesita una justificación interna para su acto delictivo, para mantener su estabilidad psíquica y amortiguar los sentimientos de culpa. Y debo decir que, en la práctica, funciona muy bien. 

En la Fiscalía de Colonia no pudimos hacer registros a bancos durante años porque no teníamos suficientes investigadores

Bien, esto por el lado de los autores. Veamos ahora el otro lado, el lado de las autoridades responsables de la delincuencia económica. Se trata, por ejemplo, de las fiscalías, de las oficinas de Hacienda, la policía y también los tribunales. Estas están bastante mal preparadas en el ámbito de la delincuencia económica porque adolecen de diversos problemas estructurales. No se trata de algo que afecte a una sola administración, sino de problemas estructurales. En primer lugar, cabe mencionar la escasez de personal. Hay muy pocos agentes de policía, fiscales, inspectores fiscales y auditores trabajando en este ámbito. Las autoridades no destinan suficiente personal. Por ejemplo, en la Fiscalía de Colonia no pudimos hacer registros a bancos durante años porque no teníamos suficientes investigadores. Solo después de un aumento significativo del personal, que no se produjo hacia 2021, fue posible. Entonces procedimos a registrar aproximadamente un banco al mes con una plantilla de unas cien personas. Fue un esfuerzo logístico enorme. Pero si no se dispone de estos compañeros, no se pueden registrar bancos, y entonces tampoco hay resultados.

En segundo lugar, la formación práctica es insuficiente. Como fiscal especializada en delitos económicos, o como agente de policía hay que aprender sobre la marcha. Y el problema es que tampoco hay mucha formación. Primero, porque también falta personal para ello y, segundo, porque la mayoría de las veces simplemente no hay dinero. Y eso, por supuesto, hace que la formación y, posteriormente, la investigación sean increíblemente largas.

Tercer problema: la elevada fluctuación o rotación del personal. Para las carreras en la administración pública es importante haber probado un poco de todo. A esto se le llama amplitud de funciones. Por el contrario, la experiencia en áreas específicas no suele ser importante. Pero si el personal cambia constantemente en un área en la que se necesita más tiempo para familiarizarse, esto impide precisamente adquirir conocimientos especializados, lo que hace que las investigaciones sean muy lentas e ineficaces.

Por volver a citar el ejemplo de nuestras investigaciones, necesitábamos fácilmente dos años para poder actuar. Antes de hacerlo, teníamos que intentar entender cómo se hacían las trampas bursátiles, cómo operaban los traders, cómo codificaban los operadores bursátiles para luego evaluar las pruebas. Pero en ese tiempo tan largo, muchos compañeros ya habían sido trasladados a otros departamentos y sustituidos por otros.

Los equipamientos de las autoridades suelen estar obsoletos y poco digitalizados

Los equipamientos de las autoridades suelen estar obsoletos y poco digitalizados. Por ejemplo, en 2014 tuve que escribir 280 solicitudes de órdenes de registro e imprimirlas. Tenían 25 páginas y había que traducirlas, así que eran unas 50 páginas. Pero yo, como fiscal normal, solo tenía una pequeña impresora de mesa, una de esas que imprimía unas cinco páginas por hora, y en toda la Fiscalía no teníamos ninguna otra impresora ni red de impresoras. Así que 280 por 25 simplemente no era posible. La única solución era pedirle a la Oficina Regional de Investigación Criminal que me dejara usar su impresora. Tenían exactamente una y me dejaron usarla, así que pasé 14 días en el trastero e imprimí todo lo que pude. Así que ahí se ve, ¿no?, que el equipamiento también es importante para poder investigar. 

Otra vez, estaba registrando un banco junto a otros colegas. Esto fue en los primeros tiempos de las Cum-Ex, cuando aún no teníamos mucho personal, y resultó que teníamos que descargar el disco duro. Se trataba de grandes cantidades de datos y me dijeron que no se podía llevar a cabo porque no teníamos suficiente espacio de almacenamiento. Así que allí estábamos, en el banco, y el banco nos dijo que estaban las pruebas, pero nosotros no podíamos asegurarlas. Y ese problema solo se pudo resolver porque, aunque estábamos en otra ciudad, contábamos con el apoyo de otros colegas de otras agencias, que pudieron guardarlo. En el peor de los casos habríamos tenido que retirarnos. Yo por ejemplo, tampoco tuve, durante años, la posibilidad de hacer videoconferencias porque simplemente no había sistemas de videoconferencia en la Fiscalía y tenía que preguntar a los abogados si me dejaban utilizar sus equipos en sus bufetes, lo cual era un poco embarazoso y poco profesional. De esta manera, podemos ver lo mucho que obstaculiza una investigación no tener buenos equipos. 

Cada una de las agencias tenía diferentes requisitos. Una solo podía usar Skype, otra tenía prohibido usar Skype y un tercero tenía Teams

Otro obstáculo para las investigaciones es que la protección de datos es un problema, porque las autoridades en Alemania no tienen una infraestructura informática uniforme. Casi cada agencia tiene su propio responsable de protección de datos y estos toman decisiones muy diferentes. Por ejemplo, yo tuve que tratar con muchas autoridades diferentes en varios estados federales, tanto en negociaciones fiscales, que están en el departamento de Finanzas, como con la policía, que está en el departamento del Interior, y todos tenían requisitos diferentes. Por ejemplo, uno solo podía enviar correos electrónicos cifrados, otro no podía enviar correos electrónicos cifrados. Es decir, no se podía enviar un correo electrónico a todos si querías hablar con ellos. En otros casos querías hacer una videoconferencia y cuando ya por fin tuvimos un sistema, cada una de las agencias tenía diferentes requisitos. Una solo podía usar Skype, otra tenía prohibido usar Skype y un tercero tenía Teams. Es decir, no era posible. Son cosas básicas, y si las autoridades no pueden comunicarse entre sí, entonces simplemente no se puede hacer el trabajo. 

Por lo tanto, es realmente urgente que la estructura federal se organice de otra manera. 

Cooperación

El siguiente problema es que no existe una cultura de cooperación entre las distintas autoridades. Aunque, sobre el papel, pueden intercambiar información, en la práctica no lo hacen. Suele imperar una cultura de aislamiento y de “cada uno por su lado”. No se debe divulgar nada al exterior, no se debe hablar de los problemas. Y eso es algo que se aprende desde el principio en la administración. Yo lo aprendí muy pronto, cuando me atreví a hacerlo siendo una joven fiscal. Estaba en la Fiscalía de Colonia y teníamos un problema que nadie podía resolver y me atreví a llamar a la Fiscalía de Düsseldorf, porque pensé que tal vez ellos tendrían alguna idea. Y me metí en un buen lío, porque se consideraba más importante no divulgar nada que resolver el problema. Y este problema de que las autoridades no colaboran de forma confiada ya lo ha criticado, por ejemplo, el Tribunal Federal de Cuentas.

En las investigaciones excepcionales también hay un gran problema en la cooperación. Hay que poner en marcha procedimientos de asistencia judicial formalizados y muy burocráticos. Es decir, se pide a otros Estados que lleven a cabo la investigación en su territorio, y ahí el entusiasmo suele ser limitado, porque ellos también están sobrecargados de trabajo. Todo el proceso es muy largo y puede durar años. En nuestro caso, emprendimos esa tarea, una búsqueda por todo el mundo, en 2014 y tuvimos que esperar hasta 10 años en algunos casos para obtener respuesta. Porque la delincuencia no se limita a las fronteras alemanas. Precisamente la delincuencia económica suele estar organizada a nivel internacional. En nuestro caso, en el centro financiero de Londres. Y eso significa que siempre hay que buscar asistencia jurídica en esos Estados. Todo eso es muy lento y supone un verdadero obstáculo para las investigaciones. A esto se suma que los bancos, las grandes empresas y las consultoras ya casi no trabajan con papel, sino que están completamente digitalizados y ya no almacenan sus datos en Alemania, sino, por ejemplo, en servidores en el Reino Unido o en los Países Bajos. Entonces, si quieres inspeccionar a esos bancos y empresas aquí en Alemania o incluso registrarlos, te encuentras con que no hay nada. No hay un papel ni un registro de datos. Es decir, hay que realizar estas largas solicitudes de asistencia judicial y las inspecciones e investigaciones pueden prolongarse durante años. Y entonces surge otro problema con las estadísticas, porque para esclarecer casos especialmente graves, que están ocultos, se necesita más tiempo. En esas investigaciones en el extranjero necesitas conocer la delincuencia organizada internacional. Sin embargo, en esas estadísticas, en el cálculo de las necesidades de personal de fiscalías y tribunales no se reflejan porque las autoridades a menudo no tienen ningún interés en realizar un trabajo que no se refleja en las estadísticas. Y mientras las estadísticas no reflejen adecuadamente las investigaciones complejas en los procedimientos de gran envergadura, las autoridades seguirán teniendo poco interés en ellas. 

Las estadísticas pueden, en primer lugar, influir en la actuación de las autoridades y, en segundo lugar, ofrecer incentivos erróneos, concretamente hacia muchos procedimientos pequeños y alejarse de los grandes. Por otro lado, los delincuentes suelen estar mucho mejor organizados que las autoridades, y ahí es donde surge mucha resistencia. Los delincuentes suelen tener una sólida posición financiera y pueden contratar a costosos equipos de abogados con muchos recursos, que hacen su trabajo y causan el mayor revuelo posible. Te llegan cientos de páginas de reclamaciones, quejas sobre los servicios, denuncias penales. A menudo promueven también campañas mediáticas, y eso es como echar tierra en el engranaje, ya que si las autoridades son débiles, como sucede en este ámbito, eso puede afectar mucho al sistema. 

La investigación está aún en sus inicios y solo se ha podido reclamar el 1% del daño total estimado de 28.500 millones

Me han preguntado a menudo si en esas circunstancias no pierdo la esperanza, cuando tengo que enfrentarme a esto una y otra vez. Pero no, no es así en absoluto. Se pueden cambiar las cosas. Se puede luchar contra la delincuencia económica y se pueden esclarecer los hechos, a pesar de todos los problemas estructurales. Eso es precisamente lo que demuestran las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Colonia. Como he contado, no teníamos las condiciones ideales; al principio tampoco éramos expertos, pero nos pusimos manos a la obra, nos metimos de lleno en el tema y presentamos la primera acusación Cum-Ex. Conseguimos la primera sentencia, que luego fue confirmada por el Tribunal Superior. Los tribunales fiscales han seguido el ejemplo y, entretanto, se han presentado muchas acusaciones y se han dictado muchas sentencias. Me gustaría ver esa misma actitud en los políticos, especialmente en el ministro de Hacienda. 

En el caso de las Cum-Cum, que es similar al de Cum-Ex, la investigación está, lamentablemente, aún en sus inicios y solo se ha podido reclamar el 1% del daño total estimado de 28.500 millones. Así que todavía queda mucho por hacer y creo que ahora es el momento de actuar.

¿Qué se puede hacer contra la delincuencia económica? En primer lugar, podemos aumentar el riesgo que corren quienes perpetran estos crímenes ya que el hecho de que los delincuentes actúen o no depende en gran medida del peligro de ser descubiertos, más aún que de la gravedad de la pena. Y eso significa que hay que reforzar a las autoridades en el ámbito operativo. Por lo tanto, hay que cambiar todos esas cosas que he mencionado antes. Hay que aumentar el personal, hay que aunar fuerzas, desarrollar conocimientos especializados y mejorar los equipos y tener una infraestructura informática uniforme. Todos estos son problemas que se pueden resolver. 

Pero también se puede hacer algo en otros ámbitos, por ejemplo, a nivel individual, donde es especialmente importante tener una orientación de valores La investigación criminológica afirma que quienes cuentan con un sólido sistema de valores están más protegidos frente a las tentaciones delictivas. De hecho, estas ni siquiera se llegan a producir. Si no se tiene este sistema de valores, entonces se ve que el riesgo de ser descubierto es bajo y que se puede ganar mucho dinero, y se aprovecha la oportunidad. Es decir, una estructura de valores protege realmente contra los delitos económicos. Y ahí se podría pensar, por ejemplo, que los aspectos éticos son importantes y que la reacción social también juega un papel importante. Para los delincuentes económicos, la aceptación social es un factor importante que también puede influir en su comportamiento. Si no se acepta la delincuencia económica, sino que se estigmatiza, cabe suponer que las personas también cambiarán su actitud y su comportamiento. Eso es lo que nos dice la investigación. Y precisamente aquí todavía hay margen de mejora, ya que los delitos de cuello blanco se siguen considerando con demasiada frecuencia como unos “crímenes de gentlemen” a pesar de los enormes daños que nos causa a todos. ¿Qué podemos hacer? Todos nosotros, como sociedad, podemos alzar la voz más allá de las elecciones, por ejemplo, apoyando a las ONG. Las ONG como Finanzwende velan especialmente para que en las decisiones políticas no solo se escuche la voz de los grupos de presión, sino también la voz de la sociedad civil y el interés público. Y esto funciona; los políticos no son sordos, como nos muestra el caso de Lars Klingbeil, el ministro de Finanzas. En la interpelación al Gobierno ha tenido en cuenta las demandas públicas y ha anunciado que va a actuar de manera consecuente contra el fraude fiscal. Nosotros, en Finanzwende, le tomamos la palabra, porque somos un contrapeso al lobby financiero y damos voz a la sociedad civil. Luchamos contra su discurso dominante y analizamos y desmontamos la narrativa del sector financiero. Cambiamos cosas contigo y por ti. La política financiera nos concierne a todos y necesitamos debatirla en público y no solo en las trastiendas.

Muchas gracias.

Anne Brorhilker

La entrada El fraude como negocio: cómo nos engañan los delincuentes financieros se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

El 1% más rico del mundo ha concentrado el 41% de toda la nueva riqueza generada desde el año 2000. Por el contrario, el 50% más pobre solo ha visto aumentar su riqueza en un 1%. Los datos, preocupantes en sí mismos, tienen otra lectura dramática: los países con mayores niveles de desigualdad tienen siete veces más probabilidades de sufrir retrocesos democráticos. Además, se prevé una transferencia de 70 billones de dólares en riqueza heredada durante la próxima década, lo que acentuará las brechas sociales.

Son conclusiones de un informe elaborado por el Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre la Desigualdad Global, creado por el presidente Cyril Ramaphosa durante la presidencia sudafricana del G20 y encabezado por el premio Nobel Joseph Stiglitz. 

El estudio alerta sobre una “emergencia de la desigualdad” y propone la creación de un panel internacional, inspirado en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que supervise las tendencias y evalúe sus causas y consecuencias, además de las políticas alternativas para abordarlas. El objetivo es orientar a los gobiernos, los responsables políticos y la comunidad internacional.

«El mundo ya reconoció que enfrentamos una emergencia climática; ha llegado el momento de reconocer que también vivimos una emergencia de desigualdad. No solo es injusta y erosiona la cohesión social, sino que además representa un desafío para nuestra economía y nuestra política. Nuestro comité está convencido de que algunos de los peores efectos de la desigualdad se manifiestan en el funcionamiento de la democracia», afirma Stiglitz sobre el informe, presentado este martes.

Al analizar las políticas que podrían contribuir a reducir esta brecha, el estudio pone especial énfasis en el ámbito internacional, incluyendo los esfuerzos por frenar la concentración empresarial y por reformar la arquitectura fiscal internacional, que ya figuran en la agenda del G20.

«El trabajo del Comité nos ha demostrado que la desigualdad es una crisis que requiere una acción concertada. Para avanzar en esa dirección, es esencial que los responsables de políticas públicas, los líderes políticos, el sector privado, los medios de comunicación y el mundo académico cuenten con información y análisis rigurosos y oportunos sobre esta crisis de desigualdad«.

En este análisis, se constata que el 83% de los países del mundo, que en conjunto representan al 90% de la población global, cumplen con la definición de alta desigualdad establecida por el Banco Mundial. La desigualdad entre los individuos a nivel global ha disminuido en las últimas décadas, en gran parte debido al aumento de los ingresos en China, pero las perspectivas de nuevas reducciones son inciertas. La brecha de ingresos global entre los países del Norte y del Sur continúa siendo muy amplia.

Los nuevos datos sobre el fuerte aumento de la riqueza heredada muestra que se espera que 70 billones de dólares de riqueza se transfieran a los herederos en los próximos diez años, lo que plantea un enorme reto para la movilidad social, la equidad y la igualdad de oportunidades.

El Comité subraya que la desigualdad, especialmente en los extremos, tiene múltiples consecuencias negativas en los ámbitos económico, político y social, que interactúan entre si y se amplifican sus efectos adversos. «La elevada concentración de riqueza, en particular, debilita tanto la democracia como el progreso económico. Los acontecimientos recientes desde 2020, entre ellos la COVID-19, la guerra de Ucrania y los nuevos aranceles y disputas comerciales desde principios de 2025, están generando una ‘tormenta perfecta’ que aumenta aún más la pobreza y la desigualdad. Una de cada cuatro personas en todo el mundo se ve obligada a saltarse alguna comida con regularidad, mientras que la riqueza de los multimillonarios ha alcanzado su nivel más alto en la historia», documenta el informe.

Entre las recomendaciones, el estudio propone rediseñar las reglas de propiedad intelectual (especialmente en relación con las pandemias y el cambio climático), rediseñar las normas fiscales para garantizar una tributación justa de las multinacionales y de los ultra ricos (teniendo en cuenta el Convenio Fiscal de las Naciones Unidas). Como medidas nacionales, pide la reducción de la concentración empresarial, tributar a las grandes corporaciones, la inversión en servicios públicos y aplicar políticas fiscales y de gasto más progresivas. Y sugiere también nuevos modelos de cooperación: ante la actual volatilidad geopolítica, nuevas formas de colaboración entre países, por ejemplo, en materia fiscal, de comercio y transición ecológica.

Los seis expertos independientes que han elaborado el informe son, además de Stiglitz (Estados Unidos), Adriana E. Abdenur (Brasil), Winnie Byanyima (Uganda), Jayati Ghosh (India); Imraan Valodia (Sudáfrica) y Wanga Zembe-Mkabile (Sudáfrica).

«La desigualdad no es solo una consecuencia, sino también una causa de muchos de nuestros mayores retos sociales. Y, como demuestra nuestro informe, las reglas de la economía global se diseñan con demasiada frecuencia de manera desigual», sostiene la científica social brasileña Adriana E. Abdenur, cofundadora de Plataforma CIPÓ.

«Sin embargo –añade–, ningún país puede abordar este problema por sí solo. La presidencia brasileña del G20 dio pasos decisivos para combatir el hambre, abordar los monopolios farmacéuticos e imponer impuestos sobre los ultra ricos. Ahora, Sudáfrica está liderando el lanzamiento de una iniciativa internacional destinada específicamente a enfrentar la desigualdad. Sería un legado notable, un nuevo tipo de multilateralismo, y todos los gobiernos deberían apoyarlo».

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Hoy comenzamos hablando sobre el cierre del Gobierno de los Estados Unidos. El Gobierno Federal lleva cerrado más de un mes, acercándose a récords históricos, y con republicanos y demócratas aún muy lejos de un acuerdo presupuestario que permita desbloquearlo. Mientras tanto, se multiplica la presencia de funcionarios en colas del hambre para recibir alimentos y ayuda básica. También hablamos hoy sobre la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas, pese a los pronósticos de derrota. Por último, hablamos sobre la entrevista en El País a Nadia Calviño, Presidenta del Banco Europeo de Inversiones, con motivo de la publicación de su nuevo libro, Dos mil días en el Gobierno. Con Toni Hernández y Carlos García. Conduce Juan Carlos Barba.

Se suele decir que dos cabezas piensan mejor que una y, si esto lo aplicamos al entorno laboral, suele ser todavía más importante ampliar perspectivas y multiplicar opciones. En eso creen firmemente en REAS Red de Redes, desde donde insisten en la importancia de la economía solidaria como «un pilar estratégico» de la economía. Por eso, desde REAS Red de Redes lanzan el think tank con el nombre de IDEARIA Lab.

El objetivo de este «laboratorio de ideas», como lo definen, es que sea «un espacio permanente para el pensamiento estratégico» con el fin de «proyectar la incidencia de la economía solidaria». En su presentación han dado a conocer su primer trabajo: el dossier Ideologías transformadoras y economía solidaria. Intersecciones y retos, un compendio de artículos que se centra en la economía solidaria y las principales corrientes ideológicas transformadoras, como los feminismos, el ecologismo, el republicanismo, el ecosocialismo de mercado o las economías comunitarias, entre otras.

De esta forma, celebran el 30 aniversario de la red y esperan seguir consolidando su capacidad de generar propuestas teórico-prácticas para atender a los retos ecosociales del momento. Y son un referente para ello, ya que en su entidad aglutinan más de 1.000 organizaciones, 250.000 personas y 15 redes territoriales en el Estado español. La economía social y solidaria ya es una realidad sólida.

En su presentación, han contado con dos mesas, ocupadas por el ecologista y educador Luis González Reyes (Fuhem), el sociólogo José Luis Fernández Casadevante, Kois (Garúa), o la representante de Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, Eva Vilaseca, entre otros. En ellas ha participado como moderador el periodista Yago Álvarez, quien definía este proyecto como «necesario», no sólo en el fondo, sino también en la forma: «Tenemos que dejar de escribir tweets de solo 240 caracteres o hacer vídeos verticales de 1 minuto y tener una buena base en las ideas que queremos compartir».

Hablemos de capitalismo

¿Se puede vivir al margen del sistema capitalista? ¿Cuál es y puede ser el papel de las cooperativas? Estas son algunas de las preguntas que subyacen en la charla. «La economía solidaria es un esbozo de un sistema alternativo al capitalismo», opinaba el experto en cooperativismo Jordi García Jané, de l’Apòstrof, también ponente en el acto.

Por su parte, Luis González Reyes, autor de uno de los cuatros artículos que forman parte del dossier, subraya la falta de autonomía como consecuencia de la pertenencia a un sistema con el capital en el centro. «Recuperar (la autonomía) es un paso imprescindible para activar economías poscapitalistas. Y esa construcción de la autonomía no la podemos hacerla en solitario: necesitamos comunalismo», sostiene.

Sumó sus reflexiones al evento el sociólogo José Luis Fernández Casadevante, Kois, autor de otro de los artículos del dossier, donde desgrana el concepto de socialismo de mercado y hace un recorrido por la historia del cooperativismo. «Las cooperativas y los sindicatos surgieron a la vez; una intervenía sobre el espacio de trabajo y la otra, el cooperativismo, era un anteproyecto de un modelo alternativo de producción y consumo», recuerda. Actualmente, afirma que «luchar por la democracia, defender la igualdad y pensar en un escenario de transición ecológica son tres cuestiones inseparables. Y quizás el único camino para llegar a ellas es la economía social».

Si no pudiste asistir en persona, todavía puedes ver el evento de forma online:

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Por María Fernanda Gadea y Berta Lago de Attac España, para NuevaTribuna.

La renta básica universal e incondicional se presenta hoy como una de las propuestas más revolucionarias para transformar nuestra sociedad y avanzar hacia un horizonte de justicia social plena. Frente a un contexto global marcado por crecientes desigualdades, precariedad laboral y crisis climática, esta medida emerge como la herramienta más efectiva para garantizar la dignidad humana y construir una sociedad más libre, justa e igualitaria.

¿Qué es la Renta Básica Universal e Incondicional?

La renta básica universal e incondicional (RBU o RBI) se define como una asignación monetaria que recibirían todas las personas residentes en un territorio por el simple hecho de existir, sin necesidad de cumplir requisito alguno más allá de justificar un período previo de residencia. Como explica la Red Renta Básica, se trata de «un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada».

Este ingreso presenta cinco características fundamentales que la distinguen de cualquier otra prestación, subsidio o ayuda social: es incondicional (no requiere demostrar nada para percibirla), universal (dirigida a toda la población), individual (se paga a cada persona independientemente de con quién conviva), suficiente (con una cuantía que permita cubrir las necesidades básicas) y monetaria (se cobra en dinero).

A diferencia de las rentas mínimas condicionadas actuales, que están sujetas al cumplimiento de requisitos específicos y conllevan estigmatización social, la renta básica se concibe como un derecho universal similar a la sanidad o la educación públicas. Su cuantía debería ser igual o superior al umbral de la pobreza, garantizando así que ninguna persona se vea privada de los recursos necesarios para una vida digna.

ATTAC y la defensa histórica de la Renta Básica

La Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (ATTAC) ha sido una de las organizaciones pioneras en España en la defensa de la renta básica como derecho de ciudadanía. Desde principios de la década de 2000, ATTAC ha impulsado esta propuesta a través de su Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía, considerándola un instrumento fundamental de reparto de la riqueza colectivamente generada y complementario a los demás pilares del Estado del Bienestar.

Ya en 2004, el Observatorio de Renta Básica de ATTAC Madrid destacaba que se trataba de un derecho humano emergente, señalando hitos importantes como la promulgación de la Ley de Renta Básica de la Ciudadanía en Brasil ese mismo año. La organización ha mantenido una constante labor formativa, como demuestra la jornada que organizó en marzo de 2015 centrada específicamente en la formación sobre renta básica de ciudadanía, contribuyendo al debate público y académico sobre sus implicaciones y beneficios.

Más recientemente, ATTAC ha consolidado su liderazgo en este ámbito organizando, como miembro de la Red Renta Básica, el XXIII Simposio de Renta Básica bajo el título «Renta Básica: El derecho a la existencia en un mundo en peligro», celebrado en Las Palmas de Gran Canaria los días 25 y 26 de octubre de 2024. Este encuentro, realizado con la colaboración del Cabildo Insular de Gran Canaria, constituyó una gran oportunidad para analizar los efectos transformadores de la Renta Básica en este mundo desigual, convulso e inseguro y debatir y reflexionar sobre ello con personas expertas. El simposio abordó el impacto de la renta básica en la transformación socioecológica, el acceso a derechos de los jóvenes, las mujeres y las personas migrantes, y los diferentes sistemas de bienestar social.

ATTAC enmarca la renta básica dentro de su propuesta más amplia de transformación social, entendiendo que no es simplemente una herramienta de redistribución de la riqueza o lucha contra la pobreza, sino que es también un modo de garantizar la existencia material de cada persona, y que el conjunto de la sociedad pueda ser más libre.

Renta Básica y redistribución de la riqueza

Una de las principales virtudes de la renta básica radica en su extraordinario potencial redistributivo. Al tratarse de una prestación universal financiada mediante una reforma fiscal progresiva, genera una transferencia neta de recursos desde los sectores más privilegiados hacia el conjunto de la ciudadanía.

Esta redistribución se produce tanto por el propio cobro de la renta básica como por la necesaria reforma del sistema fiscal que requiere su financiación. A diferencia de los subsidios condicionados, que solo llegan a sectores marginados, la renta básica beneficia al conjunto de la población, eliminando las «trampas de la pobreza» que caracterizan a los sistemas actuales.

Además, su gestión sería más eficiente que la de las prestaciones condicionadas existentes, al requerir una burocracia mínima y evitar los elevados costes administrativos derivados del control de requisitos y condiciones.

Lucha contra las desigualdades sociales

La renta básica atacaría de raíz uno de los principales problemas de nuestro tiempo: las crecientes desigualdades sociales.  Los datos más recientes muestran que la desigualdad se ha intensificado en el último lustro a escala global: el 1% más rico posee ya más riqueza que el 95% de la población mundial en 2024, y controla aproximadamente el 43% de los activos financieros totales. En este contexto, la universalidad de la renta básica la convierte en una herramienta especialmente poderosa para reducir las brechas sociales.

Como destaca la investigación académica, la renta básica mejoraría la situación de las personas con un nivel adquisitivo bajo y se evitaría, o al menos dificultaría, la desvalorización de nuestra capacidad de trabajo. Al proporcionar una base económica sólida a toda la ciudadanía, aumentaría significativamente el poder de negociación de los trabajadores frente a empleadores, permitiendo rechazar trabajos en condiciones inadecuadas.

Esta mejora del poder de negociación es especialmente relevante en el actual contexto de precariedad laboral creciente. La renta básica al garantizar la seguridad económica ex-ante tendría claras consecuencias en un aumento significativo del poder de negociación de las personas empleadas, contribuyendo así a mejorar las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora.

Renta Básica y cambio climático

La crisis climática requiere transformaciones profundas en nuestros modelos de producción y consumo que pueden generar importantes costes sociales. En este contexto, la renta básica emerge como un componente necesario para una transformación socioecológica y elemento clave para la justicia climática. La seguridad económica que proporcionaría la renta básica facilitaría la implementación de políticas climáticas ambiciosas sin generar rechazo social.

Además, diversos estudios y resultados de pruebas piloto sugieren que la renta básica podría tener efectos positivos directos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, podría fomentar el trabajo voluntario, proyectos artísticos o productivos enfocados al cuidado de nuestro planeta y, en definitiva, abrir espacios de oportunidad para la emergencia de nuevas formas de innovación social orientadas a la sostenibilidad.

Una herramienta feminista contra el patriarcado

La renta básica presenta un enorme potencial emancipador desde una perspectiva feminista. Como señala la investigación especializada, siete de cada diez personas pobres en el mundo son mujeres y hay el doble de mujeres que de hombres sobreviviendo con salarios bajos. En este contexto, la universalidad e incondicionalidad de la renta básica la convierten en una herramienta especialmente valiosa para combatir las desigualdades de género.

La seguridad económica que la renta básica proporcionaría a las mujeres potenciaría su autonomía material, evitaría que sufran condiciones denigrantes de trabajo y, en muchos casos, les ayudaría a liberarse de ciclos de violencia machista con sus parejas o en sus hogares.

Históricamente, el movimiento feminista ha sido pionero en la defensa de la renta básica. Ya en 1977, el Congreso Nacional de Liberación de la Mujer de Gran Bretaña aprobó oficialmente una resolución a favor de la renta básica universal. Esta tradición feminista se mantiene vigente, como demuestra el manifiesto feminista «Recursos y autonomía para todas: un manifiesto feminista para la renta básica» lanzado en diciembre de 2019, que situó esta demanda en el centro de la agenda de las feministas que luchan por la emancipación y la igualdad.

Potenciación de la participación democrática

La renta básica no solo mejoraría las condiciones materiales de vida, sino que fortalecería sustancialmente la participación democrática de la ciudadanía. Al eliminar la inseguridad económica que limita la capacidad de las personas para dedicar tiempo y energía a la participación política y social, la renta básica ampliaría significativamente los espacios de democracia participativa.

Para los jóvenes, este efecto sería especialmente relevante. Como señala la Red Renta Básica, la Renta Básica tendría un fuerte efecto emancipador para las personas jóvenes, confiriéndoles mayor capacidad de decisión sobre sus planes de presente y de futuro. En un contexto donde más del 50% de los jóvenes entre 16 y 24 años se encuentran en situación de desempleo en España, la renta básica les proporcionaría la base material necesaria para participar activamente en la construcción de alternativas sociales y políticas.

La seguridad económica que proporciona la renta básica permitiría a las personas dedicar más tiempo a actividades de voluntariado, participación en organizaciones sociales y movimientos ciudadanos. Esta liberación del tiempo respecto a la mera supervivencia económica es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de una ciudadanía más activa y comprometida.

Renta Básica y salud mental: Una conexión fundamental

La relación entre renta básica y salud mental ha cobrado especial relevancia en los últimos años. Como señala la Organización Mundial de la Salud, el sufrimiento derivado de la pobreza, las condiciones precarias de existencia, la incertidumbre económica y el paro se encuentran entre las principales causas de las vivencias que se diagnostican como trastornos mentales.

En este contexto, el “Manifiesto de las personas psiquiatrizadas por una Renta Básica Universal”, publicado en 2020 por la asociación Activament de Catalunya, defendía la RBU como una medida preventiva de la salud mental. El manifiesto argumentaba que garantizar unas condiciones dignas de existencia, con independencia del mercado laboral, es una condición de posibilidad para reducir los malestares emocionales y sociales.

Evidencias de las pruebas piloto internacionales

Las experiencias internacionales confirman el potencial transformador de la renta básica. El caso más destacado es Alaska, donde desde 1982 funciona un dividendo ciudadano financiado con los ingresos petroleros que ha llegado a proporcionar hasta 2.000 dólares anuales por persona. Los resultados han sido muy positivos: Alaska se ha convertido en el estado más igualitario de los Estados Unidos sin efectos negativos sobre el empleo o la inflación.

El experimento finlandés de 2017-2018, que proporcionó 560 euros mensuales a 2.000 desempleados durante dos años, arrojó resultados esperanzadores. Aunque no aumentó significativamente el empleo, sí mejoró sustancialmente el bienestar de los participantes: estaban más satisfechos con sus vidas y experimentaron menos tensión mental que el grupo de control. También tenían una percepción más positiva de su bienestar económico. Además, aumentó la confianza de los beneficiarios en los demás y en las instituciones de la sociedad.

Especial mención merece el experimento alemán de renta básica, uno de los más rigurosos y extensos realizados hasta la fecha. Llevado a cabo entre junio de 2021 y mayo de 2024 por la organización Mein Grundeinkommen en colaboración con diversas instituciones académicas, incluyó 122 personas que recibieron 1.200 euros mensuales sin condiciones durante tres años.

Los resultados son contundentes: no hubo reducción en el empleo, los beneficiarios trabajaron unas 40 horas semanales, igual que las personas del grupo de control. Sí se llevó a cabo una reorientación profesional, ya que muchos aprovecharon la seguridad económica para formarse, cambiar de trabajo o iniciar nuevos proyectos. Los investigadores concluyeron que los beneficiarios experimentaron un incremento en su satisfacción vital y una mayor satisfacción laboral. Además, su comportamiento social y su sentido de la solidaridad también se han visto reforzados. Como señala el estudio, lejos de desincentivar la mejora laboral, la ha mejorado.

Conclusión: Un horizonte de justicia social

La renta básica universal e incondicional representa mucho más que una simple medida de política social: constituye una propuesta integral de transformación hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria. Su potencial para redistribuir la riqueza, combatir las desigualdades, facilitar la transición ecológica, empoderar a las mujeres, fortalecer la democracia y mejorar la salud mental la convierte en la herramienta más completa de que disponemos para avanzar hacia la justicia social.

Como demuestra el compromiso histórico de ATTAC, desde sus jornadas formativas de 2015 hasta la organización del reciente XXIII Simposio de Renta Básica, esta propuesta cuenta con un sólido respaldo teórico y práctico. Los resultados de experimentos como el alemán, junto con las evidencias internacionales y el creciente consenso científico, confirman que la renta básica no es una utopía inalcanzable, sino una propuesta racional y factible cuya implementación depende fundamentalmente de la voluntad política y social.

En un mundo amenazado por la desigualdad, la crisis climática, la precariedad y los problemas de salud mental, la renta básica se alza como la mejor solución para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad y participar plenamente en la construcción de una sociedad del bien común. Como se afirmó en el XXIII Simposio, «en una época de grandes incertidumbres ambientales, políticas y socioeconómicas, como la actual, la idea de proporcionar a cada miembro pleno de la sociedad un ingreso mínimo e incondicional que garantice una base material de subsistencia abre un horizonte de esperanza». La RBU se perfila, así como uno de los Derechos Humanos Emergentes de nuestro siglo.

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María Fernanda Gadea, Vicecoordinadora de ATTAC España
Berta Lago, Coordinadora del Observatorio de Renta Básica de ATTAC España

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