La normalización del uso de aplicaciones tecnológicas en las aulas sin un debate previo en profundidad ha conllevado que muchas familias se nieguen a su uso. Lo que podría parecer banal por lo extendido que está en la sociedad o lo fácil que es su manejo, adquiere una connotación problemática cuando lo que está en juego son los datos de los menores. Desde edades tempranas, las niñas y los niños se ven totalmente dirigidos hacia las plataformas estadounidenses con base en Silicon Valley.
A pesar de que los expertos explican una y otra vez que existen alternativas de software libre, es la Administración pública la que apuesta por empresas como Microsoft y Google para gestionar el intercambio de información y los miles de dispositivos tecnológicos con los que cuenta. Frente a ello, cada vez más familias se organizan, hablan con los centros y con otros padres y madres para intentar revertir esta dinámica que ya está saliendo muy cara a nivel de privacidad y soberanía de los datos.
Joan Sentís vive en L’Escala, un municipio de la Costa Brava, y tiene un hijo de 10 años que acude a un colegio de la localidad. «Fui coordinador de informática en dos centros educativos en el momento en el que todo esto empezaba a entrar en las aulas. Yo introduje Google y un compañero informático me dijo que nos estábamos equivocando. En aquel momento no lo vi, pero ahora sí sé por qué lo decía», declara este docente de música ya jubilado.
Cuando el colegio al que acude su hijo le comunicó hace dos años que crearían una cuenta a su nombre en un servidor de Google, Sentís se opuso. Tenía una postura tan clara que incluso llegó a esbozar una carta para aquellos «objetores digitales», tal y como los denominó, para comunicar al centro que sería la propia familia quien se encargaría de crear y gestionar el correo electrónico y la identidad digital de sus hijos e hijas. En esa misiva, que tan solo secundaron dos familias, explicaba que «el proceso de digitalización en la enseñanza se lleva a cabo contra la evidencia de que el uso de pantallas por los estudiantes hace difícil su desarrollo intelectual e incluso emocional».
Además, los firmantes recalcaban que el Departamento de Educación contrata los servicios de empresas como Google para apoyar el despliegue centralizado del plan de estudios digital, pero «resulta que la educación pública y las empresas tienen intereses opuestos», apuntillaban. Según entendían, «uno de los objetivos de la educación es formar personas libres y llevadas por el autogobierno, y el de las corporaciones es capturar clientes y mantenerlos leales a su negocio».
Sentís lo sigue creyendo: «Me parece mal ética y políticamente que una Administración pública, y más la educativa, meta a miles de niños en el redil de una empresa privada de Estados Unidos que no cumple con el reglamento europeo de protección de datos».
La colonización del día a día educativo llega con acciones tan simples como una actividad de comprensión lectora. «Los textos están libres en la red, el profesor los descarga en formato PDF y lo mete en una carpeta de la nube que utilizan en la clase, y avisa por correo a los niños de que tienen que hacerla. Es tan irónico que están encerrando una cosa que ya estaba en abierto en Internet», ilustra Sentís, quien defiende que «los docentes deben utilizar estándares abiertos siempre».
Su hijo no tiene cuenta en Google. Tan solo un correo alojado en Protonmail y un perfil en Neocities, un espacio web en el que tiene un blog. Además, alerta de que «este fenómeno está castigando a las familias más humildes y con menos recursos económicos, mucho más cautivas de la pantallización».
Uso de los datos
Marc Bria vive en Sabadell, acumula 30 años de experiencia ligada a los proyectos de software libre y ciencia abierta y tiene dos hijas que ya están en el instituto. Su lucha comenzó hace años, durante la infancia de éstas, cuando el centro educativo al que asistían impulsó la introducción de estas plataformas. Lo primero que comenta es que el punto de inflexión en esta dinámica llegó con la pandemia, algo en lo que coinciden el resto de entrevistados. «La Administración pública se volcó no solo con herramientas de Google, sino también de Microsoft, y sin hacer una reflexión sobre qué pasaba con la soberanía de los datos y el conocimiento que tiene la propia Administración de las herramientas que utiliza», explica.
Este experto alerta del primer problema que se encuentra ante el uso de herramientas de Google por los más pequeños: la privacidad. «En los acuerdos firmados entre las empresas y las consejerías no hay ninguna cláusula que explique claramente qué uso le van a dar a los datos personales de los niños», critica.
A su entender, deberían primar el uso de aplicaciones de software libre como Moodle frente a Google Classroom. «Lo hacen porque es más barato y fácil. De otra forma, eres tú quien tiene que ser soberano y mantener la plataforma», añade. En consecuencia, la Administración se decanta por externalizar un servicio que se torna crucial en el devenir social, político y económico, como es el de la tecnología.
Bria advierte de la estrategia que esconden estas grandes corporaciones. Así lo desarrolla: «Te ofrecen las herramientas gratis al principio y así te crean una dependencia a ellas enorme. Cuando quieran, empezarán a cobrar por ellas o a limitar los servicios, los usuarios o el número de conexiones. Ahí está su negocio».
Este especialista en software libre aclara que utilizar herramientas de este tipo aumentaría el mantenimiento del know how, es decir, el conocimiento dentro de la Administración sobre el uso de cualquier aplicación propia. «Así, en caso de que cierren o de que cambien su modelo, se evitaría que no quede otro remedio que comerse con patatas cualquier cosa que te quieran vender», apuntilla.
Qué aplicación usar
Como padre, Bria tuvo que autorizar la creación de una cuenta en Google para sus hijas pequeñas. «Es un consentimiento disfrazado de obligación, porque si no es muy complicado seguir las clases», sostiene. Cerca de esta opinión se ubica David Artero, que ya le ve las orejas al lobo desde València. Tiene un hijo de cinco años, es informático y trabaja para una Administración pública, aunque prefiere no concretar cuál. «Conozco el tema desde dentro», dice para comenzar su diatriba.
Él también critica que, tras la pandemia del coronavirus, la Administración no haya apostado por la creación de aplicaciones propias basadas en software libre. «Hay que tener claro que los datos que cada uno genera forman parte de la identidad de cada persona, y aquí estamos hablando de miles de menores de edad», profundiza.
Este año, el hijo de Artero comenzará Primaria y tendrá una tablet a través de la cual acceder a una plataforma educativa. «Llegado el momento le crearán una cuenta en Google, sin apenas objeción posible. Por lo que me he informado, desde los colegios poco se puede hacer, aunque siempre hay otros con trabajadores voluntariosos que intentan sacar adelante alternativas tecnológicas», añade.
A este informático tampoco se le escapa que el uso de las aplicaciones tecnológicas de las grandes empresas estadounidenses es otra forma de educar: «La mayor parte de los chavales no se especializarán en este sector, por lo que solo conocerán las herramientas que han mamado desde pequeños, con las que se van a sentir más cómodos. La concienciación, que puede ser una variable a tener en cuenta en los adultos, no lo es tanto en los chiquillos».
Artero admite que todavía no ha comentado la cuestión en profundidad con otros padres del colegio. «Otro problema que existe es la falta de personal dedicado en exclusiva a este tema en los centros. Si hubiera más informáticos, se podrían crear estupendas aplicaciones tecnológicas basadas en software libre que se podrían compartir entre administraciones», remata.
Digitalizar = privatizar
Lo que comentan Sentís, Bria y Artero no es nuevo. El investigador y autor de Utopías digitales (editado por Verso Libros) Ekaitz Cancela lleva años estudiando el asunto. «La entrada de las grandes plataformas tecnológicas en el ámbito educativo se enmarca en las políticas de austeridad. Al tener los gobiernos menos poder de inversión pública, hacen equilibrios para garantizar las necesidades del capital al mismo tiempo que mantienen la legitimidad del Estado del bienestar», dice el experto.
Según prosigue, «estas herramientas a largo plazo generan dependencias en las que cada día que pasa corremos el riesgo de que no haya vuelta atrás». En un momento en que todo es carne de privatización y en que todo depende de los servidores en la nube o de la inteligencia artificial que estas mismas empresas proveen, la sociedad se puede llegar a ver atrapada.
Cancela considera que «las familias de los estudiantes son una de las comunidades que mejor han sabido politizarse y entender el desafío». Serían ellas la punta de lanza en esta lucha en la que la sociedad se juega que las futuras generaciones ya no sean capaces de pensar en otras tecnologías fuera de los modelos propietarios. «Hay que tener cuidado con esa idea neoliberal que nos venden de que somos “consumidores soberanos” cuando en realidad siempre estamos atados a los servicios que ofertan desde Silicon Valley», advierte.
El investigador detalla otro de los problemas que acarrea el uso de Microsoft por parte de los más pequeños: «En esa plataforma conviven herramientas pedagógicas pero también de control a los trabajadores. Así se naturalizan desde edades tempranas los amplios procesos de control de la fuerza de trabajo». Cancela opina que los Estados deberían empezar a invertir muchos más recursos en ser soberanos tecnológicamente. «Si no, no podremos revertir la dinámica actual en la que digitalizar casi siempre es sinónimo de privatizar», concluye.
La entrada Objetores digitales se publicó primero en lamarea.com.
