La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha atendido en apenas 10 meses a más de 130 personas migrantes que han sufrido racismo o xenofobia al alquilar una casa, ir al médico, empadronarse en su municipio o abrir una cuenta bancaria.

En un comunicado remitido a los medios en el marco del trigésimo tercer aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez, el primer crimen racista reconocido en España, que se recuerda este jueves, la ONG ha hecho este balance de su proyecto Alza la Voz contra el Racismo y la Xenofobia, que comenzó este año en Madrid, València y Sevilla.

En estos meses, la campaña ha acompañado a más de 130 personas que han sufrido discriminación en varios ámbitos y ha formado a más de 500 personas migrantes sobre sus derechos.

Una de ellas fue Lorena Valdes, quien ha relatado en la nota la discriminación que sufrió cuando cambió de centro de salud: «La nueva doctora enseguida notó mi acento y, al darse cuenta de que soy latina, no quiso ver las pruebas ni revisar mi baja médica. Me dijo que tenía que irme a trabajar ya, que era para que lo que veníamos, no para quedarnos sentados».

Para Valdes fue «duro» porque esta médica la hizo volver a trabajar «con un estado de salud lamentable», despreciando sus derechos.

En el caso de Claudina Suárez, su problema fue al alquilar una vivienda para ella y sus dos hijas: en un primer momento, los dueños le pidieron «que pagara de más» y después quisieron limitarles el uso de aparatos como la lavadora.

La situación acabó en insultos diarios y amenazas de que iban a hacer que las deportaran, palabras que incluso dirigían a sus hijas.

El servicio ofrecido por CEAR incluye información, asesoramiento, acompañamiento, seguimiento del proceso de denuncia y de recuperación a las víctimas a través de una intervención integral, además de acciones formativas dirigidas a la población migrante en materia de prevención del racismo y delitos de odio. ?

La entidad asegura que, en muchos municipios, los migrantes siguen encontrando grandes obstáculos para empadronarse, lo que les impide acceder a derechos básicos; abrir cuentas bancarias, a pesar de ser un derecho reconocido, en especial para personas en situación de vulnerabilidad, o acceder al sistema sanitario por no estar empadronadas o tener otra documentación distinta al DNI.

La ONG invita a todas estas personas a alzar la voz para acabar con la impunidad y «evitar que crímenes como los de Lucrecia Pérez se repitan».

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El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha asegurado este martes en Les Corts que el día de la dana nadie le pidió «permiso» para el envío de la alerta, en una comparecencia que la oposición ha tachado de «burla» y estudiará por si ha mentido y puede ejercer acciones legales.

Ocho días después de anunciar su dimisión, Mazón ha sido el primer político en comparecer en la comisión de investigación de les Corts sobre la dana del 29 de octubre de 2024, en cuyas inundaciones murieron 229 personas, mientras familiares de las víctimas y colectivos sociales protestaban en el exterior y le llamaban «asesino».

Ha admitido que su comida de ese día en el restaurante El Ventorro con una periodista –»un encuentro profesional con una profesional»– no se habría producido de haber sabido lo que sabe ahora, y que su agenda habría sido «distinta», aunque no ha respondido a las preguntas de la oposición de a qué hora entró y salió del restaurante o si pidió no tener escoltas.

Mazón ha insistido en que la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, ni le pidió ni necesitaba autorización para el envío del mensaje Es-Alert, que finalmente llegó a los móviles a las 20:11 horas; ha preguntado «quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población» y ha asegurado que estuvo «atento» y «haciendo llamadas» para conocer la situación.

Mazón ha dicho también que si Pradas hubiera sabido que el barranco del Poyo se estaba desbordando, se lo habría dicho, como le informaba «del resto de cuestiones» que le preguntaba, pero ha insistido en la idea de que «con lo que se supo, se avisó» y en que hubo «falta de información» de las agencias estatales.

A las preguntas sobre su itinerario de ese día, ha afirmado que se puede encontrar «en fuentes abiertas» y que lo ha explicado en entrevistas públicas, y ha insistido en que ha asumido responsabilidades políticas con su dimisión, pero el Gobierno y la izquierda política le usan de «excusa para rehuir el deber» de la reconstrucción.

Sobre las víctimas, ha afirmado que han sido «la prioridad» de su Gobierno y la suya personal y que el mejor homenaje que se les puede rendir es trabajar todos unidos para llegar a unas conclusiones de la comisión de investigación que impidan que vuelva a repetirse una desgracia así.

La oposición critica la comparecencia

La comparecencia de Mazón no ha convencido al síndic socialista, José Muñoz, quien le ha preguntado por qué ha dimitido si lo ha hecho «todo estupendamente», y le ha dicho que él no es una víctima, sino las que no han podido entrar a la sala de la comisión, porque las sillas para los invitados las «han copado cinco asesores» de Presidencia.

Además, la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha acusado a Mazón de acudir a la comisión «sin ningún sentimiento de culpabilidad», ha pedido elecciones anticipadas y ha anunciado que no descartan acciones legales contra el president, porque «tenía la obligación de decir la verdad» en la comisión y a su juicio no lo ha hecho.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado que Mazón se ha dedicado a dar «excusas» y ha mostrado al «peor Mazón, el de hacerse la víctima y esparcir como un calamar su responsabilidad», y le ha preguntado por qué no ha dimitido como diputado y por qué no comparece ante la jueza que investiga la gestión de la dana.

Por el contrario, el PP y Vox han destacado que Mazón ha comparecido en la comisión para dar explicaciones, mientras el Gobierno central ni trabaja por la Comunitat Valenciana ni da la cara y solo busca «un enemigo al que señalar», y han acusado a la izquierda de «utilizar a las víctimas políticamente desde el minuto uno».

Pérez Llorca, el sustituto

Elegido por Feijóo, avalado por Abascal y mano derecha de Mazón. Es Juan Francisco Pérez Llorca, el hombre designado por el PP para ser el nuevo president de la Generalitat valenciana. Con dos décadas de militancia en el partido, donde ha ido subiendo sin estridencias escalones desde abajo, desde la política municipal hasta llegar al más alto de la política autonómica.

Este alicantino de 49 años con estudios de Derecho, al que todos llaman Juanfran, empezó en política en 2003 y actualmente es, además de alcalde del municipio alicantino de Finestrat, el número 2 del PPCV –es su secretario general– y el síndic (portavoz) del PP en Les Corts Valencianes, por lo que está considerado como la mano derecha de Mazón.

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Cinco días después de que anunciara su dimisión como president de la Generalitat y en plenas negociaciones entre el PP y Vox para buscar sustituto, Carlos Mazón sigue en el foco de las protestas. Si antes el lema era Mazón dimisión, ahora el grito es: «Mazón a presó» (Mazón a prisión).

Este domingo, ante Les Corts Valencianes, una concentración convocada por la entidades sociales, cívicas y sindicales que durante el último año han organizado una manifestación al mes, ha reclamado que deje el acta y pueda ser juzgado, la dimisión de su «negligente» Consell y que el pueblo protagonice una reconstrucción «real y efectiva», que no se negocie el futuro de los valencianos en Madrid.

Antes del acto, los asistentes han extendido pancartas en las que se podía leer «Mazón a presó» con una imagen del todavía president boca abajo y también se le ha podido ver representado con un traje de presidiario. Algunos familiares han mostrado imágenes de las víctimas junto a mensajes como «han muerto por vuestra incompetencia» o «asesinos» y pidiendo «justicia» para ellos.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, ha aseverado que con la dimisión de Mazón «no es suficiente» porque «la dignidad, la justicia y la reparación aún no se ha conseguido y no se han asumido responsabilidades«. Y Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre 2024, ha reclamado «la dimisión de todo el Consell» porque es «indigno» por «haber abandonado al pueblo valenciano el día que más los necesitaban».

Entre las proclamas que se han coreado se ha repetido también «Volem votar» (queremos votar); «Susana Camarero nos lleva al matadero» o «Partido Popular, partido criminal». Los centenares de participantes, que llenaban la Plaza san Lorenzo, han finalizado el acto con una ofrenda floral. Primero han mantenido en alto los claveles, rosas y otras flores blancas –hasta 231, por cada una de las víctimas de la dana, han explicado– y luego las han ido depositando a las puertas de Les Corts.

Un año de manifestaciones

La concentración se produce justo un año después de la primera manifestación que se celebró en la ciudad de València para reclamar la dimisión de Mazón, cuando solo habían pasado once días de la dana del 29 de octubre de 2024 y en la que participaron más de 130.000 personas, según la Delegación del Gobierno. Los convocantes han señalado que el acto de este domingo «conmemora esa cita que dio pie al movimiento».

A esa siguieron once manifestaciones más, una cada mes en torno al día 29, que se celebraron mayoritariamente en la capital valenciana, pero también en municipios de la denominada ‘zona cero’ de la dana, como Catarroja y Paiporta, convocadas por más de 200 entidades y con las asociaciones de víctimas de la dana en la cabecera. .

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La Fiscalía ha puesto fin a varias campañas de empresas dedicadas a gestionar vientres de alquiler que se anunciaban a través de páginas web o redes sociales, tras abrir por primera vez en España unas diligencias por publicidad ilícita sobre gestación subrogada.

Esta cruzada contra anuncios de empresas de gestación subrogada, que proliferan en internet y en la mayoría de casos en páginas webs internacionales, fue impulsada desde la Fiscalía de Barcelona por Paloma Pelegrín, responsable de la nueva área de defensa de los consumidores y usuarios, que inició su andadura hace año y medio.

El origen de las diligencias es una denuncia presentada por una asociación feminista de Vigo que pedía que se investigara, por la vía penal, a entre 20 y 30 empresas de gestación subrogada que se anunciaban por internet, lo que está expresamente prohibido por la ley de salud reproductiva de 2023. Otra norma de 2016 establece la nulidad de los contratos de ese tipo de reproducción asistida.

Una vez descartada una investigación penal, al no haber constancia de esas prácticas de gestación subrogada que se anunciaban, la Fiscalía abrió diligencias preprocesales, por la vía civil, para determinar si las páginas web y el contenido difundido por redes sociales podían constituir publicidad ilícita.

En el marco de esas diligencias, la fiscal remitió requerimientos a dos de las empresas que gestionaban esas webs localizadas en Barcelona, que, de esa forma, optaron por retirar sus campañas publicitarias de internet, cierre que se materializó entre finales de 2024 y este año.

Los casos de anuncios gestionados por empresas de otras provincias españolas se remitieron a las Fiscalías respectivas, lo que también ha dado sus frutos. El pasado abril, el ministerio público logró que el juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid dictara unas medidas cautelares para obligar a una empresa de gestación subrogada a cerrar su página web y los anuncios que difundía por Facebook, Instagram o X.

Un mes después, el juzgado estimaba la demanda de la Fiscalía y condenaba a la empresa por «realizar publicidad ilícita», al tiempo que le obligaba a difundir su sentencia en las mismas redes sociales donde había anunciado los vientres de alquiler.

Cosificación de mujeres y niños

Según la Fiscalía, las campañas de las empresas analizadas, muchas de las cuales ofrecían vientres de alquiler en Ucrania, no solo incumplían la legalidad por publicitar la gestación subrogada, sino que además incluían un contenido que «cosificaba» a las mujeres y a los embriones, tratando a ambos como meras mercancías y con un llamativo sesgo racial, en el que se resaltaban su piel blanca.

Las actuaciones de la Fiscalía resultan, sin embargo, insuficientes, dado que las páginas webs sobre gestación subrogada se multiplican constantemente en internet, en la mayoría de casos amparadas en páginas internacionales cuyo cierre entraña mayor complejidad.

Por ese motivo, la Fiscalía se plantea acudir a la Audiencia Nacional para que, a través de la vía contencioso-administrativa, sean los tribunales los que fuercen el cierre de esas páginas web por vulneración de la legislación española en materia publicitaria.

Webs que promueven la anorexia

Otro de los caballos de batalla de la Fiscalía de Consumo de Barcelona es poner coto a las publicaciones en internet que promueven los trastornos alimentarios, un fenómeno cada vez más frecuente en redes sociales.

La Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia contra una de esas webs que promueven la bulimia o la anorexia, pero el juzgado acabó archivando la investigación por la imposibilidad de determinar quién estaba detrás de esas publicaciones, dado que las comisiones rogatorias expedidas en busca de colaboración internacional resultaron infructuosas.

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El demócrata Zohran Mamdani ha ganado las elecciones a la Alcaldía de Nueva York con un 50,4% de los votos. El candidato socialista, de origen sudasiático, será, así, el primer regidor musulmán de la ciudad y, con 34 años, el de menor edad desde 1892. Es, además, la primera vez desde 1969 que votan más de dos millones de personas en la ciudad. Su principal rival, Andrew Cuomo, apoyado por Trump, ha obtenido un 41,6% de los sufragios; y el republicano Curtis Sliwa, un 7,1%. “La esperanza vive”, ha afirmado el elegido tras conocer los resultados.

La victoria de Mamdani, defensor del pueblo palestino y con un discurso muy duro contra el genocidio en Gaza, fue recibida entre la izquierda con vítores al grito de “¡Palestina libre!”. En Astoria (Queens), el barrio en el que reside el candidato, la organización Socialistas Demócratas de América (DSA) congregó en el Bohemian Hall & Beer Garden, un pub al aire libre, a unas 1.500 personas, muchas de ellas vistiendo camisetas y gorras amarillas y azules con el nombre del político bordado.

«Me siento muy comprometida con la causa palestina, y me hace muy feliz ver a un candidato a la alcaldía que habla en apoyo a Gaza«, expresa a EFE Maham, una de las asistentes al evento, originaria de Pensilvania. «Espero que cumpla sus promesas y mantenga sus principios porque esta causa me importa mucho”, añadió la joven, con una kufiya o pañuelo palestino.

La DSA, que cuenta con más de 90.000 miembros y a la que pertenecen Mamdani y otros políticos progresistas como Alexandria Ocasio Cortez, acogió eventos en diversas partes de la ciudad para ver los resultados de los comicios en directo.

«Creo que estas elecciones han servido de catalizador para que nuestra generación se interese más por la política y se entusiasme con los políticos elegidos. Y estamos viendo cómo se produce este cambio delante nuestros propios ojos«, asegura a EFE Amelia, una joven oriunda de Tokio, que ha votado por Mamdani.

Bajar los alquileres, una de sus principales promesas

Durante su campaña electoral, Mamdani ha defendido la congelación de los alquileres en una ciudad en la que el precio por compartir piso en barrios como Manhattan suele superar los más de 1.000 dólares mensuales. Muchos de los asistentes al evento de la DSA aseguraron que una de las razones por las que han votado a Mamdani es, precisamente, por su férrea defensa de esta política.

«Yo viví en un edificio de alquiler controlado durante cuatro años y vi cómo mi renta se disparaba en ese tiempo. Hubiera estado bien tener a alguien que presionara por la protección de los alquileres”, expresa a EFE Chase Lau, un joven de 28 años que reside en Nueva York desde 2015.

Por su parte, Jenna, una mujer de 31 años de Nueva York, también tiene claro por qué hoy ha elegido a Mamdani: “Quiero empezar a formar una familia y me gustaría tener la oportunidad de vivir en la ciudad que amo, pero ahora mismo el coste del cuidado de los niños es demasiado elevado”.

El político progresista, que ya sorprendió al vencer en las primarias a Cuomo pese a su corta experiencia como asambleísta estatal, ha conquistado a los neoyorquinos con promesas de autobuses y cuidado infantil gratis, viviendas asequibles y una red de tiendas administradas por la ciudad con precios bajos para afrontar el alto coste de la vida en la Gran Manzana.

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La última persona ejecutada por Israel fue el jerarca nazi Adolf Eichmann en 1962, pero el gobierno de Benjamín Netanyahu quiere ampliar los supuestos y volver a aplicar la pena de muerte con más asiduidad. Una comisión parlamentaria aprobó ayer un proyecto de ley para ejecutar a los «terroristas». El texto, impulsado por el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, aún debe ser sometido a lectura por la Knéset.

Poder Judío, el partido de Ben Gvir, es famoso por sus reivindicaciones radicales. Entre ellas se encuentra la anexión de Cisjordania y la defensa a ultranza de los extremistas judíos, aun cuando estos hayan cometido delitos de sangre (de hecho, acostumbra a exaltar a figuras como Baruch Goldstein, autor de una masacre en Hebrón en 1994). Ampara, además, a las milicias de autodefensa judías violentas en los territorios ocupados. Esta protección a los elementos más radicales del sionismo contrasta con la pena de muerte que quiere aplicar a los llamados «terroristas» palestinos. Las autoridades israelíes utilizan la palabra «terrorista» para referirse a cualquier palestino que ataca a sus soldados o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos que perpetran auténticos atentados en territorio israelí. Ben Gvir afirma que la aprobación preliminar de su texto supone «otro paso hacia la justicia histórica».

«El proyecto establece que un terrorista que asesinó a un ciudadano israelí por un motivo de racismo u hostilidad hacia el público, con la intención de dañar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en esta tierra, sea sentenciado a muerte y sólo a esta pena», dice el comunicado de Poder Judío.

Así, por ejemplo, un palestino que defienda su casa en Cisjordania de los ataques de soldados o colonos israelíes podría ser detenido en su propio país (el Estado de Palestina) por una potencia extranjera (Israel) y además ésta le podría aplicar la pena de muerte.

El coordinador israelí para rehenes y personas desaparecidas, Gal Hirsch, ha declarado que está de acuerdo con el proyecto y que el propio Netanyahu también lo apoya. Además, Ben Gvir ha amenazado con abandonar la coalición de gobierno (lo que equivale prácticamente a dejar caer a Netanyahu) si el proyecto no sale adelante.

El texto excluye, de entrada, cualquier posibilidad de enmendar un error al aplicar la sentencia: un tribunal militar podría también imponer por mayoría simple, y no por unanimidad, la pena capital, que además no podrá ser conmutada.

El diario progresista Hareetz afirma en su editorial que el «proyecto de ley deshonra a la Knéset y al Estado de Israel». La cabecera expone varias razones por las cuales volver a aplicar la pena de muerte «es un error» y destaca entre ellas que la pena capital «ha sido abolida en casi todas las democracias occidentales (con la notable excepción de ciertos estados de Estados Unidos)». Recuerda que diversos estudios han demostrado que no contribuye «en absoluto a la disuasión, y mucho menos contra terroristas cuyas acciones ya implican un riesgo significativo para sus vidas». Y añade: «El daño causado a una sociedad que ejecuta a criminales, por muy terribles que sean sus delitos, es incalculable».

Según el diario israelí Yedioth Ahronoth, el pleno de la Knéset votará el proyecto de ley a lo largo de esta semana.

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El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha dimitido –sin decirlo expresamente– un año después de la dana culpando a los demás: «La falta de ayuda en las primeras horas fue clamorosa y sigue siendo igual«, ha dicho en una declaración institucional completamente alejada de la autocrítica y centrada en el ataque al Gobierno central. «Hemos hecho todo, absolutamente todo, lo humanamente posible para la recuperación. Jamás un gobierno autonómico ha abordado un reto parecido», ha añadido. Por el momento, Mazón seguirá como diputado en Les Corts Valencianes y no convocará elecciones autonómicas anticipadas.

Como en todas sus intervenciones desde aquel día, ha insistido en su posición: «Siempre he mantenido el mismo criterio. Hablar de mi situación personal o mi futuro político me parecía una frivolidad. Ese desgaste lo asumí desde el principio». Su reflexión sobre sus únicos «errores» ha sido: «Permitir los bulos por no dar explicaciones a tiempo; no pedir la declaración de emergencia nacional porque, según el Gobierno, no iban a a traer más efectivos, nos quisieron dejar solos por estrategia política; y mantener la agenda de ese día«. Y uno más: «Permitir que se estableciera en el imaginario la idea de un presidente ajeno a la emergencia». «Ningún error fue por cálculo político o mala fe. No sabíamos la magnitud de la tragedia. (…) La izquierda ha aprovechado la muerte y la tragedia para hacer política».

La comparecencia se produce horas después de las conversaciones mantenidas con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Las nuevas revelaciones sobre su actuación el día crítico de las inundaciones y la ola de indignación entre las víctimas de las personas fallecidas han llevado a repensar al dirigente conservador su cada vez más insostenible situación al frente de la Generalitat. Este lunes, además, está prevista una declaración clave en el juzgado: la de la periodista que comió con él aquel 29 de octubre en el restaurante El Ventorro, Maribel Vilaplana.

Aunque un año tarde, los portavoces de asociaciones de personas afectadas esperaban la dimisión de Mazón con «ilusión» y «sin condiciones» para poder cerrar este capítulo. Entre las decenas de personas que llegaron el domingo a las puertas del Palau, en pleno centro histórico de València, estaba la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29-0, Rosa Álvarez, quien insistió en que la dimisión era la única opción posible. Álvarez recordó el funeral de Estado y las protestas contra Mazón: «No es querido» sino «rechazado» porque los muertos de la dana son «los muertos de Mazón y de todo su Consell, y de las personas y partidos que lo han mantenido».

Además de Mazón, Álvarez pide la dimisión de la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, y el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y que Mazón no siga aforado ni «mantenga esos quince años de paga» como expresident. «Queremos que se ponga a disposición judicial, que termine la instrucción con él imputado y condenado, queremos acompañarlo a prisión», dijo.

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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó ayer viernes, a propuesta de Estados Unidos, tomar el plan de autonomía redactado por Marruecos en 2007 para el Sáhara Occidental como base para futuras negociaciones sobre el territorio. Lo ha hecho por 11 votos a favor, tres abstenciones –entre las que destacan las de Rusia y China–, y sin la participación de Argelia, que ha alegado que «una solución justa y duradera solo puede llegar con el respeto al derecho inalienable del pueblo del Sáhara Occidental a decidir sobre su propio futuro».

La decisión de ayer supone el mayor apoyo hasta el momento de la comunidad internacional a Marruecos. España ya se había adelantado: el presidente español, Pedro Sánchez, se mostró partidario de apoyar el plan de autonomía marroquí. Así se lo hizo saber al rey de Marruecos en una carta enviada en 2022. España, según el derecho internacional, sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental hasta que culmine su proceso de descolonización, interrumpido hace ahora 50 años.

La población saharaui llevaba varios días protestando contra esta iniciativa. El jueves se produjo la cuarta manifestación masiva. Miles de saharauis refugiados en los campamentos de Tinduf (Argelia) se sumaron a ella. Los manifestantes aseguraban que «prefieren seguir siendo refugiados a marroquíes».

El voto de la ONU atañe también al futuro de la Minurso, una misión de pacificación creada en 1991 para organizar un referéndum de independencia en el Sáhara Occidental. La misión se ha venido renovando anualmente, pero el gobierno de Donald Trump quería que esta vez durara sólo tres meses. Finalmente, se ha aprobado prolongarla durante un año más.

¿Qué ocurrirá después? Podrían darse varios escenarios: otra renovación, la extinción de la misión (lo que eliminaría la referencia al referéndum y dificultaría el proceso de autodeterminación saharaui) o el inicio de una época totalmente nueva de negociaciones sobre la base del plan de autonomía preparado por Rabat y con la entrada de Trump como mediador.

No parecía probable que Rusia o China, miembros del Consejo de Seguridad con derecho a veto, avalaran esta iniciativa que, en esencia, busca excluir a los y las saharauis de su propio proceso de autodeterminación. Pero finalmente lo hicieron con sus respectivas abstenciones. El diplomático Sidi Omar, portavoz del Frente Polisario en la ONU, declaró que «el destino del pueblo saharaui no está en manos de Estados Unidos ni de Francia, sino en manos del propio pueblo saharaui».

Miles de compatriotas coinciden con esta máxima y así lo expresaron en la manifestación del pasado jueves en Tinduf. Entre ellos, el rechazo al plan norteamericano parecía total. «Ahora más que nunca queremos la dignidad, ser refugiados en Argelia (más que ser marroquíes), queremos la libertad como todos los pueblos», declaró a EFE Ali, un manifestante indignado como muchos de los asistentes a la protesta.

Durante la manifestación, que terminó con una multitudinaria marcha por una de las carreteras que atraviesan el desierto argelino, los saharauis cargaron contra Trump, a quien culpan de intentar «cambiar la ley internacional».

El Frente Polisario envió hace una semana una carta a Rusia, que ostenta la presidencia de turno del Consejo de Seguridad, en la que advirtió de que «no participará en ningún proceso político ni de negociación basados en el contenido del proyecto de resolución» presentado.

Días antes había abierto la puerta –mediante una carta enviada al secretario general de la ONU, António Gueterres– a negociar directamente con Marruecos para alcanzar una solución «justa y duradera», en la que la autonomía marroquí constara entre las opciones de un referéndum, pero que no fuera la «única» solución y una condición «impuesta».

En 2020, el primer gobierno de Donald Trump ya reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, que la ONU hasta ahora no ha validado y mantiene esta zona como «territorio no autónomo» pendiente de descolonización.

Actualización: 1 de noviembre, 8h

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Quien «omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas» es quien «comete el acto primigenio que deriva en sus muertes». Quien ha pronunciado estas palabras es Virginia Ortiz Riquelme, vecina de Letur (Albacete) y prima de Juan Alejandro Ortiz, una de las 237 personas que murieron hace un año en la dana (229 en València, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía). Su intervención en el funeral de Estado, celebrado este miércoles, ha sido aplaudida por los familiares de las víctimas. Durante el acto, se han escuchado gritos contra el presidente valenciano, Carlos Mazón.

«Solo queremos vivir en paz, pero esta paz solo es posible en sociedades que disponen de libertad, igualdad, dignidad y seguridad«, ha dicho Virginia Ortiz en su discurso, el último de los tres que han realizado las familias. Andrea Ferrari, hija de Eva Canut, fallecida cuando salía de su trabajo en Riba-roja del Túria, ha defendido que para las víctimas, «ahora mismo, lo más importante es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad«, y ha reivindicado que «mientras exista memoria nunca habrá olvido». Naiara Chuliá, madre de dos hijos que perdió a su marido, Slim, cuando este salía de trabajar aquel 29 de octubre, ha señalado que sus hijos son «su salvación» y que «el momento más duro» de su vida fue decirle a los niños que su padre no volvería.

De entre los más de 600 familiares que han asistido al homenaje, muchos se han acercado a los reyes, quienes les han intentado consolar visiblemente afectados, al igual que lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informa Efe. Todo ello en medio de un gran silencio, roto a la salida con gritos de: «¡Mazón, hijo de puta!» y «¡Mazón, dimisión!».

Al inicio del acto, y antes de que los reyes entraran en el recinto oficial, también se han escuchado gritos de «asesino», «cobarde», «sinvergüenza» y «fuera» tras la entrada del presidente valenciano. Varias personas del público, algunas con camisetas con la frase «cómplices, asesinos, traidores» y «la verdad siempre vence» han pronunciado esos gritos, junto a otros como «traidores» y «cómplices»; otros invitados les han pedido «respeto a las víctimas» y les han recordado que estaban en un funeral.

«No estamos solos y hoy más que nunca tenemos que estar unidos», ha afirmado Virginia Ortiz tras recordar a su primo. «Hoy hace un año que nos cambió la vida a todos y todavía sentimos el vacío que nos dejó aquel día», ha añadido Andrea Ferrari. “Hay muchas almas rotas unidas por el dolor” y con la esperanza de encontrar algún día “alguna razón para salir adelante”, ha concluido Naiara Chuliá.

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Israel mató el domingo a 45 palestinos e hirió a otros 158 en bombardeos que lanzó de norte a sur de la Franja de Gaza tras acusar a Hamás de haber violado el alto el fuego, según informó el Ministerio de Sanidad del enclave este lunes en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.

En su nota, Sanidad también informa de que durante la jornada de ayer los equipos de defensa recuperaron a 12 cuerpos de entre las toneladas de escombros que ha causado la ofensiva israelí en la franja.

Así, en total la cifra de personas asesinadas desde el 7 de octubre de 2023 sube a 68.216 y la de heridos a 170.361, la mayoría con lesiones de por vida y amputaciones.

Israel sostiene que durante la mañana del domingo milicianos de Hamás lanzaron un misil antitanque y varios disparos contra soldados apostados en la ciudad sureña de Rafah, que resultaron en la muerte de dos soldados israelíes.

El grupo palestino, por su parte, desmintió haber participado en una operación lanzada contra soldados israelíes, además de asegurar que no tiene contacto con ningún miliciano en esa zona, que controla totalmente Israel.

Asimismo, acusó a Israel de haber violado hasta en 80 ocasiones el alto el fuego, que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Desde entonces, según Sanidad los ataques israelíes han matado a 80 personas y han dejado a más de 300 personas heridas; también informó de que se han recuperado 436 cadáveres de entre los escombros.

La Oficina de medios del Gobierno de Hamás, sin embargo, esta mañana en un comunicado elevó la cifra total de muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego a 97 y la de heridos a 230.

Más asesinatos y más ocupación

Además de los bombardeos sobre Gaza, Israel sigue con su política de apropiación ilegal del territorio palestino. Según un informe de la Comisión de Colonización y Resistencia al Muro, con sede en Ramala, el Estado hebreo se ha apoderado de más de 70.000 metros cuadrados de terreno en la gobernación de Nablus, en Cisjordania.

La excusa para el robo de esta tierra, ocupada ilegalmente según el derecho internacional, es de orden militar: Israel arguye que se trata de establecer una «zona de amortiguación» ante posibles ataques.

En la usurpación usaron una artimaña legal: daban un plazo de una semana para plantear objeciones, pero no hicieron público su plan hasta que el plazo ya estaba vencido.

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A pesar del «acuerdo de paz» firmado hace apenas 48 horas en Egipto, el Ejército de Israel ha seguido disparando contra la población palestina. Ocurrió ayer y también a primera hora de hoy, miércoles, en diferentes puntos del norte de la Franja y en la ciudad sureña de Rafah, según informa EFE.

Durante más de 30 minutos tanques y drones israelíes estuvieron abriendo fuego hoy contra los puntos designados por Israel como «zona militarizada» del barrio de Shujaiya, en la Ciudad de Gaza. EFE atestiguó asimismo ataques de la armada naval israelí contra pescadores al oeste del campamento de Al Shati, también en la Ciudad de Gaza, y contra la ciudad sureña de Rafah, cuyos disparos alcanzaron algunas de las tiendas de campaña de familias desplazadas en la zona de Mawasi, punto designado por Israel como «humanitario».

Este es el segundo día en el que se reportan ataques israelíes contra el enclave palestino, después de que ayer Israel matara al menos a seis personas también en el barrio de Shujaiya, en un incidente en el que el Ejército hebreo afirmó que se trataba de gazatíes que habían traspasado la «línea amarilla» del acuerdo de alto el fuego. Según el Ministerio de Sanidad gazatí, se trataba de personas que estaban intentando llegar a sus casas para verificar su estado, tras ser desplazadas de allí por los ataques israelíes para tomar la Ciudad de Gaza.

Además, Israel sigue limitando la llegada de ayuda humanitaria a la zona, contradiciendo lo firmado en el acuerdo patrocinado por Donald Trump: Israel dice que sólo permitirá la entrada de 300 camiones al día, la mitad de lo pactado inicialmente. La razón que esgrimen desde Tel Aviv para que continúen los ataques y se limite la entrada de comida, medicinas y combustible es que Hamás no ha entregado aún los 20 cadáveres de los rehenes israelíes que permanecen en la Franja. El grupo islamista ha iniciado efectivamente esta entrega (ya han sido transferidos ocho cuerpos a la Cruz Roja), pero todavía quedan varios cadáveres bajo los escombros y no es probable que los puedan encontrar en un corto espacio de tiempo.

De hecho, en el acuerdo de alto el fuego no se incluyó un plazo para la devolución de los cuerpos por la dificultad de hallarlos en una zona devastada (se calcula que los bombardeos israelíes han producido 55 millones de toneladas de escombros en Gaza). Además, Hamás no puede moverse libremente por la Franja para hallar los cadáveres, ya que el Ejército israelí mantiene el control sobre más de la mitad del territorio.

El alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el mediodía del pasado viernes, 10 de octubre, tras la aprobación por ambas partes del acuerdo de 20 puntos impulsado por Estados Unidos, aunque de momento solo se ha implementado su primera fase, que implica el intercambio de rehenes por presos palestinos y el cese de las hostilidades. Israel no ha respetado esta última cuestión.

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El Gobierno ha puesto en marcha las medidas para garantizar el derecho al aborto tanto a través de la reforma de la Constitución, que el PP ya ha anunciado que no apoyará, como requiriendo a tres comunidades autónomas gobernadas por los populares que creen los registros de objetores de conciencia para cumplir la ley.

El Ejecutivo sabe que esta reforma –una modificación ordinaria del artículo 43, sobre el derecho a la salud– no va a ser sencilla, como ha reconocido la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Se necesitarán tres quintos del Congreso y del Senado y, por tanto, solo el voto favorable del PP permitiría que el aborto entrara en la Constitución.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena SER, ha recordado que Feijóo ha defendido el derecho al aborto, con lo que ha confiado en que cuando la reforma constitucional llegue al Congreso los populares la apoyen, ya que no deberían tener «ningún problema, ni político ni intelectual».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Igualdad ha mostrado su esperanza en que «el PP esté a la altura de este reto y se sume a la defensa de los derechos de las mujeres» y ha prometido «diálogo» y «búsqueda de confluencia de voluntades» para lograrlo.

En relación con esta cuestión, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado: «Hoy el debate es qué va a hacer el señor Feijóo». «¿Se va a poner del lado de las mujeres españolas o va a seguir secuestrado por Vox? (…) Hago un llamamiento a las mujeres del Partido Popular, este giro a la extrema derecha de Feijóo los está matando», ha dicho en declaraciones a LaSexta.

El PP pide que no cuenten con ellos para una reforma «vergonzosa»

Tras el anuncio, el líder popular, que este mismo lunes insistió en que su partido mantiene una posición “muy clara” sobre el aborto, legal desde hace décadas, cuya prestación está incorporada a la cartera de sanitaria y está plenamente incorporada al ordenamiento jurídico, no se ha pronunciado directamente.

En todo caso, fuentes del partido han asegurado a EFE que el Gobierno no puede contar con ellos para sacar adelante una reforma que califican como «vergonzosa» e inútil, ya que necesita sus votos para sacarla adelante.

Quien sí ha hablado este martes ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha reiterado que en su región no habrá «listas negras» de médicos, en referencia al registro de objetores que mandata la ley del aborto.

Además, Ayuso ha criticado al presidente del Gobierno por, según ha dicho, tratar de darle lecciones y dirigirse a ella «en tono machito«, cuando ella ha sufrido «el drama del aborto» con la pérdida de dos embarazos. 

Este martes, Vox ha reiterado su negativa a apoyar la reforma que eleve el aborto a la Constitución y ha dicho que este asunto no se puede someter a referéndum porque «hay cosas que no están sujetas a voto», entre ellas «el derecho a la vida».

Una reforma ordinaria del artículo 43

La propuesta gubernamental de reforma de la Constitución para incluir el aborto será ordinaria y modificará el artículo 43, relativo al derecho a la salud. 

En concreto, incluirá un nuevo apartado, el número cuatro, que reconocerá el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria el embarazo y obligará a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad efectiva para todas las ciudadanas.

«Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres» es el texto propuesto para la reforma constitucional.

La propuesta ha llegado al Consejo de Ministros tras intensas negociaciones entre PSOE y Sumar. A primera hora de la mañana, el socio de Gobierno de los socialistas mostraba su preocupación por la fórmula elegida y alertaba de que una mera mención al aborto en la Constitución no serviría de nada e incluso podría conllevar riesgos.

Al final, ambas formaciones han consensuado una redacción que Sumar ve con buenos ojos como punto de partida. Redondo ha afirmado que el texto aúna toda la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho hasta ahora sobre el aborto.

Una vez consensuada, el Gobierno la ha enviado al Consejo de Estado, que deberá pronunciarse en un plazo de dos meses, paso imprescindible antes de que el texto llegue al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Requerimientos a Madrid, Aragón y Baleares

De forma paralela a estos primeros pasos para incluir el derecho al aborto en la Constitución, y ante las reticencias de algunas comunidades gobernadas por el PP, el Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid, a Aragón y a Baleares para que elaboren un registro de objetores de conciencia al aborto como marca la ley.

Si Sanidad no tiene respuesta en el plazo de un mes, dará paso a un proceso contencioso en los tribunales para que las obligue un juez.

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Con la liberación esta mañana de los 20 rehenes israelíes vivos y el inicio de la liberación de los 1.718 palestinos, se pone en marcha el plan llamado «de paz» por su principal artífice, Donald Trump. El presidente estadounidense aterrizó hoy en Israel para dar un discurso en su parlamento y dirigirse posteriormente a Sharm el Sheij, en Egipto, donde participó en la cumbre sobre Gaza. Trump presidió las reuniones junto al presidente egipcio Abdelfatah Al Sisi.

Su recepción en la Knéset se produjo entre aplausos que duraron alrededor de 20 minutos. Netanyahu lo saludó como «el mejor aliado que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca». El primer ministro israelí pronunció un discurso revanchista y triunfalista, justificando la matanza que desató en Gaza. A pesar del orgullo indisimulado que mostró ante los suyos, no viajó a Egipto para acudir a la cumbre. Con su ausencia elimina cualquier posibilidad (remotísima en cualquier caso) de ser detenido y trasladado a La Haya, donde tiene abierta una causa como presunto criminal de guerra.

Trump, por su parte, habló ante la asamblea israelí de forma inconexa e improvisada. En su alocución dio cabida a anécdotas personales que él consideró graciosas sobre las negociaciones de Steven Witkoff con Putin, sobre su yerno (Jared Kushner) y sobre su secretario de Estado (Marco Rubio), entre muchos otros. Tras cada persona mencionada, su audiencia prorrumpía en aplausos, como si se tratara de una entrega de premios. En medio de sus erráticas divagaciones, se presentó a sí mismo (crípticamente) como la persona que ha sido capaz de conseguir la paz «en ocho guerras y en ocho meses». Y verbalizó el secreto de su éxito: «La paz a través de la fuerza. De eso se trata todo, ¿verdad, Bibi?», dijo dirigiéndose al primer ministro israelí. Dos diputados de la oposición (Ayman Odeh y Ofer Cassif) trataron de interrumpir su desatinado y larguísimo discurso (de más de una hora) en la Knéset, pero fueron desalojados rápidamente del recinto por los agentes de seguridad.

Por la tarde, en Sharm el Sheij se procedió a la firma oficial del plan elaborado por el presidente estadounidense para detener «la guerra», según sus palabras. El genocidio, como lo llama una amplia mayoría de la comunidad internacional, ha dejado más de 67.000 gazatíes asesinados a manos de Israel, 20.000 de ellos niños y niñas. Según diversos analistas, el controvertido plan de Trump, que consta de 20 puntos, es poco más que un alto el fuego y no constituye un marco duradero para la paz en Oriente Próximo. En él no hay ninguna mención a la progresiva ocupación ilegal de Cisjordania ni tampoco a la forma en la que Israel se retiraría de Gaza.

Reencuentro de los rehenes con sus familias

Según el protocolo establecido, los rehenes israelíes fueron entregados a la Cruz Roja dentro de la Franja, que los transfirió al Ejército israelí. Posteriormente, recibieron una primera evaluación médica antes de reencontrarse con sus familiares.

Más tarde serán evacuados en helicóptero hacia hospitales en las afueras de Tel Aviv: diez serán trasladados al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

También se espera la entrega de los cuerpos de 28 rehenes fallecidos que aún permanecen en Gaza, aunque por el momento se desconoce si esta será simultánea al regreso de los sobrevivientes o se llevará a cabo posteriormente.

Actualización: 13 de octubre de 2025 a las 20 horas.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza. 

Trump dijo en su cuenta oficial de la red social Truth que esto significa que «Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna» y que «TODOS los rehenes serán liberados muy pronto». 

«¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!», sentenció el mandatario en su anuncio y concluyó agradeciendo a los mediadores Qatar, Egipto y Turquía que trabajaron en las negociaciones en El Cairo para hacer realidad «un evento histórico y sin precedentes: ¡Benditos sean los pacificadores!». 

«Todas las partes serán tratadas de manera justa», añadió Trump, que había adelantado por la tarde que las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel estaban avanzando a buen ritmo y que esperaba viajar a Oriente Medio por este motivo el fin de semana.

Liberación de rehenes y retirada israelí

En su mensaje, Trump menciona dos de los principales temas en los que los negociadores han estado trabajando esta semana en Egipto: la liberación de rehenes y la retirada israelí de ciertas partes de Gaza.

La Casa Blanca informó de que Trump irá el viernes a un chequeo médico rutinario en un hospital a las afueras de Washington y posteriormente está considerando viajar a Oriente Medio, sin detallar si el destino será Egipto o si sucederá antes o después de una posible liberación de rehenes. 

Los primeros puntos del plan de paz para Gaza propuesto por Trump contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos.

Además, también propone el desarme del grupo, la retirada de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en la Franja, entre otras cosas. 

El acuerdo entre ambas partes es anunciado dos semanas después de que Trump presentara la propuesta junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, bajo un contenido de alto el fuego, liberación de rehenes, desmilitarización de Hamás y el establecimiento de una administración internacional supervisada por Estados Unidos.

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Ocho ciudadanos españoles viajaban entre los alrededor de 140 integrantes de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, interceptada esta madrugada por Israel, según ha confirmado la campaña Rumbo a Gaza.

Entre los españoles se encuentra la diputada de Más Madrid de la Asamblea de Madrid Jimena González, que navegaba en uno de los veleros, mientras que otros siete ciudadanos españoles estaban a bordo del buque Conscience, con 92 tripulantes.

González defendió, en declaraciones a EFE, esta nueva misión humanitaria marítima por la falta de intervención de los Estados para «romper» el bloqueo de la franja palestina, «que es ilegal».

La Armada israelí interceptó este miércoles en aguas internacionales los nueve barcos de este segunda flotilla que partió a finales de septiembre de Italia, en paralelo a la Global Sumud Flotilla, abordada la semana pasada.

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La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha reiterado este lunes la «brutalidad» y el «maltrato» de las autoridades israelíes que han sufrido los miembros de la Flotilla y ha insistido en que usarán «todos los mecanismos tanto a nivel nacional como internacional» para denunciar colectivamente lo ocurrido.

«Esto no puede quedar impune. Si se normaliza este maltrato sistémico luego serán capaces de hacer cualquier cosa», ha explicado Colau en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por EFE apenas unas horas después de regresar a Barcelona tras cinco semanas de viaje a Gaza y tras pasar los últimos cuatro días en una prisión israelí.

En ese sentido, ha explicado que en las próximas horas y días recopilarán «colectivamente» todas las «pruebas y detalles» de lo ocurrido y se pondrán en contacto con sus abogados para «ver cómo denunciar».

 15 mujeres en una celda de 4 metros

Como ya detalló hace unas horas, al aterrizar en El Prat junto al edil de ERC en Barcelona Jordi Coronas, Colau ha lamentado la «dura» experiencia en la prisión israelí, en la que pasaron «30 horas sin agua» ni apenas comida y en la que tenían que compartir una celda de cuatro metros «que era una jaula» y en la que se hacinaban 15 mujeres.

«Nos han tratado con brutalidad policial, maltrato, con incomunicación absoluta y sabiendo que eran capaces de cualquier cosa sabiendo cómo asesinan a la población de Gaza, que son los que sufren cada día el genocidio«, ha explicado.

Colau ha calificado a Israel de «Estado genocida y psicópata», una «psicopatía» que la exalcaldesa ha dicho «se veía» también en los propios agentes de la prisión, sin miramientos por el procedimiento establecido ni el derecho internacional.

 «El Govern podría hacer más»

Colau, quien ha compartido conversación en la radio unos momentos con el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha aprovechado para reclamar al Ejecutivo socialista catalán que «haga más» por «romper todas las relaciones económicas» con Israel.

La exalcaldesa ha recordado que ella cortó relaciones institucionales con el país y que, ha asegurado, «el PSC las retomó hasta que pesó demasiado la presión» ciudadana.

«Quienes tienen responsabilidades de gobierno deben hacer más por romper las complicidades económicas con Israel«, ha dejado claro Colau a Dalmau.

El conseller, que ha trasladado su alegría porque la exalcaldesa y activista pudiera regresar a casa, ha defendido que el Gobierno de España está siendo «uno de los más valientes» frente al ejecutivo israelí de Benjamin Netanyahu.

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Tras meses con decenas de muertos diarios desde el fin de la tregua el pasado marzo, esta madrugada no hubo ataques letales israelíes en la Franja de Gaza, confirmaron a EFE fuentes sanitarias y locales, a la espera de un acuerdo de alto el fuego cuyas negociaciones comienzan este lunes en Egipto con una delegación de Hamás.

Sí se registró un fallecido en un bombardeo contra una mezquita en el barrio de Zeitún, al este de la ciudad de Gaza, antes de las 23.00 horas del domingo (20.00 GMT), detalló una fuente y la agencia oficial palestina Wafa. También hubo durante esta madrugada fuego de artillería y bombardeos en la ciudad de Gaza, pero no causaron víctimas mortales.

El viernes, el presidente de EE. UU., Donald Trump, pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que parara sus ataques en Gaza, pero el Ejército siguió atacando y mató a alrededor de un centenar de personas desde entonces.

Los ataques y la destrucción continuaron y durante la noche de este domingo, y la madrugada de este lunes se han visto cazas israelíes bombardeando estructuras en el barrio de Tel al Hawa, en la capital, y en el campamento próximo de refugiados de Shati. Según fuentes locales, drones y aviones israelíes siguieron sobrevolando la ciudad de Gaza durante toda la noche, con ataques también en el barrio de Al Tuffah y la calle Al Nasr.

El Ejército informó este lunes en un comunicado haber eliminado el domingo a una «célula terrorista» presuntamente armada con explosivos y morteros en la ciudad de Gaza. Además, dijo que un soldado resultó herido leve de mortero.

Las operaciones militares en Gaza han dejado la mayor parte del territorio en ruinas, arrasando barrios y pueblos enteros y dañando o destruido la mayoría de las viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura civil, según la ONU; en una ofensiva calificada de genocidio por una comisión independiente y expertos en derecho internacional.

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El primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud aterrizó este domingo en Madrid, junto a varios compañeros de Países Bajos y Portugal, tras ser detenidos por Israel cuando intentaban llegar por mar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Con camisetas blancas, el puño en alto y haciendo el signo de la victoria, el grueso del grupo fue recibido en la terminal por familiares, amigos y representantes políticos entre banderas palestinas y gritos en favor de la flotilla. Y, según han publicado varios medios, denuncian malos tratos por parte de las fuerzas israelíes tras su detención.

En la prisión israelí de Saharonim, en el desierto del Neguev, siguen detenidos 28 españoles junto a activistas de otras muchas nacionalidades que viajaban en la flotilla y que han rechazado firmar un documento de expulsión al considerar que su entrada en el país fue ilegal.

Forma parte del primer grupo la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas, que tomaron otro vuelo a Barcelona.

También se desplazaron al aeropuerto el subsecretario y la directora general de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores de España para recibir a los activistas a la salida del avión.

«Exteriores sigue trabajando para la pronta vuelta a España del resto de los españoles», subrayaron fuentes diplomáticas.

Al comité de bienvenida se sumó la ministra española de Sanidad, Mónica García, y dirigentes de Podemos y de Izquierda Unida.

García, que acudió a Barajas junto a un equipo médico por si alguno de los activistas requería asistencia, dio las gracias a todos por su labor y ha denunciado que hayan sido «secuestrados ilegalmente» por Israel.

Destacó también el trabajo realizado por el Gobierno, y en concreto por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el consulado en Tel Aviv, para asistir a los activistas y garantizó que seguirán haciendo todo lo que esté en su mano para proteger a los que siguen detenidos y para «parar el genocidio«.

Huelga de hambre

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, volvió a exigir al Gobierno la ruptura de relaciones con Israel: «El Gobierno está tardando en dar los pasos que la sociedad española está exigiendo», ha subrayado recordando las manifestaciones de este fin de semana.

En ese país siguen detenidos tres miembros de este partido –Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez–, que han iniciado una huelga de hambre para denunciar «el brutal genocidio» que se está cometiendo en Gaza, ha apuntado Belarra.

También siguen en prisión en Israel la presidenta del grupo de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Pilar Castillejo, y Adrià Plazas, miembro de la dirección del partido, según ha informado esa formación en un comunicado.

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El grupo islamista palestino Hamás anunció este viernes que ha decidido liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló su disposición a negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz. Tras ese mensaje, el presidente de EE. UU. ha pedido que Israel «detenga de inmediato el bombardeo de Gaza”.

La organización dijo haber tomado esa decisión «tras un estudio exhaustivo» y «con el fin de lograr el cese de las hostilidades». Hamás señaló que, en ese contexto, acuerda liberar a «todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos», «siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio».

Mostró igualmente la voluntad de iniciar «negociaciones inmediatas a través de los mediadores» para discutir los detalles del plan.

El grupo también dijo renovar «su acuerdo para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas), con base en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico».

Según su nota, la propuesta de Trump sobre el futuro de la Franja y los derechos «inherentes» del pueblo palestino «está vinculada a una postura nacional integral y se basa en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes». «Se debatirá en un marco nacional palestino integral. Hamás formará parte de él y contribuirá con plena responsabilidad«, concluyó su nota.

El plan propuesto por Trump

Este mismo viernes, Trump había dado a Hamás de plazo hasta el domingo a las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja y amenazó, de lo contrario, con «un infierno como nunca antes se ha visto» contra el grupo islamista.

El plan de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

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