Pasar por delante de algunos referentes turísticos de Barcelona, como la Casa Batlló, en el Passeig de Gràcia, puede resultar un acto inolvidable. Primero, evidentemente, porque se trata de una de las obras de Gaudí más reconocidas, perteneciente a su etapa naturalista y verdadero ejemplo de su genio como arquitecto de y para la burguesía catalana del momento; y, en segundo lugar, por la gran cantidad de personas que se agolpan en la puerta –futuros visitantes unos, curiosos y fotógrafos más o menos profesionales otros–que dificultan enormemente el paso de los peatones y de las bicicletas que recorren la acera y el correspondiente carril bici. Pero si el simple tránsito por esta parte de la ciudad es complicado para cualquier peatón, todavía lo es mucho más para aquellas personas que tienen algún tipo de diversidad funcional: en estos casos, la tarea pasa de ser inolvidable a ser imposible.
Hace mucho tiempo que las normativas obligan a dejar las fachadas de los edificios como espacios libres y seguros para que las personas ciegas puedan utilizarlas como guía para desplazarse por la ciudad, pero el reciente Código de Accesibilidad –Decret 209/2023, de 28 de novembre– ligado a la Llei 13/2014 d’Accesibilitat aprobada por el Parlament de Catalunya, es aún mucho más claro al respecto. Además de esta obligación lógica y razonada, todas las calles han de disponer de diferentes elementos podotáctiles en el suelo con el objetivo de ofrecer orientación para transitar con seguridad por calles y plazas. No obstante, todos estos elementos son dificultados e impedidos por la Casa Batlló.
En la capital catalana, la Carta de Ciutadania. Carta de derets i deures de Barcelona reconoce, en su capítulo 1, el derecho a encontrar en la ciudad las condiciones de accesibilidad universal para vivir dignamente. Esta cuestión debería reflejarse en el espacio público y es función del Ayuntamiento proteger de manera activa y de oficio este derecho. Así, si este se viera en algún momento afectado, tiene el deber y la obligación de notificar el incumplimiento a las partes afectadas y, si el hecho persistiera, sancionar e intervenir para eliminar cualquier elemento que incumpliese las normativas de accesibilidad vigentes.
El Ayuntamiento de la ciudad, por otro lado, cuenta con un buzón donde realizar denuncias, preguntas o consultas sobre diferentes tipos de situaciones que puedan afectar o interesar a la ciudadanía. Así, es posible requerir información, por ejemplo, sobre el sueldo de los diferentes concejales que conforman el consistorio o, como es el caso, si la Casa Batlló dispone de algún tipo de permiso que le permita ocupar y alterar la circulación de los peatones a su paso por las inmediaciones del inmueble y que contravenga las normativas de accesibilidad que prohíben ocupar los espacios de fachada para proteger los itinerarios de personas ciegas.
La misma Carta de ciutadanía antes citada indica que “todas las personas tienen derecho a relacionarse con la administración municipal de una manera imparcial y objetiva y (…) con transparencia y confianza legítima”, algo que no siempre sucede cuando se plantea una reclamación sobre un hecho como el que nos ocupa, pues el Ayuntamiento parece cerrar sistemáticamente incidencias que no se han resuelto, actuando sin la transparencia necesaria para que los vecinos y vecinas dispongan de la información concreta sobre las actuaciones relacionadas con sus quejas. Estos hechos provocan un gasto innecesario para la administración, ya que los vecinos y vecinas se ven obligados a trasladar la denuncia a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, una acción superflua si el Ayuntamiento realmente estableciera una relación de transparencia y confianza con las personas que viven en la ciudad.
Este es el caso de la Casa Batlló y sus reiterados incumplimientos en relación con el derecho a la accesibilidad para personas con diversidad funcional por el espacio público que se encuentra ante sus puertas. Tras plantear, por parte de los autores de este artículo, el caso ante la Sindicatura de Greuges de la ciudad, esta ha constatado que no solo incumple las normas de accesibilidad teniendo conocimiento de ello, sino que, además, la ocupación del espacio público que realiza para su negocio la lleva a cabo sin ningún tipo de permiso municipal. Nos encontramos, por tanto, ante una apropiación indebida del espacio público en beneficio de una actividad privada de carácter turístico, con decenas de millones de euros de beneficios anuales según algunos medios de comunicación, además de ante el incumplimiento del más elemental de los derechos de la ciudadanía: la libre circulación por las calles y plazas de una ciudad y la garantía de la misma para la totalidad de las personas, independientemente de sus características físicas o sociales. El tan manido derecho a la ciudad, incluso desde una perspectiva de derecho positiva, es automática y sistemáticamente vulnerado.
La Gran Via como espacio de desposesión
Evidentemente, este no es el único ejemplo representativo de esta casuística, sino que, desgraciadamente, nos encontramos ante un mecanismo más común de lo que podríamos pensar. Con el objeto de poner de manifiesto cómo este proceso de usurpación del espacio público es altamente frecuente en la ciudad de Barcelona, se ha seleccionado un amplio espacio de la misma basado en dos características principales: su proximidad al centro turístico, comercial, simbólico y político de la ciudad y la presencia en sus inmediaciones de una alta concentración de equipamientos turísticos, principalmente hoteles. Entre las muchas localizaciones que cumplían estos dos aspectos se encuentra la Gran Via de les Corts Catalanes, específicamente el tramo entre la Plaza de Tetuán y el Passeig de Gràcia, precisamente cercano a dos de las obras de Gaudí más conocidas: la ya citada Casa Batlló y la Casa Milà o Pedrera.
En esta área existen un total de ocho hoteles: Casa Bonay, GrupHotel Gran Via 678, Gran Hotel Havana, Hotel Palace, Hotel Indigo, Hotel Granvia, Hotel Almanac y Cotton House Hotel, todos calificados entre cuatro y cinco estrellas, excepto el Granvia que solo tiene tres. Cabe recordar que la existencia de esta alta concentración de hoteles en esta parte de la ciudad responde a la deriva turística que tomó Barcelona a partir de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, algo que ya se estaba gestando anteriormente, durante los años 70, cuando la ciudad buscó modificar su economía urbana, pasando de una centrada en la producción industrial a otra más orientada hacia el sector terciario, con la celebración de ferias y congresos como elemento principal.
La especialización turística de la ciudad es más que evidente cuando se realiza una mirada a la estadística del sector. Mientras que en 1990 Barcelona solo contaba con un total de 118 hoteles, en 2024, tres décadas después, estos habían alcanzado la cifra de 442, un 375% más. Si hablamos de plazas hoteleras, estas han pasado de 18.569 existentes en 1990 a 77.068 disponibles en 2024, un incremento del 415%. Si nos referimos a visitantes, estos pasaron de 1,7 millones en 1990 a 7,9 millones en 2024. Los incrementos llegan al 464%, sin contar pisos turísticos irregulares o excursiones sin pernoctación. Un aumento tan significativo de visitantes altera inevitablemente las condiciones de vida de la ciudad anfitriona.
La falta de gobernanza en el turismo suele estar detrás del inicio de las dinámicas de turistificación, un proceso que podríamos entender como aquel mediante el cual todas las relaciones sociales en un espacio determinado pasan a estar mediadas por el turismo. Entre sus efectos se encuentra lo que David Harvey denominó “acumulación por desposesión”: la apropiación por parte del capital de recursos que antes estaban fuera del mercado. Esta forma de acumulación es evidente, a veces, en el sector turístico: la actividad vive de recursos ajenos, propiedad colectiva de la ciudadanía gestionadas por la administración bajo figuras públicas –playas, naturaleza, cultura, calles, aceras–. Este es el caso de la apropiación realizada por referentes turísticos como la Casa Batlló y por los hoteles de la Gran Via. Durante la investigación para este artículo, al menos cinco hoteles –Havana, Palace, Indigo, Almanac y Cotton House– ocupan irregularmente el espacio público frente a sus accesos siguiendo el camino trazado por la Casa Batlló.
La apropiación se materializa mediante la disposición de grandes maceteros, alfombras estetizantes o por la ocupación de la acera por vehículos de clientes en espera. Esta ocupación decorativa no funcional, destinada a añadir distinción, es una forma de acumulación por desposesión, pues los hoteles se apropian de un recurso común con el fin de ampliar sus beneficios. Y lo llevan a cabo, además, mediante el incumplimiento de normativas de accesibilidad, perjudicando la seguridad de las personas con discapacidad. Resulta evidente que, ante la inacción municipal, responsable de velar por el derecho a la accesibilidad urbana, algunas empresas relacionadas con el turismo más elitista parecen ocupar la ciudad palmo a palmo para beneficio privado.
Este quehacer de parte del sector turístico vendiendo lo que no es suyo no se limita a la apropiación de las aceras, sino que es mucho más extensivo. El caso de las terrazas de bares y restaurantes, sería otro ejemplo palmario que mostraría una de las vertientes más notorias, aunque menos señaladas y comentadas. Su habitual presencia nos ha hecho acomodarnos a la idea de que una ciudad es también un parque de mesas y sillas que ocupan el espacio de nuestra cotidianeidad. Ya ni las vemos. Sin embargo, como actividad social y económica, se encuentra basada en unos recursos, una materialidad, que no es suya, sino que es de todos.
Para finalizar…
La importancia del sector turístico en Barcelona es innegable: 14% del PIB y 16% del empleo. Cualquier planteamiento de gobernanza urbana debe garantizar su sostenibilidad económica, social y ambiental, evitando que la ocupación de esferas que no le pertenecen o lleguen al extremo de perjudicar la vida cotidiana de sus vecinos y vecinas. Sin embargo, esto no parece estar ocurriendo y, como ejemplo, el trabajo de campo breve realizado en el tramo estudiado de la Gran Via barcelonesa. Tal y como se ha intentado mostrar, los hoteles en él situados actúan como si la calle fuese un recurso propio, pese a ser bien público, y haciéndolo infringen una clara normativa autonómica y municipal que busca la inclusión de todas las personas y su acceso al derecho a la ciudad; un derecho que no debe y puede ser incompatible con actividades económicas.
La apropiación indebida del espacio urbano pone en riesgo un derecho internacional: la accesibilidad. Personas ciegas o con discapacidad deben poder disfrutar la ciudad sin arriesgarse. Sorprende, por tanto, la pasividad del Ayuntamiento ante prácticas visibles especialmente en zonas turistificadas.
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