Campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de una Banca Postal.
La voracidad en el proceso de desmantelamiento de lo público tiene una contestación muy general en los ámbitos de la sanidad o la enseñanza. Es posible que una de las razones sea que aún queda allí un sector que referencia bien un derecho que la ciudadanía se niega a perder.
Los servicios financieros también son hoy esenciales para el público. Hablamos de un servicio público. Ya no se puede ni recibir nóminas, pensiones, o pagar recibos de grandes compañías sin que nos obliguen a una cuenta corriente, sin la intermediación de la banca. Sin embargo, llevamos decenios de desmantelamiento de cualquier organismo financiero público con la mayor impunidad. No importa si eran rentables, no sólo socialmente, sino económicamente; también los gobiernos del PSOE entregaron las carteras económicas a colaboradores de ese desmantelamiento.
Por otro lado, el enorme poder mediático (incluso político) de la banca ha naturalizado que sus ingentes beneficios son imprescindibles, porque si les va mal (normalmente por su irresponsable asunción de riesgos) tendremos que salvarles y asumir sus pérdidas. ¡Y la sociedad, anestesiada!
La tendencia esencial del capitalismo a la concentración demostró sus inconvenientes y lleva a los poderes a la necesaria regulación contra los monopolios, o los oligopolios, los cuales coordinan sus políticas para imponer condiciones de abuso. Pues eso tenemos en los servicios bancarios de España.
Con cada crisis se reduce la competencia. El último gran mordisco se lo dieron a casi la mitad de los depósitos del país: Las Cajas de Ahorro, que, aún no siendo públicas sino de propiedad social, habían cumplido un gran papel y con menos crisis que los bancos hasta que, empujadas por la marea neoliberal, empezaron a “bancarizarse”. En la crisis de la burbuja financiera, además de muchos bancos (de los que no se habla) se reflotaron Cajas con ingentes cantidades de dinero, para luego ser “regaladas” a la banca privada (beneficiada por tanto en última instancia de su crisis). ¡Y la sociedad, anestesiada!
Buen trabajo de publicidad para convencernos de las malicias de lo público en lo que al servicio financiero se refiere. Y mientras, la exclusión financiera de personas y de territorios avanza galopante al tiempo que la banca reduce personal y atención a los usuarios, a la vez que abusa de posición dominante para imponernos pago de comisiones, créditos más caros y retribuciones más bajas por nuestros depósitos. ¡Y la sociedad, anestesiada!
A diferencia de los países europeos, España es una anomalía en la que sólo queda pública una reducida participación accionarial en la Caixa y un escuálido ICO que no cumple las funciones de desarrollo e inversión pública que todo el mundo demanda.
Digo todo lo anterior porque aún tenemos tiempo de salvar algún mueble y recuperar una actividad de banca de proximidad que tan buen recuerdo dejó en la ciudadanía: la Caja Postal. Hacerlo dentro del servicio público de Correos permitirá aprovechar la extensa red de oficinas y la capilaridad de sus miles de carteros. Aunque lo fundamental será los beneficios sociales de la existencia de un polo de referencia público en el servicio bancario, también puede esa iniciativa dar mayor viabilidad a una empresa pública que está amenazada por una despiadada competencia internacional de plataformas de distribución mientras va desapareciendo la cartería física.
En estos días hay una campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de esa Banca Postal. Ojalá tenga amplitud como para presionar a los poderes públicos. Está en el siguiente enlace: https://c.org/DDSKpYFprLy te invitamos a firmarla.
Las organizaciones que integran la Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) lamentan profundamente la exclusión de la Asociación de Operadores Públicos de Agua (AEOPAS) del Observatorio del Agua de Emasesa, que ha celebrado este jueves 27 de noviembre su reunión plenaria. La Mesa del Agua recalca que se trata de una decisión contraria a los principios de gobernanza pública y participación ciudadana que han regido este órgano desde su creación y reclama su restitución inmediata para garantizar una gestión transparente, plural y orientada al interés general en el ciclo urbano del agua en el área metropolitana de Sevilla.
Tras la lectura de una Declaración colectiva las organizaciones que integran la Mesa Social del Agua han abandonado la sesión como acto de protesta.
En su escrito de queja, la Mesa Social del Agua de Andalucía explica que desde hace más de ocho años, organizaciones sociales y ambientales han participado activamente en la mejora del servicio público de agua que presta Emasesa en el Área Metropolitana de Sevilla. Este trabajo colaborativo se ha canalizado a través del Observatorio del Agua, un órgano que desde sus inicios se ha sustentado en la pluralidad, la transparencia y la confianza entre distintas entidades, para la adopción de medidas consensuadas que garanticen una gestión sostenible y equitativa del ciclo urbano del agua.
La Mesa exponen que la reciente expulsión de AEOPAS del Observatorio constituye «una grave ruptura con los principios de participación pública que deben regir un servicio esencial como el abastecimiento y el saneamiento urbano. Tras más de cinco años de cooperación acreditada en ámbitos estratégicos —planes de sequía, adaptación climática, digitalización y planificación a largo plazo— esta decisión carece de justificación técnica y desvirtúa el propósito fundacional del Observatorio del Agua de EMASESA: impulsar una gestión participativa y corresponsable que sitúe a la ciudadanía en el centro de las decisiones».
Las organizaciones de la Mesa consideran que esta exclusión no es un hecho aislado. «En los últimos meses se han producido prácticas que han debilitado la integridad de este órgano de participación, como la atribución indebida de respaldo al incremento tarifario del agua. La exclusión de actores clave convierte el Observatorio en un mero ejercicio de “participación aparente”, alejándolo de su función de análisis técnico y deliberación rigurosa, lo que compromete la transparencia y la calidad de las decisiones».
Las organizaciones que conforman la Mesa Social del Agua de Andalucía, muchas de ellas integrantes del Observatorio, solicitan la restitución inmediata de AEOPAS y la recuperación de los principios de pluralidad y control público que garantizan la gestión democrática del agua. Fortalecer lo público requiere sumar conocimientos y experiencias, no excluirlos. Solo mediante la creación compartida de diagnósticos y soluciones con todas las entidades se podrán afrontar los retos de la gestión hídrica que afectan a nuestras ciudades.
Como forma de manifestar su protesta la organizaciones firmantes junto con otros miembros del Observatorio que se suman a la protesta, abandonan la sesión tras leer una Declaración colectiva.
Componen la Mesa Social del Agua de Andalucía: la Fundación Nueva Cultura del Agua, FACUA-Andalucía, Ecologistas en Acción-Andalucía, GREENPEACE, WWF, SEOBirdLife, Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, CCOO-Andalucía, UGT-Andalucía, COAG-Andalucía, UPA-Andalucía, AEOPAS.
La declaración institucional de queja que se ha leído en la sesión plenaria
«Desde hace más de ocho años, las organizaciones sociales y ambientales venimos participando, incluso antes de la creación del Observatorio, en mejorar el servicio que presta EMASESA a la ciudadanía del Área Metropolitana de Sevilla. Ha sido una tarea ilusionante, fecunda, aunque como es lógico no exenta de tensiones. El Observatorio se basaba en la libre expresión de los posicionamientos de los diversos miembros representantes de los sectores ciudadanos y en la confianza de que se adoptarían por EMASESA las mejores y más consensuadas medidas de gestión del ciclo del agua».
Organizaciones de la Mesa Social del Agua de Andalucía / Mesa Social del Agua
«La expulsión de AEOPAS del Observatorio del Agua de EMASESA constituye una ruptura severa con los principios de gobernanza pública que deben estructurar la gestión de un servicio esencial como el agua. Después de más de cinco años de cooperación acreditada en ámbitos estratégicos —planes especiales de sequía, adaptación climática, procesos deliberativos, digitalización operativa, revisión normativa y planificación de largo alcance— la decisión adoptada carece de sustento técnico y desvirtúa el propósito fundacional del propio Observatorio: impulsar una gestión pública del agua urbana participativa, cooperativa, transparente y corresponsable, situando a la ciudadanía en el centro de las decisiones».
«La expulsión de AEOPAS no es un episodio aislado. Durante este mandato se han sucedido prácticas que erosionan la integridad del órgano. El ejemplo más revelador fue la utilización del Observatorio para atribuirle un respaldo inexistente al incremento tarifario del agua. Varias entidades exigieron explicaciones ante aquella manipulación y jamás obtuvieron respuesta. Aquello, que ya fue una grieta, se convierte hoy en fractura».
«El Observatorio está siendo reducido a un ejercicio de citizen-washing: la participación se escenifica, pero se excluye de los procesos reales de planificación hidrológica, del análisis técnico solvente y de la evaluación rigurosa que exigen los sistemas de agua urbana. Este vaciamiento instrumental desnaturaliza su razón de ser y debilita la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad técnica de las decisiones estructurales».
«Esta negativa evolución del funcionamiento del Observatorio, alejándose de sus presupuestos originales basados en la pluralidad, la representatividad y la operatividad de la participación ciudadana, ha sido denunciada reiteradas veces sin resultado en las propias sesiones del Observatorio. Tampoco han tenido respuesta solicitudes concretas presentadas por diversas organizaciones participantes en el mismo. Pero la expulsión de AEOPAS constituye un hecho gravísimo que enciende todas las alarmas».
«Por ello, las organizaciones que conformamos la Mesa Social del Agua de Andalucía, muchas de ellas participantes en el Observatorio, reclamamos la restitución inmediata de AEOPAS como miembro del Observatorio, en coherencia con los principios de pluralidad, participación cualificada y control público que deben regir un servicio que es patrimonio común. Un Observatorio sin saber técnico es un órgano hueco; protegerlo exige dialogar, consensuar, sumar, no expulsar, a quienes contribuyen a reforzar la garantía pública y el interés genera»l.
«Las soluciones de gestión del agua pasan por fortalecer lo público a través de la participación real, la concreción de diagnósticos y alternativas con los numerosos actores que configuran la vida de nuestras ciudades».
“Trabajé la tierra en Lescun, el lugar de mis raíces familiares, pero crecí en un barrio obrero de Burdeos. Tuve la suerte de no ser rico y de haber mantenido siempre a mis amigos obreros. Ese es mi orgullo. Dicen que conozco al pueblo, pero es mentira, formo parte de él. Mi origen humilde me ha permitido vivir modestamente, y educar a mis hijos sin grandes lujos”. Así se definía René Passet en una entrevista realizada por Miguel Mora para El País en 2013, con motivo de la publicación en lengua castellana de su libro Las grandes representaciones del mundo y la economía a lo largo de la historia (Clave Intelectual/Siglo XXI y Eudeba 2013, traducción de Mariana Saúl).
Profesor emérito de la Universidad Paris-Pantheón-Sorbonne, René Passet ha sido uno de los economistas más importantes de Francia. Pionero del enfoque transdisciplinar en las ciencias económicas, fue el primer presidente del Consejo Científico del movimiento internacional Attac. Miembro fundador del Collegium International Éthique, Politique et Scientifique (IC Ethiques), ha sido columnista en Le Monde, y articulista en Le Monde Diplomatique. Es autor de varios libros, entre otros y además del citado más arriba, de L’Economique et le vivant (galardonado por la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia), La ilusión neoliberal (Debate, 2001, traducción de María Victoria López Paños) o Elogio de la globalización por una “mundialización humana” (Salvat, 2002, traducción de Manuel Serrat Crespo).
Amigo de Stéphane Hessel, las ideas de René Passet fueron un estímulo para el movimiento de indignados. Participó en el primer Foro Social celebrado en Porto Alegre, fue uno de los pocos economistas que advirtieron de la crisis económica de 2007-2008 y que avisó de las nefastas consecuencias que traería la desregulación financiera. Su concepción de la economía vincula las formas económicas de organización de las sociedades humanas con las teorías y avances científicos producidos en cada época. Y contiene una dura crítica al reduccionismo económico neoliberal, que pretende rebajar a las personas a meros seres económicos. Defensor de un nuevo paradigma: la bioeconomía, los trabajos de Passet integran las actividades económicas en los sistemas naturales, porque hay bienes comunes, como el aire y el agua, que tienen que ir más allá de la lógica de los mercados.
“La perfección a la que todos aspiramos nunca se alcanzará y esta es una noticia excelente: la historia no tiene fin; en tanto que mujeres y hombres habiten este planeta habrá lugar para los sueños, la utopía y la superación de uno mismo”,afirmaba en una entrevista hecha por Iván Gil y publicada en El Confidencial.
Un año antes de cumplir los 100 años (nació en 1926), René Passet nos ha dejado. Como compañera de Attac, como editora de dos de sus libros en lengua castellana (La ilusión neoliberal y Las grandes transformaciones del mundo y la economía a lo largo de la historia) y, sobre todo, como amiga, la desaparición de René es una gran pérdida. Pero haber tenido la oportunidad de conocerlo y tratarlo ha sido también una suerte y un privilegio. Su coherencia y su compromiso han sido modélicos. Su obra y su ejemplo quedarán siempre vigentes.
Victoriano Ángel Suárez Rincón es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga. Profesor de curso on-line de gestión presupuestaria en la Fundación CEDDET. En la actualidad ejerce como Interventor municipal de Lebrija. Es socio de Attac España.
El análisis de las liquidaciones presupuestarias anuales de las administraciones públicas territoriales muestra la insuficiencia financiera del sistema tributario español. La elevada disminución de los ingresos tributarios a partir de la crisis económica de 2008 y su ralentización en su crecimiento en 2015 y posteriores, ha producido un efecto dominó en las magnitudes presupuestarias. El descenso de ingresos tributarios ha generado secuencialmente déficits presupuestarios, déficits financieros, mayores endeudamientos para cubrir esos desequilibrios, crecimiento elevado de la deuda pública acumulada, elevación de los gastos de la carga financiera y, finalmente, un descenso cuantitativo y cualitativo en los servicios públicos de carácter preferente (sanidad, educación y cultura).
Y podríamos inferir que este efecto dominó no es exclusivo de nuestro país sino de carácter global, dada la elevación de la deuda pública en la generalidad de naciones con modelos económicos neoliberales.
El principio de suficiencia tributaria en los sistemas impositivos.
Los tributos surgen de la necesidad de los estamentos políticos para financiar los gastos públicos de las entidades territoriales o funcionales. Cada sistema económico que se ha desarrollado en las distintas etapas históricas ha configurado su peculiar modelo tributario en cuanto a los fines perseguidos. Y la suficiencia económica tributaria ha tenido un dispar comportamiento en su grado de relevancia en los modelos económicos versus tributarios.
En las etapas históricas de las monarquías absolutas anteriores al liberalismo económico el lograr los precisos ingresos públicos tributarios era el objetivo primario y exclusivo salvo, en su caso, el castigo punitivo a los sujetos pasivos. Y las reformas tributarias se planteaban casi con generalidad para maximizar los ingresos públicos. En el siglo XVI la corriente de pensamiento económico del cameralismo busca fortalecer las riquezas reales, surgiendo así el principio teórico de suficiencia económica tributaria.
Con el surgimiento del liberalismo económico, primer modelo del capitalismo, se impone el pensamiento de los economistas clásicos del principio de neutralidad impositiva según el cual la tributación no debía interferir en la producción y en el consumo, siendo la máxima expresión de este pensamiento la de los economistas liberales libertarios que abogan hacia la supresión de los impuestos. Es con esta directriz que el principio de suficiencia tributaria deja de ser un objetivo prioritario.
En el estado del bienestar, segundo modelo económico del capitalismo, el principio de suficiencia económica no es el único ni incluso el principal de los diversos fines y objetivos que se persiguen con la tributación. Economistas hacendistas del pasado siglo XX como Fritz Neumark y Richard Musgrave desarrollaron las utilidades del binomio de la tributación y del presupuesto para el desarrollo económico y social de las naciones. Neumark con una amplia catalogación de los principios de la imposición y Musgrave con las tres funciones del presupuesto: la estabilidad de indicadores macroeconómicos (inflación y desempleo), la redistribución equitativa de la renta y la asignación eficiente de recursos.
El modelo tributario neoliberal lo podemos simbolizar como el de las cuatro “ies” por las características que lo definen: injusto, insuficiente, ineficaz e ineficiente
Con la aparición del neoliberalismo, tercer modelo del capitalismo, las políticas económicas de la tributación y del presupuesto decrecen en las potencialidades mostradas por los hacendistas de la economía del bienestar. Son escasas y poco relevantes las aportaciones de los teóricos neoliberales sobre los fines de los tributos y del presupuesto, de sus mecanismos y sus efectos macroeconómicos. La suficiencia tributaria deja de ser un objetivo y el presupuesto un instrumento esencial de política macroeconómica. Los estados neoliberales aprueban sus presupuestos con déficit económicos y financieros, generando insuficiencia en los ingresos públicos tributarios que son cubiertos con deuda pública. El modelo tributario neoliberal lo podemos simbolizar como el de las cuatro “ies” por las características que lo definen: injusto, insuficiente, ineficaz e ineficiente.
La evolución de los objetivos tributarios de la reforma impositiva de 1977 en España.
El actual sistema tributario español deriva de la reforma tributaria de 1977 diseñada por el profesor Fuentes Quintana que fue ministro de Hacienda en el primer gobierno democrático. Esta reforma tuvo un efecto muy positivo para el desarrollo económico y social de nuestro país. En el “Informe del Sistema Tributario Español”, redactado en 1972, que fue el diseño del modelo impositivo de la reforma de 1977, se exponen por orden prioritario los siguientes objetivos de la reforma tributaria a emprender:
– La justicia tributaria.
– Favorecer el desarrollo.
– Mejorar la eficacia de la política fiscal estabilizadora.
– Configurar la estructura y dirigir la aplicación del sistema tributario de acuerdo con los principios de la técnica fiscal.
Es llamativo que en este Informe no se señala la suficiencia tributaria entre los fines perseguidos en la reforma diseñada. Exclusión que parece deberse al estar lograda como se acredita por la relevancia de los ingresos tributarios en los presupuestos: “En 1971 el presupuesto de ingresos era el 82,8% de tributos, el 16,0% de ingresos de tasas, patrimoniales y transferencias y el 1,1% de ingresos de capital”. En ese ejercicio de 1971 aún no se había producido la crisis del petróleo del 73 que produjo grandes desequilibrios macroeconómicos.
En 2010, 13 años después de nuestra reforma fiscal, el profesor Fuentes Quintana en su libro “La reforma fiscal y los problemas de la Hacienda Pública española” señala los efectos producidos por la misma: la explosión del gasto público, el rápido crecimiento de la presión fiscal, la presencia de un déficit público continuado, un aumento sustancial de la deuda pública acumulada y sus cargas financieras, la pérdida de eficacia de las limitaciones presupuestarias como elemento central de la actividad financiara y un proceso de importante descentralización del gasto público, con un creciente protagonismo de las haciendas autonómicas y locales.
El efecto dominó de la insuficiencia tributaria en España
Como efecto dominó la insuficiencia económica y financiera de nuestro sistema tributario ha quedado de manifiesta a partir del año 2008: secuencialmente la caída de los ingresos tributarios ha generado déficits presupuestarios económicos, déficits presupuestarios financieros, incremento desorbitante de la deuda pública y de su carga financiera y disminución cualitativa de los gastos sociales.
Disminución y ralentización en el crecimiento de los ingresos tributarios desde 2007
Evolución de los ingresos tributarios en términos corrientes
El gráfico de “Evolución de los ingresos tributarios”, (derechos liquidados/tributos puestos al cobro), evidencia la caída del total de los ingresos públicos de las administraciones públicas territoriales a partir del año 2007 con un montante de 284.785,3 millones de euros, sólo alcanzándose en el año 2017 el nivel de ese ejercicio, desarrollándose un pausado aumento con un leve descenso en 2020 motivado por la incidencia de la pandemia del COVID-19.
Los ingresos tributarios alcanzan el nivel de 2007 en la administración central en 2022, en las comunidades autónomas en 2011 y en la administración local en 2012. Las administraciones autónomas y locales a partir de esos años experimentan moderados aumentos.
Derechos liquidados de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar). Millones de euros. Elaboración propia,
Evolución de los ingresos tributarios en términos constantes
Considerando en términos de ingresos tributarios constantes, actualizando los ingresos corrientes desde el 2007 según el aumento/disminución del IPC, el hito de ingresos tributarios de ese ejercicio sólo se consigue alcanzar su nivel en 2022
Derechos liquidados de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar). Millones de euros. Elaboración propia,
Cobertura de los ingresos tributarios al presupuesto de gastos
El gráfico que representa la cobertura o el peso en tantos por ciento de los ingresos tributarios sobre los presupuestos de gastos muestra que a partir del ejercicio 2008 nuestro sistema tributario es anualmente más insuficiente financieramente para cubrir el total de gastos públicos. El total de las administraciones públicas territoriales no alcanza el nivel del año 2007, salvo las comunidades autónomas y las entidades locales.
Porcentaje de derechos tributarios sobre obligaciones netas liquidadas de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar)
Fuente Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Los análisis económicos que a continuación vamos a realizar ponen de relieve la falacia informativa que se traslada a la opinión pública de que los presupuestos generales de las administraciones públicas se aprueban de forma saneada
Los déficits económicos presupuestarios.
La disminución de los ingresos tributarios en las administraciones territoriales origina unos desequilibrios económicos de gran importancia por no cubrir los ingresos los gastos públicos. Esos desequilibrios ingresos/gastos a partir del año 2008 y el insuficiente aumento, tras sus nivelaciones en las Comunidades Autónomas y en las Administraciones Locales ha producido en las cuentas públicas unos desequilibrios económicos generándose déficits presupuestarios de gran relevancia.
Los análisis económicos que a continuación vamos a realizar ponen de relieve la falacia informativa que se traslada a la opinión pública de que los presupuestos generales de las administraciones públicas se aprueban de forma saneada. Para crear esta entelequia se hace valer el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la dura supervisión de las autoridades económicas de la Comunidad Europea para no incurrir en déficits presupuestarios. Con la ley citada se ha hecho permisible a las administraciones públicas territoriales, salvo en las entidades locales, incurrir en déficit presupuestarios económicos en los que los gastos superan a los ingresos públicos. La no prohibición de déficit económico anual es sustituida por el concepto “déficit estructural” como déficit ajustado al ciclo sin que el mismo termine de cerrarse se positivamente.
La medición del déficit público o presupuestario sobre el producto interior bruto del país es un indicador que carece de rigor técnico para calibrar la capacidad del Estado para cubrir las necesidades públicas y su fortaleza para atender su deuda pública. Pues la menor o mayor riqueza del país no puede representar o ser el correlato de la bondad económica y financiera de las Administraciones Públicas gestoras.
Saldo de operaciones no financieras
El saldo de operaciones no financieras evalúa el grado de cobertura de los ingresos no financieros sobre los gastos no financieros. Un saldo positivo es indicativo de superávits presupuestarios monetarios y un saldo negativo de déficits. Las operaciones no financieras están constituidas por los ingresos/gastos corrientes y las operaciones de capital (enajenación de inversiones y transferencias de capital recibidas/gastos en inversiones reales y transferencias de capital otorgadas)
En el gráfico de “Saldo de Operaciones no Financieras” se constata que hasta el ejercicio 2007 ha existido superávit (salvo 2003 y en una pequeña cuantía) entrando en años posteriores en una senda creciente de déficits presupuestarios en el total de las administraciones públicas territoriales, de las que hay que exceptuar a las administraciones locales que solo han incurridos en déficits presupuestarios de 2008 a 2011.
Derechos y obligaciones netas liquidadas de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar). Fuente Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Ahorro neto de las liquidaciones presupuestarias
De los indicadores económicos legales existentes en España, el que mejor interpreta la capacidad presupuestaria de una administración pública es el “ahorro neto y neto”, establecido en artículo 53 del Real Decreto 2/2004 de Haciendas Locales. Tal es así que un resultado negativo en la liquidación presupuestaria de un año impide la concertación de préstamos a las entidades locales y les obliga a la elaboración de un plan de saneamiento de cuatro años. Tal prevención no está implantada en la Administración Central y en las CC.AA. Por ello, constataremos que las entidades locales tienen una senda de estabilidad presupuestaria al contrario que la administración central y las comunidades autónomas.
El ahorro neto es la diferencia de los ingresos corrientes y los gastos de personal, corrientes y de transferencias (ahorro bruto) minorados a su vez por los gastos de la carga financiera de la deuda (amortización de préstamos e intereses), resultando el ahorro neto.
En el gráfico de “Evolución del ahorro neto” se observa un importante desequilibrio económico a partir del 2008 en la Administración Central y en las Comunidades Autónomas, mostrando sus liquidaciones presupuestarias que carecen de los suficientes recursos económicos para hacer frente a sus gastos corrientes y a la carga financiera de la deuda. Por el contrario, las Entidades Locales reflejan en sus liquidaciones presupuestarias un saneamiento económico permanente.
Derechos y obligaciones netas liquidadas. En millones de euros.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Los déficits financieros presupuestarios.
Los déficits económicos presupuestarios generan insuficiencias financieras para atender los gastos públicos.
Saldo de operaciones financieras
El saldo de operaciones financieras es un indicador que refleja la solvencia o insolvencia financiera de los presupuestos. Este indicador señala la necesidad o no necesidad de financiación externa para lograr un equilibrio en las cuentas públicas.
Esta magnitud se obtiene por diferencia entre los ingresos y gastos de los activos financieros (devolución de empréstitos otorgados y constitución de deuda pública) y los pasivos financieros (otorgamiento financiero a terceros y amortización de deuda pública).
Si el saldo de operaciones financieras es positivo mostrará que ha existido en términos netos una necesidad de financiación externa y al contrario un saldo negativo indicara un sobrante de financiación presupuestaria. Tal es así que un saldo negativo indicara la suficiencia financiera de los ingresos públicos al mostrar una disminución del endeudamiento financiero público.
El grafico siguiente de “Evolución de los saldos de operaciones financieras” refleja la inflexión que se ha producido en los mismos a partir del año 2008. De existir un exceso de financiación presupuestaria hasta el 2007 se ha generado en la Administración Central y en las Comunidades Autónomas una necesidad de financiación externa para cubrir los déficits económicos presupuestarios. La necesidad de financiación presupuestaria alcanza su máximo en 2009 con 108.502 millones de euros iniciando un proceso de descenso hasta el 2019 con 4.966 millones de euros, aumentado significativamente en 2020 y 2021 por la incidencia de la pandemia del COVID-19.
Derechos y obligaciones netas liquidadas. En millones de euros. Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Evolución del endeudamiento público/pasivos financieros de ingresos
La secuencia de la disminución y ralentización de los ingresos tributarios, los déficits económicos presupuestarios y los déficits financieros presupuestarios han motivado que las administraciones públicas se hayan visto obligadas al acceso a los empréstitos financieros para cubrir el diferencial entre los gastos e ingresos públicos. El gráfico “Evolución de ingresos de pasivos financieros” señala el constante aumento de la concertación de financiación de empréstitos anuales.
De unos niveles inferiores a 51.000 millones de euros hasta 2007, las concertaciones de préstamos para cubrir los déficits de ingresos públicos se acrecientan aceleradamente en los posteriores ejercicios. Llegándose a hitos de 177.541 millones en 2009, 211.612 millones en 2012, 193.243 millones en 2015 y 258.732 millones de euros en 2020. De las tres administraciones territoriales la administración central es la que muestra el más acusado acceso al crédito financiero y la administración local prácticamente no requiere de una mayor financiación por encima de los niveles de 2007.
Derechos netos liquidados. En millones de euros. Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Cobertura del endeudamiento en el presupuesto de gastos
El gráfico de cobertura de los ingresos de pasivos financieros sobre el total del presupuesto de gastos muestra como gradualmente el acceso a la deuda pública es anualmente más elevado en las liquidaciones presupuestarias. Representando el total de las administraciones públicas en 2007 un 11,2% para triplicarse prácticamente en 2023 con un 29,6%.
Porcentaje de derechos y obligaciones netas liquidadas. Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Deuda pública acumulada y elevación de la carga financiera presupuestaria.
El recurrente acceso anual al crédito financiero para cubrir los déficits presupuestarios y financieros ha generado una muy elevada deuda pública acumulada y, en consecuencia, un aumento anual gradual de la carga financiera del endeudamiento para atender los intereses y amortización de la misma.
Evolución de la deuda pública acumulada
El gráfico “Evolución de la deuda pública acumulada” de las administraciones públicas territoriales es indicativo del muy acelerado aumento de la deuda financiera como consecuencia de los reiterados aumentos anuales del acceso a la financiación externa. De un nivel de 392.182 millones de euros en 2007 el volumen de la deuda pública de las administraciones públicas territoriales ha ido elevándose exorbitantemente hasta alcanzar un máximo de 1.461.296 millones de euros en 2023.
Fuente: Boletín Estadistico del Banco de España. Octubre 2023. En millones de euros
Evolución de la carga financiera de la deuda pública
El engrose de la deuda pública acumulada ha producido lógicamente un gradual aumento de la carga financiera de la misma al ser mayores los montantes anuales de las amortizaciones de pasivos e intereses. El gráfico de “Evolución de la carga financiera” señala la elevación de la misma de 72.152 millones de euros en 2007 a 175.688 en 2023.
Obligaciones netas liquidadas. En millones de euros, Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
La incidencia que se evidencia en el gráfico “Cobertura de la carga financiera en el presupuesto de gasto” muestra el continuado aumento del peso de la misma en los gastos totales del presupuesto. De un 16,7% que representaba la carga financiera en el total de gastos públicos liquidados en 2007 se ha elevado a un 23,9% en 2023. La mayor proporción de la carga financiera en el total de los gastos públicos implica un menor porcentaje de los demás gastos liquidados.
Porcentaje obligaciones netas liquidadas. Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
La incidencia en los Servicios Públicos de Carácter Preferente
El acrecentamiento de la carga financiera derivada de la deuda pública acumulada ha provocado la redistribución de las masas presupuestarias, repercutiendo en una menor proporción de las demás dentro del presupuesto total de gastos.
Este efecto de la redistribución de las masas presupuestarias se plasma en la estructura presupuestaria funcional que muestra en sus diferentes funciones “para que se gasta”. En esta estructura presupuestaria la función más identificadora del estado del bienestar es la 3 de “Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente”. Un análisis de la evolución de estos gastos públicos sociales refleja una disminución cualitativa y cuantitativa a partir del ejercicio 2008.
El gráfico “Servicios Públicos de Carácter Preferentes” muestra que el total de los gastos de los servicios de carácter preferentes experimentan un continuado aumento hasta el año 2009 (123.689,3 millones de euros) iniciandose un continuado descenso que solo se supera en el ejercicio 2020 (138.379,4 millones de euros), igualación que hay que atribuir a las mayores dotaciones en sanidad por la incidencia del COVID-19.
Obligaciones netas liquidadas. En millones de euros, Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
El gráfico “Servicos públicos de cerácter preferentes y carga financiera”, en su comparación indica:
– Que los gastos de los servicios públicos de carácter preferente superan a los la carga financieran hasta el año 2009 (123.389,3 y 61.389,8 millones de euros respectivamente en este ejercicio)
– Que a partir del 2009 ese diferencial va disminuyendo hasta el ejercicio 2013 en que se inicia una senda en que los gastos de la carga financiera de la deuda pública es mayor que los gastos de los servicios de carácter preferentes.
– En 2023, los servicios públicos de carácter preferentes se situán en 162.795,1 millones siendo supurados por la carga financiera de la deuda publica que alcanza 175.688,0 millones de euros.
Obligaciones netas liquidadas. En millones de euros, Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México.
Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz.
Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.
Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.
El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.
En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima.
Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios.
¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales.
Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.
Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente.
Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.
Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.
Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.
Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.
Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.
Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.
Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.
Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico.
Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.
¡Por una economía social y solidaria!
¡No más acuerdos de comercio e inversiones!
¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!
¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!
Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).
Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se convierte en el escenario de una performance donde una pirámide de barriles derrama productos tóxicos sobre líderes políticos
Con esta acción, Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria y Sindicato Labrego Galego denuncian que el acuerdo comercial alimentará el colapso climático, el comercio de sustancias tóxicas y la injusticia social
Las organizaciones convocantes coinciden en sus demandas con la Confederación General de Cooperativas Agrarias
El apoyo del Gobierno español al acuerdo comercial contradice sus compromisos frente al cambio climático y los derechos humanos
Madrid (España), 18 de noviembre de 2025 – El Toxic Trade Tour, una protesta itinerante por diversas ciudades europeas contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, ha hecho hoy escala en Madrid. Desde finales del pasado mes de octubre y hasta finales de noviembre, una coalición de organizaciones sociales y ambientales europeas coordinadas por la European Trade Justice Coalition, de la que forma parte la Coordinadora Europea de La Vía Campesina, Ecologistas en Acción o Greenpeace, están llevando a cabo esta protesta por diversos países de la UE para denunciar este acuerdo entre la Unión Europea y los países del bloque del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
La protesta se ha celebrado en vísperas de que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, previsto para el próximo 24 de noviembre, se reúna para tomar una decisión sobre el acuerdo. La firma formal podría tener lugar el 5 de diciembre en la cumbre del Mercosur en Brasil y se espera que la votación del Parlamento Europeo se celebre poco después.
“Este tratado comercial establece una relación tóxica entre la UE y los países del Mercosur, al perpetuar un modelo de relaciones internacionales de corte extractivista y neocolonial, consolidando una forma de globalización que destruye la naturaleza, pone en riesgo la salud y amenaza la pervivencia de culturas y economías locales a ambos lados del Atlántico. Por eso reclamamos al PSOE que no apoye la firma de este acuerdo y sea coherente con sus propias promesas electorales en esta materia”, han afirmado las organizaciones convocantes.
Dentro del Toxic Trade Tour, las organizaciones convocantes en el Estado español —Attac, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria— (2) han realizado una performance en Madrid frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para señalar el apoyo del Gobierno español a la firma de este tratado. Durante la acción, han colocado una pirámide de barriles tóxicos ante el Ministerio, mientras que activistas con disfraces de responsables políticos (del presidente español Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen y el ministro de Agricultura español Luis Planas) han sido interpelados por el público sobre los riesgos que entraña este acuerdo comercial para el clima, la salud y la justicia social. Ante las respuestas esquivas o no creíbles de los políticos, estos han recibido una reprimenda en forma de ducha de productos tóxicos (3). Acto seguido, se ha leído un manifiesto (4) recordando la gran cantidad de colectivos de la sociedad civil y de lo sectores agrícolas afectados que se oponen a este acuerdo (5).
La semana pasada, la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COPA-COPEGA) rechazó la firma de este acuerdo comercial denunciado los perjuicios sobre algunas producciones de los países de la UE (maíz, azúcar, carne de vacuno) y señalando también la incoherencia que supone que la UE permita la exportación de agrotóxicos prohibidos en la UE al tiempo que quiere permitir la entrada de materias primas y productos agrícolas con presencia de esas mismas sustancias tóxicas no autorizadas.
Un acuerdo comercial que traerá más emisiones y más pesticidas peligrosos
Según las organizaciones convocantes, “mientras en la COP30 en Belém se está hablando de la necesidad de una mayor ambición a la hora reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los que negocian este acuerdo comercial caminan en la dirección contraria, incentivando un mayor flujo de productos y materias primas entre continentes, algunas de las cuales (como la soja o la carne de vacuno) están detrás de procesos de deforestación y gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores será imposible limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y evitar los peores efectos”.
Entre los graves problemas que lleva aparejado este acuerdo comercial, los movimientos sociales recuerdan que la Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad (EIS), realizada a finales de 2020 por encargo de la Comisión Europea, calculó que este tratado comercial provocaría un aumento global de metano y óxido nitroso, así como un aumento de las emisiones de CO2 en la UE, Brasil y Argentina y un “aumento moderado general” de las emisiones de GEI en otros países del Mercosur.
Aunque el propio estudio señalaba que las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación representan el 55 % de las emisiones de CO2 de Brasil y el 70 % de las de Paraguay, la consultora redactora de la evaluación admitió que estas proyecciones excluyen cualquier cálculo de las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación.
«La evaluación del impacto social y ambiental de este acuerdo comercial ha sido un mero trámite. La política comercial de la UE no se puede construir escondiendo debajo de la alfombra la deforestación, producida por materias primas como la soja, la caña de azúcar o la producción de carne de vacuno, amén de modernas formas de trabajo esclavo, invasión de tierras indígenas y la vulneración de los derechos humanos”, han declarado las organizaciones.
Asimismo, en la declaración leída durante el acto, las entidades convocantes han recordado que una investigación de Greenpeace Alemania (5) encontró residuos de varios pesticidas en limas producidas en Brasil y vendidas dentro del mercado de la UE, a través del análisis en laboratorio de más de 50 muestras de limas compradas en supermercados y mercados mayoristas en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia.
Los pesticidas, entre ellos el herbicida glifosato y los insecticidas imidacloprid y cipermetrina, son fabricados en la UE y vendidos por empresas europeas en Brasil, uno de los principales países consumidores de plaguicidas del mundo. Más de la mitad de los pesticidas encontrados son considerados altamente peligrosos porque suponen un grave riesgo para la salud humana, los animales o el medio ambiente. El acuerdo UE-Mercosur propuesto eliminaría los aranceles sobre las exportaciones de plaguicidas de la UE a los países del Mercosur y reduciría el control en los alimentos importados, lo que significa que tanto el uso de pesticidas como sus efectos adversos aumentarían exponencialmente.
“Todo lo que rodea el acuerdo UE-Mercosur es tóxico. Primero, los gigantes de la industria química de la UE ya producen y exportan a Brasil sustancias tóxicas, algunas de las cuales ni siquiera están aprobadas para su uso dentro de la UE; y luego, la UE las reimporta en forma de residuos en los alimentos. Este acuerdo impulsará el comercio de pesticidas y potenciará este ciclo tóxico”, han concluído las entidades convocantes.
CONFERENCIA MÁS ALLÁ DEL CRECIMIENTO ESPAÑA 1 (Beyond Growth 26/09/2025) 9:15 – 9:45 «Inauguración / Presentación» -Portavoces grupo organizador de la Conferencia. -Sira Rego, Ministra de Juventud e Infancia 9:45 – 11:00 «Una agenda más allá del crecimiento para salir de la policrisis» -Eva Saldaña (Moderación) -Jason Hickel -Margarita Mediavilla -Olivier de Schutter -Carmen Madorrán
La Conferencia Más Allá del Crecimiento será un espacio de deliberación democrática por un nuevo modelo económico que tenga como base el cuidado de las personas y el planeta. La Conferencia tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre de 2025 en Madrid, con un primer día en el Congreso de los Diputados y un segundo día de Foro Social.
Motivación y a quién va dirigido el proyecto
Son numerosas las iniciativas y organizaciones en el estado español que han venido defendiendo y poniendo en prácticas desde hace décadas modelos de organización de la vida en favor del bien común más allá del crecimiento. Al mismo tiempo, hay un número de voces crecientes desde la academia, la sociedad civil y el activismo que reclaman un cambio sistémico hacia el bienestar colectivo, la democratización de la economía, la distribución de riqueza y poder, y el respeto a los límites del planeta y los derechos de las generaciones futuras como medio de resolver la crisis ecosocial actual. La Conferencia Más Allá del Crecimiento pretende ser un altavoz y un espacio colectivo de construcción entre todas ellas.
Desde organizaciones sociales y ecologistas de base hasta entidades de la economía social y solidaria, pasando por numerosas asociaciones e iniciativas ciudadanas, gobiernos locales y organismos gubernamentales, es posible salir de la realidad dominante del modelo actual basado en el crecimiento ilimitado, el cortoplacismo, la desigualdad obscena, el derroche y el extractivismo colonial, y promover modelos alternativos económicos y sociales de decrecimiento y post-crecimiento que hagan posible una vida digna para todas las personas dentro de los límites planetarios.
Experiencia previa y equipo
Desde el verano de 2024, un grupo promotor compuesto por representantes de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales ha iniciado el proceso de organización de una Conferencia Beyond Growth (Más Allá del Crecimiento) en España con el fin de promover una economía centrada en el bienestar de las personas y el planeta y no en el crecimiento ilimitado.
Desde la conferencia Beyond Growth celebrada en el Parlamento Europeo en Bruselas en mayo de 2023 se han sucedido varias conferencias en parlamentos nacionales, como es el caso de Italia, Austria, Dinamarca e Irlanda, y son cada vez más los países que se embarcan en su organización en distintos contextos. La Conferencia de Bruselas fue co-organizada por 20 eurodiputadas/os de diferentes familias políticas y en ella participaron más de 7000 personas motivadas para debatir sobre políticas encaminadas a una Europa más allá del crecimiento. El evento de 2023 tuvo un gran éxito y confirmó la importancia de repensar el modelo económico imperante más allá de la dependencia del crecimiento ante la desigualdad extrema, los problemas de salud, la superación de los límites biofísicos del planeta y el deterioro de los servicios públicos. El evento puede ser considerado como un punto de inflexión en la dirección de un cambio de paradigma y de este surgió, en palabras de la Welbeing Economic Alliance, “una clara visión compartida de ir más allá de las políticas y prácticas orientadas al crecimiento, centrando en el modelo socioeconómico el bienestar de las personas.”
En España, la Conferencia Internacional de Economía Ecológica y Decrecimiento que tuvo lugar en Pontevedra en junio de 2024 fue un espacio de encuentro que supuso un importante impulso, al igual que el interés creciente de numerosos y diversos agentes sociales y políticos en repensar y poner en cuestión el modelo económico actual en favor del bienestar de las personas y el planeta. Desde entonces, el grupo impulsor de este proyecto ha estado trabajando para organizar esta conferencia, escuchando a las diferentes organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, y además manteniendo un contacto estrecho con conferencias Beyond Growth organizadas el año pasado en otros países, y aprendiendo de esas experiencias para garantizar una organización exitosa de la conferencia.
La presente noticia de ESG Today sobre la reducción en el Parlamento Europeo de las leyes a favor de la diligencia debida, protección ambiental y otras se comprende mejor con la lectura del otro artículo que publicamos hoy: Total Energies y Siemens instan a la UE a abolir la ley climática. La industria impone su voluntad sobre la ciudadanía europea y su bienestar.
Los legisladores del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre una propuesta de posición negociadora parlamentaria sobre la iniciativa Omnibus I de la Comisión Europea, que supondría reducciones más significativas en las normas de la UE sobre información, sobre sostenibilidad y sobre diligencia debida que las propuestas por la Comisión.
El acuerdo supondría recortes especialmente significativos en el número de empresas cubiertas por la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD), excluyendo a todas las empresas, salvo las más grandes, del ámbito de aplicación de la normativa que exige a las empresas abordar sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en todas sus cadenas de valor.
Entre los cambios más significativos propuestos por la iniciativa de la Comisión se encontraba un aumento drástico del ámbito de aplicación de la CSRD, que eliminaba aproximadamente al 80 % de las empresas al ampliar el reglamento para que solo cubriera a las empresas con más de 1000 empleados, frente al umbral actual de 250 empleados, al tiempo que se mantenía el umbral de 1000 empleados de la CSDDD, pero se modificaba la diligencia debida y se exigía una diligencia debida completa principalmente a nivel de los socios comerciales directos, e introduciendo límites a la cantidad de información que se puede solicitar a las empresas más pequeñas de la cadena de suministro en virtud de la normativa.
Los legisladores se han mostrado muy divididos sobre la postura que debe adoptar el Parlamento de cara a las negociaciones sobre el resultado final del paquete ómnibus, con los partidos de izquierda presionando para que se reduzcan los recortes a la normativa, los partidos de extrema derecha buscando eliminar por completo la CSRD y la CSDDD, y el ponente del Omnibus, Jörgen Warborn, del Partido Popular Europeo (PPE), el mayor partido del Parlamento, ha propuesto recientemente elevar los umbrales de la normativa a 3000 empleados.
Tras intensas negociaciones, los partidos de izquierda y de centro se alinearon con un paquete de «compromiso» propuesto la semana pasada por el PPE, que mantendrá el alcance de la CSRD de 1000 empleados, pero añadirá un umbral de ingresos de 450 millones de euros, al tiempo que aumentará drásticamente el umbral de la CSDDD para cubrir solo a las empresas con 5000 empleados y más de 1500 millones de euros de ingresos. La CSDDD también pasará de un enfoque basado en la entidad a un «enfoque basado en el riesgo» en materia de diligencia debida.
El paquete de «compromiso» acordado por los legisladores se alcanzó después de que, según se informa, el PPE amenazara con alinearse con los partidos más a la derecha en un paquete que ampliaría el alcance de la CSRD a 1750 empleados y eliminaría los requisitos de la CSDDD para que las empresas adopten planes de transición climática.
La posición acordada se someterá a votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento a principios de la próxima semana, seguida de una votación plenaria en el Parlamento a finales de este mes para establecer su posición para las negociaciones con el Consejo de la UE. Varios aspectos del acuerdo coinciden con la posición acordada por el Consejo, incluidos los umbrales de la CSRD y la CSDDD, y el enfoque basado en el riesgo para la CSDDD.
La presente noticia de Reuters sobre la reducción en el Parlamento Europeo de las leyes a favor de la diligencia debida, protección ambiental y otras se comprende mejor con la lectura del otro artículo que publicamos hoy: Los legisladores del Parlamento Europeo llegan a un acuerdo sobre recortes más importantes…
La industria ordena e impone su voluntad sobre la ciudadanía europea y su bienestar.
TotalEnergies (TTEF.PA), y Siemens (SIEGn.DE), han pedido a los gobiernos europeos que deroguen una de las leyes emblemáticas de la UE en materia de sostenibilidad empresarial con el fin de impulsar la competitividad del continente, según se desprende de una carta a la que ha tenido acceso Reuters. El director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, y su homólogo de Siemens AG, Roland Busch, escribieron la carta al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Friedrich Merz, en nombre de 46 empresas europeas.
La abolición de las normas sería una «señal clara y simbólica para las empresas europeas e internacionales de que los gobiernos y la Comisión están realmente comprometidos con la restauración de la competitividad en Europa», según la carta fechada el 6 de octubre. Siemens afirmó que mejorar la capacidad de Europa para competir a nivel mundial requería menos «regulación excesiva» en todos los sectores. La propuesta de eliminar las normas de sostenibilidad era un ejemplo de «medidas significativas que se pueden adoptar para reducir la burocracia», añadía. Un portavoz de TotalEnergies afirmó el jueves por la noche que la carta reflejaba las cinco prioridades principales de las 46 empresas para mejorar la competitividad de Europa.
La carta también instaba a la Unión Europea a no seguir adelante con sus planes de recortar los permisos de contaminación gratuitos de las industrias el próximo año y a reformar sus normas de competencia para permitir más fusiones, considerándolas en el contexto del mercado global, en lugar de solo en Europa. La directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial se adoptó el año pasado y exige a las empresas que solucionen los problemas relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente dentro de sus cadenas de suministro, o se enfrentarán a multas del 5 % de su facturación global. Se ha convertido en uno de los aspectos más controvertidos políticamente de la agenda ecológica de Europa, y Bruselas está negociando ahora cambios para simplificar las normas para las empresas europeas, tras la oposición de Alemania y Francia, así como de Estados Unidos y Qatar, y de empresas como Exxon Mobil (XOM.N). Las peticiones de Siemens y Total de eliminar por completo las normas van más allá de los planes que ya están negociando los legisladores y los países de la UE para reducirlas y eximir a más empresas de la ley.
fotografía: Miembros de la asociación Sanitarios con Palestina en una concentración con el lema «Paremos el genocidio. ¡Ruptura de relaciones ya!». EFE/ Fernando Villar / FERNANDO VILLAR (EFE)
Publicado en Cadena Ser por: Elena Jiménez.Soy periodista desde hace algo más de un par de décadas. Especializada en temas sociales y educativos. He recibido el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid 2020 al periodismo especializado por la cobertura de la situación en las residencias de mayores madrileñas durante la pandemia y sigo en ese camino.
La dirección de un instituto avisa a un docente de que no puede llevar «simbología de carácter político»
Madrid
El Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva días intentando acallar cualquier gesto de denuncia del genocidio palestino en las aulas. Esa situación la acaba de vivir un profesor de Economía en el instituto en el que da clase, el instituto Prado Santo Domingo de Alcorcón (Madrid).
Guillermo López acudió el jueves 18 de septiembre a su clase con una camiseta que le habían regalado este verano por su cumpleaños. La prenda es de un equipo de fútbol chileno que se llama ‘Club Deportivo Palestino’ que fue fundado en 1920 por migrantes palestinos que habían llegado a ese país.
«Cuando inicio el curso siempre les digo a los estudiantes que tienen que saber de economía porque el mundo, nos guste o no, se mueve por intereses económicos. El jueves mientras desayunaba escuché las declaraciones del ministro de Finanzas de Israel diciendo que Gaza es una mina de oro inmobiliaria y que estaba negociando con Estados Unidos el reparto. A mí eso me enfadó y pensé que era un buen ejemplo para demostrarle a mis alumnos hasta qué punto los intereses económicos mueven el mundo», cuenta Guillermo por teléfono.
Al día siguiente el jefe de estudios del centro llamó la atención al docente sobre que la camiseta podía contravenir el principio de neutralidad que se le exige a los funcionarios públicos y al personal de la administración.
Guillermo volvió a ponerse la prenda este miércoles y, tras pedir el profesor que le dieran por escrito lo que le estaban señalando de forma verbal, ha recibido una nota oficial de la dirección en la que le indican diversa normativa sobre la sustentan que su camiseta es «simbología de carácter político» y que se puede enfrentar a una falta grave o muy grave y que si persiste en su actitud le llevarán ante la Inspección para que estudie si se le tiene que abrir un expediente disciplinario.
«Se trata de fomentar los derechos humanos en un centro de educación. Se trata de explicar que, igual que aquí los chicos pueden venir a clase, hay un lugar en el mundo en el que los centros de educación han sido bombardeados. No sé qué hay de malo en eso la verdad», subraya.
Guillermo está pensando ahora qué hacer. Ya ha hablado con abogados de Comisiones Obreras para estudiar si emprender acciones legales. También quiere hablar con sus compañeros de centro para valorar una acción conjunta «porque sancionar a un profesor es fácil pero si somos más igual les es más difícil. Todo esto es muy raro porque yo solo quería tener un guiño con una realidad que se está viviendo al otro lado del Mediterráneo y traerles esa realidad a los adolescentes para que piensen que no todo es mirar para uno mismo y que lo relacionasen con lo que estudian», concluye.
En Comisiones Obreras creen que con el papel que le han entregado al profesor se pueden estar cometiendo dos delitos, de coacción y de odio. «La normativo en los centros educativos no ampara ningún decoro en la forma de vestir de los trabajadores. Lo que está sufriendo este docente ahora mismo es una situación de hostigamiento. Pedimos que se cese en este tipo de actitudes y que la Comunidad de Madrid dé la cara, proteja al trabajador y pida que se cesen estas actuaciones en los puestos de trabajo», explica la secretaria general de Enseñanza de este sindicato, Aída San Millán.
En la misma línea se ha manifestado la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, (PSOE), que dice que «en esta Comunidad de Madrid de la libertad que tanto pregona Ayuso resulta que nos encontramos con que se coarta no solo la libertad de expresión sino también la libertad de cátedra y también el derecho a vestirse con lo que uno quiera».
Hemos trasladado a la Consejería de Educación la pregunta de si puede sancionar a un docente por ir con una camiseta de fútbol a dar clases y se han limitado a decir que estudian todas las peticiones y solicitudes que les llegan desde los centros educativos. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, zanja diciendo que «para adoctrinamiento y para cuestiones de carácter político ya hay otros foros. Están los parlamentos, las asambleas y la calle. Pero dejemos en paz a los alumnos que van cada día a recibir la mejor formación posible. Que se respete la autonomía de los centros y que no se conviertan los colegios en lugares de propaganda o de política».
Decrecimiento para el bienestar: la urgencia de un nuevo modelo ecosocial
26 de septiembre de 2025
Activar el freno de emergencia
Con esta Conferencia Más Allá del Crecimiento, en el Congreso, activamos colectivamente el freno de emergencia ante un modelo que nos está llevando al colapso ecológico y social. Es una llamada directa a la sociedad y a las instituciones para abrir un debate democrático inaplazable: cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta sin depender de la explotación de otras vidas, humanas y no humanas, presentes o futuras, poniendo la vida en el centro.
Partimos de una situación en la que nuestros modos de vida han sido moldeados por un sistema económico basado en la acumulación sin límites, un sistema capitalista, fósil, patriarcal, colonial y antropocéntrico que no cuida a las personas ni al planeta, que depende de recursos energéticos y minerales limitados, que se apropia de innumerables trabajos de cuidados para sostenerse, y que deja de lado a millones de vidas mientras nos empuja hacia la extinción. Un sistema que carece de legitimidad para guiar la transición ecosocial que necesitamos en un contexto de creciente autoritarismo y deterioro de las instituciones democráticas.
Esta Conferencia da continuidad a la Conferencia Beyond Growth celebrada en el Parlamento Europeo en mayo de 2023, a la que le han seguido hasta el momento conferencias y eventos en Italia, Austria, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Francia, Noruega y Estonia. Todas ellas parten de la asunción que ha guiado desde su nacimiento al movimiento ecosocial y que la comunidad científica, desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, ha constatado: un modelo social y económico basado en el crecimiento sin fin es incompatible con el equilibrio ecológico del planeta y su habitabilidad. Ante esta realidad, es urgente construir una prosperidad socialmente justa más allá del crecimiento, compatible con los límites biofísicos.
El lavado verde y las falsas soluciones
Denunciamos que, en el contexto global y europeo actual, bajo el disfraz de la “sostenibilidad” y el “crecimiento verde” se esconde la voluntad de perpetuar lo insostenible. Se apuesta por una transición energética miope que no plantea un cambio real en los patrones de producción y consumo y se basa exclusivamente en cambios tecnológicos. Se vende la idea de un
desacoplamiento absoluto entre el crecimiento económico y los impactos ecológicos, un desacoplamiento imposible, sobre todo teniendo en cuenta la escala global y ritmo a la que tendría que producirse para evitar el colapso climático, de biodiversidad y de recursos. Se blindan los privilegios de las clases dominantes, ultrarricos y grandes corporaciones, mientras se margina cualquier intento real de transformación. Se tapa el fracaso del sistema capitalista con promesas huecas, mientras el crecimiento del PIB se agita como tótem de una prosperidad que nunca llega para la mayoría ni lo hará para las generaciones futuras. Los resultados de este modelo son evidentes: la crisis ecológica se agrava, la pobreza no ha retrocedido y las desigualdades no han hecho más que crecer, dentro y entre países.
Hoy en día, el dogma del crecimiento económico, permite seguir acumulando riqueza y poder en pocas manos a costa de la vida y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como el de Palestina. El crecimiento económico se ha hecho más difícil en esta última década a medida que se constata que los recursos energéticos disponibles son de menor calidad, los minerales son más escasos y los ecosistemas están más degradados. La carrera por crecer hace que se incrementen todavía más los gastos militares, se precaricen y desmantelen servicios públicos, se refuercen estructuras y violencias patriarcales, se acaparen y destruyan ecosistemas esenciales para la vida, se nieguen derechos básicos como el derecho a la vivienda, el derecho a una alimentación sana o el derecho a migrar, se reprima el derecho a la protesta, se criminalice la disidencia y se ignore la soberanía de los territorios y las comunidades para decidir sobre su presente y futuro, siendo muchos convertidos en zonas de sacrificio dentro y fuera del Estado español.
Por todo ello, ante la inviabilidad e indeseabilidad de más crecimiento proponemos una reducción democrática planificada de la producción y el consumo enfocada en el bienestar social y ecológico en lugar de la acumulación de capital. Un decrecimiento que debe comenzar por los sectores más dañinos y grupos y territorios más privilegiados y ofrecer alternativas de reorganización socioeconómica. Esto no solo conlleva ajustar la economía a los límites planetarios para una sostenibilidad real, sino que también supone cambiar las reglas del juego en favor de una visión de largo plazo, una reorganización democrática de la economía y un cambio cultural que haga posible vivir mejor con menos, rompiendo con las lógicas extractivistas y coloniales del actual modelo económico, que perpetúan modos de vida imperiales.
Hacia un nuevo modelo ecosocial
Dado que los caminos basados únicamente en mejoras tecnológicas son insuficientes al ignorar los límites biofísicos y el cambio cultural necesario, la encrucijada en la que nos encontramos es clara: Transitar a modos de vida más justos, deseables, igualitarios, inclusivos y ecocentrados o seguir acercándonos al abismo de la destrucción y competición militarizada y de creciente desigualdad.
Somos conscientes de que contamos con el saber colectivo acumulado y de que tenemos la capacidad de imaginar y hacer realidad otros mundos posibles. Necesitamos transitar con urgencia a un nuevo modelo ecosocial donde el bienestar no dependa del crecimiento económico y sabemos que esto no es posible dentro del sistema capitalista. Debemos embarcarnos en una transición ecosocial democráticamente planificada basada en la suficiencia de la producción y el consumo, en línea con los informes científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), mejorando las condiciones de habitabilidad presente y futura a la vez que se posibilita la regeneración y equilibrio de los ecosistemas de los que depende la vida en el planeta. Esta transformación debe tener una clara perspectiva ecofeminista como forma de resistencia al sistema patriarcal y ecocida que sostiene este modelo de opresión y explotación, y como motor de alternativas basadas en el cuidado, la equidad, la participación, la justicia socioecológica y una ciencia centrada en los bienes comunes.
Este nuevo modelo ecosocial precisa de una democratización de la economía con mecanismos deliberativos que permitan la participación directa y permanente de la ciudadanía informada por la ciencia y los actores sociales en la toma de decisiones. El decrecimiento ecofeminista no es un sacrificio, sino una oportunidad para reorganizar la sociedad alrededor del cuidado mutuo, la cooperación, la participación y la justicia, asegurando que todas las personas puedan vivir vidas dignas en un planeta habitable, siendo ésta la única forma de atender la brecha global y las responsabilidades históricas y actuales del Norte Global hacia al Sur o Mayoría Global.
Una agenda para un pacto post-crecimiento
Hacemos un llamamiento a lograr un pacto post-crecimiento bajo los principios de justicia global, justicia intergeneracional y cuidado de la vida, reinsertando la economía en su base social y ecológica. Un pacto ecosocial que permita, en primer lugar, responder colectivamente a cuestiones centrales como: ¿Qué actividades económicas es necesario reducir y cuáles ampliar?, ¿Cómo abordamos la transición energética y alimentaria teniendo en cuenta a todos los territorios y comunidades?, ¿Cómo afrontamos los conflictos y oportunidades que nos iremos encontrando en el camino? O ¿Cómo generar más espacios de cooperación para una transición ecosocial y feminista justa? Nos reunimos bajo esta declaración para avanzar en una agenda común post-crecimiento que permita precisamente abrir el debate a gran escala y de forma democrática sobre la transición por delante, a nivel del Estado español y más allá de éste. Para ello, proponemos una serie de medidas que permiten crear condiciones más favorables para este diálogo y para la acción colectiva, desde la situación actual, que constituyen la base y ejes de convergencia desde los cuales profundizar y trabajar en las transformaciones necesarias para poner la vida en el centro, lo cual significa priorizar la satisfacción de las necesidades humanas y ecológicas sobre la acumulación.
Medidas base propuestas
1. Servicios básicos universales con perspectiva público-comunitaria:
• Poner topes a los precios de los alquileres de inmediato y avanzar en la desmercantilización y mejora del parque de vivienda con criterios ecosociales, iniciando planes de rehabilitación para acabar con la pobreza energética, reducir el consumo energético y sacar los combustibles fósiles de nuestros hogares.
• Garantizar el acceso a transporte público asequible y de calidad y movilidad sostenible en áreas urbanas y comarcas rurales, mejorando la calidad, la frecuencia y las interconexiones desde un principio de equidad, en el marco de un proceso de transición hacia una reducción de la movilidad y su descarbonización, que reduzca la movilidad individual motorizada fósil en favor de la movilidad colectiva sostenible y las formas de movilidad activa.
• Favorecer la generación energética distribuida y descentralizada en base a energías renovables (ej. comunidades energéticas solares) en el marco de una transición energética justa, basada en la suficiencia y en la reducción del consumo, en el abandono de los combustibles fósiles y la energía nuclear, y que incorpore criterios de planificación territorial y de justicia global, priorizando el ahorro energético y la eficiencia antes de la generación.
• Asegurar la gobernanza democrática del agua desde un enfoque público-comunitario, que establezca un riguroso control de cauces y acuíferos y dé seguridad en el abastecimiento de agua para consumo humano.
• Impulsar sistemas integrales de cuidados basados en la sostenibilidad de la vida, que integren la dimensión ecológica, fomenten una cultura del cuidado y garanticen equidad y justicia social, de género e interseccional.
• Mejorar y ampliar la cobertura de la salud pública sin depender del mercado, al igual que las instituciones e infraestructuras de cuidado y salud comunitaria dirigidas a promover la salud y a prevenir las enfermedades.
• Asegurar la gratuidad y universalidad de la educación pública en todas sus fases, favoreciendo una educación integral con enfoque ecosocial que incluya la formación de personal docente.
• Poner en marcha los medios necesarios para garantizar universalmente las necesidades en el contexto de reducción y/o restructuración de las múltiples ramas de la economía
con fuertes impactos ecosociales. Una medida que podría favorecer este proceso es una garantía de trabajo ecosocial que permita acceder a un empleo con impactos sociales y ecológicos positivos a todas las personas que lo deseen, favoreciendo una transición justa en los sectores que deben reducirse o transformarse.
• Impulsar marcos regulatorios que incidan en la fase de diseño de cualquier producto para permitir la substitución de componentes y la reparabilidad, aumentando así la durabilidad y eliminando la obsolescencia.
• Activar planes de restauración de la naturaleza que pongan freno a los peores efectos del cambio climático a base de la protección de ecosistemas y la regeneración de los suelos.
• Incrementar la resiliencia frente a la emergencia climática y ambiental con políticas públicas preventivas contra los incendios forestales, las inundaciones y sequías con implicación y recursos disponibles a nivel municipal y territorial.
• Favorecer la co-creación de planes municipales de transición ecosocial como herramientas democráticas y transformadoras con un enfoque público-comunitario.
2. Renta básica universal e incondicional como derecho de garantía de ingresos:
• Poner en marcha una renta básica universal, incondicional, individual y suficiente que garantice la seguridad económica de todas las personas, contribuyendo a las actividades dirigidas al sostenimiento cotidiano de la vida y a la participación social y democrática en la transformación socioecológica.
• La puesta en marcha de esta renta básica se fundamenta en un reparto justo y adecuado de la riqueza social y natural, por lo que su financiación conlleva una redistribución de la riqueza con impuestos progresivos, donde quien más contribuya sea el 1% de la población con mayores ingresos y riqueza, mayores responsables de la crisis ecológica actual, junto a otras medidas de fiscalidad ecosocial.
3. Fin de subvenciones a actividades destructivas y finanzas ecosociales:
• Poner fin inmediato a todas las subvenciones públicas destinadas al sector de los combustibles fósiles y a las industrias de alto impacto ambiental y territorial, como es el caso de la agroindustria, asegurando una transición justa en todos los sectores afectados.
• Una política financiera y monetaria que ajuste los flujos de inversión privados, vía crédito guiado, para alinearlos con objetivos sociales y ecológicos definidos a través de procesos democráticos, anulando la lógica del lucro por lucro.
4. Decrecimiento del sector turístico:
• Llevar a cabo un decrecimiento del sector turístico implica controlar los pisos turísticos, poner límites a las plataformas digitales y a la entrada de visitantes y a los vuelos y cruceros en función de la capacidad de carga de los ecosistemas y el bienestar y dignidad de las poblaciones locales, primando la justicia social y el equilibrio territorial.
5. Transición agroecológica:
• Favorecer el desarrollo de sistemas alimentarios agroecológicos con políticas agrarias y alimentarias que favorezcan la producción ecológica, cuidando la fertilidad del suelo, la biodiversidad, la salud de las personas que trabajan en el campo y a las consumidoras. Esto permite al sector primario romper con la dependencia actual de los insumos fósiles cada día más escasos.
• Incorporar la soberanía alimentaria y biorregional y una perspectiva ecofeminista a la transición agroecológica , apoyando rentas dignas, precios justos, dietas saludables para todas las personas, asumiendo las tareas de cuidados de forma equitativa, y reduciendo el transporte y desperdicio alimentario.
• Priorizar en la compra pública los alimentos ecológicos, de temporada, circuito corto, de empresas de la economía social y solidaria, y favorecer la formación – al personal vinculado – en alimentación saludable y ecológica y desperdicio cero.
• Impulsar un desmantelamiento de la agricultura y ganadería industrializada y contaminante mediante planes territoriales de transición agroecológica justa en los que participe la ciudadanía, que impulsen la producción ecológica y su venta en circuitos cortos, la formación a jóvenes y mujeres agricultoras en manejo agroecológico y el acceso a la tierra a través de bancos de tierra u otras formas de acceso social a la tierra, dando prioridad a residentes en los pueblos para frenar el despoblamiento rural y favorecer el relevo generacional.
6. Impulso de la economía social y solidaria:
• Reforzar la presencia de la economía social y solidaria en sectores esenciales que garantizan necesidades básicas para asegurar que se gestionen bajo principios de cooperación, equidad y sostenibilidad ecológica.
• Impulsar una transición hacia modelos circulares y de decrecimiento, priorizando aquellos sectores esenciales para la vida, y desmantelando dinámicas especulativas en
favor de actividades comerciales, industriales, tecnológicas y financieras que se sostengan en fórmulas de economía social y solidaria: cooperativas de producción agroecológica, de comercio justo y de proximidad, supermercados cooperativos, comunidades energéticas, cooperativas de vivienda en cesión de uso y, las finanzas éticas, que impulsen iniciativas que garanticen justicia social y sostenibilidad ecológica.
• Incorporar cláusulas sociales y ambientales en las contrataciones públicas para dar prioridad a los modelos empresariales de la Economía Social y Solidaria.
• Incorporar en los currículos educativos empresariales el modelo de empresa de Economía Social y Solidaria, basado en la toma de decisiones compartida, diversas y democráticas que impulsen la participación, prestando atención a los procesos y las relaciones, e incorporando en su cultura organizativa la salud emocional y la corresponsabilidad en los cuidados.
7. Reforma fiscal justa y verde:
• Poner en marcha una política de ingresos máximos que permita financiar el conjunto de medidas aquí propuestas, estableciendo un tope a los ingresos en el actual 0,1% con mayores ingresos en el Estado español. Esta política debe integrarse dentro de un nuevo marco fiscal donde quienes más contribuyan sean las empresas más contaminantes y el 1% de la población con mayores ingresos y riqueza.
• Impulsar activamente una fiscalidad justa y verde a nivel estatal, europeo e internacional, con medidas como una agenda tributaria de la riqueza y las rentas del capital, en particular a los “super ricos” y grandes patrimonios y hacer que las grandes corporaciones extractivistas paguen por sus daños al medio ambiente y a las sociedades.
• Tener unos presupuestos públicos que garanticen los servicios básicos, los cuidados a lo largo de toda la vida y la transición ecológica justa.
8. Democracia deliberativa permanente y vinculante:
• Diseñar y poner en marcha mecanismos de democracia deliberativa y directa de carácter vinculante que permitan una planificación ecosocial a largo plazo, como es el caso de las asambleas climáticas permanentes. La participación de la ciudadanía es una herramienta clave contra la corrupción, para construir políticas de suficiencia a gran escala y desmantelar el secuestro de la acción pública por los lobbies y grupos de intereses. En definitiva, más democracia para hacer posibles modos de vida definidos desde una autonomía colectiva que acabe con estructuras tecnocráticas y corruptas.
• Defensa de espacios cívicos y autónomos propicios para el trabajo, expresión y participación de la sociedad civil, dentro y fuera de las fronteras del Estado español, generando condiciones favorables para ello.
9. Protección de derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza:
• Poner en marcha las medidas legislativas necesarias para proteger los derechos de las generaciones futuras a un planeta habitable.
• Poner en marcha las medidas legislativas de justicia ecológica necesarias para dotar de derechos a la naturaleza, siguiendo el precedente del Mar Menor y los diversos casos a nivel internacional; así como salir de la postura antropocéntrica utilitarista para desarrollar una teoría legal con visión ecocéntrica que reconozca el valor intrínseco de la naturaleza.
• Generar y publicar una métrica ecosocial de progreso “más allá del PIB” en el lNE.
10. Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión:
• Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión, los ya firmados y aquellos que se estén negociando buscando vías multilaterales de cooperación entre países donde el intercambio comercial priorice el cumplimiento de los derechos humanos y los principios acordados en la COP 21 para frenar el cambio climático.
11. Cancelación de deuda y reparación histórica:
• Llevar a cabo la abolición de las deudas odiosas e ilegítimas con los países del Sur o Mayoría Global y favorecer la transferencia de tecnología junto a la cooperación internacional y otras medidas de reparación de las diversas deudas coloniales históricas entre las que se encuentra la deuda ecológica y climática, desde una perspectiva de solidaridad internacional.
12. Decrecimiento digital:
• Poner la esfera digital al servicio del bien común con herramientas efectivas para evitar burbujas tecnológicas – y de centros de datos -, regular inversiones y proteger derechos.
• En educación y salud y los trámites de la administración, garantizar de manera prioritaria la atención y servicio personal y adaptado, dejando los procedimientos digitales como algo voluntario.
• Garantizar la soberanía digital y la protección de la democracia poniendo coto al poder de las grandes empresas tecnológicas, paralizando los planes de extensión de la vigilancia automatizada e implementando masivamente el uso de software libre en las instituciones públicas.
• Reducir el consumo hídrico, material y energético del sector de las TIC fomentando el uso colectivo de equipos existentes, poniendo fin a la obsolescencia programada y liberando internet de los oligopolios para favorecer su desacoplamiento de los grandes nodos y su uso descentralizado. Esto implica establecer una moratoria a la construcción de centros de datos.
Próximos pasos y compromiso colectivo hacia 2026
Estas medidas, junto a otras que nos comprometemos a seguir impulsando, profundizan en un nuevo modelo ecosocial donde lo que está en el centro de la economía es la vida misma y todo lo que permite que se desarrolle con dignidad. Para ello es preciso avanzar en una gobernanza global que prime la redistribución, los derechos humanos, la democracia económica, y la resiliencia ecológica y social, haciendo posible el bienestar colectivo dentro de los límites planetarios, superando la ficción del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva reaccionaria que pretende monopolizar el control de recursos naturales desde un fascismo fósil. De este modo, los colectivos, organizaciones y personas firmantes de esta Declaración nos comprometemos a celebrar en la primera mitad de 2026 un Foro Social que profundice en la puesta en práctica de los principios y medidas aquí presentadas.
Un espacio de deliberación democrática por un nuevo modelo económico
La Conferencia Más Allá del Crecimiento será un espacio de deliberación democrática por un nuevo modelo económico que tenga como base el cuidado de las personas y el planeta. El resultado que se busca es sentar las bases de un nuevo pacto social que nos ayude a superar la dependencia que tiene nuestra economía del crecimiento económico y de relaciones globales desiguales, lo que supone atender la crisis ecosocial actual en sus diversas dimensiones y hacer posible una vida digna para todas las personas dentro de los límites planetarios.
La Conferencia tendrá lugar el día 26 septiembre de 2025 en Madrid, en el Congreso de los Diputados.
Son numerosas las iniciativas y organizaciones en el estado español que han venido defendiendo y poniendo en prácticas desde hace décadas modelos de organización de la vida en favor del bien común más allá del crecimiento. Al mismo tiempo, hay un número de voces crecientes desde la academia, la sociedad civil y el activismo que reclaman un cambio sistémico hacia el bienestar colectivo, la democratización de la economía, la distribución de riqueza y poder y el respeto a los límites del planeta y los derechos de las generaciones futuras como medio de resolver la crisis ecosocial actual. La Conferencia Más Allá del Crecimiento pretende ser un altavoz y un espacio colectivo de construcción entre todas ellas.
Attac España, La sociedad civil, los sindicatos y los grupos de interés público afirman a la presidenta Von der Leyen, a los comisarios europeos y a los Estados miembros de la UE que nuestros derechos, nuestro planeta, nuestra salud y nuestra justicia no están en venta.
La UE se arriesga a una nueva competición a la baja. Bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, la Comisión Europea planea una ola sin precedentes de recortes drásticos en las regulaciones que protegen los derechos laborales y sociales, los derechos humanos, los derechos digitales y el medio ambiente. La Comisión y los Estados miembros de la UE podrían dedicar los próximos cuatro años a desmantelarlas normasque rigen para las empresas que operan en la UE.
Las normas diseñadas para garantizar una vida justa, equitativa y saludable ya se aplican de forma deficiente. A pesar de las claras advertencias, ahora se están retirando, debilitando o vaciando de contenido a un ritmo sin precedentes.
Ocho meses después de su mandato, es evidente que el nuevo «esfuerzo de simplificación sinprecedentes« de la Comisión significa en realidad «desregulación». Las regulaciones que nos protegen a todos de los excesos de la avaricia corporativa, que garantizan que podamos respirar aire limpio y llevar una comida saludable a la mesa de nuestras familias, están siendo recortadas. Las normas que garantizan que podamos trabajar en condiciones justas y seguras, proteger la naturaleza, combatir la discriminación, combatir la corrupción, tener acceso a productos financieros justos y seguros, e impedir que las corporaciones violen nuestra privacidad digital — que nos mantienen a todos seguros hoy y mañana— están siendo recortadas.
La insistencia de la Comisión en que se trata de eliminar la burocracia superflua no se sustenta en la realidad. Afirmanque confiar en que las empresas hagan lo correcto hará al bloque más «competitivo» y que es necesario recortar las normas para impulsar la «innovación» de las empresas de la UE. Pero muchos casos tristes de la historia de la UE cuentan otra historia, como la crisis financiera y el Dieselgate.
Se están recortando las normas de la UE para que los accionistas puedan explotar a las personas y al planeta con menos límites. Nuestra protección se está vendiendo a cambio de beneficios, y nuestra confianza en la democracia se está erosionando.
acceso de las empresas. Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil que representan diversos intereses sociales corren el riesgo de ser marginadas por los responsables de la toma de decisiones. Para empeorar la situación, las agencias y organismos encargados de hacer cumplir la ley se ven obstaculizados por políticas de austeridad que recortan sus presupuestos y personal.
La Comisión Europea y el Consejo de los Estados miembros de la UE intentan recortar nuestras protecciones casi a diario. Varias propuestas importantes se han aprobado precipitadamente, sin que la Comisión cumpla con su deberde elaborar evaluaciones de impacto vitales. Esto se ve agravado por el uso del «procedimiento de urgencia», que impide un debate democrático en el Parlamento Europeo.
Los principios de la elaboración de normas son vitales para la democracia. Al tomar atajos, la Comisión silencia las voces críticas y reabre legislación que ya fue resultado de un proceso democrático y, por lo tanto, de un acuerdo entre las fuerzas políticas de la UE.
Esta tormenta perfecta de desregulación corre el riesgo de empoderar a la extrema derecha y a las fuerzas antidemocráticas, propiciar la corrupción, aumentar las desigualdades, frenar la urgente acción climática y la protección del medio ambiente, y privar a las comunidades y a los trabajadores de protecciones y servicios esenciales. La agenda de «simplificación» ya ha ido demasiado lejos:
La rendición de cuentas de la corporaciones y la justicia están más lejos que nunca: La Comisión y el Consejo han socavado drásticamente la acción climática, la protección ambiental y lasobligaciones en materia de derechos humanosen las cadenas de suministro, al debilitar drásticamente la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. La transparencia sobre el nivel y los esfuerzos de sostenibilidad de las empresas se está reduciendo drásticamente al reducir significativamente el alcance de la información que las empresas deben presentar en la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y la Taxonomía de la UE.
Nuestros hábitats y biodiversidad podrían perder protecciones esenciales, mientras que las sustancias químicas amenazan la salud pública: La Comisión ha propuesto eliminar lasobligaciones ambientalesde su Política Agrícola Común, incluyendo medidas para proteger humedales y turberas. Las leyes químicas de la UE sobre cosméticos y las normas de etiquetado para sustancias químicas peligrosas están siendo objeto de crítica, mientras que existen indicios preocupantes de que la prohibición integral propuesta de las «sustancias químicas permanentes» (PFAS) se debilitará.
Se reduce la presión sobre las industrias contaminantes: Los retrasos en los planes de transformación obligatorios para que las plantas industriales contaminantes sean más limpias, el ciclo de los materiales usados más circulares y respetuosas con el clima están socavando la transparencia pública y la responsabilidad corporativa en la transformación industrial.
El debilitamiento de los objetivos climáticos responde a los deseos corporativos en lugar de a las necesidades planetarias: la Comisión, con un fuerte respaldo de los Estados miembros de la UE, ha propuesto un objetivo para 2040 de reducir las emisiones en un 90 % en comparación con 1990, que incluye planes para debilitar la arquitectura política establecida a través de la legislación climática mediante la introducción de diversas formas de flexibilidad. La introducción de créditos internacionales dentro de los objetivos climáticos de la UE reduciría el nivel de ambición de la UE en comparación con un objetivo puramente nacional, que ya está por debajo de su cuota justa global.
Una década de progreso en materia de derechos digitales podría verse desbaratada: la reapertura de lacolumna vertebral de laregulacióndigital de la UE—el Reglamento General de Protección de Datos— implica que los datos sensibles de las personas podrían procesarse sinprotección. Nuevos ataques a leyes previstas, como la Ley de IA y el Paquete Digital, podrían socavar las normas que protegen nuestra vida digital contra los daños de la IA y la vigilancia por parte de actores estatales y corporativos.
Una competición a la baja para las personas trabajadoras: Se avecinan recortes en los derechos laborales y protecciones sociales, ya que la propuesta prevista para un «28º régimen» ofrecería a las empresas un conjunto de normas europeas más permisivas. Esto abre la puerta a la elusión de las leyes laborales nacionales y los derechos sindicales.
Más pobreza: La Comisión pretende redirigir los fondos de lucha contra la pobrezapara apoyar a empresas e industrias, incluidas las tecnológicas y de defensa.
El camino hacia una sociedad justa y equitativa se erosiona ante nuestros ojos: La retiradade la Directiva Horizontal contra la Discriminación indica claramente que las personas y los derechos no son una prioridad para la Comisión Europea. El único ámbito en el que se están incrementando las nuevas normas es el de las sanciones y la vigilancia de las comunidades marginadas, en un contexto de aumento del gasto, la legislación y las políticas centradas en la criminalización, la vigilancia y la militarización.
Reformas financieras revertidas, allanando el camino para otra crisis: Se están introduciendo retrasos y numerosas excepciones en los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión acordadas internacionalmente tras la crisis financiera mundial de 20072009. Estas normas tienen como objetivo garantizar que los bancos gestionen sus riesgos con suficientes colchones para amortiguar las pérdidas. Paralelamente, podrían eliminarse las medidas destinadas a apoyar las prácticas financieras sostenibles.
Con estas medidas —una pequeña selección de las numerosas propuestas, iniciativas y estrategias de desregulación— la Comisión afirma estar haciendo que Europa sea más atractiva para las empresas y más competitiva a nivel internacional. Al hacerlo, está creando un mundo tóxico y menos equitativo para las personas trabajadoras, las familias y las comunidades vulnerables, y un campo de juego desigual para las empresas que desean llevar a cabo sus negocios de forma responsable. A largo plazo, la falacia de que proteger a las personas y el medio ambiente hoy es demasiado costoso tendrá un coste irreversible para nuestra salud, seguridad, derechos, igualdad y libertades en el futuro.
En lugar de desregular, instamos a los legisladores de la UE y de los Estados miembros a proteger y promover los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos:
Aprobar leyes para una mayor protección del bienestar social, las personas trabajadoras y consumidoras, la lucha contra la discriminación, la justicia social, climática y medioambiental, la privacidad y la protección de datos, y contra las sustancias químicas tóxicas;
Exigir mayor transparencia y rendición de cuentas a las empresas, así como acceso a la justicia para las personas perjudicadas;
Asumir la responsabilidad por el impacto negativo de las actividades de la UE, como la minería, la insuficiencia de objetivos climáticos y las sustancias químicas tóxicas, en otras regiones y comunidades.
Facilitar la implementación y el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos, la justicia y los intereses públicos. Proporcionando más recursos a las autoridades responsables de su aplicación, así como orientación y apoyo para la implementación de las normas digitales.
Reforzar la protección de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas.
Garantizar que la sociedad civil, los sindicatos, las comunidades afectadas y otros actores representativos del interés público sean consultados, incluidos y respetados de forma significativa en la legislación de la UE y nacional.
En una época de extrema desigualdad, que incluye la extrema concentración de riqueza, exclusión social y financiera, destrucción climática, retroceso democrático, capitalismo de vigilancia, explotación laboral, discriminación y daños estructurales profundamente arraigados, así como amplias violaciones de los derechos humanos: ¡exigimos más protecciones, no menos!
Firman2:
The European Federation of Public Service Unions (EPSU),
Friends of the Earth Europe (FoEE),
Climate Action Network (CAN),
Global 2000,
Corporate Europe Observatory (CEO),
European Environmental Bureau
Firmar esta carta no significa que todas estas organizaciones compartan las mismas prioridades.
1 Medidas como los «Diálogos de Implementación», las «Consultas Específicas» y las «Verificaciones de la Realidad».
2 No todos los firmantes trabajan en profundidad en todos los temas. Firmar esta carta no significa que todas estas organizaciones compartan las mismas prioridades.
Trump está usando aranceles y amenazas comerciales para intimidar a otros países con el fin de mantener el poder global de Estados Unidos. Aunque las reglas comerciales existentes fueron moldeadas por las corporaciones estadounidenses, recientemente esto no ha sido suficiente para garantizar el dominio de Estados Unidos, por lo que Trump está recurriendo a la fuerza bruta. Para hacerlo, ha explotado las frustraciones reales de la gente trabajadora con el sistema comercial actual para rehacer por la fuerza la economía internacional en beneficio de las grandes empresas estadounidenses.
Hacemos un llamado a los gobiernos para que dejen de apaciguar a Trump. Hacemos un llamado a los grupos de la sociedad civil para que se unan a nosotros en impulsar la resistencia y crear un mundo mejor.
El movimiento por la justicia comercial ha pasado muchas décadas luchando contra las reglas comerciales existentes, los acuerdos de libre comercio y las instituciones como la Organización Mundial del Comercio que priorizan «el mercado» por encima de todos los demás objetivos. Teníamos razón. Las reglas comerciales actuales han destruido empleos decentes, dañado el planeta, alimentado la crisis climática y socavado los servicios públicos vitales. La promesa de que el crecimiento económico sería bueno para todos ha sido una mentira: los beneficios se han entregado a los ricos y las corporaciones más grandes, mientras que la desigualdad ha crecido y las empresas locales han perdido.
Las reglas comerciales globales dañan sistemáticamente a los países del Sur Global. Estas reglas pasan por alto día tras día las necesidades de desarrollo de estas naciones, negándoles las mismas estrategias que impulsaron a los países ricos de hoy—un caso muy familiar de ‘patear la escalera’. Mientras tanto, las grandes potencias, y en particular Estados Unidos, duplican las medidas que perjudican a las economías en desarrollo. Las naciones más pobres quedan, como resultado, encerradas en la exportación de bienes extractivos y de bajo valor, incapaces de diversificar o construir economías resilientes y dinámicas.
Actualmente estamos presenciando un movimiento hacia el fascismo y entre los factores impulsores de esto están las reglas comerciales actuales. Con demasiada frecuencia, a las personas cuyos trabajos y comunidades han sido destruidos en nombre del ‘libre comercio’ se les ha dicho que no hay alternativa al sistema comercial actual y no se les ha dado reconocimiento de sus problemas. Sin embargo, lo que Trump propone no es una solución sino un salto de la sartén al fuego.
Las demandas de Trump son un vale todo de ‘la razón del más fuerte’, que favorecen los intereses de los más ricos del mundo a expensas de la abrumadora mayoría de la humanidad y nuestro medio ambiente. Su clamor para que otros países cambien las leyes y políticas nacionales para adaptarse a los intereses corporativos estadounidenses vacía la democracia y hace de la soberanía, una farsa. Debajo del caos hay una consistencia en sus demandas:
Quemar más combustibles fósiles, torpedear la política climática
Gastar dinero público en el ejército y armas estadounidenses, en lugar de servicios públicos
Abandonar cualquier intento de limitar el poder de las Big Tech
Bajar los estándares en alimentación y agricultura, amenazando la salud de las personas
Otorgar acceso privilegiado para que las empresas estadounidenses despojen a las comunidades de recursos minerales
Dar tratos comerciales ventajosos a Trump y sus compinches multimillonarios
Los gobiernos no deberían apaciguar el acoso de Trump: ceder solo lo ha vuelto más recalcitrante. En particular, cuando los países económicamente más poderosos capitulan, esto deja a otros en la línea de fuego. En su lugar, los países deberían desarrollar una estrategia de cooperación para resistir. Hacer acuerdos individuales ya ha costado demasiado, alentando al matón a regresar y exigir más, golpeando a los países con aranceles más altos y coerción económica de todos modos, independientemente de los sacrificios hechos.
Este no es el momento de volver al statu quo, sino de trazar un nuevo camino hacia adelante. En lugar de luchar por acuerdos individuales o reaccionar de forma aislada a los dictados de Trump, los países deberían unirse para construir un sistema comercial global más justo y enfocado en el desarrollo—uno que resista la espiral descendente de división, intimidación y explotación. Las propias acciones de Trump han mostrado cuán vacíos son los acuerdos de libre comercio y las reglas de la OMC, y esta es una oportunidad para salir de su camisa de fuerza. Mientras figuras autoritarias como Trump desconocen cada vez más el derecho internacional, los líderes no deberían apresurarse a defender reglas comerciales que no están a la altura, especialmente para el Sur Global. En última instancia, sólo podemos derrotar a Trump y al fascismo creando una economía internacional capaz de satisfacer las necesidades de la humanidad y asegurar un planeta habitable. Esto incluye:
Uso de aranceles y otras herramientas comerciales para apoyar el desarrollo y la política industrial estratégica y dirigida, particularmente en países en desarrollo. Nunca como medio para extorsionar cambios en la política doméstica de un país soberano
Respetar el principio de trato especial y diferenciado a favor de los países en desarrollo y menos desarrollados como piedra angular en las reglas comerciales internacionales
Priorizar los objetivos climáticos y de biodiversidad dentro y por encima de los objetivos comerciales
Priorizar los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente el derecho al consentimiento libre, previo e informado, dentro y por encima de los objetivos comerciales
Promover la soberanía alimentaria y las prácticas agroecológicas, incluyendo altos estándares de bienestar animal e ingresos dignos para los agricultores
Promover los derechos de los trabajadores, salarios dignos, trabajo decente y políticas para buscar el pleno empleo
Promover la inversión en servicios públicos
Asegurar la justicia de recursos para los países en desarrollo, especialmente alrededor de minerales ‘críticos’
Regulación efectiva de las corporaciones, incluyendo la economía digital, IA, monopolización y mercados financieros
Asegurar que la política comercial apoye la cancelación de deuda, la justicia fiscal y mejore la asistencia gubernamental
Deshacerse de los tribunales corporativos secretos (formalmente conocidos como ISDS o ICS)
Deshacerse de las provisiones comerciales que limitan el acceso a medicinas
Desarrollar la política comercial de manera abierta, transparente y democrática
En este momento el comercio está sobre la mesa para un debate real—y no podemos dejar que esta oportunidad se escape. Mientras los demagogos tratan de volver nuestra ira unos contra otros, necesitamos que cada movimiento resista. Las viejas políticas neoliberales están fallando y este es nuestro momento para conectar los puntos y combinar nuestras luchas. Activistas climáticos, organizadores de derechos de migrantes, agricultores y comunidades rurales que luchan contra el acaparamiento corporativo de tierras, movimientos feministas, antifascistas y antigenocidio, sindicatos, jóvenes que exigen un futuro—todos estamos luchando contra la misma bestia. Es hora de unir nuestros movimientos y construir el poder que necesitamos para ganar un mundo que funcione para todos nosotros, no solo para los pocos ricos.
Fotografía: Ursula von der Leyen, y el presidente de EEUU, Donald Trump en Irlanda.REUTERS/Evelyn Hockstein
Publicado el en Espacio Público
Paco Cantero. Coordinador de Attac Madrid
La imagen de Ursula von der Leyen en el campo de golf de Trump en Escocia el pasado mes de julio, sonriendo mientras sellaba un acuerdo que estrangula la soberanía europea, quedará como símbolo imperecedero de la capitulación continental.
Hace apenas unos días, el mundo fue testigo de un nuevo y grotesco espectáculo de sumisión en el Despacho Oval: Trump, sentado imponente detrás de su escritorio, recibió como súbditos a la propia Von der Leyen y a otros líderes europeos, a quienes hizo esperar de pie, inmóviles y en silencio, mientras él realizaba una llamada directa a Vladimir Putin en Moscú. Este acto, diseñado para demostrar quién manda, es la perfecta ilustración del vasallaje que Europa acepta.
A juicio de ATTAC España, este acuerdo es la certificación de que la Unión Europea, bajo un liderazgo ilegítimo y opaco, ha aceptado convertirse en vasallo energético, industrial y militar de una administración estadounidense abiertamente hostil. La humillación no es solo económica; es democrática, estratégica y existencial.
¿Quién eligió a Ursula von der Leyen para capitular?
La primera y más grave humillación es institucional, ya que ningún órgano democrático europeo otorgó a Von der Leyen mandato para negociar un acuerdo que compromete el futuro de 450 millones de personas. Su elección en 2024 fue un pacto entre élites en salones cerrados, lejos del Parlamento Europeo y la ciudadanía. Analistas como Alberto Alemanno señalan su estilo presidencialista y la creciente demanda de responsabilidad democrática que ignora. ¿Cómo puede una líder debilitada, que ni siquiera conserva el apoyo unánime de su propio partido (PPE), vender el futuro industrial y energético de Europa, así como renunciar a principios básicos de seguridad de la Unión Europea?
640.000 millones de euros para sustituir una dependencia por otra
El núcleo del acuerdo es un acto de sumisión: Europa comprará 640.000 millones de euros en energía estadounidense (petróleo y gas) en tres años. Este compromiso no solo es económicamente irracional (la energía rusa era significativamente más barata) sino técnicamente inviable y estratégicamente suicida:
Estados Unidos carece de infraestructura (barcos, plantas de licuefacción) para exportar tal volumen, y llevaría años aumentar la capacidad.
Triplicar las importaciones actuales haría que el 60% de la energía europea procediera de EEUU, anulando la diversificación buscada tras la guerra en Ucrania.
La UE, mientras predica la transición verde, firma un pacto que la ata a los hidrocarburos hasta 2028.
600.000 millones de euros para vaciar Europa
El segundo pilar del acuerdo es igualmente lesivo: La UE incentivará a sus empresas a invertir 600.000 millones de euros en EEUU, bajo la amenaza de aplicar un 35% a las exportaciones europeas a EEUU si no se cumple. La Comisión admite cínicamente que no puede obligar a las empresas, pero las presionará. Esto equivale a financiar la competencia y acelerar la deslocalización industrial en sectores estratégicos (tecnología, automoción, farmacia), justo cuando Europa necesita reforzar su autonomía. ¿Qué ha sido de ese informe Draghi que proponía un ambicioso Plan de Inversión Conjunto de 800.000 millones anuales para reforzar la base industrial y tecnológica europea? Europa pagará su propia decadencia industrial.
La imposición de un arancel del 15%: un golpe económico estratégico
Además de las cláusulas de inversión forzada, Estados Unidos ha impuesto un arancel general del 15% a la mayoría de los productos europeos que importa. Esta medida, lejos de ser una mera herramienta comercial, es un instrumento de dominación económica que:
Asfixia la competitividad de sectores clave europeos al encarecer artificialmente sus precios en el mercado estadounidense.
Debilita aún más la industria europea, ya de por sí afectada por la deslocalización y la dependencia energética, al reducir sus exportaciones y marginar su presencia en una de las economías más grandes del mundo.
Fomenta la sumisión comercial, pues la Unión Europea se ve forzada a aceptar estas condiciones asimétricas so pena de sufrir represalias aún mayores en caso de incumplir los compromisos de inversión en Estados Unidos.
Eliminación del principio de precaución: la vida y el ambiente al servicio del mercado
Este acuerdo supone una claudicación regulatoria de profundas consecuencias, ya que la Unión Europea ha aceptado de facto la sustitución del principio de precaución (pilar fundamental de la legislación comunitaria en materia de salud pública, alimentación y medio ambiente) por el principio de mercado. Esto significa que, para no crear barreras comerciales injustificadas, se priorizan los intereses económicos y la libre circulación de mercancías sobre la protección de los ciudadanos y el planeta. Es la victoria de la lógica corporativa sobre el interés general.
Cesión de soberanía financiera: el marco de los criptoactivos
La sumisión se extiende también al ámbito financiero. En 2024, la Unión Europea aprobó un Marco Regulatorio para los criptoactivos (MiCA) que, en su propuesta inicial, pretendía limitar la circulación de stablecoins (criptomonedas estables) basadas en divisas extranjeras, como el dólar, para proteger la soberanía monetaria y financiera de la Unión Europea. Sin embargo, ante las presiones de los lobbies financieros y la administración estadounidense, esta limitación fue eliminada. El resultado es que el euro se ve ahora más amenazado por la posible dominación de stablecoins emitidas por grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses, que operarán con mínimas restricciones en el mercado único. Es otra cesión de soberanía que allana el camino para que el dólar fortalezca su hegemonía incluso en el espacio digital europeo.
Von der Leyen y el Silencio ante el genocidio palestino
La humillación europea ante Trump no es el único frente de sumisión. Existe una capitulación más grave y moralmente obscena: la complicidad estructural de la Unión Europea en el genocidio del pueblo palestino.
Europa no es solo víctima de la humillación trumpista; es verdugo activo por omisión en Gaza. Al priorizar sus intereses comerciales y geopolíticos con Israel y EEUU, ha traicionado sus propios valores fundacionales. Mientras Von der Leyen aguantaba estoicamente su papel secundario en el Despacho Oval, su Comisión bloqueaba medidas que podrían salvar miles de vidas palestinas. Como advierte Agnés Callamard de Amnistía Internacional: La supervivencia de 2,2 millones de personas palestinas en Gaza depende de que la UE actúe. Hoy esa opción brilla por su ausencia. Europa no solo se desindustrializa, además se deshumaniza.
Gastar el 5% del PIB para enriquecer al Complejo Armamentístico Militar Estadounidense
Trump ha convertido la OTAN en un instrumento de chantaje: exige a los aliados dedicar el 5% de su PIB a defensa, so pena de «dejar de protegerles». Von der Leyen y la mayoría de los gobiernos europeos claudican, aun sabiendo que:
Europa no se enfrenta a amenazas existenciales de la magnitud que se pregona. La exigencia carece de una justificación estratégica realista para el nivel de gasto propuesto.
El gasto se desvía a comprar armas estadounidenses: Los enormes presupuestos destinados significan que Europa financia principalmente la industria bélica de EEUU en lugar de construir su propia defensa integrada y soberana.
Se sacrifican políticas sociales: En varios países, se anuncian recortes en pensiones, sanidad y empleo público, mientras se protege el gasto militar y los intereses de la deuda pública, priorizando los intereses de la industria armamentística y financiera.
La ironía es trágica. Europa gasta más que nunca en defensa, pero es más vulnerable al depender de un aliado que la desprecia y la humilla públicamente, obligándola a financiar su propio sometimiento.
Hacia una Europa Soberana: Democracia, Autonomía Estratégica y Defensa Común
La rendición ante Trump no es inevitable. Para ATTAC España, Europa necesita con urgencia:
Reforma democrática radical: La Comisión debe elegirse por sufragio directo y el Parlamento Europeo necesita iniciativa legislativa para que las decisiones vitales dejen de tomarse en salones cerrados.
Autonomía energética real: Acelerar un proceso integral de transición energética para minimizar las dependencias de combustibles fósiles basado en políticas intensivas de ahorro energético, generación distribuida, autoconsumo y sometiendo a una estricta planificación eléctrica, ambiental y territorial, el despliegue de grandes instalaciones de energías renovables y de almacenamiento.
Inversión industrial pública y protección: Un «New Deal» verde y digital europeo, con mecanismos que prohíban las deslocalizaciones estratégicas y fortalezcan la base industrial comunitaria.
Soberanía Tecnológica: Es imperativo destinar recursos masivos (públicos y coordinados a nivel europeo) al desarrollo de tecnologías críticas como los semiconductores, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones seguras y la ciberseguridad. Depender de terceros países en estos ámbitos no solo nos debilita económicamente, sino que nos expone a chantajes estratégicos y limita nuestra capacidad de tomar decisiones autónomas en un mundo cada vez más digitalizado.
Defensa Común Autónoma: Avanzar de manera decidida en la construcción de una defensa europea integrada y soberana, con estructuras de mando y capacidades propias, que permita tomar decisiones independientes y deje de depender de un protector que exige tributo a cambio de desprecio.
Europa necesita rebelarse
Francia ya sufre recortes, Alemania ve desmantelada su industria automotriz, y así irán cayendo todos los países de la UE bajo una crisis de consecuencias imprevisibles. Si Europa no despierta y pone fin a esta serie interminable de humillaciones, será, no una potencia, sino un espacio colonizado por EEUU. Solo nos queda dos alternativas:
Aceptar esta humillación y quedarnos callados asumiendo todas las consecuencias y convirtiéndonos en un espacio irrelevante.
Exigir un cambio de rumbo radical que priorice de manera urgente:
La democratización profunda de las instituciones de la UE.
El rechazo a acuerdos comerciales lesivos y a tratos vejatorios que sacrifiquen la soberanía y la dignidad europea.
La construcción de una autonomía estratégica real en energía, industria, defensa y tecnología.
La dignidad no se negocia. Es el momento de defenderla.
