• La Comisión Europea publica el octavo paquete ómnibus del año, que elimina exigencias ambientales.
• Con el pretexto de la simplificación, se impulsa un grave retroceso en normativas ambientales fundamentales para proteger la vida.
• Ecologistas en Acción denuncia que estos cambios solo favorecen a las grandes empresas y perjudican a las personas.

La Comisión Europea ha publicado el octavo paquete de “simplificación” ómnibus, que consiste en la modificación de varias leyes en un solo documento. Ecologistas en Acción denuncia que este texto, llamado Paquete Ómnibus Ambiental, incluye medidas que reducen las garantías para proteger la salud y los derechos de las personas.

Además, la organización ecologista considera “muy preocupante” la tendencia a desmantelar leyes en esta dirección, ya que este es el octavo paquete ómnibus del año. Es particularmente alarmante el hecho de que la Comisaria de Medio Ambiente Jessika Roswall haya advertido de que es necesario evaluar si cumplen con los objetivos de las leyes de naturaleza y agua, lo cual hace temer futuras propuestas de retroceso ambiental en las Directivas Hábitats y Aves, además de en la Directiva Marco de Agua.

Estos son los aspectos más problemáticos del Ómnibus ambiental, según Ecologistas en Acción:

• Propone acelerar las evaluaciones medioambientales de proyectos clave para la UE. Ecologistas en Acción, a falta de un análisis exhaustivo, recuerda que la Evaluación de Impacto es un mecanismo para garantizar que los proyectos no incurran en graves impactos negativos ambientales, y que a menudo la simplificación conlleva menor control y mayores riesgos.
• En la Directiva sobre emisiones industriales y ganaderas se eliminan la exigencia del inventario de productos químicos y  los inventarios e indicaciones de los planes de transformación.
• Aporta una simplificación específica en el cálculo del umbral para las explotaciones porcinas, cuyas consecuencias es necesario evaluar.
• Propone reducir los requisitos de los generadores de reserva que dan soporte a los grandes centros de datos  impuestos en  la Directiva sobre Instalaciones de Combustión Medianas.
• Impulsa la exención de los operadores ganaderos y acuícolas de la obligación de informar sobre el uso de agua, energía y materiales que incluye el Portal de Emisiones Industriales.
• Propone la eliminación de informar sobre sustancias peligrosas impuesta por la Directiva Marco de Residuos, además de suspender algunas responsabilidades de los/as productores/as.
• Propone la suspensión  temporal de algunas obligaciones del  Reglamento sobre baterías, relacionadas con la gestión y el reciclaje de las baterías cuando se convierten en residuos que deben hacer los fabricantes.

Jaume Grau, responsable de Biodiversidad de Ecologistas en Acción, ha declarado: “En tan solo unos meses se han retrasado normas clave, reducido presupuestos ambientales o retrasado la puesta en marcha de reglamentos como el de la deforestación importada, siempre en pro de las empresas y en contra del medio ambiente y las personas”.

Susana Millán, responsable de la campaña Transformación Industrial de la organización ecologista,  ha añadido que “si se llega a aprobar este paquete, tendrá graves consecuencias para la salud de las personas, ya que, por ejemplo, facilita el uso de más productos químicos”.

Por su parte, Julio Carmona, coordinador del Área de Digitalización y Contaminación Electromagnética, ha advertido que “las medidas de los diferentes paquetes ómnibus favorecen el rastreo constante de nuestros datos por parte de gobiernos y empresas. También eliminan algunas de las ya de por sí débiles salvaguardias diseñadas para garantizar un desarrollo seguro y sin discriminación de la IA”.

Por último, Nuria Blázquez, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción, ha concluido: “Este proceso de desmantelamiento de leyes ambientales está recibiendo una oposición sin precedentes por parte de la sociedad civil, pero avanza impunemente.  Es urgente y necesaria una mayor ofensiva política y ciudadana para frenar este retroceso que acabará con décadas de progreso. La lucha para frenar la crisis ecológica requiere de cambios transformadores y avances legislativos”.

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• Con el objetivo de recordar  que cada decisión de compra tiene consecuencias, y de apoyar el boicot a empresas que sustentan el apartheid del pueblo palestino, la organización ecologista han protagonizado una acción de protesta para denunciar la complicidad de Zara en el genocidio.
• Las activistas han recordado los impactos medioambientales, sociales y humanos de la cadena de moda, y han instado a la ciudadanía a optar por alternativas de compra más sostenibles, libres de explotación laboral y de complicidad con violaciones de derechos humanos: “No se trata solo de no comprar hoy, se trata de cambiar el modelo”.
• Ecologistas en Acción, miembro de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y colaboradora de la Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) a Israel, ha recordado las movilizaciones convocadas este fin de semana en casi 60 municipios por la libertad y autonomía del pueblo palestino.

Coincidiendo con el Día sin Compras y en el 78º aniversario de la Partición de Palestina, activistas de Ecologistas en Acción han protagonizado esta mañana una acción simbólica frente a la tienda insignia de Zara en la Gran Vía madrileña. Vestidas de negro y portando una mortaja que simulaba un bebé palestino asesinado, las personas participantes han denunciado la complicidad de la marca con el régimen israelí de apartheid y genocidio.

Durante la acción se han repartido centenares de folletos informativos dirigidos a clientes y transeúntes, explicandopor qué Zara figura en la lista de empresas boicoteadas por el movimiento global de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). El acto reivindicativo ha sido silencioso, solemne y ha contado con el apoyo espontáneo de personas que han aplaudido y se han sumado a la convocatoria.

La acción forma parte del Día Sin Compras, una jornada internacional de huelga de consumo que cada año impulsa Ecologistas en Acción “como contrapunto al consumismo desaforado y al Black Friday”. En esta ocasión, el foco se ha puesto en Zara, debido a su creciente implicación con Israel: en 2025 la compañía inauguró su mayor tienda hasta la fecha en el complejo Big Fashion Glilot, en territorio israelí. Además, su franquiciado local ha financiado actos de campaña de Itamar Ben-Gvir, ministro israelí supremacista, condenado por apoyo al terrorismo, sancionado por varios países y defensor públicamente del genocidio en Palestina. Ben-Gvir es citado en la causa por genocidio que actualmente se estudia en la Corte Internacional de Justicia.

“Zara no solo alimenta el fast fashion y la crisis climática con miles de toneladas de ropa fabricadas en el sur global y transportada en avión, también blanquea con su imagen un régimen que está asesinando a miles de palestinas y palestinos. Hoy hemos venido a recordar que cada prenda que se compra aquí puede estar contribuyendo al pago de impuestos a un gobierno genocida”, ha declarado Enrique Quintanilla, portavoz de Ecologistas en Acción.

Charo Morán, portavoz también de la organización ecologista, ha instado a la ciudadanía a sumarse al boicot a Zara y a “optar por alternativas libres de explotación laboral y de complicidad con violaciones de derechos humanos: consumir menos ropa, combatir modas efímeras, alargar su vida útil, usar ropa de segunda mano adquirida en el pequeño comercio y, en la medida de lo posible, de producción ética y local”.

Además, ha recordado que el modelo de negocio de Inditex también tiene un impacto ambiental devastador. Según el informe “Moda Aérea”, la empresa realiza más de 1.600 vuelos de carga al año desde el aeropuerto de Zaragoza para abastecer sus tiendas, lo que supone emisiones 14 veces superiores a las del transporte marítimo. Esta estrategia de velocidad sobre sostenibilidad contribuye significativamente a la crisis climática, que también es una forma de violencia contra los pueblos más vulnerables.

La acción también ha servido para visibilizar el papel de la moda rápida en la precarización laboral, especialmente de mujeres, en países del sur global. Inditex utiliza cadenas de suministro que han provocado tragedias como la de Rana Plaza en Bangladesh, en 2013, donde murieron más de 1.100 trabajadoras.

Ecologistas en Acción ha recordado que el consumo es una herramienta política, y que cada decisión de compra tiene consecuencias. Por ello, ha animado a la ciudadanía a participar en el boicot a Zaray a otras marcas cómplices del apartheid israelí, y a sumarse a las movilizaciones previstas para este 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se celebrarán en decenas de ciudades del Estado español.

“No se trata solo de no comprar hoy, se trata de cambiar el modelo. No queremos ropa que ocupe, que mate, que explota. Queremos moda que cure, que cuide, que respete”, han concluido las activistas.

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Presentación

Este seminario explorará las diversas áreas de la tradición teórica y práctica del decrecimiento. Cada sesión será guiada por personas con experiencia directa en los distintos campos abordados, que compartirán tanto su conocimiento de las fuentes y debates fundamentales como su práctica activista, ofreciendo una visión integrada de los desafíos y oportunidades del decrecimiento. La propuesta busca generar un espacio de reflexión crítica en el que el análisis de textos relevantes se entrelace con la práctica y la experiencia.

Sesiones primer semestre 2026:

• Jorge Riechmann, Por qué necesitamos decrecer (‘spoiler’: las transiciones ecosociales son algo mucho más difícil de lo que se nos vende), 10 de febrero, de 12:00 a 14:00 (Salón 217).
• Luis G. Reyes, Las renovables industriales no son el final de la transición energética, 12 de marzo, de 17:00 a 19:00 (Seminario 30).
• Marian Simón, Cuando el decrecimiento echa raíces: Agroecología y autogestión en los territorios, 15 de abril, de 12:00 a 14:00 (Salón 217).
• Charo Morán, Nueva cultura de la Tierra, 12 de mayo, de 12:00 a 14:00 (Seminario 30).
• Adrián Almazán, De las tecnologías imperiales a las técnicas humildes: el desafío de las infraestructuras, 1 de julio, (Salón 217).

Para acceder al texto base de cada sesión o realizar cualquier consulta, contáctanos en asarias@ucm.es.

Todas las sesiones se celebran en el Edificio A de la Facultad de Filosofía de la UCM.

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• El convenio vigente que regula la presencia de Estados Unidos en las bases militares de Rota y Morón vence el 22 de mayo de 2026. 
• Ecologistas en Acción publica un manifiesto en el que exige que no se renueven estas instalaciones en el nuevo convenio.
• La organización ecologista anuncia que esta será también una de las reivindicaciones que se exigirán en las próximas movilizaciones descentralizadas contra el genocidio en Palestina de los días 28, 29 y 30 de noviembre.

El convenio entre Estados Unidos y España se firmó por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Desde entonces, fue enmendado y prorrogado varias veces con un periodo de vigencia de ocho años a partir del 21 de mayo del 2013, fecha desde  la que se prorroga de manera automática por períodos anuales, salvo que alguna de las partes lo quiera denunciar.

Por ello, y coincidiendo con el papel de Estados Unidos en el genocidio en Palestina, Ecologistas en Acción considera que es un buen momento para que el Gobierno español traslade sus declaraciones pacifistas sobre Palestina a hechos y denuncie el acuerdo con Estados Unidos.

A continuación se transcribe el manifiesto de la organización ecologista.

No a la renovación de las bases de Rota y Morón

Las bases militares de EE UU en el mundo tienen un papel directo en el genocidio contra el pueblo palestino. El convenio permite el envío de armas a Israel, pese al embargo. La gran potencia mundial guerrera y ofensiva es la autora directa o instigadora de decenas de casos de crímenes contra la humanidad. Así ha sido desde el fin de la II guerra mundial (incluso desde antes), tal y como se explica en ‘El imperio ha estado siempre aquí’.  No son bases para la seguridad ni para la defensa.

La situación mundial se asemeja cada vez más a la del terrible momento de la historia en el que las grandes potencias dejaron hacer o alentaron a Hitler, Franco y Musolini.

Nuestro grito permanente “Otan No, bases fuera”, en todas las movilizaciones en las que participamos tiene aún más sentido hoy, en estos días en que es evidente que Estados Unidos ya está actuando sin disimulo ni control alguno. Esto ya fue evidente en su devastadora invasión sobre Iraq y Afganistán. El uso de las bases por parte de la CIA para trasladar a presos a sus cárceles secretas, en las que fueron torturados y no tuvieron garantías judiciales, no puede olvidarse.

Ecologistas en Acción siempre hemos argumentado que el regalo de nuestro territorio a una potencia ofensiva cada vez más descontrolada, no es solo una sumisión brutal de nuestra soberanía, sino que nos hace cómplices de los actos contra la humanidad y de los genocidios, además de poner nuestra propia seguridad en peligro, enemistándonos con los pueblos agredidos, colocándonos en el lado “malo” de la historia. Tener aquí esas bases militares va contra los valores del pacifismo y contra la naturaleza.

El convenio vigente que regula la presencia de Estados Unidos en las bases militares de Rota y de Morón vence exactamente el 22 de mayo de 2026. Este convenio fue firmado  el 1 de diciembre de 1988; y fue enmendado y prorrogado varias veces con un periodo de vigencia de ocho años a partir del 21 de mayo del 2013. Desde entonces, se ha prorrogado de manera automática por períodos anuales, salvo que alguna de las partes lo quiera denunciar.

Durante estos años, las dos bases han seguido modernizando, ampliando y adaptando los muelles para desembarco de barcos españoles y estadounidenses. Gracias a ello, puede servir de lanzadera militar hacia el suroeste asiático, esperándose la llegada de las fragatas F-110 a la base de Rota. De hecho, la ministra Margarita Robles confirmó que Estados Unidos usa aviones cisterna para reabastecer a sus aviones que van destino al Oriente medio, Gaza e Irán.

Por todo ello, ahora es un buen momento para que el Gobierno español traslade su retórica pacifista en Palestina a hechos, y gestione la no renovación del acuerdo con Estados Unidos.

Denunciar el convenio de las bases de Morón y Rota debe volver a ser una clara reivindicación de la sociedad española. Así lo pedimos también en las movilizaciones previstas para los próximos días 28, 29 y 30 de noviembre.

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• El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se convierte en el escenario de una performance donde una pirámide de barriles derrama productos tóxicos sobre líderes políticos
• Con esta acción, Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria y Sindicato Labrego Galego denuncian que el acuerdo comercial alimentará el colapso climático, el comercio de sustancias tóxicas y la injusticia social
• Las organizaciones convocantes coinciden en sus demandas con la Confederación General de Cooperativas Agrarias
• El apoyo del Gobierno español al acuerdo comercial contradice sus compromisos frente al cambio climático y los derechos humanos

 

El Toxic Trade Tour, una protesta itinerante por diversas ciudades europeas contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, ha hecho hoy escala en Madrid. Desde finales del pasado mes de octubre y hasta finales de noviembre, una coalición de organizaciones sociales y ambientales europeas coordinadas por la European Trade Justice Coalition, de la que forma parte la Coordinadora Europea de La Vía Campesina, Ecologistas en Acción o Greenpeace, están llevando a cabo esta protesta por diversos países de la UE para denunciar este acuerdo entre la Unión Europea y los países del bloque del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

La protesta se ha celebrado en vísperas de que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, previsto para el próximo 24 de noviembre, se reúna para tomar una decisión sobre el acuerdo. La firma formal podría tener lugar el 5 de diciembre en la cumbre del Mercosur en Brasil y se espera que la votación del Parlamento Europeo se celebre poco después.

“Este tratado comercial establece una relación tóxica entre la UE y los países del Mercosur, al perpetuar un modelo de relaciones internacionales de corte extractivista y neocolonial, consolidando una forma de globalización que destruye la naturaleza, pone en riesgo la salud y amenaza la pervivencia de culturas y economías locales a ambos lados del Atlántico. Por eso reclamamos al PSOE que no apoye la firma de este acuerdo y sea coherente con sus propias promesas electorales en esta materia”, han afirmado las organizaciones convocantes.

Dentro del Toxic Trade Tour, las organizaciones convocantes en el Estado español —Attac, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria— han realizado una performance en Madrid frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para señalar el apoyo del Gobierno español a la firma de este tratado. Durante la acción, han colocado una pirámide de barriles tóxicos ante el Ministerio, mientras que activistas con disfraces de responsables políticos (del presidente español Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen y el ministro de Agricultura español Luis Planas) han sido interpelados por el público sobre los riesgos que entraña este acuerdo comercial para el clima, la salud y la justicia social. Ante las respuestas esquivas o no creíbles de los políticos, estos han recibido una reprimenda en forma de ducha de productos tóxicos . Acto seguido, se ha leído un manifiesto recordando la gran cantidad de colectivos de la sociedad civil y de lo sectores agrícolas afectados que se oponen a este acuerdo.

La semana pasada, laConfederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COPA-COPEGA) rechazó la firma de este acuerdo comercial denunciado los perjuicios sobre algunas producciones de los países de la UE (maiz, azúcar, carne de vacuno) y señalando también la incoherencia que supone que la UE permita la exportación de agrotóxicos prohibidos en la UE al tiempo que quiere permitir la entrada de materias primas y productos agrícolas con presencia de esas mismas sustancias tóxicas no autorizadas.

Un acuerdo comercial que traerá más emisiones y más pesticidas peligrosos

Según las organizaciones convocantes, “mientras en la COP30 en Belém se está hablando de la necesidad de una mayor ambición a la hora reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los que negocian este acuerdo comercial caminan en la dirección contraria, incentivando un mayor flujo de productos y materias primas entre continentes, algunas de las cuales (como la soja o la carne de vacuno) están detrás de procesos de deforestación y gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores será imposible limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y evitar los peores efectos”.

Entre los graves problemas que lleva aparejado este acuerdo comercial, los movimientos sociales recuerdan que la Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad (EIS), realizada a finales de 2020 por encargo de la Comisión Europea, calculó que este tratado comercial provocaría un aumento global de metano y óxido nitroso, así como un aumento de las emisiones de CO² en la UE, Brasil y Argentina y un “aumento moderado general” de las emisiones de GEI en otros países del Mercosur.

Aunque el propio estudio señalaba que las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación representan el 55 % de las emisiones de CO² de Brasil y el 70 % de las de Paraguay, la consultora redactora de la evaluación admitió que estas proyecciones excluyen cualquier cálculo de las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación.

“La evaluación del impacto social y ambiental de este acuerdo comercial ha sido un mero trámite. La política comercial de la UE no se puede construir escondiendo debajo de la alfombra la deforestación, producida por materias primas como la soja, la caña de azúcar o la producción de carne de vacuno, amén de modernas formas de trabajo esclavo, invasión de tierras indígenas y la vulneración de los derechos humanos”, han declarado las organizaciones.

Asimismo, en la declaración leída durante el acto, las entidades convocantes han recordado que una investigación de Greenpeace Alemania encontró residuos de varios pesticidas en limas producidas en Brasil y vendidas dentro del mercado de la UE, a través del análisis en laboratorio de más de 50 muestras de limas compradas en supermercados y mercados mayoristas en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia.

Los pesticidas, entre ellos el herbicida glifosato y los insecticidas imidacloprid y cipermetrina, son fabricados en la UE y vendidos por empresas europeas en Brasil, uno de los principales países consumidores de plaguicidas del mundo. Más de la mitad de los pesticidas encontrados son considerados altamente peligrosos porque suponen un grave riesgo para la salud humana, los animales o el medio ambiente. El acuerdo UE-Mercosur propuesto eliminaría los aranceles sobre las exportaciones de plaguicidas de la UE a los países del Mercosur y reduciría el control en los alimentos importados, lo que significa que tanto el uso de pesticidas como sus efectos adversos aumentarían exponencialmente.

“Todo lo que rodea el acuerdo UE-Mercosur es tóxico. Primero, los gigantes de la industria química de la UE ya producen y exportan a Brasil sustancias tóxicas, algunas de las cuales ni siquiera están aprobadas para su uso dentro de la UE; y luego, la UE las reimporta en forma de residuos en los alimentos. Este acuerdo impulsará el comercio de pesticidas y potenciará este ciclo tóxico”, han concluído las entidades convocantes.

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