«La práctica de la reproducción subrogada se caracteriza por la explotación de las mujeres y los niños, incluidas las niñas, y la violencia contra ellos. Asimismo, refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y los niños a graves violaciones de los derechos humanos». Sin ambages, es la principal conclusión del informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, hecho público en agosto de este año.

A principios de noviembre, en España, la Fiscalía logró cerrar por primera vez anuncios sobre gestación subrogada en internet. La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, prohíbe expresamente en su artículo 33 la promoción comercial de la gestación por sustitución. Y solo unos meses antes, el Gobierno había anunciado la suspensión de la inscripción directa de menores gestados por esta técnica.

Aunque muy lentamente, las denuncias contra esta práctica, que no es legal en España, han ido ganando peso en este último año a pesar del importante lobby a favor: según una encuesta realizada por el Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante en 2018 –la única de grandes dimensiones hasta ahora y que no fue difundida hasta 2023–, el 58% de la ciudadanía consultada consideró que habría que regular esta práctica y el 53% estaría dispuesta a recurrir a ella en caso de problemas de infertilidad y de desear formar una familia.

El informe de la relatora de la ONU, sin embargo, es rotundo en este sentido: con la gestación subrogada se ejercen varios tipos de violencia sobre las mujeres. La primera, la violencia económica: «Las madres sustitutas son especialmente vulnerables a la explotación y la violencia durante todo el proceso si no pueden llegar a fin de mes o tienen deudas». La segunda, la violencia psicológica: «Se presenta esta actividad como una demostración de los valores del ‘amor’ y la ‘solidaridad’, sobre todo en relación con las parejas homosexuales». Esas presiones –dice el informe– disuaden a las mujeres de que busquen ayuda o expresen su disconformidad, dado que pueden sentirse sujetas de por sí al compromiso de transferir un hijo a los progenitores comitentes, con los que pueden tener vínculos afectivos.

Hay también, por supuesto, violencia física: «Aunque en el material sobre la contratación se describe como un proceso seguro desde el punto de vista médico, las pruebas indican que la salud de las madres sustitutas corre mayor peligro que la de otras madres. Medicamentos como Lupron están clasificados como peligrosos y se recomienda que solo los trabajadores de la salud los administren usando batas y guantes de protección».

Y violencia reproductiva: «Los desequilibrios de poder entre las madres sustitutas y los progenitores comitentes tienen graves consecuencias cuando estos últimos imponen un aborto en casos de embarazos múltiples o discapacidad fetal. Según se informa, se ha presionado a las madres sustitutas para que interrumpan embarazos sanos, incluidos aquellos en que han trascurrido más de 12 semanas, por medio de tácticas coercitivas como incentivos económicos, amenazas de acción legal o el retiro de la ayuda brindada tanto a la madre como al bebé».

Además, el afán de lucro en que se basa la prestación de servicios de reproducción subrogada –prosigue el informe– aumenta el riesgo de trata de personas en todas las etapas del proceso, en particular para que las envíe a otros países con fines de trabajo reproductivo forzado. «Los arreglos de reproducción subrogada pueden equivaler o asemejarse a la esclavitud, ya que ponen a las madres sustitutas en una situación en que se hace uso de todas o alguna de las características del derecho de propiedad con respecto a ellas», concluye la relatora.

El especial de ‘La Marea‘

Entre 2020 y 2024, el mercado global de la gestación subrogada creció un 460%, según Global Market Insights, y estaba valorado en 14.950 millones de dólares. Para 2033, se prevé un aumento de este negocio hasta los 99.750 millones de dólares. Varios países clave en este auge son España y el norte de Europa como mercado de padres demandantes; Colombia, Ucrania y Georgia, como destino para encontrar gestantes; Irlanda, Dinamarca y Grecia como modelo legislativo.

Ahora mismo, en La Marea, nos enfrentamos a una demanda por investigar la industria de los vientres de alquiler: una agencia nos pide 60.000 euros. Durante un año, un equipo de periodistas ha documentado el negocio transnacional de la gestación subrogada. Puedes leer aquí el especial.

ESPECIAL: Gestación Subrogada

La entrada La gestación subrogada: una práctica (aún normalizada) en la que confluyen muchos tipos de violencia se publicó primero en lamarea.com.

La Fiscalía ha puesto fin a varias campañas de empresas dedicadas a gestionar vientres de alquiler que se anunciaban a través de páginas web o redes sociales, tras abrir por primera vez en España unas diligencias por publicidad ilícita sobre gestación subrogada.

Esta cruzada contra anuncios de empresas de gestación subrogada, que proliferan en internet y en la mayoría de casos en páginas webs internacionales, fue impulsada desde la Fiscalía de Barcelona por Paloma Pelegrín, responsable de la nueva área de defensa de los consumidores y usuarios, que inició su andadura hace año y medio.

El origen de las diligencias es una denuncia presentada por una asociación feminista de Vigo que pedía que se investigara, por la vía penal, a entre 20 y 30 empresas de gestación subrogada que se anunciaban por internet, lo que está expresamente prohibido por la ley de salud reproductiva de 2023. Otra norma de 2016 establece la nulidad de los contratos de ese tipo de reproducción asistida.

Una vez descartada una investigación penal, al no haber constancia de esas prácticas de gestación subrogada que se anunciaban, la Fiscalía abrió diligencias preprocesales, por la vía civil, para determinar si las páginas web y el contenido difundido por redes sociales podían constituir publicidad ilícita.

En el marco de esas diligencias, la fiscal remitió requerimientos a dos de las empresas que gestionaban esas webs localizadas en Barcelona, que, de esa forma, optaron por retirar sus campañas publicitarias de internet, cierre que se materializó entre finales de 2024 y este año.

Los casos de anuncios gestionados por empresas de otras provincias españolas se remitieron a las Fiscalías respectivas, lo que también ha dado sus frutos. El pasado abril, el ministerio público logró que el juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid dictara unas medidas cautelares para obligar a una empresa de gestación subrogada a cerrar su página web y los anuncios que difundía por Facebook, Instagram o X.

Un mes después, el juzgado estimaba la demanda de la Fiscalía y condenaba a la empresa por «realizar publicidad ilícita», al tiempo que le obligaba a difundir su sentencia en las mismas redes sociales donde había anunciado los vientres de alquiler.

Cosificación de mujeres y niños

Según la Fiscalía, las campañas de las empresas analizadas, muchas de las cuales ofrecían vientres de alquiler en Ucrania, no solo incumplían la legalidad por publicitar la gestación subrogada, sino que además incluían un contenido que «cosificaba» a las mujeres y a los embriones, tratando a ambos como meras mercancías y con un llamativo sesgo racial, en el que se resaltaban su piel blanca.

Las actuaciones de la Fiscalía resultan, sin embargo, insuficientes, dado que las páginas webs sobre gestación subrogada se multiplican constantemente en internet, en la mayoría de casos amparadas en páginas internacionales cuyo cierre entraña mayor complejidad.

Por ese motivo, la Fiscalía se plantea acudir a la Audiencia Nacional para que, a través de la vía contencioso-administrativa, sean los tribunales los que fuercen el cierre de esas páginas web por vulneración de la legislación española en materia publicitaria.

Webs que promueven la anorexia

Otro de los caballos de batalla de la Fiscalía de Consumo de Barcelona es poner coto a las publicaciones en internet que promueven los trastornos alimentarios, un fenómeno cada vez más frecuente en redes sociales.

La Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia contra una de esas webs que promueven la bulimia o la anorexia, pero el juzgado acabó archivando la investigación por la imposibilidad de determinar quién estaba detrás de esas publicaciones, dado que las comisiones rogatorias expedidas en busca de colaboración internacional resultaron infructuosas.

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El resultado de más de un año de trabajo sobre la industria de los vientres de alquiler en Ucrania, Georgia, Colombia, Grecia, Irlanda, España y los países nórdicos puede consultarse ahora en una página especial. En total, 25 artículos que combinan reporterismo, investigación y decenas de entrevistas a mujeres gestantes, empresas del sector y especialistas.

Más de un año analizando la industria de los vientres de alquiler. Ese es el tiempo que ha dedicado un equipo de reporteras y periodistas de investigación a documentar el negocio transnacional de la gestación subrogada. La primera parte de este trabajo, publicada en el número 105 de la revista La Marea, incluía reportajes desde el terreno en Ucrania, Georgia, Grecia y España, a cargo de las periodistas Patricia Simón, Queralt Castillo Cerezuela, María Volkova y Lisa Torosyan. Su cobertura se completó con el trabajo de investigación de Marco Dalla Stella y Magda Bandera sobre agencias intermediarias en dichos procesos.

Tras descubrir, durante la primera fase del proyecto, que el negocio se está expandiendo hacia nuevos países —entre los que destaca Colombia—, decidimos ampliar la cobertura. La reportera Marina Sardiña ha realizado un exhaustivo monitoreo de los actores implicados en esta industria en el país andino, con la colaboración de Marco Dalla Stella. Por su parte, Queralt Castillo y Kaisa Beltran explican cómo están funcionando las leyes que permiten la gestación subrogada en Irlanda y Dinamarca, respectivamente.

El trabajo, que cuenta con el apoyo de JournalismFund Europe, se complementa con una introducción a las estrategias de distintos grupos de presión para lograr que se regule la gestación subrogada. El resultado de esta investigación se ha traducido en los 25 artículos que pueden leerse ahora en un interactivo diseñado por Bruna Cooperativa Audiovisual SCCL y desarrollado por Plug-in Desarrollos Online SL.

Investigar el entramado de empresas dedicadas al negocio de los vientres de alquiler ha supuesto un gran esfuerzo por parte de La Marea y del equipo de periodistas que ha llevado a cabo el proyecto. Además de haber recibido una demanda de una de las agencias intermediarias en procesos de gestación subrogada, una clínica nos ha amenazado con acciones legales si la incluimos en nuestras próximas informaciones: una especie de censura previa inadmisible. Por supuesto, no nos van a detener.

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Elena* alquiló su vientre para pagar la universidad de su hijo mayor. Esta colombiana gestó gemelos para una pareja extranjera, pero afrontó importantes secuelas físicas y emocionales. El dinero que le pagaron, además, no resultó ser suficiente para su propósito.

Elena* tuvo su primer hijo siendo menor de edad, con tan solo 15 años. Seis años después nació su segundo hijo varón, que hoy la supera en altura. La última vez que tuvo un parto, la primera por cesárea, fue en diciembre de 2023. El doctor que la atendió registró dos niños prematuros en el acta de nacimiento. El nombre de Elena puede leerse junto a la palabra “madre”, pese a que ella no puso el óvulo para la gestación de los gemelos, que ahora viven en Israel. Una pareja homoparental israelí pagó una alta suma de dinero para que Elena gestara por subrogación a sus hijos en Colombia.

Como la mayoría de mujeres colombianas tomó la decisión de alquilar su vientre por razones económicas. ¿La suya? Pagar la universidad de su hijo mayor para que éste cumpliera su sueño de estudiar electrónica y sistemas. Desde hace cinco años, ella es la única responsable de los dos menores de edad, por lo que su familia aceptó la decisión, pero nunca habló del tipo de embarazo que estaba llevando a cabo con el resto de la comunidad en su barrio a las afueras de Bogotá, la capital. “Me sacrifico, mi hijo se lo merece, pero no es fácil”, pensó.

La mujer, de 32 años, empieza contando por teléfono que la vida de su familia cambió con el proceso de subrogación. Dejó su trabajo confeccionando lencería, lo que le permitió pasar más tiempo con sus hijos puesto que con la mensualidad que le ingresaba la clínica, unos 2.300.000 pesos, cubría su manutención y las deudas. Con esfuerzo, logró reunir suficiente dinero para comprarles un ordenador para las tareas escolares. “Les pude mejorar la calidad de vida, de sus estudios y emocionalmente también porque podía estar más pendiente”.

Las secuelas silenciadas en los cuerpos de las mujeres subrogantes

Un colchón sobre el suelo, ropa tendida, una foto escolar de su hijo menor colgando de la pared de la sala y una pila de cajas de cartón completan su nueva casa, a una cuadra del hogar de su madre. Elena tuvo que regresar al barrio popular que habita su familia por presiones de su expareja, quien está en prisión.

Sentadas en un sofá, explica que el dinero de las mensualidades se lo gastaba principalmente en alimentarse bien para mantener un embarazo gemelar saludable y que las mensualidades, si bien mejoraron brevemente sus vidas, no eran suficientes para sostener a su familia: “Ellos dicen que no lo tienes que tomar como un ingreso, sino como algo adicional; pero al tiempo te piden que no trabajes. No es justo”.

–¿En qué consisten los pagos?

–Desde que sale el positivo te dan unas mensualidades de 2.300.000 pesos (507 euros) y un bono para ropa de 600.000 pesos. Al finalizar me dieron 37 millones, porque me debían dos mensualidades, y estaba incluido el bono de buen comportamiento por acudir a las citas médicas y no hacer esperar al chófer de la ruta de gestantes. Y los seis millones de pesos extras por el embarazo doble.

Elena hizo los cálculos. La fundación, vinculada a la clínica y encargada de pagar a las gestantes, le ingresó un total de 55 millones de pesos por todo el proceso, unos 12.000 euros. Debido a que, bajo amenazas, tuvo que prestarle dinero al padre de sus hijos, el monto no alcanzaba para costear toda la universidad del mayor. Volvió a las matemáticas: necesitaba realizar al menos cuatro procesos para pagar toda su educación superior. Algo que no está permitido en Colombia, pero que tampoco está controlado por ningún ente estatal.

“Tú comparas la infancia de esos niños con la infancia que llevaron mis hijos y es totalmente diferente. Unos arriba y otros abajo”, dice con sus ojos redondos y color avellana clavados en el suelo. Es el quejido silencioso de una madre que, como otras compañeras de proceso, ponen en riesgo su salud para sacar adelante a sus propios hijos. “Hay mucha desigualdad. Los padres solo se enfocan en su deseo de formar una familia, ignorando lo que pasamos nosotras durante el embarazo”. Esta vez, su voz no tiembla con el reclamo.

Durante el embarazo su cuerpo también cambió. Debajo de los jeans ajustados y el jersey rosa que viste se esconde una faja reductora color beis que abarca desde lo alto del vientre hasta las pantorrillas. Un intento por recuperar su figura. El embarazo gemelar hizo que su cuerpo se expandiera tanto que, casi dos años después, las estrías todavía tienen un color carmín. Escondida entre los pliegues de piel flácida, una gran cicatriz atraviesa su abdomen. “Tu cuerpo se va llenando de hormonas porque es prácticamente un embarazo artificial. Cambia mucho durante el embarazo”.

Elena reconoce que, debido a esa marca, sus relaciones íntimas cambiaron. Siente vergüenza de su propio cuerpo y cuestiona la falta de información sobre los riesgos para la salud que implican estos procesos. Dice que nunca pensó en invertir el dinero obtenido en recuperar la forma del cuerpo de una mujer saludable en la treintena; la prioridad era la educación de su hijo. Tras el primer proceso de gestación subrogada su menstruación también cambió y comenzó a tener hemorragias y cólicos muy fuertes. La ginecóloga le dijo que se debía a las hormonas. “Son cosas que nadie te cuenta. Ellos te lo pintan todo bonito, pero no te explican los riesgos que hay”.

Si bien ya había escuchado por conocidas hablar de los vientres de alquiler, no fue hasta finales de 2022 cuando decidió convertirse en gestante subrogada. A través de las redes sociales contactó a una reclutadora, una exgestante que trabaja refiriendo mujeres a las clínicas de fertilidad. Ésta le explicó los beneficios económicos de gestar por subrogación y la puso en contacto con el centro donde llevaría a cabo su proceso, a más de 30 kilómetros de su casa.

Primero la visitó una trabajadora social, que revisó que Elena tenía unas condiciones de habitabilidad dignas para llevar a cabo un embarazo. Check. Estudiaron sus antecedentes judiciales. Check. Después, las múltiples pruebas médicas y ginecológicas para comprobar el estado de su útero y su salud. Check. En una pequeña sala de la clínica tuvo que rellenar decenas de preguntas tipo test y conversar con una psicóloga sobre los motivos que la impulsaron a realizar el proceso. Mintió levemente. No lo notaron. Check. Con los aprobados en mano –casa, cuerpo y mente–, conoció a través de una videollamada a los padres de intención. Luego del intercambio, firmó un contrato con el portador del esperma y padre de los gemelos.

En el contrato no se menciona a la clínica de fertilidad ni tampoco la suma total de dinero que recibe la gestante por los procesos. Esto es debido a que en Colombia, si bien no existe una regulación sobre los vientres de alquiler, la Corte Constitucional emitió en 2009 unos lineamientos para estos procesos, remarcando el altruismo de los mismos.

–¿Había alguna restricción en ese contrato?

–No recuerdo si lo ponía en el contrato, pero sí le recalcaban a una mucho que no podía tener relaciones sexuales, que no podía viajar fuera del país, que tenía que informar de cualquier cambio de domicilio.

“No te secas las lágrimas con los billetes”

Comenzó entonces el tratamiento hormonal, con más de cinco pastillas diarias, inyecciones y óvulos, con el fin de preparar su endometrio para la transferencia del embrión. En marzo de 2023, su endometrio ya estaba lo suficientemente estimulado y engrosado como para gestar vida. A las pocas semanas supo que el embrión se había dividido. “Uno piensa que es fácil embarazarse, parir y entregar al bebé, pero cuando empiezas a tomar hormonas y te quedas embarazada ves los cambios en tu cuerpo. Ves que no es tan fácil”, confiesa. “No te secas las lágrimas con los billetes”, dice irónicamente sobre la forma en la que muchas mujeres, como ella, llegan atraídas por las altas cifras que aparecen en los anuncios.

–¿Crees que es dinero fácil?

–No. [Silencio] La plata no cambia tu tranquilidad […]. La plata se queda en los intermediarios: las fundaciones y las clínicas.

El malestar que sintió Elena durante los siete meses que los gemelos permanecieron en su vientre no lo recuerda haber pasado con sus dos hijos propios. Náuseas constantes, vómitos diarios, acné por todo el cuerpo, caída del pelo son algunas de las posibles secuelas físicas del tratamiento hormonal para poder llevar a cabo un embarazo por subrogación. “Siento que ni el apoyo económico ni el apoyo emocional son suficientes para el trabajo que hay que realizar”. Habla del embarazo subrogado así, como un trabajo.

Los gemelos nacieron prematuros, con siete meses de gestación, debido a que uno de ellos presentaba problemas de crecimiento. El perinatólogo le programó una cesárea poco antes de la Navidad de 2023, adelantando las fechas para poder llevar el control de su paciente antes de salir de vacaciones. Las cesáreas, a menudo innecesarias y que podrían incurrir en violencia obstétrica, son frecuentes en este tipo de embarazos y facilitan a las clínicas que los padres de intención, mayoritariamente extranjeros, puedan llegar al país para el parto de sus hijos.

Elena llegó temprano a la cita, acompañada por su hijo mayor y sin rastro del personal del centro de fertilidad ni de la fundación donde realizó el proceso: “Todo lo organizan por WhatsApp. Hace falta más acompañamiento porque sí es un momento difícil”.

En el hospital tampoco estaban los padres de intención, que habían llegado ocho días antes a Colombia, pero se encontraban en Medellín haciendo turismo. No fue hasta el día siguiente que aparecieron en la clínica. Los recién nacidos esperaban en las incubadoras, donde pasaron más de un mes. Elena regresó a su casa tres días después, con una gran cicatriz en su vientre como única prueba de su embarazo.

–¿Cómo te sentiste al salir del hospital sin los bebés?

–Fue como que ya había cumplido con mi trabajo. No me afectó tanto emocionalmente porque sabía que los bebés no eran míos.

–¿Cómo le afectó a tus hijos?

–El niño pequeño trató de no acercarse mucho durante el embarazo. El mayor sí preguntaba por ellos. Yo traté de no vincularlos mucho con los bebés, porque les puede afectar.

Nuevamente se refiere al embarazo como un trabajo. Un mecanismo de disociación común entre las gestantes subrogadas. La psicóloga feminista especialista en maternidad Vanesa Giraldo habla también de duelo desautorizado en referencia a los daños psicológicos que padecen las mujeres que gestan mediadas por un contrato. “Desde el inicio se preparan para vivir una pérdida. Les dicen que no se pueden vincular emocionalmente con el bebé, que no tienen permitido llorar por el bebé porque ellas firman el contrato voluntaria y conscientemente”, explica. A eso, se suma la estigmatización social por el intercambio monetario, dice.

“Te dicen que mejor no muestres que te está dando duro lo del bebé o no te van a pagar”. Elena evita hablar de sus secuelas emocionales, pero narra las historias que le contaban sus compañeras gestantes subrogadas en los trayectos hasta la clínica. Muchas, dice, se quedan calladas por miedo a que no le entreguen la bonificación final, que solo llega una vez la psicóloga de la clínica de fertilidad te da el alta, pocos días después del parto.

Como Elena, varias gestantes entrevistadas para este reportaje habían sido madres siendo menores de edad; otras habían sufrido violencias y abusos sexuales a lo largo de su vida. Giraldo apunta a que la sistematicidad de las violencias sobre sus cuerpos las hace más vulnerables y propensas a realizar este tipo de procedimientos. “Si desde niña las deshumanizan, si sus cuerpos no tiene ningún valor, sino para el sistema capitalista y de cuidados, si las mujeres a su alrededor también lo sufren; si no tienen derechos sobre sus cuerpos… es el caldo de cultivo perfecto”, argumenta la psicóloga.

La atención desmedida que tenían las trabajadoras de la fundación y la clínica cesó en el momento en el que los bebés salieron de su cuerpo. Un relato que narran muchas gestantes que se sienten “especiales” por los halagos constantes que reciben por la labor que están haciendo. “Mientras el bebé está dentro de ti eres importante, después dejas de serlo porque ya no tienes lo que les interesa”, lamenta.

También denuncia que la clínica dejó de pagarle la salud pública y privada un mes después de salir del hospital sin los bebés, pese a que el contrato decía que su salud estaba cubierta por un año entero. “Me enteré porque tuve que ir a urgencias y allá me dijeron que no estaban pagando mis cuotas”.

Sin embargo, todavía debe estar en contacto con los abogados de la clínica puesto que no han podido realizar la impugnación de la maternidad, un requisito necesario para sacar de todos los registros a la mujer gestante. Debido a que algunos jueces de familia están demorando los trámites de estos procesos, como forma de presionar al Congreso colombiano para legislar sobre los vientres de alquiler, Elena todavía consta como madre de los gemelos. El juez pidió que se presentara en una audiencia, por el momento aplazada. La abogada de la clínica y representante de los padres de intención la llamó para explicarle todo lo que tenía que decir en el juicio.

“Tenía que decir pues que había sido un proceso de subrogación, que lo había hecho voluntariamente, que había sido altruista, que yo no lo había hecho por un interés económico, sino por ayudar a una familia, que ellos cubrieron mis gastos médicos, que estuvieron conmigo todo el tiempo, pero que yo no compartía ningún material genético con los bebés, que me habían informado de todo”, enumera según el relato que le confeccionaron para su eventual intervención ante un juez. Elena dice que se sintió mal, puesto que la abogada le estaba pidiendo mentir sobre los pagos que recibió.

Un segundo proceso “porque la plata no alcanza”

Elena comenzó a inicios de este año un segundo proceso en otra clínica de fertilidad. “Porque mi hijo mayor ya inicia la universidad y no tengo suficiente para pagarle el estudio”. Volvieron las semanas de tomar hormonas y pastillas, conoció a los padres de intención y le hicieron una nueva transferencia en mayo, apenas un año después de haber tenido a los gemelos.

A las pocas semanas, durante un chequeo vieron que tenía una pérdida embrionaria. “Me mandaron unas pastillas y lo aborté sola en casa”, explica recalcando el dolor agudo que sintió en su cuerpo. Poco después, la ginecóloga de la clínica encontró un mioma en su útero y la mandó a su centro de salud para que se lo extirparan si quería continuar con el proceso de subrogación, ya que tenía otras dos oportunidades más de transferencia embrionaria.

“Lo más correcto es que ustedes me hagan la histeroscopia y me quiten el mioma, porque, siga o no con el proceso, me salió por las hormonas suministradas”, cuenta que le dijo Elena a los médicos de la clínica, molesta por haber entrado al proceso sin la enfermedad, como demostraban las pruebas médicas iniciales. Nadie se hizo responsable y ella continúa con el mioma creciendo en su útero.

Elena manifiesta que en los últimos meses dejó de pensar en lo económico, y se puso a pensar en las secuelas de este tipo de procesos.

–¿Volverías a realizar el proceso?

–Primero debo hacerme retirar el mioma y, con todas las cosas que he visto y escuchado de otras chicas, estoy pensando si volver a hacerlo, porque no está bien el pago para tantos riesgos.

–¿Qué es lo que más miedo te da?

–Por mucho que tengamos un seguro de vida, si yo me llego a morir, mis hijos ni con toda la plata del mundo van a poder comprar una mamá.

Antes de despedirnos, sostiene la puerta entre las manos, y entre susurros confiesa que lo pasó muy mal psicológicamente durante el proceso debido también a la situación con el padre de sus hijos, pero que no podía contárselo a nadie en la clínica. Pide ayuda psicológica para ella y sus hijos. Su objetivo ahora es migrar, en parte motivada por el miedo y la situación con su exmarido.

Un mes después, Elena enviaría este mensaje: “He estado pensando en todo lo que me pudo pasar y me arrepiento mucho, muchísimo, de haberlo hecho. Mi salud se ha deteriorado demasiado desde que realicé el proceso”. Explica que no volverá a gestar por subrogación y que sigue sin poder afiliarse nuevamente al sistema de salud público para que le extirpen el mioma que le quedó por la sobrecarga de hormonas. Sus días los dedica al cuidado de una persona con discapacidad, en su intento por ahorrar el dinero suficiente para salir de Colombia y rehacer su vida.

–¿Qué se siente al saber que la familia a la que ayudó pudo entrar y salir de Colombia con facilidad, pero a las colombianas les piden muchos requisitos para entrar en Europa?

–Pienso que la diferencia social, económica… para ellos fue muy fácil porque la clase social de su familia les abre puertas. Hay mucha diferencia. ¿Sabes? Si yo pudiera volver atrás en el tiempo, seguro que no lo haría. La psicóloga me dice que haga un bloqueo mental y me olvide, porque me afecta mucho emocionalmente.

* El nombre de esta madre por subrogación ha sido cambiado para proteger su identidad y por motivos de seguridad. Con el mismo objetivo, su voz ha sido distorsionada en el audio.

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Bajo esta modalidad, en teoría, no hay retribución económica más allá de los gastos médicos y algunas compensaciones en concepto de lucro cesante por dejar de trabajar durante el embarazo. En la normalización de esta práctica ha sido fundamental el papel de asociaciones, agencias de mediación, empresas de reproducción asistida, partidos políticos y medios de comunicación afines.

En las dos últimas décadas, la gestación subrogada ha pasado de ser una práctica marginal e ilegal en la mayoría de los países de la Unión Europea a acaparar cada vez más atención en el debate político y mediático. Aunque su modalidad comercial continúa prohibida en casi todo el territorio comunitario, varios gobiernos y partidos políticos se muestran partidarios de legalizar fórmulas llamadas “altruistas”, es decir, en los que oficialmente no media una retribución económica que vaya más allá de los gastos médicos y algunas compensaciones específicas como, por ejemplo, las que se justifican por los ingresos que se dejan de percibir por dejar de trabajar durante algunos meses de embarazo.

De hecho, en Grecia ya está operativa esta modalidad que, en la práctica, entraña una remuneración mayor que en países cercanos como Ucrania, donde es legal el modelo comercial. Portugal también legalizó la gestación subrogada altruista, a la que solo podrían recurrir parejas heterosexuales o mujeres que no puedan concebir por ellas mismas y sin que mediase compensación económica más que el reembolso de algunos gastos. Sin embargo, esta ley sigue sin implementarse por el rechazo del Tribunal Constitucional a algunos de sus aspectos, como que no recoja el derecho de la madre gestante a revocar su decisión. Recientemente también se aprobó en Dinamarca un modelo que reivindican para sus países muchas de las asociaciones de padres y madres de intención europeas.

Para avanzar en la normalización de esta práctica ha sido fundamental, dependiendo del país en cuestión, el papel desempeñado por las agencias de mediación de la gestación subrogada, algunas empresas de reproducción asistida, los partidos políticos partidarios, los medios de comunicación afines y algunas asociaciones de padres y madres de intención.

Aunque no existe un lobby como tal, sí que hay comunicación entre organizaciones y entidades partidarias, como explica en esta entrevista Ciara Merrigan, presidenta de la asociación Familias Irlandesas por la Gestación Subrogada. Por su parte, la Federación Europea de Asociaciones de Familias LGTBIQ+ (NELFA, por sus siglas en inglés) respalda las demandas de organizaciones a favor de la gestación subrogada. Así lo ha hecho con la española Son nuestros hijos, conformada por padres y madres de intención, en varias ocasiones. Por ejemplo, en 2023, cuando el Gobierno reformó la ley del aborto prohibiendo la publicidad de las agencias, o en 2025, cuando suprimió la inscripción de forma directa en el registro civil de los bebés nacidos por esta vía.  

Según la consultora internacional Precedence Research, el mercado global de la gestación subrogada puede pasar de facturar los 25.306 millones de euros calculados para 2025 a casi 89.252 millones en 2034. En Europa, el auge del sector se refleja también en la celebración de cada vez más ferias, congresos y foros en los que se reúnen agencias de mediación, bufetes especializados y asociaciones de padres y madres de intención.

Una muestra de ello son las ferias Wish for a Baby, organizadas periódicamente por la agencia británica Five Senses en distintas ciudades europeas y australianas. A esta cita se suman los eventos organizados por la asociación estadounidense Men Having Babies, que celebra regularmente encuentros en Bruselas, sede de las principales instituciones europeas. La próxima tendrá lugar a mediados de noviembre de 2025. 

En cambio, en España, la última gran feria sobre gestación subrogada se celebró en Madrid en 2017. Surrofair, como se llamó, fue denunciada por la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres ante la Fiscalía, que archivó la petición de suspensión. 

En cualquier caso, las ferias que promocionan la gestación subrogada siguen organizándose en países europeos en los que está prohibida dicha práctica. Ello es posible gracias a que se introducen en eventos que publicitan de manera general la reproducción asistida, en los que se incluye la gestación subrogada. 

Los programas de estos eventos suelen ofrecer información legal y médica sobre cómo llevar a cabo procesos de gestación subrogada en los países donde es legal. Habitualmente, se celebran en hoteles en los que, además de asistir a seminarios y conferencias, pueden encontrarse estands con información comercial de distintas empresas vinculadas con este negocio.

Panorama europeo

En Francia, la gestación subrogada es ilegal, pero el debate sobre su legalización ha cobrado fuerza con el respaldo del partido Renacimiento, liderado por Emmanuel Macron. Una encuesta publicada en 2024 por la Asociación de Familias Homoparentales reflejó que el 71% de la población francesa apoya la gestación subrogada para parejas heterosexuales y el 56% para homosexuales. 

El caso con más repercusión pública en la República francesa es el de la familia Menneson, cuya demanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos llevó a una sentencia en 2014 que condenó a Francia por no reconocer la filiación de dos niñas nacidas por gestación subrogada en Estados Unidos. 

A partir de entonces, la Corte de Casación francesa modificó su jurisprudencia, permitiendo la inscripción de los nacimientos en el registro civil si existe un vínculo biológico con uno de los progenitores de intención. Asociaciones como Les Enfants d’Arc-en-ciel o la Asociación de Padres y Futuros Padres Gays y Lesbianas han tenido un papel decisivo en el acompañamiento jurídico de estos procesos y en la interlocución con las instituciones públicas.

Por su parte, Alemania mantiene una de las legislaciones más restrictivas de Europa. La gestación subrogada está penalizada tanto en la Ley de Protección de Embriones como en la de Adopción, aunque los tribunales permiten registrar a los niños nacidos en el extranjero por esta vía. 

En este contexto, la Alianza por la Autodeterminación Reproductiva agrupa a organizaciones que reclaman la legalización de un modelo altruista. Este colectivo ha elaborado propuestas que se debaten en la Comisión para la Autodeterminación Reproductiva y la Medicina Reproductiva, creada por el Gobierno federal en 2022. Hasta ahora, el único partido que apoya públicamente la legalización bajo criterios altruistas es el Partido Democrático Libre (FDP).

Sin embargo, en este país, las ferias de gestación subrogada organizadas por Wish For A Baby están normalizadas hasta el punto de que, sólo en 2025, se celebró una a principios de marzo, en Berlín, y otra en Colonia a mediados de octubre. Esta última contó con la esponsorización de la clínica estadounidense San Diego Fertility Center, que también patrocinará la que tendrá lugar en marzo de 2026 en la capital alemana. 

En Bélgica, la gestación subrogada no está regulada, lo que ha permitido que algunas clínicas practiquen desde los años noventa un modelo supuestamente altruista. Aunque parecen ser pocos casos, lo cierto es que no existe ningún registro oficial que los documente. Por otro lado, el vacío legal ha favorecido la existencia de intermediarios que facilitan el contacto entre parejas belgas y clínicas de Estados Unidos, Ucrania o Canadá. 

El Comité Consultivo de Bioética belga, en un dictamen de 2023, se pronunció a favor de legalizar un modelo altruista bajo condiciones estrictas, como la imposibilidad médica de gestar o el consentimiento libre de la mujer gestante. El actual Gobierno ha prometido crear un tribunal específico para supervisar estas prácticas y evitar la explotación comercial y el lucro, dando así un paso hacia su institucionalización.

Desde enero de 2025, Dinamarca se ha convertido en el primer país europeo en legalizar un modelo de gestación subrogada altruista con condiciones muy específicas: la mujer gestante debe aportar su propio óvulo, mantener una relación previa con los padres de intención y no recurrir a técnicas de reproducción asistida. Tras el parto, los progenitores deben iniciar un proceso de adopción. 

Esta fórmula, respaldada por el Comité Ético de Dinamarca, busca evitar los desplazamientos a terceros países y, supuestamente, reducir el riesgo de explotación. Asociaciones como DARE Dinamarca y LGBT Dinamarca fueron decisivas en la aprobación de esta ley, que ahora sirve de referencia para los partidarios de su legalización en otros Estados miembros.

Italia, por el contrario, ha endurecido su marco legal. En 2024, el Parlamento aprobó una norma que convierte la gestación subrogada en un “delito universal”, castigando también a quienes recurran a esta práctica en el extranjero. Esta medida, impulsada por el gobierno de Georgia Meloni, ha generado protestas y movilizaciones en todo el país. La Associazione Radicale Certi Diritti denunció la ley como “homofóbica” y anunció acciones legales ante instancias internacionales. Según la organización, la norma vulnera los derechos de las familias LGTBIQ+ y aísla a Italia del contexto europeo.

En Países Bajos, la gestación subrogada es legal siempre que se realice sin ánimo de lucro y entre personas con relación previa al embarazo. Los partidarios de su regulación sostienen que falta un desarrollo legislativo que impida la inseguridad jurídica. Desde 2023, su Parlamento debate un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo más desarrollado y que reconozca la filiación de los padres de intención antes del nacimiento. Organizaciones como Stichting Zwanger voor een Ander y Meer dan Gewenst han liderado las campañas a favor de su legalización.

Un negocio en expansión

El mapa europeo muestra una tendencia hacia la aceptación de la gestación subrogada altruista, impulsada por una red diversa de actores: asociaciones de padres y madres, colectivos LGTBIQ+, organizaciones del sector de la fertilidad y algunos partidos políticos de centro-derecha. Su discurso se basa en el concepto de la libertad reproductiva y en presentar el deseo de ser padres y madres como un derecho. Asimismo, evitan referirse a cómo pueden afectar estos procesos a la salud de las mujeres gestantes, así como a desigualdades económicas y violaciones en términos de derechos humanos.

A esta corriente se suman las políticas permisivas de los propios Estados, que, aunque prohíben la gestación subrogada en sus territorios, permiten el registro de los bebés nacidos en el extranjero. En la práctica, esta dualidad legal ha contribuido a su normalización hasta el punto de que los países europeos han avalado de facto un modelo transnacional de reproducción que combina, a menudo, la prohibición interna y la tolerancia externa.

(Seguirá ampliación)

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Ucrania es uno de los pocos países en los que la maternidad subrogada puramente comercial es legal. Su legislación señala que sólo está permitida para parejas heterosexuales casadas, pero no específica qué cantidades pueden pagarse a las mujeres gestantes.

En Ucrania, la gestación subrogada es legal desde 2006, cuando en el artículo 123 del Código de Familia se incluyó el apartado 2, que establece que si un embrión perteneciente a un hombre y una mujer casados es gestado por otra mujer, el padre y la madre del bebé legalmente serán el matrimonio.

A partir de 2012, la norma fue desarrollada por una orden del Ministerio de Salud que establece que el procedimiento debe realizarse en las empresas médicas acreditadas para ello, que la mujer gestante tiene que ser mayor de edad, tener capacidad legal, haber dado a luz previamente a un hijo sano, no tener contraindicaciones médicas y, además, no puede tener vínculo genético con el embrión. Quien sí lo debe tener es, al menos, el padre o la madre de intención, que ha de ser una pareja heterosexual casada.

En los casos en los que la pareja necesite donación de semen u óvulos, ha de ser de procedencia anónima y sus portadores se comprometen por contrato a no reclamar derechos sobre el bebé engendrado. Tampoco lo puede hacer la madre gestante una vez que firma el contrato para someterse al procedimiento para quedarse embarazada.

Para registrar al bebé en Ucrania, ya sea por parte de parejas autóctonas o extranjeras, la clínica deberá entregarles un certificado genético que acredite su vínculo.

La legislación ucraniana no específica qué cantidades pueden pagarse a las mujeres gestantes ni qué partidas en concreto. La remuneración la suelen negociar las clínicas, y el contrato ha de firmarse ante la presencia de un notario. Los pagos a las mujeres que se quedan embarazadas oscilan entre los 8.000 y los 25.000 euros. La cifra depende de si gesta varios bebés, si ha requerido pruebas adicionales o si se la recompensa por consecuencias del embarazo como la pérdida de un útero.

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La ley griega ha reforzado la prohibición para hombres solteros y parejas masculinas de acceder a la gestación subrogada. Esta reforma es la última de una larga serie de cambios legislativos que especifican, por ejemplo, los pagos por compensación a las madres sustitutas (entre 10.000 y 20.000 euros) y un límite de edad para ellas, establecido en los 54 años.

Grecia es uno de los países de la Unión Europea –junto con Portugal, Chipre, Irlanda y Dinamarca– donde la gestación subrogada está permitida, pero sólo de manera «altruista». Este procedimiento está regulado por el Artículo 1458 del Código Civil griego y hasta cuatro leyes (2002, 2005, 2014 y 2022).

La ley griega permite el procedimiento solo para mujeres de hasta 50 años de parejas heterosexuales incapaces de gestar de manera biológica: es decir, mujeres con el síndrome Mayer-Rokitansky, aquellas con malformaciones congénitas en el útero o con miomas u otras enfermedades que hagan el embarazo imposible o peligroso.

A lo largo de los años ha habido diferentes modificaciones de la ley: en 2014 el procedimiento se abrió a parejas extranjeras (una decisión que se reformuló en 2025, como explicamos más adelante); y en 2022 se aumentó la compensación para la gestante (de 10.000 a 20.000 euros en concepto de “gastos razonables”) y se amplió el límite para las madres sustitutas hasta los 54 años.

Por su parte, la gestante, que debe tener entre 25 y 54 años y no haber pasado por más de dos cesáreas, no puede usar sus propios óvulos; y si está casada, debe presentar el consentimiento del marido. Ella no constará en los documentos de nacimiento del bebé, que adquiere inmediatamente la ciudadanía de los contratantes.

La última modificación de la ley es de mayo de 2025, cuando el Gobierno griego presentó y aprobó una enmienda legal que excluye explícitamente del acceso a la gestación subrogada a los hombres solteros y a las parejas masculinas del mismo sexo. Concretamente, en la ley se explicita que la incapacidad de concebir debido al género no se contempla como incapacidad médica para concebir, por lo que se excluye a las parejas de hombres de la subrogada. Antes existía cierta ambigüedad jurídica ya que algunos tribunales habían admitido casos de este tipo, pero la reforma de este año deja claro que la incapacidad para gestar se reconoce solo en mujeres, sin importar su orientación sexual o estado civil, pero nunca en varones. Los requisitos de la heterosexualidad y la vida en pareja ya no son necesarios para la madre de intención.

Esta nueva modificación también contempla la creación de un registro nacional de madres sustitutas y «parejas sociales», aunque al cierre de las últimas informaciones aún no estaba en funcionamiento. Por último, otro de los cambios importantes tiene que ver con la residencia tanto de las gestantes como de las madres de intención: ambas tienen que tener la residencia en Grecia. Eso significa que a partir de ahora, las mujeres o las parejas de fuera de Grecia no podrán iniciar un proceso de gestación subrogada a menos que tenga su residencia legal en el país heleno.

Adicionalmente, las restricciones y condiciones para acceder al procedimiento, así como la obligación de sentencia judicial firme, se mantienen como garantías centrales en el sistema griego. Eso no ha cambiado: a lo largo de estos años, la legislación griega ha perseverado en la obligatoriedad de que estos procedimientos estén aprobados judicialmente y en la prohibición de las agencias intermediarias: tiene que ser la pareja contratante (hoy también una mujer soltera) quien encuentre a la madre sustituta.

En resumen, la principal novedad de 2025 es la prohibición definitiva para hombres solteros y parejas de hombres de recurrir a la gestación subrogada en Grecia, lo que busca detener interpretaciones judiciales previas más permisivas y reforzar el modelo restrictivo centrado en mujeres solicitantes.

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Mientras Ciudadanos se desinflaba en los resultados electorales, ganaban peso en el seno del Partido Popular las voces partidarias de la gestación subrogada. Feijóo ha manifestado su predisposición a valorar su regularización.

 

Desde su irrupción en el tablero político nacional, Ciudadanos enarboló la bandera de la legalización de la gestación subrogada altruista que, como se explicábamos en el caso de Grecia, termina siendo comercial bajo el paraguas de poder remunerar, como defendía en la propuesta de ley que registró en el Parlamento en 2017, «los gastos y molestias ocasionadas por el embarazo». Albert Rivera e Inés Arrimadas aprovechaban los micrófonos para buscar los votos del sector de la población partidaria de esta práctica, cuyo porcentaje respecto al total se desconoce.

De hecho, la única encuesta que se ha realizado al respecto la hizo a unas 3.700 personas un equipo de investigación del Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante en 2018. Sin embargo, no fue difundida hasta 2023, coincidiendo con su publicación en una revista científica y la presentación de sus resultados en un congreso organizado en Bilbao por varias asociaciones de familias que han tenido bebés mediante vientres de alquiler. Según esta muestra, el 58% de la ciudadanía consultada considera que habría que regular esta práctica y el 53% estaría dispuesta a recurrir a ella en caso de problemas de infertilidad y de desear formar una familia.

La postura del PP

A la vez que Ciudadanos se desinflaba en los resultados electorales, ganaban peso en el seno del Partido Popular las voces partidarias de la gestación subrogada. El senador Javier Maroto ha sido el encargado de impulsar este cambio ideológico en un partido que reivindica sus bases católicas, aun cuando el papa Francisco pidió la abolición del alquiler de vientres en todo el mundo. Maroto, quien ha rechazado ser entrevistado sobre este asunto, fue el encargado de casar con su pareja a Eduardo Chaperón, portavoz de Son Nuestros Hijos, la principal asociación de clientes de la gestación subrogada en España.

El actual secretario general del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado ante los medios de comunicación su predisposición a valorar su regularización, lo que demuestra la normalización que ha vivido esta práctica en los últimos años.

Para ello, ha sido fundamental el papel que han jugado caras conocidas de todo el espectro ideológico. Los cantantes Miguel Póveda y Ricky Martin, el actor Javier Cámara, la baronesa Carmen Cervera, los periodistas de televisión Tony Cruanyes y Lluís Guilera o el futbolista Cristiano Ronaldo son algunos de los rostros que han normalizado esta práctica.

Paralelamente, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha surgido un nuevo fenómeno digital: el de hombres y mujeres que buscan convertirse en influencers compartiendo sus vidas como padres y madres por gestación subrogada en Instagram y Tik Tok. Es el caso, por ejemplo, de Javier Serna, de Iván Ibáñez y Serafín Llamas (a través de una cuenta llamada «Papá y Papá») o de la abogada especializada en la materia Beatriz Huerga. En los países en los que es legal, también son numerosas las mujeres que publicitan su embarazo antes de entregar el bebé.

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Son Nuestros Hijos

La asociación Son Nuestros Hijos se ha convertido en la más conocida de las que reúnen a quienes han recurrido a los vientres de alquiler para tener hijos e hijas. Dicen representar a más de mil familias y reivindican, en respuesta a preguntas de La Marea, ser «la única que ha denunciado un supuesto caso de ilegalidad cometido por una agencia».

En realidad, lo que interpusieron fue una demanda ante la Fiscalía para que investigase las presuntas irregularidades que la abogada Núria González recogió en su libro Vientres de alquiler respecto a la agencia Gestlife. A través de una entrevista por escrito, sostienen que no abogan por ninguna empresa en particular: «No recomendamos ni desaconsejamos como asociación ninguna clínica de reproducción asistida ni agencia, no entra dentro de nuestra función como asociación de familias que somos».

Aunque en su código ético aseguran que no apoyan la gestación subrogada comercial, muchos de sus asociados han recurrido a esa vía. Como el resto de asociaciones europeas, reivindican que España legalice un modelo altruista como los que se están aprobando en Dinamarca o Irlanda, antesala habitual para legalizar el alquier de vientres comercial.

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En Georgia fue imposible conseguir una entrevista presencial con ninguna madre subrogada. Algunas de ellas pidieron dinero por ello; otras se echaron atrás a última hora por miedo, ya que habitualmente firman contratos de confidencialidad con las clínicas.

La conversación con Ketevan (nombre ficticio) se produjo a través de WhatsApp, después de decidir, finalmente, que no quería un encuentro presencial. De origen georgiano, ha llevado a cabo un procedimiento de gestación subrogada una vez y está preparándose para hacerlo de nuevo. Tiene tres hijos y explica que fueron las circunstancias económicas las que la empujaron a tomar la decisión de ser madre gestante para una pareja contratante.

¿Cómo encontró la agencia y la clínica para el procedimiento?

Encontré varias agencias por redes sociales. Contacté con unas 10 páginas, pero solo fui a la que más preguntas exhaustivas me hizo. La agencia me envió a la clínica. Durante la primera visita tuve que rellenar un cuestionario en el que especificaba cuántas veces había dado a luz, si había pasado por cesáreas o no. Me hicieron unos análisis y una ecografía. [Me dijeron que] si todo estaba bien, me prepararían la medicación correspondiente.

¿El embrión era de sus propios óvulos?

No, yo no era la donante. La clínica tiene sus propias pacientes que son las que necesitan una madre gestante. Las parejas escogen a la madre subrogada en base a su historial de subrogación.

¿Cuántos hijos tiene y cuántas veces ha sido madre por subrogación?

Tengo tres hijos propios e hice una vez de madre subrogada. Di a luz donde mis padres decidieron.

¿Qué la llevó a tomar la decisión de ser madre para gestación subrogada?

Tomé la decisión por los mismos motivos que la toma todo el mundo. Creo que las mujeres que se someten a la gestación subrogada están pasando por una crisis económica; es por esto por lo que toman esta decisión. Nadie disfruta tomando tanta medicación y recibiendo tantas inyecciones. Yo particularmente tenía apuros económicos y había perdido mi casa. Tomé la decisión hace un año.

¿Está casada?

Tengo marido. Perdimos nuestra casa y todos nuestros ahorros. Como tenemos tres hijos y no quería quedarme sola, decidí dar este paso. Al principio, mi marido no quería, pero después de hablarlo accedió. No fue [una decisión] fácil.

¿Cómo funciona el proceso?

El proceso empieza con la toma de medicación y la preparación gradual: medicación e inyecciones. Durante el embarazo, se hacen pruebas y se sigue dando medicación o inyecciones dependiendo de si lo necesitas o no. Los embarazos de mis hijos propios fueron más complicados que este. Cada dos o tres semanas, te llaman a consulta. La consulta incluye pruebas, estudios y ecografías. Los coordinadores están siempre online, resolviendo las dudas que tenemos, y se les puede contactar siempre. En mi caso, no me pidieron vídeos tomando la medicación porque los resultados de mis pruebas siempre fueron buenos y siempre iba a la clínica, pero sé que sí que se los piden a otras chicas.

¿Tenía contacto con los padres contratantes?

Hablaba con ellos de manera online; y la última vez que los vi fue cuando di a luz.

¿Cuánto le pagaron y cómo?

Me dieron una parte [del pago] en metálico y la otra me la ingresaron en mi cuenta bancaria. Me lo ingresaron el día después de dar a luz, y solo después me dieron el metálico en mano. [El precio del procedimiento] depende de cómo negocies. A mí me pagaron 27.000 dólares.

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Marina tiene 38 años y se reinvidica como una persona autónoma y decidida. Como la mayoría de las mujeres gestantes entrevistadas para esta investigación en Ucrania, denuncia al mismo tiempo malas praxis por parte de las clínicas y sostiene que volvería a hacerlo porque es la única vía que las mujeres pobres como ella tienen para mejorar sustancialmente sus condiciones de vida y, sobre todo, la de sus hijos e hijas. Marina cobró 10.000 euros por gestar y entregar una pareja de mellizos a una pareja portuguesa.

Lo hizo a través de la empresa BioTexCom, investigada entre 2018 y 2019 por la Fiscalía ucraniana por supuesto tráfico de menores, falsedad documental y evasión fiscal, entre otros delitos. El equipo de fiscales que llevó a cabo las pesquisas fue reprobado por el Parlamento y relegado a labores de menor responsabilidad. La propia Fiscalía española abrió diligencias entonces contra esta empresa después de que el Ministerio de Justicia fuese advertido por la Embajada española en Kiev y por la Fiscalía ucraniana de los presuntos delitos. Sin embargo, la Audiencia Nacional terminó archivando la causa en 2022 por no estar operando en suelo español, aunque sea una de las clínicas más contratadas por las familias españolas que recurren a la maternidad subrogada en Ucrania.

Entrevistamos a Marina en un parque de Kiev, pocos días después de su regreso de Dinamarca, donde se refugió junto a su hija cuando comenzó la invasión rusa.

¿Cuándo y por qué decidió ser madre de vientre de alquiler?

Fue hace siete años. Mi hija tenía entonces dos años y necesitaba dinero para sacarla adelante.

¿Conocía a otras mujeres que lo hubiesen hecho?

No. Elegí BioTexCom porque es de las pocas empresas de maternidad subrogada que aceptan a gestantes que, como yo, tienen el grupo sanguíneo 0 negativo. Al principio, no se lo conté a casi nadie, pero cuando el embarazo se hizo visible tuve que hacerlo. Mi madre estaba de acuerdo, pero mi abuela se volvió loca.

¿Cómo fue el proceso?

Fue un poco difícil porque, aunque las enfermeras eran agradables, los médicos no me miraban ni me hablaban; y cuando lo hacían, me trataban como basura. Nadie me explicó nada sobre cómo sería el proceso.

El primer intento no funcionó. Nadie me dijo que tenía que pincharme hormonas durante los primeros meses. Así que en el segundo procedimiento compré las inyecciones y me las puse yo misma. El dinero que me dieron no daba para pagarlas.

No te dicen cuántos embriones te implantan ni te dan a elegir cuántos bebés vas a gestar. Todo lo decide la familia contratante. En mi caso, arraigaron cuatro embriones, por lo que a los dos meses de embarazo me hicieron una operación para quitarme dos y que gestara mellizos.

El primer intento de embarazo fue para una familia italiana y el segundo, para una portuguesa.

¿Qué tipo de seguimiento médico recibía?

Me hacían análisis mensuales para comprobar si bebía o fumaba. Si salía positivo, la primera vez te quitaban 20 euros del pago; la segunda, 40; la tercera, 60.

En una revisión, me movieron el bebé a través de la barriga y fue muy doloroso [práctica ginecológica conocida como versión externa]. A los doctores de la clínica no les importan las mujeres, solo los bebés que llevamos dentro. Para ellos somos solo una incubadora.

¿Qué perfil tenían las otras mujeres gestantes?

De todos los tipos. Veías a mujeres muy pobres, otras que parecían estar en una situación mejor, otras muy deportistas y bellas, y otras que no lo eran. No nos tomaban fotos a todas porque a los padres solo les muestran los retratos de las más guapas.

¿Cómo las conoció?

Las veía en la clínica durante las revisiones. Durante el último mes, además, tienes que quedarte en un apartamento en Kiev por si te pones de parto. En cada habitación vivíamos dos mujeres y había tres habitaciones por vivienda. Yo tuve que convivir con una mujer muy extraña que andaba todo el día desnuda por la casa. Solo te dan algo de dinero para comida y gastos durante esas semanas.

¿Cómo era la relación con las familias?

Las hay que quieren conocer a la gestante, como la mía. Otras que dan dinero extra, que regalan cosas e, incluso, algunas que invitan a las madres a visitarles en su país.

¿Cómo se hacen los pagos?

Por el primer intento, me pagaron los costes de los análisis y los viajes a la clínica. Unos 100 euros.

Cuando me quedé embarazada, me daban unos 200 euros mensuales hasta el cuarto mes, cuando me entregaron 1.200 euros. Si te hacen cesárea, como me hicieron a mí, añaden entre 200 y 300 euros. Por un bebé te pagan 8.000 euros y por dos, como fue mi caso, 10.000. La mayor parte del dinero te la dan cuando pares y entregas al bebé.

¿Cómo lo vivió?

Recuerdo que el doctor fue muy maleducado conmigo. Yo me convencí de que ese bebé no era para mí, así que no me sentí vinculada mentalmente. No me lo enseñaron, pero yo tampoco quería verlo. Pero, claro, hay mujeres que se ponían histéricas cuando daban a luz, que se quebraban emocionalmente. Pero hasta donde yo sé, nadie les ofreció asistencia psicológica. Y eso que BioTexCom decía que ofrecía apoyo psicológico.

¿Ha pensado en volver a hacerlo?

Cuando parí, me dije que nunca más. Pero luego pasa el tiempo y pienso que podría volver a hacerlo. A veces, cuando estoy en una situación muy precaria, valoro volver a ser madre subrogada. La mayoría de las mujeres ucranianas lo hacen porque no hay otra vía para ganar ese dinero en un periodo tan corto de tiempo.

¿Ha vuelto a ir a BioTexCom?

Sí, he donado óvulos tres veces y, en total, me pagaron 1.000 euros. Pero después he descubierto que no es bueno para mi salud, así que no lo he hecho más.

¿Se lo ha contado a su hija?

No, era muy pequeña cuando ocurrió y no necesita saberlo. Ahora acabo de volver de Dinamarca, donde me refugié cuando comenzó la guerra. Allí conseguí ahorrar algo de dinero, pero echaba de menos mi país. Además, tengo un novio ucraniano y estamos en una relación seria.

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Organizaciones a favor de la gestación subrogada hablan del ‘modelo irlandés’ como un referente para lograr cambios legislativos en sus respectivos países.

En julio de 2024 se aprobó en el Parlamento irlandés una nueva Ley de Salud en materia de reproducción médicamente asistida que incluía una serie de disposiciones en relación a la gestación subrogada. Estas son algunas de las disposiciones clave en esta materia.

• Establecimiento y puesta en marcha de una Autoridad Reguladora de la Reproducción Humana Asistida (AHRRA). Por lo que respecta a los procesos de gestación subrogada, la AHRRA tendrá capacidad plena para regular los procesos de este tipo. De hecho, antes de iniciar este trámite, las parejas contratantes deberán solicitar autorización a esta Autoridad (aportación de datos del país donde se quiere llevar a cabo el proceso, clínica con la que se desarrollará y documentación sobre la gestante, como un consentimiento informado e independiente).
• Establecimiento de un sistema de compensaciones que sustituyan el pago para poner fin a la gestación subrogada comercial. Como en Grecia, con la nueva legislación, solo se permitirán compensaciones por gastos razonables relacionados con el embarazo, el parto y el puerperio. Esto se aplicará tanto en el ámbito nacional como el internacional. Se pretende reducir las posibilidades de trata, tráfico y explotación de las mujeres y fomentar el modelo altruista.
• Cambios en la filiación. Con la nueva ley, ambos integrantes de la pareja contratante podrán tener la patria potestad (a diferencia de ahora, que solo la tenía el hombre). Por ley, hasta ahora, la “madre” legal del bebé es quien lo pare.
• Obligatoriedad de que la gestante tenga un abogado/a abogacía independiente, cuyos gastos asumirá la pareja contratante. En caso de las gestantes en Irlanda, las mujeres, además de la asesoría legal independiente, tendrán que acreditar que han vivido dos años en el país. En el caso del el extranjero, la gestante también debe disponer de un abogado y acreditar un año en el país en el que se encuentra. Esto tiene como objetivo evitar el traslado de mujeres de un país a otro.
• Prohibición estricta de las agencias mediadoras. Como ocurre en Grecia, está prohibida la existencia de agencias o personas que pongan en contacto a gestantes con parejas contratantes. También estará prohibido que las mujeres que quieran ser gestantes se anuncien.
• Prohibición de que haya  vínculo biológico entre la gestante y el bebé.
•  Obligación de dar a conocer al niño las características de su nacimiento. La nueva ley exige el registro de la subrogación y la identificación de los progenitores biológicos. 

Sin embargo, y a pesar de su aprobación en 2024, esta nueva legislación aún no se ha puesto en vigor. Uno de los motivos podría ser que algunos de los puntos de la nueva ley colisionan con la nueva  legislación europea en materia de trata.

Además, tal como remarca la exsenadora Mary Seery Kearney, antes debía ponerse en marcha la AHRRA, la autoridad encargada de «otorgar licencias». Finalmente, este órgano supervisor fue constituido el 13 de octubre de 2025. La exsenadora recuerda que también siguen pendientes varias enmiendas a la norma para evitar que sea excluyente en algunos aspectos. Así, falta eliminar una garantía heredada de la ley de 2015 por la cual las parejas homoparentales no tienen los mismos derechos que las heteroparentales. Por otro lado, queda incluir permisos y beneficios parentales para las familias creadas mediante subrogación.

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La campaña impulsada durante la pandemia por organizaciones a favor de la gestación subrogada cambió rápidamente la percepción social y política en Irlanda. En julio de 2024 se legalizó esta práctica en su modalidad altruista, y en octubre de 2025 se creó la autoridad supervisora, que incluye a miembros destacados del ‘lobby’.

En plena pandemia, los grupos a favor de la gestación subrogada en Irlanda comenzaron a organizarse con el objetivo de conseguir un marco legal para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Tras una intensa campaña política y mediática lograron su objetivo en un tiempo récord: en julio de 2024 se aprobó una nueva Ley de Reproducción Humana Asistida (AHR, por sus siglas en inglés), con un apartado concreto dedicado a la gestación por subrogación.

Más de un año después, la ley aún no se ha implementado, pero el Gobierno irlandés dio uno de los pasos más importantes para ponerla en marcha el 13 de octubre de 2025 al crear la Autoridad Reguladora de la Reproducción Humana Asistida (AHRRA). Este órgano se encargará de autorizar y supervisar que los procesos de gestación subrogada cumplan con los requisitos legales establecidos en la norma. 

La presidenta de la AHRRA, nombrada por la ministra de Salud, es Deirdre Madden, es una profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cork (UCC) especializada en salud reproductiva y ética que se ha manifestado públicamente a favor de regular la gestación subrogada. Uno de los foros más destacados en los que lo ha hecho es, precisamente, en el Parlamento irlandés, durante la Comisión Conjunta sobre la Subrogación Internacional celebrada en el año 2022.

Igual de relevante resulta que, entre las ocho personas que engrosan la junta directiva del órgano regulador -conformada principalmente por profesionales médicos y juristas-, se encuentran algunas de las caras más visible del lobby por la gestación subrogada en Irlanda: Ciara Merrigan, la presidenta de la asociación Familias irlandesas a través de la subrogación (en inglés, Irish Families Through Surrogacy, IFTH), y Mary Wingfield, fundadora y hasta hace poco directora de la Merrion Fertility Clinic, una de las clínicas de reproducción médicamente asistida más importantes del país.

Tras más de un año de aparición en medios locales y nacionales, de reuniones tanto públicas como privadas con senadores y partidos políticos, los grupos que impulsaron la campaña a favor de una ley que permita la gestación subrogada en Irlanda han conseguido lo que se proponían: no solo que se aprobase la norma, sino también meter la cabeza en los máximos órganos de decisión al respecto. De ahí que, desde hace unos meses, Irlanda sea un ejemplo para los grupos a favor de la subrogación.

Puntos clave de la ley

Uno de los puntos más importantes de la ley es la prohibición explícita de prohibir los pagos a mujeres gestantes. A tal efecto se establece un sistema de compensaciones con el objetivo de poner fin a la gestación subrogada comercial, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. Como sucede en Grecia, solo se permitirán compensaciones por determinados gastos relacionados con el embarazo, el parto y el puerperio (pérdida de ingresos por tener que dejar el trabajo, gastos médicos o de desplazamiento y otros similares). Se pretende, así, reducir las posibilidades de trata, tráfico y explotación de las mujeres y fomentar un modelo supuestamente altruista.

La ley obliga a que las gestantes hayan residido al menos dos años en Irlanda, en el caso de la subrogación nacional, y un año si se trata de procesos en el extranjero. También exige que tengan un abogado o abogada independiente y prohíbe las agencias mediadoras.

Asimismo, propone cambios para facilitar la filiación entre los contratantes y el bebé, y exige que, en algún momento, los contratantes den a conocer a sus hijos las características de su nacimiento.

El primer objetivo de la campaña: poner la conversación sobre la mesa a través de la prensa

“Queríamos un marco ético que protegiera a nuestros hijos, a la gestante y a los padres. Nadie entra en un acuerdo de gestación subrogada queriendo que alguien sea víctima de trata; por eso queremos implementar salvaguardas. Y eso se hace legislando. Prohibir la gestación subrogada no va a hacer que desaparezca; se continuará haciendo, en la sombra”. Quien habla es Ciara Merrigan, presidenta de IFTS, el principal lobby a favor de la subrogación en Irlanda. Creada en 2020, esta organización cuenta con 350 familias involucradas. 

Merrigan, madre de dos niños obtenidos mediante este procedimiento, es desde mediados de octubre de 2025 uno de los miembros de la Junta de la Autoridad Reguladora, que debe autorizar y supervisar los procesos. “Ahora tendremos que reunirnos para nombrar a un director ejecutivo; es una de las prioridades”, explica a este medio días después de conocerse su nombramiento.

El primer paso para impulsar la campaña irlandesa a favor de la gestación subrogada fue organizarse: en el grupo inicial, de 12 progenitores, cada uno se encargó una cosa: a quienes se les daba bien redactar escribían las notas de prensa para mandar a los medios; quien sabía de informática montó una página web y quien se manejaba con los números se encargó de las tareas administrativas. 

El objetivo inicial de la campaña era dar a conocer las condiciones en las que vivían las familias que habían tenido hijos por gestación subrogada y poner la conversación sobre la mesa en la sociedad irlandesa a través de los medios locales. “Esto no se trata de nosotros, sino de nuestros hijos”. Esa, cuentan, fue la clave de todo. Con este lema, las familias querían mostrar las dificultades, sobre todo de filiación, a las que se enfrentaban las personas que optaban por este procedimiento. 

A IFTS se le unieron otros grupos, como LGTB Ireland, Irish Gay Dads o NISIG (Ireland‘s National Infertility Support and Information Group). “La campaña fue enorme. Nos centramos en medios locales durante el verano, porque los políticos estaban de vacaciones. Fuimos al sur de Irlanda, donde veranean, y desde allí trabajamos con los medios locales”. El método, según el relato de IFTS, era contar las historias personales. “Insistíamos mucho en la ausencia de legislación. Nos llevó más tiempo llegar a los medios nacionales, pero lo conseguimos. Pasamos de rogarles que nos sacasen un artículo a que nos los pidieran”, explica Ciara Merrigan. 

En su batalla para extender el mensaje e intentar normalizar la conversación sobre la subrogación, contaron con el apoyo de la exsenadora Mary Seery Kearney, también madre por subrogación; celebridades como Rosana Davison (Miss Mundo 2003, actriz y cantante) y Mark Feehily (músico del extinto grupo de música irlandés Westlife). 

La campaña funcionó y la subrogación, según explican, pasó de ser considerada una práctica estigmatizada a ser vista como otra manera más de formar una familia. El siguiente paso era llegar a la clase política para promover un cambio en la legislación. 

Segundo objetivo: la clase política

Para continuar avanzando en su propósito, además de la campaña en prensa, los grupos a favor de la subrogada promovieron encuentros entre políticos y menores nacidos por subrogación: “Antes de ganar la mente de una persona, tienes que conquistarle el corazón: una vez que ven a los niños, eso sucede”, dice Merrigan. 

Para ello se reunieron con representantes locales en la misma Administración, en encuentros tanto formales como informales. A través de estos políticos, consiguieron un encuentro con el exministro de Sanidad Stephen Donnelly e involucrar a los ministerios de Infancia, Sanidad y Justicia. “Nos reuníamos con ellos y les preguntábamos: ‘¿sabías que vivo en tu zona y tengo hijos nacidos por gestación subrogada? No hay ninguna legislación que me proteja’. Funcionó”. La estrategia fue la misma ante los medios y ante la clase política: explicar sus historias personales.

Ese punto de realidad y normalidad se consiguió mostrando a los niños, llevándolos ante los políticos para que los conocieran y pudieran ponerles nombres y apellidos. Una pieza clave fue Mary Seery Kearney, en aquel momento senadora. “Probablemente no se habría aprobado tan rápido si no fuera por Mary”, reconocen desde IFTS.

Una de las más férreas opositoras a esta ley y, por supuesto a la campaña, fue la periodista y abogada Laoise de Brún, también candidata al Senado con una plataforma que lleva el nombre de The Countess. “No vi ningún debate ni ninguna conversación en la esfera pública. Me horrorizó lo manipulada que estaba la narrativa. Nos presentaron [los lobbies a favor de la ley] historias que buscaban conmovernos y provocar una reacción emocional”. 

Tercer paso: convencer a la comisión conjunta del Parlamento

Tras movilizar a la opinión pública y política en 2022, arrancaron las sesiones de una comisión conjunta del Parlamento irlandés para la Gestación Subrogada con el objetivo de elaborar una serie de recomendaciones que debían establecer las bases de una legislación en esta materia, dentro del marco de la nueva Ley de Reproducción Humanamente Asistida. Esta comisión recibió varios informes, tanto a favor como en contra. 

En las sesiones participaron diferentes lobbies, sobre todo a favor de la gestación subrogada, así como juristas y profesionales canadienses que explicaron la experiencia en este país norteamericano, punto de referencia para los irlandeses. 

El mensaje de los grupos a favor estuvo centrado en el bienestar de los niños y en la necesidad de un mecanismo legal que permitiese el reconocimiento de relaciones materno-filiales, hasta el momento no reconocidas. Según el derecho irlandés vigente, la madre ‘legal’ es la mujer que da a luz al bebé. Hasta la aprobación de la nueva ley, el padre era el único que tenía filiación con el recién nacido de estos procesos y era él quien, en un tribunal, tenía que autorizar a la madre contratante como tutora legal, con el consentimiento de la gestante. Esto, aseguran, va a cambiar con la nueva ley, incluso de manera retroactiva. 

Para las parejas homosexuales ocurre lo mismo: solo un miembro de la pareja (quien ha contribuido con el material genético) tiene derecho de filiación directa con el recién nacido. La pareja tiene también que solicitar la custodia y/o tutoría del hijo o hija.

Cuarto paso: defenderse de los contraargumentos

Paralelamente a la presión de los lobbies irlandeses a favor de la subrogación, el Parlamento irlandés también tuvo que enfrentar el bando contrario: los lobbies en contra. Stop Surrogacy UK, Surrogacy Concern UK o la Declaración de Casablanca han sido los más críticos. Por el camino también se publicó el informe de la Relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem al Salem, quien asistió el 5 y 6 de abril de 2024 en Roma a la Conferencia Internacional para la Abolición Universal de la Gestación Subrogada. 

Los lobbies a favor de la subrogación restan importancia, sin embargo, a estos grupos contrarios: “No son tan grandes como parecen. En Irlanda, la mayoría de las personas que se oponen a la gestación subrogada lo hacen por motivos religiosos; básicamente se oponen a cualquier sistema de reproducción humana artificial”, explica la exsenadora Mary Seery Kearny. A pesar de ser un país con profundas raíces religiosas, no ha habido consistencia de las voces católicas en contra, en opinión de Merrigan. “Nunca hemos tenido ningún problema con los sacerdotes”, asevera contundente. Ella afirma que bautizó a sus hijos.

Uno de los principales argumentos contra esta nueva ley, además reconocido por la propia comisión parlamentaria previa a su aprobación, es que Irlanda no puede legislar sobre cómo se lleva a cabo la gestación subrogada en otros países. La AHRRA tampoco tendrá ningún tipo de jurisdicción en el extranjero. En todo caso, lo que la nueva norma persigue es fomentar la subrogación en suelo irlandés y cortar de raíz los viajes al extranjero, algo que en otros países con legislaciones similares no se ha conseguido.

Fase final: aprobación de la ley y obstáculos de implementación

El 2 de julio de 2024, el Parlamento irlandés aprobó la Ley de Reproducción Humana Asistida (AHR). De sus 220 miembros, solo dos personas se opusieron: la senadora Sharon Keogan y el senador Ronan Mullen, ambos independientes.

Tras la constitución el 13 de octubre de 2025 de la AHRRA, el órgano que debe autorizar y supervisar los procesos de gestación subrogada, quedan algunos flecos antes de que empiece a aplicarse la ley.

Una ley en la que se han fijado ya otros países

El 20 de marzo de 2025, la abogada y madre gestante Sarah Jefford, de nacionalidad australiana, emprendía un viaje que la llevaría a visitar Sudáfrica, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá e Irlanda. Tenía como objetivo fijarse en los pilares de la campaña que se había llevado a cabo para la aprobación de la ley irlandesa y tomar nota de “cómo los defensores y miembros de la comunidad unieron fuerzas para llamar la atención sobre la campaña y los derechos de los niños nacidos por gestación subrogada”. ¿El objetivo? Promover una reforma de la ley para que los procesos de gestación subrogada sean más «accesibles» en Australia.

Lo que ya se empieza a conocer como el “modelo irlandés” tampoco ha pasado desapercibido en España, y los lobbies a favor de la subrogación suelen ponerlo como ejemplo. Así fue durante la celebración del congreso organizado por Son Nuestros Hijos en septiembre de 2025, en Madrid. 

Pablo Bilbao, coportavoz de esta asociación, insistió en la necesidad de seguir el ejemplo de Irlanda y Dinamarca, en declaraciones realizadas a La Marea. La asociación de Bilbao trabaja por una ley que permita llevar a cabo los procesos en el sistema público de salud con supervisión para garantizar su legalidad y los derechos de las gestantes y los niños y niñas nacidos por estos procedimientos. 

“A pesar de las instrucciones, los informes de la ONU, las críticas…, la gestación subrogada va a seguir existiendo. Cada vez se habla más de ella, y eso hace que más gente la considere una opción”, afirma Bilbao. A su juicio, todas las partes deberían sentarse y hablar, “incluidas las que lo ven raro”. “A veces, incluso yo lo veo raro. No quiero que me pongan en un debate a ‘favor’ o ‘en contra’. Yo tengo las dos posturas, me las planteo todo el tiempo”, concluye.

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Mary Seery Kearney, exsenadora irlandesa: “Si no se regula, esto es el salvaje Oeste”

La exsenadora Mary Seery Kearney (Fine Gael) ha sido y es una de las caras más visibles de la campaña por la aprobación de la nueva Ley de Reproducción Humana Asistida (AHR, por sus siglas en inglés) en Irlanda, que incluye un apartado que regula la gestación subrogada. Abogada de profesión y madre por subrogación, apuesta por los procedimientos nacionales y, según asegura, la nueva ley, que intenta restringir las condiciones para la práctica internacional, fomentará estos procedimientos en suelo irlandés: “Creo que habrá poca gestación subrogada internacional; probablemente Canadá sea el único país que cumpla con los requisitos irlandeses. Esperamos un aumento de la gestación subrogada nacional, que es una de las cosas que pretendíamos con esta ley”.

Aunque otras normativas con el mismo objetivo no han disminuido los procesos internacionales, Seery Kearney –que, tras una experiencia negativa en Ucrania, hizo su procedimiento de subrogación en India– asegura que “legislar” terminará con las prácticas poco éticas: “Siempre he sido consciente de mis responsabilidades no solo como legisladora, sino también como madre por gestación subrogada y defensora de esta legislación. Si no se regula, esto es el salvaje Oeste, mientras que si disponemos de herramientas, tenemos alguna posibilidad de garantizar que nadie sea explotado, porque no solo las gestantes son explotadas. También las parejas [contratantes] lo son, y los niños, quienes tienen derecho a su dignidad y a no nacer estigmatizados”.

Desde la posición de alguien que conoce la industria, se muestra escéptica con las agencias, entes mediadores entre los contratantes, la gestante y la clínica: “Es donde realmente se da la explotación”, dice. Por eso se reafirma en la necesidad no solo de regular, sino de penalizar a aquellas personas que cometan irregularidades. Para ello, deposita toda su confianza en la AHRRA, la Autoridad Reguladora, cuyo cometido es velar para que todos los procesos de gestación subrogada cumplan con la normativa.

“La ventaja de contar con una autoridad reguladora que supervise directamente cada caso es que podrá recopilar información confidencial y, si existe un patrón de pagos, una notificación de pagos o algo similar, simplemente se le podrá quitar la autorización a la clínica en cuestión; o recomendar no viajar hacia hacia algún país en concreto”, explica. 

La exsenadora, que reconoce “el potencial de explotación” que existe en estos procesos, también es consciente de que “no se puede legislar todo”, pero considera que el marco de la nueva norma es bueno y necesario. “La gestación subrogada es tu última opción; no la primera. Yo misma hubiese preferido dar a luz a mi hija; lo habría hecho de buen gusto. Nadie elige la gestación subrogada, ella te elige a ti”, asegura.

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Dinamarca se convirtió a principios de 2025 en el primer país nórdico en permitir la subrogación altruista y, al mismo tiempo, facilitar los acuerdos internacionales para procesos de subrogación comercial. Este cambio legislativo fue impulsado por un caso en el que este país negó la paternidad legal a uno de los dos padres de una pareja homosexual porque la subrogación había sido comercial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció el estatus legal de ambos y, tras esta decisión, el Parlamento danés se puso a redactar una nueva ley.

Los legisladores se centraron en promover el interés superior del menor para asegurarse de que no quedara en un vacío legal. Sin embargo, la nueva ley no adoptó una visión global de los problemas derivados de la subrogación. “Esta nueva legislación simplemente no tiene sentido y no logra alcanzar los objetivos que dice perseguir”, explica Jens M. Scherpe, profesor de Derecho comparado en la Universidad de Aalborg y uno de los principales investigadores mundiales en subrogación.

Entre los aspectos más controvertidos de la ley, Scherpe destaca que no permite a los profesionales sanitarios asistir en la fecundación cuando se trate de subrogación. Incluso cuando la gestante acepta usar sus propios óvulos.

“Si los médicos participan en la subrogación en Dinamarca son penalmente responsables y podrían ser condenados. Así que, básicamente, aunque técnicamente la subrogación altruista está permitida en Dinamarca, en la práctica nadie puede llevarla a cabo”, argumenta Scherpe.

Esto hace que los padres de intención deban viajar al extranjero y llevar consigo a una gestante danesa para el tratamiento de fecundación. Pero no a cualquier gestante. Otra restricción es que solo alguien cercano a los futuros padres o madres puede actuar como gestante. De lo contrario, se presume que la actividad es comercial. El objetivo de esta restricción es evitar la presión, la mercantilización de las mujeres y la influencia indebida. Sin embargo, Scherpe considera que no tiene sentido.

«Si tengo problemas de fertilidad y solo tengo una hermana, y le digo que es la única persona que puede ayudar, ¿puedes imaginar la presión que recae sobre ella?”, añade Scherpe. “Por ello, en la práctica, muchas personas se convierten de repente en ‘amigos cercanos’ de la mujer que actúa como gestante. Y eso tampoco está bien”.

Así, al mismo tiempo que la subrogación altruista sigue siendo casi inalcanzable a pesar de ser legal, la comercial se está volviendo más fácil. Los padres de intención llevan a cabo el procedimiento en el exterior, y luego tramitan sus solicitudes de paternidad antes de que el niño llegue a Dinamarca. Las decisiones de adopción se toman rápidamente.

“Básicamente estamos diciendo a todo el mundo que haga la subrogación en otro lugar. Como nación de personas civilizadas y éticas, realmente no creo que esa sea una posición que podamos asumir”, concluye Scherpe, que acaba de regresar de un viaje de trabajo en Nairobi (Kenia) y ha estudiado cómo funciona la subrogación en lugares tan distintos como India o los países de América Latina. 

Exportar dilemas éticos

Desde el sector sanitario también llegan críticas a la nueva ley. La investigadora y ginecóloga Malene Tanderup Sørensen describe la nueva legislación como poco ambiciosa y cuestiona la falta de consulta a especialistas. “Los políticos que la promovieron estaban muy en contra de la subrogación comercial, y el objetivo no era aumentar su uso en absoluto”, recuerda. “Pero esa será la consecuencia”.

Sørensen señala que al utilizar servicios en el sur global donde no es posible controlar si los derechos humanos de las gestantes están siendo violados, los países nórdicos están transfiriendo problemas éticos a otros lugares.

“Incluso si los acuerdos se hacen en Estados Unidos, no podemos tener la seguridad de las circunstancias culturales, sociales y comerciales en las que se realizan. Es muy difícil garantizar que se hagan de manera ética y con el menor riesgo médico posible”, añade Sørensen.

Facilita legalizar los procesos en el extranjeros

La abogada Traberg Smidt, conocida en Dinamarca por representar a futuros padres de intención,  participó en el grupo que elaboró la reforma legal danesa y ha sido vicepresidenta de Dare Denmark, una organización que apoya la subrogación. Smidt, que casi cada semana recibe nuevos clientes que han recurrido a la subrogación, asegura que los efectos de la nueva ley ya son visibles en su trabajo. Las madres intencionales y las parejas del mismo sexo ahora tienen una posición legal mucho mejor al regresar a Dinamarca con los bebés nacidos en el extranjero.

“Los aspectos prácticos de convertirse en padres mediante la subrogación no han cambiado realmente, porque sigue siendo ilegal utilizar una agencia para encontrar una gestante. Pero toda la parte legal después de regresar a Dinamarca con el niño ha mejorado mucho”, señala.

Aunque celebra el estatus mejorado de sus clientes, Traberg Smidt no está satisfecha con que los tratamientos de fertilidad en casos de subrogación sigan estando prohibidos. Mientras las únicas alternativas sean ir al extranjero o hacer una inseminación casera, seguirá habiendo pocas candidatas para subrogación. 

Esto podría cambiar en el futuro. En junio de 2025, comenzó una iniciativa ciudadana promovida por siete gestantes para exigir que los profesionales sanitarios del país puedan ayudar en la fecundación en casos de subrogación altruista. En solo un mes, la campaña reunió las 50.000 firmas necesarias para ser presentada al Parlamento danés para su consideración.

Traberg Smidt cree que Dinamarca también legalizará las agencias de subrogación en los próximos cinco a diez años, un aspecto que habló con el grupo de especialistas que redactó la nueva ley. Pero “en ese momento los políticos no estaban preparados”, recuerda.

Independientemente de las nuevas leyes que se irán discutiendo y aprobando, los incentivos hacia la subrogación internacional no van a desaparecer. “Siempre habrá personas que vayan al extranjero”, opina la ginecóloga Sørensen. “No podemos crear un sistema donde todos lo hagan en su país de origen, ni debería ser ese el objetivo. Porque nunca se lograría”, argumenta.

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La gestación subrogada comercial está prohibida en todos los países nórdicos, pero la demanda sigue creciendo. Las familias que no pueden concebir ni adoptar localmente viajan cada vez más a países donde la práctica es legal. Estos flujos reproductivos transnacionales plantean urgentes preguntas éticas y legales.

 

La ciudad está envuelta en gris. Un velo espeso de nubes cubre los bloques de apartamentos y el asfalto negro brilla bajo una fina capa de nieve. Con temperaturas bajo cero, los copos son demasiado finos para hacer bolas o muñecos de nieve. Nada de esto importa al niño del parque, enfundado en ropa de invierno, que sube una y otra vez por el tobogán antes de desplomarse en la nieve y mirar el cielo mientras nuevas motas blancas caen sobre él.

Que este pequeño, nacido en Colombia, contemple ahora el cielo del norte es, a la vez,  casualidad y cuidadosa planificación.

Cada año, cientos de europeos del norte con problemas de fertilidad emprenden el mismo viaje: la búsqueda de un hijo propio. Muchos han pasado por años de tratamientos fallidos y frustraciones; algunos ya se habían resignado a no tener descendencia. Entonces aparece una última oportunidad. A veces llega a través de un programa de televisión; otras, en el susurro de enfermera o en asociaciones de familias sin hijos o arcoíris.

El descubrimiento les resulta esperanzador: la paternidad biológica es posible mediante gestación subrogada comercial. Pero ese tipo de acuerdos se cierra lejos, en países como Georgia o Colombia gracias a los vacíos legales, algo impensable en sus países de origen.

En los últimos años, el norte de Europa se ha convertido en un mercado en auge para esta industria. Empresas suecas hacen de intermediarias entre padres que buscan un hijo y clínicas en el extranjero. Mientras tanto, gobiernos vecinos, como el danés, han tratado de frenar la mercantilización de la maternidad con leyes más estrictas. Sin embargo, el efecto no ha sido el esperado: en lugar de limitar el negocio, las restricciones han empujado a más familias a cruzar fronteras, alimentando un sistema que crece en las sombras y bajo regulaciones desiguales.

Suecia: el negocio de las últimas oportunidades

En la pantalla de un ordenador, un hombre de cabello plateado explica, paso a paso, cómo convertirse en padre por subrogación. Habla con autoridad: él mismo recorrió ese camino. Junto a médicos, abogados y otros expertos, asegura a su audiencia que el proceso es ético y seguro. Al otro lado, parejas nórdicas y hombres solteros escuchan atentos. Al final del seminario web, reciben un mensaje: “Si desea saber más, podemos organizar una charla con alguien de nuestro equipo”.

El presentador es Eduardo Afonso, director ejecutivo de Nordic Surrogacy, con sede en Suecia. La empresa lidera el mercado nórdico y ha gestionado cientos de procesos en Estados Unidos, Georgia y Colombia; también en Ucrania antes de la invasión rusa. Según se autodefinen en su página web, no son «un mero intermediario, sino una extensión de las propias clínicas».

La oficina de Nordic Surrogacy está en Estocolmo, en el elegante barrio de Södermalm. Su material promocional destaca la historia personal de Afonso: él mismo fue padre por subrogación en Tailandia en 2014. Esa posibilidad no existe actualmente ya que, un año después, este país prohibió la subrogación comercial tras varios escándalos. El más famoso fue el caso Baby Gammy, cuando una pareja australiana abandonó a su hijo con síndrome de Down y volvió a casa solo con su hermana gemela sana. Los abusos generalizados que sufrían las madres gestantes llevaron a las autoridades a ilegalizar la práctica.

Poco después, en 2016, Afonso fundó Nordic Surrogacy. Comenzó colaborando con la agencia internacional israelí especializada en gestación subrogada Tammuz Family. Tras gestionar el nacimiento de más de 100 niños, a inicios de 2021, la alianza se terminó. Pero Nordic Surrogacy siguió creciendo. Hoy la empresa afirma tener más de 200 procesos en marcha, ha facturado más de dos millones de euros en seis años y su plantilla ha pasado de dos a 17 empleados.

Esto a pesar de algunos escándalos.

En mayo de 2024, la televisión pública sueca SVT emitió un documental en el cual se reportó que Nordic Surrogacy había apoyado la maternidad por subrogación de unos futuros padres de unos 70 años. Eso causó la intervención de los servicios sociales, que les retiraron los niños y describieron las condiciones de vida de la pareja como “deplorables”. Tras ese escándalo, representantes de Nordic Surrogacy dijeron haber introducido un límite de 55 años -o que la suma de la edad de los miembros de una pareja fuese, como máximo, 110-.

Programa estrella en Colombia

El programa estrella de Nordic Surrogacy, gracias a precios competitivos, es el de Colombia. Incluye la “garantía de un hijo” y cuesta 67.000 euros. Si ambos padres quieren dos hijos genéticos simultáneamente con dos gestantes distintas, el precio parte de 110.000 euros. En Estados Unidos, ese precio a menudo no alcanza ni siquiera para un procedimiento único.

Nordic Surrogacy no es la única agencia de gestación subrogada de los países nórdicos que propone programas de subrogación en el extranjero. La empresa con la que antes colaboraba, Tammuz Family, tiene programas en Colombia, México, Georgia, Armenia y Estados Unidos. Por su parte, Fertility Nordic afirma haber dado nacimiento a más de 400 niños con programas que cubren Colombia y Guatemala.

El auge de este mercado no responde solo a la iniciativa privada: también es fruto de las reformas legales. Leyes que buscaban frenar la subrogación comercial y proteger a las mujeres acabaron empujando a muchas familias al extranjero, internacionalizando un negocio que prospera, precisamente, aprovechando las lagunas que esas mismas reformas dejaron abiertas. Es el caso, por ejemplo, de Dinamarca.

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La primera gran intervención de la Corte Constitucional sobre la gestación subrogada en Colombia se dio en el año 2009, con la sentencia T-968, que aborda la validez de los acuerdos y los criterios para la protección del interés superior del niño, así como los riesgos para las partes. La Corte dio unas directrices que más tarde serían tomadas por abogadas y clínicas como el lineamiento bajo el que amparan el procedimiento. La sentencia resalta 10 puntos que, a su parecer, tendrían que ser parte de la regulación:

1. Que la mujer tenga problemas fisiológicos para concebir.
2. Que los gametos que se requieren para la concepción no sean aportados por la mujer gestante (quien facilita su vientre).
3. Que la mujer gestante no tenga como móvil un fin lucrativo, sino el de ayudar a otras personas.
4. Que la mujer gestante cumpla una serie de requisitos como la mayoría de edad, salud psicofísica, haber tenido hijos, etc.
5. Que la mujer gestante tenga la obligación de someterse a los exámenes pertinentes antes, durante y después del embarazo, así como a valoraciones psicológicas.
6. Que se preserve la identidad de las partes.
7. Que la mujer gestante, una vez firmado el consentimiento informado, e implantado el material reproductor o gametos, no pueda retractarse de la entrega del menor.
8. Que los padres biológicos no pueden rechazar al hijo bajo ninguna circunstancia.
9. Que la muerte de los padres biológicos antes del nacimiento no deje desprotegido al menor.
10. Que la mujer gestante sólo podría interrumpir el embarazo por prescripción médica.

En 2022, mediante la sentencia T-275, la Corte Constitucional emitió una tutela que, además de proteger derechos puntuales, exhortó al Gobierno nacional a presentar en seis meses un proyecto de ley para regular la subrogación. El Congreso ha recibido al menos 16 proyectos de ley que pretendían regular la práctica, tanto para prohibirla como para legalizarla con distintas restricciones, pero ninguno pasó los debates en el legislativo.

En 2024, con las sentencias T-127 y T-232, la Corte Constitucional reiteró la necesidad de regulación y detalló condiciones y salvaguardas en decisiones recientes que insisten en que la ausencia de ley no puede sacrificar derechos, como por ejemplo el derecho al aborto que la misma Corte avaló en el año 2022 con la sentencia C-055, legalizando la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación.

Otros pronunciamientos de la Corte

–Definir con claridad la filiación y los procedimientos judiciales: el legislador debe establecer procedimientos seguros y expeditos para que la filiación legal refleje la realidad genética y protectora del menor, evitando litigios prolongados. (T-968/09; T-127/24).

–Incluir medidas contra el riesgo transnacional de apatridia y movilidad de comitentes extranjeros para atender las dimensiones transnacionales de este mercado y evitar situaciones que generen apatridia o conflictos de nacionalidad. (T-232/24; T-275/22).

–Monitoreo estatal, transparencia y sanciones ante prácticas abusivas; apuntando a la necesidad de mecanismos estatales de control, transparencia contractual y sanciones para intermediarios o clínicas que vulneren los derechos de las gestantes y los menores. (T-968/09, T-127/24, T-275/22).

–Regular el consentimiento y solemnidad del acuerdo de subrogación: los fallos remiten a que los acuerdos deben contar con requisitos de consentimiento informado, formalidades y garantías para que no sean contratos de simple comercio. (T-968/09).

–Evitar la comercialización y explotación: límite a la compensación. La Corte ha mostrado cautela ante prácticas mercantiles y ha señalado la necesidad de que la ley fije límites o prohibiciones al lucro para proteger a las gestantes. (T-968/09).

–Condiciones médicas, psicosociales y de idoneidad para la gestante, bajo criterios citados desde la sentencia T-968/09: sobre salud, edad, tener hijos previos, evaluaciones psicológicas y seguimiento médico antes, durante y después del embarazo. (T-968/09).

–Reglamentar el uso y registro de material genético (donantes); remarcando la necesidad de que la futura regulación considere aspectos sobre donación de óvulos y espermatozoides, registro y trazabilidad para proteger derechos y evitar fraudes. (T-275/22).

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“Si eres mujer y buscas trabajo esta es tu oportunidad. ¡Trabaja como gestante subrogada alquilando tu vientre!”.

Muchas mujeres colombianas descubren la posibilidad de ser gestantes subrogadas a través de las redes sociales. A diario, clínicas, agencias, reclutadoras y padres de intención publican sus ofertas, y decenas de mujeres responden atraídas por la promesa de una ganancia significativa. Aunque estos procesos suelen presentarse como altruistas, las compensaciones pueden doblar el salario mínimo anual. La falta de regulación y las profundas desigualdades socioeconómicas impulsan la expansión de este lucrativo mercado.

Para comprender este negocio en Colombia, La Marea ha seguido durante varios meses la actividad de grupos de gestación subrogada en redes sociales; ha visitado clínicas y agencias de intermediación; ha analizado documentos; ha entrevistado a decenas de mujeres –subrogantes, reclutadoras de gestantes, abogadas, legisladoras, profesionales y exprofesionales de las clínicas–. El resultado revela un panorama complejo y a menudo opaco, donde numerosos actores se benefician de los vacíos legales existentes y en el que las mujeres gestantes son la parte más vulnerable del proceso.

Parte I: Sin rastro de altruismo

En el país andino operan 45 clínicas especializadas en reproducción asistida, según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Varias de ellas han expandido sus servicios para incluir la gestación subrogada en su oferta, pese a la ausencia de una ley específica.

Desde el año 2009, la Corte Constitucional ha exhortado hasta seis veces al Congreso para legislar y ha emitido una serie de lineamientos para la realización de los procedimientos de gestación por subrogación, entre ellos que la práctica debe realizarse de forma altruista, es decir, sin ánimo de lucro. También se fijaron requisitos como haber tenido al menos un embarazo y no más de dos cesáreas, que la mujer no tenga un fin lucrativo y no encontrarse en situación de vulnerabilidad psicológica o económica. Sin embargo, no existe una autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de estas directrices y, ante la creciente demanda de gestantes, resulta imposible garantizar que las clínicas las respeten.

“Eso es un tema de responsabilidad social de la clínica, de quien evalúa todo esto”, explica Natalia Afanador, abogada especializada en derecho comercial y familiar, quien trabaja desde hace más de una década asesorando a clínicas y padres de intención. “Hay quien lo maneja con ética, responsabilidad y seguridad, dándole valor al proceso, y otros que solo buscan lucrarse”. El Ministerio de Salud confirmó a través de un portavoz que no tiene mecanismos para supervisar casos individuales ni realizar seguimientos específicos de estos procedimientos.

La mayoría de las gestantes entrevistadas para esta investigación proceden de contextos de precariedad y reconocieron estar motivadas principalmente por razones económicas. Las retribuciones por completar el proceso rondan el equivalente a 10.000 euros –casi el triple del salario mínimo anual colombiano–. Esta cantidad representa alrededor del 17% de los 60.000 euros que de media suelen abonar los padres de intención, también llamados comitentes en los contratos.

“He trabajado como en diez países. Colombia es el mejor país del mundo”, comentó en una entrevista telefónica Bleu Jean Luc Olivier Joel, director de la agencia de intermediación entre padres de intención y gestantes Dreamstork y cofundador en España de World Medical Healthcare SL (anteriormente conocida como Baby Is Life Consulting SL). Joel dice apreciar el hecho de que las mujeres colombianas no suelen pedir dinero extra ni chantajean a los padres de intención a través del bebé: “Las chicas son una maravilla”.

Joel también considera que las mujeres realizan estos procesos por dinero, algo que defiende, ya que en su opinión la subrogación altruista no es justa: ”Le pagan a la clínica, al abogado, todo el mundo recibe algo y la gestante no recibe nada. No es lógico”.

Según José Pablo Saffon, director y asesor científico de la clínica Babynova By Novafem, las cantidades que se pagan a las gestantes se realizan con el dinero que abonan las familias de intención y “siempre están definidas en el marco de la subrogación altruista”.

La ausencia de una definición clara sobre qué constituye altruismo deja amplios márgenes a la interpretación. “Las clínicas se amparan en que son compensaciones, no pagos”, dice la abogada penalista Margarita Useche. Por ello, la Corte Constitucional ha instado al Congreso a legislar para subsanar los vacíos normativos.

Parte II: Acuerdos privados, contratos «opacos»

Una vez aceptadas como candidatas idóneas, las mujeres proceden a la firma de contratos. Analizar los convenios que regulan estos procesos no es tarea sencilla, las clínicas y abogados consultados por La Marea fueron reacios a facilitar sus modelos de contrato de gestación subrogada. Finalmente, periodistas de este equipo accedieron a diez contratos de distintas gestantes y empresas con el fin de revisar sus cláusulas.

Por lo general, las gestantes firman los contratos de subrogación con los padres de intención en las oficinas de las clínicas, mientras que sus contrapartes lo hacen a distancia. En algunos de estos documentos se detallan numerosas cláusulas que, según varias expertas en derecho civil y penal consultadas, podrían estar vulnerando derechos de las mismas mujeres. Por ejemplo, en aquellos casos en que las gestantes se comprometen a no salir de Colombia durante el embarazo y durante los 120 días posteriores al parto. También hay restricciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, que riñen con la última sentencia de la Corte Constitucional: C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. 

El hecho de que las clínicas no aparezcan en estos contratos, pese a ser las prestadoras del servicio médico, resulta problemático según algunas investigadoras y abogadas consultadas. Por el contrario, el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Clínicas de Gestación por Sustitución y asesor legal de Novafem, Simón Hernández, opina que el hecho de que las clínicas no aparezcan en los contratos no implica ausencia de responsabilidad extracontractual. Si la gestante sufre un daño no previsto, puede acudir a los tribunales para exigir responsabilidad extracontractual de la clínica y obtener una indemnización. Hernández enfatiza que “no hay opacidad” en estos acuerdos.

Pero contratar asistencia legal para demandar a una clínica es algo que se antoja imposible para las mujeres entrevistadas, debido a que no cuentan con los recursos económicos para costear los gastos ni pueden emplear el dinero obtenido realizando estos procesos puesto que, por lo general, son un ingreso para sostener a sus propias familias.

Consentimiento médico

Además del contrato privado con los padres de intención, las gestantes firman un consentimiento médico informado en el que el especialista sanitario responsable explica todos los riesgos que conlleva el procedimiento al que se someterán. Ese es el único documento que firman conjuntamente mujeres y personal de las clínicas. 

Ninguna de las entrevistadas durante esta investigación dijo entender realmente cuáles eran los riesgos para su salud de seguir un proceso de gestación subrogada, aunque sí confirmaron que les hacían firmar numerosos documentos en cada consulta médica. Algunas mujeres que ya habían completado el proceso señalan que, pese a haber sentido en ocasiones que se vulneraron sus derechos —por ejemplo, mediante cesáreas que evaluaron como innecesarias—, no se sentían seguras para reclamar por temor a perder todas las compensaciones comprometidas. 

Marcela Gómez Molina, jueza 38 de familia de Bogotá y docente de la Universidad Nacional, remarca el desinterés por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia para estudiar la legalidad de estos contratos. “Si una mujer gestante llega a tener algún problema, va a tener que demandar al médico que puso el embrión en su cuerpo, porque es la persona que tenía que darle el consentimiento informado de lo que fuera a pasar”, señala.

Parte III: El papel de las fundaciones de ‘acompañamiento’

“Un mejor futuro es posible con un Plan, nosotros te brindamos las herramientas para hacer realidad tus Metas”. Es el mensaje que se lee en la página web de la Fundación Deseo de Vida, donde se promociona la posibilidad de “lograr tus sueños” gracias a la subrogación. 

Usualmente, los pagos a las gestantes que las clínicas denominan “compensaciones” no proceden de forma directa de los centros de fertilidad, sino que suelen ser transmitidos por entidades sin fines de lucro creadas con el propósito de apoyar a las gestantes en los temas burocráticos y canalizar el dinero que los padres de intención pagan por estos procesos. En ocasiones, sus directores tienen o han tenido estrechas relaciones con las clínicas. “Se han encargado de dar acompañamiento para evitar abusos”, argumenta la abogada Afanador, que asegura que hacen “realmente un seguimiento humanitario».

Este medio ha podido confirmar -a través de comprobantes de pagos, transferencias bancarias y otra documentación- cómo algunas clínicas recurren a las fundaciones para transferir pagos a las gestantes. En ocasiones, también pagan a reclutadoras, mujeres que ya participaron en procesos de gestación subrogada y que se dedican a localizar a otras para estos procedimientos.

Hacer pagos de cantidades tan elevadas a las mujeres gestantes no es fácil, ya que los procedimientos de subrogación en Colombia deben ser altruistas. Ante una eventual denuncia contra una clínica, “lo primero que preguntaría un juez es: ‘Si no estás en el contrato, ¿por qué pagas?’”, argumenta Natalia Rueda. Por ello, esta investigadora ve una correlación en el hecho de que las clínicas no suelen ser mencionadas en los contratos y que algunos pagos se realicen a través de fundaciones.

Los recibos a los que ha tenido acceso La Marea detallan las cantidades y los conceptos de los pagos, desglosándolos en categorías relacionadas con el apoyo (ingresos mensuales durante el embarazo), los anticipos, las medicinas o, literalmente, la “conducta” de la mujer gestante.

La premisa de que las fundaciones se utilizan para enviar montos de dinero a las mujeres fue negada por el director de la clínica Celagem, Pedro Martínez, quien aseguró a este medio en una primera entrevista que son directamente los padres de intención quienes se comprometen con la gestante asignada para su manutención durante el embarazo.  

Sin embargo, este medio ha podido conocer el intercambio de información entre una gestante de la clínica Celagem y empleadas de la Fundación Grandes Corazones, con sede principal en Panamá y presidida por la esposa del director de Celagem, en el que se menciona tanto los desembolsos de pagos y mensualidades como los trámites burocráticos para afiliar a la gestante al sistema de seguridad social, pensiones y seguro de vida que los padres comitentes están obligados a financiarle durante el embarazo. 

Martínez se negó a hacer comentarios a las preguntas formuladas por La Marea por correo electrónico después de la primera entrevista y una visita autorizada a su clínica. Tampoco respondieron representantes de la Fundación Grandes Corazones.

Por otro lado, la directora de la Fundación Deseo de Vida, exempleada de la clínica Babynova By Novafem, aparece en un documento informativo para gestantes emitido en la primera mitad de 2024, donde se la menciona como responsable de coordinar las compensaciones mensuales. Saffon, director de Babynova By Novafem, aseguró por correo electrónico que en julio de 2024 dejó de colaborar con la fundación y que ahora el acompañamiento se realiza directamente desde la clínica. “Las gestantes reciben compensaciones altruistas, gestionadas de manera transparente por medio de transferencia bancaria dentro del programa, con recursos aportados por las familias de intención, destinadas únicamente a cubrir los gastos y necesidades derivados del proceso de gestación”, recalca Saffon. 

Parte IV: El oficio de reclutar para las clínicas

Los mensajes que abundan en Facebook y WhatsApp buscando gestantes para subrogación en la mayoría de los casos son redactados por mujeres que fueron subrogantes en el pasado y que ahora se dedican a buscar nuevas candidatas para las clínicas, conocidas como reclutadoras.

“Tengo agencias y clínicas que me contactan para reclutar chicas, pero no hago acompañamiento, solamente envío a la chica”, explica Eslendy Rodríguez, una reclutadora que trabaja de manera autónoma buscando mujeres y actuando como intermediaria en la relación tripartita: “Las busco en la calle, a las puertas de los colegios, en centros comerciales, en parques… Les cuento de mi trabajo y experiencia como gestante subrogada”.

Las más experimentadas tienen incluso sus propias agencias o emprendimientos para asesorar y acompañar a las gestantes y a los padres de intención durante todo el embarazo. “[A los padres comitentes] les estoy cobrando 12 millones de pesos (2.600 euros), con un anticipo de 6 millones cuando empiezo a conseguir a las gestantes”, explica.

Lina Garzón, una de las reclutadoras más veteranas y que se autodefine como “asesora”, confirmó que “los pagos los realizan directamente las clínicas” para las que afirma trabajar. En este momento, “hay muchas clínicas que le han dado la oportunidad a las mismas gestantes no solamente de hacer un proceso de gestación subrogada, sino de recomendar a otras chicas que quieran hacer el proceso y poder ganar algo”, explica a través de mensajes de audio.

Distintos testimonios coinciden en que existen reclutadoras que, además, cobran un porcentaje a las futuras gestantes por referirlas a las clínicas. Este medio fue informado sobre las conversaciones entre una mujer y una “agencia de asesoramiento” en las que se fijaba el coste de sus servicios de acompañamiento en un 3% del total que percibiría la gestante por el proceso. A cambio, le aseguraban que encontrarían la opción que le permitiera ganar más de lo prometido en el anuncio.

Dos extrabajadoras de una clínica de fertilidad que pidieron el anonimato por miedo a repercusiones legales afirmaron que las reclutadoras reciben formación por parte de las clínicas y hasta un manual para guiarlas en hacer un primer filtro de las candidatas gestantes. Los pagos a las referidoras suelen oscilar entre uno y dos millones y medio de pesos colombianos (entre 220 y 500 euros) por mujer que queda embarazada.

Este medio ha podido comprobar, en al menos un caso, el de la Fundación Nuevas Familias, un pago de 400.000 pesos colombianos (90 euros) a una referidora “por servicio de bonificación de reclutamiento”. La Fundación Nuevas Familias no respondió a los intentos de contactar con su abogado para aclarar ese documento.

En Colombia, reclutar se ha convertido en un negocio paralelo dentro del entramado de la gestación subrogada. Una actividad que podría acarrear graves consecuencias jurídicas para las mujeres que se lucran de esta actividad, ya que, según algunas especialistas consultadas, podrían estar incurriendo en delitos como la trata y la explotación de personas. 

Según la abogada Rueda, buena parte de estas conductas encajan en las conductas tipificadas como trata de personas: cuando clínicas o fundaciones inducen a otras mujeres a reclutar, “están empujando a cometer el delito”.  Un riesgo que ninguna de las reclutadoras entrevistadas parecía haberse planteado ni conocía. 

Todos los responsables de las clínicas entrevistados han negado trabajar con referidoras o realizar pagos directos a las mismas.

Parte V: Viajar fuera del país para gestar

En ocasiones, reclutadoras en las redes sociales ofrecen a las mujeres la oportunidad de ganar más dinero. Pero para hacerlo, tendrán que salir del país, algo que les genera mucha desconfianza.

Según precontratos, testimonios y lo observado en una visita a la sede de Gestlife en Bogotá, donde opera como Turismed Colombia, se prevé que la gestante se traslade a Albania en dos instancias: una para la implantación del embrión, pudiendo pasar hasta dos meses allí, y en un segundo momento, opcional, para dar a luz. Por esta última modalidad, la del parto fuera del país, las gestantes reciben un pago extra. Además de estas bonificaciones, la agencia les ofrece “un regalo» a elegir de un catálogo: iPhones, lavadoras, televisiones o juegos de sala. 

Trasladar a mujeres colombianas al exterior para gestar es algo que cuestionan algunos abogados y también centros de fertilidad, que quieren actuar conforme a las directrices de la Corte. “Eso no es una conducta adecuada, desnaturaliza absolutamente todo el proceso legítimo de gestación subrogada”, comenta la abogada Afanador.

“No merece la pena”

Colombia lidera la lista de países con mayores índices de desigualdad de la región, lo que hace relativamente fácil encontrar candidatas para suplir la alta demanda de personas buscando tener hijos por subrogación. Las empresas que participan en este mercado transnacional son conscientes de esto y, por ello, hablan de sus programas como una oportunidad para transformar las vidas de dos familias: padres de intención y gestantes subrogadas. 

Son esas mismas carencias económicas las que llevan a muchas mujeres a asumir los riesgos físicos y emocionales derivados del proceso hasta en varias ocasiones. “Algunas mujeres lo toman como un trabajo”, comentó una mujer en un anuncio en Facebook. Algo que confirman las mismas ofertas de las reclutadoras, que a menudo vinculan “alquiler de vientre” con “trabajo” en sus publicaciones.

Pero gran parte de las entrevistadas sostuvieron que no merece la pena “ni económica ni emocionalmente”, afirmando que no volverían a hacerlo y que el dinero, si bien mejora brevemente sus vidas, no es suficiente para suplir carencias estructurales como el acceso a una vivienda digna o a la universidad para sus hijos.

Las historias con finales felices y los discursos altruistas, destacados por los principales beneficiarios de este mercado global, ocultan que también pueden existir finales sombríos: depresiones postparto, cicatrices no sanadas por las cesáreas, dolor crónico, miomas causados por la sobreexposición a hormonas y medicamentos, preeclampsia graves e incluso en el caso de situaciones extremas, aunque no representativas, la pérdida del aparato reproductor de las mujeres u otros órganos vitales. Una realidad silenciada detrás de los montos de dinero.

Este reportaje forma parte de una investigación sobre la industria de los vientres de alquiler desarrollada con la financiación de Journalismfund Europe.

La entrada [INVESTIGACIÓN] Gestación subrogada en Colombia: un mercado en auge que sortea la ley se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo sobre la industria de los vientres de alquiler en Colombia se publicó originalmente en #LaMarea108. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

«Cuando seas grande no recordarás que naciste en un país extranjero. Cuando seas grande no recordarás mi voz. Cuando seas grande no recordarás que pasaste un día de las madres conmigo», escribió Martha* en tinta roja sobre un cuaderno escolar de rayas como los que usa su hija de cuatro años. La destinataria de su carta, una bebé de siete semanas, vive ahora a más de 8.500 kilómetros de distancia, en Francia, pese a haber pasado nueve meses dentro de su vientre, en Colombia.

En la pequeña casa familiar de esta mujer de treinta años, las figuras infantiles de arcilla con las que se gana la vida se mezclan sobre la mesa con los únicos objetos que conserva del proceso de gestación subrogada: una gran bolsa con docenas de cajas de pastillas, hormonas, vitaminas; una carpeta con documentos médicos; una ecografía y una foto enmarcada de la recién nacida. En su cuerpo, la cicatriz de la cesárea de emergencia que le realizaron debido a la preeclampsia con la que ingresó en la UCI a finales de julio. La herida imborrable del alquiler de su vientre.

«Inicié por lo que todas inician, por una necesidad económica». El futuro y sustento de su hija estaba a un clic de distancia. Solo tenía que responder a uno de los centenares de mensajes que aparecen a diario en las redes sociales y grupos de WhatsApp: «Estamos en búsqueda de mujeres generosas que deseen realizar el hermoso acto de gestar para ayudar a formar otra familia. Ofrecemos excelentes beneficios, hasta 53 millones de pesos (11.547€)» o «Seguimos en búsqueda de chicas que quieran trabajar como gestantes, que quieran llevar un proceso de alquiler de vientre, también recibimos venezolanas viviendo en Bogotá», rezan los anuncios.

Martha pidió información a las autoras de los mensajes, conocidas como referidoras –mujeres que ya pasaron por el proceso y que se ganan un dinero extra reclutando a futuras gestantes para las clínicas y agencias–; llamó a un par de centros de reproducción asistida y, como parte de su proceso espiritual, acudió a unas ceremonias de ayahuasca antes de tomar la decisión de alquilar su vientre a una pareja homoparental francesa. «Empatizas con ellos. Yo tardé dos años y ocho meses en tener a mi hija», dice sobre su largo camino en la maternidad.

Una vez eligió la clínica de fertilidad en Bogotá, el centro revisó sus antecedentes judiciales y los de su pareja. Pasó una serie de exámenes médicos y pruebas psicológicas hasta obtener el visto bueno del centro. Tras ello, firmó un contrato con los padres de intención con la mediación de una abogada pagada por los mismos e inició el proceso de preparar con hormonas su cuerpo para la transferencia de un embrión formado con el esperma del padre de intención francés y un óvulo de una donante anónima.

«Las mujeres en Colombia le tienen miedo al qué dirán, a alzar la voz. Nadie se atreve a decir cómo son realmente las cosas. A una le hablan de los pagos, de lo bonito, y le endulzan el oído, pero en el proceso te das cuenta de que enfrentamos muchos riesgos», dice a dos días de cumplir la cuarentena del parto. Entre susurros en las salas de espera de los centros médicos, a través de mensajes de texto o en el transporte de vuelta a sus barrios, las mujeres subrogantes hablan. A media voz se relatan los casos de violencias obstétricas que viven sus compañeras anónimas, opinan de médicos, clínicas y compensaciones; del llanto después de entregar a los bebés, del fantasma de las depresiones posparto que se les impide nombrar. «Muchas se quedan calladas o no expresan lo que están sintiendo por miedo a que no les entreguen su bonificación», reconoce Elena*, madre subrogada de gemelos.

El perfil: mujeres jóvenes, con hijos, de contextos empobrecidos

Si bien tanto clínicas como abogadas exigen que las mujeres cumplan con ciertos requisitos socioeconómicos, médicos y judiciales para entrar a estos programas, nadie puede garantizar que las gestantes dicen la verdad a la hora de intentar acceder a ellos. Muchas mujeres se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y precariedad económica extremas, por lo que tergiversan la información en las entrevistas –aconsejadas por otras mujeres que ya pasaron las pruebas– para poder acceder, confirman varias gestantes. En los grupos de Facebook, las más veteranas aconsejan a las nuevas sobre qué decir o cómo preparar sus casas si las trabajadoras sociales de las clínicas las visitan. A veces, cuando son rechazadas en una clínica, acuden a otra hasta que las aceptan. «Si las rechazábamos, se iban para otra clínica que era más flexible», explica Paulina*, extrabajadora de un centro de fertilidad.

Tampoco existe un ente estatal que se encargue de verificar que los centros de fertilidad están cumpliendo fielmente con los lineamientos que emitió la Corte Constitucional. «Una compañera me dijo: “Están pasando mujeres a las que tú no le diste la aprobación, gente con antecedentes”», dice sobre cómo también las clínicas hacen la vista gorda ante la alta demanda de padres de intención en busca de vientres de alquiler en el país andino. Un secreto a voces que se repite entre las mujeres entrevistadas.

Teniendo en cuenta que el 43% de los trabajadores colombianos gana menos de un salario mínimo al mes, equivalente a 1.423.500 pesos (310 euros, al cambio en septiembre de 2025), según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ofertas como las que aparecen constantemente en redes sociales resultan muy atractivas en los márgenes de la capital, a muchos kilómetros de los barrios más exclusivos del norte de Bogotá, donde se encuentran las clínicas de reproducción asistida.

La decena de mujeres gestantes entrevistadas durante esta investigación proceden de barrios populares y empobrecidos de las periferias; la mayoría no contaba con un trabajo estable antes de acceder a alquilar su vientre. Todas tienen hijos propios vivos, uno de los requisitos indispensables para poder acceder a los programas de subrogación. Esto último reduce, según el personal de las clínicas, el riesgo de que las mujeres intenten quedarse con los niños que incuban, teniendo ya una o varias bocas que alimentar en sus propios hogares.

La asimetría socioeconómica entre los padres de intención –en su mayoría extranjeros con un poder económico alto– y las gestantes desvela un desequilibrio entre los actores implicados en el mercado gestacional, como señala la ONU en el informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, hecho público en agosto de 2025.

¿«Ayudar a unos papitos» o necesidad económica?

«Mi pago total fueron 55 millones de pesos (11.985 euros): 2.800.000 pesos por diez mensualidades, un bono mensual de alimentación de unos 300.000 pesos, un bono para transporte, un bono para ropa y un bono por buen comportamiento al finalizar», que se traduce en acudir rigurosamente a todas las citas médicas, explica Martha. Las mujeres pueden recibir un pago extra de hasta seis millones de pesos (1.307 euros) si el embarazo es múltiple. Pese al carácter altruista nombrado en los contratos, a esa factura económica se le suma la compensación o reconocimiento que ofrecen los padres de intención y que complementa la otra mitad del total. Un «regalo» que solo se entrega después de que las partes firmen ante un notario los documentos necesarios para sacar al infante del país, y la mujer gestante renuncie a la maternidad.

Martha firmó esos documentos en presencia de los padres de intención y de la abogada proporcionada por la clínica y así se cerró el proceso. Con el dinero obtenido se compró un vehículo para trabajar y pudo llevar a su hija a un parque acuático cerca de Bogotá. «No da para comprar una casa», expresa con pesar la joven. «Las más imprescindibles en el proceso son las gestantes, pero no son las que reciben el pago más justo», lamenta.

Tras concluir el proceso, la psicóloga de la clínica calificó a Martha como «una muy buena gestante» y le propuso trabajar como referidora, pudiendo ganar hasta 2.000.000 de pesos (437 euros) por cada chica que captase para la clínica.

El ‘altruismo’ y las compensaciones que reciben las gestantes generan un fuerte debate entre los que buscan tanto regular como prohibir. «Permitir la remuneración en este tipo de negocios jurídicos comporta la cosificación de ella y de su vientre, la mercantilización de su cuerpo y abre paso a eventuales casos de trata de seres humanos y tráfico de niños y niñas», señalaba el más reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá.

Andrea*, profesora de infantil, narra que no conocía los pagos a la hora de tomar la decisión de gestar para una familia heteroparental, sino sólo del carácter altruista y vocacional bajo el que se ampara la práctica en Colombia. «Yo era la más dichosa porque ya había cumplido con mi cometido; ver a la madre así de feliz con la niña», asegura. Pese a su voluntad altruista de ayudar a una familia, Andrea señala que no lo haría sin una compensación económica por los riesgos médicos que conlleva un embarazo subrogado, con tasas de complicaciones obstétricas más altas que una gestación común.

Diana*, una venezolana embarazada de 37 semanas en el momento de la entrevista, tenía claro que ese dinero sería el billete de regreso a su país y el aval de su futuro negocio de comidas: «Me imagino ya dándole la niña a los papás y regresando a casa». Las motivaciones son tan diversas como las mujeres que participan en el mercado, pero todas reconocen la necesidad de una compensación monetaria por el alquiler de su vientre.

«Una de las preguntas que les hacíamos era: ¿qué te motiva a realizar el proceso? Obviamente teníamos que convertir la respuesta en algo que fuera socialmente aceptable […] pero en sus casas nos decían: “Mira, te voy a ser muy sincera, yo tengo muchas deudas”», admite Paulina, añadiendo que el mayor interés de las mujeres era la parte económica. Por eso, muchas repetían el proceso, poniendo en riesgo sus vidas.

Elena, que realizó el primer proceso en 2023 con el fin de costear la universidad de su hijo mayor, pero no le alcanzó la plata, es crítica con el negocio: «Siento que el apoyo económico y el apoyo emocional que dan no es suficiente para el trabajo que hay que realizar». Por ello, buscó dónde alquilar nuevamente su vientre, llegando a tener un precontrato con una agencia internacional. Le asustó que trasladaran a las mujeres a Albania para la transferencia del embrión y el parto.

No se rindió. Buscó otra clínica, pero tuvo un aborto espontáneo pocas semanas después de la transferencia embrionaria: «Me detectaron un mioma, consecuencia de todas las hormonas que me dieron. Yo estaba bien cuando inicié». El centro cesó el proceso sin hacerse cargo, como ella misma solicitó, de practicarle una histeroscopia para extraer el mioma. «Después de que el bebé no está contigo, baja la atención hacia ti […] Dejas de ser importante porque ya no tienes lo que les interesa», denuncia Elena desde el salón de su casa.

Ni regulación ni prohibición: turismo reproductivo al alza

En Colombia, la gestación subrogada no está regulada, tampoco prohibida. Desde 2009, la Corte Constitucional ha exhortado hasta seis veces al Congreso de la República a legislar en esta materia mediante sentencias pragmáticas que reconocen la realidad de la práctica como un acto altruista y buscan priorizar el interés superior de las infancias.

«La rama legislativa no ha querido legislar en Colombia, le toca entonces pronunciarse a la rama judicial, a la Corte Suprema de Justicia», apunta Marcela Gómez-Molina, profesora de la Universidad Nacional y Jueza 38 de Familia de Bogotá. También una de las voces más críticas, quien en sus fallos defiende la pluriparentalidad bajo el argumento de que cuando hay una subrogación de vientre «hay dos madres: la madre genética (la que aporta el óvulo, en su mayoría donantes anónimas) y la madre biológica (la mujer que lo gesta)», e incluso una tercera: «la madre de crianza».

En ningún caso la mujer que gesta y da a luz puede aportar sus óvulos para el procedimiento, según dictaminó la Corte en la Sentencia T-968 de 2009, que establece además diez requisitos que los procesos de gestación subrogada deben seguir. «Todas las clínicas de fertilidad que existen creyeron o interpretaron que en Colombia estaba regulada la maternidad subrogada y que es legal», cuestiona la jueza, en referencia a la posición de la Corte, que no es una regulación per se.

La abogada Nadia Afanador, que trabaja desde hace más de una década mano a mano con las clínicas de fertilidad, asesora a sus clientes interpretando ese vacío legal. Sobre una larga mesa de cristal en una habitación de su oficina, tres futuras gestantes pasan las páginas de los contratos buscando algo que no aparece en el documento. Una cifra, tal vez. La Corte determinó «que era un acuerdo humanitario altruista en el cual una mujer humanitariamente prestaba su vientre para gestar un bebé y darle un nacimiento», defiende.

Según la legislación colombiana, la madre es la mujer que da a luz, sin importar que no tenga el ADN del neonato, y así lo debe inscribir el médico en el acta de nacimiento y, posteriormente, en el registro civil. Por ello, después del parto, el padre de intención debe pedir ante un juez de familia la impugnación de la maternidad, con la prueba genética como referencia, y si éste lo aprueba se borra completamente a la mujer gestante de cualquier documento legal.

Para evitar el riesgo de que los bebés queden sin nacionalidad [apatridia], este año la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ordenó incluir a la mujer gestante en el registro civil de una recién nacida mediante subrogación. «Ante la prueba del certificado médico que refiere el nombre de la mujer que vivió el parto, debe necesariamente incluirla como madre en el respectivo registro civil de nacimiento», apunta el tribunal en su fallo.

Unas actuaciones de los juzgados de familias que, según Natalia Rueda, abogada y docente de la Universidad Externado, van en dos líneas: «la que dice que la gestante es madre, hablando de pluriparentalidad, y otros que dicen que no es madre, pero la tengo que tener en el registro para evitar el riesgo de apatridia».

En otras ocasiones, la Corte Constitucional emitió sentencias en la misma línea, reconociendo que la maternidad subrogada conlleva un riesgo implícito de apatridia para los infantes nacidos bajo esta modalidad, y ha exhortado al Congreso a legislar sobre estos procesos.

Desde 1998, al legislativo colombiano le han llegado más de 16 proyectos de ley para su regulación, unos encaminados hacia la prohibición total, otros para legitimar la práctica con diferentes restricciones. Todos fueron archivados sin éxito. «Colombia cuenta con un sistema normativo lo suficientemente fuerte y complejo para poder entrar a hacer un análisis, una vigilancia y un control de este tipo de cosas. Y no lo ha hecho», señala Margarita Useche, especialista en derecho penal y derecho médico de la Universidad Externado.

Debido a las sentencias emitidas por algunas juezas de familia, que están retrasando y entorpeciendo las impugnaciones a la maternidad en Colombia, algunas agencias internacionales ofrecen a las mujeres colombianas realizar los procesos en países como Albania y Georgia, para facilitarle a los padres de intención los trámites burocráticos de los recién nacidos.

La Marea habló al respecto con dos mujeres colombianas que se encontraban en las capitales de ambos países –Tirana y Tiflis– realizando sendos procesos, y también con una reclutadora para el Centro Reproductivo Georgiano-Alemán (GGRC). Además, visitó las instalaciones de la agencia española Gestlife en Bogotá, donde se le brindó toda la información sobre los procesos en Albania y le explicaron los beneficios de realizar el proceso en el extranjero.

Clínicas de fertilidad: un mercado en expansión en Colombia

Mientras el multimillonario negocio de los vientres de alquiler permanece en un limbo jurídico, el mercado y sus actores aprovechan esa zona gris; y cada vez son más las empresas de reproducción asistida que llegan al país, sacando provecho a esa falta de normatividad. Pese a que no hay datos sobre el número de clínicas que realizan procesos de subrogación ni cifras oficiales de cuántos procedimientos se realizan al año, en Colombia están registradas 45 unidades de medicina reproductiva.

Según el director de Novafem/Babynova, José Pablo Saffon, el aumento de la demanda de estos procesos en Colombia se debe a que «cada vez más familias buscan alternativas seguras y éticas, y encuentran en Colombia un acompañamiento médico integral y de calidad».

La Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana, que hasta la fecha no ha querido hacer comentarios, agrupa 32 de 35 centros donde se realizan los procesos de subrogación. La abogada Natalia Rueda sostiene: «Aquí tenemos una industria que nos está pintando un cuento de hadas donde no se muestran los casos de fracaso y donde además hay también una visión utilitarista».

Investigadoras, académicas y miembros del equipo de trabajo de una congresista que fueron consultadas durante esta investigación, hablan del fuerte lobby de las clínicas y agencias de fertilidad. «Nos invitaron a un desayuno donde estaban algunos dueños de clínicas (…) Nos dijeron: “Ustedes tienen la posibilidad de regular a favor de los derechos de las mujeres o de ser unos antiderechos como los que prohíben el aborto”», apunta Paula Forero, quien trabaja para la congresista Jennifer Pedraza, opositora a los vientres de alquiler.

A menos de un año de las elecciones generales, con la campaña electoral ya en marcha, y el desinterés del gobierno progresista de Gustavo Petro por incorporar en su agenda política la cuestión de la subrogación, son los mismos dueños de las clínicas quienes buscan promocionar el mercado entre los tomadores de decisión. «Si tú observas los eventos promocionales, los pagan las clínicas. Los que tienen la plata hacen las invitaciones», denuncia la abogada penalista Useche.

Para la investigadora Rueda, contraria a lo que denomina explotación reproductiva, «las personas que trabajan dentro del Gobierno se dicen feministas, pero con una visión neoliberal, y sobre esa base están promoviendo la legalización de la maternidad subrogada. Todo apunta precisamente a generar una estructura jurídica que termine protegiendo a la red de intermediarios, a la red de clínicas, a los padres de intención y la mujer queda obviamente en la situación de mayor vulnerabilidad».

Según un informe del Global Market Insight, el mercado global de la gestación subrogada se estimó en 22.400 millones de dólares en 2024. Se prevé que crezca de 27.900 millones de dólares en 2025 a 201.800 millones de dólares en 2034. «Esta industria no solo explota mujeres y mercantiliza niños, sino que explota también el deseo de estas personas de ser padres y madres», añade la experta.

Las prohibiciones en Europa o la guerra en Ucrania también movilizaron este negocio transnacional a países de América Latina sin una regulación clara, donde las desigualdades económicas, que golpean especialmente a las mujeres, son terreno fértil para la creciente demanda, beneficiando también a los padres de intención, en su gran mayoría extranjeros.

«Al final esto es un acto libre de una mujer que decide libremente traer al mundo el bebé de unos padres. En todo momento se vela por la salud de la gestante y que no le suponga ningún coste económico», justifica Alberto, quien, junto a su pareja, son padres de un bebé nacido por gestación subrogada en el país andino. «Hay que dotar [los procesos] de mayor naturalidad», dice el español.

Juana*, madre subrogada de 29 años, tiene una opinión distinta: «Esto es un negocio. Nosotras somos utilizadas, somos una incubadora. Nos utilizan, tienen su recompensa, que es su bebé, y ya». Salir de Colombia con un bebé propio entre los brazos cuesta entre 50.000 y 70.000 euros; la mitad de lo que valdría en países donde los vientres de alquiler llevan décadas regulados, como Estados Unidos. «Tenemos que seguir con nuestras vidas. Yo lo que quiero es que a mi hija no le falte nada». Para ella, como la mayoría, ese fue el principal motivo por el que, un año y medio después de tenerla, comenzó a pedir información a distintas clínicas sobre los procesos de subrogación.

Contratos y cláusulas abusivas

Las páginas webs de las clínicas, teñidas de colores pastel, imágenes de recién nacidos y embarazadas felices, resaltan el acto altruista y humanitario de estos procesos: «Cada vida que nace nos inspira. Si el amor y la ciencia se unen, suceden milagros».

Sin embargo, «el acto altruista con el que lo quieren disfrazar no es 100% real», aclara Martha. Un relato que se repite. El equipo de periodistas de La Marea revisó varios contratos, redactados por bufetes de abogados que trabajan para las clínicas, y todos ellos esconden la suma real que ofrecen a las gestantes una vez entregado el bebé a los padres de intención.

«La gestante subrogada no tiene fines lucrativos con la realización del procedimiento de reproducción asistida científicamente, su participación es de carácter eminentemente altruista con el único fin de ayudar al padre biológico para completar su núcleo familiar», puede leerse en uno de los documentos analizados.

«Las cláusulas de los contratos limitan los derechos de la mujer a disponer de su propio cuerpo, atentan a la dignidad humana», dice la jueza Gómez. En sus páginas aparecen restricciones a la movilidad de la gestante durante el embarazo o limitaciones sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho amparado por la Corte Constitucional bajo tres causales desde el año 2006 y, posteriormente, regulado hasta la semana 24 de gestación con la sentencia C-055 de 2022. «Cumplir con la cláusula de prohibición especial, interrupción de embarazo y de confidencialidad insertas en el presente acuerdo», se lee en los contratos que firman las mujeres antes de iniciar el proceso, muchas veces sin tener la claridad total ni la información real sobre las implicaciones y vulneraciones a sus derechos que pueden contener esos escritos. «Lo que percibí es mucha desinformación. A estas mujeres les venden un proceso maravilloso, bonito […] después me di cuenta de que se las instrumentaliza mucho», lamenta Paulina, extrabajadora de una clínica de fertilidad.

Es precisamente ese grito enmudecido por el miedo el que impera en sus historias, en contraste con la publicidad y los casos de éxito que muestran las clínicas y padres de intención. «En este cuaderno quiero dejar plasmado un tema de mucho interés del cual siento que tenemos mucha desinformación. Es un tema tabú aún señalado, juzgado y por algunas personas romantizado. Quiero contar mi experiencia personal alquilando el vientre», así inicia Martha el cuento que durante nueve meses comenzó a escribir como catarsis de un proceso que, por ahora, no volvería a repetir.

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«Se buscan mamitas»

Las referidoras son el primer filtro del proceso. Su labor consiste en encontrar gestantes o «cigüeñas», como aparece en la página web de la agencia de Lina Garzón, quien se autodefine como «asesora». Para ser seleccionadas, las mujeres deben cumplir los requisitos que piden las clínicas para acceder a los programas de gestación subrogada. Estos –como también indica Garzón en su web– son: estar en edad fértil, tener entre 20 y 38 años; tener al menos un hijo vivo; estar sana y no fumar; ser colombiana o extranjera con documentos verificables, entre otros.

Para encontrarlas, Garzón busca en los múltiples grupos de Facebook y WhatsApp, donde cuelga anuncios casi a diario, y a través del boca a boca, mediante «mujeres que han hecho el proceso conmigo y que me recomiendan», añade. Ella dice ser una de las primeras mujeres en alquilar su vientre en Colombia. Lo ha hecho en dos ocasiones, la primera en 2013. Desde hace una década trabaja con su propia agencia como «asesora» para los centros de reproducción asistida y agencias más populares.

En la actualidad son las mismas clínicas las que dan la oportunidad a las gestantes, «no solamente de hacer el proceso de subrogación, sino de recomendar a otras chicas y poder ganar algo», asegura Garzón. Esto hace que se genere una mayor competencia entre las referidoras y disputas que quedan patentes en los mismos anuncios de Facebook.

Encontrar gestantes de este modo libera a las clínicas de que se las responsabilice de manipular a las futuras pacientes o de delitos como la trata o explotación de personas, ya que son las mujeres las que, solas o referidas, llegan a pedir información a los centros. «Las referidoras nos ayudaban a que, en temas de convocatoria, se viera como si las futuras gestantes llegaran a nosotros solicitando la información. Una vez teníamos sus mensajes de que ellas estaban solicitando información, ya nos cubríamos legalmente en ese aspecto», explica Paulina, extrabajadora de una clínica en Bogotá.

Según nos han narrado algunas mujeres que trabajan reclutando y acompañando a gestantes, los pagos pueden llegar hasta los dos millones y medio de pesos (547 euros) por proceso exitoso. «La clínica es la que nos hace los pagos. El 50% cuando la mujer sale apta y el otro 50% cuando está en la semana 12 de embarazo», afirma Garzón.

Algunas gestantes han denunciado que las mismas reclutadoras les exigen un porcentaje del pago que reciben de los padres de intención, clínicas y fundaciones a cambio de ayudarlas a pasar los controles de los centros y poder acceder a los programas de subrogación.

* Los nombres de todas las gestantes fueron cambiados para proteger su identidad y por motivos de seguridad.

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Este reportaje fue realizado con la colaboración de Marco Dalla Stella. Es la primera parte de una serie sobre el panorama actual del creciente mercado de la gestación subrogada en Colombia y sus implicaciones.

Este dossier de investigación sobre la industria de los vientres de alquiler ha sido desarrollado con la financiación de la organización Journalismfund Europe.

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La legislación de Georgia es muy transigente con la maternidad subrogada comercial. Esta permisividad se basa en una insuficiencia regulatoria manifiesta. No desarrolla las especificidades del procedimiento ni tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir en el embarazo, lo que abre las puertas a la libre interpretación y la informalidad.

Un procedimiento de gestación subrogada en Georgia puede costar entre 70.000 y 80.000 dólares, de los cuales unos 20.000 son para la madre gestante, a pesar de que algunas clínicas aseguran que ahora, al haber aumentado la demanda tras la invasión rusa en Ucrania, las gestantes están pidiendo más. El salario anual de un ciudadano medio en el país caucásico está en unos 4.500 dólares.

Los procedimientos de reproducción asistida, incluida la gestación subrogada, se rigen por la Ley de Protección de la Salud y Planificación Familiar de 1997. La gestación subrogada, tanto altruista como comercial, está permitida en este país, aunque restringida a personas heterosexuales. El 90% de las parejas que llevan a cabo este procedimiento son extranjeras.

La ley, sin embargo, no desarrolla las especificidades del procedimiento, lo que abre las puertas a la libre interpretación y la informalidad. Tal y como destacan las académicas Mariam Darchiashvili y Elene Gavashelishvili, «la legislación establece un marco dentro del cual las agencias y las clínicas crean sus propias regulaciones, permitiendo a los actores gestionar las negociaciones y los procesos». Esto se suele traducir en una vulneración de los derechos de las gestantes.

La abogada georgiana Nino Boveragdze, experta en este tipo de procesos, se muestra crítica con la falta de especificidades en la ley: «Ni siquiera aparece la palabra ‘subrogación’; se le llama fertilización extracorpórea». Boveragdze añade que tampoco hay una legislación clara en materia de ovodonación y de criopreservación de material genético.

En Georgia, los contratos de gestación subrogada se firman bajo acta notarial pública, lo que significa que el notario verifica si el acuerdo cumple con las leyes. «La ley estipula los términos principales que deben ser cubiertos en los acuerdos, pero no se especifican las condiciones que tiene que cumplir la gestante o la donante. La ley también determina que los futuros padres tienen que estar casados o haber convivido durante al menos un año», explica la abogada. En este contexto, el papel de los abogados es fundamental, ya que será su trabajo el que determine el grado de protección que recibirán las gestantes.

Respecto a los imprevistos en el embarazo, el parto o el puerperio, no hay nada previsto en la ley; tampoco está regulado el límite de edad, ni para contratantes ni para gestantes; ni el número de transferencias embrionarias a la gestante o la cantidad de veces que se puede someter al procedimiento.

Desde el Ministerio de Salud de Georgia, además, no dan datos sobre estos procedimientos; pero sí se sabe que no están registrados con precisión y que las estadísticas sobre este procedimiento son escasas.

En 2023, en plena negociación de adhesión a la Unión Europea, el Gobierno georgiano empezó a trabajar en un proyecto de ley para prohibir la gestación subrogada comercial y permitir solo la altruista. En junio de ese mismo año y de manera inesperada, el Gobierno anunció que prohibiría la subrogación a las parejas extranjeras. Sin embargo, la presión de los lobbies hizo que ninguna de las dos reformas llegara nunca a implementarse.

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