En este nuevo Programa Que El Pueblo Viva, que es conducido por Hervi Lara y Félix Madariaga, se analiza la última Cuenta Pública del Presidente de Chile, Gabriel Boric; la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento sobre el Pueblo Mapuche; los ejercicios militares, realizados en Chile, junto al ejército de EEUU,  llamados «Estrella Austral»; y se rinde un homenaje a los 12 jóvenes, militantes del FPMR, asesinados en junio de 1987 en Chile. 

En el plano internacional, se analiza la actual situación en Colombia, El Salvador, la vuelta de las bases militares extranjeras en Ecuador, el arresto, por parte de Israel, de los activistas de la Flotilla por la Libertad de Gaza y la intervención de Reino Unido que boicotea las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

La Flotilla de la Libertad no ponía en riesgo la seguridad de Israel, sino su impunidad. Por eso fue interceptada ilegalmente por las fuerzas de ocupación israelíes.

La embarcación Madleen transportaba medicinas, alimentos y suministros para bebés, junto con una tripulación desarmada compuesta por 12 personas provenientes de distintos países: activistas, defensores de derechos humanos y figuras públicas como la parlamentaria europea Rima Hassan.

Este acto no es un hecho aislado. Es una extensión más de los crímenes de guerra que Israel comete sistemáticamente contra el pueblo palestino. Hoy, Israel ha interceptado y secuestrado una misión humanitaria pacífica que navegaba en aguas internacionales, cuyo propósito era abrir un corredor humanitario de los pueblos hacia el puerto de Gaza. Al hacerlo, ha violado el derecho internacional y ha dejado en evidencia, una vez más, que su verdadero temor no son las armas, sino la solidaridad internacionalista de los pueblos.

Cuando los gobiernos callan, los pueblos deben actuar. La Flotilla de la Libertad representa el cumplimiento del deber ético que los Estados han abandonado: romper el asedio, llevar ayuda humanitaria a Gaza y aislar a Israel para presionar por el fin del genocidio.

Desde la Coordinadora por Palestina de Chile:

1.Solicitamos al Gobierno de Chile que condene este secuestro y ejerza todas las acciones de presión internacional necesarias para garantizar la protección integral, el acceso a asistencia consular y la pronta liberación de los tripulantes del Madleen, al mismo tiempo que actúa por el pueblo palestino en Gaza y en toda Palestina.

2.Demandamos que se informe al país cuándo se concretarán las sanciones prometidas en la Cuenta Pública, como un embargo militar integral a Israel. Hoy, Chile tiene un nuevo y urgente motivo para hacerlo.

3.Instamos a los Estados de origen de los tripulantes —Brasil, España, Francia, Suecia, Alemania, Países Bajos y Turquía— a actuar con decisión, realizando todas las gestiones diplomáticas necesarias para lograr su liberación inmediata.

4.Condenamos la complicidad de Estados como Suecia, cuya respuesta no solo desprotege a su ciudadana Greta Thunberg, sino que legitima la violencia del ocupante.

Los gobiernos tienen la obligación de proteger a quienes actúan donde ellos han fallado. Y tienen el deber legal y moral de poner fin a la impunidad de Israel.

La Flotilla de la Libertad lo ha hecho. ¿Y ustedes?

¡Fin al bloqueo de Gaza!
¡Sanciones a Israel YA!
¡Liberen a la Flotilla!

Coordinadora por Palestina de Chile

En la segunda mitad de los 80 del siglo pasado todos fuimos rebeldes y jóvenes y nada nos quedaba, salvo perder la paciencia y sólo encontrarla en la puntería, camarada. Y usábamos sobrenombres. El Negro, La Negra, La Chica, El Chico, El Flaco, El Loquillo, El Guatón, El Pelado, La Rucia, El Poeta. Un repertorio enciclopédico donde cabíamos cómodamente.

Por ejemplo, a Pablo Villagra Peñailillo -cuyo corazón se detuvo la madrugada del 8 de junio de 2025- le nombramos Cucho. Aunque a los Agustín les dicen Cucho, en este caso la norma se fracturó, y a Pablo dale con llamarlo Cucho para arriba y para abajo. Muy muchachitos como éramos, uno no hacía preguntas y entonces, oye, Cucho, súbete no más a la tarima y lánzale un derechazo a ese dirigente sindical amarillo que habla exclusivamente por la democracia cristiana y los golpistas arrepentidos.

Después me enteré que lo de Cucho es porque Pablo tiene ojos de gato. En otras palabras, de ojos de gato a agosto, de Agustín a Cucho.

En la segunda mitad de los 80 del siglo pasado todos fuimos rebeldes y jóvenes y papel contra bala no servía para derrumbar tiranías. Por convicción, familia, amigos o accidente, algunos militamos en las tres letras (que así se mentaba al MIR en el ambiente). Había otros destacamentos, por supuesto, pero es que los colores del MIR venían de muy lejos, de pintura rupestre y vibraciones elementales, de guerra civil española, de anarco-comunismo, de Sandino, Fidel y los demás. Y lo de trabajadores al poder, los pobres del campo y la ciudad, El Estado y la Revolución del bolchevique, sólo la lucha nos hará libres, canción contra la indecisión, yo pisaré las calles nuevamente, carta abierta al interior de Chile, el poema de Gonzalo Rojas, no convocaban poca cosa.

Como éramos pocos pero locos, con Pablo nos conocimos poco antes de coincidir en el mismo sitio de estudios superiores y a boca de jarro de la Alameda de Santiago: él en comunicación social y yo en teatro.

Todos teníamos cara de cabros chicos y algunos vestíamos de morral barato, la guitarra de rigor y el horror a las peluquerías. Nunca fuimos jipis pacifistas, por eso de que con fusil nos oprimen, con fusil venceremos. Pero, claro, parecíamos uniformados a veces, como rémora de la UP. Y para las tareas comprometidas, esa pinta no hacía juego. Tras una suspensión momentánea de mi militancia por razones de aspecto imprudente, di con Cucho y con él hice mi pasantía en la Villa Francia de Estación Central, entonces un oasis de cristianos por la liberación, harto MIR, harto Lautaro, harto rodriguista. Después de pagar mis deudas disciplinarias, retorné a la militancia formal un tiempo y por motivos que no vienen al caso, me fui con los rodriguistas hasta bien entrado los 90, hasta que esa puerta se cerró por dentro y por fuera.

(Estoy hecho una ruina, una blanco fácil, una rotura irremediable desde que me dijeron este domingo por la mañana que Pablo ha muerto de un infarto al corazón, que es igual que un infarto al corazón para los jóvenes rebeldes de la segunda mitad de los 80 del siglo pasado.)

Pablo, su madre Irene -a quien hace tan poco despedimos en un nicho sencillo del cementerio general-, sus hermanos, siempre abrieron su casa como si fuera el planeta más cariñoso de las fuerzas insurgentes del mundo. Su hogar fue una flor abierta para conspirar, abrazarnos, hablar bien y mal de los conocidos, recuperarnos.

Mira, Cucho, que ahora te quedas ininterrumpidamente joven y rebelde en los botes errantes que recalan en nuestro pecho.

Como Espacio Día a Día por Julia Chuñil, a siete meses de la desaparición de la dirigenta mapuche, realizaremos en Santiago el domingo 8 de Junio, a las 11.30 AM, un acto político-cultural en la plazoleta ubicada a los pies del Cerro Huelén, a pasos del metro Santa Lucía y frente al Archivo Nacional, para exigir justicia, protección a su familia y la salida de la Fiscal Esquivel de la investigación. En todo el país a partir del 6 de junio se realizarán actividades denunciando los nulos resultados de la investigación y solidarizando con la familia en Arica, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, San Antonio, Talca, Concepción La Unión, Puerto Montt y Valdivia entre otras ciudades y localidades, como también a nivel internacional.

La  dirigenta mapuche de la comunidad indígena Putreguel, fue secuestrada el 8 de noviembre de 2024 desde el sector Los Ciruelos, Huichaco sur, de la comuna de Máfil, región de Los Ríos. El hecho ocurrió tras constantes amenazas en su contra proferidas por un empresario forestal, Juan Carlos Morstadt, que hoy figura como dueño de las tierras recuperadas por ella y no ha declarado en la investigación llevada adelante por la Fiscalía de Los Ríos.

La desaparición de Julia Chuñil Catricura, mujer mapuche de 72 años, defensora de sus tierras ancestrales, del bosque nativo y de la semilla, se enmarca en un contexto de crecientes amenazas a los defensores del ambiente y en especial a las mujeres defensoras. El 5 de junio se conmemora el día Mundial del Medio Ambiente, por lo cual con Julia Chuñil como referente, se visibilizarán también las amenazas a otras y otros defensores territoriales. En un círculo de la palabra se conversará sobre las medidas impulsadas por el gobierno de Boric y el empresariado para facilitar el avance de los megaproyectos y acallar a las comunidades; se verán aspectos jurídicos del caso, se recogerá la visión de colectivos mapuche y de la Coordinadora por Palestina, como también de quienes a continuación, hagan uso del micrófono abierto.

Esta es también una reafirmación de nuestra lucha contra la impunidad y de denuncia de la responsabilidad del Estado y sus diferentes órganos, entre ellos la Fiscalía y los tribunales que en los últimos días han vuelto a dar la espalda a Julia Chuñil. La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de amparo interpuesto en defensa de su familia y el Fiscal Valencia mantuvo en el cargo a la Fiscal de Los Ríos Tatiana Esquivel, pese al sumario interpuesto en su contra y a la denuncia penal  por los apremios y trato violatorio de los derechos de Jeanette San Martín, hija de Julia Chuñil. Por su parte el Presidente de la República ignoró a Julia Chuñil en su cuenta pública del 1 de junio.

Al pie del Cerro Huelén, las voces, el canto, la poesía y la denuncia se unirán al coro de acciones y actividades en despliegue en Chile y fuera del país. No podrán acallar este clamor: #DondeEstaJuliaChuñil.

Presentación de De Papudo al infierno. Autobiografía de Andrés Valenzuela Morales de Verónica Estay Stange

LOM, viernes 23 de mayo 2025

Un libro muy bien escrito –gran pluma de la autora- pero francamente complejo.

Bien podría llamarse, historia de un hombre muerto, ya que trata de la vida de Andrés Valenzuela, un conscripto y luego funcionario de la FACH, que se convirtió en agente del Comando Conjunto y que sorprendentemente desertó en agosto de 1984. El mismo se definía así cuando desertó como “un hombre muerto”.

En esta condición se confesó con la Periodista Mónica González en la Revista Cauce y luego colaboró con variada información a los abogados de la Vicaría de la Solidaridad, quienes para salvarle la vida lo sacaron del país. Desde entonces, fines de 1984, vivió como exiliado en Francia.

Como testigo de época, recuerdo algo de esa historia, de un agente de la FACH que había desertado y contado a la Vicaría todo lo que había hecho y sabía como agente de la represión. Para quienes militábamos en la izquierda en esos años, lo que se empezaba a conocer, en un sentido se sabía, y en otros nunca terminábamos de saber de cuánto era capaz de hacer la represión. Esta ausencia de límites es un rasgo de la represión en regímenes autoritarios y terroristas, que tiene como efecto “superar nuestra imaginación”, la imaginación de la ciudadanía y de quienes resistíamos.

Este libro es un largo testimonio de la participación de Andrés Valenzuela en la represión como vigilante, guardia y progresivamente como sujeto activo de la represión en la detención de personas, allanamientos, operativos, etc.

El testimonio de Valenzuela, sin dudas, aportó al esclarecimiento de variados crímenes, así como a dar luces sobre el modus operandis de los aparatos represivos. Todo ello representa un gran valor, no solo para la historia, sino que, en su tiempo, para la verdad y la justicia.

Desde este punto de vista, no nos queda sino valorar la decisión de Valenzuela de desertar, y valorar también la escritura de Verónica que nos cuenta de la vida y las acciones represivas en la que participó Andrés Valenzuela.

Pero esta es solo una cara de la moneda; también hay otra, la del relato que puede terminar por hacer comprensiva la historia de Andrés –este ha sido tradicionalmente el papel de la historia- pero, la verdad es que estamos frente al mal, al “mal absoluto” o “mal radical”, como lo denominó Hanna Arendt que no admite comprensión. Es una delgada línea que me parece que la autora logra evitar, a pesar de la trama a veces amistosa en la forma de conversación que se estructura el relato. Esta doble dimensión, por una parte, aporta a la verdad y la justicia y por la otra, ingresa al problemático relato del infierno, el horror y del mal absoluto.

Hannah Arendt definió el mal absoluto en Los orígenes del totalitarismo del siguiente modo:

“Y si es verdad que en las fases finales de totalitarismo aparece, éste como mal absoluto (absoluto ya que no puede ser deducido de motivos humanamente comprensibles), también es cierto que sin el totalitarismo podíamos no haber conocido nunca a naturaleza verdaderamente radical del mal.” (Taurus, Baires, 1999, p. 11).

Richard Bernstein, filósofo norteamericano en su libro El mal radical (Buenos Aires, 2002, p. 288) cita un intercambio de notas entre Karl Jaspers y Hannah Arendt a propósito de Los orígenes del totalitarismo.

En una críptica oración final a su nota indica ¿Yahvé no se ha perdido demasiado lejos de vista?

En su respuesta Arendt señaló:

“He pensado en su pregunta “¿Yahvé no se ha perdido demasiado lejos de vista?” durante semanas, sin que se me ocurra una respuesta. Tampoco se me ha ocurrido una para mi interrogante del último capítulo (…). El mal ha probado ser más radical de lo que se esperaba. En términos objetivos, los crímenes actuales no están contemplados en Los Diez Mandamientos. O bien la tradición occidental está padeciendo su preconcepto de que lo más malvado que los seres humanos pueden hacer nace del vicio del egoísmo. Sabemos que los mayores males o el “mal radical” nada tienen que ver con esos motivos pecaminosos, humanamente comprensibles. NO sé lo que el mal radical sea en realidad, pero me parece que de algún modo tiene que ver con esto: hacer que los seres humanos en tanto seres humanos se vuelvan superfluos (no usarlos como medios para un fin, lo que deja intacta su esencia humana y sólo choca con su humana dignidad; en cambio volverlos superfluos en tanto seres humanos). Esto sucede apenas se elimina toda impredecibilidad (la cual, en los seres humanos, es el equivalente de la espontaneidad). Y todo esto, a la vez surge a partir –o, mejor dicho, se da junto con- el delirio de omnipotencia (no simplemente afán de poder) del hombre individual. Si un hombre qua man es omnipotente, entonces no hay motivo, en efecto, para que existan hombres en plural, así como en el monoteísmo es la omnipotencia de Dios la que lo hace el ser Único. De la misma forma, la omnipotencia de un hombre individual vuelve superfluo a los hombres.”

Desde otra perspectiva, las preguntas que se hace la autora al iniciar el libro en torno al ¿Cómo y Por qué? Como bien se indica, persisten, resisten… y no termina ser el objeto de este libro. Tal vez abre ventanas para estas preguntas:

–          ¿Cómo un hombre puede ser arrastrado –o dejarse arrastrar- a formar parte de un sistema criminal que reprime a sus semejantes?

–          ¿Cómo los torturadores pueden ejecutar sus sucias tareas, y paralelamente, llevar una vida familiar “normal”?

–          ¿Por qué algunas personas soportan ese funcionamiento?

–          ¿Por qué te quebraste? ¿Por qué en ese momento y no antes? ¿Por qué tú sí y otros no?

–          Por qué, Papudo, por qué… (pp. 9 y 10)

Tal vez estas preguntas desafían a diversas áreas de saber humano. La más preferida suele ser la de la psicología, la psiquiatría, el desdoblamiento, del sujeto, los clivajes definidos como disociación, etc. Sí, ayuda, pero también hay que hacerse la pregunta de por qué una sociedad como la nuestra produce represores, torturadores, asesinos oficiales…en una palabra “terrorismo de Estado” … ¿Qué elementos hay en nuestra estructura social y en nuestra cultura que avalan y colaboran en la producción de estas conductas?

En este contexto, al menos parcialmente, estimo que estos problemas se relacionan con cómo los chilenos procesamos el orden y el conflicto… Vastos campos sobre los que nos cuesta pronunciarnos: el orden, en realidad prevalece como orden conservador, autoritario, fascistoide… Esta es la tónica dominante (mano dura presidente, mano dura mi general). Esta noción del orden niega el conflicto, de ahí su deriva fascistoide que concibe la sociedad como una especie de cuerpo unitario. Que cada uno cumpla su función y nos reconocemos todos como buenos chilenos. El orden es la patria; la subversión, la antipatria. Piensen el tema de la seguridad y como se resuelve desde la derecha y un cierto sentido común popular: leyes punitivas y más coerción (más presos y mas cárceles). No emergen otras alternativas…

Por otra parte, el conflicto, también es complejo sobre todo desde la izquierda ya que se relaciona inevitablemente con las luchas, completamente necesarias, pero, “la lucha de clases es igual a guerra de clases”, lucha armada y paredón son inevitables… ¿bajo qué condiciones?

La experiencia de la Unidad Popular es sugerente y ambivalente a este respecto, ya que, por una parte, apuesta por la legalidad (producir los cambios en libertad y democracia como insistía Allende), pero es también algo ingenua (la derecha y especialmente la DC se valió de la legalidad pre-existente para debilitar al gobierno y otorgar legitimidad a la acción militar).

Cambiar la sociedad es hacerse cargo del conflicto en la sociedad y admitir que es consustancial al orden social. No hay orden social sin conflicto (salvo para los fascistas). Ello supone una noción de la política que es más que los asuntos de la polis, es también el polemos en la polis (polemos significaba originalmente guerra, pero con el tiempo denominó el carácter conflictivo de la naturaleza y la realidad). La cuestión aquí es cuánto puede la política contribuir a dirimir los conflictos sin necesidad de recurrir a la guerra, la violencia o el terrorismo de Estado.

En el contexto de la dictadura, la defensa del orden era también la eliminación del “enemigo interno”. Una construcción norteamericana completamente funcional para las Fuerzas Armadas latinoamericanas y que, desde la omnipotencia del poder volvía a los hombres y mujeres de pueblo francamente superfluos.

Es difícil replicarle al economista Manuel Riesco por sus aseveraciones en su columna en El Siglo de 27/05/2025, en la cual defiende el espurio acuerdo Codelco-SQM. Es difícil replicarle, no por los argumentos que entrega, sino porque Maño Riesco ha sido desde hace décadas, junto al economista Orlando Caputo, un gran defensor de la nacionalización de la gran minería y gran denostador de las mineras extranjeras, precisamente por el colosal perjuicio económico que ellas han provocado en nuestro país.

Nuestras primeras reuniones contra el perjuicio a Chile de las mineras extranjeras, las realizamos precisamente en Cenda, por allá por los años 1993-1994. Por ello es decepcionante su actual apoyo al acuerdo Codelco-SQM, o acuerdo Pacheco-Ponce Pinochet.

Pero ni modo: en recuerdo de nuestras antiguas luchas, me veo en la obligación de contestarle al compañero Riesco, en base a algunos párrafos de su columna.

“El acuerdo CODELCO-SQM, mediante el cual la minera estatal recupera desde ahora la propiedad y el control de la explotación del principal yacimiento de litio del país, se convierte en líder mundial ya no en uno, sino dos de los metales claves para la transición energética”.

No Manuel, la estatal no recupera la propiedad del principal yacimiento de litio del país, porque dicha propiedad es estatal desde 1979, gracias al art. 5° del DL 2.886, que dispuso “por exigirlo el interés nacional… el litio queda reservado al Estado”, y en consecuencia, no solo el litio del Salar de Atacama, sino el litio en todo Chile queda reservado al Estado, y no se puede otorgar concesiones a privados, porque es un bien público, un bien del Estado.

El DL 2.886 es de carácter constitucional. Por lo tanto, para poder enajenar, arrendar o entregar en concesión este bien público, el litio, solo se puede hacer mediante una ley, porque así lo mandata la Constitución en el artículo 63 que establece:

“Solo son materia de ley: 10) Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las Municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión”.

De todo ello deriva que el acuerdo mediante el cual Codelco, sin tener legitimidad legal y constitucional, entrega por 30 años, el 49.99% de la mayor parte del litio del Salar de Atacama a un privado, SQM, no puede prosperar porque ello solo se puede hacer por ley, es decir tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional.

Como también se tiene que hacer por ley el acuerdo de Codelco-Río Tinto en el Salar de Maricunga y el de Enami-Río Tinto en Salares Altoandinos.

Debemos insistir, el litio está fuera de la tradicional concesibilidad minera, porque está constitucionalmente reservado al Estado desde 1979.

Desde el punto de vista jurídico el acuerdo Codelco-SQM es ilegal y sobre todo, inconstitucional.

Veamos otro párrafo de Manuel Riesco.

“Como lamentablemente suele suceder frente a hechos esenciales de interés nacional, algunas voces, anteponiendo a la contundente conveniencia general arriba resumida, plantean objeciones válidas pero secundarias, otras sin validez alguna, o mezquinos intereses locales y particulares, económicos y también electorales en un espectro insólitamente diverso. Juegan por estos días con la ilusión de que esta gran iniciativa “se queme en la puerta del horno”.

Algunas voces plantean objeciones válidas pero secundarias, pero lo que he sostenido más arriba no es secundario, es relevante, fundamental, puesto que me he basado en disposiciones constitucionales que son irredargüibles.

Tal como está, el acuerdo Codelco-SQM es inconstitucional, y solo podría prosperar si se hace por ley, en caso contrario, puede ser anulado en los tribunales de justicia.

Y esto no lo sostengo porque defienda mezquinos intereses particulares o económicos, menos aún electorales.

Sigamos con otro párrafo de la columna de Maño Riesco.

“Felizmente, al igual como sucedió con la aprobación unánime del Congreso a la nacionalización del cobre impulsada por el Presidente Allende, el Directorio de CODELCO, la autoridad calificada para ello, ha revisado concienzudamente, informado con transparencia, y respaldado en forma unánime cada uno de los pasos de este complejo acuerdo”.

Es realmente un despropósito que Riesco trate de comparar el Congreso Nacional de 1971, que aprobó unánimemente la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, con el actual Directorio de Codelco que privatiza lo que el Presidente Allende nacionalizó.

Media docena de burócratas nombrados a dedo no son lo mismo que el Congreso Nacional…

Este Directorio privatiza por partes a Codelco, en particular desde el año 2010, porque gracias a la Ley 20.392 de 2009, este Directorio pasó a estar integrado principalmente por ejecutivos de las propias transnacionales mineras, escogidos principalmente por la Alta Dirección Pública que obedece a las mismas transnacionales.

Por ejemplo: ¿Qué autoridad calificada y qué experiencia en minería tienen los dos últimos directores escogidos por dicho organismo, Alfredo Moreno y Tamara Agnic?

Y es tan grande la autoridad calificada de este Directorio de Codelco, que desde 2010 hasta la fecha se han registrado, de lejos, los peores resultados de la Corporación de toda su cincuentenaria historia, teniendo en consideración la producción y el precio del cobre.

Para muestra un botón, el 2006 el precio del cobre fue de 3 dólares la libra y los excedentes de Codelco fueron de 9.215 millones de dólares, mientras que el 2024 con un precio del cobre de 4,14 dólares, los aportes al Fisco fueron solamente de 1.534 millones de dólares, es decir 6 veces menos que el año 2006.

Además, la producción de cobre el 2006 fue de 1,676 millones de toneladas y el 2024 fue solamente de 1,328 millones de toneladas, un 20,7% menos que el 2006. Estas son las cifras de este Directorio de Codelco, que yo llamo los sepultureros de la Nacionalización, pero que Riesco estima como autoridad calificada.

Manuel Riesco no entrega análisis de cifras para validar este acuerdo, por lo que conviene dar algunas. En noviembre de 2024 la empresa “Río Tinto”, actual proyectado socio de Codelco en Maricunga, compró en Argentina la empresa Arcadium en un valor de 6.700 millones de dólares al contado.

Río Tinto tiene proyectado dentro de algunos años más hasta 150.000 toneladas de litio al año. El acuerdo Codelco-SQM tiene proyectado producir 300 mil toneladas anuales de litio, entre 2030 y 2060, de las cuales 150 mil toneladas le corresponderán a SQM.

¿Cuánto pagó SQM a Codelco o al Estado, por tener derecho a explotar 150 mil toneladas de litio anuales, durante 30 años?

Nada, absolutamente nada.

Esa es la forma como el Directorio de Codelco, la autoridad calificada vela por los intereses del Estado, es decir de todos los chilenos. ¡Vaya Patriotas!

Una de las grandes justificaciones de Máximo Pacheco para hacer este acuerdo con SQM, es que esta empresa podría generar un “valle productivo”, es decir detener la extracción de salmuera 3 años antes que termine el actual contrato Corfo-SQM, el 31 de diciembre de 2030, por lo cual Chile se quedaría sin ingresos por el litio y sin los impuestos por esta actividad.

Ello es una falacia, puesto que en 1976 Corfo manifestó 75.000 pertenencias en el Salar de Atacama, de 5 hectáreas c/u, y meses después, en 1977, mensuró solo 59.820 y posteriormente renunció a 26.262, por lo que las pertenencias OMA que quedaron son 33.568. De ellas Corfo arrendó a SQM 28.054 hasta 2030 y 3.344 pertenencias a Albemarle hasta el año 2044.

Por lo tanto quedan disponible 43.802 de las 75.000 pertenencias que Corfo manifestó en 1976, para que Codelco, o una nueva Empresa Nacional del Litio, puedan comenzar desde ya a construir las piscinas necesarias para comenzar a llenarlas con la salmuera que también se puede comenzar a extraer.

“Tecnología” que no es de otro mundo, ni requiere un capital demasiado grande, mientras se comience también a construir las plantas para obtener el carbonato e hidróxido de litio, o se compren a buen precio las plantas que SQM posee actualmente y que quedarán en desuso, porque solo el Estado está constitucionalmente autorizado para explotar el litio.

En suma, Codelco puede desde ya comenzar a preparar en el Salar de Atacama la explotación del litio, antes del año 2030 cuando termina el contrato Corfo-SQM.

El no hacerlo, y hacer un acuerdo con SQM, solo puede ocultar un gran negociado.

Una investigación del canal líder en España, Antena 3 TV, reveló los impactos más oscuros de la industria del salmón. Bajo el título “El Imperio del Salmón”, el reportaje recorrió fiordos patagónicos, evidenciando los profundos efectos sociales, ambientales y laborales de esta industria transnacional, dominada por empresas transnacionales como la noruega MOWI.

En la Patagonia chilena, el equipo periodístico fue testigo del nivel de ocupación marina: “Entonces esos puntos rojos son concesiones salmoneras, todo esto. Una invasión. En el fondo termina siendo un Far West, en el cual ellos están en los fiordos, hacen lo que quieren, nadie los fiscaliza y la ciudadanía tampoco puede hacerlo”, señala parte del relato. En Puerto Aguirre, una vecina recuerda: “Antiguamente había playas donde ibas a bañarte, hoy no puedes porque el fondo del mar está contaminado”.

En Chile, Defendamos Patagonia ha compartido en redes sociales un primer extracto del reportaje: “Un Reportaje SORPRENDENTE que está dando la vuelta al mundo (…) Desde el canal más visto de España, develan los impactos de la industria salmonera en la PATAGONIA de CHILE !!! (…) Un reportaje de alto impacto que desenmascara los efectos ambientales y sociales de la industria salmonera en la Patagonia chilena: contaminación por plásticos, destrucción de ecosistemas marinos, uso excesivo de ANTIBIÓTICOS (100 veces más que Noruega), muerte de buzos, matanza de lobos marinos y desplazamiento de la pesca artesanal”.

Mira extracto 1 difundido por Defendamos Patagonia

https://www.instagram.com/reel/DKQt1ZANKUg/?utm_source=ig_web_copy_link

Mira extracto 2 difundido por Defendamos Patagonia

https://www.instagram.com/reel/DKVKaW_SdzM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

El reportaje también constató los cambios drásticos en la economía local. Un buzo artesanal relató: “Lo que es almeja, saldrían 800 kilos por buzo. Hoy en día están sacando 300 kilos”. Una pescadora añadió: “Me gustaría que siguieran trabajando porque toda persona necesita un trabajo y la salmonera se lo está dando. Pero me gustaría que se fuera más lejito, no tan cerquita de lo que nos pertenece, que es nuestro territorio”. Aunque la industria prometió generar 28 mil empleos, solo se han concretado 17 mil, según indica el reportaje.

Las denuncias laborales también marcaron el relato. Un exoperario de piscifactoría expuso: “Siempre se incumplieron normas. Hay muchos accidentes graves en la salmonicultura. Personas que han muerto, hubo un montón de buzos que han tenido mal de presión. Tenemos una mortalidad por buzo gigantesca”. Afirmó que la presión patronal los obligaba a romper protocolos de seguridad.

El equipo evidenció imágenes de lobos marinos objeto de disparos. “¿Le está disparando? Sí, le está disparando”, dice un testigo, señalando que las salmoneras consideran a estos animales protegidos como plagas. El video mostró también instalaciones abandonadas y basura acumulada bajo las jaulas flotantes: “Lo que cae al agua… abajo se quedó. En todos los centros encontramos exactamente lo mismo”.

En Galicia, España, pescadores artesanales están en pie de guerra contra la instalación de salmoneras noruegas. Uno de ellos fue categórico: «Aquí en Galicia no nos hables del salmón. Y en esta ría menos, porque lo odiamos. Odiamos el salmón de piscicultura (…) Una mafia, una mafia. Prometieron muchos puestos de trabajo, muchas ventas. Ocuparon con sus jaulas un espacio en el mar donde antiguamente se mariscaba y se pescaba y nos desplazaron de ese lugar y al final la empresa dio un concurso de acreedores, dejó las jaulas allí tiradas durante un largo tiempo hasta que el gobierno autonómico tuvo que encargarse de retirarlas porque la empresa se esfumó y nada más. Y claro, no le queremos muy bien ni al salmón ni a la industria del salmón, porque es que además la competencia que nos hacen es bastante desleal».

Otra denuncia se refiere al uso de peces salvajes para alimentar salmones de cultivo: “El salmón está cogiendo de los océanos pescado para hacer harina, para alimentar a sus salmones… Deja sin alimento a las especies que captura la pesca artesanal», también se señaló que los ingresos de un pescador gallego han caído en 500 euros mensuales.

“A mí me gustaría que volviera la pesca artesanal porque le da vida a la isla”, señala una habitante de Puerto Aguirre en la región de Aysén, Chile, destacado por Ante 3 TV en su reportaje.

Uso y abuso de antibióticos

La conductora del reportaje pregunta a la médico veterinaria Lisbeth Van Deer Meer: «¿Qué diferencia hay entre el uso de antibióticos en Europa y el uso de antibióticos aquí, en la producción chilena?». Responde la entrevistada: » Nosotros utilizamos casi 339 toneladas de antibióticos. 339 toneladas. Exactamente, más de 100 veces lo que se usa en Noruega. Entonces, el problema que tenemos, efectivamente, es que no hemos podido encontrar una solución para manejar estas enfermedades, ya sea con vacunas o con otro tipo de manejo y tratamiento. Por ejemplo, el antibiótico que se está usando en su gran mayoría en Chile es el florcinicol. Algún día ese antibiótico ya no va a funcionar». Pregunta la conductora: «¿Es traspasable la resistencia de los antibióticos de los salmones a las personas?», responde la médico veterinaria: «Efectivamente, nosotros pedíamos por ley de transparencia todos los datos de antibióticos, biomasa, mortalidad. Y esta información nunca se nos quiso dar. Entonces fuimos a cortes de apelaciones, a la Corte Suprema y la Corte Suprema al final dijo que sí, esta información tiene que saberla los consumidores».

Playas cubiertas de basura salmonera

Defensores del territorio marino, muestran en el reportaje playas de islas de la Patagonia aysenina cubiertas de basura salmonera: «Como pueden ver, acá es parte de la basura que nos regala la industria salmonera a estos territorios (…) Esto es el reflejo de que la industria no cumple ninguna de las normativas, ni siquiera sanitarias, porque la industria no debiese tener un plan de recoger basura, no debiese generar basura. Todo es cabo, mira, todo es cabo. Plástico la mayoría, todo lo que la industria produce es plástico (…)  Toda la basura se va quedando debajo. Está ya toda la isla por debajo llena de plástico. Es lo que han encontrado por aquí”, resaltan las imágenes y el relato.

Otra dirigente, señala: “Alimento completo para salmoneras. Esto era de un maxi-bag que trae muchos kilos. Este es del 6 de enero del 2015. Esta es de conservación de mortalidades no apto para consumo humano. Si la etiqueta tóxica llegó, parte del producto también. Para después eliminar estos salmones». Pregunta la conductora: «¿Se refiere a los salmones que se mueren en las granjas?». Respuesta dirigenta: «Sí. Irritante, manipular con gafas protectoras, antisalpicaduras, mascarillas, guantes de PVC, polietileno, pecheras y botas plásticas, porque es algo que está hecho para que te descompongas del material orgánico. Alimento completo medicado. Mowi Chile. Esto es de Mowi».

Salmón de cultivo versus salmón salvaje

El reportaje destaca al salmón salvaje de Alaska como alternativa sostenible. Con menos grasa y más omega-3, su producción no usa antibióticos y preserva ecosistemas. «Es un superalimento natural, sin aditivos ni residuos de piensos», explica un productor gallego que factura 900.000 euros anuales con este modelo ético.

Expertos gastronómicos y científicos comparan ambos salmones: el salvaje tiene color más intenso y grasa saludable, mientras el de cultivo muestra tonalidades apagadas por dietas artificiales. «Es como comparar un pollo enjaulado con uno de campo», señala un chef. Estudios confirman que el salvaje tiene más proteínas y equilibrio omega-3/6, clave para combatir inflamaciones.

El reportaje cierra con un mensaje: reevaluar el costo real del salmón de cultivo industrial. Mientras la industria promete desarrollo, sus impactos ambientales, sanitarios y sociales «no son sostenibles», concluye la narración.

Mira el reportaje completo de Antena 3 TV “El Imperio del Salmón”

Advertencia: el párrafo final léase con la música del himno nacional de fondo.

Ayer fue la cuenta pública, ese ritual democrático en el que el principal representante de la élite nacional —el Presidente de la República— enumera los “logros” alcanzados durante su mandato y describe el futuro brillante que nos espera. (Pausa dramática de dos segundos)… y nadie le cree.

Mi reflexión es simple: existe una fractura de confianza tan profunda entre el pueblo y la élite que merece análisis. Intentaré explicarla aquí, y quizás —solo si alguna vez recuperamos un mínimo de fe mutua— escriba una segunda parte con una salida viable a este matrimonio pactado (sin amor, pero con régimen de bienes gananciales).

Dicen que el amor todo lo puede, pero en Chile hemos demostrado que el odio con clase también es capaz de mover montañas. La desconfianza entre el pueblo y la élite es tan entrañable, tan histórica, que ya debería tener su propia efeméride: el Día nacional del sospechoso recíproco.

Porque si algo une a este país dividido, fracturado, polarizado y reordenado según las promociones del Jumbo, es el cariño disfuncional que se profesan los de abajo con los de arriba. Es como un matrimonio largo, pero sin sexo, sin ternura y con bastantes cuentas pendientes en los Panamá Papers.

La élite chilena —ese selecto grupo que estudió en los mismos tres colegios, se casa en los mismos dos clubes y se reproduce en las mismas clínicas— cree firmemente que el pueblo tiene alma de saqueador, flojo y desagradecido. Y el pueblo, por su parte, piensa que los de arriba son una especie de alienígenas con apellidos compuestos, incapaces de entender lo que es tomar micro o pagar un kilo de pan sin tarjeta black.

¿Y cómo no confiar mutuamente? Si cada vez que se intenta mejorar algo —una nueva Constitución, una reforma tributaria, una ley que impida pescar con redes que atrapan hasta delfines— aparece algún doctor en Harvard diciendo que eso “afectaría la confianza de los mercados”. Traducción simultánea: no nos gusta que los rotos opinen.

La élite, por su parte, nunca se equivoca. Si hay crisis, es culpa del populismo. Si hay protestas, culpa del narcotráfico. Si hay inflación, culpa de los bonos. Y si hay desigualdad, culpa de la envidia del pobre. ¿Cómo no amar a quienes te explican todo con tanta pedagogía condescendiente?

Pero también el pueblo tiene lo suyo. Se indigna, protesta, vota contra sus propios intereses y luego se pregunta por qué nada cambia. Confía en que esta vez sí que sí, el político sin corbata que promete justicia social desde una pensión vitalicia de 6 palos va a cumplir. Es como confiar en que el zorro cuidará bien a las gallinas, porque esta vez tiene un PowerPoint con cifras.

Y así seguimos, desconfiando juntos. Ellos creen que sin ellos no hay país, y nosotros sospechamos que *gracias* a ellos no hay país. Ellos hablan de estabilidad, y nosotros escuchamos “mantener el statu quo, pero con delivery”. Ellos llaman progreso a la venta de recursos naturales a precio de “huevo”, nosotros le llamamos “saqueo”.

En fin. No es que haya una ruptura entre pueblo y élite. Es que nunca hubo matrimonio. Como mucho, una relación tóxica de conveniencia. Una telenovela mala, con guión escrito en inglés por algún think tank.

Pero no hay que perder la esperanza. Tal vez algún día nos reconciliemos. Quizás cuando el último fondo de pensiones haya sido privatizado por completo y el agua venga embotellada directamente desde Suiza. Ahí, con suerte, nos abracemos. Pero con desconfianza. Siempre con desconfianza.

Ante la solicitud de la Fiscal Tatiana Esquivel para inhabilitarse de la causa por la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura, el espacio Día a Día por Julia Chuñil, en el cual participan organizaciones de derechos humanos, sociales, feministas, socioambientales, indígenas, culturales, territoriales y políticas de Chile y el exterior, informa:

Vuelco en el Caso

La Corte de Apelaciones de Valdivia dio plazo hasta el 30 de mayo para que la fiscal de los Ríos Tatiana Esquivel y los agentes del Estado a su cargo informen sobre el operativo, descrito en el recurso de amparo N° 206 como intimidatorio,  vejatorio y estigmatizante, en favor de Jeannette Troncoso Chuñil, en el que también participó el Fiscal Carlos Bahamondes. El recurso había sido interpuesto el 26/05 por el equipo jurídico de la familia. Allí se plantea que el policía de la SIP, durante tres horas de interrogatorio en dos vehículos policiales diferentes y en presencia de Esquivel, conminó a Jeanette a inculparse, haciéndola creer que la estaba apuntando con su arma al desenfundarla e insistiendo en que “ustedes son responsables” y “hoy sacaremos de acá a su mamá”. La fiscal no detuvo el interrogatorio ni garantizó los derechos de Jeanette, limitándose a ofrecer una falsa confianza, para que “dijera la verdad” agregando que “como mujer (…) la comprendería”. Este tipo de trato vejatorio está tipificado en el Código Penal como tortura y causó un daño psicológico enorme a Jeannette, sus hijos y la familia, ya afectada por la desaparición.

La petición de inhabilidad solicitada al Fiscal Nacional por Tatiana Esquivel es una maniobra para eludir su culpabilidad, colocando de escudo no sólo a los agentes sino a los fiscales Alejandro Ríos y Claudia Baeza, y pretendiendo paralizar la investigación. Esquivel incluye una demanda contra Julia Chuñil Catricura por “robo de madera”, referida a que la dirigenta mapuche practicaba la ancestral recolección de ramas caídas o secas del bosque hoy en manos de Juan Carlos Morstadt, el principal sospechoso para la familia, a quien la fiscal no investiga pese a que él se negó a declarar. Esta situación evidencia concepciones clasistas, racistas y discriminatorias de Esquivel que podrían ser funcionales a la impunidad en favor del sospechoso, de eventuales cómplices de sicariato empresarial y/o de otros responsables.

Una fiscal inepta

Los hechos denunciados ameritan que Tatiana Esquivel sea apartada del cargo y se consideren los pasos para su destitución, atendiendo tanto a la infracción de las normas de las Convención Internacional contra la Tortura y Contra la Desaparición Forzada de Personas, como a nuestras leyes. Existen otras denuncias relativas a un caso que ella dirige desde Los Ríos: el secuestro y desaparición del niño Tomás B en Cañete. Jorge Escobar, sindicado por el equipo de Esquivel como culpable, sin pruebas, es también un familiar del menor. En la zona se sostiene que el asesinato del pequeño tiene relación con terceros vinculados a una empresa forestal. Jorge Escobar denunció en el juicio oral en curso en Cañete que el primer fiscal de la causa, José Ortiz, de Arauco, lo amenazó con condena a prisión perpetua si no aceptaba inculparse por los hechos. Por otra parte, la Defensoría Pública de Escobar denunció a la Fiscal Regional de Los Ríos por uso indebido de intercepción telefónica de sus conversaciones. La Corte Suprema obligó recientemente a Esquivel a abrir la carpeta investigativa de ese caso que mantenía en reserva. Estas irregularidades confirman la ineptitud de Esquivel.

Desde Día a Día x Julia Chuñil insistimos tempranamente que la investigación debía realizarse bajo el enfoque de Derechos Humanos, un criterio del nuevo equipo jurídico. Reiteramos nuestra solidaridad con la familia de la defensora ambiental, repudiando las violentas actuaciones en su contra, en el marco de líneas investigativas sin resultado alguno. No hay imputados ni formalizados y no se ha dado inicio al juicio oral. Su familia ha vivido desde el 8 de noviembre de 2024 un verdadero calvario con secuelas semejantes a las que el crimen de tortura deja en las personas.

Por los antecedentes expuestos, exigimos:

1. La apertura de una investigación sumaria por parte de la  Fiscalía Nacional contra la Fiscal Regional de los Ríos, Tatiana Esquivel, y contra Dagoberto Cabrera y José Arriagada, jefes de  la Sección de Investigaciones Policiales SIP y del Laboratorio Criminalístico de Carabineros LABOCAR, respectivamente, por el delito de apremios ilegítimos, tratos crueles inhumanos y degradantes a una víctima que debieron proteger, según el derecho internacional y el Código Penal que sanciona los apremios ilegítimos.
2. Prioridad Nacional para la investigación por la desaparición forzada de Julia Chuñil, una definición que debe ser asumida por el Estado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Sistema de Justicia, y especialmente por el Fiscal Nacional Ángel Valencia y/o su subrogante Héctor Barros. A siete meses de perpetrado el crimen es imperativo que el Estado destine las capacidades y recursos necesarios para aplicar los principios rectores de una investigación por desaparición forzada de personas y otorgar la debida protección a su familia.  En medio de nuevas normas y leyes que buscan detener las luchas de los pueblos en defensa de sus derechos y de sus territorios, seguiremos exigiendo Verdad y Justicia.

¡Defendamos a los Defensores Ambientales y de Derechos Humanos!

El Estado es Responsable

¿Dónde está Julia Chuñil?

Espacio Día a Día por Julia Chuñil

Cada vez con menos asombro, pero con mayor legítima preocupación, hemos leído acerca de los acuerdos negociados en proyectos de litio del Estado de Chile. Un rasgo lamentablemente común es la entrega de una inmensa proporción al socio elegido: entre 49 y 51 %.

En la industria minera esto pasa a ser una falla básica pues se han estado negociando proyectos mineros de categoría mundial: Salares de Atacama (Corfo) y Maricunga (Codelco) y el grupo de Salares Altoandinos de Enami.

Cuando se tiene proyectos mineros de gran calidad que aseguran una muy buena rentabilidad y bajos costos, los propietarios optan por hacerse cargo del 100 % del proyecto para maximizar el beneficio económico.

Adicionalmente en este caso, esa decisión garantiza que sus profesionales y trabajadores obtendrán la experiencia del manejo del proyecto minero: esto se conoce como soberanía técnico intelectual.

Es tal el nivel de falla en las negociaciones de los acuerdos, que la Comisión de la Cámara de Diputados en relación al caso SQM- Codelco en el Salar de Atacama ha declarado:

“Se recomienda que se deje sin efecto el acuerdo entre Codelco y SQM debido a la falta de transparencia que ha caracterizado todo el proceso de negociación, aprobación y socialización del mismo “.

Otro hecho preocupante es que de los tres casos de negociaciones recientes solo en uno se optó por hacer una licitación que implica competencia entre los interesados. Pero poca importancia tiene licitar, si de antemano el propietario ya decidió entregar prácticamente la mitad de la propiedad del Estado de Chile.

En lo económico sería la primera vez en la historia de la minería moderna que el dueño de un yacimiento (Corfo, Codelco o Enami) entrega entre el 49 y 51% de parte de sus reservas de calidad excepcional con una compensación económica discutible sin revisar otras alternativas fácilmente disponibles por el gran interés que hay de disponer de litio en países industrializados para enfrentar el Cambio Climático.

Ante tamañas irregularidades en los acuerdos aquí identificados es lícito solicitar la anulación de todos ellos y al mismo tiempo. Invitamos al Congreso Nacional, Comisión Chilena de Energía Nuclear, Ministerio de Minería, Enami, Codelco, Cochilco, Sociedad Geológica, Colegio de Geólogos, Instituto de Ingenieros de Minas, CORFO, Universidades y Organizaciones Comunitarias a debatir técnica y democráticamente para preparar un documento de acuerdo, según las necesidades de un país rico en minerales y dotado de profesionales, técnicos y trabajadores experimentados que debe asumir su capacidad de carácter internacional.

Nuestros extraordinarios yacimientos de litio lo permiten si nos hacemos cargo.

José Cabello. Geólogo, Comunicador de las Ciencias, Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile – CEMEC

El fracaso del modelo educacional que instaló la dictadura, perfeccionado y ampliado por la Concertación/Nueva Mayoría y confirmado por la inoperancia del gobierno actual, queda de manifiesto en cada niño en edad escolar que muere asaltando a un prójimo, o en alguna riña por quítame allá esas pajas.

Hace algunos años, niños de esa edad caían presos luchando por una educación pública, democrática, por el fin al lucro o por el pasaje escolar.

Algunos creen que, instalando mecanismos propios de las cárceles, la violencia que es propia de este tipo de cultura, se va a desvanecer por arte de birlibirloque.

Pero respecto de los portales detectores en las escuelas hay que decir que no ha sido sino una respuesta pavloviana al regaño ultraderechista. No es posible relacionar en ninguna parte del mundo que este tipo de controles sirva de algo más que como negocio para sus importadores.

De lo contrario, sería fácil.

El ministro de Educación se pregunta: ¿Qué hemos hecho para formar a nuestros estudiantes? La respuestas es tan breve cuanto desgarradora y desvela a quienes iban a llegar al gobierno para terminar con el neoliberalismo en educación: nada.

Y si se quiere, menos que nada porque se ha retrocedido en una de las variables en que, precisamente, la educación formal, es decir, la escuela, se supone que es capaz de colaborar con el conjunto del Estado en un rol de contención civilizatorio en dirección, al menos, de convencer a los niños de que salir a matar es algo malo.

No hay asalto violento, desalmado y cruel, en que no haya al menos un niño de catorce años que sale a la aventura que lo validara ante sus pares, más aún si el botín es un trofeo digno de ser mostrado, cuyo propósito ultimo para el adolescente asesino es ser.

Se ha validado, reconocido, valorado, respetado, admirado, adulado.

Entonces vienen los responsables de todo esto a proponer soluciones que tienen que ver con metros cuadrados de cárceles, cantidades de policías, detectores de armas y años de penas a cumplir, sin ver lo obvio: se fijan en el resultado y obvian, si acaso ex profeso, el origen de esa y toda violencia: la agudización y profundización del modelo neoliberal. Menos políticas sociales, menos Estado, menos solidaridad, menos organización social y menos escuelas y cultura para las poblaciones pobres.

Si el capitalismo es necesariamente violento, el neoliberalismo le agrega a esa violencia la dejadez del Estado contraído a un par de agencias cooptadas por la corrupción, y, por lo tanto, el campo abierto a toda forma de delincuencia que vive y se reproduce en esa sopa en que al sálvate solo, se le suma el defiéndete solo.

¿Cuánto falta para el colapso definitivo?

No se sabe muy bien cuál es el refugio para el pueblo honrado que vive amenazado por las deudas, una manera sutil de violencia sistémica, la ausencia del Estado, la represión que sí funciona cuando es un trabajador el que reclama, la delincuencia que goza de notable cobertura mediática y de sospechosa prognosis penal la que se carga sospechosamente en contra de respondones, rojos e indios y todo esto en medio de la mayor epidemia de corrupción concebible antes del desfonde definitivo.

Hace mucho, tanto que ya es un recuerdo brumoso, los partidos obreros y sus aguerridos militantes fueron verdaderas contenciones para las lacras sociales mediante su obstinación por la organización de la gallá y su pasión por la pelea por mejores condiciones de vida de los más pobres.

Y en ese cielo oscuro, destella la brutalidad política e irresponsabilidad histórica de aquellos que creen que con máquinas detectoras de metales se puede contribuir a evitar un daño que ya va en la mitocondria.

Para los ignaros que no son capaces de ver el bosque aferrados al arbolito que le rinde réditos en constante y sonante, el caso de los niños delinquiendo responde a que hay mayores que los embullan para evitar penas propias de adultos. Es decir, esos muchachos no toman sus propias decisiones, sino que hay mayores de edad que lo hacen con fines estrictamente procesales.

El presidente Gabriel Boric en algunos de sus viajes al exterior se ha referido al neoliberalismo con una carga de crítica que busca la simpatía de ciertos dignatarios. Curiosamente, en Chile no lo hace.

Es responsable preguntarse si sabe de qué habla.

¿Será una moda pasajera que se quita imponiendo otra?

Recordemos: el 18 de julio de 2021, cuando derrotó al candidato, en ese tiempo, alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el entonces diputado Gabriel Boric dijo, con todas sus letras: “si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba”.

Restaría informar al entonces optimista candidato que una muestra notable de ese neoliberalismo que se ofreció para sepultar se expresa en cada niño que las familias, la escuela, las instituciones estatales y las leyes pierden para ser asesinados o para asesinar.

Chile ha sido tumba para esos jóvenes y para las esperanzas de todo el resto del censo.

El neoliberalismo, precisamente por la intercesión activa y entusiasta de su sepulturero, goza de envidiable salud.

…Brota la dignidad en nuestras manos organizadas.

El siguiente comunicado fue difundido la mañana del viernes 30 de mayo de 2025 por las y los pobladores de la toma de terrenos del cerro Placilla de San Antonio, región de Valparaíso, mientras bajaban en una numerosa marcha de humanidad sin casa hasta ocupar el muelle de la ciudad.

Somos los campamentos Alto Mirador y Rol 9034-1. Ante las políticas de vivienda del país y su incapacidad de reconocer la vivienda como un derecho, hace 6 años nos tomamos y habitamos un terreno degradado en el cerro Placilla en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso. Por una necesidad básica de vivienda, construimos con nuestro propio esfuerzo y habitamos estos campamentos 1.042 familias que con organización de sus pobladoras y pobladores defenderemos hasta el final.

El abandono estatal, las especulaciones de la tierra, las altas tasas de interés y abuso de los bancos, la pésima calidad de las viviendas sociales, sus incontables proyectos fallidos nos empujan a los habitantes de este país a tomarnos los terrenos y construir una solución con la fuerza organizada de los pobladores y pobladoras. Actualmente en el país existen aproximadamente 1.432 campamentos que habitan 121.000 familias. Solo en el gobierno de Gabriel Boric Font se han desalojado al menos una decena de ellas mediante la fuerza policial.

Nuestros derechos sociales son vulnerados y si los reclamamos somos violentamente reprimidos.

El campamento es una respuesta natural a dar espacio, cobijo, techo a nuestras niñas, niños, abuelos y animales, a nuestras familias para su desarrollo. No consideramos normal vivir hacinados, allegados o viendo cómo todo el salario por el cual trabajamos la gran mayoría de los chilenos se nos va entre las manos por los altos precios de los arriendos y servicios básicos. Esto nos disminuye y empobrece. Nos humilla. Desde los medios de comunicación tradicionales y la política, intentan enfrentarnos. Pero no lo lograrán. Las y los pobladores en toma somos tus vecinos, tus clientes, tus compañeros de trabajo y de colegio, luchando por un mejor vivir, organizados, enfrentando la adversidad impuesta por los dueños del país en complicidad con el Estado.

Ya llevamos casi seis años construyendo este hermoso campamento, consolidando el servicio de electricidad por parte de la empresa distribuidora de la comuna a través de manifestaciones y trabajo exclusivamente comunitario; asambleas, talleres, educación ambiental, cuidado del entorno, limpieza y reconocimiento de la biodiversidad del cerro. No recibimos ninguna ayuda estatal, más que uno u otro nylon. Todo lo hemos levantado con autogestión. Mientras tanto, vemos cómo las poblaciones bajo responsabilidad de la I. Municipalidad de San Antonio y su alcalde, Omar Vera, están abandonadas en temas ambientales, de seguridad, aseo y ornato.

Estamos orgullosos de lo que hemos construido con nuestras manos.

Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido el desalojo. La política de las instituciones a la falta de viviendas es destruir 1.042 viviendas que levantamos contra toda adversidad. Con la fuerza policial y su maquinaria nos quieren desalojar porque no pagamos intereses a los bancos, porque no quieren que seamos ejemplo de organización, porque nos quieren pobres, endeudados, obedientes y hacinados.

Nuestra posición es: ¡No se los permitiremos! ¡No al desalojo!

Defenderemos a nuestras familias y a nuestro campamento con nuestras vidas, y con la rabia legítima frente a la injusticia.

Llamamos a la memoria y recordar cómo los campamentos formaron este país y nuestra ciudad de San Antonio. También llamamos a la solidaridad del pueblo para que nos acompañen en nuestra demanda de radicación tal cual, y creciendo como estamos en los campamentos Alto Mirador y Rol 9034-1.

Campamento Alto Mirador

Campamento Rol 9034-1

*Las imágenes fueron enviadas por los pobladores.

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Familiares, allegadxs y distintas organizaciones que conformamos la Coordinadora por la Derogación de la Ley Naín Retamal, hacemos este llamado a participar de un Encuentro contra la Represión y el Terrorismo de Estado. En el mismo realizaremos comisiones de discusión frente al avance reaccionario, que encuentran en una misma línea al gobierno y a la derecha-ultra derecha. Tomamos en cuenta el marco internacional, desde el genocidio al pueblo Palestino, las guerras y golpes de Estado, el ascenso de Trump y su política de ataque a las conquistas de la clase trabajadora, migrantes, mujeres y disidencias que quiere impartir hacia el mundo.

En Chile,  como Coordinadora hacemos el diagnóstico preocupante de que nos encontramos en presencia de un gobierno que ha sellado la impunidad con el cierre de investigaciones en materia de crímenes de lesa humanidad, para mantener la impunidad de los autores materiales y de altos mandos que estuvieron a cargo de la represión durante las jornadas de la revuelta. Como fueron las más de 1500 denuncias, entre ellas las víctimas de trauma ocular del estallido social, de las violaciones, abusos sexuales y asesinatos.

Para el rescate de un régimen amenazado por las demandas aún abiertas de estas movilizaciones y para garantizar los intereses del empresariado, el gobierno ha concedido leyes de profundización represiva y de impunidad como la ley antiterrorista, la ley antitoma,  la militarización y Estado de excepción en el Wallmapu. Entre estas, la Ley Naín Retamal que se ha cobrado la vida de decenas de jóvenes y trabajadores, por medio del gatillo fácil. En estos últimos meses, hemos tenido casos que nuevamente colocan sobre la palestra la necesidad de intervenir para terminar con la impunidad: el caso de los asesinatos de Milán y Martina en el Monumental y la desaparición de Julia Chuñil Catricura hace más de medio año.

Convocamos entonces a los distintos sectores, familiares, organizaciones sindicales, estudiantiles, territoriales, ambientales, de pueblos originarios, políticas, de género, disidencias  a encontrarnos para deliberar y resolver acciones frente a la responsabilidad política del Estado y dotarnos de un espacio donde podamos aunar todas las causas, casos y luchas vigentes. 

Para saber con quiénes contamos, registra tus datos o los de tu colectividad de manera segura a través de este formulario: https://docs.google.com/forms/d/1xm4ED2MVKCmCFQlhqpg0hhb3af15AORqtdY9gH7EkU0/edit?ts=682dfa8f

Sábado 31, a las 11 a.m., en el espacio de la Federación Trasol (Vicuña Mackena 636, Santiago)

El gobierno de Boric ha llegado a su fin, tan solo le queda cerrar por fuera el palacio de La Moneda y dejar sellada la implementación de la estrategia que la burguesía y el bloque en el poder a través de él, buscaban para cerrar el ciclo post alzamiento popular que venía abierto desde principios de los 2000. Este acuerdo entre el conjunto de la burguesía tenía, por un lado, el objetivo de frenar el avance popular, institucionalizando las demandas y luchas populares. Por otro lado, buscaba avanzar en medidas que permitieran de alguna manera mejorar las oportunidades de negocios de los dueños del poder y la riqueza, y desplegar una ofensiva antipopular que detuviera toda posibilidad de nuevas revueltas y alzamientos tanto del pueblo chileno como del pueblo Mapuche.

De todas las promesas de cambios estructurales en los derechos populares, medioambientales y en la descentralización -con enfoque en feminismo y justicia social, la refundación de carabineros, fin a las AFP, legalizar el aborto, acabar con el neoliberalismo, entre otras propuestas que formaron parte de la campaña-, hoy solo quedan recuerdos lejanos. Eran solo falacias para llegar al poder y desde ahí gobernar para los patrones. Las verdaderas tareas de Boric, Tohá, Marcel, Jara, Jackson, y compañía, desde apruebo dignidad hasta el socialismo democrático, se decidían en la cocina de Zalaquet y de otros tantos lobistas, en el barrio el Golf y sus espaciosas oficinas, o lisa y llanamente en las reuniones de los organismos internacionales del imperialismo donde de vez en cuando Boric como, perro rastrero, recibía las órdenes para gobernar.

Las medidas de este gobierno, al igual que todos los otros solo favorecieron a los grandes capitales internacionales, a las empresas privadas, a los latifundistas y a los patrones, y desde luego perjudicaron a las y los trabajadores y al pueblo. El plan de emergencia habitacional y el de reconstrucción fue un rotundo fracaso y hoy son cerca de 150.000 familias las que viven en campamentos y tomas de terreno y el déficit habitacional es de más de 2.000.000 de viviendas sociales. En relación a la salud pública son cerca de 2.600.000 personas que hoy engrosan las listas de espera tanto quirúrgicas como de especialistas, y el colapso de los centros hospitalarios es pan de cada día, y no solo en invierno -como lo declaran los medios de comunicación de los ricos-. La reforma de pensiones, no fue más que el aumento del fondo de capitales para que las grandes compañías aseguradoras de las AFP tuvieran más recursos para hacer negocios y acumular riqueza a costa del ahorro de la clase trabajadora; el perdonazo a las ISAPRES no solo fue una burla para las y los usuarios del sistema de salud, sino que permitió extender el mercado de la salud transformándose en un salvavidas para quienes negocian con nuestras enfermedades; en educación, nada ha pasado con las y los deudores del CAE. Se siguen manteniendo los problemas de calidad e infraestructura en colegios y liceos, la falta de acompañamiento docente a pesar de los recursos que se botan a través de los SLEP. Las 40 horas vinieron a aumentar la precarización de la vida y del trabajo y la autoexploración de las y los trabajadores por lograr sueldos que permitan enfrentar las alzas de los alimentos y servicios básicos que no parecen bajar; la inflación que ha encarecido de forma usurera todos los productos de primera necesidad es parte de la estrategia de los ricos para sostener sus ganancias a costa de que la crisis del sistema capitalista monopólico la paguemos las y los trabajadores y así con nuestros escasos recursos solventar el aumento de los costos de producción y transporte de mercancías.

Sin lugar a dudas, este fue un gobierno de la restauración de la dominación, que se expresó en una ofensiva antipopular que golpeó duro a la clase trabajadora, al pueblo chileno y Mapuche. La promulgación de la ley antitomas y su aplicación fue una puñalada no solo a las y los pobladores sin casa, sino que a estudiantes, trabajadores, y cualquiera que utilice la toma como medida de protesta y movilización. La modernización de la ley antiterrorista fue un paso estratégico para criminalizar las luchas y preparar las condiciones legislativas para golpear a quienes se enfrenten al Estado y sus aparatos represivos; la militarización del Wallmapu, el estado de excepción de más de 3 años, la persecución y la cárcel para los weichafes del pueblo Mapuche autonomista; el perdonazo a los pacos asesinos, violadores y represores de la revuelta fue una señal clara de que este gobierno estaba contra las y los que luchan y a favor de la burguesía y los defensores del viejo orden.

Se acaba el gobierno, pero para nosotros y nosotras como Coordinación Clasista y Popular, la lucha continúa. No nos sentimos traicionados por este gobierno, pues nunca fue nuestro gobierno. Nosotros y nosotras queremos que sean las y los trabajadores los que tengan el poder, no estamos ni ahí con las elecciones de los ricos, ni andamos detrás de candidatos y urnas, por el contrario, confiamos en las fuerzas propias de la clase trabajadora y el pueblo. Hacemos un llamado a construir Poder Popular, a levantar organización donde no la hay, a fortalecer las organizaciones estudiantiles, sindicales, territoriales, sociales y populares y a multiplicar el poder de las y los pobres organizados a través de la articulación del conjunto del pueblo en lucha. Tenemos la convicción que solo de forma mancomunada podremos rearmar tanto ideológica como política y organizativamente a la clase trabajadora y así a través de la movilización y la protesta popular asistirles golpes certeros a quienes nos explotan y dominan. Ahora debe ser el pueblo quien le pase a la cuenta al gobierno de las y los ricos.

Libertad Inmediata y Sin Condiciones para Todas y Todos los Presos Políticos Chilenos y Mapuche

Fin a la Militarización de Wallmapu y Tierra y Autonomía para el Pueblo Nación Mapuche

Por Salud, Trabajo, Educación y Viviendas al Servicio de la Clase Trabajadora y el Pueblo

A Reimpulsar el Protagonismo de Las y Los Trabajadores

¡Que la Crisis la Paguen Los Ricos!

Coordinación Clasista y Popular

Más de 540 profesoras y profesores de instituciones de educación superior a lo largo de todo el país, incluyendo profesores eméritos, directivos y Premios Nacionales, suscribieron una declaración para denunciar la guerra de exterminio que sufre el pueblo palestino. Además, manifestaron su rechazo al “silencio cómplice frente a una de las mayores tragedias humanitarias de nuestro tiempo”.

En una declaración pública los profesionales denunciaron “la violación sistemática de las leyes del Derecho Internacional Humanitario por parte del gobierno de Israel en su brutal agresión militar en los territorios palestinos. Con el pretexto de que sus enemigos se esconden entre la población civil, el gobierno de Netanyahu ha sembrado la muerte en la Franja de Gaza utilizando todos los medios posibles de destrucción. Nada se ha salvado. Nada se ha respetado”.

“La población civil es arreada de un lugar a otro, como si de animales se tratara, para luego arrasar los lugares que son forzados a abandonar. Se le priva de alimento y atención médica. Se obstaculiza la llegada de ayuda humanitaria. Se destruyen sus universidades, escuelas, hospitales, hogares, lugares de culto y la infraestructura básica que sostiene la población, su vida cotidiana, su dignidad y su cultura. Todo es devastado y las víctimas, mayoritariamente civiles indefensos, mujeres y niños, se cuentan por cientos de miles. El número de personas asesinadas ya supera las 60 mil”, expusieron.

En la misma línea, señalaron que: “Muchos pensábamos que la época de los genocidios a manos de potencias autodenominadas ‘civilizadoras’ había terminado y que el silencio del mundo, como ocurrió durante el holocausto judío, se explicaba por el desconocimiento de lo que ocurría bajo el régimen nazi”. 

“Sin embargo, el holocausto del pueblo palestino perpetrado por el gobierno de Israel está ocurriendo a plena luz del día ante los ojos del mundo, de los gobiernos, de nosotras y nosotros”, aseveraron.

Las y los profesores subrayaron que “frente a una guerra de exterminio dirigida contra un pueblo indefenso, consideramos moralmente inaceptable que las comunidades de educación superior permanezcan en silencio“.

“Como parte de una comunidad educativa que debe regirse por principios éticos, humanitarios y de justicia, no podemos ni debemos guardar silencio ante esta tragedia”, enfatizaron.

La lista de académicas y académicos firmantes se puede revisar aquí.

Así, los profesionales instan a los integrantes de la comunidad educativa a ser parte de este llamado a través del correo llamado.por.palestina@gmail.com  indicando nombre, apellido(s), disciplina e institución.

Radio U de Chile

Hace una semana fue publicado el informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara que revisó el acuerdo entre SQM y Codelco. Pese a que el informe recomendó no seguir con dichas negociaciones, siendo aprobado por una contundente mayoría, hasta la fecha ni el gobierno ni el Ministerio de Minería han dado señales de acoger la solicitud de los parlamentarios.

La aprobación del informe fue de 10 votos a favor y una abstención.

Los parlamentarios calcularon tras escuchar a los varios invitados a la comisión que las actuales condiciones pactadas entre Codelco y SQM implican una pérdida potencial de más de 10.000 millones de dólares para el Estado chileno.

Una de las principales críticas es que la negociación se realizó sin licitación y se acordó un contrato directo con SQM.

“Hubo muchas cosas ocultas”- destacó el informe final.

Según comentó el presidente de la comisión investigadora y quien fue designado finalmente como informante ante el pleno de la Cámara, el diputado Cristián Tapia, “hasta el momento no hemos tenido ninguna señal o respuesta del Ejecutivo al tenor de lo planteado en el documento. Todavía nada de respuestas, todo ha sido muy hermético, pese a que los medios están dando recién la cobertura que no le dieron desde un principio”.

La comisión fue conformada a comienzos de diciembre del año pasado, luego de que el diputado Cristián Tapia reuniera 62 firmas de apoyo a la moción entre sus colegas. Al momento de la votación, 72 parlamentarios la apoyaron y hubo 2 abstenciones.

LA HISTORIA DEL POLÉMICO ACUERDO

Según se concluyó en el informe final de la comisión, compuesto de 45 páginas, el acuerdo que entrega hasta el 2060 el 49,99% de la explotación del Salar de Atacama a SQM en asociación con Codelco está plagado de irregularidades, no se negoció con transparencia y las decisiones tomadas no tienen sustento técnico-administrativo.

El acuerdo en caso de concretarse reemplazaría el actual contrato entre Corfo y SQM que arrienda 16 mil hectáreas de pertenencias mineras en el Salar de Atacama hasta el año 2030, fecha en que dicho contrato caduca y la empresa de Julio Ponce Lerou está obligada ese año a tanto a devolver las pertenencias mineras, así como también la infraestructura industrial instalada en el Salar de Atacama.

Dado el potencial del litio en el recambio energético mundial, el acuerdo resulta para no pocos observadores un salvavidas al negocio de Julio Ponce Lerou, quien está en proceso de transferencia de sus cargos empresariales a sus hijos, es decir, los nietos del dictador Pinochet.

También se destaca que se mantenga en el negocio del litio a una empresa se ha caracterizado por evadir millonarios impuestos o los pagos del arriendo de las pertenencias mineras. Ya en 2013, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) detectaron una subdeclarado $2.600 millones en impuestos. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago falló en contra de SQM y la obligó a pagar una deuda con el tesoro público que se eleva a US $ 1.100 millones, correspondiente al Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) de los años tributarios 2017 y 2018, que SQM se ha negado a pagar.

Otra trampa de SQM ha sido en el arriendo de las pertenencias mineras a Corfo, lo que fue detectado en 2014, cuando una revisión concluyó que SQM había determinado mal las rentas de arrendamiento del Salar de Atacama, dejando de pagar a Corfo 8.9 millones de dólares entre los años 2009 y 2014.

Una reciente investigación publicada por El Ciudadano, dio cuenta que pese a que las autoridades de Codelco y Corfo dijeron que la idea de negociar con SQM fue después de que se anunciara la Estrategia Nacional del Litio, por parte del presidente Gabriel Boric en abril de 2023, en la práctica el encargo de negociar directamente con SQM fue firmado el 30 de marzo del mismo año, es decir, la definición de entregar sin negociación el litio y el potasio a SQM estaba ya zanjada.

Según destacó el informe final de la comisión, se concretó dicha entrega “sin un acto administrativo formal ni acuerdo previo de los respectivos directorios”, ya sean de Codelco o Corfo, realizándose a través de un simple intercambio de cartas entre ambas entidades, delegándose a Codelco la calidad de “único representante del Estado” en una negociación que compromete la mayor reserva mundial de litio hasta el año 2060.

El dato desmiente lo aseverado por José Miguel Benavente, vice-presidente ejecutivo de Corfo, ante la Comisión Investigadora de que después de esa fecha se le encargó a Codelco “buscar” un socio privado para explotar litio en el Salar de Atacama.

Luego de esas definiciones al interior del gobierno, se anunció que se haría un acuerdo con SQM a través de la firma del Memorándum de Entendimiento, el que estuvo listo en diciembre de 2023, procediéndose a la firma del Acuerdo de Asociación en mayo de 2024.

LOS CÁLCULOS QUE NO CUADRAN

El acuerdo, presentado como una oportunidad estratégica para el país, ha sido cuestionado por expertos en minería, ecologistas y las comunidades indígenas lickanantay.

En el transcurso de la comisión fueron convidados a exponer los ministros de Minería, Aurora Williams; y de Economía, Nicolás Grau; además del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; y el presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quienes defendieron el acuerdo calificándolo de una gran oportunidad para que el Estado ingresara en la explotación del litio.

Sin embargo, los cálculos entregados ante la comisión no cuadraban y, en el caso de Pacheco, se inflaron las supuestas ganancias. Así cuando fue convidado a exponer, el presidente del directorio de Codelco, estimó ganancias para el fisco basándose en un precio del litio a 20 mil dólares la tonelada, cifra que está bastante por debajo del actual precio del mineral. Según Morgan Stanley, la misma consultora que Pacheco cita como asesora de la cuprífera, el valor del litio se mantendrá por debajo de los US$15.000 por tonelada hasta el 2030, causado por un exceso de producción que mantiene un superávit en los mercados.

El acuerdo también implica aumentar la cuota de extracción de 165 mil a 300 mil toneladas anuales de litio, decisión que no se ha acompañado de estudios ambientales previos y no se estimó de qué manera esta aumento de la producción influye en el stock de litio disponible en los mercados mundiales, lo que mantiene el precio a la baja.

Tampoco cuadran las estimaciones sobre el supuesto valle productivo que se generaría en caso de convocar a una licitación. El cálculo más exagerado fue dado por el mismo Pacheco, quien sostuvo cuando fue convidado a la comisión investigadora que sacar a SQM implica tardar cinco años en volver a producir litio.

Al momento de ser convidado Eduardo Bitran, en calidad de ex representante de Corfo y actual director de Codelco, éste dijo que eran 3 años de valle productivo; en tanto, en una sesión posterior, el ministro de Economía, Nicolás Grau, aseguró que serían sólo 18 meses.

“Ni siquiera las propias autoridades tienen claridad respecto al alcance y urgencia de este acuerdo. Lo que sí sabemos con certeza es que entrega el 50% de las utilidades a una empresa privada como SQM, que además mantiene una deuda de mil millones de dólares con el Estado por concepto de impuesto específico a la minería”- sostuvo el diputado Tapia.

LA PÉRDIDA PARA EL PATRIMONIO PÚBLICO

Una estimación reciente de la pérdida para el fisco calcula en 5.600 mil millones de dólares lo que se entregaría a SQM. Fue entregada en una de las últimas sesiones de la instancia fiscalizadora por el economista Camilo Lagos Miranda, quien participó en la Comisión Nacional del Litio creada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y trabajó en Cochilco hasta el año 2017.

Lagos recuerda que estamos hablando del salar más rico y con mayores reservas de litio en el mundo con el costo de producción más barato. “Sólo recursos del Salar de Atacama podrían sostener la demanda mundial por varios años. Es la joya del país”.

Las conclusiones de Lagos también dejaron en ascuas los cálculos del gobierno. Planteó 4 puntos, los cuales son:

1) Un error estratégico de origen: ante la amenaza de bache productivo hecha por SQM, el Estado entregó el 49,9% de la principal riqueza de litio del país. La decisión se tomó desde el miedo y no desde la estrategia de largo plazo.

2) La falta de licitación provocó que no se echó a correr a SQM, lo que la hubiera obligado a mejorar la propuesta. “No se le hizo competir y había muchos con quienes competir, lo que significa que se podía haber ofertado en mejores condiciones”- sostuvo Lagos.

3) Subsidio al incumbente: el Estado prefirió pagar 5 millones por evitar una pérdida de 4 mil millones. Esto no tiene explicación económica. Ante el temor a esa pérdida, entregaron ese monto en subsidio a una empresa privada, lo que daña la imagen de Chile ante inversores extranjeros.

4) Se producirá una pérdida histórica por la falta de visión estratégica: “han primado visiones de corto plazo por una visión de Estado a largo plazo, como generar recursos frescos entre los años 2025 y 2027, calculados en US$ 1.700 millones según el ministro Grau, pero poniendo en riesgo a nuestra principal riqueza”- finalizó el economista.

Para Lagos “el acuerdo en un negocio muy favorable para SQM, con una pérdida estimada para el tesoro público que podría superar los 10.000 millones de dólares”.

El economista también criticó la falta de licitación y la escasa transparencia en las negociaciones, así como la ausencia de una estrategia de Estado clara y de largo plazo.

Una visión crítica también la tiene el geólogo y directivo del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC), José Cabello, quien considera se trata de un pésimo negocio para el Estado. A partir de su experiencia como gerente de nuevos negocios y estrategia minera de BHP Billiton, considera que no se debiera haber entregado más del 20 por ciento a un socio que aporte con procesos de manufactura del litio y transferencia tecnológica.

El geólogo comentó con El Ciudadano que “desde el punto de vista estratégico, cuando uno es dueño de las mejores reservas del mundo, se invita a alguien a participar del negocio, pero uno no cede más del 20 por ciento (…) Ante esa situación, hay que hacer una licitación bien hecha y solamente ofrecer el 20 por ciento. Te aseguro que ofertas no faltarán. Entregar más del 20 por ciento del litio es un regalo”.

EL SILENCIO DEL EJECUTIVO

Pese al emplazamiento de los parlamentarios, ni el ministerio de Minería ni el Ejecutivo liderado por Boric se han pronunciado en la última semana sobre la demanda de la Comisión Investigadora de la Cámara.

El acuerdo también enfrenta serios problemas de inconstitucionalidad. El economista y abogado Julián Alcayaga, invitado también a la comisión investigadora, contó que aún está vigente el DL 2.886 que reserva al Estado el litio, una reserva constitucional que no ha sido abolida. “El Estado es el que tiene las reservas sobre el litio, es un derecho constitucional en todos los yacimientos donde se encuentra-sostuvo Alcayaga-, por lo que el acuerdo Codelco SQM es inconstitucional. Se necesita una ley. Naturalmente siendo inconstitucional todos los chilenos tenemos derecho a hacer una demanda de nulidad”.

El diputado Tapia, por su parte, señaló que los próximos pasos es la revisión del informe final de la comisión investigadora en el pleno de la Cámara de Diputados y la entrega que harán tanto al Ministerio de Minería como la Contraloría General de la República.

El Ciudadano

La Secretaria de Cultura del Gobierno de Javier Milei censuró su exhibición y foro debate en el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner.

La División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores DIRAC, Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile y Sociedad Sonora, invitan a las presentaciones y foros públicos en Buenos Aires – Argentina del elogiado documental “Las Locas del 73” (Chile/España, 2023) de Carolina Espinoza y Víctor Hugo Robles, obra que relata la historia de la primera protesta de la diversidad sexual en Chile, acontecida el 22 de abril de 1973, últimos meses del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende.

La película, presentada originalmente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile a 50 años de la histórica primera protesta de la diversidad sexual, rescata la memoria de las protagonistas de la legendaria manifestación popular, destacando los vitales testimonios de Eva, La Medallita de la Suerte, Marcela Di Monti, Brenda y Marco Ruiz en diálogo con ‘el Che de los gays’. La presentación de “Las Locas del 73” en Buenos Aires se anuncia como preludio de las actividades que se realizarán en Argentina, Chile y el mundo en el marco del Mes del Orgullo LGBTIQ+, junio de 2025.

El Che de los gays en Buenos Aires

En las presentaciones de “Las Locas del 73” en Buenos Aires estará presente Víctor Hugo Robles, conocido como ‘el Che de los gays’, periodista y activista, reconocido por su trabajo de memoria popular, lucha social y periodismo comunitario, siendo integrante del Movimiento de Liberación Homosexual Movilh Histórico, creador de Triángulo Abierto, primer programa radial de la diversidad sexual en Chile en los 90 y autor de publicaciones como Bandera Hueca. Historia del Movimiento Homosexual en Chile, El Diario del Che Gay en Chile, Sida en Chile. Historias Fragmentadas, Más Allá del Margen. Memorias de Mujeres Trabajadoras Sexuales en Chile y Las Viudas Odiosas de Lemebel.

Las Locas del 73 en triple jornada

El debut de “Las Locas del 73” se realizará en el Centro Cultural Matta de la Embajada de Chile en Buenos Aires, contando con la participación de Darío Arias de la Internacional de Lesbianas, Gays y Trans de América Latina y el Caribe ILGALAC, Florencia Guimaraes, presidenta de la Casa de Lohana y Diana, integrantes del Archivo de la Memoria Trans y el Che de los Gays. La cita es el jueves 29 de mayo a las 19:00 horas en Tagle 2772, Buenos Aires.

La segunda presentación de “Las Locas del 73” acontecerá en la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina CTA, contando con la participación de Georgina Orellano, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina AMMAR, Yamile Sokolovsky, coordinadora de género de la CTA, Vicente Quintrileo, artista y cantante de la banda Sudor Marika, integrantes del Archivo de la Memoria Trans y “el Che de los gays”. El evento se realizará el viernes 30 de mayo a las 18:00 horas en  Piedras 1065, barrio de San Telmo, Buenos Aires.

La tercera y última presentación de “Las Locas del 73” se efectuará en la sede de la emblemática Comunidad Homosexual Argentina CHA, contando con la participación de históricos activistas LGBTIQ+ porteños, juntos al “Che de los gays”. El encuentro será el sábado 31 de mayo a las 19:00 horas en Tomás Liberti 1080, Buenos Aires.

“Las locas del 73” se ha presentado en los certámenes Festival Love, Santiago de Chile, 2023; Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, Italia, 2023, Festival de Cine Anarquista Buenos Aires, 2024, recientemente en las  Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia que se realizan en La Habana, Cuba y en innumerables proyecciones junto a sus protagonistas en Chile y España.

La censura de la Secretaría de Cultura de Milei

Siempre Viva en Vivo valora la invitación y las gestiones de la DIRAC del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la acogida de la Agregaduría Cultural de Chile en Buenos Aires. Del mismo modo celebra la complicidad del Sindicato de Trabajadoras Sexuales AMMAR, de la Central de Trabajadores y Trabajadoras del Argentina CTA, de la Internacional  de Lesbianas, Gays y Tras de América Latina y el Caribe ILGALAC, de la Casa de Lohana y Diana y del Archivo de la Memoria Trans de Argentina.

Junto con agradecer a personas e instituciones que colaboran con las presentaciones de “Las Locas del 73”, lamentamos la censura a la realización de un foro debate en torno al documental en el denominado Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner. Hace algunos días, a través de un correo oficial enviado a los organizadores de las presentaciones de “Las Locas del 73”, Palacio Libertad se excusó de realizar el foro debate con activistas LGBTIQ+ en sus dependencias, siguiendo indicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Javier Milei, administradores del espacio, aludiendo “imposibilidades técnicas y logísticas”.

Al respecto, Darío Arias, co-secretario regional de ILGALAC y co-fundador del Frente Nacional Orgullo y Lucha, quién fue invitado a la presentación como panelista, expresó: «Repudiamos enérgicamente este hecho de censura previa por parte del gobierno de Javier Milei a la exhibición y debate de la película. Se trata de un grave hecho de homofobia y autoritarismo que suma un nuevo capítulo en su embestida contra la diversidad sexual y la destrucción de las políticas culturales en la Argentina».

Por su parte, María Belén Correa, presidenta del Archivo Trans de Argentina, escribió al Palacio Libertad, manifestando su “enérgico repudio a la decisión de prohibir la exhibición y foro de la película «Las locas del 73» en este espacio que, por su nombre, debería ser símbolo de apertura y libre circulación de ideas. Censurar una obra audiovisual equivale a condenar la cultura y silenciar voces que necesitan ser escuchadas”.

El desconocimiento de lo que es el pueblo mapuche parte por creer que todo sus integrantes son iguales, bastando apellidarse con un patronímico escrito en legua de la tierra para serlo. Y creer que el problema de la tierra solo limita con hectáreas y títulos de dominio. El conflicto que crea el Estado chileno con la nación mapuche a partir de la mitad del siglo XIX es algo más complejo.

Lo que ha hecho la Comisión para la Paz y el Entendimiento no es tan inocente como aparece en su esterilidad manifiesta y su parte soterrada, cuyos resultados han sido entregados al presidente Boric, y que se presentan como la solución en este largo proceso.

Esta Mesa funcionó con dos regiones bajo estado constitucional de emergencia desde el 18 de mayo de 2022, y con numerosos presos políticos mapuche que son a su vez los que más han luchado por eso que, en apariencia, intenta resolver Boric.

Se han hecho numerosos intentos por disolver una sociedad que es inentendible para la mayoría de los chilenos que se crían con una idea del ser mapuche como algo malo, poco digno de reconocimiento ni respeto. Ser mapuche es una carga, una especie de ofensa.

Y esa ignorancia inducida por los poderosos utilizando el Estado para el efecto, ha construido una valla que ha separado a mapuche y chilenos por la vía de reforzar la idea de que antes fueron heroicos e irreductibles guerreros, pero hoy son borrachos y flojos que quieren todo gratis.

Nada hay en las propuestas presidenciales ideas que aborden esos hechos.

Se habla de violencia rural. Extraño concepto. La violencia histórica, estructural, cultural, se origina en el Estado chileno y se extiende por dos siglos.

La violencia en contra del pueblo mapuche se sistematizó en la medida que aumentaba el apetito colonizador por esas feraces tierras. Fue una decisión política que apuntaba y apunta hacia el exterminio. Hacia el etnocidio.

Desde entonces hasta ahora, ¿se sabe cuántos mapuche han sido asesinados por las agencias del Estado y por la voracidad homicidas de quienes se robaron esas tierras? ¿Cuántas miles de familias fueron echadas a los caminos luego de que los terratenientes arrasaron con sus sementeras, casas, instalaciones e historia? ¿Cuánta violencia han vivido los niños mapuche ante la discriminación sufrida en la escuela, los hospitales, las instituciones y en las calles? Nunca se sabrá cuántas familias fueron diezmadas durante la dictadura, cuántos niños, cuántas mujeres mapuche.

¿A esa violencia apunta lo de la “violencia rural”?

Al parecer, en el discurso aguachento del presidente Boric la violencia es solo la que aplican los mapuche en su lucha. Necesita así quedar bien con la derecha que defiende a los terratenientes afectados en lo que va de conflicto.

No omitamos algo importante: para acusar al mapuche de crímenes, en no pocos casos se han inventado pruebas, falsificado procedimientos, acusado falsamente, procesado y condenado a inocentes y creado montajes policiales de gran envergadura.

¿Se puede llamar a esta violencia rural?

Respecto del anuncio de una consulta a los mapuche: ¿Quién hará las preguntas respecto de qué tópicos? ¿Se hará en castellano o se usará algunos de los alfabetos que circulan de los que el mapuche común ni el chileno de a pie entiende nada? ¿Votarían los mapuche asentados en las ciudades que son la mayoría?

Un 87.8% vive en las ciudades y solo un 12.2% en los campos.

La nueva institucionalidad que busca reconocer al pueblo mapuche tiene una gracia: asume que no ha habido ningún reconocimiento del pueblo mapuche jamás.

¿Cuál será el alcance de este reconocimiento? ¿Se hablará de autonomía? ¿O será de nuevo un iniciativa para eliminar lo mapuche asimilándolos a un homogeneizador y racista concepto de ciudadanos chilenos?

El concepto de tierra para el gobierno tiene la misma profundidad que tiene para las corredoras de propiedades: se mide en hectáreas. Si vamos a hablar de tierra, hablemos de forestales, de mineras, de complejos constructivos que han arrasado lugares de profunda importancia cultural, hablemos de extensos territorios arrebatados por medio del engaño, la falacia legal, cuando no del despojo por la fuerza.

En ninguna parte se reconoce que la invasión de plantaciones de especies impropias del ecosistema sureño es una decisión profundamente ideológica que busca degradar la tierra para hacerla insolvente desde el punto de vista de permitir la vida humana en ella.

Tanto o más que negocio, la plantación industrial es un arma.

Entender la tierra como un bien transable que se entrega para acallar un reclamo, falsea la historia porque para lo mapuche la tierra tiene que ver con una esencia que la cultura chilena no ha querido entender.

En síntesis, se busca lo que se ha buscado durante dos siglos: que ser mapuche sea entendido como un accidente lingüístico o una opción del folclore sureño porque en realidad todos somos chilenos, aunque unos más morenos que otros.

Así, el gobierno deja en manos del ministro de Economía los planes que buscarán superar el estado de la economía de esas zonas donde están las diez comunas más pobres del país.

Una nueva solución venida desde el centralismo blanco y chileno que busca sacar de la pobreza al mapuche por la vía de chilenizarlos, sin interés alguno en desarrollar un reforzamiento de las condiciones que permitan, a una sociedad diferente a la chilena, desarrollarse integralmente según sus modos y costumbres, según su cultura y cosmovisión.

El presidente Boric habló al país con un ejemplar del Tratado de Tapihue del año 1825 en el podio. En él se reconocía el río Biobío como la frontera natural entre ambos pueblos, con la prohibición de que chilenos habitasen al sur del río. Este tratado jamás fue derogado.

No se sabe cuántas iniciativas en esa dirección ha habido desde que Chile avanzó hacia esos territorios buscando extinguir un pueblo.

Todas han fracasado.

¿’PROFECÍA AUTOCUMPLIDA’?  

Los sucesos que rodean la investigación de la Fundación Procultura (Aquí ) me parecieron, por un momento, un aspecto más de lo que se acostumbra a denominar ‘profecía autocumplida’. No lo ha sido. No posee sus elementos. Una profecía autocumplida es la sentencia cuya sola enunciación provoca, de por sí, su ineludible realización.

En el caso de la investigación de la mencionada Fundación no concurren tales circunstancias, a pesar que parecen hacerlo. Ninguna constituye una ‘profecía autocumplida’ sino, apenas, el intento de realizar una investigación dirigida. Queremos decir, con ello, que se ha buscado dotar al enunciado de un conjunto de pruebas que puedan acreditar su veracidad. Una afirmación inducida. Por decir lo menos. En realidad, es algo peor.   

ÉPOCA EN QUE SE SUCEDEN LOS HECHOS

Una circunstancia que raras veces se considera cuando se investigan ciertos hechos es el periodo por el que atraviesa la nación en donde ocurren. Chile vive actualmente un período eleccionario lo cual implica que atraviesa una fase en la que ciertos acontecimientos se ven fuertemente determinados por el comportamiento de los actores políticos.  Y, en política —lo sabemos—, todo es posible. Incluso, lo imposible. Especialmente cuando se disputa la más alta magistratura de la nación. Los partidos políticos representan (en teoría) los intereses de determinadas clases o fracciones de clase. En la escena política nacional, por lo mismo, nadie es neutral. No lo son los agentes del Estado ni mucho menos la representación política de las clases dominantes como, asimismo, quienes alegan ser la de los sectores dominados.  Todos se encuentran allí para cumplir un rol determinado, en beneficio propio o en el de ciertos sectores. Aunque aleguen lo contrario y reivindiquen para sí una neutralidad que raras veces se manifiesta. Por consiguiente, cuando se investiga un hecho o circunstancia, el procedimiento no está exento de la formulación de juicios previos, de sospechas o resquemores.  Así, el terreno se encuentra fértil para la aparición de ciertas prácticas que pueden malograr acciones; entre otras, la independencia de los demás poderes del Estado, especialmente cuando los nombramientos de determinados agentes dependen de lo que pudieren resolver aquellos.

Semejante situación es grave. Cuando se presenta, puede inducir a cometer las más abyectas abominaciones. La suposición toma el lugar de la verdad y ésta, para ser probada, se sustenta en una concatenación de pre-juicios . Todo aparece lógico y, no obstante, carece de toda lógica.

UN RECUERDO DE LA EDAD MEDIA Y OTRO DE LA ÉPOCA ACTUAL

Cuenta un maestro que, en la Edad Media, no pocos tribunales juzgaban a los criminales con la sola circunstancia de otear su rostro. Por eso decían: ‘Facia visa, capite examinata, sed condemno ad catenas, sed condemno ad horcas’ (‘He visto tu rostro, examinado tu cabeza, y te condeno a la prisión o a la horca’). La condena dependía del rostro del prisionero. ¡Vaya manera de juzgar!…

Esta forma de analizar al semejante tan sólo por su apariencia física o por lo que pudiere, eventualmente, hacer, no ha llegado a su término. Aún supervive. Y nos trae a la memoria el recuerdo de aquel otro maestro quien, al empezar sus lecciones de Literatura, saludaba a sus alumnos para soltar de inmediato un consabido: ‘Fuera Gúiñez’. El aludido levantaba las cejas, asombrado por haber sido mencionado e intentaba alegar: ‘Señor…’  El maestro no lo dejaba continuar; movía su cabeza en forma negativa y repetía, impertérrito, como si se tratara de una letanía: ‘Fuera Guiñez’. Entonces, el alumno, sacaba valor, esta vez para preguntar con un hilo de voz: ‘Pero, ¿por qué, señor?’ Y el maestro respondía con sorna: ‘Porque me vas a molestar, Gúiñez. Así que, fuera’. Era aquella la superación in situ de la justicia: tomar decisiones sin argumentos que las respalden, juzgar, resolver, sin haber acreditado la circunstancia que obligaba a tomar esa determinación constituye la más excelsa sacralización de la arbitrariedad. Como, también, condenar antes que se cometan las faltas. Pero hay más.

INVERTIR EL MÉTODO PROBATORIO

Condenar de antemano y, luego, buscar las pruebas para corroborar lo enunciado no es una profecía autocumplida. Es la demolición de la lógica. El imperio de la arbitrariedad. El reinado de las suposiciones y la ignorancia. Condenar una conducta, una creencia, una actitud, solamente por simples conjeturas, por considerarlo así quien va a realizar la investigación del hecho o quien va a aplicar el castigo, es la negación misma de la humanidad. Una conducta que el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, muy bien la sindica como “propia (s) de tiempos pretéritos de la República”, en una directa alusión a las prácticas que se realizaban bajo la dictadura pinochetista. O como lo señala un autor, “[…] un parafraseo a los textos legales acaba por sustituir el razonamiento jurídico, donde un lenguaje burocrático y circular acabó por justificar la interceptación telefónica”.

Pero lo más grave de esta conducta radica en que su elemento central lo constituye el amplio predominio que en el ánimo de los sujetos ejercen sus emociones, lo que la hace aún más peligrosa, pues induce a quien la experimenta a cometer acciones abyectas o malsanas, que es la manera definitiva de romper con la convivencia política a través de la incitación del odio y la violencia.

¿INCURRIÓ COOPER EN ESTAS PRÁCTICAS?  

Nos parece que sí, que sí lo hizo. Por una parte, así lo manifiesta con franqueza un analista: “Lo más preocupante de esta crisis argumentativa es que no se trata de meras imprecisiones formales, sino de verdaderos vacíos de justificación”.

Hay, no obstante, algo más; también juegan las inquinas, aversiones, desconfianzas, todo lo que puede generar distanciamiento entre seres humanos. Ese mismo analista nos señala en uno de los medios de comunicación alternativos que a diario se publican en nuestro país que el referido fiscal no sentía, en absoluto, simpatía alguna por Alberto Larraín, de quien era, por el contrario, ‘su enemigo jurado’. Entonces, ya no se trata solamente de encontrar argumentos para apoyar una hipótesis, sino de vaciar antipatías, animadversiones, prejuicios en contra de una persona.

“Si la caída de Alberto Larraín tiene algo de novela decimonónica, no lo es menos el ascenso de su enemigo jurado Patricio Cooper, un fiscal de provincia que vio, en medio del expediente una escalera. Y la empezó a subir con pasos rápidos, presurosos, mal calibrados. Confundiendo fondos públicos con privados, sospechas con evidencias, y lo peor: confundió una frase jactanciosa con una confesión”.

No es extraño que así sea. Es una conducta que ha comenzado a hacerse cotidiana. Por la magia de la repetición puede hacerse costumbre y, por lo mismo, ‘normal’. Hasta convertirse en una epidemia.

“Cooper no ha innovado. Otros fiscales antes que él ya habían hecho de la filtración selectiva una forma de intervención política, un modo de capturar el relato antes que los hechos. Pero pocos se habían atrevido a tanto con tan poco. Pocos, como Patricio Cooper, han investigado para confirmar aquello que ya creían antes de investigar. Pocos han confundido con tanto entusiasmo la hipótesis con la prueba, y el presentimiento con el expediente”.

PREJUICIOS EN LA DISCUSIÓN DE LAS REGLAS DEL USO DE LA FUERZA.

Esta conducta no ha estado ajena a la discusión de lo que se ha dado en denominar ‘reglas del uso de la fuerza’. Los resultados no pueden ser más desastrosos.

En efecto, los argumentos empleados para dilucidar ciertos aspectos relativos al uso de la fuerza en contra de la población por parte de los institutos armados han estado orientados por falsedades, descalificaciones  y prejuicios. En algunos de los casos, se ha llegado a expresar abiertamente imputaciones falsas como las que indica un comentarista de ascendencia armenia. En efecto, refiriéndose a las reglas que se deben observar cuando el monopolio —que el Estado tiene sobre el uso de la fuerza—, se usa en sus propios ciudadanos y connacionales —que han delegado en el Estado su derecho a usarla—, sostiene que ciertos sectores (los suyos, probablemente) se alarman cuando “ […] la izquierda y grupos anarquistas acompañados de delincuentes se lanzan a la calle a causar desórdenes y destrucción”.

Eso no es analizar sino acusar. La trilogía diabólica que denuncia (‘izquierda’, ‘anarquismo’ y delincuencia) parece ser uno de los más importantes elementos a considerar para una discusión sobre el uso de la fuerza por parte de los institutos armados. Para el analista. Pero eso no es todo: se hace necesario tergiversar la historia, recurrir a la historia (alterada, por cierto) y acusar al Gobierno de Allende de haber usado ‘ilegítima y descontroladamente’ esa fuerza.  Así, señala que a los sectores de ‘derecha’, “[…] la izquierda les aplicó ilegítima y descontroladamente la fuerza del Estado cuando salió a protestar contra el gobierno marxista de Salvador Allende. Lanzando no solo las policías, sino también a militares y grupos afines a atacar a mujeres que protestaban contra el desabastecimiento y la imposición de un modelo marxista comunista de sociedad”.

Eso es falso. Ningún Gobierno usa la fuerza de esa manera pues la constitución le otorga al Jefe de Estado el mando supremo de los institutos armados. Y la construcción de esa categoría ‘modelo marxista comunista’ no parece muy académica; parece, más bien, responder a la misma indigencia conceptual de Pinochet cuando recurría a expresiones un tanto incoherentes como aquella del ‘comunismo leninismo’.

Reflexionar con las glándulas suprarrenales y no con el cerebro conlleva a abominaciones conceptuales, a convertir al analista en hazmerreir de quienes buscan, en cierta medida, explicaciones a los fenómenos que ocurren en la sociedad. Aunque no queden del todo satisfechas, pues nadie puede alegar ser poseedor de la verdad.

UNA INTERROGANTE

¿Se puede ejercer justicia con semejantes lastres ideológicos? ¿Se puede hacer política con este tipo de manías?  ¿Puede nuestro pobre país liberarse de este tipo de sujetos que anteponen sus odios y rencillas al bienestar nacional? ¿Dónde quedan esos valores tradicionales que hicieron grande al país, como lo son el servicio público y el bienestar de todos los chilenos, cuando en la cúspide del mando se reacciona de manera tan grosera?

La justicia chilena no ha evolucionado. Es decir, tal vez, sí. Porque parece haber recorrido una dirección inversa. Contagiada, probablemente, por la intromisión constante de los otros ‘poderes’ del Estado en la nominación de los jueces y fiscales. Por una parte. Por otra, tal vez por el predominio absoluto que ejercen sobre la forma de vida de la población los principios que estableciera la forma de acumulación de la dictadura pinochetista, entre otros, el individualismo y el mercantilismo.  Si es así, no está de más tener presente las palabras de Julius Fucik cuando exclamaba, desde su prisión, observando los destrozos del nazismo: “¡Qué cosecha espantosa saldrá de esta siembra terrible!”

En períodos de efervescencia electoral, como el que Chile atraviesa en estos meses, tal vez no sea descabellado, más que elecciones, pensar en un cambio social diferente.  Una reflexión que nos lleve a imaginar una sociedad asentada sobre principios alejados de aquellos que nos han regido durante tantos años y nos haga volver los ojos hacia la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua, el respeto por la vida y honra de los demás. Una sociedad para seres humanos, no para mercaderes.

Notas

Redacción: “Las razones de fondo para remover al fiscal Cooper”, ‘El Clarin’, 18 de  mayo de 2025.

Beltrán Román, Victor: “Interceptaciones telefónicas en el caso de ProCultura y la crisis de control en el proceso penal”, CIPER, 21 de mayo de 2025.

Gumucio, Rafael Luis (hijo): “Alberto Larraín y Patricio Cooper: el baile de los vampiros”, ‘The Clinic’, 17 de mayo de 2025.

Kouyoumidjian, Richard: “reglas para el uso de la fuerza”, ‘El Libero’, 14 de mayo de 2025.

Hasta el día de hoy ninguno de sus seguidores ha sido capaz de explicar qué es eso de ‘comunismo leninismo’. ¿Podrá el analista de marras explicar, por su parte, qué quiso decir con eso de ‘modelo marxista comunista’?