Son los nuestros tiempos de pánico moral, donde un giro reaccionario y puritano llama a proteger a las infancias de una gran amenaza que, dicen, acecha en las sombras para acabar con el “sensato gobierno de la adultez”: la(s) disidencia(s).
Esta pulguita de textos viene a ofrecer unamirada rebelde y revolucionaria a esta cuestión, poniendo en el centro una reinvindicación histórica de la liberación queer, la emancipación de las infancias y un cuidado antipropietario que acompañe la capacidad de desear en antagonismo con el viejo mundo.
Ante el estigma y la acusación velada de que nuestra mera existencia y organización demuestra que venimos a desviar a la juventud del “buen camino”, nosotres les monstruoses decimos con orgullo: Si, queremos liberar a todes les niñes y derribar el mundo hostil de los adultos, este orden racisheterocapitalista.
Autora: M.E. O’Brien. Editorial: Traficantes de Sueños. 2025. 264 páginas
La más infame consigna del feminismo ha vuelto. De Marx y Engels a las feministas y queers de los años setenta, pasando por socialistas utópicos como Fourier y bolcheviques como Kollontai, la abolición de la familia ha sido el elemento basal de la abolición de la sociedad de clases. Desde la derrota de los años ochenta, sin embargo, había desaparecido junto al resto de horizontes de transformación anticapitalista.
En este libro, M. E. O’Brien rastrea la historia de la imposición de la familia nuclear en paralelo con las transformaciones del capitalismo. Analiza cómo la respetabilidad que otorgaba el modelo de familia burguesa de hombre proveedor y ama de casa fue incorporado por el movimiento obrero, coadyuvando a su pacificación y a su alejamiento de otros sectores de la clase. A partir de las resistencias a este modelo por parte de las subculturas y movimientos queer, negros y feministas, desde principios del XX hasta la Década Roja de 1970, O’Brien avanza nuevas hipótesis de enorme valencia política en torno a qué sería una reproducción social comunista, tanto en términos teóricos como cotidianos.
Hoy la familia está en crisis, los crecientes problema de la acumulación capitalista y del Estado de bienestar hacen cada vez más difícil sostener la vida en los hogares privados. Estos se han vuelto crecientemente ineficientes a la hora de realizar las tareas reproductivas y más opresivos para las personas dependientes. Por eso se ha vuelto urgente pensar otra organización de la reproducción social, otras formas de proveernos de lo que necesitamos para vivir, otros modos de cuidar y amar. Las comunas por venir con las que fantasea O’Brien, a partir de la propuesta de la comunización de los cuidados, bien pueden servirnos para dejar volar nuestra imaginación y nuestros deseos, y finalmente ponernos manos a la obra.
La sombra del Estado, escrito por el colectivo Rosas Negras, se adentra en un terreno que el imaginario popular suele asociar más al cine que a la experiencia cotidiana: las infiltraciones policiales en movimientos sociales. Pero, a diferencia de las narrativas hollywoodenses que glorifican al agente encubierto como salvador de una abstracta “seguridad nacional”, este libro invierte por completo la mirada y devuelve la voz a quienes históricamente han sido deshumanizadas, silenciadas o tratadas como daños colaterales. Aquí no se habla del heroísmo policial, sino de las vidas desgarradas por la manipulación, la traición y la violencia institucional.
Rosas Negras documenta las infiltraciones en el Estado español desde 2022 hasta la actualidad, ofreciendo un relato coral construido desde el dolor compartido, la rabia legítima y la necesidad de comprender cómo el Estado se cuela en nuestros espacios más íntimos. Las autoras no solo registran los casos descubiertos, sino que analizan los patrones de comportamiento de los agentes: rutinas fabricadas, errores cometidos, mentiras recurrentes y estrategias diseñadas para generar confianza allí donde luego se ejercerá control. En este sentido, el libro es también un manual de aprendizaje colectivo: desmonta el mito de la policía infalible y muestra cómo los fallos del sistema represivo pueden ser herramientas para identificar y detener nuevas infiltraciones.
A través de cada caso, el colectivo describe los métodos empleados para destapar identidades encubiertas y cómo estos pueden servir a otros espacios en riesgo. Sin caer en la paranoia ni en el morbo, Rosas Negras aporta claves concretas para construir culturas de seguridad y cuidados que permitan sostener la acción política sin caer en el aislamiento o el miedo. Porque, como recuerdan sus autoras, lo que busca la infiltración no es solo vigilar: es dividir, desmovilizar y quebrar los vínculos afectivos que hacen posible la lucha.
El libro también apuesta por un enfoque histórico que sitúa las infiltraciones como parte de una larga genealogía de represión estatal. Desde el franquismo hasta la actualidad, el Estado español ha preservado intactos muchos de sus mecanismos de control, amparándose en leyes como la de Secretos Oficiales para evitar rendir cuentas. Las operaciones encubiertas, las vulneraciones de derechos fundamentales y la impunidad policial no son anomalías: son pilares de un sistema que necesita neutralizar cualquier disidencia que cuestione su legitimidad.
Frente a la tendencia social a culpabilizar a las víctimas, acusándolas de exagerar, inventar o incluso provocar lo sucedido, La sombra del Estado recuerda que el verdadero problema no reside en las personas afectadas, sino en el entramado capitalista, patriarcal e institucional que hace posible estas prácticas. Transformar ese sistema es imposible sin visibilizar su violencia y sin construir herramientas colectivas para resistirla.
Rosas Negras ha escrito un libro duro, pero imprescindible. Una herramienta de autodefensa política que desvela las grietas del Estado y ofrece recursos para no caer nuevamente en sus trampas. Al mostrar que los infiltrados también cometen errores, el libro abre un espacio de oportunidad: reconocer patrones, fortalecer redes y, sobre todo, reafirmar que la vigilancia institucional no podrá apagar la voluntad organizada de quienes siguen luchando por un mundo sin opresión.
Todo por Hacer es una publicación anarquista que se edita mensualmente en Madrid. Se distribuye de forma gratuita en esta ciudad y se puede descargar en www.todoporhacer.
Punk hardcore melódico vegano. 5 discos (publicados 2019-2023). Madrid
“En cada gesto que desafía a lo establecido, en cada rincón donde florece el apoyo mutuo. Todo un mundo de resistencias entrelazadas levantado con el esfuerzo de compañeras”
Llevamos tiempo dándole vueltas a la idea de publicar un artículo acerca de la importancia de la música para acercar a la chavalada a los movimientos sociales en general y al anarquismo en particular. Muchas personas de nuestra generación no se habrían aproximado a nuestras ideas si no fuera por la existencia de grupos, tanto comerciales como DIY, con letras reivindicativas. Escuchar canciones con referencias a luchas populares nos llevó a acudir a conciertos en okupas, lo cual conduce a asistir a charlas y talleres en esos centros sociales, a alquilar libros en bibliotecas populares o comprar fanzines en distris. Toda esta cultura popular horizontal y alternativa a las lógicas del mercado sirve como puerta de entrada para empezar a militar en asambleas de barrio o estudiantiles, sindicatos, grupos de apoyo mutuo, etc.
La decisión de cerrar nuestro periódico el mes que viene nos ha impedido materializar este artículo que teníamos en mente, pero queríamos aprovechar este espacio para rescatar esta idea y homenajear a algunas de las bandas que nos han acompañado a lo largo de los últimos quince años, transmitiendo mensajes antiautoritarios con sus canciones, amenizando numerosas veladas e, incluso, organizando conciertos para financiar esta publicación. Nos referimos a grupos como Accidente, Troika, Heksa, Duelo, Rude Pride, Venganza, Lökhul (o Los Culo), Kronstadt, Folie à Trois, Ugly Bastards, Furio, Mortal Wombat, Nueva Generación, No Beach, Obediencia, Redneck Surfers, Por la Sombra, Cucarachas Enojadas, A las Bravas, Enolagay, Exceso, Colectivo Pinelli, Escuela de Rock, Majaicans, Ponyboy Onemantrio, Fraga, Krust-y el Payaso, Konflictiva, Cizalla, Vida, Skainhead, Reflector, Necesidad de Luchar, Morralla Libertaria, MC Ben, Eu Libre y un muy largo etcétera. No nos da tiempo a reseñarlos a todos así que, a modo de ejemplo, nos vamos a detener en la banda Acuerdo, por ser representativa del espíritu que queremos reivindicar.
Desde su irrupción en la escena punk en el año 2019, Acuerdo ha demostrado que la urgencia del mensaje puede combinarse con sensibilidad sonora y coherencia ideológica. A lo largo de sus cinco maquetas, este trío madrileño ha ido puliendo un estilo que bebe del hardcore melódico clásico —ritmos intensos, guitarras firmes, energía cruda— pero sin renunciar a melodías claras, coralidad y sensibilidad emotiva.
En sus letras, breves y directas, nos hablan de luchas, de la libertad y de compromisos éticos, con un especial énfasis en la liberación animal. Por ejemplo, su quinta maqueta se centra exclusivamente en el conflicto contra el laboratorio de experimentación animal Vivotecnia. Sus canciones no se limitan a describir injusticias: buscan movilizar —ofrecen rabia, reflexión y un horizonte de esperanza y de cambio colectivo—.
En definitiva, tanto Acuerdo, como el resto de bandas que hemos mencionado, son un ejemplo de que géneros como el hardcore melódico, el punk, el hip-hop, la cumbia, el country, el surf, etc. pueden ser una herramienta de combate y de conciencia, sin renunciar a melodías, honestidad y corazón. Para quien busca intensidad, coherencia y compromiso en cada acorde y en cada verso, Acuerdo merece sin duda la escucha atenta.
Han pasado más de quince años desde que el primer número de Todo por Hacer –un monográfico sobre la huelga general de septiembre de 2010– vio la luz. Unos meses después (en febrero de 2011), decidimos embarcarnos en la aventura de empezar a publicar un periódico nuevo cada mes, que, tal y como escribimos en nuestra presentación, era fruto de “la ilusión y el esfuerzo de varias compañeras por sacar adelante un proyecto autogestionado que contribuya a visibilizar nuestras posturas en un formato –el papel– que, lejos de haberse vuelto obsoleto y anacrónico, sentimos que tiene sus propias ventajas: una cierta perdurabilidad, la difusión ‘mano a mano’, la presencia física en la calle, etc”.
En esa época, muchas anarquistas madrileñas veíamos que nuestras ideas y acciones no hallaban eco entre las personas ajenas a nuestro círculo y que, si bien era un momento de variada y buena contrainformación en la red, entendíamos que se necesitaba dar un paso más y dirigirnos a un público más amplio. Por eso fundamos un periódico gratuito, en el que el dinero no fuera un impedimento para conocernos, que se encontrara en nuestros sitios de referencia (centros sociales, sindicatos, manifestaciones, etc) pero que también estuviera en bares, en el metro, en bibliotecas, asociaciones de vecinas… con el fin de llegar a cuanta más gente, mejor.
Desde entonces, hemos sacado adelante 179 números –incluyendo un par de ellos que, por culpa de la pandemia de 2020, no pudimos imprimir– repletos de artículos de análisis y de opinión, tratando en los mismos “de dar difusión a noticias que vayan más allá de un mero titular, que nos inspiren y mantengan su vigor aun con el paso de las semanas”. Y es ahora, con mucha pena, con la que os anunciamos que este proyecto está llegando a su fin.
Uno de los motivos por los que hemos decidido echar el cierre –quizás el principal– se debe al cansancio que arrastramos. El Todo por Hacer lo conformamos un pequeño grupo de amigas que todos los meses nos peleamos con los elementos para rascarle tiempo a nuestra vida personal, familiar, laboral y de militancia para encontrar tiempo para escribir artículos, buscar fotos, maquetar el número, llevarlo a nuestros puntos de distribución habituales, repartirlos en manifestaciones u otros eventos, enviarlos por correo a nuestras suscriptoras y difundir el contenido por redes sociales. En los últimos quince años nuestras circunstancias vitales han cambiado en muchos sentidos –hemos tenido criaturas, entrado en curros nuevos, hemos pasado por varias mudanzas, etc– y cada mes que pasa vamos acusando el agotamiento que ello supone. Sencillamente, no vemos sostenible continuar con el mismo ritmo. Y es que precisamente, aunque el hecho de ser “un pequeño grupo de amigos” cercanos y afines es una de las razones de que hayamos conseguido llegar hasta aquí, también ha sido un arma de doble filo que ha dificultado la incorporación de nuevas personas al proyecto de forma duradera, quedándonos sin un relevo natural para el proyecto.
Por otro lado, el contexto en el que nació este proyecto ha cambiado radicalmente. A finales de 2010 y principios de 2011 nos encontrábamos sumidas en una gran crisis económica y se respiraba inquietud en las calles, la rabia contra el sistema político y financiero supuraba y parecía que en cualquier momento se podría producir un gran estallido social. Unos meses después, arrancaría el 15-M, se producirían manifestaciones masivas y dos huelgas generales y, con ello, sentíamos que de alguna forma la clase obrera podría superar el sistema tradicional de democracia representativa parlamentaria. Es en este contexto en el que volcamos nuestros esfuerzos a dirigirnos a las personas que no se identificaban necesariamente como anarquistas pero que participaban en los movimientos sociales de la época para mostrarles lo que la organización colectiva, horizontal y asamblearia podía conseguir al margen de los representantes públicos. En otras palabras, nuestra intención no era hacer un periódico de anarquistas para anarquistas (lo cual habría estado más centrado en la teoría o en el debate interno), sino generar una herramienta para que nuestras ideas o interpretación de la actualidad pudieran ser visibles en una manifestación por la sanidad pública, en el mercado del barrio o en nuestro centro de trabajo, todo ello para contribuir a la formación de ideas antiautoritarias, críticas y transformadoras.
Sin embargo, tres lustros después, con la excepción de algunos movimientos como el propalestino, el feminismo y, de vez en cuando, el de vivienda, por lo general los movimientos sociales se encuentran de capa caída y la receptividad hacia nuestras ideas, también. El asentamiento de las ideas de la ultraderecha en el sentido común colectivo, las apuestas institucionales de experimentos fallidos como Podemos y Sumar que desmovilizaron al asamblearismo horizontal, la represión a los movimientos en general y al anarquismo en particular y la erradicación de espacios como centros sociales okupados, asociaciones vecinales cedidas, bibliotecas populares, etc. han reducido considerablemente nuestro ámbito de influencia.
Es un hecho que cada vez nos lee menos gente. En nuestra “época dorada” la tirada de nuestros números en papel podía ascender a los 3.500 ejemplares algunos meses y los artículos de nuestra página web tenían unos 6.000 lectores (cifras que, además, se dispararon durante los meses que duró la pandemia y nos encontrábamos confinadas). Sin embargo, la forma de acceder a noticias –o, incluso, se puede hablar de consumirlas– ha cambiado drásticamente en los últimos años y cada vez se lee menos. Los podcasts y los vídeos en redes están desplazando a los artículos en internet y, en mayor medida, en papel. Por esta razón (unida quizás a un deterioro en la calidad de nuestros artículos y una disminución de nuestra actividad en redes), actualmente nuestra tirada en papel es de 1.500 unidades y nuestros artículos reciben 300 visitas a lo sumo. No es tanto que pensemos que el formato papel ha quedado obsoleto (aunque quizás para gran parte de la generación más joven sí lo esté), al contrario, creemos que sigue teniendo cierta cabida. Sin embargo, el esfuerzo requerido a día de hoy para difundir el proyecto y hacer llegar la publicación a más gente es mayor que hace unos años (a nivel de redes sociales, por ejemplo) y nuestras fuerzas y nuestra red de apoyo han menguado: nos acercamos a los 40 años y estamos cada vez más desconectadas de los movimientos y colectivos más jóvenes y de sus espacios. Además, las manifestaciones multitudinarias en las que repartíamos el periódico todos los meses, ahora no son tan frecuentes. Por todo ello, queremos dar paso a nueva generación que puede comunicar ideas antiautoritarias de formas diferentes, llegando a un público más amplio, a través de los formatos que vean oportunos.
A pesar de todo, no queremos ser derrotistas y pensar que no tiene ningún eco todo lo que hemos hecho hasta ahora. Aun con todo, a día de hoy siguen siendo muchísimas las personas y colectivos que apoyan al Todo por Hacer de muchas maneras: escribiendo o proponiendo artículos, enviándonos reseñas, repartiendo el periódico, donando dinero… Después de pasar años sudando la gota gorda para conseguir pasta haciendo conciertos, rifas y lo que se nos ocurriera, por fin logramos que el proyecto se autofinancie mediante las suscripciones, que además han hecho también que la distribución de más de la mitad de la tirada salga por esta vía, y que han seguido sumando espacios de distribución hasta el último momento, con más de 30 espacios de todo tipo donde se puede encontrar fuera de Madrid (centros sociales, librerías, bibliotecas, bares, comercios, etc). Gente que nos sigue escribiendo para agradecer, para rebatir, para aportar… Demasiada gente y demasiados proyectos sin los que nunca habríamos conseguido esta constancia y que han seguido ahí hasta el último momento. Un enorme GRACIAS no es suficiente para transmitir las fuerzas que nos habéis dado y lo que nos habéis hecho sentir. Cuando pensamos en quienes nos habéis ayudado a sacar adelante este proyecto se nos viene a la mente una letra del cantautor Producto Interior Bruto: “Os he visto esforzaros por aquéllo en lo que creéis, y a que pase el tiempo y que ahí permanecéis. Os veo dándole vueltas a cómo mejorar, pensando en ciertos temas que os preocupan de verdad. […] Os he visto creando aquéllo que queréis crear, o al menos intentándolo con fuerza y voluntad. […] Y sé que tengo suerte de teneros cerca; no encuentro belleza en los que nunca se rebelan”.
El hecho de que estemos dando un paso atrás no quiere decir que no estemos orgullosas de todo lo que hemos hecho al sacar, de forma ininterrumpida, 179 números de nuestra publicación, en los que hemos abordado debates importantes, hemos informado de luchas sociales, hemos colaborado con campañas urgentes y hemos proporcionado un altavoz a asambleas de vivienda, a sindicatos de base, a sindicatos de barrio, a asambleas vecinales, a colectivos contra la gentrificación, a organizaciones feministas, antirracistas, de defensa de los derechos LGTBIQ+ y de las personas trans, antifascistas, a grupos antirrepresivos y anticarcelarios, etc. Todo ello escribiendo artículos que bebían de influencias muy diversas, con estilos e ideologías distintas y con las que podemos tener nuestras diferencias, pero con los que hemos encontrado espacios comunes –como el antifascismo, la solidaridad contra la represión, el feminismo, la defensa de los derechos conquistados, etc– para trabajar de forma colectiva y horizontal para dar respuestas colectivas a los problemas más graves de nuestros entornos (desahucios, despidos, redadas racistas, represión policial, etc).
Con el orgullo de haberlo hecho lo mejor que hemos sabido, anunciamos el inminente fin de este proyecto. No queríamos cerrarlo sin avisar previamente, puesto que no nos gustan los finales abruptos; pensamos que es preferible avisar con un mínimo de antelación e informar de nuestro proceso interno. Sacaremos nuestro último número (que será el 180) el próximo mes de enero, cuando cumplamos exactamente quince años. Así nos despedimos con un número redondo. Nos habría gustado llegar a los 200, pero eso supondría aguantar casi dos años más y no nos da la vida.
Quizás este adiós no sea totalmente definitivo. No nos vemos capaces de seguir con el ritmo de la publicación mensual, pero nuestra intención es ir sacando, de vez en cuando, algunos números monográficos dedicados a temas relevantes. Y, en cualquier caso, nos seguiremos viendo en las calles y en nuestros espacios cercanos.
Cuando publicamos el número 150 de Todo por Hacer en julio de 2023, escribimos que “para que cualquier proyecto surja y sobreviva, se necesita creérselo y tirar para adelante con constancia y dedicación. También, y para evitar el pesimismo y la sensación de inutilidad o de derrota, creemos que es importante ser conscientes de que las luchas y las militancias tienen ciclos, momentos de explosión y de reflujo y que con ello debemos convivir y adaptarnos, tratando de seguir vivas en los momentos en los que parece que no tenemos incidencia para estar siempre preparadas para cuando llegue nuestro momento”. Como ya hemos dicho, ya no tenemos fuerzas para seguir con la misma constancia y dedicación que antes, pero nos encantaría que surgiera otro proyecto similar al nuestro y continuara con esta labor. Porque insistir e insistir, crear lazos solidarios con otros proyectos y personas y marcarse objetivos que sean realizables en el corto plazo, pero bellos y motivadores en el horizonte, puede ayudar a nuestros proyectos sean duraderos y que puedan ser un ejemplo de que una sociedad libre e igualitaria es posible.
Es un centro social autogestionado, también un sindicato de barrio, en Vallekas – Madrid. Además, contamos con una librería asociativa (malaletra) y una taberna vegana (Veguiterráneo). Es la casa de 14 colectivos: el sindicato de vivienda PAH Vallekas y la Escuelita PAH, la Red de Apoyo Laboral, las clases de castellano, Bahllekas y otro grupo de consumo ligado a Huerta Pepines, el grupo feminista Ariskas, Orgullo Vallekano, la Despensa Solidaria / Nodo de producción, RadioVk, el Club Deportivo Puerto de Vallekas, Bloke Gorde, Escuela de las Periferias y SinPoli. Es un local accesible, con un gran salón de actos y cuatro salas para reunirnos, en frente del parque Amos Acero, entre la Albufera y San Diego.
¿Cómo surge el proyecto y en qué consistía en los primeros años? ¿Cuáles eran (o son) sus objetivos?
La Villana de Vallekas empieza en 2013 a partir de otro proyecto anterior llamado Oficina de Derechos Sociales (ODS) del centro social okupado Seco. En 2013 alquilamos un taller de dos plantas a partir de cuotas de socios, y continuamos nuestra actividad de sindicalismo social en torno a las fronteras y la vivienda. Formábamos parte de la Comisión de Vivienda de la Asamblea 15M de Puente de Vallekas, y luego nos convertimos en PAH Vallekas; continuamos también con las clases de castellano y los talleres de derechos; y se incorporaron nuevos colectivos, como Orgullo Vallekano, que lucha por los derechos sociales LGTBIAQ+ alejados del “capitalismo rosa”; y la Despensa Solidaria, que autogestiona un banco de alimentos con el lema “No es caridad, es justicia. Del barrio para el barrio”.
La Villana tiene varios objetivos: 1) construir estructuras autónomas de producción y reproducción, esto es, construir estructuras organizativas que nos permitan gestionar nuestras vidas de forma colectiva con la menor dependencia del mercado y del Estado (por ejemplo, con la recuperación de viviendas, la producción agrícola, la autofinanciación); 2) luchar en nuestros conflictos cotidianos de forma colectiva: en vivienda, empleo, papeles, alimentación, violencias, los distintos colectivos tienen asambleas de asesoría colectiva y acción directa, para defendernos y también atacar las formas de explotación y opresión que vivimos; 3) a través de las luchas, hemos ido creando una comunidad y aspiramos a relacionarnos entre nosotrxs de otras formas, más libres, horizontales y cooperativas, poniendo en el centro también la parte más material de esta cooperación y generando espacios de cultura, deporte, encuentro y fiesta accesibles y subversivas.
Hace poco os habéis mudado de local. Contadnos qué os ha llevado a este cambio, cómo ha ido el proceso (también a nivel de financiación, logística, etc), y qué características y espacios tiene el nuevo local.
En el antiguo local estábamos alquilados y el dueño quiso subirnos un 50% el alquiler; estuvimos buscando alternativas pero todas necesitaban obras y para eso teníamos que pedir préstamos, y sabíamos que a los 7-10 años nos iba a volver a echar. Así que empezamos a echar cuentas, inspirados por otros centros sociales y proyectos que se han lanzado a comprar. Estuvimos debatiendo entre nosotrxs y vimos que sí teníamos una gran voluntad de permanencia en el barrio y compromiso a largo plazo con el proyecto. Gracias a Coop57, la cooperativa de finanzas sociales y solidarias, y la gran cantidad de donaciones que recibimos de amigxs, pudimos comprar el local actual hace dos años. La letra, como antes el alquiler, la pagamos con la cuotas de socios, que somos ahora mismo unos 400. Las obras acabaron y nos pudimos mudar este marzo de 2025.
En la actual Villana hay dos empresas políticas, la librería Malaletra y la taberna Veguiterráneo, que son también la entrada al centro social. Contamos con un salón de actos para unas 100 personas y cuatro aulas para unas 10-15 personas, aquí se dan las clases de castellano y la Escuelita PAH; una de la aulas se utiliza también para hacer radio, con Radio Vk. Ya estamos a toda marcha y todas las semanas hay presentaciones de libros, debates y reuniones. Nuestro propósito es usar mucho más y hacer actividades en el parque Amos Acero, que está en frente y cuenta con unas gradas, pero el Ayuntamiento no lo está poniendo fácil, como al resto de colectivos del barrio.
¿Qué colectivos se juntan en el espacio, y qué relación tienen con la asamblea del centro ¿Cómo os organizáis? ¿Sois una asamblea abierta? ¿Los colectivos forman parte de la asamblea? ¿Cómo se puede participar en la Villana?
Tenemos dos asambleas mensuales y varios grupo de trabajo. Los primeros jueves de mes es la asamblea coordinadora, donde van enviados de los colectivos y los grupos de trabajo para tratar el cotidiano del espacio, tanto cuestiones de gestión como políticas. Los terceros findes de mes, tenemos la asamblea plenaria donde acudimos todas las personas de todos los colectivos, y las personas que quieren incorporarse, para tratar temas con más profundidad, debates, puesta en común de proyectos, propuestas a otros colectivos… Los grupos de trabajo son comunicación, gestión y burocracia, ocio y fiestas, decoración, y secretaría técnica; la limpieza la hacemos rotativa entre colectivos; y hay grupos de proyectos comunes como “sindicato de barrio” y “gestión comunitaria de las violencias”.
La bienvenida a las personas nuevas, que quieren conocer o incorporarse la La Villana, es antes de la asamblea plenaria de fin de semana; la propuesta es que empiecen a participar en el colectivo que más les interese. Se pueden pedir salas para hacer reuniones o actividades a través de la web o el mail, pero lo cierto es que con todxs lxs que somos, ocupamos casi todo el espacio con nuestras actividades. No pueden ser parte del centro social (sí reunirse de forma puntual) colectivos vinculados a partidos políticos.
Contadnos qué tenéis en mente para los próximos tiempos. ¿Qué actividades, proyectos o novedades estáis realizando o tenéis planeadas próximamente?
Estamos todavía aterrizando en el espacio. Nos gustaría vincular mucho más nuestras luchas, vivienda, empleo, papeles, alimentación, violencia, están todas muy relacionadas y sin embargo las luchamos por separado. Nos gustaría ponerlas además en relación con la crisis ecosocial y pensar prácticas de futuro en este sentido. Nos gustaría también establecer más alianzas en el barrio y en la ciudad. Los últimos años de la compra y la mudanza han sido de mucho trabajo interno, interesante y productivo porque hemos debatido más entre nosotrxs y, de La villana antigua que era más un contenedor de colectivos, ahora somos un centro social más entrelazado y con más horizontes compartidos. Ahora toca mirar para fuera y hacer alianzas y proyectos, más allá de las que tiene cada colectivo; pensamos por ejemplo en una “Red de estructuras populares y comunitarias”, inspirados por la XEPC de Manresa, o en construir “Instituciones barriales autónomas” a partir de un nuevo proyecto llamado El Puchero. Seguiremos peleando en cada uno de los conflictos en los que estamos, por quedarnos en nuestra casas o recuperar vivienda vacía, por nuestros derechos laborales y por derechos laborales para lxs que no tienen, por papeles y comida buena para todxs, contra el racismo y el fascismo (que está fuerte en los barrios con Desokupa), por un mundo feminista y disidente… pero queremos escalar el conflicto, lo queremos todo.
«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.
Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.
El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]
La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):
Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.
Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.
Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.
Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a lahuelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.
La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.
En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:
Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.
Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.
En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.
En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.
“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.
Han pasado ya cincuenta días desde que la plantilla de Gazc Sevilla S.L., empresa del sector aeronáutico, decidió plantarse. Lo hicieron el 6 de octubre, convocando una huelga indefinida bajo las siglas de CNT Sevilla. Medio centenar de jornadas después, el pulso sigue firme, sin visos de acuerdo y con una certeza: “Los ánimos no decaen. Estamos más unidos que nunca y haciéndole frente a la empresa”, asegura Jesús, uno de los trabajadores en huelga.
La chispa saltó tras meses de incumplimientos: categorías profesionales ignoradas, recortes ilegales en el abono de vacaciones, imposiciones en el calendario y pérdida progresiva de derechos. “Siempre hemos estado en triple turno, con noches muy mal pagadas porque el convenio nos deja vendidos. Las tardes son horrorosas y la empresa obliga, aunque digan que no, a echar horas extras”, denuncia Jesús.
La creación de la sección sindical de CNT en mayo fue la respuesta a una oleada de despidos y al hartazgo acumulado. La empresa, lejos de negociar, rechazó todas las reivindicaciones. La asamblea decidió entonces ir a la huelga indefinida con objetivos claros: reconocimiento de categorías, mejoras para quienes trabajan en nocturnidad, estabilidad en el empleo y fin de los recortes. “Si no tuviéramos esta caja de resistencia y el apoyo del sindicato, no hubiéramos aguantado 50 días como llevamos”, admite Jesús.
La dirección de Gazc Sevilla no ha movido ficha. “Ellos siguen aparentando que todo va bien, que sacan la producción, pero desde fuera se ve que no llegan. Están tirando de esquirolaje interno y externo, echando horas extras, dejando máquinas andando”, relata el trabajador. Incluso han recurrido a prácticas ilegales: “Ya los hemos cogido trabajando fines de semana, tenemos vídeos y denuncias en la Guardia Civil. Se exponen a sanciones”.
La empresa, que recibe cuantiosas ayudas públicas, prefiere asumir pérdidas, pagar seguridad privada —“22.000 o 23.000 euros al mes”— e instalar cámaras antes que atender unas demandas que los huelguistas califican de “modestas”. “No es por dinero, no ceden por orgullo. No quieren dar su brazo a torcer ante una huelga”, sentencia Jesús.
La huelga ha fortalecido la afiliación: de 20 a casi 40 trabajadores en la sección sindical. “La gente lo ha visto claro: el sindicato es una herramienta válida. Sin CNT, esto no sería posible”, afirma. La Caja de Resistencia y el apoyo de colectivos sociales como Barrios Hartos y Gente de barrio sostienen la moral alta. “Hay días buenos y malos, pero siempre hay compañeros que te levantan cuando flaqueas. Si uno está mal, otro va y lo anima. Así estamos aguantando”, confiesa Jesús.
El conflicto ha destapado también el papel de otros sindicatos. “UGT siempre ha estado del lado de la empresa. Nunca han conseguido nada para los operarios, solo para los de turno de mañana. Ahora han sacado comunicados contra nosotros, incluso cuestionando la legalidad de la huelga”, denuncia Jesús. “Siempre que levantábamos la voz, nos daban de lado. Esta vez no ha sido diferente”.
Las demandas son claras y concretas. “El acuerdo ideal pasa por dos puntos: un plus de 150 euros para compensar las horas extras que otros echan y nosotros no podemos, y vacaciones más flexibles para conciliar con la familia. Si en verano cierran tres semanas, que nos den una a elegir en otra fecha”, explica Jesús. “Si la empresa acepta eso, se puede llegar a un acuerdo. Pero no vamos a negociar a la baja”.
Para entender la magnitud del conflicto, conviene saber qué hacen estos trabajadores: “Realizamos mecanizado de piezas aeronáuticas. Somos el primer eslabón, el más importante, porque si nosotros no producimos, el resto no puede trabajar. Y somos los que peor estamos: tres turnos, noches mal pagadas y presión constante para echar horas extras”.
La pregunta flota en el aire. ¿Cuánto más puede durar? “Es cuestión de tiempo. Pero llegará el momento en que tengan que sentarse sí o sí”, asegura Jesús. Su predicción: “No creo que aguanten mucho más. Van tarde en las entregas y se exponen a denuncias. Yo creo que será antes de lo que muchos esperan”.
Mientras tanto, la huelga sigue marcando el ritmo en Gazc Sevilla. Una lucha que, más allá de las cifras, habla de dignidad obrera frente a la soberbia empresarial. Porque, como repiten en el piquete, “si no peleamos nosotros, nadie lo hará por nosotros”.
El crecimiento del movimiento animalista en Madrid tiene citas que ya son tradición. Este domingo, la tercera edición de Animalia Libertaria confirmó su consolidación como uno de esos encuentros imprescindibles donde la comunidad antiespecista no solo recauda fondos, sino que fortalece sus lazos. Con diez asociaciones beneficiarias, el mercadillo demostró cómo la solidaridad se traduce en acción concreta.
La mañana comenzó con el ajetreo característico de los voluntarios montando puestos, pero con una novedad significativa: la mayor diversidad de asociaciones participantes. Protectoras de perros, santuarios de animales de granja y colectivos de colonias felinas compartían espacio, creando un ecosistema completo de cuidado animal. En el puesto de «Soy Positivo», dedicado a gatos leucémicos e inmunos rescatados, una voluntaria explicaba: «Cada euro significa una ayuda para comprar pienso cada mes».
Uno de los momentos más impactantes llegó con la performance de Madrid Animal Save. Pusieron sus pantallas con un vídeo de los animales sacrificados en mataderos de dos minutos que, si lo veías, te recompensaban con un bono de 2 € de descuento en la comida/bebida del evento. La acción, breve, pero intensa, logró captar la atención incluso de los que ya llevamos tiempo difundiendo el antiespecismo.
La zona de comida vegana se convirtió en un punto de encuentro bullicioso y festivo. La oferta gastronómica ha evolucionado notablemente desde las primeras ediciones, con diferentes opciones caseras de 7 asociaciones diferentes junto a bebidas de proveedores ecológicos y veganos. Es un placer ver disfrutar a la gente sin que ningún animal pague con su vida.
Lo más valioso de esta edición fue quizás su capacidad para mostrar las diferentes facetas del movimiento. No solo se hablaba de adopción, sino también de justicia climática, consumo responsable y políticas municipales. Había fanzines de diversas temáticas con los que profundizar en diversas temáticas interseccionales que nos afectan en nuestro día a día.
Al finalizar la jornada, con las cajas llenas de donaciones y los teléfonos con nuevos contactos, los organizadores miraban satisfechos el resultado. Más que un mercadillo, Animalia Libertaria se ha convertido en ese espacio donde los que luchan por los animales cargan pilas, encuentran complicidad y recuerdan que no están solos en esta batalla. La cuarta edición ya se antoja necesaria.
“Seguramente ni tú ni yo cambiemos el mundo, mas toma nota: una causa no se vuelve injusta por la derrota. ¿Eres de los que se rebota porque nota que la tierra prometida huele a pota? La gente encima vota, confían en quien luego les azota y les deja la cara rota. Infinitas veces la misma piedra. Mi comprensión se agota” – Folie à Trois
El 29 de abril de este año, el Ayuntamiento de Atlanta (Georgia, EEUU) inauguró el Atlanta Public Safety Training Center, conocido por sus detractoras como Cop City (Ciudad de Polis), un enorme complejo policial valorado en más de 90 millones de dólares (financiado por el gobierno municipal, la Fundación de la Policía de Atlanta y varias empresas privadas), que cuenta con, entre otras instalaciones, una galería de tiro y un pueblo simulado para entrenar misiones cuasi-militares.
Su apertura, lograda tras cuatro de años de movilizaciones, boicots, sabotajes y duros enfrentamientos con activistas, a simple vista simboliza el fracaso de Stop Cop City, un movimiento que, en palabras de las compañeras de Crimethinc, llevó a cabo “la lucha social más importante de la era Biden”1. Sin embargo, pese a que el fin del movimiento era impedir la creación de Cop City, el movimiento ha sido parcialmente exitoso a la hora de generar dudas y debate social acerca de la creciente militarización de los cuerpos policiales en el país. Es decir, tras cuatro años de lucha, Stop Cop City ha logrado instalar la duda de que la respuesta a todos los problemas sea la represión y acudir a la policía.
El inicio del conflicto
Todo comenzo en abril de 2021, cuando la entonces alcaldesa Keisha Lance Bottoms anunció la construcción del Atlanta Public Safety Training Center, apenas unos meses después de que estallaran, por todo el país, enormes protestas, tanto violentas como pacíficas, convocadas por los movimientos Black Lives Matter y Defund the Police como respuesta al asesinato de George Floyd a manos del agente Derek Chauvin en Minneapolis. 20 millones de personas participaron en las movilizaciones. Durante esa época, las manifestantes quemaron una comisaría en Atlanta y, de forma simultánea, la ciudad sufrió un episodio de violencia institucional similar al de Floyd, cuando un grupo de agentes mató a tiros a Rayshard Brooks.
Por eso, la noticia de que se iban a invertir elevados fondos públicos para financiar un centro diseñado para entrenar a la policía en tácticas de combate urbano (lo cual contribuirá a una mayor militarización de la policía, incrementando la violencia institucional en situaciones cotidianas) generó una enorme indignación en los movimientos antirracistas, antirrepresivos y antiautoritarios que, precisamente, reivindicaban la abolición de la institución o, al menos, una reducción de sus intervenciones y una disminución de su financiación.
La sensación de agravio fue a más cuando se conoció que Cop City se construiría en el corazón del bosque llamado Weelaunee Forest, lo cual tendría (y ha tenido) un importante impacto ambiental (dado que era uno de los pocos pulmones verdes de la ciudad, lo cual ha exacerbado problemas ambientales como la contaminación del aire) y porque ha privado de espacios verdes a los barrios de población negra colindantes (los cuales cuentan con una cantidad de parques y bosques muy inferior a la que tienen los barrios blancos de la ciudad).
Stop Cop City, un movimiento antirrepresivo y ecologista
El movimiento Stop Cop City nació al poco de anunciarse el proyecto. Si bien han participado en el mismo socialistas, comunistas, ecologistas, etc., sus principales organizadoras fueron anarquistas y la forma de organizarse siempre ha sido horizontal y asamblearia.
Las primeras acciones consistieron en realizar sabotajes con cócteles molotov contra las empresas constructoras (Reeves&Young y Long Engineering), aunque tras unas semanas se decidió cambiar de estrategia, dada la falta de apoyo popular a la causa; el número de personas que conformaban el movimiento no era suficiente para resistir a las embestidas de la policía. A partir de enero de 2022 las activistas ocuparon el Weelaunee Forest, construyendo campamentos, casas en árboles y barricadas para bloquear la entrada de maquinaria. Enseguida, la popularidad de su lucha fue en aumento y medios como The New Yorker comenzaron a cubrir las acampadas con una curiosidad casi antropológica.
El modus operandi de Stop Cop City consistía en buscar por el bosque a operarios talando árboles, acercarse a ellos, brazos en alto y obligarles a parar. Por lo general, esta estrategia era suficiente para conseguirlo. A veces tiraban petardos en dirección a los currelas para llamar su atención.
Un día, en junio de 2022, los operarios acudieron acompañados de policías2, que encañonaron a las compañeras y las obligaron a retirarse. Esa misma noche, la maquinaria utilizada para la tala apareció quemada. El sabotaje, unido a una campaña de llamadas masivas a las constructoras, consiguió que no se emprendieran obras durante más de cinco meses.
Durante el verano de 2022 cientos de personas cortaron las vallas que impedían el acceso a parque del bosque y acamparon en él. Y durante unos días celebraron un festival musical de “Paz, Amor y Anarquía”.
Durante todos los meses de verano y otoño, organizaciones de derechas y empresarios de la ciudad empezaron a tachar a las activistas de eco-terroristas y a difundir bulos contra el movimiento (como que habían disparado a un obrero), allanando el terreno para una escalada represiva. Y ésta llegó en diciembre de 2022, cuando la Oficina de Investigaciones de Georgia, la policía municipal, la policía condal, la unidad anti-bombas y el Departamento Federal de Seguridad Nacional, acompañados de drones y helicópteros, rodearon el bosque e invadieron el campamento. Algunas activistas resistieron y tiraron piedras a los agentes, aunque la mayoría lo abandonaron, ya que al no haber operarios ese día entendieron que estratégicamente no podían hacer nada para paralizar las obras. Los distintos cuerpos policiales reventaron decenas de tiendas de campaña, pasaron un bulldozer por encima de la cafetería y la enfermería que habían levantado con palés, cortaron hamacas y muebles con sierras mecánicas, cerraron todos los accesos al bosque, dispararon gases lacrimógenos y pelotas de goma y soltaron a perros para perseguir a activistas. Seis de ellas fueron detenidas ese día, una siendo acusada de cometer actos de terrorismo doméstico.
Al día siguiente, las subcontratas entraron en el bosque – por primera vez en más de medio año – y con la maquinaria de obra empezaron a talar árboles a un ritmo frenético, matando a varios animales en el proceso. Únicamente detuvieron su orgía de destrucción cuando algunas periodistas consiguieron acercarse a ellos y empezaron a documentar lo que hacían.
Al día siguiente, la policía obligó a estas empresas a parar su actividad, dado lo caótica y desenfrenada que estaba siendo su actividad. Sin embargo, el empresario a cargo de las obras, Ryan Millsap, recurrió la decisión y un juez estimó su solicitud, alegando que “el bosque ha sido más dañado por las personas que acampaban en él que por lo que se está haciendo ahora” y le concedió permiso para seguir talando. Por ello, las obras se retomaron a principios de 2023. En respuesta, el movimiento Stop Cop City organizó vigilias frente al bosque todas las mañanas y algunas activistas volvieron a encaramarse a árboles.
El asesinato de Tortuguita
En enero de 2023 el conflicto había acaparado tanta atención mediática que importantes figuras de la extrema derecha, como la congresista Marjorie Taylor Greene y el entonces expresidente Donald Trump, quienes calificaron el bosque como “una zona autónoma del movimiento Antifa” que debía ser destruido. Tanto estos políticos como militantes fascistas comenzaron a presionar al gobernador Brian Kemp para que pusiera un fin a la resistencia. Por eso, el 18 de enero de 2023, Kemp envió a la policía estatal para atacar a las personas que se encontraban subidas a árboles.
En torno a las 9:04 de la mañana unos 30 disparos resonaron por el bosque. A las horas, trascendió que el anarquista venozolane Manuel Paez Terán, conocide por sus amigas como Tortuguita, había sido asesinade por la policía. Además, otras cinco personas que fueron detenidas por encaramarse a árboles fueron detenidas y acusadas de terrorismo.
Las autoridades, que ese día no portaban cámaras corporales, alegaron que Tortuguita disparó primero contra ellos. Sin embargo, una autopsia independiente reveló que fue alcanzado por 14 disparos mientras estaba sentade con las manos levantadas.
En los días siguientes se organizaron varias concentraciones en Atlanta, donde alrededor de 300 personas, vestidas de negro, lloraron por la muerte de Tortuguita y corearon “Cop City nunca se construirá” y “maderos, cerdos, asesinos”. Algunas quemaron un coche patrulla. Otras rompieron algunas ventanas de algunos bancos. 18 personas detenidas ese día fueron acusadas de formar parte del grupo que llevó a cabo esas acciones, por lo que bajo la Ley Terrorismo Doméstico de Georgia, que persigue los ataques contra “infraestructuras críticas”, se les acusa de un delito de terrorismo.
Las protestas tras la muerte de Tortuguita y balance de Stop Cop City
La muerte de Tortuguita marcó un antes y un después en el movimiento. Resulta imposible, dado nuestro limitado espacio, hacer un recorrido por todas las fases de lucha y las distintas tácticas que coexistieron: desde sabotajes y manifestaciones (que, además, pusieron en relación el papel del gobierno de EEUU en la aniquilación de Gaza y empezaron a movilizarse de forma conjunta contra la policía y por Palestina) hasta la recogida de 116.000 firmas para exigir que se celebrara un referéndum sobre la construcción del centro policial. Para leer sobre ello en profundidad, os recomendamos una lectura de todos los artículos sobre Cop City disponibles (algunos en castellano) en la web de Crimethinc3que, además, incluyen análisis interesantes acerca de la importancia de la autoorganización negra en este movimiento para hacer frente al supremacismo blanco.
La conclusión que podemos leer en estas piezas es que el movimiento para detener Cop City fue ejemplar en varios aspectos. En primer lugar, porque arrancó con la premisa de que la victoria era algo factible, por lo que no se limitaron a realizar protestas simbólicas (como hacemos muchas veces) e intentaron luchar, de verdad, para lograr su propósito. Por ello, el movimiento se marcó objetivos concretos y experimentó con una variedad de estrategias para alcanzarlos4.
En segundo lugar, las participantes no suavizaron su discurso, ni sus tácticas, por un deseo de atraer a un amplio espectro de personas. Se propusieron crear un movimiento que fuera tanto popular como combativo, en el que la acción directa y el objetivo de abolir la policía eran sus elementos fundamentales. Se aseguraron de articular sus intenciones de forma clara y accesible, dándolas a conocer de manera amplia, con el objetivo de acoger a tantas personas como fuera posible en un movimiento destinado a generar un cambio profundo. “Si todos los movimientos comenzaran desde estos puntos de partida, es probable que muchos de ellos tendrían éxito”, concluyen las compañeras.
El movimiento fue exitoso a la hora de visibilizar que esto se trata de una lucha de clases, en la que hay una obscena desigualdad económica que solo se mantiene gracias al orden impuesto por la policía. Por ello, no sorprende que las autoridades emplearan todos los recursos a su disposición para imponer Cop City en Atlanta, derramando libremente sangre y violando sus propias leyes en el proceso.
A la vista de esto, no podemos juzgar el éxito del movimiento basándonos en si logró su propósito expreso o no, sino valorando el legado que deja tras de sí, cómo influirá las próximas luchas (en cuanto a la solidaridad desplegada y a la variedad de estrategias empleadas) y si ha contribuido a cuestionar la legitimidad de policía en la región.
En la era de Biden, esto bastó para superar la resistencia al proyecto, porque una gran parte de la población se mantuvo al margen del movimiento, conservando la fe en la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, al entrar en la segunda era de Trump, que ya se caracteriza por el abandono de todo compromiso y la erosión de la legitimidad que las instituciones del Estado aún pudieran poseer, nadie podrá mantenerse al margen de las luchas sociales durante mucho tiempo.
Represión y acusaciones
El movimiento Stop Cop City ha llegado a su fin, dada la construcción del centro, pero sus participantes siguen activas, esta vez centradas en la labor antirrepresiva, con manifestaciones en apoyo a las procesadas y recolectando fondos para cubrir gastos judiciales5.
Como hemos explicado, el Estado implementó importantes medidas represivas, incluyendo acusaciones de terrorismo doméstico y blanqueo de capitales contra activistas y organizadoras (como, por ejemplo, tres miembros del Atlanta Solidarity Fund, una organización que proporciona apoyo legal a manifestantes, que están acusadas de blanqueo de capitales por reembolsar gastos menores relacionados con las protestas).
En 2023, al menos 61 personas fueron acusadas de “conspiración” bajo las leyes RICO (una legislación diseñada para combatir organizaciones criminales, como la Cosa Nostra), un delito que puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión. El perfil de las acusadas es muy variado y oscila de personas acusadas de lanzar cócteles molotov, a otras a las que se les imputa llevar comida a las activistas acampadas en el bosque o repartir panfletos. Sin embargo, en septiembre de 2025, un juez de Georgia archivó el delito de conspiración, manteniendo el resto de acusaciones, incluyendo las de terrorismo. El archivo fue recurrido por la Fiscalía, por lo que, a día de hoy, desconocemos si irán a juicio por supuestamente conformar una organización criminal.
“Stop Cop City everywhere”
Por último, una investigación llevada a cabo por el movimiento antirrepresivo ha desvelado la construcción de centros policiales de tipo militar en numerosas ciudades de otros estados, como San Pablo (California), Plainfield e Indianápolis (Indiana), Hutchinson (Kansas), Owensboro (Kentucky), Niágara (Nueva York), Las Vegas (Nevada), etc6. Y el legado de Stop Cop City se ha hecho notar en algunos de estos municipios, como por ejemplo en Lacey (Washington), donde un grupo de activistas boicoteó hace algo más de un año el anuncio de un centro de entrenamiento policial con cánticos como “LPD [Departamento de Policía de Lacey], KKK, IDF: sois todos iguales”, “sin justicia no habrá paz” y “no a la policía racista”.
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1Podéis leer los artículos de análisis (muy extensos e interesantes), publicados en inglés y castellano por Crimethinc en www.es.crimethinc.com/tags/cop-city
2En Estados Unidos las empresas pueden contratar a policías fuera de servicio como vigilantes de seguridad privada.
3En esta web se puede encontrar, además, varias líneas temporales que incluyen todas las acciones que se llevaron a cabo en el contexto de este movimiento: manifestaciones, destrucción de cajeros, pintadas, escraches a jefes de policía y políticos, etc.
4Por ejemplo, desde la web www.stopcopcity.net animan a mandar e-mails y DMs a los promotores de la obra, poniendo a disposición del público las cuentas de sus redes sociales.
El Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social se está negociando a día de hoy. Un convenio que rige la relación y ámbito laboral de las trabajadoras de las siguientes áreas, tal y como aparecen denominadas en el actual Convenio: área de intervención psicosocial y socio-educativa (centros de acogida, centros de atención a mujeres víctimas de violencia, agresiones, etc., pisos, centros de día, comedores sociales, programas de atención, intervención y mediación, etc.), área de intervención sociolaboral (servicios de inserción laboral, orientación para el empleo, etc.), área de intervención sociosanitaria y asistencial (servicios de apoyo emocional, de prevención del VIH y drogodependencias, servicios sociosanitarios de rehabilitación dirigidos a colectivos en situación de riesgo o exclusión social, servicios de Salud Mental, servicios de emergencia social, centros de atención a las toxicodependencias y otras dependencias, centros residenciales para poblaciones en riesgo de exclusión social, etc.) y área de gestión, investigación, diseño, evaluación, diagnóstico y planificación estratégica de programas sociales (asesoría y consultoría, servicios de formación y orientación, acompañamiento y mediación a personas para prevenir la pérdida de su vivienda, etc.).
La mesa negociadora se encuentra conformada por los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones patronales AEEISSS, ANESOC y OEIS. Ésta última, la Organización Estatal de Intervención Social, constituida, según su página web, por las siguientes 27 entidades, engloba a 22.000 trabajadoras: Aldeas Infantiles, AECC, Asociación Norte Joven, ACCEM, Asociación Proyecto Hombre, Asociación PAIDEA, Cáritas, COCEDER, Cruz Roja, Acción contra el Hambre, Fundación Adecco, Anesvad, CEPAIM, La Merced Migraciones, Oxfam Intermón, Plan Internacional, RAIS, Secretariado Gitano, Save the Children, Fundación Social La Sapiencia, Fundación Tomillo, Médicos sin Fronteras, Movimiento por la Paz, Pinardi, YMCA, Educo e Intered.
Como informa la Plataforma del Sector Social en Madrid, organización asamblearia que agrupa a trabajadoras de forma independiente a las centrales sindicales mayoritarias, durante los últimos 18 años, se han firmado 3 convenios. La Plataforma señala que el convenio de 2007 sigue siendo la base principal de referencia, habiendo quedado, como es lógico, totalmente desfasado, incompleto y sin actualizar categorías, funciones, jornadas, etc., y, aunque se han producido revisiones salariales anuales, las subidas salariales han sido inferiores a la subida del IPC, es decir, las trabajadoras del sector han perdido poder adquisitivo en los últimos años. Por ello, uno de las reivindicaciones principales es la salarial, pero, con el objetivo no sólo de ajustar el salario al actual nivel de vida sino de alcanzar los salarios de los trabajadores públicos, pues, con cada vez más frecuencia, dichas empresas sustituyen a servicios de carácter estatal, dentro de la dinámica externalizadora y privatizadora presente en todos los niveles de la Administración sin importar el color político de sus gestores.
Otra reivindicación presente es la reducción de las horas de trabajo hasta alcanzar las 37,5 horas semanales, así como la mejora de las condiciones laborales (cuidado de la salud física, mental y emocional de las trabajadoras), el reconocimiento como servicio público esencial, la dignificación de la atención a las personas que participan en estos servicios y, por tanto, la dignificación de las propias personas, etc.
Los sindicatos de carácter reformista y pactista han denunciado el bloqueo patronal a la negociación en un primer comunicado titulado “El principio del fin de la paz social en la intervención social”. En dicho comunicado han acusado a la patronal de no asumir ni la mínima reivindicación de equiparar los salarios al actual nivel de vida, en contraste con la dinámica presente respecto a los altos cargos, por ejemplo, en 2024, las trabajadoras de CEAR denunciaban las subidas salariales de hasta casi un 30% para cargos superiores.
El pasado 24 de noviembre, estos sindicatos publicaban una nueva nota de prensa anunciando el inicio de una serie de movilizaciones si continúa el bloqueo por parte de las tres entidades patronales.
En esta disputa, en la que convergen diferentes ejes de conflicto (como la precarización y feminización de estos servicios de acompañamiento y cuidado, la privatización de un elemento del Estado social que, a través de supuestas fundaciones y asociaciones, la Administración acaba externalizando toda una serie de servicios, los recortes presupuestarios en nombre de, por un lado, el equilibrio fiscal, o, por el otro, el relato neoliberal, racista e individualista de la extrema derecha presente en las instituciones, el impacto personal y mental en las propias trabajadoras, etc.), la amenaza de la ruptura de la paz social por parte de las dos centrales sindicales que con más ahínco han trabajado para mantenerla, nos hace entrever la gravedad de las intenciones de una serie de empresas, ONGs, fundaciones y asociaciones, que proyectan una imagen pública que colisiona con la realidad de las trabajadores que las sostienen.
Pero, aunque dicha imagen pública ha sido de forma recurrente usada como chantaje a las trabajadoras, porque algunas de ellas se sostienen aún en parte por las donaciones y suscripciones de miles de personas voluntariosas, también, es una herramienta de presión y fuerza poderosa para todas nosotras. No olvidemos que tienen mucho que perder. Aplaudimos la organización autónoma de las propias afectadas, con la esperanza de que acabe constituyéndose un elemento de contrapoder suficiente no sólo para plantar a la patronal sino para que CCOO y UGT sientan la presión y deban poner en práctica, como mínimo, lo amenazado en sus comunicados y no acepten las cuatro migajas que les puedan ofrecer apelando a la “responsabilidad” que constantemente mencionan, una responsabilidad que siempre coarta a las trabajadoras pero nunca repercute en sentido contrario.
Por un auténtico principio del fin de la paz social en la intervención social.
El régimen franquista fue el proyecto de la burguesía nacional apoyada por el capitalismo internacional que, en distintas fases, protegió sus intereses económicos consolidando una dictadura en torno a la figura de Franco como garante de ese orden sangriento. La muerte de Franco marcaba el punto de inflexión de un proceso ya iniciado años atrás. Se estaba pactando una clausura idílica del Franquismo desde, al menos, el año 1968, escondiendo posteriormente un proceso complejo de continuidad reformada. Mismos perros, pero también mismos collares.
Bajo el relato oficial, presentado como una proeza de consenso y moderación democrática, se ocultó una gran lógica política de fondo: la necesidad de las élites económicas, políticas y militares consolidadas tras 1939 de reorganizar su hegemonía ante un contexto internacional y social que hacía inviable la continuidad de una dictadura que había cumplido ya su papel como garante de sus privilegios. El fascismo español había hecho ya su función, pero ni se bajaría el telón, ni se marcharía de la escena, se le otorgaba un papel protagonista como consolidante y fuerza de choque hasta la actualidad.
Si podemos encontrar una cuestión común a lo largo del siglo XX español, desde la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la Segunda República española, el Franquismo, y el régimen monárquico actual; es el poder económico detentado en manos de prácticamente las mismas familias y fuerzas vivas del capitalismo patrio. La Transición española debe entenderse no como una ruptura, sino como una recomposición del poder, donde buena parte de las élites franquistas y los intereses económicos dominantes conservaron posiciones clave remodelando el sistema institucional.
Cuarenta años de Franquismo, el fascismo marca España
El régimen franquista nacía directamente del poder otorgado por el golpe militar de julio de 1936, y ampliado a todo el territorio mediante una guerra de exterminio contra la clase trabajadora y las fuerzas populares. Fue, desde el inicio, un proyecto con un objetivo antirrevolucionario al servicio de las élites económicas y militares de la España oligárquica, adelantándose al potencial de triunfo si el movimiento obrero organizado hubiese pasado a la ofensiva total de construir un poder popular de clase. No fue una tragedia histórica, sino la apuesta consciente y planificada de terratenientes, grandes industriales, jerarquía eclesiástica y mandos del ejército para aplastar una posible victoria de las fuerzas populares revolucionarias, que ponían en contundente riesgo la estructura de poder construida durante siglos. El golpe militar no fue contra el gobierno republicano, sino que la violencia se dirigía hacia la clase obrera, y ese es el primer punto que debemos tener claro en una visión revolucionaria. No existían dos Españas, sino dos clases sociales antagónicas, la dominante, y la explotada.
El proyecto previo de la burguesía española fue construir un gobierno político republicano y socialdemócrata como apagafuegos al crecimiento del movimiento obrero. Ese republicanismo interclasista habría sido el particular terreno de preparación y desarrollo del fascismo español. La victoria franquista en 1939 reeditaba un Estado autoritario, militarizado y de terror psicológico, y físico, basado en la represión sistemática, la censura, el control social y la destrucción de cualquier forma de organización obrera. El aparato estatal —desde la Iglesia Católica a la Guardia Civil, desde el Movimiento Nacional a los tribunales militares— funcionó como un engranaje perfectamente coordinado para garantizar la restauración brutal del orden capitalista más reaccionario tras la revolución social del pueblo.
En la primera fase el Franquismo extendió el exterminio de decenas de miles de integrantes de la clase trabajadora, y su proyecto estaba alineado férreamente con el fascismo italiano y el nazismo alemán; que tomaron la iniciativa de ofensiva hasta 1943 en el conflicto mundial. Durante los años cuarenta el régimen fue virando para distanciarse de la Alemania nazi, y sobrevivir al nuevo reordenamiento global de las potencias vencedoras. El Franquismo fue tolerado, y tomado como baluarte político en Europa contra el marxismo, y así evitar concesiones sociales y políticas que, el capitalismo imperialista tuvo que hacer mientras desarrollaba las nuevas estrategias de aplastamiento de los movimientos obreros nacidos de la lucha en el conflicto mundial contra los fascismos.
Esos años cuarenta y los primeros cincuenta, estuvieron marcados por el modelo económico autárquico que impuso el Franquismo y, que proyectaba a los grupos empresariales afines al régimen, hundiendo al país en el hambre y la miseria mientras consolidaba un capitalismo oligárquico protegido por el Estado. La represión de posguerra, con cientos de miles de encarcelados, deportados, fusilados y depurados, no fue un «exceso», sino el pilar sobre el que se edificó la estabilidad del régimen y, en cierta medida, el retorno a las estructuras políticas normalizadas por el capitalismo. La clase trabajadora quedó sometida a un sindicalismo vertical obligatorio, diseñado para neutralizar cualquier capacidad de conflicto y asegurarse la subordinación al régimen.
La Guerra Fría permitió a la dictadura un lavado internacional: el anticomunismo se había convertido en el salvoconducto. Estados Unidos y las potencias occidentales integraron a España como pieza funcional del bloque capitalista, abriendo la puerta a la tecnocracia, al desarrollismo y a una «modernización» controlada que jamás cuestionó las bases del poder. El Plan de Estabilización de 1959 coincidía con la visita del presidente estadounidense Eisenhower, y el crecimiento económico de los años 60 no fue en absoluto un despegue neutral: consolidaron a nuevas facciones de la burguesía, reforzaron desigualdades y utilizaron la emigración masiva a Europa como válvula de escape social. La represión se volvió más selectiva, pero no menos efectiva.
A lo largo de esas cuatro décadas, el Franquismo mutó, pero no cambió jamás su naturaleza: fue siempre un régimen militarista y ultracatólico, que defendía los intereses de clase burgueses y aseguraba la continuidad de la explotación económica y política de las élites empresariales. Las luchas obreras, estudiantiles y vecinales que surgieron, fueron respondidas con una violencia perfectamente calculada parta no permitir erosionar su legitimidad. Las leyes represivas, el Tribunal de Orden Público, la Guardia Civil y la Brigada Político-Social de la policía, actuaban como aparato principal del control y el castigo.
La Transición: un pacto de silencio y reforma de la oligarquía desde arriba
Muy lejos de suponer ninguna ruptura impulsada desde la base, la Transición fue el resultado de un pacto de la élite oligárquica española. Una parte de la vieja guardia franquista entendió que sostener el régimen tal cual era se hacía incompatible con su integración en los mercados europeos y con el control de una clase trabajadora altamente movilizada desde 1968. Por eso, optaron por dirigir ellos mismos la evolución del régimen. Debían preservarse las estructuras del aparato estatal nacido de 1939, se mantendría intacta la jerarquía judicial y policial; además de garantizarse la continuidad monárquica designada por Franco en quien sería coronado como Juan Carlos I. No se desmontaba el armazón autoritario que se heredaba, solo se le otorgaba un cambio de look, para adaptarlo a las normativas represivas y de control social constituidas por las democracias imperialistas occidentales.
El movimiento estudiantil eclosionado en 1968, se había aliado con las demandas de la clase trabajadora, y funcionaba como catalizador de un cuestionamiento profundo al régimen franquista. Las asambleas y huelgas universitarias se solidarizaban con las luchas obreras. Mientras tanto se intensifica la preocupación por la insurgencia política y armada representada por organizaciones como ETA, FRAP, y más tarde MIL que, si bien no representan una amenaza real al poder estatal, sí que son un desafío simbólico a su capacidad de control total. Se abren grietas en la narrativa legitimadora del Franquismo, lo cual conduce a un repunte en la represión y a su sofisticación; comenzando a idear un plan de reformas pactadas desde arriba.
La muerte de Carrero Blanco en diciembre de 1973 fue el golpe simbólico al régimen franquista que se necesitaba para poner en marcha toda la Transición que ya se venía fraguando desde el inicio de esa década. A los sectores más reacios a la reforma pactada desde arriba había que domesticarlos, no se destruiría su estructura, solo se liquidaba el plan de un franquismo sin Franco pero con franquistas puros. Las élites económicas y políticas asumen una recomposición en el bloque de poder, y se arma una transición que neutralice al movimiento de clase trabajadora. Las luchas obreras estaban viviendo un crecimiento explosivo, decenas de miles de trabajadores desbordan el sindicalismo vertical, y se genera un potencial contrapoder social de coordinadoras y comisiones, huelgas y asambleas masivas en barrios obreros. Por lo que esa Transición debía abordar como objetivo principal la desactivación de ese sujeto político que estaba construyendo al margen de los canales del régimen.
En este contexto, el papel internacional también pesa mucho; y los Estados Unidos, a través de la CIA, busca garantizar un aliado estable en la OTAN y fiel a los intereses imperialistas. De ahí la operación de «reciclaje» del socialismo parlamentario en el Congreso de Suresnes (1974), desde el que emerge un PSOE rejuvenecido, moderado y funcional al nuevo proyecto. El PSOE, a través de Felipe González, es seleccionado como el actor ideal para ofrecer una salida controlada, capaz de seducir a sectores jóvenes y urbanos sin poner en riesgo la estructura económica del franquismo sociológico. De esta manera se evitaba una escalada como la Revolución de los Claveles portuguesa, donde se tuvo que actuar de manera más decisiva para evitar una ruptura que desestabilizara los intereses capitalistas.
Los aparatos franquistas no se depuraron, y la represión seguiría activa, siendo asesinados en ese periodo centenares de trabajadores. En 1975, cuando Franco murió, el franquismo no estaba agonizando, tan solo cumplió su funcional ciclo histórico. La dictadura que nació como proyecto antirrevolucionario, dejaba tras de sí una matriz que se ha mantenido intacta hasta la actualidad, porque Franco murió, pero no el Franquismo.
Hace algo más de un año, la multinacional portuguesa Altri anunció que pretende construir una macroplanta de celulosa junto al río Ulla en Palas del Rei (Lugo), con apoyo de la Xunta y con financiación europea. De salir adelante, además del impacto visual en un tramo del Camino de Santiago, la planta extraerá del Ulla 46 millones de litros de agua al día, el equivalente al consumo humano de una ciudad como Vigo, de los que devolverá 30 millones de litros depurados pero aún contaminados y a diferente temperatura. Además, expulsará a la atmósfera tanto dióxido de carbono como el que emiten 21.500 coches, junto a cenizas, partículas y otros gases elevadamente tóxicos.
Frente a esta noticia, todos los municipios entre Palas del Rei y la ría de Arousa, donde desemboca el Ulla, se han organizado en una campaña llamada ‘Altri Non’, que ha logrado el apoyo de la mayoría de las gallegas. Se trata de un movimiento popular, ecologista y de defensa de la tierra que, aunque puede recibir el apoyo de varios partidos políticos de izquierda, se organiza al margen de estos por parte de vecinas y activistas. En el último año han convocado manifestaciones masivas, recolecta de firmas, presentado alegaciones al proyecto, colgado pancartas por todas las comarcas, etc. y han logrado convertirse en una de las luchas más visibles de los últimos tiempos.
Hace unos meses, lograron su primera victoria: el proyecto de Altri no recibió los fondos europeos que solicitó, lo cual hace que su viabilidad peligre. La empresa, por su parte, asegura que cumple con todos los requisitos, culpa a la campaña de su fracaso y todavía no se da por vencida, por lo que las vecinas deben seguir alertas.
La tierra se defiende
‘Altri Non’ nos recuerda a varias otras campañas de vecinas que se organizan para defender su tierra de iniciativas empresariales que la pretenden destruir, como la lucha contra la construcción del embalse de Itoiz (Navarra) en los 80-90, liderada por la Coordinadora de Itoiz o el ‘Nunca Mais’ (Galiza) en los 2000.
Si nos vamos a ejemplos más recientes, podemos encontrar el de ‘Salvemos Canal Roya’ (Pirineo aragonés), que se oponía a la interconexión mediante túneles de las estaciones de esquí de Astún, Candanchú y Formigal. Después de una larga campaña con manifestaciones históricas en Jaca y Zaragoza, festivales de música y cientos de acciones de protesta, de recibir el apoyo mediático de sectores científicos, deportivos, de organizaciones ecologistas y sociales, pasando por miles de pancartas colgadas en pueblos y hogares de todo el Alto Aragón, en 2023 la Diputación de Huesca pidió la redistribución de los fondos europeos para otros fines. Es curioso cómo tantos de estos proyectos empresariales hechos a sí mismo encallan en cuanto no reciben jugosas subvenciones europeas.
También tiene motivos para el optimismo la campaña que se opone a la construcción de una filial del museo Guggenheim en la reserva de la biosfera de Urbaibai (Bizkaia). A principios de diciembre de 2025, los promotores anunciaron la probable retirada del proyecto, que se ha encontrado con la oposición frontal de las vecinas de los municipios colindantes, por su impacto ecológico y la turistificación masiva que ya vienen sufriendo. Entre los motivos citados se encuentran las trabas administrativas, la contestación social, el coste político que puede suponer y el riesgo reputacional para el universo Guggenheim. Sin embargo, ésta no era la primera vez que intentan sacar adelante el museo (hubo un primera intento en 2008), por lo que nada impide que intenten volver a la carga de nuevo en 2027, tras las elecciones. Por ello, ‘Guggenheim Urdaibai Stop’ permanecerá alerta.
Los pasados 26 y 27 de noviembre las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid fuimos nuevamente a la huelga contra la asfixia económica a la que nos está sometiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el horizonte amenaza, además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), un proyecto legislativo que busca abrir aún más el espacio universitario al expolio de los recursos públicos.
La situación en las universidades madrileñas
La situación de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid viene de lejos. Se tomen los datos que se tomen, la financiación nunca ha recuperado los niveles previos a los recortes implementados por las medidas de austeridad posteriores a 2008. En aquel momento, las universidades públicas madrileñas vivían una situación de equilibrio presupuestario y la financiación pública por estudiante era equivalente en Madrid y en el sistema nacional en su conjunto. Quince años después, hay un desfase del 22,5% en la región. La Comunidad de Madrid es la única región española que invierte menos ahora por estudiante de grado y de máster. Siendo una de las regiones más ricas, es también, junto con Cataluña, la que menos invierte por estudiante.
La financiación pública de las universidades madrileñas se situó el año pasado en un 0,37% en relación al PIB autonómico. Este índice parece aumentar ligeramente en 2025 (0,38% según estimaciones conservadoras sobre el crecimiento del PIB y la inflación), aunque en relación al presupuesto total, el universitario desciende una vez más: del 4,06% al 4,04%. Este dato es importante porque al consejero de Educación, Emilio Viciana Duro, le gusta decir que el porcentaje con respecto al PIB ni representa las necesidades reales de las universidade,s ni mide adecuadamente el esfuerzo presupuestario que realiza la Comunidad de Madrid. La realidad es que dicho esfuerzo ha pasado de estar 25 puntos porcentuales por encima de la media nacional en 1998, cuando las competencias estaban en manos del Ministerio de Educación, a situarse un 23% por debajo en 2023.
El gobierno de la Comunidad de Madrid atribuye los problemas económicos de sus universidades al aumento del gasto. Pero, una vez más, los datos desmienten sus afirmaciones. Mientras el total de los gastos a nivel estatal ha aumentado un 20%, en Madrid dicho incremento ha sido una quinta parte menor (16%). El problema es que mientras en el primer caso los ingresos han aumentado un 20%, el sistema universitario madrileño apenas ha visto incrementados sus ingresos en un 10%. Poniendo estas cifras nuevamente en relación al PIB autonómico, la caída de los ingresos de las universidades madrileñas es palmaria: del 0,90% de 2008 se ha pasado al 0,68% en 2023 (un retroceso del 25% en términos reales).
Si acudimos a los euros contantes y sonantes, hay que indicar que, en verano de 2024, los rectorados de las seis universidades públicas solicitaron un incremento de 200 millones en el presupuesto para poder funcionar con una mínima normalidad.1 El gobierno de Ayuso respondió con un pequeño incremento de 47,26 millones respecto de lo que había anunciado en primera instancia. Este año se anuncia otra pequeña subida de 75,3 millones. En total, poco más de la mitad de lo que las universidades solicitaban simplemente para poder abrir.
Esto ha hecho que aquellas universidades con un mayor déficit de financiación se encuentren en graves problemas. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tuvo un agujero de 33 millones de euros en 2023. Un año después, este déficit aumentó hasta los 45 millones. Es la universidad que menos dinero recibe de las administraciones autonómicas por estudiante (4.291 euros anuales). Este déficit estructural de financiación ha tenido que ser cubierto con los remanentes de diez años de ahorro. Pero la tesorería se agota rápidamente con esta deriva. Este pasado verano, el rector afirmaba que les quedaba entre un año y un año y medio de solvencia.
La situación en la UCM
El agujero en la Universidad Complutense (UCM) en los últimos dos años ha sido de 142,3 millones de euros (64,5 millones en 2023 y 77,8 millones de euros en 2024). El problema no es puntual y se va a ir agravando. Si se compara la cuantía de la transferencia de este año con la que tenía lugar en 2008, y se corrige la inflación, se aprecia un recorte del 18%. El gobierno de Ayuso puede seguir diciendo que está aumentando la financiación porque en 2024 asignó un 7,8% más (373,8 millones) de lo que transfería en 2008 (349,8 millones). Pero lo cierto es que la inflación ha aumentado un 31,3% en ese mismo período. No hace falta ser economista para deducir lo que ha ocurrido en estos 16 años. Y eso en un contexto en que la región ha vivido un crecimiento acumulado del 28,8% del PIB, una vez ajustada la inflación. No hay manera de justificar esta asfixia por la situación económica.
Por eso se ha visto obligada a pedir un préstamo a la misma institución que la ahoga económicamente. Un crédito de 34,46 millones de euros que tiene que devolver en los próximos cinco años. Pero no solamente tendrá que devolver ese dinero. Además tendrá que pagar 4,4 millones de euros en conceptos de intereses (2,8%). En una situación de insolvencia provocada por la propia Comunidad de Madrid, ésta pasa a convertirse en acreedora y asume la deuda de la universidad que ella misma ha generado a cambio de un nada módico precio (el Euribor se encuentra en estas fechas alrededor del 2%).
A cambio de ese dinero, la UCM tiene que implementar un Plan Económico-Financiero de ajuste de gasto de alrededor de 33 millones de euros en los próximos 3 años. Por las informaciones de que disponemos hasta ahora el núcleo duro de esos recortes se va a concentrar en la plantilla: 16 millones en el personal docente e investigador (PDI) y 11 millones en el personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS). Lo que es seguro es que se mantendrá durante tres años la retención del 35% del presupuesto a departamentos y facultades que se anunció en diciembre del año pasado en previsión de la situación de insolvencia a la cual la conducía la Comunidad de Madrid. Ahora ha anunciado que dicha medida se mantendrá los próximos tres años. Esta retención presupuestaria ya supuso que se dejaran de financiar los grupos de investigación, que algunas bibliotecas tuvieran que anunciar que no se adquirirían novedades o que se cancelaran becas de excelencia para estudios de máster.
Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC)
A nadie puede sorprender el desprecio de un gobierno del PP por los servicios públicos. Aun así, la situación resulta chocante incluso para los estamentos universitarios más conservadores. Los decanos y decanas de todas facultades de la Complutense se han concentrado en la Puerta del Sol para protestar por la falta de financiación. Con la boca pequeña, y un exasperante síndrome de Estocolmo en ocasiones cínico, los rectorados llevan un año y medio denunciando la insostenibilidad de la educación superior universitaria con estas cifras. ¿A qué responde entonces este ataque que parece llevar el recorte al punto del desmantelamiento?
Prácticamente al mismo tiempo que conocíamos el crítico escenario económico que afrontaban nuestras universidades, caía en nuestras manos un borrador incompleto del anteproyecto de ley que preparaba el gobierno de Ayuso. Un proyecto estructural que busca aprovechar los huecos habilitados por la legislación estatal para convertir la educación superior madrileña en un mercado del que se puedan obtener pingües beneficios. Llevan años intentándolo, no solo con la educación, también con la sanidad, y piensan que la crisis económica que han generado en la universidad les da la oportunidad perfecta tanto en la imposición de recortes como en la negociación legislativa.
Este es un ataque desde varios frentes a la autonomía universitaria. Busca poner a las universidades públicas bajo control directo de la Comunidad de Madrid y el tejido empresarial madrileño. La infrafinanciación de las universidades públicas abre espacio a la competencia de las entidades privadas y a la precarización de la fuerza laboral, tanto la propia de las universidades como aquella en formación, a la vez que ofrece trabajo gratuito o infrapagado. Pero la verdadera y preocupante novedad de la ley es el fomento del expolio de los recursos públicos.
El sometimiento de la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, al mundo empresarial ya no pasa solamente por su orientación al mercado laboral y las exigencias productivas. Con esta ley es la propia educación superior la que se convierte cada vez más en un mercado en el cual lucrarse. Pero además no se pretende hacer únicamente favoreciendo a las entidades privadas en detrimento de las públicas. Las exigencias de programas conjuntos, uso compartido de equipamientos, trasvase de estudiantes y docentes y demás aspectos propuestos en el anteproyecto dejan a las claras que lo que se busca es permitir el parasitismo de entidades privadas, tanto universitarias como no universitarias, sobre las universidades públicas.
Para ello la Comunidad de Madrid debe reforzar su propio control externo sobre las universidades y el control interno por parte del tejido empresarial a través de los Consejos Sociales. Esta institución idealmente pensada para habilitar la participación de la sociedad en la universidad ha sido utilizada para permitir la entrada del mundo empresarial. El anteproyecto de ley amplía y deforma sus funciones hasta convertirlo casi en un Consejo de Gobierno de facto. Junto con la también exacerbada figura de la intervención, se busca transformar radicalmente el equilibrio de gobierno y el significado mismo del concepto de la autonomía universitaria. Las competencias económicas que se le otorgan le dan un control presupuestario prácticamente total. Las académicas le habilitan para controlar lo que se enseña o se investiga en las universidades. Y por si todo ello fuera poco, se le pretende convertir en un órgano que blinde y promocione los discursos de odio, puenteando los órganos de la propia universidad que regulan los derechos de reunión y libertad de cátedra o expresión. Pero el objetivo es el mismo que muestran el resto de artículos referidos al gobierno y el diseño institucional: debilitar la autonomía universitaria para blindar el control político de la Comunidad de Madrid y bloquear las vías de representación y participación efectiva de las trabajadoras y el estudiantado. Solo así podrá llevarse a cabo la puesta en disposición de los centros privados de enseñanza superior –universitaria o no universitaria (por eso se establece una normativa conjunta)– las infraestructuras (laboratorios, centros deportivos, talleres artísticos y otras instalaciones o herramientas digitales), la investigación y la formación para la investigación (programas de doctorado), los recursos humanos, los servicios, así como el prestigio de las universidades públicas.
El otro instrumento ideado para consumar el expolio es el modelo de financiación propuesto en el anteproyecto. Dividido en tres capítulos (financiación básica, por necesidades específicas y por objetivos), de los cuales solamente el primero estaría relativamente garantizado, esta propuesta, lejos de garantizar la autonomía financiera de las universidades, refuerza su dependencia del proyecto privatizador de la Comunidad de Madrid y mantiene una transferencia ordinaria insuficiente para su normal funcionamiento. Puesto que se pretende detraer de dicha transferencia los ingresos de los precios y tasas públicas, el anteproyecto pone un límite a la financiación autonómica por debajo de las necesidades de financiación básica. Lo mismo ocurre con los gastos de mantenimiento y reposición de activos ya existentes, que no podrán incluirse en el capítulo de necesidades específicas –en abierta contradicción con la legislación estatal–. Este se vería limitado exclusivamente a nuevas inversiones en infraestructuras y equipamientos que tendrán que ser aprobadas por la Comunidad de Madrid. Finalmente, la financiación por objetivos busca establecer unos contratos-programa orientados al cumplimiento de la colaboración con las empresas privadas y a la progresiva privatización de las propias fuentes de financiación de la universidad. Porque esa es la otra gran novedad que quiere implantar la LESUC: la creación de fondos de inversión y otros mecanismos financieros para que las universidades obtengan recursos por su cuenta en el mercado. Si la situación económica de las universidades públicas ya es insostenible hoy, un estudio de los mayores expertos en contabilidad universitaria ha llevado a cabo el ejercicio de aplicar los criterios de financiación del anteproyecto para la liquidación presupuestaria de 2023. El resultado es que las universidades públicas de Madrid perderían en total otros 179 millones de euros. La Complutense sería la más afectada con más de 54 millones menos. Si el mismo criterio se aplicase a nivel nacional, la pérdida sería de casi mil millones de euros.
¿Estamos ante un proyecto de ahorro y austeridad brutal en un momento de relativa bonanza, al menos en términos macroeconómicos y ciertamente para las arcas de la Comunidad de Madrid? Sin descartar que la animadversión por lo público de las élites políticas y económicas madrileñas pudieran conducir a decisiones irracionales como esta, lo cierto es que el motivo es mucho más prosaico. La universidad privada se ha convertido en un nicho de negocio de alta rentabilidad en España. Un estudio de hace seis años cifraba la rentabilidad media del sector en un 9,4%. Y es un mercado en crecimiento. Incluso enormes fondos de inversión se percataron de la situación y adquirieron en aquel momento dos de las más rentables, Alfonso X El Sabio y la Universidad Europea, por más de mil millones y casi ochocientos millones, respectivamente. Recientemente, la primera se ha vendido por el doble de lo que costó. En seis años, el fondo de inversiones CVC ha ganado mil millones de euros. Una rentabilidad del 100% de la inversión. Lo mismo ha sucedido con la Universidad Europea. Aunque las cifras de la venta no han sido publicadas en este caso, su valor de mercado actual se calcula también en alrededor de 2000 millones de euros. El fondo Permira habría casi triplicado su inversión de hace seis años.
Estamos ante un caso de intento de acumulación por desposesión de manual. Pero como siempre que el capital arremete contra nuestros derechos y condiciones de vida, los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas, de la mano del revitalizado movimiento estudiantil, vamos a resistir. Nos jugamos la universidad pública en Madrid. Las movilizaciones de este año que cerramos con la huelga general universitaria son solo el comienzo de la lucha. Vamos a parar la tramitación de la LESUC y vamos a obligar a la Comunidad de Madrid a revertir la situación de infrafinanciación que lleva años provocando. Y ojalá esto sea solo el comienzo también de una lucha por los servicios públicos en general en Madrid. Porque el gobierno de Ayuso representa el trumpismo más peligroso que el capital quiere usar para seguir esquilmando: aquel con poder institucional y de gobierno. Ahora le toca a la universidad, pero lo seguirán intentando con la sanidad y con cualquier otra forma de riqueza colectiva que escape a su depredación. Pero nosotras también nos organizamos. Lo hicimos con las mareas y lo estamos volviendo a hacer.
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1 Según cálculos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA), transmitidos en Consejo de Gobierno por el rector de la Complutense en julio de este año, dicha cifra alcanzaría hoy los 460 millones de euros.
Podéis explicarnos en qué ciudad se ubica el colectivo Libertatia y cuáles son sus características.
El «Colectivo por el comunismo libertario, Libertatia», tomó su nombre de la ocupación que hasta hace poco albergaba la okupación Libertatia, desalojada por las fuerzas de la policía griega el 28 de agosto de 2024 y nuevamente el 25 de septiembre de 2024 tras su dinámica reokupación.
Se encuentra y opera en Tesalónica, la segunda ciudad más grande de Grecia. Tesalónica es una ciudad con una gran y duradera actividad del movimiento por parte de grupos, formaciones y personas del ámbito anarquista y antiautoritario. Algunos ejemplos de estas acciones son las asambleas y las acciones en diversos ámbitos sociales, principalmente el estudiantil (aproximadamente el 10 % de la población de la ciudad está compuesta por estudiantes), pero también en otros ámbitos como el de clases/laboral o la lucha contra el patriarcado, las frecuentes okupaciones de edificios o espacios públicos como medio de organización y escalada de la lucha (por ejemplo, okupaciones de Facultades, Centro Obrero de Tesalónica etc.), la organización de marchas por una gran variedad de cuestiones contra la opresión de la base social, etc. Una ciudad que alcanza el millón de habitantes es sin duda diversa y está compuesta por muchas culturas diferentes, pero podríamos decir que la cultura libertaria ocupa una parte importante de ella. Es un hecho que en los últimos años el movimiento se encuentra en declive, una situación a la que ha contribuido en gran medida la represión, tanto en las calles como con medidas como el desalojo de okupas, la privatización de las universidades o la represión de la presencia en los espacios públicos, junto con un mayor conservadurismo del cuerpo social.
¿Cómo y cuándo surgió Libertatia? ¿Seguís utilizando el mismo nombre o dejasteis de hacerlo cuando acabó la okupación?
Todo comenzó en 2008, con la okupación de un terreno que incluía dos edificios neoclásicos (abandonados durante décadas) en la parte este de la ciudad. Durante todo este tiempo, ha habido varios modelos de funcionamiento del espacio. El inicial era que la okupación tuviera una asamblea política que funcionara al mismo tiempo como colectivo, algo bastante habitual en aquella época. Es decir, todas las cuestiones relacionadas con la okupación, tanto a nivel práctico como político, se resolvían en la misma asamblea. Con el paso de los años, evidentemente ha habido diferentes modelos e ideas sobre el funcionamiento y las características políticas de la okupación, lo que ha dado lugar a una tendencia a apoyar el anarquismo y el comunismo libertario con una orientación organizativa. En los últimos diez años, consideramos importante destacar el carácter de la asamblea como colectivo político, por lo que añadimos el título de Colectivo para el comunismo libertario para resaltar su carácter político.
Tras el incendio provocado en 2018, cambiamos significativamente el modelo, creando una asamblea administrativa independiente que se ocupaba exclusivamente del funcionamiento de la okupación y del proyecto de reconstrucción, así como de cuestiones de solidaridad con otras estructuras okupadas. En la asamblea administrativa participaban todos los grupos que había en el espacio, pero también personas que querían apoyar el proyecto, es decir, era una asamblea más abierta que incluía y coordinaba a todas las personas que participaban en la okupación. Al mismo tiempo, existía también el colectivo político («Colectivo por el comunismo libertario, Libertatia») con acción en un amplio espectro de cuestiones, que podemos caracterizar como un grupo de afinidad más abierto. Consideramos importante mantener el nombre del colectivo por razones históricas y de continuidad política.
Tras el segundo desalojo de la okupa Libertatia en septiembre de 2024, las estructuras y las personas que formaban parte de la okupación y participaban en la asamblea administrativa (grupo de biblioteca, grupo artístico denominado «red de artistas», colectividad política) se quedaron sin hogar, lo que cambió en abril de 2025, cuando comenzó a funcionar el local libertario Victoire, con el objetivo de albergar a todas estas estructuras y grupos y crear aún más.
El nombre proviene del barco que llegó a la legendaria comunidad pirata de Libertatia o Libertalia, según el libro Los piratas de la utopía, por lo que tiene un carácter claramente simbólico para nosotros. Además, se encuentra en el mismo barrio (a dos manzanas del espacio okupado), lo cual era bastante importante para nosotros, ya que no queríamos perder las relaciones con el barrio y la presencia política que habíamos consolidado allí durante todos los años anteriores. En este momento, en el local se encuentran activos el «Colectivo por el comunismo libertario, Libertatia», la asamblea abierta en defensa de la okupación, cuya principal línea de acción es la campaña # ReclaimLibertatia, la Asamblea Libertaria para la Organización de Clase en la Base (ESTOV), una formación de clase que intenta contribuir a la presencia libertaria en los lugares de trabajo, la red de artistas, el grupo de la biblioteca, y pronto se intentará crear un grupo para la educación libertaria. Todos estos grupos se coordinan a través de una asamblea administrativa, que es de carácter público, es decir, abierta a todo el mundo para que pueda aportar ideas, propuestas, reflexiones, etc.
¿Qué actividades principales desarrollasteis en la okupación antes del incendio provocado por grupos neonazis en 2018?
Como estamos hablando de un período de aproximadamente diez años, hubo una gran cantidad de actividades durante todos esos años. El principal factor de acción fue la propia asamblea política de la okupación (que posteriormente se transformó en un colectivo político, como hemos mencionado anteriormente). Su acción abarcaba una amplia gama de temas, como la explotación social y de clase, la lucha antifascista, la autogestión, la contribución al esfuerzo de mejora organizativa del movimiento libertario, la presencia en acontecimientos relacionados con la escena política central, la lucha contra el patriarcado, etc., pero también la realización de eventos políticos y culturales, entre los que sin duda destacan las estructuras de auto-formación.
Además, durante este periodo, un grupo antifascista (2011-2014) ha estado activo en la okupación, siendo el antifascismo uno de los ejes fundamentales de la acción de los miembros de la okupación, principalmente a nivel de barrio, pero también en toda la ciudad. Por esta razón, la okupación ha sido blanco de ataques por parte de grupos fascistas y neonazis y ha sufrido otros ataques en el pasado. Algo igualmente importante que podemos mencionar aquí es el alojamiento de familias de inmigrantes y refugiados durante la gran crisis migratoria de 2015, especialmente tras el desalojo de la okupación de inmigrantes y refugiados del Orfanotrofio en el verano de 2016 por parte del gobierno de SYRIZA (partido socialdemócrata).
Por último, de vez en cuando había grupos artísticos y cinematográficos que funcionaban en la okupación, y también había una asamblea administrativa que se ocupaba principalmente de los asuntos de la vida dentro de la okupación, pero también de coordinar los distintos grupos que había.
¿Qué acciones fueron prioritarias en vuestra actividad a raíz del incendio?
En primer lugar, consideramos importante enviar un mensaje simbólico en la lucha contra el fascismo y el nacionalismo. Era importante que, en un momento de exaltación nacionalista, las fuerzas de la lucha siguieran en la calle contra la movilización nacionalista. Ya desde las primeras semanas decidimos anunciar nuestra intención de reconstruir el edificio destruido por el incendio, comenzando por la renovación de un segundo edificio que se encuentra en el mismo terreno, pero que llevaba años sin utilizarse y tenía problemas importantes. Al mismo tiempo, se creó una asamblea de solidaridad que comenzó a ocuparse de toda la lucha en defensa, empezando por pequeñas acciones de información y apoyo económico. La primera acción importante fue la organización de una marcha balcánica de solidaridad, que transmitiría un mensaje internacionalista de solidaridad contra el nacionalismo, pero que también mostraría la solidaridad con la okupa Libertatia, por lo que se llevó a cabo en Tesalónica en marzo de 2018 con la participación de unas 4.000 personas (de Grecia y los Balcanes). En general, en lo que respecta al aspecto político, para nosotros era importante que la gente siguiera en la calle contra el paroxismo nacionalista y se enviara un mensaje claro, tanto a nivel simbólico como político, contra la amenaza fascista, pero también de apoyo a las estructuras que estaban siendo atacadas por el Estado, el capital y el fascismo.
Sin embargo, además del aspecto político, había una parte técnica importante que debía cubrirse y todo debía hacerse con cuidado y correctamente, para no poner en peligro a nadie. Así que consultamos a algunos compañeros ingenieros y técnicos sobre cómo debíamos proceder y, poco a poco, se empezaron a realizar los primeros trabajos, que consistían principalmente en la limpieza y la retirada de toneladas de escombros provocados por el incendio. Sin embargo, como dijo una vez Durruti, y es una frase que utilizamos para la campaña de reconstrucción: «las ruinas no nos dan miedo».
En qué consiste la campaña (#ReclaimLibertatia) y cómo pensáis afrontar los juicios pendientes
La campaña #ReclaimLibertatia nació en el seno de la Asamblea Abierta en Defensa de la Okupación Libertatia unos meses después de su desalojo. Su objetivo principal es dar a conocer lo más posible el caso de Libertatia al movimiento y a la sociedad en general, con acciones que destaquen la lucha que ha llevado a cabo la okupación hasta ahora, pero también la que llevará a cabo en el futuro. Además, el objetivo de la campaña es llamar a la gente solidaria a apoyar la lucha por su defensa, así como a todas aquellas personas que durante tantos años han contribuido activamente a su reconstrucción y defensa, a que vuelvan a ponerse de su lado. Después de todo, el objetivo final es la recuperación de Libertatia, y si algo ha demostrado la historia es que la formación de colectivos y la autoorganización son herramientas importantes contra las maniobras del Estado. En cuanto a los juicios, en este momento hay tres procesos judiciales pendientes contra la okupación de Libertatia, con un total de 26 acusados, por tres redadas policiales diferentes, dos de las cuales terminaron con el desalojo de la okupación. Dos de los tres procesos apuntan claramente a reprimir la lucha por la reconstrucción, ya que la irrupción de la policía y las detenciones se produjeron mientras se trabajaba en el edificio, mientras que la tercera acusación apunta, por un lado, a detener la lucha por la reconstrucción y, por otro lado, a la intimidación y el castigo de quienes luchan contra el Estado y la represión. En cuanto a los cargos que enfrentamos en los tres tribunales, podemos decir que se trata de expedientes judiciales fiascos, ya que nuestros compañeros y compañeras están acusados/as de intervención ilegal en un edificio protegido, es decir, aquellos que cuidan y construyen la okupación están acusados de su destrucción. Desde la primera incursión de la policía griega en Libertatia, el tribunal que se constituyó, con una acusación similar, absolvió a los compañeros. Una vez más, y con la cabeza bien alta, defenderemos la lucha por la reconstrucción y la defensa de la okupación como anarquistas, porque es una lucha moral y justa, hasta la victoria.
¿Qué medios de difusión utilizáis para vuestras actividades (web, redes, etc.)?
Los medios que usamos para difundir nuestras acciones son, en gran parte, internet, ya sean redes sociales como Facebook e Instagram o sitios web como Indymedia y Kinimatórama (el diario del movimiento). Por supuesto, cualquier acción o comunicado que realicemos se publica en la página de la okupación. Una última forma de difundir/propagar nuestras acciones es, por supuesto, pegar carteles en las calles principales de la ciudad y de nuestro barrio, repartir folletos y colgar pancartas.
¿Cuáles son los objetivos que os planteáis con la revista Antípera?
El objetivo de la revista Antípera es, tal y como indica su subtítulo, constituir «una contribución anarquista al bando de los oprimidos». Consideramos muy importante la producción de discurso que acompaña a los movimientos, pero también la posibilidad de hablar de temas de actualidad, de cuestiones históricas o teóricas que nos preocupan, enriquecemos el discurso anarquista actual y tomamos posición sobre diversos aspectos de la actualidad, al tiempo que nos conectamos con los acontecimientos y otros movimientos del extranjero, con la historia del movimiento o con sus aspectos artísticos. Otro objetivo es, evidentemente, la expresión individual de los miembros del grupo, pero también la contribución de personas con las que mantenemos relaciones de compañerismo y algunas opiniones políticas comunes. Cabe mencionar que los textos que se publican en la revista tienen básicamente una orientación política común y una cultura libertaria más amplia, pero esto no significa que cada texto exprese la opinión de todos los miembros, especialmente los que llevan la firma personal.
Entendemos que vuestro colectivo es un espacio anarquista/libertario. Tenéis algún tipo de relación con otros colectivos anarquistas/libertarios de la ciudad o incluso de otros territorios?
El movimiento anarquista más amplio en Grecia se encuentra actualmente en una fase de gran introversión, fragmentación, hegemonías sin sentido y disputas constantes. Por eso creemos que es muy importante cultivar otra cultura basada en el respeto y la comprensión mutuos, la solidaridad y el compañerismo, según la ética anarquista clásica, que consideramos uno de los principios fundamentales de la actualidad.
Como dijimos antes, nuestro colectivo tiene una dirección organizativa y una identidad política concreta, por lo que colabora con colectivos de Tesalónica y otras ciudades que tienen características similares tanto a nivel callejero como a nivel de eventos. También es importante la colaboración que hemos tenido y seguimos teniendo en el tema de las okupaciones con otras estructuras de lucha okupadas. De hecho, recientemente hemos participado en dos importantes festivales libertarios que se celebraron en nuestra ciudad, la Feria Anarquista Balcánica del Libro (BAB), que tuvo lugar en mayo de 2025, y ahora, en septiembre, en la Feria Libertaria del Libro de Tesalónica, que se celebró por decimocuarta vez, en el que participamos con nuestra editorial, Nowa Kultura, que da sus primeros pasos con dos libros publicados en los últimos meses.
Además, en los últimos años (2017-2024), nuestro colectivo participó en la Organización Política Anarquista (APO), de la que nos retiramos en octubre de 2024. A pesar de las importantes discrepancias que surgieron en torno a una serie de cuestiones, para nosotros sigue siendo un reto importante la mejora organizativa del movimiento anarquista, tanto a nivel político como social/de clase. En Grecia no existe la cultura de las grandes organizaciones libertarias del extranjero y el movimiento anarquista contemporáneo surgió después de la dictadura de 1967-1974, por lo que existe un déficit organizativo permanente. Se intentó cubrir este vacío a principios de la década pasada y, sin duda, sigue siendo un tema pendiente hoy en día, en un período de intensa represión estatal a todos los niveles, fragmentación y confusión ideológica.
¿Cómo podríamos colaborar Libertatia/Antipera y Redes Libertarias? ¿Qué posibilidades podíamos poner en marcha?
Un elemento fundamental de la acción de nuestro grupo es, evidentemente, el internacionalismo. Consideramos que el primer paso es mantener un contacto constante con las acciones y el discurso de proyectos políticos afines en otros países, tanto a nivel puramente teórico como político. Al leer regularmente los artículos de su página, hemos visto muchas cosas interesantes que podrían traducirse para el público griego, ya sea a través de las columnas de Antipera o de nuestra nueva página web. Del mismo modo, nosotros también podemos traducir algunos textos del griego para que podáis ver y aprender más sobre el movimiento nacional, intercambiar experiencias, opiniones y reflexiones. Aunque se trata, en realidad, de una colaboración más a nivel de traducciones, lo consideramos bastante importante (y es algo que hacemos también con otros proyectos en todo el mundo), para que los movimientos locales se acerquen más, a pesar de las diferencias geográficas, lingüísticas u otras diferencias que los separan, reflexionen y se planteen cuestiones en común, aprendan e inspiren unos a otros.
Si queréis añadir algo más, adelante.
Queremos agradeceros esta entrevista, ya que consideramos muy importante que los luchadores y luchadoras de diferentes países y culturas intercambien opiniones y experiencias y se acerquen más entre sí. Nos encontramos en una época de auge nacionalista y preparación bélica y, como mínimo, el principio de la solidaridad internacionalista de los oprimidos y explotados sigue siendo más actual que nunca.
