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La entrada Acratador 13Nov25 se publicó primero en Radio Topo.
Elena* alquiló su vientre para pagar la universidad de su hijo mayor. Esta colombiana gestó gemelos para una pareja extranjera, pero afrontó importantes secuelas físicas y emocionales. El dinero que le pagaron, además, no resultó ser suficiente para su propósito.
Elena* tuvo su primer hijo siendo menor de edad, con tan solo 15 años. Seis años después nació su segundo hijo varón, que hoy la supera en altura. La última vez que tuvo un parto, la primera por cesárea, fue en diciembre de 2023. El doctor que la atendió registró dos niños prematuros en el acta de nacimiento. El nombre de Elena puede leerse junto a la palabra “madre”, pese a que ella no puso el óvulo para la gestación de los gemelos, que ahora viven en Israel. Una pareja homoparental israelí pagó una alta suma de dinero para que Elena gestara por subrogación a sus hijos en Colombia.
Como la mayoría de mujeres colombianas tomó la decisión de alquilar su vientre por razones económicas. ¿La suya? Pagar la universidad de su hijo mayor para que éste cumpliera su sueño de estudiar electrónica y sistemas. Desde hace cinco años, ella es la única responsable de los dos menores de edad, por lo que su familia aceptó la decisión, pero nunca habló del tipo de embarazo que estaba llevando a cabo con el resto de la comunidad en su barrio a las afueras de Bogotá, la capital. “Me sacrifico, mi hijo se lo merece, pero no es fácil”, pensó.
La mujer, de 32 años, empieza contando por teléfono que la vida de su familia cambió con el proceso de subrogación. Dejó su trabajo confeccionando lencería, lo que le permitió pasar más tiempo con sus hijos puesto que con la mensualidad que le ingresaba la clínica, unos 2.300.000 pesos, cubría su manutención y las deudas. Con esfuerzo, logró reunir suficiente dinero para comprarles un ordenador para las tareas escolares. “Les pude mejorar la calidad de vida, de sus estudios y emocionalmente también porque podía estar más pendiente”.
Un colchón sobre el suelo, ropa tendida, una foto escolar de su hijo menor colgando de la pared de la sala y una pila de cajas de cartón completan su nueva casa, a una cuadra del hogar de su madre. Elena tuvo que regresar al barrio popular que habita su familia por presiones de su expareja, quien está en prisión.
Sentadas en un sofá, explica que el dinero de las mensualidades se lo gastaba principalmente en alimentarse bien para mantener un embarazo gemelar saludable y que las mensualidades, si bien mejoraron brevemente sus vidas, no eran suficientes para sostener a su familia: “Ellos dicen que no lo tienes que tomar como un ingreso, sino como algo adicional; pero al tiempo te piden que no trabajes. No es justo”.
–¿En qué consisten los pagos?
–Desde que sale el positivo te dan unas mensualidades de 2.300.000 pesos (507 euros) y un bono para ropa de 600.000 pesos. Al finalizar me dieron 37 millones, porque me debían dos mensualidades, y estaba incluido el bono de buen comportamiento por acudir a las citas médicas y no hacer esperar al chófer de la ruta de gestantes. Y los seis millones de pesos extras por el embarazo doble.
Elena hizo los cálculos. La fundación, vinculada a la clínica y encargada de pagar a las gestantes, le ingresó un total de 55 millones de pesos por todo el proceso, unos 12.000 euros. Debido a que, bajo amenazas, tuvo que prestarle dinero al padre de sus hijos, el monto no alcanzaba para costear toda la universidad del mayor. Volvió a las matemáticas: necesitaba realizar al menos cuatro procesos para pagar toda su educación superior. Algo que no está permitido en Colombia, pero que tampoco está controlado por ningún ente estatal.
“Tú comparas la infancia de esos niños con la infancia que llevaron mis hijos y es totalmente diferente. Unos arriba y otros abajo”, dice con sus ojos redondos y color avellana clavados en el suelo. Es el quejido silencioso de una madre que, como otras compañeras de proceso, ponen en riesgo su salud para sacar adelante a sus propios hijos. “Hay mucha desigualdad. Los padres solo se enfocan en su deseo de formar una familia, ignorando lo que pasamos nosotras durante el embarazo”. Esta vez, su voz no tiembla con el reclamo.
Durante el embarazo su cuerpo también cambió. Debajo de los jeans ajustados y el jersey rosa que viste se esconde una faja reductora color beis que abarca desde lo alto del vientre hasta las pantorrillas. Un intento por recuperar su figura. El embarazo gemelar hizo que su cuerpo se expandiera tanto que, casi dos años después, las estrías todavía tienen un color carmín. Escondida entre los pliegues de piel flácida, una gran cicatriz atraviesa su abdomen. “Tu cuerpo se va llenando de hormonas porque es prácticamente un embarazo artificial. Cambia mucho durante el embarazo”.
Elena reconoce que, debido a esa marca, sus relaciones íntimas cambiaron. Siente vergüenza de su propio cuerpo y cuestiona la falta de información sobre los riesgos para la salud que implican estos procesos. Dice que nunca pensó en invertir el dinero obtenido en recuperar la forma del cuerpo de una mujer saludable en la treintena; la prioridad era la educación de su hijo. Tras el primer proceso de gestación subrogada su menstruación también cambió y comenzó a tener hemorragias y cólicos muy fuertes. La ginecóloga le dijo que se debía a las hormonas. “Son cosas que nadie te cuenta. Ellos te lo pintan todo bonito, pero no te explican los riesgos que hay”.
Si bien ya había escuchado por conocidas hablar de los vientres de alquiler, no fue hasta finales de 2022 cuando decidió convertirse en gestante subrogada. A través de las redes sociales contactó a una reclutadora, una exgestante que trabaja refiriendo mujeres a las clínicas de fertilidad. Ésta le explicó los beneficios económicos de gestar por subrogación y la puso en contacto con el centro donde llevaría a cabo su proceso, a más de 30 kilómetros de su casa.
Primero la visitó una trabajadora social, que revisó que Elena tenía unas condiciones de habitabilidad dignas para llevar a cabo un embarazo. Check. Estudiaron sus antecedentes judiciales. Check. Después, las múltiples pruebas médicas y ginecológicas para comprobar el estado de su útero y su salud. Check. En una pequeña sala de la clínica tuvo que rellenar decenas de preguntas tipo test y conversar con una psicóloga sobre los motivos que la impulsaron a realizar el proceso. Mintió levemente. No lo notaron. Check. Con los aprobados en mano –casa, cuerpo y mente–, conoció a través de una videollamada a los padres de intención. Luego del intercambio, firmó un contrato con el portador del esperma y padre de los gemelos.
En el contrato no se menciona a la clínica de fertilidad ni tampoco la suma total de dinero que recibe la gestante por los procesos. Esto es debido a que en Colombia, si bien no existe una regulación sobre los vientres de alquiler, la Corte Constitucional emitió en 2009 unos lineamientos para estos procesos, remarcando el altruismo de los mismos.
–¿Había alguna restricción en ese contrato?
–No recuerdo si lo ponía en el contrato, pero sí le recalcaban a una mucho que no podía tener relaciones sexuales, que no podía viajar fuera del país, que tenía que informar de cualquier cambio de domicilio.
Comenzó entonces el tratamiento hormonal, con más de cinco pastillas diarias, inyecciones y óvulos, con el fin de preparar su endometrio para la transferencia del embrión. En marzo de 2023, su endometrio ya estaba lo suficientemente estimulado y engrosado como para gestar vida. A las pocas semanas supo que el embrión se había dividido. “Uno piensa que es fácil embarazarse, parir y entregar al bebé, pero cuando empiezas a tomar hormonas y te quedas embarazada ves los cambios en tu cuerpo. Ves que no es tan fácil”, confiesa. “No te secas las lágrimas con los billetes”, dice irónicamente sobre la forma en la que muchas mujeres, como ella, llegan atraídas por las altas cifras que aparecen en los anuncios.
–¿Crees que es dinero fácil?
–No. [Silencio] La plata no cambia tu tranquilidad […]. La plata se queda en los intermediarios: las fundaciones y las clínicas.
El malestar que sintió Elena durante los siete meses que los gemelos permanecieron en su vientre no lo recuerda haber pasado con sus dos hijos propios. Náuseas constantes, vómitos diarios, acné por todo el cuerpo, caída del pelo son algunas de las posibles secuelas físicas del tratamiento hormonal para poder llevar a cabo un embarazo por subrogación. “Siento que ni el apoyo económico ni el apoyo emocional son suficientes para el trabajo que hay que realizar”. Habla del embarazo subrogado así, como un trabajo.
Los gemelos nacieron prematuros, con siete meses de gestación, debido a que uno de ellos presentaba problemas de crecimiento. El perinatólogo le programó una cesárea poco antes de la Navidad de 2023, adelantando las fechas para poder llevar el control de su paciente antes de salir de vacaciones. Las cesáreas, a menudo innecesarias y que podrían incurrir en violencia obstétrica, son frecuentes en este tipo de embarazos y facilitan a las clínicas que los padres de intención, mayoritariamente extranjeros, puedan llegar al país para el parto de sus hijos.
Elena llegó temprano a la cita, acompañada por su hijo mayor y sin rastro del personal del centro de fertilidad ni de la fundación donde realizó el proceso: “Todo lo organizan por WhatsApp. Hace falta más acompañamiento porque sí es un momento difícil”.
En el hospital tampoco estaban los padres de intención, que habían llegado ocho días antes a Colombia, pero se encontraban en Medellín haciendo turismo. No fue hasta el día siguiente que aparecieron en la clínica. Los recién nacidos esperaban en las incubadoras, donde pasaron más de un mes. Elena regresó a su casa tres días después, con una gran cicatriz en su vientre como única prueba de su embarazo.
–¿Cómo te sentiste al salir del hospital sin los bebés?
–Fue como que ya había cumplido con mi trabajo. No me afectó tanto emocionalmente porque sabía que los bebés no eran míos.
–¿Cómo le afectó a tus hijos?
–El niño pequeño trató de no acercarse mucho durante el embarazo. El mayor sí preguntaba por ellos. Yo traté de no vincularlos mucho con los bebés, porque les puede afectar.
Nuevamente se refiere al embarazo como un trabajo. Un mecanismo de disociación común entre las gestantes subrogadas. La psicóloga feminista especialista en maternidad Vanesa Giraldo habla también de duelo desautorizado en referencia a los daños psicológicos que padecen las mujeres que gestan mediadas por un contrato. “Desde el inicio se preparan para vivir una pérdida. Les dicen que no se pueden vincular emocionalmente con el bebé, que no tienen permitido llorar por el bebé porque ellas firman el contrato voluntaria y conscientemente”, explica. A eso, se suma la estigmatización social por el intercambio monetario, dice.
“Te dicen que mejor no muestres que te está dando duro lo del bebé o no te van a pagar”. Elena evita hablar de sus secuelas emocionales, pero narra las historias que le contaban sus compañeras gestantes subrogadas en los trayectos hasta la clínica. Muchas, dice, se quedan calladas por miedo a que no le entreguen la bonificación final, que solo llega una vez la psicóloga de la clínica de fertilidad te da el alta, pocos días después del parto.
Como Elena, varias gestantes entrevistadas para este reportaje habían sido madres siendo menores de edad; otras habían sufrido violencias y abusos sexuales a lo largo de su vida. Giraldo apunta a que la sistematicidad de las violencias sobre sus cuerpos las hace más vulnerables y propensas a realizar este tipo de procedimientos. “Si desde niña las deshumanizan, si sus cuerpos no tiene ningún valor, sino para el sistema capitalista y de cuidados, si las mujeres a su alrededor también lo sufren; si no tienen derechos sobre sus cuerpos… es el caldo de cultivo perfecto”, argumenta la psicóloga.
La atención desmedida que tenían las trabajadoras de la fundación y la clínica cesó en el momento en el que los bebés salieron de su cuerpo. Un relato que narran muchas gestantes que se sienten “especiales” por los halagos constantes que reciben por la labor que están haciendo. “Mientras el bebé está dentro de ti eres importante, después dejas de serlo porque ya no tienes lo que les interesa”, lamenta.
También denuncia que la clínica dejó de pagarle la salud pública y privada un mes después de salir del hospital sin los bebés, pese a que el contrato decía que su salud estaba cubierta por un año entero. “Me enteré porque tuve que ir a urgencias y allá me dijeron que no estaban pagando mis cuotas”.
Sin embargo, todavía debe estar en contacto con los abogados de la clínica puesto que no han podido realizar la impugnación de la maternidad, un requisito necesario para sacar de todos los registros a la mujer gestante. Debido a que algunos jueces de familia están demorando los trámites de estos procesos, como forma de presionar al Congreso colombiano para legislar sobre los vientres de alquiler, Elena todavía consta como madre de los gemelos. El juez pidió que se presentara en una audiencia, por el momento aplazada. La abogada de la clínica y representante de los padres de intención la llamó para explicarle todo lo que tenía que decir en el juicio.
“Tenía que decir pues que había sido un proceso de subrogación, que lo había hecho voluntariamente, que había sido altruista, que yo no lo había hecho por un interés económico, sino por ayudar a una familia, que ellos cubrieron mis gastos médicos, que estuvieron conmigo todo el tiempo, pero que yo no compartía ningún material genético con los bebés, que me habían informado de todo”, enumera según el relato que le confeccionaron para su eventual intervención ante un juez. Elena dice que se sintió mal, puesto que la abogada le estaba pidiendo mentir sobre los pagos que recibió.
Elena comenzó a inicios de este año un segundo proceso en otra clínica de fertilidad. “Porque mi hijo mayor ya inicia la universidad y no tengo suficiente para pagarle el estudio”. Volvieron las semanas de tomar hormonas y pastillas, conoció a los padres de intención y le hicieron una nueva transferencia en mayo, apenas un año después de haber tenido a los gemelos.
A las pocas semanas, durante un chequeo vieron que tenía una pérdida embrionaria. “Me mandaron unas pastillas y lo aborté sola en casa”, explica recalcando el dolor agudo que sintió en su cuerpo. Poco después, la ginecóloga de la clínica encontró un mioma en su útero y la mandó a su centro de salud para que se lo extirparan si quería continuar con el proceso de subrogación, ya que tenía otras dos oportunidades más de transferencia embrionaria.
“Lo más correcto es que ustedes me hagan la histeroscopia y me quiten el mioma, porque, siga o no con el proceso, me salió por las hormonas suministradas”, cuenta que le dijo Elena a los médicos de la clínica, molesta por haber entrado al proceso sin la enfermedad, como demostraban las pruebas médicas iniciales. Nadie se hizo responsable y ella continúa con el mioma creciendo en su útero.
Elena manifiesta que en los últimos meses dejó de pensar en lo económico, y se puso a pensar en las secuelas de este tipo de procesos.
–¿Volverías a realizar el proceso?
–Primero debo hacerme retirar el mioma y, con todas las cosas que he visto y escuchado de otras chicas, estoy pensando si volver a hacerlo, porque no está bien el pago para tantos riesgos.
–¿Qué es lo que más miedo te da?
–Por mucho que tengamos un seguro de vida, si yo me llego a morir, mis hijos ni con toda la plata del mundo van a poder comprar una mamá.
Antes de despedirnos, sostiene la puerta entre las manos, y entre susurros confiesa que lo pasó muy mal psicológicamente durante el proceso debido también a la situación con el padre de sus hijos, pero que no podía contárselo a nadie en la clínica. Pide ayuda psicológica para ella y sus hijos. Su objetivo ahora es migrar, en parte motivada por el miedo y la situación con su exmarido.
Un mes después, Elena enviaría este mensaje: “He estado pensando en todo lo que me pudo pasar y me arrepiento mucho, muchísimo, de haberlo hecho. Mi salud se ha deteriorado demasiado desde que realicé el proceso”. Explica que no volverá a gestar por subrogación y que sigue sin poder afiliarse nuevamente al sistema de salud público para que le extirpen el mioma que le quedó por la sobrecarga de hormonas. Sus días los dedica al cuidado de una persona con discapacidad, en su intento por ahorrar el dinero suficiente para salir de Colombia y rehacer su vida.
–¿Qué se siente al saber que la familia a la que ayudó pudo entrar y salir de Colombia con facilidad, pero a las colombianas les piden muchos requisitos para entrar en Europa?
–Pienso que la diferencia social, económica… para ellos fue muy fácil porque la clase social de su familia les abre puertas. Hay mucha diferencia. ¿Sabes? Si yo pudiera volver atrás en el tiempo, seguro que no lo haría. La psicóloga me dice que haga un bloqueo mental y me olvide, porque me afecta mucho emocionalmente.
* El nombre de esta madre por subrogación ha sido cambiado para proteger su identidad y por motivos de seguridad. Con el mismo objetivo, su voz ha sido distorsionada en el audio.
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La gestación subrogada comercial está prohibida en todos los países nórdicos, pero la demanda sigue creciendo. Las familias que no pueden concebir ni adoptar localmente viajan cada vez más a países donde la práctica es legal. Estos flujos reproductivos transnacionales plantean urgentes preguntas éticas y legales.
La ciudad está envuelta en gris. Un velo espeso de nubes cubre los bloques de apartamentos y el asfalto negro brilla bajo una fina capa de nieve. Con temperaturas bajo cero, los copos son demasiado finos para hacer bolas o muñecos de nieve. Nada de esto importa al niño del parque, enfundado en ropa de invierno, que sube una y otra vez por el tobogán antes de desplomarse en la nieve y mirar el cielo mientras nuevas motas blancas caen sobre él.
Que este pequeño, nacido en Colombia, contemple ahora el cielo del norte es, a la vez, casualidad y cuidadosa planificación.
Cada año, cientos de europeos del norte con problemas de fertilidad emprenden el mismo viaje: la búsqueda de un hijo propio. Muchos han pasado por años de tratamientos fallidos y frustraciones; algunos ya se habían resignado a no tener descendencia. Entonces aparece una última oportunidad. A veces llega a través de un programa de televisión; otras, en el susurro de enfermera o en asociaciones de familias sin hijos o arcoíris.
El descubrimiento les resulta esperanzador: la paternidad biológica es posible mediante gestación subrogada comercial. Pero ese tipo de acuerdos se cierra lejos, en países como Georgia o Colombia gracias a los vacíos legales, algo impensable en sus países de origen.
En los últimos años, el norte de Europa se ha convertido en un mercado en auge para esta industria. Empresas suecas hacen de intermediarias entre padres que buscan un hijo y clínicas en el extranjero. Mientras tanto, gobiernos vecinos, como el danés, han tratado de frenar la mercantilización de la maternidad con leyes más estrictas. Sin embargo, el efecto no ha sido el esperado: en lugar de limitar el negocio, las restricciones han empujado a más familias a cruzar fronteras, alimentando un sistema que crece en las sombras y bajo regulaciones desiguales.
En la pantalla de un ordenador, un hombre de cabello plateado explica, paso a paso, cómo convertirse en padre por subrogación. Habla con autoridad: él mismo recorrió ese camino. Junto a médicos, abogados y otros expertos, asegura a su audiencia que el proceso es ético y seguro. Al otro lado, parejas nórdicas y hombres solteros escuchan atentos. Al final del seminario web, reciben un mensaje: “Si desea saber más, podemos organizar una charla con alguien de nuestro equipo”.
El presentador es Eduardo Afonso, director ejecutivo de Nordic Surrogacy, con sede en Suecia. La empresa lidera el mercado nórdico y ha gestionado cientos de procesos en Estados Unidos, Georgia y Colombia; también en Ucrania antes de la invasión rusa. Según se autodefinen en su página web, no son «un mero intermediario, sino una extensión de las propias clínicas».
La oficina de Nordic Surrogacy está en Estocolmo, en el elegante barrio de Södermalm. Su material promocional destaca la historia personal de Afonso: él mismo fue padre por subrogación en Tailandia en 2014. Esa posibilidad no existe actualmente ya que, un año después, este país prohibió la subrogación comercial tras varios escándalos. El más famoso fue el caso Baby Gammy, cuando una pareja australiana abandonó a su hijo con síndrome de Down y volvió a casa solo con su hermana gemela sana. Los abusos generalizados que sufrían las madres gestantes llevaron a las autoridades a ilegalizar la práctica.
Poco después, en 2016, Afonso fundó Nordic Surrogacy. Comenzó colaborando con la agencia internacional israelí especializada en gestación subrogada Tammuz Family. Tras gestionar el nacimiento de más de 100 niños, a inicios de 2021, la alianza se terminó. Pero Nordic Surrogacy siguió creciendo. Hoy la empresa afirma tener más de 200 procesos en marcha, ha facturado más de dos millones de euros en seis años y su plantilla ha pasado de dos a 17 empleados.
Esto a pesar de algunos escándalos.
En mayo de 2024, la televisión pública sueca SVT emitió un documental en el cual se reportó que Nordic Surrogacy había apoyado la maternidad por subrogación de unos futuros padres de unos 70 años. Eso causó la intervención de los servicios sociales, que les retiraron los niños y describieron las condiciones de vida de la pareja como “deplorables”. Tras ese escándalo, representantes de Nordic Surrogacy dijeron haber introducido un límite de 55 años -o que la suma de la edad de los miembros de una pareja fuese, como máximo, 110-.
El programa estrella de Nordic Surrogacy, gracias a precios competitivos, es el de Colombia. Incluye la “garantía de un hijo” y cuesta 67.000 euros. Si ambos padres quieren dos hijos genéticos simultáneamente con dos gestantes distintas, el precio parte de 110.000 euros. En Estados Unidos, ese precio a menudo no alcanza ni siquiera para un procedimiento único.
Nordic Surrogacy no es la única agencia de gestación subrogada de los países nórdicos que propone programas de subrogación en el extranjero. La empresa con la que antes colaboraba, Tammuz Family, tiene programas en Colombia, México, Georgia, Armenia y Estados Unidos. Por su parte, Fertility Nordic afirma haber dado nacimiento a más de 400 niños con programas que cubren Colombia y Guatemala.
El auge de este mercado no responde solo a la iniciativa privada: también es fruto de las reformas legales. Leyes que buscaban frenar la subrogación comercial y proteger a las mujeres acabaron empujando a muchas familias al extranjero, internacionalizando un negocio que prospera, precisamente, aprovechando las lagunas que esas mismas reformas dejaron abiertas. Es el caso, por ejemplo, de Dinamarca.
La entrada De Estocolmo a Bogotá: un negocio global levantado sobre terreno frágil se publicó primero en lamarea.com.
La primera gran intervención de la Corte Constitucional sobre la gestación subrogada en Colombia se dio en el año 2009, con la sentencia T-968, que aborda la validez de los acuerdos y los criterios para la protección del interés superior del niño, así como los riesgos para las partes. La Corte dio unas directrices que más tarde serían tomadas por abogadas y clínicas como el lineamiento bajo el que amparan el procedimiento. La sentencia resalta 10 puntos que, a su parecer, tendrían que ser parte de la regulación:
En 2022, mediante la sentencia T-275, la Corte Constitucional emitió una tutela que, además de proteger derechos puntuales, exhortó al Gobierno nacional a presentar en seis meses un proyecto de ley para regular la subrogación. El Congreso ha recibido al menos 16 proyectos de ley que pretendían regular la práctica, tanto para prohibirla como para legalizarla con distintas restricciones, pero ninguno pasó los debates en el legislativo.
En 2024, con las sentencias T-127 y T-232, la Corte Constitucional reiteró la necesidad de regulación y detalló condiciones y salvaguardas en decisiones recientes que insisten en que la ausencia de ley no puede sacrificar derechos, como por ejemplo el derecho al aborto que la misma Corte avaló en el año 2022 con la sentencia C-055, legalizando la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación.
–Definir con claridad la filiación y los procedimientos judiciales: el legislador debe establecer procedimientos seguros y expeditos para que la filiación legal refleje la realidad genética y protectora del menor, evitando litigios prolongados. (T-968/09; T-127/24).
–Incluir medidas contra el riesgo transnacional de apatridia y movilidad de comitentes extranjeros para atender las dimensiones transnacionales de este mercado y evitar situaciones que generen apatridia o conflictos de nacionalidad. (T-232/24; T-275/22).
–Monitoreo estatal, transparencia y sanciones ante prácticas abusivas; apuntando a la necesidad de mecanismos estatales de control, transparencia contractual y sanciones para intermediarios o clínicas que vulneren los derechos de las gestantes y los menores. (T-968/09, T-127/24, T-275/22).
–Regular el consentimiento y solemnidad del acuerdo de subrogación: los fallos remiten a que los acuerdos deben contar con requisitos de consentimiento informado, formalidades y garantías para que no sean contratos de simple comercio. (T-968/09).
–Evitar la comercialización y explotación: límite a la compensación. La Corte ha mostrado cautela ante prácticas mercantiles y ha señalado la necesidad de que la ley fije límites o prohibiciones al lucro para proteger a las gestantes. (T-968/09).
–Condiciones médicas, psicosociales y de idoneidad para la gestante, bajo criterios citados desde la sentencia T-968/09: sobre salud, edad, tener hijos previos, evaluaciones psicológicas y seguimiento médico antes, durante y después del embarazo. (T-968/09).
–Reglamentar el uso y registro de material genético (donantes); remarcando la necesidad de que la futura regulación considere aspectos sobre donación de óvulos y espermatozoides, registro y trazabilidad para proteger derechos y evitar fraudes. (T-275/22).
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“Si eres mujer y buscas trabajo esta es tu oportunidad. ¡Trabaja como gestante subrogada alquilando tu vientre!”.
Muchas mujeres colombianas descubren la posibilidad de ser gestantes subrogadas a través de las redes sociales. A diario, clínicas, agencias, reclutadoras y padres de intención publican sus ofertas, y decenas de mujeres responden atraídas por la promesa de una ganancia significativa. Aunque estos procesos suelen presentarse como altruistas, las compensaciones pueden doblar el salario mínimo anual. La falta de regulación y las profundas desigualdades socioeconómicas impulsan la expansión de este lucrativo mercado.
Para comprender este negocio en Colombia, La Marea ha seguido durante varios meses la actividad de grupos de gestación subrogada en redes sociales; ha visitado clínicas y agencias de intermediación; ha analizado documentos; ha entrevistado a decenas de mujeres –subrogantes, reclutadoras de gestantes, abogadas, legisladoras, profesionales y exprofesionales de las clínicas–. El resultado revela un panorama complejo y a menudo opaco, donde numerosos actores se benefician de los vacíos legales existentes y en el que las mujeres gestantes son la parte más vulnerable del proceso.
En el país andino operan 45 clínicas especializadas en reproducción asistida, según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Varias de ellas han expandido sus servicios para incluir la gestación subrogada en su oferta, pese a la ausencia de una ley específica.
Desde el año 2009, la Corte Constitucional ha exhortado hasta seis veces al Congreso para legislar y ha emitido una serie de lineamientos para la realización de los procedimientos de gestación por subrogación, entre ellos que la práctica debe realizarse de forma altruista, es decir, sin ánimo de lucro. También se fijaron requisitos como haber tenido al menos un embarazo y no más de dos cesáreas, que la mujer no tenga un fin lucrativo y no encontrarse en situación de vulnerabilidad psicológica o económica. Sin embargo, no existe una autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de estas directrices y, ante la creciente demanda de gestantes, resulta imposible garantizar que las clínicas las respeten.
“Eso es un tema de responsabilidad social de la clínica, de quien evalúa todo esto”, explica Natalia Afanador, abogada especializada en derecho comercial y familiar, quien trabaja desde hace más de una década asesorando a clínicas y padres de intención. “Hay quien lo maneja con ética, responsabilidad y seguridad, dándole valor al proceso, y otros que solo buscan lucrarse”. El Ministerio de Salud confirmó a través de un portavoz que no tiene mecanismos para supervisar casos individuales ni realizar seguimientos específicos de estos procedimientos.
La mayoría de las gestantes entrevistadas para esta investigación proceden de contextos de precariedad y reconocieron estar motivadas principalmente por razones económicas. Las retribuciones por completar el proceso rondan el equivalente a 10.000 euros –casi el triple del salario mínimo anual colombiano–. Esta cantidad representa alrededor del 17% de los 60.000 euros que de media suelen abonar los padres de intención, también llamados comitentes en los contratos.
“He trabajado como en diez países. Colombia es el mejor país del mundo”, comentó en una entrevista telefónica Bleu Jean Luc Olivier Joel, director de la agencia de intermediación entre padres de intención y gestantes Dreamstork y cofundador en España de World Medical Healthcare SL (anteriormente conocida como Baby Is Life Consulting SL). Joel dice apreciar el hecho de que las mujeres colombianas no suelen pedir dinero extra ni chantajean a los padres de intención a través del bebé: “Las chicas son una maravilla”.
Joel también considera que las mujeres realizan estos procesos por dinero, algo que defiende, ya que en su opinión la subrogación altruista no es justa: ”Le pagan a la clínica, al abogado, todo el mundo recibe algo y la gestante no recibe nada. No es lógico”.
Según José Pablo Saffon, director y asesor científico de la clínica Babynova By Novafem, las cantidades que se pagan a las gestantes se realizan con el dinero que abonan las familias de intención y “siempre están definidas en el marco de la subrogación altruista”.
La ausencia de una definición clara sobre qué constituye altruismo deja amplios márgenes a la interpretación. “Las clínicas se amparan en que son compensaciones, no pagos”, dice la abogada penalista Margarita Useche. Por ello, la Corte Constitucional ha instado al Congreso a legislar para subsanar los vacíos normativos.
Una vez aceptadas como candidatas idóneas, las mujeres proceden a la firma de contratos. Analizar los convenios que regulan estos procesos no es tarea sencilla, las clínicas y abogados consultados por La Marea fueron reacios a facilitar sus modelos de contrato de gestación subrogada. Finalmente, periodistas de este equipo accedieron a diez contratos de distintas gestantes y empresas con el fin de revisar sus cláusulas.
Por lo general, las gestantes firman los contratos de subrogación con los padres de intención en las oficinas de las clínicas, mientras que sus contrapartes lo hacen a distancia. En algunos de estos documentos se detallan numerosas cláusulas que, según varias expertas en derecho civil y penal consultadas, podrían estar vulnerando derechos de las mismas mujeres. Por ejemplo, en aquellos casos en que las gestantes se comprometen a no salir de Colombia durante el embarazo y durante los 120 días posteriores al parto. También hay restricciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, que riñen con la última sentencia de la Corte Constitucional: C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.
El hecho de que las clínicas no aparezcan en estos contratos, pese a ser las prestadoras del servicio médico, resulta problemático según algunas investigadoras y abogadas consultadas. Por el contrario, el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Clínicas de Gestación por Sustitución y asesor legal de Novafem, Simón Hernández, opina que el hecho de que las clínicas no aparezcan en los contratos no implica ausencia de responsabilidad extracontractual. Si la gestante sufre un daño no previsto, puede acudir a los tribunales para exigir responsabilidad extracontractual de la clínica y obtener una indemnización. Hernández enfatiza que “no hay opacidad” en estos acuerdos.
Pero contratar asistencia legal para demandar a una clínica es algo que se antoja imposible para las mujeres entrevistadas, debido a que no cuentan con los recursos económicos para costear los gastos ni pueden emplear el dinero obtenido realizando estos procesos puesto que, por lo general, son un ingreso para sostener a sus propias familias.
Además del contrato privado con los padres de intención, las gestantes firman un consentimiento médico informado en el que el especialista sanitario responsable explica todos los riesgos que conlleva el procedimiento al que se someterán. Ese es el único documento que firman conjuntamente mujeres y personal de las clínicas.
Ninguna de las entrevistadas durante esta investigación dijo entender realmente cuáles eran los riesgos para su salud de seguir un proceso de gestación subrogada, aunque sí confirmaron que les hacían firmar numerosos documentos en cada consulta médica. Algunas mujeres que ya habían completado el proceso señalan que, pese a haber sentido en ocasiones que se vulneraron sus derechos —por ejemplo, mediante cesáreas que evaluaron como innecesarias—, no se sentían seguras para reclamar por temor a perder todas las compensaciones comprometidas.
Marcela Gómez Molina, jueza 38 de familia de Bogotá y docente de la Universidad Nacional, remarca el desinterés por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia para estudiar la legalidad de estos contratos. “Si una mujer gestante llega a tener algún problema, va a tener que demandar al médico que puso el embrión en su cuerpo, porque es la persona que tenía que darle el consentimiento informado de lo que fuera a pasar”, señala.
“Un mejor futuro es posible con un Plan, nosotros te brindamos las herramientas para hacer realidad tus Metas”. Es el mensaje que se lee en la página web de la Fundación Deseo de Vida, donde se promociona la posibilidad de “lograr tus sueños” gracias a la subrogación.
Usualmente, los pagos a las gestantes que las clínicas denominan “compensaciones” no proceden de forma directa de los centros de fertilidad, sino que suelen ser transmitidos por entidades sin fines de lucro creadas con el propósito de apoyar a las gestantes en los temas burocráticos y canalizar el dinero que los padres de intención pagan por estos procesos. En ocasiones, sus directores tienen o han tenido estrechas relaciones con las clínicas. “Se han encargado de dar acompañamiento para evitar abusos”, argumenta la abogada Afanador, que asegura que hacen “realmente un seguimiento humanitario».
Este medio ha podido confirmar -a través de comprobantes de pagos, transferencias bancarias y otra documentación- cómo algunas clínicas recurren a las fundaciones para transferir pagos a las gestantes. En ocasiones, también pagan a reclutadoras, mujeres que ya participaron en procesos de gestación subrogada y que se dedican a localizar a otras para estos procedimientos.
Hacer pagos de cantidades tan elevadas a las mujeres gestantes no es fácil, ya que los procedimientos de subrogación en Colombia deben ser altruistas. Ante una eventual denuncia contra una clínica, “lo primero que preguntaría un juez es: ‘Si no estás en el contrato, ¿por qué pagas?’”, argumenta Natalia Rueda. Por ello, esta investigadora ve una correlación en el hecho de que las clínicas no suelen ser mencionadas en los contratos y que algunos pagos se realicen a través de fundaciones.
Los recibos a los que ha tenido acceso La Marea detallan las cantidades y los conceptos de los pagos, desglosándolos en categorías relacionadas con el apoyo (ingresos mensuales durante el embarazo), los anticipos, las medicinas o, literalmente, la “conducta” de la mujer gestante.
La premisa de que las fundaciones se utilizan para enviar montos de dinero a las mujeres fue negada por el director de la clínica Celagem, Pedro Martínez, quien aseguró a este medio en una primera entrevista que son directamente los padres de intención quienes se comprometen con la gestante asignada para su manutención durante el embarazo.
Sin embargo, este medio ha podido conocer el intercambio de información entre una gestante de la clínica Celagem y empleadas de la Fundación Grandes Corazones, con sede principal en Panamá y presidida por la esposa del director de Celagem, en el que se menciona tanto los desembolsos de pagos y mensualidades como los trámites burocráticos para afiliar a la gestante al sistema de seguridad social, pensiones y seguro de vida que los padres comitentes están obligados a financiarle durante el embarazo.
Martínez se negó a hacer comentarios a las preguntas formuladas por La Marea por correo electrónico después de la primera entrevista y una visita autorizada a su clínica. Tampoco respondieron representantes de la Fundación Grandes Corazones.
Por otro lado, la directora de la Fundación Deseo de Vida, exempleada de la clínica Babynova By Novafem, aparece en un documento informativo para gestantes emitido en la primera mitad de 2024, donde se la menciona como responsable de coordinar las compensaciones mensuales. Saffon, director de Babynova By Novafem, aseguró por correo electrónico que en julio de 2024 dejó de colaborar con la fundación y que ahora el acompañamiento se realiza directamente desde la clínica. “Las gestantes reciben compensaciones altruistas, gestionadas de manera transparente por medio de transferencia bancaria dentro del programa, con recursos aportados por las familias de intención, destinadas únicamente a cubrir los gastos y necesidades derivados del proceso de gestación”, recalca Saffon.
Los mensajes que abundan en Facebook y WhatsApp buscando gestantes para subrogación en la mayoría de los casos son redactados por mujeres que fueron subrogantes en el pasado y que ahora se dedican a buscar nuevas candidatas para las clínicas, conocidas como reclutadoras.
“Tengo agencias y clínicas que me contactan para reclutar chicas, pero no hago acompañamiento, solamente envío a la chica”, explica Eslendy Rodríguez, una reclutadora que trabaja de manera autónoma buscando mujeres y actuando como intermediaria en la relación tripartita: “Las busco en la calle, a las puertas de los colegios, en centros comerciales, en parques… Les cuento de mi trabajo y experiencia como gestante subrogada”.
Las más experimentadas tienen incluso sus propias agencias o emprendimientos para asesorar y acompañar a las gestantes y a los padres de intención durante todo el embarazo. “[A los padres comitentes] les estoy cobrando 12 millones de pesos (2.600 euros), con un anticipo de 6 millones cuando empiezo a conseguir a las gestantes”, explica.
Lina Garzón, una de las reclutadoras más veteranas y que se autodefine como “asesora”, confirmó que “los pagos los realizan directamente las clínicas” para las que afirma trabajar. En este momento, “hay muchas clínicas que le han dado la oportunidad a las mismas gestantes no solamente de hacer un proceso de gestación subrogada, sino de recomendar a otras chicas que quieran hacer el proceso y poder ganar algo”, explica a través de mensajes de audio.
Distintos testimonios coinciden en que existen reclutadoras que, además, cobran un porcentaje a las futuras gestantes por referirlas a las clínicas. Este medio fue informado sobre las conversaciones entre una mujer y una “agencia de asesoramiento” en las que se fijaba el coste de sus servicios de acompañamiento en un 3% del total que percibiría la gestante por el proceso. A cambio, le aseguraban que encontrarían la opción que le permitiera ganar más de lo prometido en el anuncio.
Dos extrabajadoras de una clínica de fertilidad que pidieron el anonimato por miedo a repercusiones legales afirmaron que las reclutadoras reciben formación por parte de las clínicas y hasta un manual para guiarlas en hacer un primer filtro de las candidatas gestantes. Los pagos a las referidoras suelen oscilar entre uno y dos millones y medio de pesos colombianos (entre 220 y 500 euros) por mujer que queda embarazada.
Este medio ha podido comprobar, en al menos un caso, el de la Fundación Nuevas Familias, un pago de 400.000 pesos colombianos (90 euros) a una referidora “por servicio de bonificación de reclutamiento”. La Fundación Nuevas Familias no respondió a los intentos de contactar con su abogado para aclarar ese documento.
En Colombia, reclutar se ha convertido en un negocio paralelo dentro del entramado de la gestación subrogada. Una actividad que podría acarrear graves consecuencias jurídicas para las mujeres que se lucran de esta actividad, ya que, según algunas especialistas consultadas, podrían estar incurriendo en delitos como la trata y la explotación de personas.
Según la abogada Rueda, buena parte de estas conductas encajan en las conductas tipificadas como trata de personas: cuando clínicas o fundaciones inducen a otras mujeres a reclutar, “están empujando a cometer el delito”. Un riesgo que ninguna de las reclutadoras entrevistadas parecía haberse planteado ni conocía.
Todos los responsables de las clínicas entrevistados han negado trabajar con referidoras o realizar pagos directos a las mismas.
En ocasiones, reclutadoras en las redes sociales ofrecen a las mujeres la oportunidad de ganar más dinero. Pero para hacerlo, tendrán que salir del país, algo que les genera mucha desconfianza.
Según precontratos, testimonios y lo observado en una visita a la sede de Gestlife en Bogotá, donde opera como Turismed Colombia, se prevé que la gestante se traslade a Albania en dos instancias: una para la implantación del embrión, pudiendo pasar hasta dos meses allí, y en un segundo momento, opcional, para dar a luz. Por esta última modalidad, la del parto fuera del país, las gestantes reciben un pago extra. Además de estas bonificaciones, la agencia les ofrece “un regalo» a elegir de un catálogo: iPhones, lavadoras, televisiones o juegos de sala.
Trasladar a mujeres colombianas al exterior para gestar es algo que cuestionan algunos abogados y también centros de fertilidad, que quieren actuar conforme a las directrices de la Corte. “Eso no es una conducta adecuada, desnaturaliza absolutamente todo el proceso legítimo de gestación subrogada”, comenta la abogada Afanador.
Colombia lidera la lista de países con mayores índices de desigualdad de la región, lo que hace relativamente fácil encontrar candidatas para suplir la alta demanda de personas buscando tener hijos por subrogación. Las empresas que participan en este mercado transnacional son conscientes de esto y, por ello, hablan de sus programas como una oportunidad para transformar las vidas de dos familias: padres de intención y gestantes subrogadas.
Son esas mismas carencias económicas las que llevan a muchas mujeres a asumir los riesgos físicos y emocionales derivados del proceso hasta en varias ocasiones. “Algunas mujeres lo toman como un trabajo”, comentó una mujer en un anuncio en Facebook. Algo que confirman las mismas ofertas de las reclutadoras, que a menudo vinculan “alquiler de vientre” con “trabajo” en sus publicaciones.
Pero gran parte de las entrevistadas sostuvieron que no merece la pena “ni económica ni emocionalmente”, afirmando que no volverían a hacerlo y que el dinero, si bien mejora brevemente sus vidas, no es suficiente para suplir carencias estructurales como el acceso a una vivienda digna o a la universidad para sus hijos.
Las historias con finales felices y los discursos altruistas, destacados por los principales beneficiarios de este mercado global, ocultan que también pueden existir finales sombríos: depresiones postparto, cicatrices no sanadas por las cesáreas, dolor crónico, miomas causados por la sobreexposición a hormonas y medicamentos, preeclampsia graves e incluso en el caso de situaciones extremas, aunque no representativas, la pérdida del aparato reproductor de las mujeres u otros órganos vitales. Una realidad silenciada detrás de los montos de dinero.
Este reportaje forma parte de una investigación sobre la industria de los vientres de alquiler desarrollada con la financiación de Journalismfund Europe.
La entrada [INVESTIGACIÓN] Gestación subrogada en Colombia: un mercado en auge que sortea la ley se publicó primero en lamarea.com.
Este artículo sobre la industria de los vientres de alquiler en Colombia se publicó originalmente en #LaMarea108. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.
«Cuando seas grande no recordarás que naciste en un país extranjero. Cuando seas grande no recordarás mi voz. Cuando seas grande no recordarás que pasaste un día de las madres conmigo», escribió Martha* en tinta roja sobre un cuaderno escolar de rayas como los que usa su hija de cuatro años. La destinataria de su carta, una bebé de siete semanas, vive ahora a más de 8.500 kilómetros de distancia, en Francia, pese a haber pasado nueve meses dentro de su vientre, en Colombia.
En la pequeña casa familiar de esta mujer de treinta años, las figuras infantiles de arcilla con las que se gana la vida se mezclan sobre la mesa con los únicos objetos que conserva del proceso de gestación subrogada: una gran bolsa con docenas de cajas de pastillas, hormonas, vitaminas; una carpeta con documentos médicos; una ecografía y una foto enmarcada de la recién nacida. En su cuerpo, la cicatriz de la cesárea de emergencia que le realizaron debido a la preeclampsia con la que ingresó en la UCI a finales de julio. La herida imborrable del alquiler de su vientre.
«Inicié por lo que todas inician, por una necesidad económica». El futuro y sustento de su hija estaba a un clic de distancia. Solo tenía que responder a uno de los centenares de mensajes que aparecen a diario en las redes sociales y grupos de WhatsApp: «Estamos en búsqueda de mujeres generosas que deseen realizar el hermoso acto de gestar para ayudar a formar otra familia. Ofrecemos excelentes beneficios, hasta 53 millones de pesos (11.547€)» o «Seguimos en búsqueda de chicas que quieran trabajar como gestantes, que quieran llevar un proceso de alquiler de vientre, también recibimos venezolanas viviendo en Bogotá», rezan los anuncios.
Martha pidió información a las autoras de los mensajes, conocidas como referidoras –mujeres que ya pasaron por el proceso y que se ganan un dinero extra reclutando a futuras gestantes para las clínicas y agencias–; llamó a un par de centros de reproducción asistida y, como parte de su proceso espiritual, acudió a unas ceremonias de ayahuasca antes de tomar la decisión de alquilar su vientre a una pareja homoparental francesa. «Empatizas con ellos. Yo tardé dos años y ocho meses en tener a mi hija», dice sobre su largo camino en la maternidad.
Una vez eligió la clínica de fertilidad en Bogotá, el centro revisó sus antecedentes judiciales y los de su pareja. Pasó una serie de exámenes médicos y pruebas psicológicas hasta obtener el visto bueno del centro. Tras ello, firmó un contrato con los padres de intención con la mediación de una abogada pagada por los mismos e inició el proceso de preparar con hormonas su cuerpo para la transferencia de un embrión formado con el esperma del padre de intención francés y un óvulo de una donante anónima.
«Las mujeres en Colombia le tienen miedo al qué dirán, a alzar la voz. Nadie se atreve a decir cómo son realmente las cosas. A una le hablan de los pagos, de lo bonito, y le endulzan el oído, pero en el proceso te das cuenta de que enfrentamos muchos riesgos», dice a dos días de cumplir la cuarentena del parto. Entre susurros en las salas de espera de los centros médicos, a través de mensajes de texto o en el transporte de vuelta a sus barrios, las mujeres subrogantes hablan. A media voz se relatan los casos de violencias obstétricas que viven sus compañeras anónimas, opinan de médicos, clínicas y compensaciones; del llanto después de entregar a los bebés, del fantasma de las depresiones posparto que se les impide nombrar. «Muchas se quedan calladas o no expresan lo que están sintiendo por miedo a que no les entreguen su bonificación», reconoce Elena*, madre subrogada de gemelos.
Si bien tanto clínicas como abogadas exigen que las mujeres cumplan con ciertos requisitos socioeconómicos, médicos y judiciales para entrar a estos programas, nadie puede garantizar que las gestantes dicen la verdad a la hora de intentar acceder a ellos. Muchas mujeres se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y precariedad económica extremas, por lo que tergiversan la información en las entrevistas –aconsejadas por otras mujeres que ya pasaron las pruebas– para poder acceder, confirman varias gestantes. En los grupos de Facebook, las más veteranas aconsejan a las nuevas sobre qué decir o cómo preparar sus casas si las trabajadoras sociales de las clínicas las visitan. A veces, cuando son rechazadas en una clínica, acuden a otra hasta que las aceptan. «Si las rechazábamos, se iban para otra clínica que era más flexible», explica Paulina*, extrabajadora de un centro de fertilidad.
Tampoco existe un ente estatal que se encargue de verificar que los centros de fertilidad están cumpliendo fielmente con los lineamientos que emitió la Corte Constitucional. «Una compañera me dijo: “Están pasando mujeres a las que tú no le diste la aprobación, gente con antecedentes”», dice sobre cómo también las clínicas hacen la vista gorda ante la alta demanda de padres de intención en busca de vientres de alquiler en el país andino. Un secreto a voces que se repite entre las mujeres entrevistadas.
Teniendo en cuenta que el 43% de los trabajadores colombianos gana menos de un salario mínimo al mes, equivalente a 1.423.500 pesos (310 euros, al cambio en septiembre de 2025), según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ofertas como las que aparecen constantemente en redes sociales resultan muy atractivas en los márgenes de la capital, a muchos kilómetros de los barrios más exclusivos del norte de Bogotá, donde se encuentran las clínicas de reproducción asistida.
La decena de mujeres gestantes entrevistadas durante esta investigación proceden de barrios populares y empobrecidos de las periferias; la mayoría no contaba con un trabajo estable antes de acceder a alquilar su vientre. Todas tienen hijos propios vivos, uno de los requisitos indispensables para poder acceder a los programas de subrogación. Esto último reduce, según el personal de las clínicas, el riesgo de que las mujeres intenten quedarse con los niños que incuban, teniendo ya una o varias bocas que alimentar en sus propios hogares.
La asimetría socioeconómica entre los padres de intención –en su mayoría extranjeros con un poder económico alto– y las gestantes desvela un desequilibrio entre los actores implicados en el mercado gestacional, como señala la ONU en el informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, hecho público en agosto de 2025.
«Mi pago total fueron 55 millones de pesos (11.985 euros): 2.800.000 pesos por diez mensualidades, un bono mensual de alimentación de unos 300.000 pesos, un bono para transporte, un bono para ropa y un bono por buen comportamiento al finalizar», que se traduce en acudir rigurosamente a todas las citas médicas, explica Martha. Las mujeres pueden recibir un pago extra de hasta seis millones de pesos (1.307 euros) si el embarazo es múltiple. Pese al carácter altruista nombrado en los contratos, a esa factura económica se le suma la compensación o reconocimiento que ofrecen los padres de intención y que complementa la otra mitad del total. Un «regalo» que solo se entrega después de que las partes firmen ante un notario los documentos necesarios para sacar al infante del país, y la mujer gestante renuncie a la maternidad.
Martha firmó esos documentos en presencia de los padres de intención y de la abogada proporcionada por la clínica y así se cerró el proceso. Con el dinero obtenido se compró un vehículo para trabajar y pudo llevar a su hija a un parque acuático cerca de Bogotá. «No da para comprar una casa», expresa con pesar la joven. «Las más imprescindibles en el proceso son las gestantes, pero no son las que reciben el pago más justo», lamenta.
Tras concluir el proceso, la psicóloga de la clínica calificó a Martha como «una muy buena gestante» y le propuso trabajar como referidora, pudiendo ganar hasta 2.000.000 de pesos (437 euros) por cada chica que captase para la clínica.
El ‘altruismo’ y las compensaciones que reciben las gestantes generan un fuerte debate entre los que buscan tanto regular como prohibir. «Permitir la remuneración en este tipo de negocios jurídicos comporta la cosificación de ella y de su vientre, la mercantilización de su cuerpo y abre paso a eventuales casos de trata de seres humanos y tráfico de niños y niñas», señalaba el más reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá.
Andrea*, profesora de infantil, narra que no conocía los pagos a la hora de tomar la decisión de gestar para una familia heteroparental, sino sólo del carácter altruista y vocacional bajo el que se ampara la práctica en Colombia. «Yo era la más dichosa porque ya había cumplido con mi cometido; ver a la madre así de feliz con la niña», asegura. Pese a su voluntad altruista de ayudar a una familia, Andrea señala que no lo haría sin una compensación económica por los riesgos médicos que conlleva un embarazo subrogado, con tasas de complicaciones obstétricas más altas que una gestación común.
Diana*, una venezolana embarazada de 37 semanas en el momento de la entrevista, tenía claro que ese dinero sería el billete de regreso a su país y el aval de su futuro negocio de comidas: «Me imagino ya dándole la niña a los papás y regresando a casa». Las motivaciones son tan diversas como las mujeres que participan en el mercado, pero todas reconocen la necesidad de una compensación monetaria por el alquiler de su vientre.
«Una de las preguntas que les hacíamos era: ¿qué te motiva a realizar el proceso? Obviamente teníamos que convertir la respuesta en algo que fuera socialmente aceptable […] pero en sus casas nos decían: “Mira, te voy a ser muy sincera, yo tengo muchas deudas”», admite Paulina, añadiendo que el mayor interés de las mujeres era la parte económica. Por eso, muchas repetían el proceso, poniendo en riesgo sus vidas.
Elena, que realizó el primer proceso en 2023 con el fin de costear la universidad de su hijo mayor, pero no le alcanzó la plata, es crítica con el negocio: «Siento que el apoyo económico y el apoyo emocional que dan no es suficiente para el trabajo que hay que realizar». Por ello, buscó dónde alquilar nuevamente su vientre, llegando a tener un precontrato con una agencia internacional. Le asustó que trasladaran a las mujeres a Albania para la transferencia del embrión y el parto.
No se rindió. Buscó otra clínica, pero tuvo un aborto espontáneo pocas semanas después de la transferencia embrionaria: «Me detectaron un mioma, consecuencia de todas las hormonas que me dieron. Yo estaba bien cuando inicié». El centro cesó el proceso sin hacerse cargo, como ella misma solicitó, de practicarle una histeroscopia para extraer el mioma. «Después de que el bebé no está contigo, baja la atención hacia ti […] Dejas de ser importante porque ya no tienes lo que les interesa», denuncia Elena desde el salón de su casa.
En Colombia, la gestación subrogada no está regulada, tampoco prohibida. Desde 2009, la Corte Constitucional ha exhortado hasta seis veces al Congreso de la República a legislar en esta materia mediante sentencias pragmáticas que reconocen la realidad de la práctica como un acto altruista y buscan priorizar el interés superior de las infancias.
«La rama legislativa no ha querido legislar en Colombia, le toca entonces pronunciarse a la rama judicial, a la Corte Suprema de Justicia», apunta Marcela Gómez-Molina, profesora de la Universidad Nacional y Jueza 38 de Familia de Bogotá. También una de las voces más críticas, quien en sus fallos defiende la pluriparentalidad bajo el argumento de que cuando hay una subrogación de vientre «hay dos madres: la madre genética (la que aporta el óvulo, en su mayoría donantes anónimas) y la madre biológica (la mujer que lo gesta)», e incluso una tercera: «la madre de crianza».
En ningún caso la mujer que gesta y da a luz puede aportar sus óvulos para el procedimiento, según dictaminó la Corte en la Sentencia T-968 de 2009, que establece además diez requisitos que los procesos de gestación subrogada deben seguir. «Todas las clínicas de fertilidad que existen creyeron o interpretaron que en Colombia estaba regulada la maternidad subrogada y que es legal», cuestiona la jueza, en referencia a la posición de la Corte, que no es una regulación per se.
La abogada Nadia Afanador, que trabaja desde hace más de una década mano a mano con las clínicas de fertilidad, asesora a sus clientes interpretando ese vacío legal. Sobre una larga mesa de cristal en una habitación de su oficina, tres futuras gestantes pasan las páginas de los contratos buscando algo que no aparece en el documento. Una cifra, tal vez. La Corte determinó «que era un acuerdo humanitario altruista en el cual una mujer humanitariamente prestaba su vientre para gestar un bebé y darle un nacimiento», defiende.
Según la legislación colombiana, la madre es la mujer que da a luz, sin importar que no tenga el ADN del neonato, y así lo debe inscribir el médico en el acta de nacimiento y, posteriormente, en el registro civil. Por ello, después del parto, el padre de intención debe pedir ante un juez de familia la impugnación de la maternidad, con la prueba genética como referencia, y si éste lo aprueba se borra completamente a la mujer gestante de cualquier documento legal.
Para evitar el riesgo de que los bebés queden sin nacionalidad [apatridia], este año la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ordenó incluir a la mujer gestante en el registro civil de una recién nacida mediante subrogación. «Ante la prueba del certificado médico que refiere el nombre de la mujer que vivió el parto, debe necesariamente incluirla como madre en el respectivo registro civil de nacimiento», apunta el tribunal en su fallo.
Unas actuaciones de los juzgados de familias que, según Natalia Rueda, abogada y docente de la Universidad Externado, van en dos líneas: «la que dice que la gestante es madre, hablando de pluriparentalidad, y otros que dicen que no es madre, pero la tengo que tener en el registro para evitar el riesgo de apatridia».
En otras ocasiones, la Corte Constitucional emitió sentencias en la misma línea, reconociendo que la maternidad subrogada conlleva un riesgo implícito de apatridia para los infantes nacidos bajo esta modalidad, y ha exhortado al Congreso a legislar sobre estos procesos.
Desde 1998, al legislativo colombiano le han llegado más de 16 proyectos de ley para su regulación, unos encaminados hacia la prohibición total, otros para legitimar la práctica con diferentes restricciones. Todos fueron archivados sin éxito. «Colombia cuenta con un sistema normativo lo suficientemente fuerte y complejo para poder entrar a hacer un análisis, una vigilancia y un control de este tipo de cosas. Y no lo ha hecho», señala Margarita Useche, especialista en derecho penal y derecho médico de la Universidad Externado.
Debido a las sentencias emitidas por algunas juezas de familia, que están retrasando y entorpeciendo las impugnaciones a la maternidad en Colombia, algunas agencias internacionales ofrecen a las mujeres colombianas realizar los procesos en países como Albania y Georgia, para facilitarle a los padres de intención los trámites burocráticos de los recién nacidos.
La Marea habló al respecto con dos mujeres colombianas que se encontraban en las capitales de ambos países –Tirana y Tiflis– realizando sendos procesos, y también con una reclutadora para el Centro Reproductivo Georgiano-Alemán (GGRC). Además, visitó las instalaciones de la agencia española Gestlife en Bogotá, donde se le brindó toda la información sobre los procesos en Albania y le explicaron los beneficios de realizar el proceso en el extranjero.
Mientras el multimillonario negocio de los vientres de alquiler permanece en un limbo jurídico, el mercado y sus actores aprovechan esa zona gris; y cada vez son más las empresas de reproducción asistida que llegan al país, sacando provecho a esa falta de normatividad. Pese a que no hay datos sobre el número de clínicas que realizan procesos de subrogación ni cifras oficiales de cuántos procedimientos se realizan al año, en Colombia están registradas 45 unidades de medicina reproductiva.
Según el director de Novafem/Babynova, José Pablo Saffon, el aumento de la demanda de estos procesos en Colombia se debe a que «cada vez más familias buscan alternativas seguras y éticas, y encuentran en Colombia un acompañamiento médico integral y de calidad».
La Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana, que hasta la fecha no ha querido hacer comentarios, agrupa 32 de 35 centros donde se realizan los procesos de subrogación. La abogada Natalia Rueda sostiene: «Aquí tenemos una industria que nos está pintando un cuento de hadas donde no se muestran los casos de fracaso y donde además hay también una visión utilitarista».
Investigadoras, académicas y miembros del equipo de trabajo de una congresista que fueron consultadas durante esta investigación, hablan del fuerte lobby de las clínicas y agencias de fertilidad. «Nos invitaron a un desayuno donde estaban algunos dueños de clínicas (…) Nos dijeron: “Ustedes tienen la posibilidad de regular a favor de los derechos de las mujeres o de ser unos antiderechos como los que prohíben el aborto”», apunta Paula Forero, quien trabaja para la congresista Jennifer Pedraza, opositora a los vientres de alquiler.
A menos de un año de las elecciones generales, con la campaña electoral ya en marcha, y el desinterés del gobierno progresista de Gustavo Petro por incorporar en su agenda política la cuestión de la subrogación, son los mismos dueños de las clínicas quienes buscan promocionar el mercado entre los tomadores de decisión. «Si tú observas los eventos promocionales, los pagan las clínicas. Los que tienen la plata hacen las invitaciones», denuncia la abogada penalista Useche.
Para la investigadora Rueda, contraria a lo que denomina explotación reproductiva, «las personas que trabajan dentro del Gobierno se dicen feministas, pero con una visión neoliberal, y sobre esa base están promoviendo la legalización de la maternidad subrogada. Todo apunta precisamente a generar una estructura jurídica que termine protegiendo a la red de intermediarios, a la red de clínicas, a los padres de intención y la mujer queda obviamente en la situación de mayor vulnerabilidad».
Según un informe del Global Market Insight, el mercado global de la gestación subrogada se estimó en 22.400 millones de dólares en 2024. Se prevé que crezca de 27.900 millones de dólares en 2025 a 201.800 millones de dólares en 2034. «Esta industria no solo explota mujeres y mercantiliza niños, sino que explota también el deseo de estas personas de ser padres y madres», añade la experta.
Las prohibiciones en Europa o la guerra en Ucrania también movilizaron este negocio transnacional a países de América Latina sin una regulación clara, donde las desigualdades económicas, que golpean especialmente a las mujeres, son terreno fértil para la creciente demanda, beneficiando también a los padres de intención, en su gran mayoría extranjeros.
«Al final esto es un acto libre de una mujer que decide libremente traer al mundo el bebé de unos padres. En todo momento se vela por la salud de la gestante y que no le suponga ningún coste económico», justifica Alberto, quien, junto a su pareja, son padres de un bebé nacido por gestación subrogada en el país andino. «Hay que dotar [los procesos] de mayor naturalidad», dice el español.
Juana*, madre subrogada de 29 años, tiene una opinión distinta: «Esto es un negocio. Nosotras somos utilizadas, somos una incubadora. Nos utilizan, tienen su recompensa, que es su bebé, y ya». Salir de Colombia con un bebé propio entre los brazos cuesta entre 50.000 y 70.000 euros; la mitad de lo que valdría en países donde los vientres de alquiler llevan décadas regulados, como Estados Unidos. «Tenemos que seguir con nuestras vidas. Yo lo que quiero es que a mi hija no le falte nada». Para ella, como la mayoría, ese fue el principal motivo por el que, un año y medio después de tenerla, comenzó a pedir información a distintas clínicas sobre los procesos de subrogación.
Las páginas webs de las clínicas, teñidas de colores pastel, imágenes de recién nacidos y embarazadas felices, resaltan el acto altruista y humanitario de estos procesos: «Cada vida que nace nos inspira. Si el amor y la ciencia se unen, suceden milagros».
Sin embargo, «el acto altruista con el que lo quieren disfrazar no es 100% real», aclara Martha. Un relato que se repite. El equipo de periodistas de La Marea revisó varios contratos, redactados por bufetes de abogados que trabajan para las clínicas, y todos ellos esconden la suma real que ofrecen a las gestantes una vez entregado el bebé a los padres de intención.
«La gestante subrogada no tiene fines lucrativos con la realización del procedimiento de reproducción asistida científicamente, su participación es de carácter eminentemente altruista con el único fin de ayudar al padre biológico para completar su núcleo familiar», puede leerse en uno de los documentos analizados.
«Las cláusulas de los contratos limitan los derechos de la mujer a disponer de su propio cuerpo, atentan a la dignidad humana», dice la jueza Gómez. En sus páginas aparecen restricciones a la movilidad de la gestante durante el embarazo o limitaciones sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho amparado por la Corte Constitucional bajo tres causales desde el año 2006 y, posteriormente, regulado hasta la semana 24 de gestación con la sentencia C-055 de 2022. «Cumplir con la cláusula de prohibición especial, interrupción de embarazo y de confidencialidad insertas en el presente acuerdo», se lee en los contratos que firman las mujeres antes de iniciar el proceso, muchas veces sin tener la claridad total ni la información real sobre las implicaciones y vulneraciones a sus derechos que pueden contener esos escritos. «Lo que percibí es mucha desinformación. A estas mujeres les venden un proceso maravilloso, bonito […] después me di cuenta de que se las instrumentaliza mucho», lamenta Paulina, extrabajadora de una clínica de fertilidad.
Es precisamente ese grito enmudecido por el miedo el que impera en sus historias, en contraste con la publicidad y los casos de éxito que muestran las clínicas y padres de intención. «En este cuaderno quiero dejar plasmado un tema de mucho interés del cual siento que tenemos mucha desinformación. Es un tema tabú aún señalado, juzgado y por algunas personas romantizado. Quiero contar mi experiencia personal alquilando el vientre», así inicia Martha el cuento que durante nueve meses comenzó a escribir como catarsis de un proceso que, por ahora, no volvería a repetir.
Las referidoras son el primer filtro del proceso. Su labor consiste en encontrar gestantes o «cigüeñas», como aparece en la página web de la agencia de Lina Garzón, quien se autodefine como «asesora». Para ser seleccionadas, las mujeres deben cumplir los requisitos que piden las clínicas para acceder a los programas de gestación subrogada. Estos –como también indica Garzón en su web– son: estar en edad fértil, tener entre 20 y 38 años; tener al menos un hijo vivo; estar sana y no fumar; ser colombiana o extranjera con documentos verificables, entre otros.
Para encontrarlas, Garzón busca en los múltiples grupos de Facebook y WhatsApp, donde cuelga anuncios casi a diario, y a través del boca a boca, mediante «mujeres que han hecho el proceso conmigo y que me recomiendan», añade. Ella dice ser una de las primeras mujeres en alquilar su vientre en Colombia. Lo ha hecho en dos ocasiones, la primera en 2013. Desde hace una década trabaja con su propia agencia como «asesora» para los centros de reproducción asistida y agencias más populares.
En la actualidad son las mismas clínicas las que dan la oportunidad a las gestantes, «no solamente de hacer el proceso de subrogación, sino de recomendar a otras chicas y poder ganar algo», asegura Garzón. Esto hace que se genere una mayor competencia entre las referidoras y disputas que quedan patentes en los mismos anuncios de Facebook.
Encontrar gestantes de este modo libera a las clínicas de que se las responsabilice de manipular a las futuras pacientes o de delitos como la trata o explotación de personas, ya que son las mujeres las que, solas o referidas, llegan a pedir información a los centros. «Las referidoras nos ayudaban a que, en temas de convocatoria, se viera como si las futuras gestantes llegaran a nosotros solicitando la información. Una vez teníamos sus mensajes de que ellas estaban solicitando información, ya nos cubríamos legalmente en ese aspecto», explica Paulina, extrabajadora de una clínica en Bogotá.
Según nos han narrado algunas mujeres que trabajan reclutando y acompañando a gestantes, los pagos pueden llegar hasta los dos millones y medio de pesos (547 euros) por proceso exitoso. «La clínica es la que nos hace los pagos. El 50% cuando la mujer sale apta y el otro 50% cuando está en la semana 12 de embarazo», afirma Garzón.
Algunas gestantes han denunciado que las mismas reclutadoras les exigen un porcentaje del pago que reciben de los padres de intención, clínicas y fundaciones a cambio de ayudarlas a pasar los controles de los centros y poder acceder a los programas de subrogación.
* Los nombres de todas las gestantes fueron cambiados para proteger su identidad y por motivos de seguridad.
Este reportaje fue realizado con la colaboración de Marco Dalla Stella. Es la primera parte de una serie sobre el panorama actual del creciente mercado de la gestación subrogada en Colombia y sus implicaciones.
Este dossier de investigación sobre la industria de los vientres de alquiler ha sido desarrollado con la financiación de la organización Journalismfund Europe.
La entrada “Cuando seas grande no recordarás que naciste en un país extranjero” se publicó primero en lamarea.com.
Hoy hablamos con Jacqueline Rojas, defensora de los derechos humanos, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), de la Organización Femenina Popular (OFP) y miembro de SINALTRAINAL. Nos contará los pormenores de la situación actual en Colombia.
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Hoy estamos con Carlos Olaya, un habitual colaborador del programa. Hablaremos con él de la evolución de la lucha en las calles de Colombia, de los últimos acontecimientos en Haití y de la tán comentada situación en cuba. Todo ello desde un punto de vista distinto al que los medios nos tienen acostumbrados.
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Prácticamente todo el pueblo colombiano ha salido a las calles para mostrar su rechazo a las politicas que está practicando el gobierno allá. La reacción del gobierno ha sido responder a estas movilizaciones con tratamiento de guerra. Con un 60% de la población hundida en la pobreza y fuertes evidencias de corrupción en la clase […]
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En el programa de hoy contactamos directamente con un compañero en Bogotá. ¿qué está pasando en las calles de las ciudades en Colombia?¿Por qué está ocurriendo esto? y ¿Cómo están reaccionando los representantes políticos y las fuerzas policiales? En definitiva, analizaremos las razones y las consecuencias del conflicto.
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Esa misma frase, con la que el asesino confirmaba la «misión cumplida» a su superior en uno más de los miles de crímenes de estado que asolan Colombia, es la que los estados llevan décadas pronunciando para «dar confianza y tranquilidad a los mercados». Deuda impagable, secuestro, tortura social, privatización, saqueo de todos los recursos. Es la […]
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Hoy Hablamos de lo humano y lo divino a raiz de una extraña noticia que nos llega de Colombia. Resulta que Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de Buenaventura ha decidido realizar un exorcismo a la ciudad entera paseándose en un camión de bomberos. Para entender por qué y para qué tenemos la insigne visita […]
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Segundo programa de Espabila! donde hablamos de las diferentes músicas de diferentes países. También hablamos de «Israel Vibration» y su historia de superación ante la polio. Un programa lleno de emociones y de música para todo el mundo.
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En esta ocasión hablamos con Nubia Ruiz , demografa (Universidad Nacional de Colombia)m sobre las migraciones Sur-Sur y, en concreto, sobre la migración de Venezuela hacia Colombia. Con ella resolveremos dudas como: ¿Es una novedad la migración de gente venezolana a Colombia?¿Tiene Colombia derecho a creerse la salvadora de la población Venezolana?¿Qué papel juegan EEUU […]
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Sobre los resultados del referéndum en Colombia y sobre los resultados de la hiperexplotación y el racismo en Alemania. Según como lo mires, tanto monta que monta tanto. Al final todo va de violencia y clasismo. Cada paraje con su historia. Lucha Libre es el programa de ASSI en Radio Topo, 101.8fm – en Zaragoza, […]
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El sorpresivo arribo del expresidente panameño Ricardo Martinelli a Bogotá el pasado 15 de mayo desató un torbellino de pronunciamientos encontrados. Los medios criticaron la concesión de asilo a un millonario mencionado en los Panamá Papers, mientras el gobierno colombiano, por boca de su presidente, de visita en Beijing, lo justificó incondicionalmente. El beneficiario de la medida, por su parte, puso en circulación videos de la pachanguera celebración que organizó entonando ‘pero sigo siendo el rey y mi palabra es la ley’.
Para dilucidar el significado de esta actuación internacional en provecho de tan controvertido personaje es necesario un mínimo de contexto de la institución del asilo diplomático y territorial. El asilo es una medida de protección otorgada por un Estado (Estado asilante) a quien se encuentra en situación de riesgo por persecución políticamente motivada adelantada por el gobierno de otro Estado en su territorio (Estado territorial). Si el asilo se concede en una embajada se denomina asilo diplomático; si se hace en el territorio del Estado asilante, se llama asilo territorial. En ambos casos el elemento político es fundamental, por lo que en ocasiones se bautizan ambas modalidades como asilo político.
A diferencia de otros mecanismos internacionales -extradición, refugio- surgidos en Europa, puede afirmarse que el suelo natal del asilo fue el cono sur. En 1820 el líder de la independencia de Uruguay, Artigas, perseguido por sus propios compatriotas, recibió acogida en Paraguay; el caudillo militar José María Obando, quien fue expresidente designado de Colombia, luego de su derrota en la Guerra Civil de los Supremos, huyó a Perú para ponerse a salvo y recibió asilo en 1842; el presidente chileno Balmaceda, derrotado en la guerra civil de 1890, pudo asilarse en la embajada argentina de Santiago.
La frecuencia de la práctica del asilo conllevó el surgimiento de una temprana normativa continental en el llamado Tratado de Derecho Penal Internacional de 1889, que consagró de modo inaugural la institución del asilo; en 1928 la Convención de La Habana definió sus rasgos básicos: otorgamiento en embajadas, legaciones o navíos bajo la expresa prohibición de otorgar asilo por delitos comunes y el deber del Estado territorial de respetarlo acompañado de la prohibición para el asilado de atentar contra el orden público. Cinco años más tarde, en 1933, se suscribió la Convención de Montevideo, que calificó su carácter humanitario y afirmó un elemento de particular importancia: la relevancia de la calificación de delito por el Estado que concede el asilo, así como la reiteración de su validez solo para delitos políticos.
En 1949 Colombia fue protagonista del caso más famoso en la literatura mundial sobre asilo diplomático. El gobierno conservador de Ospina Pérez, a través de su canciller Eduardo Zuleta Ángel, dispuso conceder asilo diplomático en la embajada de Lima al célebre dirigente e intelectual de izquierda Víctor Raúl Haya de la Torre, perseguido por la recién instalada dictadura del general Odría bajo la acusación de ‘rebelión militar’. El gobierno peruano objetó la legalidad del asilo mientras Colombia, segura de la legalidad de su actuación, convino en someter a un tercero la resolución del diferendo. Las respectivas delegaciones presentaron sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia, que profirió su sentencia al año siguiente y clarificó dos puntos en disputa de la mayor relevancia: la calificación del delito por el Estado asilante no prevalecía a la dada por el Estado territorial, con lo que desechó el argumento sostenido por Colombia, y que si bien Colombia no había probado el peligro en que se encontrara el asilado, su otorgamiento no era contrario a derecho; así mismo, no reconoció la obligación de proveer un salvoconducto a cargo del Estado peruano. Si bien desde el punto de vista estrictamente jurídico no puede hablarse de un triunfo de la postura colombiana, su determinación de mantener el asilo durante cinco años constituyó una crucial afirmación de la trascendencia de tal institución.
Las incertidumbres del caso Haya de la Torre condujeron a la expedición de la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo, en la que se reafirmó la órbita de su aplicación a los delitos políticos.
En el plano mundial la concesión del asilo diplomático dio lugar a dramáticas situaciones reveladoras de su relevancia y su profundo sentido humanitario. México recibió como asilado en 1937 al bolchevique León Trotsky, perseguido a muerte por el régimen de Stalin luego de que sucesivamente se lo expulsó de Turquía, Suecia y Francia; Estados Unidos acogió durante quince años en su embajada de Budapest al cardenal católico Mindsentsky, acérrimo opositor del comunismo, tras el levantamiento húngaro de 1956. En el marco de la Guerra fría gobernantes depuestos en golpes de Estado pudieron obtener asilo en embajadas. Ecuador recibió como asilado político a Julian Assange en 2012, quien permaneció siete años sin recibir salvoconducto del gobierno británico.
En el caso de nuestro vecino país, los asilos reconocidos por Panamá han sido polémicos. Expresidentes como el ecuatoriano Abdalá Bucarán y el haitiano Raúl Cedrars, cuya condición de perseguidos políticos era por lo menos discutible, recibieron asilo territorial. El caso más controversial se produjo en el caso de María del Pilar Hurtado, exjefe de inteligencia, quien con la anuencia del entonces presidente Uribe interceptó ilegalmente teléfonos de magistrados, líderes y opositores políticos. La Corte Suprema de Justicia panameña declaró la inconstitucionalidad de tal medida en 2014 por juzgarla violatoria tanto del orden interno como de la normativa internacional.
Ricardo Martinelli fue presidente electo para el quinquenio 2003-2009 durante el que concedió el ya referido asilo a la funcionaria colombiana. Los Panama Papers lo mencionan como titular de varias cuentas y fondos en paraísos fiscales en violación de regulaciones fiscales y tributarias. Dos familiares cercanos fueron condenados en Estados Unidos acusados de narcotráfico, proceso en el que declararon actuar por órdenes suyas. Fue capturado en Miami y finalmente extraditado a su país, tras lo cual se prohibió su ingreso a territorio estadounidense.
La justicia de su país inició investigaciones que condujeron a una sentencia condenatoria por ‘blanqueo de capitales’ o lavado de activos con pena de prisión de diez años y ocho meses, al igual que la imposición de una multa superior a US$15 millones. La sentencia, proferida por la jueza Baloiza Marquines el 28 de junio de 2023, consta de 306 páginas. Se comprobó además la utilización de dineros públicos para la compra de medios de comunicación. La mencionada sentencia cobija una docena de personajes del círculo de socios del expresidente.
Diversos sectores de la opinión pública calificaron esta actuación como una reivindicación largamente esperada de la justicia y un hito que demostraba los límites a los que la impunidad podía ser sometida. Para ese entonces, Martinelli estaba en plena campaña electoral por un segundo período -la Constitución autoriza la reelección no inmediata por una sola vez- con el movimiento Realizando Metas, en asocio de Raúl Mulino como fórmula vicepresidencial. El tribunal electoral ordenó su retiro de la contienda, por lo que Mulino resultó presidente en 2024 como delfín de aquel.
Fue entonces, una vez en firme la sentencia condenatoria en su contra, cuando el gobierno de Daniel Ortega, el 24 de febrero de 2024, otorgó asilo en su embajada al expresidente, quien la convirtió de inmediato en un centro de actividad proselitista y propaganda de su presunta persecución judicial. Pese a la expedición de una circular roja de Interpol solicitada por la justicia panameña, la Policía se negó a hacerla efectiva por supuestamente violar su estatuto de asilado. Una vez cerrada toda posible revisión judicial se presentó una iniciativa en el Congreso para expedir una amnistía en su provecho, que a pesar del apoyo del Ejecutivo no obtuvo el necesario respaldo. Fue entonces cuando la injerencia de su anterior compañero de campaña electoral, convertido gracias a él en presidente, entró una vez más en ejercicio, al expedir un salvoconducto para Martinelli que le permitiera salir del país. Sorpresivamente, Nicaragua, a través de la esposa del presidente Ortega, negó el traslado aduciendo la existencia de dicha circular roja de Interpol.
Tras catorce meses en la embajada nicaragüense y frustrada su salida del país, irrumpió como un deus ex machina la decisión del gobierno colombiano de otorgar asilo territorial. Su mentor y compañero electoral pronta y solícitamente otorgó un nuevo salvoconducto para su traslado a Colombia.
El presidente Petro justificó el asilo a Martinelli bajo el argumento humanitario, la tradición humanista del país y la indiferencia de afiliación ideológica para sus beneficiarios, dando por descontada su condición de perseguido político. La canciller Laura Sarabia, interrogada al respecto, declaró su respeto por la decisión del presidente, en una suerte de ‘obediencia debida’ a la voluntad de su jefe. El laconismo de la Cancillería mostraría pues la ausencia de criterio diplomático por parte de la autoridad responsable.
En realidad, la decisión gubernamental hace trizas no solo la tradición diplomática colombiana en la materia sino la normativa internacional tan laboriosamente construida sobre la base de la exclusión radical del otorgamiento de asilo por delitos comunes. Colocar en la misma balanza al líder peruano perseguido por la dictadura militar hace tres cuartos de siglo con un condenado por lavado de activos constituye poco menos que una degradación del dispositivo internacional, y su extrema tergiversación jurídica. Que el primer presidente de izquierda en Colombia y antiguo rebelde confunda el delito político con el delito de lavado de activos solo puede dar pábulo a las más siniestras sospechas. Justo en un momento en que el país requiere, más que nunca, la máxima transparencia en los asuntos públicos.
Algunos “temas gruesos” están sobre el escenario de la lucha que se adelanta en Colombia por parte de los movimientos sociales y políticos de carácter popular. Son asuntos y problemas que compartimos con los demás pueblos y sociedades de países de América Latina que se han atrevido a desafiar el poder del Gran Capital intentando usar la institucionalidad existente.
En esos países se accedió a los gobiernos por la vía electoral y se quiso utilizar el Estado “heredado” para impulsar procesos de transformación social, política, económica y cultural. Se quiso enfrentar el neoliberalismo más no el capitalismo. De antemano sabíamos que los latinoamericanos heredamos Estados coloniales y patriarcales, capitalistas y neoliberales, burocráticos y corruptos, y que no iba a ser fácil realizar esa tarea “desde adentro”.
Y también sabíamos, o supongo que los principales dirigentes eran conscientes de ello, que el gobierno, o mejor, la “cúpula” del Ejecutivo (presidente, ministros y otros altos funcionarios), sólo son una parte del aparato del Estado, que está conformado por otras ramas del “poder público” como el Congreso o asamblea nacional, las Cortes Judiciales, los órganos de control, las Fuerzas Armadas y otras instituciones como la Fiscalía, defensoría del pueblo, el poder electoral, y otras.
Y lo que es más importante de entender, de ser absolutamente conscientes, es que el conjunto de ese Estado “heredado” responde a los intereses de las clases dominantes, que en Colombia están compuestas por una oligarquía financiera que se alimentó desde los años 80s del siglo XX de los recursos del narcotráfico, se apoderó de las empresas estatales y de los caficultores, y logró conformar una alianza estrecha con el imperio estadounidense y con los grandes terratenientes que han sido la clase social que ha mantenido su hegemonía desde tiempos coloniales.
Lo que hemos aprendido desde el ascenso del presidente Chávez al gobierno de Venezuela en 1999, pasando por las experiencias de Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Tabaré y Mujica en Uruguay, Evo en Bolivia y otros intentos en curso, es que las castas oligárquicas de cada país, sus aliados subordinados (burguesía burocrática y grandes terratenientes) y el mismo imperio, no van a entregar sus privilegios sin luchar y resistir, y por ello, también han asimilado esas experiencias y han adaptado sus políticas y estrategias a las nuevas realidades.
Antes de avanzar, es importante contar con una mirada de contexto y, además, reiterar que sin una efectiva y consistente fuerza “desde abajo” es imposible que nuestra acción “desde adentro” o “por arriba”, logre realizar y consolidar cambios estructurales o sustanciales en nuestras sociedades.
Sin embargo, si estamos de acuerdo con lo anterior, es posible diseñar una estrategia para avanzar con paciencia y consistencia en la acumulación de esa fuerza “desde abajo”, sin ilusionarnos o afanarnos con “golpes de mano” u otras acciones que hacen parte de nuestras “herencias insurreccionales” que, como se ha comprobado en estos países vecinos, siempre fracasarán ante la enorme fuerza del enemigo que actúa como “clase capitalista global” y que recurre a bloqueos, saboteos y demás actos de fuerza para impedir que esos intentos logren su objetivo.
En el caso de Colombia, debemos ser conscientes que se llegó al gobierno con un escaso margen de ventaja frente al candidato de las “derechas” (Rodolfo Hernández) y en alianza con algunas expresiones políticas de la oligarquía financiera, burguesía burocrática y burguesías emergentes (de origen legal e ilegal) que se articularon alrededor del “proceso de paz” (Santos), y que buscaban desplazar del poder a sectores monopólicos de las clases dominantes y participar de las enormes ganancias que la oligarquía financiera y los grandes terratenientes han acumulado a lo largo del tiempo.
Desde el principio era claro, que esas clases y sectores de clase aliadas, no sólo no eran confiables sino que su naturaleza económica y social de carácter parasitario, no les permite ser protagonistas de un proyecto “progresista” y “revolucionario”. Podíamos prever que cuando llegara el momento de la confrontación con la oligarquía financiera, esos sectores no sólo vacilarían sino que mostrarían su absoluta incapacidad para avanzar por nuevos caminos.
El momento llegó cuando el gobierno presentó ante el Congreso las denominadas “reformas sociales” (de la salud, laboral y pensional) y cuando hizo amagues de intervenir en el campo de la generación y distribución de la energía eléctrica. De inmediato, la “alianza interclasista” y el “frente interpartidista” se empezó a resquebrajar y, ello se reflejaba tanto en la composición del gobierno (cambios de ministros y altos cargos) como en los debates y nuevas alianzas que iban surgiendo al interior del poder legislativo (y también en las otras ramas del poder como ha ocurrido con la fiscalía, contraloría, procuraduría, etc.).
Las preguntas que surgen de este sintético recuento tienen que ver con la estrategia. Si éramos conscientes de que la fuerza acumulada no era suficiente y que los aliados eran vacilantes y no confiables para confrontar a la oligarquía financiera en esas áreas que comprometen el manejo de las EPS y de los Fondos privados de pensiones… ¿por qué se priorizaron y se presentaron tan pronto esas reformas ante el Congreso? ¿Hubo exceso de confianza en esos aliados o se pensó que con el manejo y la transacción de burocracia y contratos (“mermelada”) iban a aprobar fácilmente esas iniciativas?
¿Se exploraron otras posibilidades para acumular fuerza social y política? ¿Se visualizaron otras clases y sectores de clase con quienes se hubiera podido avanzar en otras materias y temas como la industrialización de los procesos productivos y el cambio gradual y sistemático de la matriz energética? ¿Se evaluó la posibilidad de construir otras alianzas con sectores de las burguesías emergentes como los pequeños y medianos productores agrarios y los pequeños y medianos emprendedores citadinos (muchos de ellos son “profesionales precariados”)?
Ahora que estamos en la etapa final del gobierno progresista, se hace necesario que la dirigencia del Pacto Histórico y de los movimientos sociales reflexione sobre esos “temas gruesos”, que de alguna manera se han manifestado en estos tres (3) años de gobierno progresista y que se han enfrentado de diversas maneras, principalmente por parte del presidente Petro, pero que no han sido abordados en conjunto por las llamadas “fuerzas del cambio”.
Esos “temas gruesos” y su tratamiento al interior del Pacto Histórico van a determinar, de alguna manera, los debates internos de cara a la consulta para escoger candidat@s presidenciales en octubre de 2025. ¿Seguimos priorizando la alianza con las expresiones políticas de la burguesía burocrática corriendo los riesgos de ser arrasados por toda clase de politiquerías y corrupciones? ¿Con qué sectores sociales vamos de verdad a impulsar un decidido y efectivo proceso de industrialización del aparato productivo? ¿Estamos de acuerdo que ese proceso de industrialización es la única forma de “progresar”, de crear empleo digno y formal y de fortalecer los ingresos del Estado para poder financiar programas sociales de gran impacto?
¿Cómo vamos a romper y derrotar el “bloqueo institucional” que ha sufrido el gobierno progresista durante estos tres (3) años? ¿De qué manera asimilamos tanto la experiencia de la Constituyente de 1991 en Colombia como parecidas experiencias vividas en Ecuador y Bolivia, en donde se aprobaron nuevas Constituciones Políticas pero el poder de la oligarquía financiera y del imperio estadounidense siguen allí, medrando y explotando nuestros recursos humanos y naturales?
Estos y otros “temas gruesos” deben hacer parte de las reflexiones y debates del Pacto Histórico y del movimiento social. Solo así valoraremos a fondo los esfuerzos y avances liderados por el presidente Gustavo Petro pero, también, estaremos a la altura de emular y superar esa experiencia y legado.
E-mail: luisdorado@gmail.com
Con esta contundente consigna, “Por la paz, la democracia y el socialismo”, el movimiento estudiantil colombiano fraguado en la lucha antimperialista y de solidaridad con la reciente revolución cubana y en la anterior lucha sangrienta contra la dictadura anticomunista Rojas Pinillista, irrumpió a gritos y a marchas, solidarizándose con la revolución mundial que había estallado en París aquel memorable mayo de 1968. Tenían también otras razones quizás más profundas.
La guerra civil bipartidista entre conservadores (falangistas) y liberales y nueveabrileños iniciada desde el poder central aquel fatídico 9 de abril de 1948 había sido detenida parcialmente con el pacto de Sitges 1957 entre los dos jefes, el falangista Laureano y el panamericanista Lleras Camargo y, el Estado plebiscitario allí pactado que al año de haberse montado (1959) recibía la primera visita “secreta” del US Army general Yarborough, con el fin de convertirlo lenta y gradualmente en un Estado contrainsurgente, que comenzara la guerra de agresión contra las comunidades campesinas y populares calificadas como “enemigos internos”. Era la guerra fría del imperialismo una vez acabada la guerra caliente contra el comunismo o el socialismo.
Sin embargo y sin saberlo, los estudiantes marchantes habían iniciado la crítica de la realidad socio-económica y política que surgía, y que 70 años después de haber sido conceptualizada por el poder y sus ruiseñores como “conflicto interno colombiano”; por inercia y sin más esfuerzos analíticos o de abstracción así se siguió llamando, incluso dotado de pasaporte para viajar al exterior, donde fue muy bien aceptado y promovido.
Pero las palabras como las monedas se gastan de tanto usarlas. Esto es sabido desde la época de los arcaicos mercaderes fenicios. La guerra civil bipartidista que (también a más no poder) y para efectos de la impunidad de sus promotores se llamó con la simpleza vacía de “Violencia del medio siglo”,continuó transformándose y complicándose (complejizándose, dicen los violentólogos adictos) al ritmo de las rápidas y profundas transformaciones económico sociales y superestructurales que míster Capital, en su desarrollo autónomo realizaba, no solo en el campo colombiano sino en toda la sociedad para conformar, violentamente o mejor, por medio de la guerra, el mercado nacional integrado, vinculado al mercado universal y a la economía Mundial, descrito por los autores más destacados del pensamiento crítico Marxista actual.
La guerra capitalista entre colombianos, cuya cultura de matarse en montoneras unos con otros provenía de las nueve guerras civiles y miles de asonadas pueblerinas del siglo anterior con las que se desarrollaba el campo y la sociedad colombiana, según el concepto extraído de la ciencia básica biológica, había “mutado” y habría de seguir mutando indefinidamente empujada por la ley tendencial de la necesidad y el azar, hasta convertirse en lo que hoy conocemos con el concepto critico que he propuesto de Guerra Civil Mutante, esbozado en el siguiente artículo de opinión : https://rebelion.org/
La rígida y limitante dicotomía Paz/ Guerra, basada en la profunda cultura escolástica de los analistas adictos y violentólogos creados por el desarrollo de la división social e intelectual del trabajo, tan funcionales a mister Capital, al construir una jaula de hierro para contener la contradictoria realidad creciente y cambiante y, perseguir a los jóvenes cerebros críticos pensantes que trataban de interpretarla, acabaron por vaciar los conceptos.
La paz, como la antigua concepción de la salud que significaba ausencia de enfermedad, pasó a significar ausencia de guerra y la guerra, ausencia de la paz. ¿Fácil, no?
Cuando la otra moneda, la de la democracia, se hubo gastado de tanto usarla sin valor y fue reemplazada por la de “elecciones cada cuatro años” para elegir los representantes del pueblo o a los mejores como lo recomendaba el obispado, perdiendo su contenido profundo dado por los griegos antiguos, y convertida en otro ritual ceremonioso y superficial. Rápidamente fue asociada al construido simplismo intelectual de la paz, para ser tomados en bloque e implementados por los jefes naturales más avisados y astutos de las sectas políticas, quienes en medio de la crisis generada empezaban a brotar como champiñones después de las lluvias, convirtiéndolo en el relato en hegemónica dominante.
Cuando ganaron las elecciones presidenciales, resolver la desbordante realidad del llamado conflicto interno, solo era una elemental cuestión de eliminar uno de los términos de la dicotomía: Eliminar la guerra promoviendo la paz para salvar la democracia. Claro, sin ninguna transformación estructural de las causas profundas generadoras de tal guerra y mucho menos, sin reparar o sanar las enormes heridas y daños que esta ocasiona, no solo a las personas sino a la sociedad en general y a la verdadera democracia popular.
Así, con el aval de ONG, organismos internacionales, cada gobierno liberal o conservador o sus herederos empezaron a promover en cada una de sus administraciones cuatrienales procesos de paz, como una ceremonia o ritual abstracto, no para RESOLVER O SOLUCIONAR el conflicto como las comunidades y la sociedad lo clamaban o suplicaban, eliminando las causas estructurales que incluso siempre detallaron en sus solicitudes, sino para alcanzar (en abstracto) una paz cada vez más lejana, con una guerra verdadera cada vez más cercana, mediante acuerdos de paz simulados e hipócritas, que una vez firmados se convertían en papel higiénico mojado. En un maldito papel. Mientras el régimen con su estrategia contrainsurgente y mister Capital continuaban su curso ineludible caminando airosos como la flor de la canela. Y así, durante 70 años, hasta llegar al actual reformismo contrainsurgente de la promesa electoral hueca o vacía de la “paz total” que, con su frustración, desilusión y promesas incumplidas, ha venido a reforzar la perpetua estrategia contrainsurgente del régimen, y más reciente la del Uribato.
Reconocer la septuagenaria guerra civil mutante que se desarrolla en Colombia hasta el día de hoy implica un giro semántico de la ciencia política pleno de contenido ético que cuestione la superficialidad o el vaciamiento de los conceptos de democracia y de la paz, tal como han sido utilizados, para llenarlos de contenido real, reconociendo la existencia de esa guerra civil (histórica de largo alcance) mutante, persistente y antidemocrática, muy distinta al cuento superficial novelesco, fullero y novel(esco), de que esta guerra o conflicto se ha terminado y se está en un paradisíaco postconflicto.Cuando la realidad es que se está en una guerra civil actual y presente.
No basta con darles nombres de siglas a los grupos armados en guerra civil cambiante de todos contra todos, vinculados activamente a economías de guerra nacional e internacional y quienes ejercen un control territorial de facto. Y su solución implica, transformaciones materiales y de alta política: Reformas agrarias reales. Justicia redistributiva. Fin del paramilitarismo y desmonte de su entramado contrainsurgente legal. Reconstrucción democrática de lo público y del Estado desde abajo, desde los territorios. Dándole un contenido real y popular al concepto de democracia directa como la insinuó Marx en su famoso análisis del 18 de Brumario.
Solucionar la guerra también es desmantelar las condiciones estructurales y objetivas que la reproducen a lo largo de todo el territorio colombiano: exclusión y desigualdad, impunidad, racismo básico, violencia de clase, despojo ambiental, extractivismo, deforestación y Ecocidio. Y democracia genocida.
No se trata solo de cesar hostilidades militares o sociales, sino de construir una sociedad democrática participativa con otras reglas del juego, verdaderas, donde la vida digna sea posible.
En este sentido, «solucionar la guerra civil mutante en Colombia» exige reconocer y abordar las desigualdades orgánicas, la exclusión social y la falta de participación política que han sido su combustible. Se requiere una transformación integral y profunda que vaya más allá de los acuerdos de paz falsarios, que busque una justicia social y económica real para todos los colombianos.
En resumen, es momento de dejar de hablar únicamente de paz y comenzar a trabajar en la verdadera «solución de la guerra» en Colombia, que la democracia y el socialismo vendrán con ella.
“Todo el cielo está en completo caos, la situación es excelente”, diría el presidente Mao.
En una intervención por todos los medios de comunicación, el presidente Gustavo Petro ha hecho un anuncio trascendental al convocar la Consulta popular sobre un nuevo régimen laboral para recuperar y otorgar nuevos derechos a los trabajadores colombianos, afectados gravemente por el modelo neoliberal implantado en Colombia desde los años 90 por el ex presidente Cesar Gaviria y blindado a lo largo de 3 décadas con un sistema de gobierno violento que incorporó ejércitos paramilitares anticomunistas, ejecutores de una demencial campaña de asesinatos, masacres, despojo y desplazamiento de más de 10 millones de campesinos; escenario en que sobresalen el exterminio de la Unión Patriótica y la liquidación de miles de líderes sindicales, sociales y de los derechos humanos. Todo bajo el amparo de los gobiernos de Uribe Vélez, Pastrana, Santos e Ivan Duque que contaron siempre con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
La Consulta popular será citada mediante un decreto que se dará a conocer antes del 12 de junio en un acto público con la ciudadanía en Medellin o en Cali. Las votaciones de la misma podrán ocurrir a finales de julio o a mediados del mes de agosto.
Está previsto que la Corte Constitucional examine, una vez se haga la Consulta, la legalidad de la convocatoria para afianzar su pertinencia y legitimidad en la amplia jurisprudencia garantista, acumulada por tal institución desde su creación por la Asamblea Constituyente en 1991, con un desempeño ajustado a los principios del Estado social de derecho, con algunas excepciones por la infiltración de facciones de la ultraderecha y de las mafias jurídicas en su seno en años recientes provocando grandes escándalos y denuncias de corrientes democráticas radicales con fuerte incidencia en la esfera pública.
La audaz decisión del presidente Petro se da en una coyuntura compleja, de aguda confrontación de clases; en unas circunstancias en que, los adversarios de la ultraderecha fascista, promueven planes de asesinato y magnicidio del presidente, por ser hoy la persona más representativa del proceso de transformación profunda de la sociedad colombiana.
Las mafias fascistas están profundizando la confrontación, que se ha expresado en el bloqueo institucional, y que se propone saltar a la destrucción física del presidente Petro, involucrando segmentos militares y policiales degradados, presentes en eventos demenciales como el asesinato del presidente de Haití, las masacres de civiles pagadas por los Carteles mexicanos en Michoacán y en la guerra de Ucrania como mercenarios contratados por la Otan.
Así, el presidente ha dado un paso audaz que llevará la confrontación sociopolítica a nuevos niveles en el entendido de que solo la lucha permite conquistar los derechos de los trabajadores colombianos.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, con la compañía de otros voceros de la ultraderecha, han desatado una narrativa para insinuar golpes de estado y rupturas institucionales en la determinación del presidente, como lo hace el alcalde de Bogotá.
Lo cierto es que, como lo señala Montealegre: “Existen tres situaciones que viciaron el “procedimiento legislativo” (que hundió el tramite senatorial de la Consulta): (i) El hecho de que el presidente del Senado cerró abruptamente la votación, cuando una de las senadoras tenía la expectativa legítima de participar en la misma. Esta actuación le impidió a una parlamentaria -pro-consulta- ejercer el derecho a intervenir en la deliberación: se violaron los principios pro-democracia o pro-participación. (ii) El secretario general cambió el sentido de un voto por el sí, para volverlo no, cuando estaba cerrada la votación. La actuación del secretario fue un abierto desconocimiento del principio de preclusión que rige las etapas de un proceso legislativo. Violó la seguridad jurídica, valor con protección constitucional. Un acto arbitrario. Si bien el reglamento del Congreso permite sanear actos del trámite legislativo, él no era el competente para hacerlo. En este caso, el órgano era la plenaria. (iii) No se dio paso a la apelación que se hizo en forma inmediata ante estos vicios. Sin tramitar la impugnación, no se podía dar por finalizada la sesión. Quien debía decidir sobre la apelación, era la plenaria del Senado, no el presidente, quien, ni siquiera la tramitó” (Ver
Desde hoy, la victoria popular y progresista se dará en las calles en donde deberá construirse una nueva hegemonía en los Cabildos populares y las Asambleas comunitarias. La situación que atraviesa Colombia no admite vacilaciones, ni dudas, exige un cambio desde una política emancipadora radical; por lo que hay que redefinir al movimiento popular-indígena-campesino y afro como una fuerza social determinante.
Lo cierto es que la salida ya no está en la negociación paciente ni en los Acuerdos nacionales, con quien no lo quiere y lo sabotea con bloqueos de todo orden y en todas las instituciones, en una forma liberal democrática, en momentos en que la democracia colapsa y está cuestionada a nivel global por la emergencia de los populismos ultraderechistas que promueven el odio de clases.
Pero, al interior de la turbulencia política en auge por la convocatoria directa de la Consulta popular, desde la institución presidencial, lo que debemos asumir es que la lucha de clases va a implicar una lucha como crítica de la economía política, o sea la disputa por el reparto de los excedentes que producen millones de trabajadores de las ciudades y el campo.
Hay que plantear esta nueva lucha como una crítica a la economía política: no se pueden permitir el drenaje de descomunales partidas para subsidiar a los más ricos, a las vigencias futuras, a entregar millonarias partidas a las mafias de la corrupción (Regalias), a los poderosos dueños del transporte de carga, a las empresas de los servicios de luz y del gas. Hay que poner mano dura a esos privilegios y la demanda del presupuesto actual como lo ha exigido el presidente Petro va en la línea correcta.
Así, se pueden superar las brechas salariales, pensionales, en educación y en la salud; ejecutar una amplia política de vivienda que favorezca a los sectores más vulnerables; una reforma agraria con más inversión, tecnología, ampliación de mercados y de la frontera agrícola que beneficie a millones de campesinos. Solo por esta ruta, el campo popular dará rápidamente un nuevo impulso a las luchas sociales y aperturar el camino a un cambio político más profundo sobre la base de la unidad y la convergencia de los distintos sectores del bloque democrático popular.
