No existe manual para ser mujer en la política, menos aún con un cuerpo que no encaja en el molde. El poder exige presencia; la gordura, según el canon, debería esconderse. Una aprende pronto que el cuerpo también es una institución, se regula, se vigila y se comenta.
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Con la defensa de los derechos humanos como brújula, el trabajo de Patricia Simón aúna el reporterismo en terreno y el periodismo de investigación. Hablamos con la autora de los libros 'Miedo' y 'Narrar el abismo' sobre el papel de los medios de comunicación ante los genocidios, el neofascismo o los ataques desde los tribunales a la libertad de prensa.
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Hoy comenzamos hablando sobre el escándalo en el Hospital de Torrejón de Ardoz. Las declaraciones de uno de los gerentes del hospital ante el personal, advirtiéndoles de que había que priorizar el beneficio económico sobre la atención a los clientes han generado un gran escándalo. Y poca sorpresa para los que llevamos mucho tiempo advirtiendo de que la Sanidad privada funciona exactamente así. También hablamos hoy sobre el Documento de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicado por la Casa Blanca, en el que afirman directamente que quieren intervenir la política de la Unión Europea para alinearla con sus intereses. Por último, analizamos la entrevista al Consejero Delegado de PIMCO, Emmanuele Roman, una de las mayores gestoras de fondos de renta fija del mundo. Con Toni Hernández y Carlos García Hernández. Conduce Juan Carlos Barba.
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Una pesadilla recurrente de la izquierda andaluza podría ser esta: el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla fumándose, sin ser fumador, plácidamente un puro en el palacio de San Telmo mientras contempla ensimismado cómo las volutas del cigarro ascienden muy, muy despacio hasta diluirse silenciosamente en las oquedades del bello artesonado que ennoblece el techo de su despacho presidencial. Y lo peor de todo: el tipo llevaría como unos siete años fumándose el maldito puro.
Desde que en 2022 logró su mayoría absoluta, no menos inesperada que la milagrosa carambola que cuatro años antes lo llevó a la presidencia, los intentos de la oposición de erosionar su figura se asemejan a esas inocuas espirales de humo que nuestro hombre observa abstraído, sin inquietud, consciente de que las pobres volutas, como la izquierda andaluza, no pueden dejar de ser lo que son: humo, niebla, sombra, nada.
En su primer mandato Moreno tuvo que lidiar con las exigencias ocasionalmente montaraces de aquel Vox, que, en alianza con Ciudadanos, lo había hecho presidente y garantizaba la estabilidad de su gobierno; los apuros en que, de cuando en cuando, los ultras ponían al presidente se vieron, sin embargo, felizmente neutralizados por un entreguismo del partido naranja que hizo la legislatura conservadora mucho más plácida de lo que auguraba la aritmética parlamentaria.
Ya con la mayoría absoluta lograda merced al abstencionismo de la izquierda y el desistimiento de C’s, que Moreno premiaría recompensando a su líder Juan Marín con un cargo tan poco expuesto y trabajoso como bien remunerado, su actual segundo mandato había venido siendo una balsa de aceite en la que el presidente flotaba serenamente sin temor a perturbación alguna hasta que –en política no hay bien que ocho años dure– en octubre pasado saltaba el escándalo del cribado de cáncer de mama: al menos 2.317 mujeres, según el moderado cómputo de la Junta, no fueron advertidas de que debían hacerse una nueva prueba porque el resultado de la primera era dudoso. Nunca durante las tres décadas largas que lleva implementado el programa había sucedido nada comparable. Nunca. Para la Junta se trata de un error; para la oposición, de un escándalo; para las mujeres, de un espanto.
La ola de indignación social cogió al presidente a contrapié, como si no diera crédito a lo que estaba pasando, y desde hacía muchos meses además, en el sistema sanitario andaluz. ¿Un error? ¿Una disfunción? ¿Una chapuza? Cuando cualquiera de estas tres particularidades se prolonga durante años sin que nadie les ponga fin, error, disfunción o chapuza mudan de estado político: lo que era anécdota adquiere el estatus de categoría, lo que parecía accidental alcanza el rango de estructural, lo que era amenaza ocasional pasa a ser peligro permanente.
Un mes después de estallar la crisis, que en pocos días había obligado al presidente a prescindir de su consejera de Salud, la Junta todavía no había dado una explicación creíble, convincente y detallada de las causas de ese gigantesco error/disfunción/chapuza que tiene en vilo a miles de mujeres. Además de fuertemente politizado (como no podía ser menos), el caso de las mamografías ha pasado a estar judicializado. La Fiscalía está decidida a averiguar por qué pasó lo que pasó: para sonrojo del periodismo y bochorno de la política, la justicia parece hoy por hoy la única garantía de que se acabe sabiendo la verdad, pues ni el periodismo, que no pasa por su mejor momento, ni la oposición, que está en el peor, han logrado taladrar el muro de opacidad, escapismo y silencio levantado por el Gobierno andaluz para protegerse a sí mismo, no a las mujeres, de los efectos virtualmente letales derivados de su imprevisión, su ineptitud o su negligencia.
Mientras, la tardanza de San Telmo en dar la explicación que mujeres y opositores le reclaman alimenta la sospecha de que las causas de lo sucedido no se deberían meramente a una mala praxis profesional, sino que pondrían en cuestión el propio modelo sanitario del Partido Popular, cuyo deterioro habría favorecido el fortísimo incremento del número de andaluces que en la última década han contratado un seguro privado: en 2014 eran 1,2 millones; en 2025 ya son 1,8 millones, el 22% de la población de la comunidad.
Si el escándalo andaluz del cáncer de mama hubiera tenido lugar con un gobierno socialista, las derechas estarían comportándose, como mínimo, como lo están haciendo las izquierdas, ansiosas por hallar la pistola humeante del delito, la soñada conexión causa efecto entre: 1) los recortes en la sanidad pública en forma de traspaso de fondos a la privada y de facilidades laborales a los médicos para compatibilizar su empleo público y su consulta privada; y 2) las 2.317 mujeres con un diagnóstico dudoso de cáncer de mama a las que no se avisó para hacerse una nueva prueba.
El PP se opone en Andalucía a la comisión parlamentaria para investigar los fallos del cribado de cáncer de mama. Obviamente, si estuviera en la oposición apoyaría esa comisión, como la apoya la misma izquierda que, de estar en el gobierno, la rechazaría sin contemplaciones aunque tal vez con un leve cargo de conciencia. En un espacio público tan altamente polarizado como el español opera con regularidad la ley de hierro según la cual importa mucho más la filiación del pecador que el pecado mismo.
Aun así, también esta ley tiene sus excepciones: no está operativa en casos de una incompetencia tan extrema que hace inviable toda absolución, como ha ocurrido con el expresidente valenciano Carlos Mazón; y no está en vigor tampoco en los casos de negligencia con resultado de muerte, amputaciones o mucho dolor, como puede haber ocurrido en Andalucía. En tales casos, la gravedad del pecado se impone sobre la adscripción de quien lo comete, de modo que en las siguientes elecciones autonómicas un buen número de votantes del partido pecador bien pudiera optar por quedarse en casa o incluso por marcharse con su voto a la competencia.
Sea o no la punta del iceberg de otros males de fondo que aún no han aflorado a la superficie, el principal impacto de la crisis del cribado de cáncer quizá radique finalmente en haber dado una intensa visibilidad local y una inédita proyección nacional al deterioro galopante de la sanidad pública andaluza: hace años tu médico de cabecera te daba cita al día siguiente de pedirla; hoy tarda diez, doce, quince, veinte días. Y del especialista ni hablamos. No hay propaganda gubernamental, por muy sofisticada que sea, ni publirreportajes de la prensa amiga, por muy engrasados que estén, capaces de convencer a usuario alguno de que la sanidad pública funciona hoy mejor que hace siete años.
¿El declive asistencial del sistema sanitario público puede poner en apuros electorales a Moreno, considerando que en su primer mandato pudo culpar verosímilmente a sus predecesores socialistas, pero en el tramo final del segundo y disfrutando de mayoría absoluta y más presupuesto, rotundamente no? Ese podría ser el pálpito más extendido en una izquierda que parece confiar demasiado en que la sanidad gane las elecciones por ella. Políticamente, el escándalo del cribado ha sido el primer gran susto de Moreno Bonilla desde que es presidente. Sueña la izquierda con que el susto acabe en muerte, pero parece poco probable: las dos derechas siguen sumando muchos más votos y escaños que las dos, tres o incluso cuatro izquierdas que combaten a aquellas con no menos ardor que a sí mismas.
No es aventurado conjeturar que los días del Moreno moderado estarían contados si la cita electoral andaluza de la primavera o el verano de 2026 confirma el incremento de votos que las encuestas le auguran a Vox: si los de Abascal se aproximan al 20%, los de Moreno no podrán conservar la mayoría absoluta. Pero es pronto para tales elucubraciones: la marca Moreno está fuerte en Andalucía; su perfil templado contrasta con el nacional-populismo de Isabel Díaz Ayuso, el otro gran referente autonómico del PP y una lideresa que parece haber fagocitado a Vox pero pagando el elevado peaje de lograrlo pareciéndose a él. La estrategia de Moreno se diría justo la contraria: cerrar el paso a los de Abascal pareciéndose lo menos posible a ellos, posando de humano, de modesto, de humilde, de plural. De guay.
En todo caso, el calendario le da un cierto margen, pues antes de las andaluzas habrá elecciones en Extremadura el 21 de diciembre y en Castilla y León en marzo, citas cuyo desenlace habrá de serle útil a Moreno para afinar su estrategia no tanto mirando a su izquierda como a su derecha, que es donde hoy suma nuevos enteros el partido decidido a llenar de pirañas la balsa de aceite donde sestea Moreno y a arrebatarle el puro imperial cuyas volutas, según la pesadilla roja, contempla extasiado mientras sueña con una segunda mayoría absoluta.
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Hay días en que la política española parece escrita por un guionista obsesionado con las metáforas matrimoniales. Junts per Catalunya anuncia un “divorcio” con Pedro Sánchez y, sin embargo, ambos continúan compartiendo techo, mirándose de reojo, calculando si todavía necesitan al otro para pagar la hipoteca de la legislatura. Es una historia de seducciones, gestos estudiados y una tensión permanente que ya no sorprende a nadie. Pero es también –y sobre todo– un ejercicio de hipocresía mutua: cada uno interpreta el papel que más le conviene mientras la política real avanza por otros cauces.
Por un lado, Pedro Sánchez ha perfeccionado el arte del cinismo amable. Sabe que necesita a Junts per Catalunya para no hundirse y despliega, cuando conviene, una coreografía de contrición y seducción: reconocer “retrasos”, insinuar rectificaciones, prometer que “esta vez sí” se cumplirán los acuerdos. Son gestos calculados, que siempre llegan cuando el Gobierno tiene el agua al cuello y necesita reconstruir, como sea, una mayoría que nunca termina de serlo. Estos movimientos ni comprometen de verdad ni obligan a demasiado; solo quieren insuflar la sensación de que el diálogo está vivo, de que hay opciones, de que el naufragio aún puede aplazarse.
Por otro lado está Junts per Catalunya, atrapada en una posición tan incómoda como imprescindible. Llevan semanas exhibiendo un discurso de máxima firmeza, proclamando que el acuerdo con el PSOE está en fase terminal, que la legislatura agoniza. Pero, a la hora de la verdad, no cierran la puerta: bloquean, sí, pero no rompen. Se indignan, pero no ejecutan. Simulan desvincularse, pero no son capaces –ni quieren– empujar el sistema hacia unas elecciones que dejarían la amnistía a medio camino. Es su propia versión de la farsa: gritar mucho, actuar poco y resistir lo suficiente para no perder la pieza central del tablero.
La realidad –cruda, prosaica– es que Junts per Catalunya no tiene alternativa. No puede matar la legislatura hasta que la amnistía sea irreversible. Ese es el núcleo del “baile de las apariencias”: su supervivencia política es ahora inseparable de la ejecución final de la ley que debe proteger a sus dirigentes. Esto explica que hayan optado por una estrategia de resistencia silenciosa: hacer todo el ruido posible para que su base perciba músculo y dignidad, pero mantener suficiente margen para volver a negociar cuando cambien las condiciones.
También explica la incomodidad de ver cómo el aparato de Junts per Catalunya denuncia, con gravedad republicana, el incumplimiento del Estado… mientras en paralelo sostiene, en la práctica, la misma legislatura que critica. Las palabras van en una dirección; los hechos, en otra. Y demasiada gente ya lo ha entendido. El PSOE lo sabe y juega con ventaja. Sabe que Junts per Catalunya necesita tiempo y sabe que, por mucho que gruñan, el bloque independentista no se puede permitir provocar un terremoto que haga descarrilar la amnistía. Por eso Sánchez puede practicar ese estilo tan suyo de gobernanza al límite: ofrecer medio compromiso, anunciar medio paquete de medidas, avanzar medio metro, retroceder un cuarto. Es un ejercicio de cinismo sostenido que solo funciona porque la correlación de fuerzas lo permite y porque nadie quiere asumir el coste de una ruptura real.
Esta “cohabitación hostil” mantiene en suspenso toda la actividad legislativa, pero mantiene igualmente vivo el relato de unas relaciones que aún pueden reconducirse. Es un teatro que sirve a ambos: al PSOE para comprar estabilidad y presentarse como la fuerza dialogante; a Junts per Catalunya para exhibir firmeza mientras prolonga, indefinidamente, la ficción de que son ellos quienes tienen el pulso de la gobernabilidad.
Pero en algún momento la danza dejará de funcionar. Porque este juego de seducciones y reproches permanentes no construye nada y solo aplaza decisiones. Y porque, cuando la amnistía esté finalmente cerrada, Junts per Catalunya tendrá que demostrar si su estrategia era resistir para avanzar o si, sencillamente, no tenía ningún otro lugar al que ir. Igualmente, el PSOE tendrá que dejar de actuar como si el Estado fuera un campo de pruebas y empezar a asumir que cumplir acuerdos no es una concesión, sino una obligación.
Hasta entonces seguiremos asistiendo al baile. Un baile cansado, hecho de gestos que ya no engañan y de palabras que suenan gastadas. Un baile en el que todos saben lo que busca el otro, pero todos prefieren fingir que se trata de una gran partida de ajedrez. Cuando en realidad es, simplemente, una coreografía de supervivencia.
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La Secretaría del Ayuntamiento de Jorquera declara nula, tras el recurso de reposición realizado por el PSOE, la resolución de Alcaldía 224 con fecha de 31 de octubre, por la cual la alcaldesa del PP, María Pilar Medina, convocaba la subasta de un bien patrimonial de la localidad, en concreto, la parcela 396 ubicada en …
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Las actuaciones previstas por Urvial —la empresa pública de vivienda de Albacete— relativas a la creación de nuevas viviendas de alquiler social, la reserva de pisos para entidades sociosanitarias y el refuerzo del parque público de vivienda coinciden con las iniciativas que Unidas Podemos asegura haber defendido en el Ayuntamiento de Albacete durante los últimos …
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El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reivindicado “la vigencia, la fortaleza y el espíritu de concordia de la Constitución de 1978”, al tiempo que ha advertido que el PP “no permitirá que Pedro Sánchez continúe erosionando la separación de poderes ni transformando el régimen constitucional de manera encubierta”. Así lo …
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La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha pedido hoy al PP de Castilla-La Mancha que “renuncie expresamente” a copiar el modelo sanitario de recortes y de privatizaciones del que la Comunidad de Madrid es el mejor ejemplo. En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE ha …
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El Partido Popular ha denunciado hoy en rueda de prensa la “absoluta falta de respuesta del Gobierno de Emiliano García-Page hacia La Roda en el proyecto de Presupuestos regionales para 2026, que únicamente destina 50.000 euros al municipio». En la comparecencia han intervenido Eduardo Sánchez, portavoz del PP de La Roda, y Carolina Agudo, secretaria …
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Un libro escrito por una científica y divulgadora de la Universidad de Oxford que tiene por bandera el optimismo y los datos (Anagrama, 2025). Se aleja del catastrofismo ecologista casi tanto como del negacionismo climático; y afirma que «aceptar la derrota ante el cambio climático es una postura indefendiblemente egoísta».
Hannah Ritchie aclara que su optimismo es «condicional» (i.e., condicionado a actuar adecuadamente); que es diferente a un «optimismo ciego» que confía sin promover la acción organizada. Su objetivo es conseguir que seamos la primera generación que logre alcanzar la sostenibilidad completa en los dos sentidos que recoge la definición de la ONU: satisfacer las necesidades de las generaciones actuales; y hacerlo sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Con respecto al primer aspecto, Ritchie opina que falta mucho por hacer aunque, al menos, se ha avanzado una barbaridad en aspectos tales como: la mortalidad infantil y materna, la esperanza de vida, el hambre y la malnutrición, el acceso a recursos básicos (agua, energía…), la educación y la pobreza extrema.
Por supuesto, estos avances en la calidad de vida global también «han tenido un enorme coste medioambiental», lo cual ha empeorado de forma colosal el segundo requisito de la sostenibilidad. Para equilibrar la situación, el libro examina en detalle siete problemas medioambientales y sus interconexiones entre sí.
Antes de examinar esos siete problemas, Ritchie se distancia de dos soluciones típicas del ecologismo: despoblación y decrecimiento. La primera consiste en reducir el tamaño de la población y Ritchie afirma que realmente esa no es una alternativa, primero porque la población ya se está frenando a nivel mundial y, segundo, porque es muy complicado hacerlo de forma ética. Apunta a que más impacto que la superpoblación lo generan los estilos de vida (especialmente de los millonarios), lo cual podría estar afectado por la segunda solución que Ritchie rechaza, el decrecimiento, entendido como un retroceso o empobrecimiento. Para ella, la pobreza no implica mayor sostenibilidad, por supuesto, si consideramos los dos pilares de la sostenibilidad anteriormente indicados. En el libro, ella matiza que es cuestionable el crecimiento en los países ricos, pero que para acabar con la pobreza se necesita un crecimiento económico global. Para ella, no vale cualquier crecimiento y afirma —igual que cualquier decrecentista— que sería necesario crecer en algunos sectores y tecnologías y decrecer en otras. Tal vez, la promesa más impactante del libro es que dice demostrar que podemos reducir el impacto ambiental y, a la vez, mejorar la situación económica.
Aunque no se suela decir, la contaminación atmosférica es «una de las principales causas de mortalidad en el mundo». Las cifras de fallecidos por esta causa son similares a las muertes por tabaquismo; seis o siete veces mayores que los muertos en accidentes de tráfico; y superan en cientos de veces la cifra de vidas perdidas por terrorismo o por guerras. Cada año, la mala calidad del aire suele ser quinientas veces más mortífera que todas las catástrofes «naturales» juntas.
La buena noticia es que se está reduciendo este tipo de contaminación, especialmente en las ciudades, lo cual baja las tasas de mortalidad. Es preciso tomar medidas locales y globales. Usemos como inspiración el Protocolo de Montreal para eliminar las sustancias químicas que degradaban la capa de ozono, un problema de cuya gravedad advirtió incluso Carl Sagan. En 1987 fue firmado por 43 países; y en 2009 se convirtió en el primer convenio internacional que logró la ratificación universal de todos los países del mundo. Un ejemplo que demuestra que hacer caso a la ciencia tiene resultados positivos.
A escala global, la mayor fuente de contaminación es quemar madera o carbón, incluyendo aquí las quemas agrícolas. Luego está la polución por actividades agropecuarias, principalmente por culpa de la ganadería y por los fertilizantes. Después viene la quema de combustibles fósiles para producir electricidad. Luego, diversas industrias (textiles, químicas, metalúrgicas…), seguidas del transporte de personas y mercancías.
Lee también un resumen de este libro de Yuval N. Harari.
Las soluciones propuestas pueden parecer caras, pero son muy baratas si las comparamos con los cientos de millones en gastos por no solucionar el problema:
«Un mundo 6 ºC más caliente que el actual sería devastador», nos advierte la autora. Tras comentar algunas de las consecuencias del calentamiento global, afirma que «si cada país cumpliera realmente sus compromisos climáticos, llegaríamos a los 2,1 ºC en 2100», lo cual sería una gran noticia, aunque podría ser mejor.
Hannah Ritchie asegura que «las tecnologías bajas en carbono resultan cada vez más competitivas» y «los líderes mundiales se han vuelto más optimistas». Ahora tenemos infraestructuras mejor preparadas, podemos predecir eventos climáticos extremos, organizar evacuaciones, existen redes internacionales de apoyo, etc. En definitiva, estamos mejor preparados que en el pasado y sabemos cómo reducir las emisiones de dióxido de carbono, porque hay solo dos fuentes principales: «la quema de combustibles fósiles y el cambio en el uso de la tierra» (deforestación).
La situación actual es que «las emisiones totales siguen aumentando, pero las emisiones per cápita han tocado techo». Ese dato es utilizado por la autora para ser optimista y esperar a que la contaminación empiece a declinar, al menos en los países ricos, porque dice que está demostrado que «los avances tecnológicos hacen que hoy consumamos mucha menos energía que en el pasado». Como ejemplo, afirma que en Suecia se vive con igual nivel que en Estados Unidos y, sin embargo, se emite solo una cuarta parte. Según sus datos, el crecimiento económico y la reducción de emisiones son compatibles. El problema es que mira datos de países ricos que ya son exageradamente insostenibles. En tales casos, ¿es correcto celebrar una pequeña reducción en su contaminación?
En su análisis, asegura que «las soluciones que pasan por reducir el consumo de energía a niveles muy bajos no son buenas», porque la energía es fundamental para mantener o aumentar la calidad de vida. Tampoco ve adecuado que se avergüencen los que viajan en avión, porque para ella volar es un gran invento y las ventajas son suficientes para olvidar sus serios inconvenientes. ¿Será una excusa para justificar su gusto por volar?
Soluciones que propone:
Un problema de la forma de comunicar de Ritchie es que quita importancia a aspectos que, aunque no sean principales, tienen suficiente peso como para no ser despreciados. Es como si olvidara el efecto sinérgico de juntar varias fuerzas. Sumar muchos pocos hace un mucho. A veces, este tipo de contradicción se hace patente en una misma explicación. Por ejemplo, cuando literalmente escribe: «Cambiar nuestra alimentación no va a resolver el cambio climático: para ello tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles. Pero arreglar únicamente nuestros sistemas energéticos, ignorando la alimentación, tampoco nos llevará a esa meta».
La tierra ha perdido un tercio de todos sus bosques desde el final de la última glaciación. En el último siglo, también se ha perdido mucha superficie forestal, casi toda debida a la expansión de la agricultura. Las zonas incendiadas se regeneran si se las deja. Al perder bosques se emite carbono, pero Ritchie considera que eso es secundario en comparación con la pérdida de biodiversidad.
También resalta cómo la pérdida de hábitats se puede frenar con medidas políticas. Por ejemplo, «Brasil logró reducir la deforestación en un 80 % en solo siete años bajo la presidencia de Lula da Silva».
Con respecto al aceite de palma, no considera que su consumo sea preocupante, porque no se sabe con certeza la deforestación que causa de forma directa. Opina que no sería justo culpar a ciertos campos de palmeras de la deforestación de esas áreas si los bosques fueron talados con anterioridad. Es decir, no tiene en cuenta que esas zonas podrían volver a ser bosques. Además, sostiene que usar otros tipos de aceites podría ser incluso peor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que evitar el aceite de palma no obliga a optar por otro aceite, sino que se puede optar por no consumir productos con aceite de palma (bollería, alimentos ultraprocesados, etc.) sin sustituirlos por nada con otros aceites. En cualquier caso, apoya el uso de aceite de palma certificado como sostenible (RSPO) y deja claro que «el biodiésel de aceite de palma produce más emisiones de carbono que la gasolina o el gasóleo».
«La tala de bosques para dejar espacio al ganado bovino es responsable de más del 40 % de la deforestación mundial». El siguiente factor de pérdida de bosques es la palma y la soja y, en tercer lugar, la silvicultura (papel/celulosa). Así, pues, la mejor forma de frenar la deforestación es reducir el consumo de carne de cordero y de vacuno. En tercer lugar, se situaría el queso y los lácteos de vaca. Ritchie apoya esta opción, incluso aunque sean productos de ganadería extensiva en tierras no aptas para la agricultura, porque en estos casos considera que la mejor opción sería dejar que esas tierras se conviertan en bosques u otros espacios naturales.
Otras opciones que propone son: que los países ricos paguen a los más pobres por conservar sus bosques; y que se compensen las emisiones mediante reforestaciones (aunque esto tiene un peligro muy evidente).
Para acabar este apartado, Ritchie sostiene que no es buena idea volver de la ciudad a zonas rurales (revitalizar pueblos), ya que la principal causa de deforestación es cómo producimos nuestros alimentos y no dónde vivimos. Y también alerta de los que piensan que la alimentación vegana contribuye a la deforestación por los cultivos de soja. Los datos son muy evidentes: el 76 % de la soja se utiliza para alimentar animales y «solo el 7 % se destina a los productos veganos» (tofu, tempeh y leche vegetal).
«La demanda humana de alimentos representa la mayor amenaza para los animales del globo». Así de contundente se manifiesta Hannah Ritchie. Afortunadamente, no es cierto que haya una fecha límite en los suelos agrícolas del mundo. Unos se están degradando y otros están mejorando, aunque en general, el suelo agrícola está siendo maltratado (y no solo por la erosión).
Una persona necesita entre 2.000 y 2.500 calorías diarias. Si dividimos la producción mundial de alimentos a partes iguales entre todos, cada uno de nosotros podría consumir unas 5.000 calorías diarias (más del doble de lo necesario). El hambre en el mundo no es un problema de falta de alimentos, sino de mala distribución (también lo apuntaron Nebel y Wrigth). Este dato sirve a Ritchie para confirmar que, en realidad, no somos demasiados humanos. El problema es que los millones que habitamos el planeta Tierra no nos contentamos solo con comer, sino que aspiramos a un consumo cada vez mayor (casas, teléfonos, aviones, IA…).
La superproducción agraria se debe principalmente a dos inventos: el de Fritz Haber y Carl Bosch (para convertir el nitrógeno del aire en amoníaco, fertilizante); y el de Norman Borlaug (para mejorar el cultivo de trigo en México). Estos logros para aumentar la producción han evitado muchas muertes, pero también han hecho que no podamos volver atrás. Es decir, «el planeta no puede limitarse a consumir solo alimentos ecológicos» (porque hay demasiadas personas a las que alimentar). Por tanto, a nivel colectivo dependemos de los fertilizantes para sobrevivir, y fabricarlos requiere grandes cantidades de energía, lo cual explica por qué los países pobres los usan poco, aunque tengan que utilizar mayor superficie agraria.
Vivimos en un mundo con grandes desigualdades, en el que algunos sufren de obesidad y otros de desnutrición; el alimento que podría saciar el hambre de millones de personas se dedica a alimentar ganado o a producir agrocombustibles para nuestros coches. Menos de la mitad de los cereales que se producen se dedican a la alimentación humana directa. Todo un 41 % se lo come el ganado, lo cual nos hace ver que comer animales es una forma muy ineficiente de conseguir proteínas. «Los animales más pequeños son más eficientes en términos calóricos», aunque surge el «dilema moral» de que hay que matar una mayor cantidad de animales pequeños para conseguir la misma cantidad de carne.
Ritchie pone un ejemplo que sirve para visualizar bien lo que implica comer animales muertos: «¿Se imagina que comprara una barra de pan, cortara una rebanada y tirara el resto —más del 90 %— a la basura? Pues bien: en términos de calorías, eso es más o menos lo que hacemos con la carne». El ganado también es ineficiente convirtiendo proteínas. Lo bueno es que son proteínas «completas» (incorporan aminoácidos importantes), lo cual se puede conseguir con dietas vegetales comiendo legumbres y cereales. La carne también tiene otros nutrientes importantes, pero el único que no existe en los vegetales es la vitamina B12 (asunto que ya se zanjó aquí).
Para entender la magnitud del problema, afirma que tres cuartas partes de la superficie agraria tienen como fin último criar ganado, y todo eso solo sirve para producir el 18 % de las calorías y el 37 % de las proteínas que consumimos. Debemos «reducir al máximo la cantidad de tierra que destinamos a la actividad agraria», lo cual mejoraría también otros problemas: deforestación, contaminación atmosférica, de aguas, de tierras, maltrato animal, etc.
Soluciones que propone:
«No cabe duda de que muchos animales están experimentando un preocupante y acelerado declive. Pero, si profundizamos un poco más, descubrimos que también hay algunos a los que les va bien». Lo que no debemos olvidar es que nuestra vida depende de la biodiversidad, aunque «no esté claro qué especies necesitemos y cuáles no». Recomendamos aquí leer el relato de La vida del doctor Biología. Lo cierto es que a veces prestamos más atención a ciertas especies, bonitas o más visibles, y olvidamos a las realmente importantes, como los gusanos y las bacterias.
El ser humano ha atacado a las demás especies desde sus orígenes, como bien explica Yuval N. Harari en su magnífico Sapiens. Ritchie declara que «antes de la aparición de la agricultura, hace unos diez mil años, la mayor amenaza para los animales era nuestra caza directa: una vez iniciada la actividad agraria, pasó a ser la destrucción de sus hábitats» y «en la última centuria, el ritmo de disminución ha sido aún más rápido». Un dato más: «Los vertebrados se han extinguido entre cien y mil veces más rápido de lo que cabría esperar».
Actualmente, los humanos y nuestro ganado constituimos la inmensa mayoría de los mamíferos del planeta. Estos son los datos del porcentaje de la biomasa actual y en 1900:
Esta desproporción también ocurre en las aves: «la biomasa de nuestros pollos duplica la de las aves silvestres». Hay multitud de datos que llevan a poder proclamar que «nos dirigimos hacia una sexta extinción masiva». La buena noticia es que podemos frenarla.
Soluciones que propone:
«El 44 % de todo el plástico del planeta se emplea en la fabricación de envases». Es ahí donde está el núcleo del problema de los plásticos. La autora critica el documental Seaspiracy por algunos de sus datos, pero está conforme con que el 80 % del plástico de las islas oceánicas procede de la industria pesquera. Solo el 20 % restante tiene su origen en tierra. Sin embargo, si miramos el plástico en zonas costeras, los datos podrían indicar justo lo contrario.
Ritchie dice que no hay aún evidencias de los auténticos peligros de los plásticos en el cuerpo humano, y que le parece más preocupante el daño que se causa a la fauna marina (enredos, atragantamientos…).
Soluciones:
Esto está muy relacionado con la pérdida de biodiversidad. Según Ritchie, los animales marinos son discriminados con respecto a los terrestres. De alguna forma, su sufrimiento parece importar menos a los humanos, a pesar de las evidencias que existen de que los peces son capaces de sentir sufrimiento.
El incremento en potencia y tecnología aplicada al sector pesquero ha hecho que muchas pesquerías hayan entrado en declive o en grave colapso. Ante esto, hay dos formas de actuar. La primera es proponer «capturar muy pocos peces, por no decir ninguno». La segunda es «capturar tantos peces como sea posible, año tras año, pero sin mermar más sus poblaciones». Normalmente, se opta por la segunda opción, aunque sabemos que en demasiadas ocasiones no se cumple.
Una tercera vía (con un enorme crecimiento) ha sido la cría de pescados y mariscos: acuicultura o piscicultura. Actualmente, se crían más peces y mariscos de los que se pescan en estado salvaje. Para Ritchie es una buena noticia porque, según ella, esto reduce presión sobre los peces salvajes. No obstante, reconoce que parte de la comida de los peces de piscifactoría es, precisamente, peces salvajes, pero que, para algunas especies, se ha logrado una proporción de 0,3 (es decir, que hacen falta 0,3 peces salvajes para criar uno de forma artificial). El resto de comida lo forman, por ejemplo, piensos vegetales. La autora deja claro que «las normas de bienestar animal que rigen en las piscifactorías suelen ser bastante deficientes» (léase esto para más datos). Ella no habla de otros problemas presentes en las piscifactorías, como la contaminación que producen.
Con respecto a los atúnidos, Ritchie dice que su situación es mala, aunque algunas especies están mejorando sus poblaciones. Particularmente, alerta de la situación de los atunes en el océano Índico, donde se está sobrepescando sin control (España con la famosa operación Atalanta). El libro no habla de la amenaza del mercurio en los atúnidos.
Otro problema es la muerte generalizada de los corales. La autora demuestra ser una apasionada de estos animales y no le faltan motivos. La solución urgente a este problema es frenar el calentamiento global, evitando quemar combustibles fósiles. Si quieres enamorarte de los corales, te animamos a leer el relato de Lord Howe.
Soluciones:
El libro de Ritchie es un canto de optimismo lleno de datos realistas. Algunas de sus opiniones pueden ser controvertidas, pero la mayoría están basadas en evidencias. Es cierto que estamos avanzando en muchos aspectos, aunque no sea tan rápido como nos gustaría. También es cierto que las opciones sostenibles se están volviendo más baratas. Y, en muchos casos, el pueblo está despertando.
Hannah se siente una traidora cuando no usa las opciones más ecológicas, aunque sí sean las opciones con menor huella de carbono, como usar el microondas o consumir alimentos que no sean de proximidad. Pero alerta que, aunque los cambios individuales sean importantes, es necesario un «cambio sistémico», es decir, una acción política que lleve a aprobar leyes que nos hagan avanzar en todas las soluciones que se han propuesto más arriba. Para ello, es necesario «votar a líderes que favorezcan medidas sostenibles» (partidos verdes y ecofeministas) y también sugiere importantes aportaciones individuales como estas:
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Resumen del libro "21 lecciones para el siglo XXI" de Harari. En nuestro blog también encontrarás el resumen de su libro "Sapiens"
Un libro escrito por una científica y divulgadora de la Universidad de Oxford que tiene por bandera el optimismo y los datos (Anagrama, 2025). Se aleja del catastrofismo ecologista casi tanto como del negacionismo climático; y afirma que «aceptar la derrota ante el cambio climático es una postura indefendiblemente egoísta».
Hannah Ritchie aclara que su optimismo es «condicional» (i.e., condicionado a actuar adecuadamente); que es diferente a un «optimismo ciego» que confía sin promover la acción organizada. Su objetivo es conseguir que seamos la primera generación que logre alcanzar la sostenibilidad completa en los dos sentidos que recoge la definición de la ONU: satisfacer las necesidades de las generaciones actuales; y hacerlo sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Con respecto al primer aspecto, Ritchie opina que falta mucho por hacer aunque, al menos, se ha avanzado una barbaridad en aspectos tales como: la mortalidad infantil y materna, la esperanza de vida, el hambre y la malnutrición, el acceso a recursos básicos (agua, energía…), la educación y la pobreza extrema.
Por supuesto, estos avances en la calidad de vida global también «han tenido un enorme coste medioambiental», lo cual ha empeorado de forma colosal el segundo requisito de la sostenibilidad. Para equilibrar la situación, el libro examina en detalle siete problemas medioambientales y sus interconexiones entre sí.
Antes de examinar esos siete problemas, Ritchie se distancia de dos soluciones típicas del ecologismo: despoblación y decrecimiento. La primera consiste en reducir el tamaño de la población y Ritchie afirma que realmente esa no es una alternativa, primero porque la población ya se está frenando a nivel mundial y, segundo, porque es muy complicado hacerlo de forma ética. Apunta a que más impacto que la superpoblación lo generan los estilos de vida (especialmente de los millonarios), lo cual podría estar afectado por la segunda solución que Ritchie rechaza, el decrecimiento, entendido como un retroceso o empobrecimiento. Para ella, la pobreza no implica mayor sostenibilidad, por supuesto, si consideramos los dos pilares de la sostenibilidad anteriormente indicados. En el libro, ella matiza que es cuestionable el crecimiento en los países ricos, pero que para acabar con la pobreza se necesita un crecimiento económico global. Para ella, no vale cualquier crecimiento y afirma —igual que cualquier decrecentista— que sería necesario crecer en algunos sectores y tecnologías y decrecer en otras. Tal vez, la promesa más impactante del libro es que dice demostrar que podemos reducir el impacto ambiental y, a la vez, mejorar la situación económica.
Aunque no se suela decir, la contaminación atmosférica es «una de las principales causas de mortalidad en el mundo». Las cifras de fallecidos por esta causa son similares a las muertes por tabaquismo; seis o siete veces mayores que los muertos en accidentes de tráfico; y superan en cientos de veces la cifra de vidas perdidas por terrorismo o por guerras. Cada año, la mala calidad del aire suele ser quinientas veces más mortífera que todas las catástrofes «naturales» juntas.
La buena noticia es que se está reduciendo este tipo de contaminación, especialmente en las ciudades, lo cual baja las tasas de mortalidad. Es preciso tomar medidas locales y globales. Usemos como inspiración el Protocolo de Montreal para eliminar las sustancias químicas que degradaban la capa de ozono, un problema de cuya gravedad advirtió incluso Carl Sagan. En 1987 fue firmado por 43 países; y en 2009 se convirtió en el primer convenio internacional que logró la ratificación universal de todos los países del mundo. Un ejemplo que demuestra que hacer caso a la ciencia tiene resultados positivos.
A escala global, la mayor fuente de contaminación es quemar madera o carbón, incluyendo aquí las quemas agrícolas. Luego está la polución por actividades agropecuarias, principalmente por culpa de la ganadería y por los fertilizantes. Después viene la quema de combustibles fósiles para producir electricidad. Luego, diversas industrias (textiles, químicas, metalúrgicas…), seguidas del transporte de personas y mercancías.
Las soluciones propuestas pueden parecer caras, pero son muy baratas si las comparamos con los cientos de millones en gastos por no solucionar el problema:
«Un mundo 6 ºC más caliente que el actual sería devastador», nos advierte la autora. Tras comentar algunas de las consecuencias del calentamiento global, afirma que «si cada país cumpliera realmente sus compromisos climáticos, llegaríamos a los 2,1 ºC en 2100», lo cual sería una gran noticia, aunque podría ser mejor.
Hannah Ritchie asegura que «las tecnologías bajas en carbono resultan cada vez más competitivas» y «los líderes mundiales se han vuelto más optimistas». Ahora tenemos infraestructuras mejor preparadas, podemos predecir eventos climáticos extremos, organizar evacuaciones, existen redes internacionales de apoyo, etc. En definitiva, estamos mejor preparados que en el pasado y sabemos cómo reducir las emisiones de dióxido de carbono, porque hay solo dos fuentes principales: «la quema de combustibles fósiles y el cambio en el uso de la tierra» (deforestación).
La situación actual es que «las emisiones totales siguen aumentando, pero las emisiones per cápita han tocado techo». Ese dato es utilizado por la autora para ser optimista y esperar a que la contaminación empiece a declinar, al menos en los países ricos, porque dice que está demostrado que «los avances tecnológicos hacen que hoy consumamos mucha menos energía que en el pasado». Como ejemplo, afirma que en Suecia se vive con igual nivel que en Estados Unidos y, sin embargo, se emite solo una cuarta parte. Según sus datos, el crecimiento económico y la reducción de emisiones son compatibles. El problema es que mira datos de países ricos que ya son exageradamente insostenibles. En tales casos, ¿es correcto celebrar una pequeña reducción en su contaminación?
En su análisis, asegura que «las soluciones que pasan por reducir el consumo de energía a niveles muy bajos no son buenas», porque la energía es fundamental para mantener o aumentar la calidad de vida. Tampoco ve adecuado que se avergüencen los que viajan en avión, porque para ella volar es un gran invento y las ventajas son suficientes para olvidar sus serios inconvenientes. ¿Será una excusa para justificar su gusto por volar?
Soluciones que propone:
Un problema de la forma de comunicar de Ritchie es que quita importancia a aspectos que, aunque no sean principales, tienen suficiente peso como para no ser despreciados. Es como si olvidara el efecto sinérgico de juntar varias fuerzas. Sumar muchos pocos hace un mucho. A veces, este tipo de contradicción se hace patente en una misma explicación. Por ejemplo, cuando literalmente escribe: «Cambiar nuestra alimentación no va a resolver el cambio climático: para ello tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles. Pero arreglar únicamente nuestros sistemas energéticos, ignorando la alimentación, tampoco nos llevará a esa meta».
La tierra ha perdido un tercio de todos sus bosques desde el final de la última glaciación. En el último siglo, también se ha perdido mucha superficie forestal, casi toda debida a la expansión de la agricultura. Las zonas incendiadas se regeneran si se las deja. Al perder bosques se emite carbono, pero Ritchie considera que eso es secundario en comparación con la pérdida de biodiversidad.
También resalta cómo la pérdida de hábitats se puede frenar con medidas políticas. Por ejemplo, «Brasil logró reducir la deforestación en un 80 % en solo siete años bajo la presidencia de Lula da Silva».
Con respecto al aceite de palma, no considera que su consumo sea preocupante, porque no se sabe con certeza la deforestación que causa de forma directa. Opina que no sería justo culpar a ciertos campos de palmeras de la deforestación de esas áreas si los bosques fueron talados con anterioridad. Es decir, no tiene en cuenta que esas zonas podrían volver a ser bosques. Además, sostiene que usar otros tipos de aceites podría ser incluso peor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que evitar el aceite de palma no obliga a optar por otro aceite, sino que se puede optar por no consumir productos con aceite de palma (bollería, alimentos ultraprocesados, etc.) sin sustituirlos por nada con otros aceites. En cualquier caso, apoya el uso de aceite de palma certificado como sostenible (RSPO) y deja claro que «el biodiésel de aceite de palma produce más emisiones de carbono que la gasolina o el gasóleo».
«La tala de bosques para dejar espacio al ganado bovino es responsable de más del 40 % de la deforestación mundial». El siguiente factor de pérdida de bosques es la palma y la soja y, en tercer lugar, la silvicultura (papel/celulosa). Así, pues, la mejor forma de frenar la deforestación es reducir el consumo de carne de cordero y de vacuno. En tercer lugar, se situaría el queso y los lácteos de vaca. Ritchie apoya esta opción, incluso aunque sean productos de ganadería extensiva en tierras no aptas para la agricultura, porque en estos casos considera que la mejor opción sería dejar que esas tierras se conviertan en bosques u otros espacios naturales.
Otras opciones que propone son: que los países ricos paguen a los más pobres por conservar sus bosques; y que se compensen las emisiones mediante reforestaciones (aunque esto tiene un peligro muy evidente).
Para acabar este apartado, Ritchie sostiene que no es buena idea volver de la ciudad a zonas rurales (revitalizar pueblos), ya que la principal causa de deforestación es cómo producimos nuestros alimentos y no dónde vivimos. Y también alerta de los que piensan que la alimentación vegana contribuye a la deforestación por los cultivos de soja. Los datos son muy evidentes: el 76 % de la soja se utiliza para alimentar animales y «solo el 7 % se destina a los productos veganos» (tofu, tempeh y leche vegetal).
«La demanda humana de alimentos representa la mayor amenaza para los animales del globo». Así de contundente se manifiesta Hannah Ritchie. Afortunadamente, no es cierto que haya una fecha límite en los suelos agrícolas del mundo. Unos se están degradando y otros están mejorando, aunque en general, el suelo agrícola está siendo maltratado (y no solo por la erosión).
Una persona necesita entre 2.000 y 2.500 calorías diarias. Si dividimos la producción mundial de alimentos a partes iguales entre todos, cada uno de nosotros podría consumir unas 5.000 calorías diarias (más del doble de lo necesario). El hambre en el mundo no es un problema de falta de alimentos, sino de mala distribución (también lo apuntaron Nebel y Wrigth). Este dato sirve a Ritchie para confirmar que, en realidad, no somos demasiados humanos. El problema es que los millones que habitamos el planeta Tierra no nos contentamos solo con comer, sino que aspiramos a un consumo cada vez mayor (casas, teléfonos, aviones, IA…).
La superproducción agraria se debe principalmente a dos inventos: el de Fritz Haber y Carl Bosch (para convertir el nitrógeno del aire en amoníaco, fertilizante); y el de Norman Borlaug (para mejorar el cultivo de trigo en México). Estos logros para aumentar la producción han evitado muchas muertes, pero también han hecho que no podamos volver atrás. Es decir, «el planeta no puede limitarse a consumir solo alimentos ecológicos» (porque hay demasiadas personas a las que alimentar). Por tanto, a nivel colectivo dependemos de los fertilizantes para sobrevivir, y fabricarlos requiere grandes cantidades de energía, lo cual explica por qué los países pobres los usan poco, aunque tengan que utilizar mayor superficie agraria.
Vivimos en un mundo con grandes desigualdades, en el que algunos sufren de obesidad y otros de desnutrición; el alimento que podría saciar el hambre de millones de personas se dedica a alimentar ganado o a producir agrocombustibles para nuestros coches. Menos de la mitad de los cereales que se producen se dedican a la alimentación humana directa. Todo un 41 % se lo come el ganado, lo cual nos hace ver que comer animales es una forma muy ineficiente de conseguir proteínas. «Los animales más pequeños son más eficientes en términos calóricos», aunque surge el «dilema moral» de que hay que matar una mayor cantidad de animales pequeños para conseguir la misma cantidad de carne.
Ritchie pone un ejemplo que sirve para visualizar bien lo que implica comer animales muertos: «¿Se imagina que comprara una barra de pan, cortara una rebanada y tirara el resto —más del 90 %— a la basura? Pues bien: en términos de calorías, eso es más o menos lo que hacemos con la carne». El ganado también es ineficiente convirtiendo proteínas. Lo bueno es que son proteínas «completas» (incorporan aminoácidos importantes), lo cual se puede conseguir con dietas vegetales comiendo legumbres y cereales. La carne también tiene otros nutrientes importantes, pero el único que no existe en los vegetales es la vitamina B12 (asunto que ya se zanjó aquí).
Para entender la magnitud del problema, afirma que tres cuartas partes de la superficie agraria tienen como fin último criar ganado, y todo eso solo sirve para producir el 18 % de las calorías y el 37 % de las proteínas que consumimos. Debemos «reducir al máximo la cantidad de tierra que destinamos a la actividad agraria», lo cual mejoraría también otros problemas: deforestación, contaminación atmosférica, de aguas, de tierras, maltrato animal, etc.
Soluciones que propone:
«No cabe duda de que muchos animales están experimentando un preocupante y acelerado declive. Pero, si profundizamos un poco más, descubrimos que también hay algunos a los que les va bien». Lo que no debemos olvidar es que nuestra vida depende de la biodiversidad, aunque «no esté claro qué especies necesitemos y cuáles no». Recomendamos aquí leer el relato de La vida del doctor Biología. Lo cierto es que a veces prestamos más atención a ciertas especies, bonitas o más visibles, y olvidamos a las realmente importantes, como los gusanos y las bacterias.
El ser humano ha atacado a las demás especies desde sus orígenes, como bien explica Yuval N. Harari en su magnífico Sapiens. Ritchie declara que «antes de la aparición de la agricultura, hace unos diez mil años, la mayor amenaza para los animales era nuestra caza directa: una vez iniciada la actividad agraria, pasó a ser la destrucción de sus hábitats» y «en la última centuria, el ritmo de disminución ha sido aún más rápido». Un dato más: «Los vertebrados se han extinguido entre cien y mil veces más rápido de lo que cabría esperar».
Actualmente, los humanos y nuestro ganado constituimos la inmensa mayoría de los mamíferos del planeta. Estos son los datos del porcentaje de la biomasa actual y en 1900:
Esta desproporción también ocurre en las aves: «la biomasa de nuestros pollos duplica la de las aves silvestres». Hay multitud de datos que llevan a poder proclamar que «nos dirigimos hacia una sexta extinción masiva». La buena noticia es que podemos frenarla.
Soluciones que propone:
«El 44 % de todo el plástico del planeta se emplea en la fabricación de envases». Es ahí donde está el núcleo del problema de los plásticos. La autora critica el documental Seaspiracy por algunos de sus datos, pero está conforme con que el 80 % del plástico de las islas oceánicas procede de la industria pesquera. Solo el 20 % restante tiene su origen en tierra. Sin embargo, si miramos el plástico en zonas costeras, los datos podrían indicar justo lo contrario.
Ritchie dice que no hay aún evidencias de los auténticos peligros de los plásticos en el cuerpo humano, y que le parece más preocupante el daño que se causa a la fauna marina (enredos, atragantamientos…).
Soluciones:
Esto está muy relacionado con la pérdida de biodiversidad. Según Ritchie, los animales marinos son discriminados con respecto a los terrestres. De alguna forma, su sufrimiento parece importar menos a los humanos, a pesar de las evidencias que existen de que los peces son capaces de sentir sufrimiento.
El incremento en potencia y tecnología aplicada al sector pesquero ha hecho que muchas pesquerías hayan entrado en declive o en grave colapso. Ante esto, hay dos formas de actuar. La primera es proponer «capturar muy pocos peces, por no decir ninguno». La segunda es «capturar tantos peces como sea posible, año tras año, pero sin mermar más sus poblaciones». Normalmente, se opta por la segunda opción, aunque sabemos que en demasiadas ocasiones no se cumple.
Una tercera vía (con un enorme crecimiento) ha sido la cría de pescados y mariscos: acuicultura o piscicultura. Actualmente, se crían más peces y mariscos de los que se pescan en estado salvaje. Para Ritchie es una buena noticia porque, según ella, esto reduce presión sobre los peces salvajes. No obstante, reconoce que parte de la comida de los peces de piscifactoría es, precisamente, peces salvajes, pero que, para algunas especies, se ha logrado una proporción de 0,3 (es decir, que hacen falta 0,3 peces salvajes para criar uno de forma artificial). El resto de comida lo forman, por ejemplo, piensos vegetales. La autora deja claro que «las normas de bienestar animal que rigen en las piscifactorías suelen ser bastante deficientes» (léase esto para más datos). Ella no habla de otros problemas presentes en las piscifactorías, como la contaminación que producen.
Con respecto a los atúnidos, Ritchie dice que su situación es mala, aunque algunas especies están mejorando sus poblaciones. Particularmente, alerta de la situación de los atunes en el océano Índico, donde se está sobrepescando sin control (España con la famosa operación Atalanta). El libro no habla de la amenaza del mercurio en los atúnidos.
Otro problema es la muerte generalizada de los corales. La autora demuestra ser una apasionada de estos animales y no le faltan motivos. La solución urgente a este problema es frenar el calentamiento global, evitando quemar combustibles fósiles. Si quieres enamorarte de los corales, te animamos a leer el relato de Lord Howe.
Soluciones:
El libro de Ritchie es un canto de optimismo lleno de datos realistas. Algunas de sus opiniones pueden ser controvertidas, pero la mayoría están basadas en evidencias. Es cierto que estamos avanzando en muchos aspectos, aunque no sea tan rápido como nos gustaría. También es cierto que las opciones sostenibles se están volviendo más baratas. Y, en muchos casos, el pueblo está despertando.
Hannah se siente una traidora cuando no usa las opciones más ecológicas, aunque sí sean las opciones con menor huella de carbono, como usar el microondas o consumir alimentos que no sean de proximidad. Pero alerta que, aunque los cambios individuales sean importantes, es necesario un «cambio sistémico», es decir, una acción política que lleve a aprobar leyes que nos hagan avanzar en todas las soluciones que se han propuesto más arriba. Para ello, es necesario «votar a líderes que favorezcan medidas sostenibles» (partidos verdes y ecofeministas) y también sugiere importantes aportaciones individuales como estas:
Información relacionada:La entrada en prisión de José Luis Ábalos por el caso Koldo-Cerdán ha devuelto a la política española a su estado habitual: un equilibrio precario entre el desgaste permanente y el relato del derrumbe inminente. La imagen de un exministro –uno de los hombres que acompañó a Sánchez en su Peugeot recorriendo España para ganar las primarias hace casi una década– entrando en prisión preventiva parece apuntalar esa lectura de un ciclo que se descompone… pero que no se agota.
España vive atrapada en una doble verdad difícil de gestionar. Por un lado, existe una politización de la justicia impulsada desde la derecha, en coherencia con aquella consigna de Aznar –“el que pueda hacer, que haga”– que desde hace años marca una estrategia de desgaste sistemático del Gobierno. La ofensiva contra Begoña Gómez –tan instrumentalizada que incluso el abogado de Manos Limpias renunció al caso denunciando su deriva política– y el vía crucis institucional alrededor del ya ex fiscal general Álvaro García Ortiz –primero declarado “no idóneo” por el CGPJ por 8 votos a 7, después inhabilitado por el Supremo en una resolución cuya motivación todavía se desconoce, lo que llevó a la Unión Progresista de Fiscales a denunciar “violencia institucional”– ilustran un clima jurídico-político cada vez más envenenado.
Por otro lado, existen indicios sólidos de corrupción. El caso Ábalos-Cerdán no es una invención mediática ni una pieza más del ruido de fondo. Afecta a dos de las personas más cercanas a Pedro Sánchez, figuras clave en la etapa fundacional de su liderazgo dentro del PSOE. Pretender hacer ver que todo es guerra judicial sería tan ciego como negar la existencia de la guerra judicial. Ambas dimensiones coexisten y se retroalimentan.
Hasta la salida de Ábalos, el bloque de investidura sumaba 179 votos frente a los 171 de la oposición. Esa diferencia permitía aprobar leyes ordinarias con mayoría simple –más “síes” que “noes”– incluso en escenarios de abstención de Junts. Ábalos, pese a su paso al Grupo Mixto, había votado siempre alineado con los socialistas.
Con Ábalos ya en prisión preventiva y, por tanto, sin posibilidad de votar en el Congreso, la aritmética del bloque de la investidura se descompone. Si Junts opta por la abstención, el bloque progresista queda con 171 votos frente a los 171 de la oposición: un empate que, según el reglamento, obliga a repetir la votación –hasta tres veces–. Si la igualdad persiste, la iniciativa decae.
Si, además, Junts decide votar “no”, la oposición sumaría 178 votos, suficientes para tumbar cualquier propuesta. En ese escenario, el voto de Ábalos deja de ser determinante: con él o sin él, la derrota estaría garantizada.
Esta fragilidad numérica abre la puerta a un verdadero bloqueo legislativo. Y tiene efectos concretos: iniciativas como la subida del salario mínimo o la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad podrían quedar en el aire si el Gobierno no consigue atraer a Junts o evitar su rechazo.
Paradójicamente, el incremento del poder de Junts llega en el peor momento para el propio partido. Sus limitaciones son dos, y ambas estructurales.
La primera es judicial. Puigdemont –y buena parte de la cúpula de Junts– depende de la ejecución efectiva de la amnistía y del cierre de las causas pendientes en el Supremo. No basta con la aprobación de la ley: todo depende de su interpretación en un contexto de resistencia interna dentro del poder judicial. PP y Vox no tienen ningún incentivo para facilitar este horizonte.
La segunda es electoral. Junts atraviesa uno de los momentos más inciertos de los últimos años. La irrupción de Aliança Catalana ha perforado su base territorial y ha alterado la geografía política catalana. La pugna con Orriols no les ha devuelto centralidad; ha generado desmovilización. Convocar elecciones en este contexto sería hacerlo desde la debilidad.
Junts tiene, pues, capacidad para tensar, condicionar y dramatizar su distancia con el Gobierno. Pero no dispone de libertad estratégica para derribarlo sin perjudicar su propio futuro judicial y enfrentarse a unas elecciones para las que no está preparado.
Con el Congreso estrechado, surge la idea de que el Gobierno no podrá aprobar nada. Pero esa lectura es incompleta. Incluso en escenarios de parálisis legislativa, el Ejecutivo conserva una herramienta clave: el decreto ley, una norma con rango de ley que el gobierno puede aprobar en situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”.
Sánchez ha recurrido a este instrumento en otras etapas para impulsar medidas sociales, como, por ejemplo, el Real Decreto-ley 6/2025, con medidas dirigidas a mejorar los recursos de los sistemas de financiación territorial, el Real Decreto-ley 9/2025 según el cual se ampliaron los permisos de paternidad y maternidad hasta 19 semanas, o, en septiembre, el decreto Real Decreto-ley 10/2025 por el que se adoptaron medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.
La diferencia con otras normas es que las leyes ordinarias pasan por un debate parlamentario completo, con enmiendas, con un proceso más largo y con la intervención de las Cortes desde el principio. El decreto-ley, en cambio, lo aprueba primero el Gobierno y luego ya se debate su validez.
Es razonable pensar que, si Sánchez aspira a llegar con vida política hasta 2027, necesite encadenar algunas votaciones “ganadas” en el Congreso. Y en un país que envejece y se precariza, revalorizar pensiones, ampliar el escudo social o reforzar protecciones económicas no es solo política pública: es supervivencia electoral. En ese terreno, a Junts le seguiría resultando difícil justificar un voto en contra –y además alineado con PP y Vox– en determinadas medidas. De hecho, recientemente, pese a haber anunciado la “ruptura del pacto con el PSOE”, respaldaron el Real Decreto que movilizaba 500 millones de euros para el tratamiento e investigación de la ELA y otras enfermedades de alta complejidad.
Otro ámbito propicio para que el Ejecutivo recomponga la mayoría del bloque de investidura es el de las políticas sociales de vivienda, siempre que no sean demasiado ambiciosas; si lo fueran, tanto Junts per Catalunya como el PNV tendrían una coartada perfecta ante su electorado para desmarcarse y votar en contra. También en cuestiones de mejora o ampliación de las competencias autonómicas, o en el campo de ayudas y subvenciones a la cultura, el gobierno tendría terreno para recorrer. Recordemos que aquí, la lógica que marca el paso no es la de la aplicación de políticas de izquierdas. Hablamos de supervivencia política.
¿Es sostenible este momento? En términos institucionales, sí, por improbable que parezca. El Gobierno está erosionado, pero no está muerto. La legislatura sigue viva porque Sánchez no sobrevive por su fortaleza, sino por la debilidad estratégica de quienes necesitarían hundirlo para sustituirlo. En resumen: la derecha no suma; Junts no puede romper; y la mayoría progresista, pese al desgaste, sigue cohesionada en lo esencial.
Ahora bien, conviene dejar una puerta abierta. Todo puede suceder. Si se demostrara que el caso de corrupción hundiera sus raíces en la estructura orgánica del PSOE –y no solo a personas próximas a Sánchez–, el escenario cambiaría de forma drástica. En ese caso, no solo Junts, sino también Esquerra Republicana o el PNV tendrían muy difícil sostener al Ejecutivo. Por ahora, eso no ha ocurrido. Pero la política española es un terreno donde lo improbable sucede con frecuencia.
La entrada ¿Es sostenible este momento político? se publicó primero en lamarea.com.
Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) confirma que el PSC continúa siendo la primera fuerza en el Parlamento, pero con síntomas claros de desgaste. La proyección sitúa a los socialistas entre 38 y 40 escaños, pero, según la comparación con el barómetro anterior, esto supone perder entre dos y cuatro diputados.
En cambio, Esquerra Republicana reaviva: se colocaría en segunda posición con 22–23 escaños, lo cual implica ganar entre dos y tres respecto a la encuesta anterior. El movimiento importante se produce alrededor de Junts per Catalunya y Aliança Catalana. Junts caería hasta los 19–20 escaños, cosa que quiere decir dejarse hasta 15–16 diputados en relación con el último barómetro del CEO. Al mismo tiempo, Aliança Catalana, que a las elecciones anteriores había entrado con solo dos diputados, aparece ahora empatada con Junts, también con 19–20 escaños, después de un salto de hasta 18 escaños en la estimación.
Al bloque de la derecha española, el movimiento es más discreto pero significativo: Vox llegaría a los 13–14 diputados y avanzaría el PP, que se quedaría con 12–13 escaños. La tendencia no es tanto un gran crecimiento del PP como el hecho de que el espacio más duro de la derecha (Vox y Aliança Catalana) gana peso relativo. Mientras tanto, Comunes continuaría con unos seis diputados y la CUP se movería entre tres y cuatro, prácticamente estabilizados respecto al barómetro anterior.
Estas cifras dibujan un escenario claro: el PSC continúa al frente, ERC recupera posiciones, Junts se hunde y la extrema derecha –en versión españolista y en versión “autóctona”– consolida una presencia que hace solo unos años parecía imposible en Catalunya. Pero, como siempre pasa con las encuestas, lo importante no son solo los números, sino qué nos dicen sobre el tipo de país que se está configurando.
La lectura más obvia es que Aliança Catalana se ha “comido” una parte importante de Junts per Catalunya. Varios análisis apuntan a que alrededor de un 20% de los antiguos votantes de Junts se inclinarían ahora por Sílvia Orriols, y que la fidelidad de voto de Junts es una de las más bajas del sistema. Pero el fenómeno va mucho más allá de un simple trasvase dentro del bloque independentista.
El CEO y las crónicas posteriores remarcan un punto crucial: cerca de la mitad de los votantes potenciales de Aliança Catalana no se definen como independentistas. Esto quiere decir que el partido no crece para que represente un “independentismo más puro” o una radicalización coherente del Procés, sino porque se ha convertido en un contenedor amplio de malestar. Un espacio donde confluyen votantes desencantados con Junts, votantes de Vox y del PP, personas que habían optado por ERC, y gente que, sencillamente, no encontraba ninguna opción que verbalizara su frustración.
Aliança Catalana no es, por lo tanto, la continuación del sobiranisme por otros medios, sino otra cosa: una extrema derecha que utiliza la identidad catalana como vehículo para articular un discurso de orden, de miedo y de exclusión. Su relato se centra menos en la construcción de un proyecto de país y más en la construcción de un enemigo: la inmigración, determinados barrios, cierta idea de “invasión” o de “pérdida de la Catalunya de siempre”.
Este detalle –que una parte sustancial de su electorado no sea independentista– es el que tendría que hacer saltar todas las alarmas. Indica que el que se está moviendo no es solo el eje nacional, sino una reconfiguración del voto identitario en clave autoritaria. La etiqueta “catalana” aquí no apunta tanto a un proyecto de emancipación colectiva como una frontera simbólica: un nosotros cerrado, amenazado, que necesita levantar muros (materialmente y culturalmente) para protegerse.
Dicho de otro modo: Aliança Catalana representa el punto de encuentro entre un independentismo agotado y una derecha radical europeizada, que comparte con otras fuerzas del continente la misma fórmula: mezclar precariedad, inseguridad y desigualdad con un discurso culturalista que señala la inmigración como culpable.
Si miramos el fenómeno en perspectiva, queda claro que el auge de Aliança Catalana no es un rayo caído del cielo, ni el resultado de un único error táctico de los otros partidos. Es el síntoma de un proceso largo de degradación institucional y política, en que las fuerzas de gobierno –en Cataluña, en el Estado y a Europa– han renunciado a abordar de manera seria las raíces materiales del malestar social.
Hace años que amplios sectores de la población conviven con precariedad estructural; con trabajos inestables y mal remunerados, con una crisis de la vivienda galopante y unos alquileres desbocados, y con un Estado infrafinanciado. Y todo esto mientras el 1% acumula cada vez más y más riqueza.
En paralelo, las instituciones europeas han ido consolidando un marco de políticas migratorias abiertamente racistas y seguritarias, con Frontex como emblema de la idea de que las fronteras valen más que las vidas. La migración ha sido convertida en un problema policial y militar, no en una realidad humana a gestionar con derechos y justicia. Esta lógica, asumida por gobiernos de todos los colores, legitima de facto los marcos mentales sobre los cuales opera la extrema derecha.
A todo esto se suma un ecosistema mediático y digital que, demasiado a menudo, vincula de manera acrítica delincuencia e inmigración, alimenta titulares alarmistas y transforma casos puntuales en pruebas irrefutables de un supuesto “caos generalizado”. El resultado es un clima en que el miedo y el resentimiento se normalizan, mientras las causas estructurales –políticas de vivienda, fiscalidad, regulación laboral, redistribución– quedan fuera de foco.
En este contexto, Aliança Catalana no hace nada especialmente original: simplemente ocupa el espacio que los otros han dejado vacío. Convierte el malestar en voto, pero lo hace desplazando la responsabilidad hacia los de siempre: los más vulnerables. No cuestiona los poderes económicos, ni las élites, ni las decisiones estructurales que han llevado hasta aquí. Cuestiona el vecino, el extranjero, “los de abajo” que son percibidos como extraños.
Por eso, centrar el debate exclusivamente en si AC tendrá 18, 19 o 20 diputados es perder de vista la cuestión fundamental: ¿qué piensan hacer las fuerzas que se reivindican democráticas y progresistas ante este malestar? Si la respuesta continúa siendo gestión tecnocrática, parches a corto plazo y una apelación abstracta a unos “valores europeos” que hace tiempos que no se traducen en políticas reales, el terreno continuará siendo propicio para que la extrema derecha crezca.
El CEO no nos dice solo quién va ganando la carrera por la Generalitat. Nos dice, sobre todo, que una parte creciente del país ha dejado de creer que la política sirva para mejorar la vida. Mientras esto no cambie, Aliança Catalana continuará siendo mucho más que una encuesta favorable: será el espejo incómodo de un sistema que hace años que deja demasiada gente atrás.
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Por Alberto Fraguas Herrero. Ecólogo, coordinador de Ecología Política de ATTAC y de la Alianza Más Allá del Crecimiento. Publicado originalmente para Efeverde.
Nos encontramos en una crítica encrucijada con una intrincada red de desafíos interconectados (ecológico, sanitario, alimentario, etc…), todos ellos multiplicados por la creciente amenaza del cambio climático, una situación de inestabilidad global que genera inseguridad y que exigiría una profunda reevaluación de los vigentes modelos de pensamiento y acción, de los principios y paradigmas que rigen al menos en el Norte Global.
Las actuales estructuras geopolíticas, ancladas en la competencia interestatal por el poder y el control de los recursos, todas ellas basadas en un imaginario de crecimiento económico permanente, demuestran una alarmante incapacidad para abordar estas crisis sistémicas. En este sentido, cabría preguntarse si todas estas crisis están provocando otra global relativa a la legitimidad de un sistema patriarcal, productivista y capitalista, que como el actual no cuida a la gente ni al planeta.
En este contexto emerge la necesidad imperante de un nuevo enfoque, de una nueva perspectiva ecosocial que integre la Economía y el bienestar social en la Ecología como pilares fundamentales de estabilidad.
Porque la salud del planeta y el bienestar de la humanidad no son objetivos contrapuestos sino intrínsecamente interdependientes. Ignorar los límites ecológicos del planeta incrementa las brechas de desigualdad existentes, socavando la seguridad global.
La transición hacia un nuevo modelo ecosocial basado en la equidad, la armonía ecológica y la cooperación no es opcional: debe darse si queremos un futuro más seguro y justo para todos y todas, aunque esto entre en colisión con las estructuras oligárquicas del sistema dominante.
El actual momento exige un nuevo marco cultural, civilizatorio, de relaciones entre sociedad y naturaleza en el cual deben deconstruirse mitos como el de la competencia, la producción y el del relato de permanente crecimiento como paradigmas sociales, un relato donde se entiende que lo civilizado es ir contra la naturaleza, la cual se concibe erróneamente que está a nuestro servicio, justificando así el extractivismo y los colonialismos, señas de identidad del capitalismo.
Pero la tozuda realidad, avalada por la Ciencia desde hace ya más de 50 años¹, cuestiona estos prejuicios demostrando que ese relato de permanente crecimiento choca con la realidad del carácter finito de los recursos, un choque que no ha sido resuelto con la eficacia exigida a pesar de las insuficientes (y fallidas) políticas de crecimiento verde, desarrollo sostenible y hoy transición ecológica, que se han planteado bajo la misma escala de valores que los problemas que pretenden solucionar. Esta insuficiencia se demuestra si nos atenemos a que actualmente estamos ante los peores indicadores ecosociales de la historia².
El necesario cambio implica retos de gran trascendencia y empieza por atender a un nuevo equilibrio de objetivos a corto y largo plazo para ir avanzando en una ecointegración donde se prime el valor de uso sobre el de cambio, y donde se planifique, mirando al interés común, la reducción de determinados flujos metabólicos de energía y materiales. Un decrecimiento que no puede hacerse sin cambiar las reglas del juego que mueven estos flujos.
Una economía de la suficiencia donde desaprender (olvidar mitos); desmaterializar, desmercantilizar y descentralizar, y que abandone el PIB como métrica principal de supuesta calidad de vida; que planifique la contracción buscando redistribuir, incentivando los servicios públicos y bienes comunes, garantizando así los derechos y las necesidades básicas de la ciudadanía.
¹ Informe Meadows: Los Límites del Crecimiento, 1972 (y también otros documentos estratégicos).
² Según los paneles internacionales IPCC e IPBES, y del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, así como de otros organismos internacionales independientes.
Pero la configuración e implementación de este nuevo modelo global Más Allá del Crecimiento, donde integrar decrecimientos selectivos explicados a la población como herramientas de equilibrio y esperanza, no tiene una única hoja de ruta. Es preciso buscar lugares comunes para confluir donde se rehúyan estériles debates segregadores y se dé prioridad a lo que nos une (la necesidad de cambio radical) sobre los detalles que separan.
Para ello es esencial generalizar este debate, llevarlo a donde no esté y también salir de ciertas endogamias académicas o activistas que dificultan esta generalización; es decir, atender más la justificación de la necesidad del cambio que a los calificativos que podrían definirlo. Solo así podremos hacer políticamente factible lo que es necesario a nivel ecosocial.
Es imprescindible, pues, abrir un proceso en torno a ir más allá del crecimiento como paradigma, si bien un hecho de tal envergadura requiere de otras estrategias de las que hasta ahora hemos aplicado.
El priorizar este proceso exogámico es tender a la unidad desde la diversidad para la creación de nuevas hegemonías en base a esos denominadores comunes que nos unen y tendiendo al posicionamiento público desde la extensión a toda la sociedad civil dispuesta a hacer autocríticas, que también son críticas.
Y esto es también lo que pretendemos en la recientemente creada Alianza Más Allá del Crecimiento³, una plataforma de organizaciones sociales de distintas naturalezas (economistas, ecologistas, jóvenes científicos, sindicatos, de cooperación, etc.), en la creencia firme de que la configuración de dinámicas postcrecentistas debe alimentar posicionamientos políticos con identidad propia, que superen los fallidos planteamientos del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva reaccionaria que tiende a un control oligárquico, con tintes ecofascistas, de los recursos naturales.
Pero es preciso extender el debate de los límites del crecimiento. Para ello se está urdiendo un gran movimiento de pensamiento y acción que confluirá en 2026 en un gran Foro Social, donde centenares de organizaciones de la sociedad civil plantearán alternativas que ya están sobre la mesa. Este foro, que tendrá lugar en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, será la antesala de otros muchos donde se generalice el debate crítico y se avance en los caminos comunes hacia la esperanza activa por el cambio.
Nunca olvidemos a la utopía como porvenir que se esfuerza en nacer y no el pasado que se obstina en seguir.
(Víctor Hugo)
Alberto Fraguas Herrero es ecólogo, coordinador de Ecología Política de ATTAC y de la Alianza Más Allá del Crecimiento.
1 Informe Meadows: Los Límites del Crecimiento 1972 (y también otros documentos estratégicos).
2 Según los Paneles Internaciones IPCC y IPBES, y del Instituto de resiliencia de Estocolmo, así como de otros organismos internacionales independientes.
3 Actualmente la Alianza está integrada por las siguientes organizaciones sociales: ATTAC, ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD/ACTION AID, ASOCIACIÓN “MAREAS BLANCAS”, CCOO, CECU, INSTITUTO DE DERECHOS HUNANOS, DEMOCRACIA Y CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA (DEMOS PAZ), ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS, FUNDACION RENOVABLES, ECONOMISTAS SIN FRONTERAS, ECOOO, FORO TRANSICIONES, FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA, GREENPEACE, REBELIÓN CIENTÍFICA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA, UGT, FUNDACIÓN CONAMA, EUREKA. RED POR LA RENTA BÁSICA INCONDICIONAL, PLATAFORMA CONTRA LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, FUNDACIÓN TRANSICIÓN VERDE, ASOCIACIÓN COOPERATIVA “GARBANCITA ECOLÓGICA”, FUNDACIÓN “ESPACIO PÚBLICO”, PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO, FUNDACIÓN SAVIA, OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD, CONSEJO DE LA JUVENTUD, ASOCIACIÓN AMARME, FUTURO ALTERNATIVO.Alberto Fraguas. El actual momento exige un nuevo marco cultural, civilizatorio, de relaciones entre sociedad y naturaleza en el cual deben deconstruirse mitos como el de la competencia, la producción y el del relato de permanente crecimiento como paradigmas sociales, un relato donde se entiende que lo civilizado es ir contra la naturaleza, la cual se concibe erróneamente que está a nuestro servicio, justificando así el extractivismo y los colonialismos, señas de identidad del capitalismo.
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Donald Trump ha anunciado que subvencionará los medicamentos para adelgazar y que la obesidad será una de las condiciones de salud crónicas por las que consulados y embajadas podrán denegar visados de entrada en Estados Unidos. Este tipo de medidas responden a un dispositivo de expulsión y odio hacia las vidas gordas, y las estamos asumiendo sin rechistar.
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Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
Jordi Pujol es el primero en saber que en el juicio que hoy (24 de noviembre de 2025) comienza en la Audiencia Nacional está en juego la última oportunidad de salvar su lugar en la historia. Su legado. Su confesión (25 de julio de 2014) generó un profundo sentimiento de estafa moral e intelectual entre cientos de miles de catalanes. Mientras escribía el principal relato político de la Cataluña contemporánea, Jordi Pujol y su familia mantenían importantes fondos en paraísos fiscales. Mientras basaba su liderazgo en un discurso de principios y valores, mantuvo durante más de 30 años fondos ocultos y de origen ilícito.
Entonces, Jordi Pujol se dirigió “a quienes se han sentido defraudados en su confianza”, y habló de “dolor” mientras pedía perdón. Pero aquel día se rompió uno de los grandes espejos en los que una parte de Cataluña se había mirado durante décadas. Y el espejo sigue roto. En el fondo, lo que está en juego en el juicio es qué hay de cierto y qué hay de falso en aquella versión exculpatoria que abrazó el pujolismo: la de unos hijos díscolos y un padre entregado al país, a la patria. Un líder que confesaba, para defender a la familia, ser el único responsable de la fortuna escondida en el extranjero. Pero, al hacerlo, provocaba una inmensa crisis entre los cientos de miles de catalanes de diversas generaciones que habían otorgado a Jordi Pujol un liderazgo moral. Primero fue un sentimiento de vacío, de desconcierto. Y muchos intentaron superar aquella orfandad con la utopía de la independencia.
El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, se apresuró a decir que era un tema familiar que nada tenía que ver con Convergència Democràtica de Catalunya, el partido-movimiento creado por Jordi Pujol en 1978. Pero Mas sabía perfectamente que no era así. Pujol era el gran referente del partido y, especialmente, de su base social. La confesión fue un golpe letal para Convergència, que se vio obligada a cambiar de nombre en dos ocasiones: del PDECat a Junts.
En esta historia hay un segundo momento clave: la comparecencia de Jordi Pujol en el Parlament, en febrero de 2015, ante la comisión de investigación creada por el caso que llevaba su nombre. Fue una nueva escenificación del hundimiento de la era en la que el expresidente de la Generalitat y su partido mantuvieron la hegemonía política en Cataluña. Jordi Pujol menospreció al Parlament —y al país que tanto había utilizado como bandera— con sus silencios y con sus expresiones (“Dicen, dicen, dicen…”). Pero la sucesión de preguntas y la falta de respuestas resultaron demoledoras. Configuraron un retrato del pujolismo, de un régimen clientelar en torno al clan familiar que lleva su nombre.
La estrategia de la familia en aquel momento era remitirse a los tribunales, pero lo que se dirimía en aquella comisión de investigación del fraude fiscal, conocida como Comisión Pujol, era la responsabilidad política. Y en el Parlament se celebró un juicio a una época, un juicio político. No jurídico y, por tanto, no pendiente de sentencias ni de recursos. Aquello que ahora sí, 10 años después, llega a la Audiencia Nacional.
Sobre las intervenciones en aquella comisión pesaban como una losa los intentos de refundación, de soltar lastre, del mundo convergente. La familia Pujol se sentía abandonada. Jordi Pujol lo verbalizó: “Suponiendo que mi partido me hubiera abandonado —que no le digo ni que sí ni que no—, no me siento nada abandonado por mucha, mucha gente”. Marta Ferrusola fue más lejos y proclamó que “Catalunya no se merece” una comisión de investigación como la del Parlament. Su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, mantuvo un tono desafiante ante los parlamentarios. Los tres —padre, esposa e hijo— reflejaban la Cataluña que el clan Pujol consideró su patrimonio. Era el final de una época que ahora vuelve a juzgarse, esta vez en los tribunales.
Con el juicio en la Audiencia Nacional, la Cataluña que creyó durante tantos años en el liderazgo político y moral de Jordi Pujol revivirá el trauma provocado por todo lo que, durante estos años, se ha ido conociendo sobre el caso.
“Reverend Mossèn. Soy la madre superiora de la congregación. Desearía que traspasara dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia. Él ya le dirá dónde deben colocarse. Muchas gracias”. Este es el texto de la nota manuscrita, firmada por Marta Ferrusola el 14 de diciembre de 1995. Palabras que contribuyeron al sentimiento de tristeza de los millones de catalanes que durante veintitrés años dieron el poder a su marido, Jordi Pujol.
Jordi Pujol construyó un relato basado en valores y principios compartidos por una amplia mayoría social en Cataluña. La decepción de sus votantes es infinita. Quienes creyeron en Pujol descubrieron el cinismo de la apariencia, de la moral que se aplica a los demás pero no a uno mismo; la que sirve como instrumento de control social. El clan por encima de todo, el sentido patrimonial de la política y del país. Y no es solo una cuestión personal o familiar. El pujolismo fue un régimen construido sobre múltiples complicidades y silencios: de políticos, de empresarios que pagaban, y de la prensa que calló.
Complicidades y silencios que solo se explicaban en un país aún sumergido en los viejos hábitos del franquismo; en una Cataluña y una España donde perduraban (¿y perduran?) los caciques. La fortuna descubierta a los Pujol en paraísos fiscales no revela solo un fraude fiscal, sino el saqueo del dinero público a través del pago de comisiones por parte de contratistas de la Administración. Dinero para los partidos y dinero para el clan. Corrupción sistémica.
Para entender el “factor humano” que explica por qué tantos catalanes, durante tanto tiempo, otorgaron su confianza y admiración a Jordi Pujol es muy recomendable recuperar ¡Esto es una mujer! Retrato no autorizado de Marta Ferrusola. El libro explica cómo el clan Pujol-Ferrusola logró tejer a su alrededor un verdadero régimen político que mantuvo la hegemonía en Cataluña. El libro, escrito por la periodista Cristina Palomar en 2014, fue prácticamente silenciado por la prensa, una prueba más del poder que todavía conservaba entonces la vieja Convergència.
La obra refleja muy bien una época de una cierta Cataluña: la que, tras la posguerra y el franquismo, abrazó el catalanismo y la democracia de la mano del movimiento político y social liderado por Jordi Pujol. Esa Cataluña sufrió, el día de la confesión del expresidente, un demoledor golpe emocional, seguido de una sensación de duelo colectivo.
Quienes habían convertido a Pujol en el padre de la patria, en su referente político e incluso moral, necesitaban encontrar un porqué. Sin una explicación, el fracaso de Pujol era también el fracaso vital de quienes lo habían votado y admirado durante “toda una vida”. Era imprescindible encontrar un culpable que, de algún modo, “salvara” al presidente. Y, de repente, todas las miradas se dirigieron a Marta Ferrusola (1935–2024). La esposa de Pujol era el “factor humano” que explicaba el desastre. Su nota manuscrita parecía reforzar esta tesis.
Pero no estábamos ante un “error humano”, de una persona o de una familia, sino ante un caso sistémico: un régimen de clientelismo que utilizó Cataluña como patrimonio para enriquecerse y acumular poder. Y que, incluso, no tuvo reparos en utilizar como tapadera el Palau de la Música, símbolo de la cultura catalana. La Cataluña que creyó en Jordi Pujol y en su obra política, CDC, necesitó primero hacer una catarsis, que en buena parte explica el Procés. Y aún tiene pendiente recomponer el espejo roto y abrir un profundo proceso de regeneración para evitar que aquel legado derive hacia planteamientos de extrema derecha, en los que, conviene insistir, Jordi Pujol nunca participó.
El juez instructor del caso, José de la Mata, concluyó que Jordi Pujol y su familia se aprovecharon de su poder para “acumular un patrimonio desmesurado”. El juez relaciona ese dinero con “percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. La Fiscalía Anticorrupción sitúa a la familia en el centro de una “red de clientelismo” en la que los Pujol y “empresarios afines” a Convergència “se repartían” los “excelentes beneficios” de concursos públicos dependientes de administraciones catalanas. La Fiscalía evalúa el impacto de esta trama: entre 2008 y 2012, las cuentas de la familia Pujol pasaron de 106.796 euros a 12,2 millones.
El juez considera que la familia diseñó un “plan preconcebido” para ocultar “grandes sumas de dinero de origen desconocido” mediante el blanqueo de capitales (sociedades mercantiles instrumentales, testaferros y grandes cantidades de dinero en efectivo).
Según el juez, Jordi Pujol era quien lideraba “la organización criminal”. Aunque quien se enfrenta a una pena mayor es Jordi Pujol Ferrusola, que, según el juez instructor, seguía las “instrucciones” de su padre y “dirigía” toda la estrategia.
En el banquillo de los acusados también se sentarán los otros seis hermanos porque “seguían las instrucciones” y se beneficiaron del dinero “directa y conscientemente”. Además, será juzgada Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, y diez empresarios, acusados de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales. En total hay 19 acusados. Las principales penas que solicitan la Fiscalía y la Abogacía del Estado son: Jordi Pujol Ferrusola (29 años), Mercè Gironès (17 años), Josep Pujol Ferrusola (14 años) y Jordi Pujol (9 años). La Fiscalía pide, además, multas que suman 50 millones de euros.
Más allá de los 19 acusados, en el banquillo se sentará una época. Jordi Pujol representó la resistencia de cierta pequeña burguesía catalana al franquismo; fue una pieza clave en la construcción del ideario catalanista y creó el movimiento nacionalista que, con su hegemonía, lo mantuvo veintitrés años en la presidencia de la Generalitat. Fue, en definitiva, un líder político e ideológico decisivo en la configuración de la Cataluña contemporánea. Tanto es así que, sin su tránsito intelectual del autonomismo al independentismo, no se entiende en toda su dimensión el proceso que vivió Cataluña y que alcanzó su cenit en 2017.
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«Hay un espacio huérfano. Hay un espacio a crear plurinacional de verdad, no creado desde el despacho de una universidad de Madrid con las antenas rotas respecto a lo que significa Euskadi y, sobre todo, Catalunya. Creo que nos toca a las izquierdas soberanistas, independentistas, autodeterministas, federalistas, confederalistas crear esa izquierda plurinacional que durante tanto tiempo se ha pedido». Con estas palabras, Gabriel Rufián (ERC) ponía punto final al curso político antes del receso estival del Congreso, despertando inquietud entre la variada constelación de partidos a la izquierda del PSOE y, quizá, alimentando cierta ilusión en una parte del electorado hoy huérfano de representación. Más tarde, a través de un post en la red X, desarrollaría un poco más su propuesta, que culminaba con un eslogan de tono claramente pragmático: «Menos pureza y más cabeza».
Al cabo de pocos días, las principales partes implicadas –especialmente ERC, pero también el BNG o Unidas Podemos a través de Pablo Iglesias– cerraban la puerta a la creación de un nuevo partido de «unidad» de la izquierda. Esto, sin embargo, era lo esperable. Lo que desean los partidos políticos es, por encima de todo, garantizar su propia supervivencia. En rarísimas ocasiones resulta justificable ceder parte de su poder (o todo su poder) en aras de un resultado incierto. Pero la idea ya estaba lanzada; una idea que, huelga decir, no se improvisa de un día para otro.
Una lectura cínico-realista del movimiento de Rufián debe hacerse en clave personal. Esta lectura no pretende demonizarlo, pues cuando hablamos de política representativa el desmesurado ego de sus protagonistas, salvo alguna rara excepción, debe darse por descontado.
Por un lado, Rufián sabe que su carrera política en su partido ha tocado techo. Intentó poner un pie en Catalunya presentándose a las elecciones municipales de Santa Coloma de Gramenet en 2023, pero quedó en tercera posición y consiguió solo cuatro de los 27 concejales en disputa. Santa Coloma de Gramenet es un feudo socialista y era impensable que cayera en manos republicanas. Aun así, los cuatro ediles obtenidos por ERC quedaron demasiado lejos de los 17 del PSC. Rufián dimitiría poco después para centrarse en su papel en el Congreso de los Diputados.
Luego está la cuestión de su encaje en la narrativa hegemónica del independentismo. En Catalunya, los sectores que han hecho seña de identidad del mantra «primero la independencia, luego ya veremos» –y que representan el núcleo duro del independentismo conservador– siempre han visto con recelo a Rufián por dos razones. La primera es que Rufián se expresa mejor en castellano que en catalán y eso, para algunos, es pecado capital. Y la segunda, que es uno de los pocos independentistas catalanes que en la etapa pos-Procés se ha negado a desvincular el nacionalismo de la cuestión de clase. Es decir, que su público mayoritario no es ni estrictamente catalán ni estrictamente independentista. Así que, si Rufián quiere continuar en política, tiene dos opciones: mantenerse como portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso o… aventurarse hacia lo desconocido.
Un partido de corte confederal que, desde posiciones de izquierda, asuma la pluralidad de España como principal muro de contención frente a la ofensiva de la extrema derecha de PP-VOX. Ese sería, resumidamente, el corazón de la propuesta política del portavoz de ERC en el Congreso; una propuesta que puede leerse como espejo invertido de lo que representó Podemos. Si Podemos nació cuestionando la hegemonía del PSOE desde la izquierda y relegando a un segundo plano la cuestión plurinacional, Rufián pretende ubicar la plurinacionalidad en el centro de su discurso. Esto, hipotéticamente, lo coloca en una posición inicial algo más cómoda que la que defendió Podemos, en tanto que podría conseguir que el votante nacionalista de «centro» vasco o catalán prefiera un partido situado algo más a la izquierda de lo que votaría en condiciones normales, pero que al menos garantice la defensa de su identidad nacional frente al rodillo centralista de la derecha.
Y es justo decir que tanto Sumar como el PSOE pueden tener cierto interés en que el proyecto funcione. Los primeros porque la plataforma que propone Rufián podría ser un salvavidas electoral para un proyecto político que se ha quedado demasiado lejos de la ilusión que llegó a generar. Las encuestas del CIS no le dan más de un 8% del total de votos, lejos del 12,3% que consiguió en las elecciones de julio de 2023. Para la familia socialista, la historia es la de siempre: necesitan que su izquierda sea lo suficientemente fuerte como para disputarle la mayoría absoluta al binomio pseudofascista de PP-VOX. Y necesitan, además, que dicho partido acepte en cierto modo el statu quo parlamentario y no pretenda ni romper ni girar «el tablero».
Hay señales de que el baile para cautivar a Rufián ya se ha puesto en marcha. Su percepción general en los medios estatales ha ido mejorando hasta el punto de que casi parece que no se trate de un independentista catalán; sus enfrentamientos con Alvise se han viralizado en redes sociales, y a menudo se le utiliza como contrapunto seductor frente al estilo «enfadado» de Pablo Iglesias. Y para no quitarle méritos a Rufián, es de justicia decir que con el tiempo se ha consolidado como uno de los mejores oradores del Congreso.
Veremos cómo avanza todo en los próximos meses. La partida no ha hecho más que comenzar.
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No es una sentencia unánime, pero sí condenatoria. El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por el caso de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Finalmente, sin tener en cuenta los testimonios de los periodistas que declararon, se le atribuye un delito de revelación de secretos. Tendrá que pagar, además de una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros a González Amador.
Con cinco votos a favor y dos en contra, el tribunal –solo una semana después de que concluyera este juicio histórico– considera probado que el fiscal participó en la filtración de un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado de novio de Ayuso.
En ese mensaje, el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía. La sentencia aún no ha sido redactada.
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