Se calcula que hasta la fecha han aparecido alrededor de 500 ejemplares muertos.
Ecologistas en Acción de Getafe exige a la Comunidad de Madrid que informe sobre la magnitud del desastre.
Vecinas del Caserío de Perales (Getafe) alertaron a las autoridades sobre la aparición de cientos de cadáveres de cigüeña blanca (Ciconia ciconia), se calcula que más de quinientas hasta ahora, en el entorno del río Manzanares y el Caserío de Perales. Agentes forestales de la Comunidad de Madrid con trajes de protección han estado retirando los cadáveres, algunos en descomposición, en el entorno y dentro del propio cauce del río.
Ecologistas en Acción de Getafe ha solicitado información a la Comunidad de Madrid para conocer las causas y el alcance real de lo que está sucediendo. Hasta el momento, apuntan a un foco de gripe aviar de baja patogenicidad cuya manifestación, sin embargo, no coincide con los casos que se están observando en la zona los cuales, lejos de presentar una sintomatología leve, han derivado en la muerte de los animales. Se desconoce la verdadera magnitud de lo que ya parece un desastre para la avifauna y para la biodiversidad de este espacio natural.
El gobierno regional no ha aclarado si hay otras especies de aves afectadas, aunque por el momento, a tenor del número de ellas encontradas, parece que solo estaría afectando a las cigüeñas, especie cuya presencia es anormalmente elevada en la zona debido a la facilitad para acceder al alimento que encuentran en el vertedero de Pinto/Getafe, donde se depositan alrededor de 800 mil toneladas de residuos anualmente, de los que una gran parte carecen de tratamiento alguno. Los restos orgánicos en descomposición suponen un reclamo, lo que podría agravar el problema por las altas concentraciones de aves en la zona.
La organización ecologista ha exigido transparencia e información sobre la cepa del virus que se está enfrentando, así como que se sigan los protocolos recomendados para evitar, en lo posible, que el contagio se extienda a otras zonas y especies de aves. Existe una gran preocupación por el tratamiento que se está haciendo de los cuerpos sin vida de los animales, tanto su agrupamiento como la manera en que se van a eliminar, también por el personal encargado de su retirada, por lo que la organización ecologista exige a la Comunidad de Madrid que ponga todos los recursos a su alcance, comunique la situación a otras administraciones, e informe a la ciudadanía de la situación y los medios que se están poniendo para controlar esta crisis.
«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.
Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.
El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]
La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):
Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.
Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.
Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.
Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a lahuelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.
La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.
En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:
Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.
Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.
En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.
En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.
“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.
Ecologistas en Acción publica su informe “Estimación del potencial de autoconsumo fotovoltaico en la Comunidad de Madrid” en colaboración con la cooperativa de instalación fotovoltaica Ecooo, en el que se concluye que la instalación de fotovoltaica sobre tejados y superficies urbanas podría aportar hasta el 31 % de la electricidad consumida en la Comunidad de Madrid, minimizando de este modo los impactos sobre el territorio.
La mayor parte de los municipios podrían superar objetivos importantes de generación fotovoltaica e incluso generar el 100 % de la electricidad que consumen actualmente.
La transición energética nos ofrece una ventana de oportunidad única para abrirnos a la democratización, descentralización y concienciación energética y climática de la sociedad a través de la participación ciudadana.
El estudio sobre “Estimación del potencial de autoconsumo fotovoltaico en la Comunidad de Madrid” realizado por la organización ecologista, en colaboración con la cooperativa Ecooo, pone el foco en la superficie disponible en las cubiertas y otras superficies urbanas para la instalación de fotovoltaica, que podrían proporcionar hasta el 31 % de la electricidad consumida en la región. Los resultados obtenidos están en línea con los del estudio realizado en 2019 por el Joint Research Center a nivel europeo, en el que se estima que España tiene un potencial para cubrir el 28 % de su consumo mediante instalaciones en cubiertas.
La Comunidad de Madrid, que constituye actualmente un sumidero de energía, podría avanzar de esta forma en la instalación de energías renovables, minimizando el uso de terreno, la instalación de líneas de evacuación y subestaciones eléctricas, junto con sus posibles impactos asociados.
Para realizar la estimación se ha partido de datos de uso del suelo del Instituto Geográfico Nacional y se han estudiado diferentes superficies, tanto industriales como zonas urbanas, con distintas densidades de población. Además de las cubiertas, se ha tenido en cuenta que hay espacios urbanos susceptibles de ser utilizados para la instalación de fotovoltaica, especialmente espacios abiertos como aparcamientos, grandes avenidas o plazas con buena insolación. La utilización de estas superficies, que podría materializarse utilizando infraestructuras como pérgolas y sombreados, supondría incrementar en un 20 % la potencia que podría instalarse en zonas urbanas.
El informe analiza el potencial de instalación fotovoltaica en cada municipio de la Comunidad de Madrid y evidencia importantes desequilibrios entre distintas zonas. Madrid y su área metropolitana consumen el 85 % de la electricidad de la región pero tienen unos porcentajes de cobertura fotovoltaica más bajos debido a la alta densidad de población con que cuentan, en general (lo que conlleva un alto consumo eléctrico). Esto contrasta con la mayoría de los municipios, de menor densidad de población y menor consumo. Estos municipios presentan una alta disponibilidad para la generación de fotovoltaica en sus áreas urbanas, que se incrementa significativamente con la aportación de una pequeña parte de la superficie rústica.
En el conjunto de municipios, la utilización de un 1 % de superficie rústica municipal hace que se eleve de 155 a 167 el número de municipios que son capaces de generar al menos el 40 % de su demanda mediante fotovoltaica instalada en su término municipal. Si se utiliza el 5 % de la superficie rústica municipal, este número asciende a 175 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Madrid (23,5 %), Fuenlabrada (34 %), Coslada (30,5 %) y Alcobendas (37,4 %) serían los municipios que, en estas condiciones, no alcanzarían el 40 % de cobertura. Un objetivo mínimo del 40 % de cobertura fotovoltaica haría posible que la energía generada se consumiera íntegramente en la región.
El informe analiza cómo el avance del autoconsumo fotovoltaico, potenciado por las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo, puede minimizar la instalación de grandes fotovoltaicas sobre suelo, así como las barreras económicas, sociales y administrativas que están frenando las grandes posibilidades con que cuentan este tipo de instalaciones.
El informe completo para consulta o descarga se encuentra en este enlace:
La energía solar fotovoltaica, por sus características técnicas y su modularidad, puede ser instalada de forma masiva sobre cubiertas y espacios urbanos o periurbanos. Existen estudios a nivel europeo, como el llevado a cabo por el Joint Research Center que dan como resultado que en España se puede cubrir el 28 % de la demanda de electricidad mediante instalación de fotovoltaica en cubiertas. Sin embargo, el modelo que se está implantando está basado en la instalación de grandes superficies sobre suelo, a menudo en regiones alejadas de los puntos de consumo. Un modelo que, además de su impacto sobre el territorio, genera la necesidad de desarrollar líneas de evacuación cada vez más largas, así como subestaciones eléctricas, y que da lugar a mayores pérdidas en las redes de transporte y distribución.
El estudio presentado en este informe se centra en la región de la Comunidad de Madrid, que consume el 11 % de la electricidad del estado, y es proporcionalmente la que menos electricidad genera, siendo un sumidero de consumo de la electricidad generada en las regiones limítrofes. La Comunidad de Madrid cuenta internamente con importantes asimetrías, de forma que el municipio de Madrid concentra a la mitad de la población y consume la mitad de la electricidad de la región. Junto con otros municipios limítrofes que conforman el área metropolitana albergan al 85 % de la población y consumen el 85 % de la electricidad de la región, mientras que una gran mayoría de municipios, más alejados y pequeños, consumen el restante 15 %.
Los resultados del estudio están en línea con los efectuados por el Joint Research Center, y apuntan a que se podría cubrir el 26 % de la electricidad que se consume en la Comunidad de Madrid mediante instalación en cubiertas, y el 31 % de la misma si se añade suelo urbano, ya sea directamente o bien sobre infraestructuras como pérgolas o infraestructuras en aparcamientos, plazas, rotondas o grandes avenidas.
Estos porcentajes de generación se obtienen teniendo en cuenta la instalación en tan solo tres cuartas partes de las superficies identificadas en este estudio, como escenario realista. La utilización del 100 % de las superficies es considerada inviable por diferentes motivos (socioeconómicos, de protección patrimonial, o de utilización para otros usos), y por lo tanto se ha establecido el 75 % de utilización como el escenario más viable a medio-largo plazo. El informe incluye más detalles teniendo en cuenta diferentes grados de utilización de la superficie. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la evolución reciente de la tecnología está posibilitando la mejora continua en el rendimiento de los módulos, lo que significa que, con la misma superficie de paneles, la potencia instalada y por lo tanto la energía generada, será mayor en un futuro.
Una parte importante de los municipios podrían generar el 100 % de la electricidad que consumen mediante fotovoltaica sobre cubiertas y zonas urbanas. No obstante, los municipios del área metropolitana, que son los que mayor consumo concentran, tendrían dificultades para alcanzar porcentajes tan significativos de generación mediante fotovoltaica en cubiertas. Por ejemplo Madrid, que consume la mitad de la electricidad de toda la región, sólo sería capaz de generar hasta el 12,9 % de la energía que consume usando el 75% de sus cubiertas, un porcentaje que subiría hasta el 13,6 % si se añaden instalaciones sobre suelo urbano.
Metodología del estudio y Superficies identificadas
Para realizar el estudio se han muestreado mediante imágenes de satélite 1.500 hectáreas (ha) de zonas urbanizadas, divididas en 7 áreas industriales y 9 áreas residenciales, dando como resultado que en las áreas industriales un 30 % de la superficie total sería apta para la instalación de fotovoltaica en cubiertas, mientras que en las áreas residenciales este porcentaje varía entre el 7 % y el 13 % dependiendo de la densidad de población. Si se añade además el suelo urbano con potencial de instalación, el porcentaje sube al 38 % de la superficie en zonas industriales y entre el 15 % y 21 % de la superficie en zonas residenciales.
Potencial de generación: cubiertas, suelo urbano, y suelo rústico
La energía que se genera en los escenarios considerados viables varía entre los 2.704 GWh para un aprovechamiento del 25 % de las superficies identificadas y los 8.112 GWh para un factor de aprovechamiento del 75 %, lo que significa una cobertura de la demanda total entre el 10,40 % y hasta un 31,20 % respectivamente. Del total de la energía generada, aproximadamente el 80 % se genera sobre cubiertas y el 20 % sobre suelo o infraestructuras.
Se ha estudiado la utilización de suelo rústico en los municipios o fuera de ellos para alcanzar un mayor grado de generación mediante fotovoltaica. Por ejemplo, para alcanzar el objetivo de generación del 40 % del consumo del municipio de Madrid sería necesario ocupar aproximadamente 3.200 Ha, que representan el 13,4 % de su suelo rústico. Si sumamos al territorio que necesitaría el municipio de Madrid el del resto de municipios que no llegan al objetivo de generación serían necesarias 4.150 ha de fotovoltaica en suelo rústico, adicionales al suelo urbano identificado.
Considerando que la ocupación de tal cantidad de suelo rústico es probablemente inviable en el propio municipio, se han considerado los límites del 1 % y el 5 % del mismo. En estos escenarios, por ejemplo, el municipio de Madrid sería capaz de generar hasta un 15,6 % de su consumo utilizando el 1 % del suelo rústico del municipio, y hasta un 23,5 % si se utiliza el 5 % de su suelo rústico (además del 75 % de la superficie urbana identificada).
En el conjunto de municipios, la utilización de un 1 % de superficie rústica municipal hace que se eleve de 155 a 167 el número de municipios que son capaces de generar al menos el 40 % de su demanda mediante fotovoltaica instalada en su término municipal. Si se utiliza el 5 % de la superficie rústica municipal, este número asciende a 175 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Madrid (23,5 %), Fuenlabrada (34 %), Coslada (30,5 %) y Alcobendas (37,4 %) serían los municipios que, en estas condiciones, no alcanzarían el 40 % de cobertura.
Por último, se ha estudiado la potencia adicional que sería necesario instalar en suelo de otras regiones para cumplir distintos objetivos de penetración de fotovoltaica (entre un 40 % y un 100 %). Los resultados varían en función de distintos factores, como el grado de utilización de las cubiertas, el suelo rústico municipal empleado como máximo, y el objetivo de generación que se plantee. Por ejemplo, para un 40 % de cobertura, 75 % de utilización de cubiertas y utilización del 5% de suelo rústico en cada municipio de Madrid sería necesario instalar 500 MW en suelos de otros municipios. En el otro extremo, para un 100 % de cobertura fotovoltaica, un 25 % de utilización de cubiertas y la utilización del 1 % de suelo rústico de cada municipio, sería necesario instalar 12.500 MW adicionales en suelo de otros municipios.
Conclusiones
Pese a que la Comunidad de Madrid es una zona densamente poblada y con un consumo elevado de electricidad, existe un alto potencial de generación mediante fotovoltaica en cubiertas y zonas urbanas. Esta fuente podría cubrir entre el 26 % y el 31 % de la demanda de electricidad de la región utilizando el 75 % de las superficies identificadas, límite que se ha considerado como máximo debido a diversos condicionantes.
Un objetivo mínimo del 40 % de cobertura fotovoltaica, acompañada de la incorporación de tecnologías de almacenamiento, haría posible que la energía generada se consumiera íntegramente en la región. Para llegar a ese objetivo de autonomía sería necesaria la instalación de aproximadamente 6.500 MW de potencia sobre suelo, lo que puede suponer un consumo de terreno de entre 10.000 y 12.000 hectáreas. Utilizar las superficies urbanas identificadas reduce la necesidad de instalación en suelos rústicos entre un 65 % y un 80 %, y más aún si se añade instalación en una parte reducida del suelo rústico de cada municipio.
La transición energética nos ofrece una ventana de oportunidad única para abrirnos a la democratización, descentralización y concienciación energética y climática de la sociedad a través de la participación ciudadana. Autoconsumo individual o colectivo, comunidades energéticas, inversión pública en producción de energía renovable y gestión de la demanda son los nuevos ejes que nos pueden ayudar a transformar el mercado energético y nos ayuda a poner en valor, real y no solo como un concepto económico, la energía.
Sin embargo, la principal barrera al desarrollo del autoconsumo, tanto individual como colectivo, se encuentra en los requerimientos desproporcionados, trámites administrativos innecesarios y demoras injustificados por parte de las distribuidoras eléctricas, como se puede concluir del informe “Autoconsumo en España: diagnóstico, retos y propuestas” realizado por la Alianza por el Autoconsumo. Por otra parte, como se señala en el informe de CECU “La protección de las personas consumidoras vulnerables en el modelo de comunidades energéticas locales”, las comunidades energéticas ofrecen un nuevo modelo de oportunidades a la ciudadanía. La generación de energía procedente de comunidades energéticas y autoconsumos colectivos nos facilitará influir de manera justa en los precios de la energía, como integrantes activos del sistema y reducir los precios de la energía.
En todo caso, todo lo anterior debe basarse en una premisa: la sustancial reducción del consumo energético y material de nuestra sociedad. Sin una estrategia de decrecimiento planificado y socialmente justo, la llamada transición energética solo supondrá un intento por mantener unos años más el actual sistema económico ecocida antes del previsible colapso.
Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid presenta denuncia por usurpación, construcción de un vial y circulación de hormigoneras en la Cañada Real de Peregrinos (Hoyo de Manzanares).
Solicitan que se retiren el vallado y la cancela que impiden el libre acceso. También que, con carácter urgente, se proceda a la paralización cautelar de las actividades contrarias a la legislación.
Ecologistas en Acción ha presentado un escrito de denuncia ante la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación por la ejecución de un vial de acceso sobre un tramo de la Cañada Real de Peregrinos, entre el Campus de La Berzosa de la Universidad Nebrija y una zona donde se construyen 118 viviendas unifamiliares de uso residencial, que ya cuenta con acceso rodado a través de la urbanización La Berzosa, por lo que, aseguran, este nuevo viario resulta innecesario y contrario a la legislación que regula estos espacios. El tramo afectado se ubica en el extremo suroeste de la Cañada Real de Peregrinos dentro del término municipal de Hoyo de Manzanares, en terrenos incluidos en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, zonificado como B1: Parque Comarcal Agropecuario Protector.
Señalan también la presencia de un vallado y de una cancela con candado que puede suponer la usurpación de hecho de un tramo de la vía pecuaria equivalente a unos 8.200m2. La organización ecologista ha podido constatar la circulación frecuente de hormigoneras que, además, utilizan terrenos pertenecientes a la cañada para realizar labores de limpieza de los vehículos.
El cierre de la vía pecuaria está impidiendo el paso de multitud de animales, comprometiendo la función que como corredor biológico le atribuye la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Ecologistas en Acción reclama a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid que, en ejercicio de sus potestades, se proceda a la paralización cautelar urgente de las actividades, la retirada de las instalaciones y elementos de cualquier clase que obstaculizan la integridad y funcionalidad del dominio público pecuario y se inicie el correspondiente procedimiento sancionador, identificando a las personas físicas y jurídicas responsables y, en su caso, las corporaciones o entidades públicas que hayan otorgado autorizaciones o licencias para realizar las actuaciones denunciadas.
Como en todos los casos en los que una vía pecuaria, o tramos de ella, discurren dentro de los límites de los espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid, como es el caso de la Cañada Real de Peregrinos, la organización reclama su declaración de “interés natural” en consonancia con el artículo 9 de la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
Para Ecologistas en Acción, contar con una red de 4200 km. de vías pecuarias en el contexto de la región madrileña, caracterizada por la expansión urbanística, la fragmentación de los hábitats y la pérdida de biodiversidad, merece considerarse como un elemento corrector esencial para mitigar y contrarrestar los efectos más negativos de esta realidad territorial, “se requiere decisión política, un diagnostico informado, recursos económicos y humanos adecuados y, sobre todo, de una ciudadanía comprometida en su conocimiento y defensa” afirman.
La Plataforma STOP Fórmula 1 se dirige por carta a la Federación Internacional de Automovilismo para advertir sobre las incertidumbres que se ciernen sobre este proyecto.
Madrid ha renunciado al final de la Vuelta Ciclista 2026 en beneficio de la Fórmula 1 y, mientras tanto, los recursos jurídicos interpuestos por la Plataforma siguen avanzando.
El reloj de la cuenta atrás de la Puerta del Sol ha desaparecido sin ninguna explicación.
Recientemente se han conocido unas filtraciones desde Liberty Media, la multinacional estadounidense que compró la Fórmula 1 en 2016, que señalan las dudas que alberga esta entidad sobre el avance del proyecto madrileño, lo que les estaría llevando a la búsqueda de una alternativa, quizá en Italia.
En este contexto, y con motivo de la próxima visita de representantes de la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, a Madrid, la Plataforma STOP Fórmula 1 Madrid se ha dirigido por carta a sus representantes para señalar las incertidumbres económicas de este proyecto así como los incumplimientos legales que podrían abocarlo al fracaso.
En la carta a la FIA, con copia al presidente del Consejo Superior de Deportes, se advierte de la gran inseguridad jurídica de este proyecto, con recursos pendientes de resolver en los tribunales, de su importante impacto social y humano, ya que según los propios estudios de los promotores muchos vecinos sufrirán niveles de ruido y de contaminación muy superiores a los máximos permitidos, además del deterioro del entorno donde viven. Todo ello entra en una patente contradicción con los valores que la propia FIA declara promover: sostenibilidad, seguridad vial y legado positivo en las ciudades anfitrionas.
Del mismo modo, la Plataforma también ha dirigido otras cartas al principal promotor de este proyecto, José Vicente de los Mozos, Presidente de IFEMA, al alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, y a dos de sus concejales, Borja Carabante y Paloma García, responsables de Medio Ambiente y de Obras, respectivamente. Les advierte de que se están llevando a cabo obras de urbanización y modificación de viales sin un proyecto aprobado oficialmente, así como que el uso de parques, plazas, calles y parcelas públicas para fines comerciales vulnera los principios de legalidad y transparencia, y de que ellos son los directos responsables de esta situación.
Por ello, la Plataforma les exige la paralización cautelar de toda actuación relacionada con este proyecto; la publicación inmediata de los convenios, licencias o acuerdos firmados con promotores privados; y que se cumpla el derecho del vecindario a participar en decisiones que afectan al modelo de ciudad y a su entorno.
La Plataforma STOP Fórmula 1 Madrid advierte que casos como los del Circuito del Jarama, Estadio Santiago Bernabéu, Conciertos Mad Cool, o Estadio Metropolitano, denunciados por vecinos y comunidades de propietarios por las molestias continuadas generadas por la celebración de macroeventos y la ocupación de calles, son un precedente claro de lo que puede ocurrir en el caso de este circuito, si se persiste en esta lógica de dar prioridad a los grandes eventos en entornos urbanos consolidados.
De hecho, los recursos interpuestos por la Plataforma Ecologista Madrileña, con el apoyo de Ecologistas en Acción, ambas organizaciones integradas en la Plataforma STOP Fórmula 1 Madrid, siguen su curso. Hace justo una semana se presentó la demanda definitiva al Plan Especial de Definición de Redes en el recinto del parque ferial Juan Carlos I y su entorno, el plan que pretende dar cobertura al circuito. Y a mitad de diciembre está previsto que se presente la otra demanda definitiva contra la licencia municipal.
Mientras se dirime la situación legal del circuito en los tribunales, la Plataforma STOP Fórmula 1 destaca que ya estamos sufriendo graves pérdidas. Por un lado, están los gastos, que ya se cuantifican en centenares de millones de euros. Y por otro, la renuncia a recibir el final de la Vuelta Ciclista a España en Madrid en 2026, porque coincidía en el mismo fin de semana, el 12-13 de septiembre, en el que se prevé realizar la primera carrera de Fórmula 1. De modo que se opta por suprimir un acontecimiento de gran arraigo popular, con un gran número de seguidores, para dar paso a un evento situado en el polo opuesto: un espectáculo para ricos, restringido a quienes asuman el pago de entradas con precios desmesurados y que tendrá un impacto muy negativo en el entramado urbano y en los niveles de contaminación del aire y ruido en la zona.
La Plataforma STOP Fórmula 1 demanda también a la Comunidad de Madrid una explicación de por qué la semana pasada se retiró el reloj de la cuenta atrás hasta la primera carrera, situado en la Puerta del Sol, mientras se pregunta si se trata de una asunción implícita de las dudas que se ciernen sobre este proyecto. La Plataforma también se cuestiona qué sentido tiene el cambio de dirección de las obras del circuito que se ha aprobado la pasada semana si, como afirma IFEMA, estas van muy avanzadas, al contrario de lo que dan a entender las filtraciones que llegan de los propietarios de la Fórmula 1.
Los pasados 26 y 27 de noviembre las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid fuimos nuevamente a la huelga contra la asfixia económica a la que nos está sometiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el horizonte amenaza, además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), un proyecto legislativo que busca abrir aún más el espacio universitario al expolio de los recursos públicos.
La situación en las universidades madrileñas
La situación de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid viene de lejos. Se tomen los datos que se tomen, la financiación nunca ha recuperado los niveles previos a los recortes implementados por las medidas de austeridad posteriores a 2008. En aquel momento, las universidades públicas madrileñas vivían una situación de equilibrio presupuestario y la financiación pública por estudiante era equivalente en Madrid y en el sistema nacional en su conjunto. Quince años después, hay un desfase del 22,5% en la región. La Comunidad de Madrid es la única región española que invierte menos ahora por estudiante de grado y de máster. Siendo una de las regiones más ricas, es también, junto con Cataluña, la que menos invierte por estudiante.
La financiación pública de las universidades madrileñas se situó el año pasado en un 0,37% en relación al PIB autonómico. Este índice parece aumentar ligeramente en 2025 (0,38% según estimaciones conservadoras sobre el crecimiento del PIB y la inflación), aunque en relación al presupuesto total, el universitario desciende una vez más: del 4,06% al 4,04%. Este dato es importante porque al consejero de Educación, Emilio Viciana Duro, le gusta decir que el porcentaje con respecto al PIB ni representa las necesidades reales de las universidade,s ni mide adecuadamente el esfuerzo presupuestario que realiza la Comunidad de Madrid. La realidad es que dicho esfuerzo ha pasado de estar 25 puntos porcentuales por encima de la media nacional en 1998, cuando las competencias estaban en manos del Ministerio de Educación, a situarse un 23% por debajo en 2023.
El gobierno de la Comunidad de Madrid atribuye los problemas económicos de sus universidades al aumento del gasto. Pero, una vez más, los datos desmienten sus afirmaciones. Mientras el total de los gastos a nivel estatal ha aumentado un 20%, en Madrid dicho incremento ha sido una quinta parte menor (16%). El problema es que mientras en el primer caso los ingresos han aumentado un 20%, el sistema universitario madrileño apenas ha visto incrementados sus ingresos en un 10%. Poniendo estas cifras nuevamente en relación al PIB autonómico, la caída de los ingresos de las universidades madrileñas es palmaria: del 0,90% de 2008 se ha pasado al 0,68% en 2023 (un retroceso del 25% en términos reales).
Si acudimos a los euros contantes y sonantes, hay que indicar que, en verano de 2024, los rectorados de las seis universidades públicas solicitaron un incremento de 200 millones en el presupuesto para poder funcionar con una mínima normalidad.1 El gobierno de Ayuso respondió con un pequeño incremento de 47,26 millones respecto de lo que había anunciado en primera instancia. Este año se anuncia otra pequeña subida de 75,3 millones. En total, poco más de la mitad de lo que las universidades solicitaban simplemente para poder abrir.
Esto ha hecho que aquellas universidades con un mayor déficit de financiación se encuentren en graves problemas. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tuvo un agujero de 33 millones de euros en 2023. Un año después, este déficit aumentó hasta los 45 millones. Es la universidad que menos dinero recibe de las administraciones autonómicas por estudiante (4.291 euros anuales). Este déficit estructural de financiación ha tenido que ser cubierto con los remanentes de diez años de ahorro. Pero la tesorería se agota rápidamente con esta deriva. Este pasado verano, el rector afirmaba que les quedaba entre un año y un año y medio de solvencia.
La situación en la UCM
El agujero en la Universidad Complutense (UCM) en los últimos dos años ha sido de 142,3 millones de euros (64,5 millones en 2023 y 77,8 millones de euros en 2024). El problema no es puntual y se va a ir agravando. Si se compara la cuantía de la transferencia de este año con la que tenía lugar en 2008, y se corrige la inflación, se aprecia un recorte del 18%. El gobierno de Ayuso puede seguir diciendo que está aumentando la financiación porque en 2024 asignó un 7,8% más (373,8 millones) de lo que transfería en 2008 (349,8 millones). Pero lo cierto es que la inflación ha aumentado un 31,3% en ese mismo período. No hace falta ser economista para deducir lo que ha ocurrido en estos 16 años. Y eso en un contexto en que la región ha vivido un crecimiento acumulado del 28,8% del PIB, una vez ajustada la inflación. No hay manera de justificar esta asfixia por la situación económica.
Por eso se ha visto obligada a pedir un préstamo a la misma institución que la ahoga económicamente. Un crédito de 34,46 millones de euros que tiene que devolver en los próximos cinco años. Pero no solamente tendrá que devolver ese dinero. Además tendrá que pagar 4,4 millones de euros en conceptos de intereses (2,8%). En una situación de insolvencia provocada por la propia Comunidad de Madrid, ésta pasa a convertirse en acreedora y asume la deuda de la universidad que ella misma ha generado a cambio de un nada módico precio (el Euribor se encuentra en estas fechas alrededor del 2%).
A cambio de ese dinero, la UCM tiene que implementar un Plan Económico-Financiero de ajuste de gasto de alrededor de 33 millones de euros en los próximos 3 años. Por las informaciones de que disponemos hasta ahora el núcleo duro de esos recortes se va a concentrar en la plantilla: 16 millones en el personal docente e investigador (PDI) y 11 millones en el personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS). Lo que es seguro es que se mantendrá durante tres años la retención del 35% del presupuesto a departamentos y facultades que se anunció en diciembre del año pasado en previsión de la situación de insolvencia a la cual la conducía la Comunidad de Madrid. Ahora ha anunciado que dicha medida se mantendrá los próximos tres años. Esta retención presupuestaria ya supuso que se dejaran de financiar los grupos de investigación, que algunas bibliotecas tuvieran que anunciar que no se adquirirían novedades o que se cancelaran becas de excelencia para estudios de máster.
Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC)
A nadie puede sorprender el desprecio de un gobierno del PP por los servicios públicos. Aun así, la situación resulta chocante incluso para los estamentos universitarios más conservadores. Los decanos y decanas de todas facultades de la Complutense se han concentrado en la Puerta del Sol para protestar por la falta de financiación. Con la boca pequeña, y un exasperante síndrome de Estocolmo en ocasiones cínico, los rectorados llevan un año y medio denunciando la insostenibilidad de la educación superior universitaria con estas cifras. ¿A qué responde entonces este ataque que parece llevar el recorte al punto del desmantelamiento?
Prácticamente al mismo tiempo que conocíamos el crítico escenario económico que afrontaban nuestras universidades, caía en nuestras manos un borrador incompleto del anteproyecto de ley que preparaba el gobierno de Ayuso. Un proyecto estructural que busca aprovechar los huecos habilitados por la legislación estatal para convertir la educación superior madrileña en un mercado del que se puedan obtener pingües beneficios. Llevan años intentándolo, no solo con la educación, también con la sanidad, y piensan que la crisis económica que han generado en la universidad les da la oportunidad perfecta tanto en la imposición de recortes como en la negociación legislativa.
Este es un ataque desde varios frentes a la autonomía universitaria. Busca poner a las universidades públicas bajo control directo de la Comunidad de Madrid y el tejido empresarial madrileño. La infrafinanciación de las universidades públicas abre espacio a la competencia de las entidades privadas y a la precarización de la fuerza laboral, tanto la propia de las universidades como aquella en formación, a la vez que ofrece trabajo gratuito o infrapagado. Pero la verdadera y preocupante novedad de la ley es el fomento del expolio de los recursos públicos.
El sometimiento de la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, al mundo empresarial ya no pasa solamente por su orientación al mercado laboral y las exigencias productivas. Con esta ley es la propia educación superior la que se convierte cada vez más en un mercado en el cual lucrarse. Pero además no se pretende hacer únicamente favoreciendo a las entidades privadas en detrimento de las públicas. Las exigencias de programas conjuntos, uso compartido de equipamientos, trasvase de estudiantes y docentes y demás aspectos propuestos en el anteproyecto dejan a las claras que lo que se busca es permitir el parasitismo de entidades privadas, tanto universitarias como no universitarias, sobre las universidades públicas.
Para ello la Comunidad de Madrid debe reforzar su propio control externo sobre las universidades y el control interno por parte del tejido empresarial a través de los Consejos Sociales. Esta institución idealmente pensada para habilitar la participación de la sociedad en la universidad ha sido utilizada para permitir la entrada del mundo empresarial. El anteproyecto de ley amplía y deforma sus funciones hasta convertirlo casi en un Consejo de Gobierno de facto. Junto con la también exacerbada figura de la intervención, se busca transformar radicalmente el equilibrio de gobierno y el significado mismo del concepto de la autonomía universitaria. Las competencias económicas que se le otorgan le dan un control presupuestario prácticamente total. Las académicas le habilitan para controlar lo que se enseña o se investiga en las universidades. Y por si todo ello fuera poco, se le pretende convertir en un órgano que blinde y promocione los discursos de odio, puenteando los órganos de la propia universidad que regulan los derechos de reunión y libertad de cátedra o expresión. Pero el objetivo es el mismo que muestran el resto de artículos referidos al gobierno y el diseño institucional: debilitar la autonomía universitaria para blindar el control político de la Comunidad de Madrid y bloquear las vías de representación y participación efectiva de las trabajadoras y el estudiantado. Solo así podrá llevarse a cabo la puesta en disposición de los centros privados de enseñanza superior –universitaria o no universitaria (por eso se establece una normativa conjunta)– las infraestructuras (laboratorios, centros deportivos, talleres artísticos y otras instalaciones o herramientas digitales), la investigación y la formación para la investigación (programas de doctorado), los recursos humanos, los servicios, así como el prestigio de las universidades públicas.
El otro instrumento ideado para consumar el expolio es el modelo de financiación propuesto en el anteproyecto. Dividido en tres capítulos (financiación básica, por necesidades específicas y por objetivos), de los cuales solamente el primero estaría relativamente garantizado, esta propuesta, lejos de garantizar la autonomía financiera de las universidades, refuerza su dependencia del proyecto privatizador de la Comunidad de Madrid y mantiene una transferencia ordinaria insuficiente para su normal funcionamiento. Puesto que se pretende detraer de dicha transferencia los ingresos de los precios y tasas públicas, el anteproyecto pone un límite a la financiación autonómica por debajo de las necesidades de financiación básica. Lo mismo ocurre con los gastos de mantenimiento y reposición de activos ya existentes, que no podrán incluirse en el capítulo de necesidades específicas –en abierta contradicción con la legislación estatal–. Este se vería limitado exclusivamente a nuevas inversiones en infraestructuras y equipamientos que tendrán que ser aprobadas por la Comunidad de Madrid. Finalmente, la financiación por objetivos busca establecer unos contratos-programa orientados al cumplimiento de la colaboración con las empresas privadas y a la progresiva privatización de las propias fuentes de financiación de la universidad. Porque esa es la otra gran novedad que quiere implantar la LESUC: la creación de fondos de inversión y otros mecanismos financieros para que las universidades obtengan recursos por su cuenta en el mercado. Si la situación económica de las universidades públicas ya es insostenible hoy, un estudio de los mayores expertos en contabilidad universitaria ha llevado a cabo el ejercicio de aplicar los criterios de financiación del anteproyecto para la liquidación presupuestaria de 2023. El resultado es que las universidades públicas de Madrid perderían en total otros 179 millones de euros. La Complutense sería la más afectada con más de 54 millones menos. Si el mismo criterio se aplicase a nivel nacional, la pérdida sería de casi mil millones de euros.
¿Estamos ante un proyecto de ahorro y austeridad brutal en un momento de relativa bonanza, al menos en términos macroeconómicos y ciertamente para las arcas de la Comunidad de Madrid? Sin descartar que la animadversión por lo público de las élites políticas y económicas madrileñas pudieran conducir a decisiones irracionales como esta, lo cierto es que el motivo es mucho más prosaico. La universidad privada se ha convertido en un nicho de negocio de alta rentabilidad en España. Un estudio de hace seis años cifraba la rentabilidad media del sector en un 9,4%. Y es un mercado en crecimiento. Incluso enormes fondos de inversión se percataron de la situación y adquirieron en aquel momento dos de las más rentables, Alfonso X El Sabio y la Universidad Europea, por más de mil millones y casi ochocientos millones, respectivamente. Recientemente, la primera se ha vendido por el doble de lo que costó. En seis años, el fondo de inversiones CVC ha ganado mil millones de euros. Una rentabilidad del 100% de la inversión. Lo mismo ha sucedido con la Universidad Europea. Aunque las cifras de la venta no han sido publicadas en este caso, su valor de mercado actual se calcula también en alrededor de 2000 millones de euros. El fondo Permira habría casi triplicado su inversión de hace seis años.
Estamos ante un caso de intento de acumulación por desposesión de manual. Pero como siempre que el capital arremete contra nuestros derechos y condiciones de vida, los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas, de la mano del revitalizado movimiento estudiantil, vamos a resistir. Nos jugamos la universidad pública en Madrid. Las movilizaciones de este año que cerramos con la huelga general universitaria son solo el comienzo de la lucha. Vamos a parar la tramitación de la LESUC y vamos a obligar a la Comunidad de Madrid a revertir la situación de infrafinanciación que lleva años provocando. Y ojalá esto sea solo el comienzo también de una lucha por los servicios públicos en general en Madrid. Porque el gobierno de Ayuso representa el trumpismo más peligroso que el capital quiere usar para seguir esquilmando: aquel con poder institucional y de gobierno. Ahora le toca a la universidad, pero lo seguirán intentando con la sanidad y con cualquier otra forma de riqueza colectiva que escape a su depredación. Pero nosotras también nos organizamos. Lo hicimos con las mareas y lo estamos volviendo a hacer.
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1 Según cálculos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA), transmitidos en Consejo de Gobierno por el rector de la Complutense en julio de este año, dicha cifra alcanzaría hoy los 460 millones de euros.
Este seminario explorará las diversas áreas de la tradición teórica y práctica del decrecimiento. Cada sesión será guiada por personas con experiencia directa en los distintos campos abordados, que compartirán tanto su conocimiento de las fuentes y debates fundamentales como su práctica activista, ofreciendo una visión integrada de los desafíos y oportunidades del decrecimiento. La propuesta busca generar un espacio de reflexión crítica en el que el análisis de textos relevantes se entrelace con la práctica y la experiencia.
Sesiones primer semestre 2026:
Jorge Riechmann, Por qué necesitamos decrecer (‘spoiler’: las transiciones ecosociales son algo mucho más difícil de lo que se nos vende), 10 de febrero, de 12:00 a 14:00 (Salón 217).
Luis G. Reyes, Las renovables industriales no son el final de la transición energética, 12 de marzo, de 17:00 a 19:00 (Seminario 30).
Marian Simón, Cuando el decrecimiento echa raíces: Agroecología y autogestión en los territorios, 15 de abril, de 12:00 a 14:00 (Salón 217).
Charo Morán, Nueva cultura de la Tierra, 12 de mayo, de 12:00 a 14:00 (Seminario 30).
Adrián Almazán, De las tecnologías imperiales a las técnicas humildes: el desafío de las infraestructuras, 1 de julio, (Salón 217).
Para acceder al texto base de cada sesión o realizar cualquier consulta, contáctanos en asarias@ucm.es.
Todas las sesiones se celebran en el Edificio A de la Facultad de Filosofía de la UCM.
El pasado sábado 22 de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid encendió el alumbrado ornamental en el tramo de 560 metros del río, ubicado en la zona de la presa 6, entre el puente Oblicuo y la pasarela de Andorra (distritos de Arganzuela y Latina), pese al enorme rechazo ciudadano y científico y a tener abierto un recurso contencioso-administrativo interpuesto hace un año por la Asociación Pasillo Verde Imperial y Ecologistas en Acción.
En su nota de prensa, el propio Ayuntamiento de Madrid reconoce que el alumbrado es fuente de contaminación lumínica y, aún así, anuncia no solo que las luces se encenderán todo el año (cambiando el horario en función de la luz natural), sino que se trata de un proyecto piloto, no se sabe si con la intención de extender ese alumbrado a más zonas del río Manzanares.
Las entidades denunciantes vuelven a insistir en que el proyecto incumple el Plan Especial Río Manzanares y supondrá un grave impacto medioambiental en un río, cuya renaturalización es referente a nivel nacional e internacional. Recuerdan que este alumbrado es innecesario y perjudicial, no se justifica por ninguna razón de interés general o interés público, y solo responde al arbitrario capricho del Ayuntamiento en su afán por seguir turistificando la ciudad en general y el eje de Madrid Río en particular.
Ante esta agresión al río y su biodiversidad por parte del consistorio, las denunciantes reafirman su inquebrantable compromiso con la protección del río Manzanares y se suman asimismo a la Declaración de los Derechos del río Manzanares y su cuenca promovida por la ciudadanía.
Por todo ello, una veintena de colectivos se suma a la convocatoria de la concentración de protesta este viernes 28 de noviembre a las 18:30 en Madrid Río (en la presa 6, entre la pasarela de Andorra y el puente Oblicuo, a la altura de Avenida Manzanares, 26), bajo el lema “Por un río vivo, ¡no a las luces!”.
El colectivo reivindica mejoras en sus condiciones laborales y la aplicación de la Ley Básica sobre bomberos forestales para adquirir el reconocimiento efectivo de su categoría profesional.
Los bomberos y bomberas forestales han creado una caja de resistencia y solicitan la colaboración ciudadana para seguir sosteniendo su lucha.
Ecologistas en Acción manifiesta su apoyo a las reivindicaciones y defiende la dignidad y mejoras materiales para el colectivo.
El colectivo de bomberos y bomberas forestales de la Comunidad de Madrid permanece en huelga indefinida desde el pasado 15 de julio. Denuncian el maltrato institucional y la precariedad laboral que atribuyen a TRAGSA y a la Comunidad de Madrid, responsables del servicio de prevención y extinción de incendios forestales.
Son más de 400 profesionales que reclaman un convenio digno y el fin de la temporalidad y la precariedad laboral a la que se condena cada año a cientos de personas que quedan en situación de desempleo.
Debido a la penosidad y los riesgos que este trabajo conlleva, reclaman mejoras salariales y una mayor protección frente a enfermedades profesionales, dada la exposición a sustancias tóxicas y cancerígenas a las que este colectivo profesional está sometido en su desempeño.
Otra de las reivindicaciones tiene que ver con la exigencia para que se aplique Ley Básica 5/2024 sobre bomberos forestales, de manera que se produzca el reconocimiento efectivo de su categoría profesional, tras haber transcurrido más de un año desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Según organizaciones sindicales, esta ley ofrece el marco legal para la estabilización, estructuración y consolidación de los dispositivos de prevención de incendios, especialmente ante las necesidades actuales y el avance de la emergencia climática que provoca veranos cada vez más largos y calurosos y, por tanto, con más riesgo de incendios.
Desde Ecologistas en Acción se apuntaba la necesidad de dotar de medios suficientes a los equipos de extinción, dignificando las condiciones laborales y el fin de la temporalidad y precariedad de las personas que se enfrentan en primera línea a fuegos cada vez más frecuentes y virulentos, en este sentido, la organización ecologista ha mostrado su solidaridad con un colectivo que, pese a tener una consideración como servicio esencial, no ha recibido reconocimiento y atención suficientes.
Campaña de captación de fondos para “resistir”
Tras más de cuatro meses de huelga indefinida, las condiciones materiales de las personas que están realizando el paro han sufrido un gran deterioro. Para mitigar esta situación y poder seguir sosteniendo una lucha que reconocen “muy dura” con la administración regional, a la que atribuyen la aplicación de una “estrategia de desgaste” -no se ha sentado a negociar desde que se declaró la huelga-, han lanzado una campaña de captación de fondos a través de la Plataforma Goteo.org para ayudar a sostener a los compañeros y compañeras que llevan meses sin recibir su salario.
También solicitan la colaboración de la ciudadanía en la difusión del conflicto ya que, según señalan, “esta lucha no es solo de los bomberos y bomberas forestales; es una lucha por los servicios públicos, la seguridad laboral y la dignidad de la clase trabajadora”.
Ecologistas en Acción denuncia que la aprobación definitiva de la urbanización de Los Carriles, sacrifica un ecosistema vital en favor de un modelo de urbanismo disperso y especulativo.
La organización ecologista, apoyada por el movimiento vecinal del municipio, considera esta operación supondrá la destrucción del último pulmón verde de la ciudad.
Ecologistas en Acción de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes (Alcosanse) ha manifestado su rotundo rechazo a la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector Valgrande (Los Carriles) por parte del Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas. Esta decisión consolida la destrucción de un enclave de valor ecológico incalculable y perpetúa un modelo de crecimiento insostenible.
El grupo ecologista apunta que el nuevo plan parcial, prácticamente idéntico al que el Tribunal Supremo anuló en junio, contempla la construcción de 8.600 viviendas, entre ellas 860 chalés de lujo junto al Monte Valdelatas. Para ocultar una línea de alta tensión, se plantea construir una montaña artificial de hasta 23 metros, equivalente a un edificio de 6 alturas, que alterará el relieve y fragmentará el territorio.
Ecologistas en Acción señala que urbanizar Los Carriles implicará talar decenas de miles de árboles y asfaltar más de medio millón de metros cuadrados, lo que supondrá transformar el Valle del Arroyo Valdelacasa en un parque ajardinado atravesado por viales, colectores de aguas residuales, tuberías y conducciones eléctricas, desnaturalizando completamente este ecosistema. Todo ello, denuncian, sin reservar ni un solo metro cuadrado para vivienda social.
Destrucción injustificable del último espacio natural de Alcobendas
La Urbanización de Los Carriles-Valgrande supone el sacrificio del último gran espacio verde de la ciudad. Esta joven dehesa de 217 hectáreas es, por su situación estratégica, un corredor ecológico vital esencial para la interconexión con otros espacios protegidos clave, como el Monte de El Pardo, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Reserva de la Biosfera) y el Monte Dehesa Boyal.
Sepultar el Valle del Arroyo de Valdelacasa bajo hormigón y asfalto destruirá su extraordinaria biodiversidad de flora y fauna, incluidos numerosos polinizadores y aves rapaces protegidas como el águila calzada, el buitre negro o el milano real, que lo emplean como área de campeo. Pero además supone una seria amenaza para la pervivencia del Monte preservado de Valdelatas, limítrofe a Los Carriles, que verá sustituido su actual escudo protector de área silvestre por la presión urbanística extrema, al verse rodeado por 8.600 viviendas.
Grave retroceso en vivienda social
El Ayuntamiento justifica esta actuación como necesaria ante la falta de vivienda, sin embargo, Ecologistas en Acción denuncia que se trata de un plan especulativo contrario a los postulados del desarrollo sostenible recogidos en la ley del suelo aprobada en nuestro país hace más de 17 años. En ella se insta a priorizar la ciudad compacta frente a la dispersa, poniendo en valor los núcleos urbanos existentes.
La asociación ecologista considera que el argumento que se esgrime para justificar la operación urbanística como oportunidad de cara a construir “vivienda asequible” es “totalmente engañosa”, y aseguran que “la mayoría de las nuevas viviendas serán de lujo o inasequibles para la población”. Aunque el plan incluye algunas VPPB y VPPL, no destina suelo al alquiler —pese a que la Ley por el Derecho a la Vivienda exige al menos un 50%— ni a vivienda social para quienes tienen más dificultades de acceso. Todo ello a pesar de que el PGOU de 2009 reservaba 72.206 m² para este fin y de que se prevén ingresos superiores a 814 millones de euros por la venta de aprovechamientos.
Exigencia de Ecologistas en Acción y el movimiento vecinal
Ecologistas en Acción de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, de la mano de vecinas y vecinos agrupadas en la Plataforma Salvemos Los Carriles, ha exigido al Ayuntamiento de Alcobendas que abandone proyectos especulativos que destruyen el territorio y responden únicamente a intereses privados. Reclaman la apertura de un proceso real para repensar la ciudad, escuchando el clamor de la ciudadanía que pide conservar el último espacio natural del municipio en su estado original, tanto por la calidad de vida de la población como por la protección del corredor ecológico. Asimismo, anuncian que están analizando en detalle el plan parcial aprobado por si existen vulneraciones de la normativa urbanística o medioambiental que diesen lugar a recurso legal para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección del interés general y del entorno.
Nota sobre la consulta de la CNMC sobre la transformación urbanística del suelo para viviendas en España (del 20 de octubre al 21 de noviembre de 2025)
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha iniciado un estudio sobre la regulación que afecta a la transformación urbanística del suelo para mejorar la disponibilidad de vivienda, en el marco del cual ha lanzado una consulta pública consistente en un cuestionario en el que se repasan los posibles obstáculos o disfunciones de los procesos de transformación del suelo (expresión eufemística para urbanización, es decir, transformación de suelo rústico en urbanizado) para su disponibilidad para la edificación de vivienda nueva en nuestro país.
Previos
Estos son algunos de los argumentos que explican o justifican la consulta según el anuncio de la CNMC:
La vivienda es un bien esencial para el bienestar de la ciudadanía. Su disponibilidad y asequibilidad inciden de manera determinante en las condiciones de vida de la población, así como en múltiples aspectos cruciales para la sociedad y economía de un país.
El suelo es un elemento necesario para la construcción de vivienda y podría representar hasta un 45% de su precio, si bien pueden existir restricciones a su uso para vivienda.
La CNMC ha iniciado un estudio sobre la regulación que afecta a la transformación urbanística del suelo para mejorar la disponibilidad de vivienda. El objetivo es identificar los elementos que restrinjan de forma innecesaria o desproporcionada la eficiencia y competencia del sector, y formular una serie de recomendaciones para mejorar su funcionamiento.
Aclaración: la CNMC es un organismo público cuya misión u objetivo principal es garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, así como velar por una regulación eficiente, en beneficio de los consumidores y de las empresas. (literal de su página web)
Introducción
Aunque la consulta parece dirigida sobre todo al sector inmobiliario (atendiendo a la lista de opciones que ofrece para identificar a las personas participantes en la consulta), dada la relevancia social del tema que en teoría se pretende abordar (la vivienda), también debería ser contestada por las entidades ciudadanas y ecologistas. Sin embargo, a la vista del cuestionario, nos parece que la consulta carece de un enfoque mínimamente coherente como para contribuir realmente a diagnosticar la problemática supuestamente abordada, por lo que no tiene sentido responder al mismo. El cuestionario tiene como hilo conductor la hipótesis de que el origen principal de la crisis habitacional en el Estado español es la falta de dinamismo en la ‘transformación urbanística’ del suelo; una hipótesis que no se respalda con datos, pero sobre la que se pide opinión a los ‘agentes involucrados’.
Pero, aun aceptando esa hipótesis o premonición de parte de la CNMC, lo suyo hubiera sido que la consulta se dirigiera en primer lugar a las administraciones autonómicas y locales responsables de la regulación del suelo y el urbanismo para conocer objetivamente su funcionamiento, es decir, para saber cuántos procesos de transformación se inician y se realizan, y con qué plazos de ejecución. Para disponer así, además, de un mapa del problema diferenciado territorialmente, y no un apriorismo genérico sobre un fenómeno que probablemente presenta una gran diversidad de situaciones y problemáticas a lo largo y ancho de la geografía estatal.
Es decir, la consulta de la CNMC adolece de un primer fallo metodológico: la carencia de un diagnóstico con datos en el que se verifique la existencia de un escollo en la transformación del suelo para la resolución de la crisis habitacional existente en nuestro país, y se dimensione, en su caso, su magnitud por territorios.
A partir de ahí, estos son a nuestro juicio algunos otros errores metodológicos y conceptuales que invalidan la consulta como instrumento de conocimiento de los problemas de la vivienda en nuestro país:
a) La vivienda no es únicamente una mercancía, ni, por lo tanto, el sector habitacional es un mercado más 1
b) Ser urbanizado no es el único destino posible del suelo, ni la transformación (urbanización) del suelo es el único mecanismo para aumentar la oferta de vivienda.
c) El término ‘transformación urbanística’ es un eufemismo que puede incluir desde la reclasificación de suelos rústicos -o no urbanizables-, incluso de protección, como urbanizables, hasta el proceso de urbanización de suelos ya urbanizables; incluir supuestos tan dispares en un mismo saco conceptual invalida el marco del análisis.
d) La agilidad o rapidez no es el único principio a garantizar en el proceso de transformación urbanística del suelo, sino que por encima se sitúa la preservación de sus valores medioambientales (art. 45 Constitución) así como su uso en beneficio del interés general (art. 47 Constitución).
Así, la consulta, no constituye el instrumento de conocimiento con que es presentada, sino un instrumento de corroboración de un sesgo o prejuicio ideológico ya adoptado. Por ese motivo desde la Comisión de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción Madrid creemos necesario hacer público nuestro cuestionamiento a esta iniciativa de la CNMC, que pasamos a desarrollar.
El ilusorio mercado de la vivienda
La consulta parte del supuesto de la existencia de un mercado de la vivienda único y homogéneo, sin embargo, si se reconoce la existencia (constitucional) del derecho a la vivienda -algo que el documento no menciona- se evidencia que se trata de un sector mucho más complejo y diverso, puesto que la vivienda es, al mismo tiempo, una necesidad básica, y un sector de actividad económica y negocio, y por lo tanto no existe un mercado de la vivienda, sino diversos espacios paralelos de gestión de esta necesidad. De forma análoga no se puede hablar de un mercado de la educación o un mercado de la salud, sino de un sector básico de la gestión pública dirigido a garantizar la satisfacción de la demanda social de esos servicios -al margen de las reglas de la oferta y demanda capitalista o mercantil- y, al mismo tiempo, de un mercado privado de esos mismos bienes dirigido a una parte de la sociedad que dispone de suficientes recursos económicos.
Como efecto de esa primera confusión, se difumina el contorno del problema abordado: ¿Se trata de una escasez o demanda insatisfecha de vivienda libre, o de un déficit estructural y permanente de vivienda asequible y en alquiler? ¿la cuestión de la disponibilidad de vivienda social, fundamentalmente en régimen de alquiler a precios tasados o limitados, puede considerarse un fenómeno idéntico a la disponibilidad de vivienda en el mercado libre? Y, en consecuencia, la gestión urbanística y del suelo asociada a cada una de esas diferentes actividades ¿debe ser analizada bajo un prisma único?
Es evidente que el clamor social, o, en lenguaje también periodístico, la emergencia habitacional -y, por lo tanto, la cuestión que debería preocupar y ocupar prioritariamente a las administraciones públicas- no corresponde al primer fenómeno, sino al segundo.
Es decir, falla el supuesto mismo inicial del estudio y la consulta pública.
Además, cono se ha dicho, la consulta suscita la duda sobre si la CNMC cuenta con datos relativos a las necesidades y dificultades existentes para la producción de nueva vivienda social (es decir, en el ámbito de las políticas públicas), por una parte, y/o sobre las necesidades y dificultades para la producción de nueva vivienda libre (en el ámbito del mercado capitalista).
El suelo como cuello de botella
En ambos casos señalamos el carácter ‘nuevo’ de las viviendas dado el enfoque del estudio sobre la transformación del suelo como única cuestión estratégica condicionante, lo que supone optar por la producción de un parque residencial nuevo, aun cuando es evidente que los déficits habitacionales no se resuelven únicamente construyendo vivienda nueva sino también rehabilitando y poniendo en uso viviendas vacías y construyendo vivienda en suelo ya urbanizado con usos inadecuados u obsoletos (por ejemplo, muchas grandes instalaciones de instituciones como el ejército o la iglesia, cuyo destino actual es normalmente especulativo, recalificación mediante). Además de estableciendo controles de precios sobre la vivienda ya en el mercado, dirigidos a facilitar el acceso a la población de menores ingresos; con políticas contra la conversión de viviendas en pisos turísticos, contra el acaparamiento de la oferta por fondos de inversión, etc.
Tampoco sabemos qué datos maneja la CNMC en cuanto a la falta o escasez de suelo como posible cuello de botella en ambos casos (tanto en la oferta de vivienda social como de vivienda libre), si es que maneja datos, pero resulta llamativo que en el cuestionario sólo se contemple como posible problema la falta de agilidad en el proceso de transformación urbanística del suelo.
La consulta parte así de varios supuestos implícitos y discutibles:
i. Por una parte, que existe una reserva ilimitada de suelo ‘transformable’ (urbanizable), cuyo único problema es que sea transformado de forma ágil o rápida.
ii. Que la dotación de vivienda pública en alquiler social vaya a mejorar significativamente por unos procesos más acelerados de ‘transformación’ del suelo, por ejemplo, en las periferias urbanas de los núcleos donde por una parte existe mayor demanda social, y por otra, los precios de la vivienda son más elevados.
Ninguno de esos supuestos es válido. Por una parte, la depredación del entorno de las principales áreas metropolitanas del país, donde se concentra y agudiza la crisis habitacional, mediante la expansión ilimitada de la suburbanización, constituye un fenómeno insostenible tanto medioambiental como funcionalmente y en términos de justicia espacial y equilibrio territorial. Y, por otra, la mayor parte de la vivienda nueva que se realiza en los nuevos suelos urbanizados en esos entornos va dirigida o bien al mercado libre, o bien al de la vivienda ‘con algún tipo de protección’ (expresión legal), que, como es sabido -y no hay espacio para desarrollar en estas breves notas- no resuelve ni pretende resolver la demanda estructural insatisfecha que no puede acceder a ninguno de esos submercados.
Agilización o desregulación
En el contexto de la consulta habría una cuestión evidente como la opinión de los ‘agentes’ sobre si la actual regulación de los procesos de transformación del suelo garantiza correctamente tanto la preservación de los valores medioambientales como del interés general, por ejemplo, a través de la participación ciudadana. Pero la consulta no pregunta sobre esto.
Más bien se deduce del cuestionario que esos principios (sostenibilidad, participación ciudadana) forman parte de los escollos a eliminar, por ejemplo, en lo relativo a la regulación del suelo o a la tramitación de los instrumentos de planeamiento2, como refleja la referencia negativa y tópica a los informes sectoriales, a los que dedica un capítulo completo del cuestionario. Llama especialmente la atención el cuestionamiento que se sugiere del mecanismo de calificación del suelo, por la posibilidad de su influencia ‘desfavorable en la agilidad del proceso de transformación urbanística’ (pregunta nº 16), y su posible sustitución por instrumentos más ágiles como ‘impuestos, subvenciones u otros’ (pregunta nº 18). Un enfoque tan confuso como sospechoso de favorecer la arbitrariedad o mercantilismo en la regulación del uso del suelo.
Todo el cuestionario destila la misma ideología desregulatoria, maquillada como ‘agilización’, a la que vienen acostumbrándonos algunas administraciones regionales y locales, entre ellas particularmente las madrileñas.
Una ideología que venera la actividad urbanizadora con independencia de su impacto en el territorio y la sociedad y al margen de todo esquema territorial coherente, solo por su interés como generador de beneficios tanto para sus promotores como para un capital financiero especulador que encuentra cada vez más un refugio seguro y rentable en el ladrillo, es decir, en el sector inmobiliario. Un fenómeno que requiere para su rodaje engrasado de la necesaria complicidad institucional, a costa de que las administraciones renuncien a ejercer sus funciones constitucionales y legales.
Conclusión
En síntesis, aun sin pretender que la consulta pusiese el dedo en la llaga de los aspectos de fondo que afectan al sector residencial y en general inmobiliario (financiarización, especulación, etc.), el problema de esta consulta es que la incoherencia entre el supuesto objetivo del análisis o investigación (crisis habitacional) y su aproximación conceptual (relajación normativa de los procesos de urbanización), provoca una lectura ideológica en refuerzo de los tópicos neoliberales respecto a la crisis habitacional, que, en lugar de abordar la raíz de esta, persigue legitimar el descontrol público de la actividad de los agentes inmobiliarios y financieros sobre el territorio.
Comisión de Ordenación del Territorio, Ecologistas en Acción Madrid
Fotografía: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el escrache sufrido en la UCM. EP/Archivo.
Artículo original publicado en elprural.com por Eva Aladro Vico
Desde hace más de treinta años, en que en la Comunidad de Madrid gobierna la derecha del PP, se ha producido una muerte lenta en la Educación y la Sanidad Públicas. La situación en la Enseñanza Universitaria Pública ha empeorado con los gobiernos de Esperanza Aguirre y especialmente de Isabel Díaz Ayuso, cuya estrategia supone unaverdadera eutanasia de los servicios públicos de la Educación Universitaria. Díaz Ayuso emplea desde 2019 una doble tenaza mortífera con la universidad pública, basada en dos eutanasias, activa y pasiva, que los lectores reconocerán en seguida.
Con los sucesivos gobiernos del PP en Comunidad de Madrid, las universidades han perdido ni más ni menos que un 40% de su poder adquisitivo. Desde la crisis mundial de 2007, en que los presupuestos públicos se hundieron en todas las instituciones, la Comunidad de Madrid sólo ha recuperado un 5% de incremento sobre los fondosque se destinan a las 6 universidades de Madrid. En su Gobierno se jactan ruidosamente de esta subida, pero si tenemos en cuenta la inflación en estos casi 20 años desde aquella crisis, que supera el 45%, entonces en realidad lo que se ha hecho es mermar los fondos destinados a la universidad pública. Al mismo tiempo, en los últimos 6 años se han creado y consolidado, a pesar de informes académicos negativos, hasta 16 universidades privadas.
Esta es la eutanasia pasiva que Díaz Ayuso ha aplicado, cada vez con mayor crudeza, a la universidad pública madrileña. En 2024 los rectores de los 6 centros públicos solicitaron un mínimo de 200 millones de euros para poder salir a flote en una universidad debilitada por décadas de infrafinanciación. La respuesta fueron 60 millones de euros, una cuarta parte de lo que los 6 académicos pedían en nombre de sus comunidades investigadoras y docentes. Díaz Ayuso pretendía subir los presupuestos de las universidades en sólo un 0,5,y los rectores consiguieron unos puntos más, aún insuficientes. Este otoño, se aprueba una “subida” de presupuestos de un 6% que, compensada con la inflación, se queda en la misma cantidad del año anterior. Recordemos que la economía en la región de Madrid está creciendo a un ritmo del 3%. No hay motivos para aplicar este régimen draconiano. ¿O sí?
El segundo tipo de eutanasia, la activa, está llevando a las universidades a una privatización encubierta que completa la estrategia del Ángel de la Muerte: la misma Ley LESUC que normaliza la infrafinanciación de las universidades -porque legitima que las instituciones madrileñas no cubran más allá del 70% de los presupuestos universitarios anuales- realiza de un modo sutil un cambio radical: ante la situación, las universidades serán fiscalizadas y controladas por un Consejo Asesor Económico nombrado a dedo desde Gobierno CAM, en sus dos terceras partes, con poder, hasta ahora inédito, de censurar o recortar las decisiones de Rectorado en materia de grados, contrataciones, investigación, reglamento. Y aquí viene la Eutanasia activa, la inyección letal a la autonomía económica, académica y política de las universidades. Porque ese Consejo Económico será ocupado por representantes elegidos a dedo desde el gobierno CAM, de las universidades privadas, de empresas con intereses en el sector, y de representantes de otros poderes cercanos al PP, como medios de comunicación, empresas con intereses incluso cercanos a Israel. Así, si la LESUC sale adelante, personajes mediáticos que dirigen medios y son decanos en una universidad privada, tendrán poder decisivo sobre el consejo de gobierno y el rectorado de una universidad pública. Esta es la eutanasia activa de Díaz Ayuso sobre la universidad. Empobrecida y dirigida por la competencia, la universidad será un cadáver exquisito, leña que aprovechar en el negocio privado.
La doble estrategia del Ángel de la muerte, que primero debilita a sus enfermos y después les aplica la mortífera dosis de veneno, es clásica en los gobiernos neoliberales desde hace décadas: primero se estrangulan los servicios públicos, y luego, con un interés oculto, se fiscalizan y tiran por el precipicio con la excusa de que sólo tratan de ayudarlos. Esta estrategia ya ha incorporado sutilmente las herramientas exterminadoras en las universidades públicas, y ya tenemos a las personas encargadas del derribo final metidas en los Consejos Sociales de las universidades, haciendo campaña a favor de la LESUC y filtrando información y bulos a medios interesados en esta operación de triaje.
Sin embargo, las universidades públicas queremos enviar un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid: el enfermo está muy fuerte y puede salirle muy cara la película de terror, como en anteriores ocasiones. Las universidades están unidas, en todo su capital intelectual, de investigación, de educación, para luchar contra una Ley que empobrece y que invade la autonomía universitaria. Vamos a luchar en la calle, en los medios, y en los tribunales, en una estrategia de tres puntas. Porque la LESUC es una Ley inconstitucional: incumple el objetivo de financiación de la Ley Orgánica LOSU que establece un 1% de financiación del PIB para las universidades- Pero incumple también la Autonomía política y de gestión de las universidades, al introducir intereses particulares en sus órganos de gestión, provenientes de claras especulaciones en el sector educativo. El conflicto de intereses es obvio, y la inconstitucionalidad de la LESUC también. Y si no, al tiempo. Tenemos muchos especialistas en Derecho para defender este punto.
or último, para nuestra querida Enfermera, tenemos un mensaje de futuro: haciendo este daño a las universidades públicas, hace daño al 75% de los jóvenes madrileños que estudian en ellas. Y con ellos, hace daño a millones de familias madrileñas. Si piensa que los familiares del enfermo eutanasiado sin motivo no van a reaccionar en las urnas, va lista. Las universidades son el corazón de la sociedad, y ésta late con fuerza por ellas.
La demanda denuncia que la operación, impulsada por el propietario de los terrenos, prioriza el beneficio privado sobre el interés general y vulnera múltiples garantías legales.
Se acusa a las administraciones madrileñas de actuar como meras correas de transmisión de los intereses de un urbanismo de negocio, desprotegiendo a la ciudadanía y el medio ambiente.
SOS Ermita del Santo y Ecologistas en Acción de Madrid han interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital por la aprobación de la Operación de la Ermita del Santo que supone la reconversión del antiguo centro comercial deportivo Ermita del Santo para la construcción de torres de viviendas.
Las recurrentes ponen de manifiesto las graves irregularidades que desvelan un modelo de urbanismo especulativo, donde las administraciones públicas han cedido su potestad de planificación a los intereses privados, en claro detrimento de las necesidades del tejido vecinal y la sostenibilidad de la ciudad.
La demanda esgrime que “no existe interés general alguno” en la modificación de la ordenación urbanística, tratándose de una operación en “exclusivo beneficio del propietario de los terrenos” y recuerda recientes casos en los que la justicia ha tumbado operaciones urbanísticas similares en la ciudad de Madrid como ha ocurrido con los parkings de Santiago Bernabeu o la reordenación de las antiguas Cocheras Históricas de Cuatro Caminos.
Como señala Jaime Doreste, uno de los abogados de las organizaciones recurrentes,”Estamos ante un ejemplo paradigmático de cómo se desnaturaliza la función social de la propiedad y la planificación urbanística. La ley se retuerce para servir a un interés particular, vaciando de contenido el concepto de interés general. La administración no puede ser una mera correa de transmisión de los deseos de un promotor privado.”
Además, el procedimiento de aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para ese ámbito —el APE 10.24— incurre en distintos vicios sustanciales que se señalan en la demanda. Así, durante la tramitación se introdujeron modificaciones sustanciales en el plan sin reiterar el trámite de información pública, privando a la ciudadanía de su derecho a participar y a ser informada. Asimismo, la delimitación del área homogénea para permitir mayores alturas y densidad edificatoria se ha calificado en la demanda de “arbitraria y tramposa”, diseñada a medida para maximizar el rendimiento económico del promotor.
Pero la Operación Ermita del Santo no sólo es un paradigma del urbanismo como negocio, sino también lesiva para la calidad de vida en el barrio. La ordenación aprobada provoca un desequilibrio en la ratio de dotaciones públicas (zonas verdes, equipamientos sociales, etc.) por habitante, empeorando la situación preexistente y saturando los servicios. Tampoco se han considerado alternativas viables más sostenibles, ni se han evaluado debidamente los riesgos geológicos del ámbito o las repercusiones de la reordenación en relación con la emergencia climática.
Laura Díaz Román, otra de las abogadas intervinientes en el asunto destaca que “Este proyecto representa la antítesis de un urbanismo resiliente y respetuoso con el medio ambiente.Se ignora por completo la evaluación ambiental estratégica, no se consideran los riesgos geológicos y se hace caso omiso a las obligaciones en la lucha contra el cambio climático. Es un urbanismo del siglo pasado, ciego a las crisis ambientales del presente, que hipoteca el futuro de todos para el beneficio de unos pocos.”
Laura, vecina de barrio y miembro de SOS Ermita del Santo señala como “ Ayuntamiento y Comunidad han ignorado las múltiples movilizaciones vecinales de los últimos años, o las miles de firmas recogidas a mano en la zona, siendo un clamor el rechazo al proyecto de una amplia mayoría de los vecinos. Tenemos unos gobernantes que priorizan el beneficio de empresarios implicados en tramas de corrupción como los Panamá Papers frente a las necesidades de los barrios por un mero afán especulativo con un derecho fundamental que es la vivienda. No necesitamos que construyan torres con pisos de lujo, necesitamos servicios públicos y que las viviendas que ya existen en el barrio en manos de inversores y de uso turístico se liberen y sean accesibles a las personas para que no tengan que seguir marchándose nuestros vecinos.”
SOS Ermita del Santo y Ecologistas en Acción de Madrid confían en que los tribunales restauren la legalidad vulnerada y pongan freno a un modelo de ciudad que prioriza el negocio inmobiliario sobre el derecho a una vivienda, unos servicios dignos y un medio ambiente saludable para la mayoría social.
“Carlos no murió, le mataron por defender lo que creía justo” – Mavi Muñoz, madre de Carlos Palomino.
Hace 18 años, el 11 de noviembre de 2007, ocurrió algo que marcaría a toda una generación de antifascistas.
El asesinato de Carlos
El antifascista Carlos Palomino se dirigía al barrio madrileño de Usera junto a varios de sus compañeros y compañeras. La Coordinadora Antifascista de Madrid (CAM) había organizado una respuesta ante un acto contra la inmigración que el partido neonazi Democracia Nacional había convocado en dicho barrio. La estrategia consistía en llevar a cabo una contramanifestación con el objetivo de hacer presión, señalarles y no permitir que su discurso de odio se normalizara.
Estos jóvenes decidieron coger el metro para llegar hasta el lugar. Al entrar en el vagón se dieron cuenta de la presencia de un neonazi que viste la marca Three Stroke. Más tarde se conocería su nombre: Josué Estébanez, un militar fascista del Ejército de Tierra de 23 años que se dirigía a la concentración racista. Instantes antes se había percatado de la presencia de los antifascistas, esperando en el andén la llegada del metro. Decidió aguardar con una navaja abierta. En cuanto Carlos se acercó, Josué le propinó una puñalada directa al corazón sin ningún tipo de titubeo. Los antifascistas salieron del vagón, pero antes, dos de ellos, recibieron navajazos, quedando heridos. Instantes más tarde, Josué huyó hasta la calle donde es alcanzado por el resto de compañeros de los agredidos hasta que la policía llega al sitio. Carlos es trasladado al hospital Doce de Octubre, donde más tarde se confirmó la desgracia: había muerto.
El relato mediático que equipara víctima y victimario
A su muerte le siguió un relato mediático que obviaba o disminuía el componente ideológico detrás del asesinato de Carlos. De esta manera, se aupaba una versión simplista, que reducía todo a una pelea entre “bandas rivales”, entre “dos extremos” o entre “tribus urbanas”. Se ponía al mismo nivel a los neonazis que a los antifascistas; se ponía en el mismo nivel al joven Carlos que a su asesino Josué.
Recorte de prensa antiguo, en este caso del asesinato de Vicente Cuervo, que nos recuerda que esta estrategia de equiparar víctimas a sus asesinos fascistas no es nueva
Otros medios, como El Heraldo, llegaron a poner de titular en una noticia estas declaraciones de Josue Estévanez: “Le ataqué porque me vi acorralado”, con subtítulos como “Soy español nada más, una persona a la que le gusta que gane la selección española”.
Condena de Josué
Dos años después, la Audiencia Provincial de Madridcondenó a Josué Estébanez a un total de 26 años de prisión: 19 por el delito de asesinato con el agravante de odio ideológico y 7 por tentativa de homicidio y una indemnización de 150.000 euros.
Doce años después de su crimen, el 15 de marzo de 2019, el austrialiano Brenton Tarrant llevó a cabo un ataque terrorista contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, matando a 51 personas e hiriendo a otras 50. El día de su ataque, publicó un manifiesto de 74 páginas titulado El gran reemplazo, en el que deploraba «la expansión del Islam y el genocidio blanco«. Uno de los cargadores del fusil que utilizó en su matanza llevaba escrito, en letras blancas, «Josué Estébanez».
En el año 2022, coincidiendo con el 15º aniversario del asesinato de Carlos, la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias) concedió el primer permiso de salida a Josué.
Contra el racismo antiespañol, contra la inmigración. Esta fue la consigna con la que el partido neonazi Democracia Nacional llevó a cabo una manifestación hace 18 años. El 11 de noviembre de 2007.
Históricamente, el fascismo, con la intención de atraer a las masas, ha utilizado dos elementos discursivos clave para la propagación de sus ideas: estos son el miedo y el victimismo. Los cuales a su vez desembocan en la emoción movilizadora por excelencia de esta corriente ultra: el odio. La victimización nacional ha funcionado y funciona como elemento legitimador de la moral fascista, siendo esta victimización un trampolín que permite dar el pistoletazo de salida a las proclamas racistas. Así lo pusieron en práctica en sus respectivos países Hitler y Mussolini, entendiendo que sus naciones habían sido humilladas por la elite liberal, la Primera Guerra Mundial o la conspiración internacional judía. Las puertas del miedo y la inseguridad se abrían de par en par y con ellas llegaban los adeptos a los regímenes totalitarios.
Aunque las hostilidades por parte de los grupos más radicalizados siguen siendo dirigidas hacia la población semita, desde hace unos cuantos años las miradas de la extrema derecha, con su victimismo, miedo y odio, están puestas sobre las personas migrantes. Con una gran diferencia. Lo que antes eran unas pocas miradas irrisorias, ahora son millones de ojos.
En aquel 11 de noviembre que mencionamos al comienzo, términos como “inmigración masiva”, haciendo alusión a un plan de sustitución racial, o frases como “barrer la calle de esa escoria venidera de tierras lejanas” (inmigrantes), solo eran aplaudidas por unas pocas decenas de personas que se encontraban en aquella manifestación. En la actualidad, ya no sorprende que expresiones similares o calcadas reciban la aprobación de miles de personas, ya sea en actos físicos o a través de redes sociales.
Las crisis, ya sean estas económicas, sociales o institucionales, son momentos decisorios donde se pone en juego las lógicas políticas imperantes y sus relaciones de poder. Así en estos contextos entre lo viejo y lo nuevo nos encontramos con dos posibles desenlaces: una prolongación o una ruptura de lo hegemónico. La ruptura, no es algo que pueda atender a razones de un único espacio político, sino que es algo que se puede encontrar en disputa entre diferentes fuerzas ideológicas. Así, la extrema derecha, planteando un análisis distorsionado de la realidad, se bate en duelo aprovechando la degradación política, para llamar la atención de las masas.
Y de momento no le va mal. Utilizando un discurso en el que encontramos constantes guiños y paralelismos a los fascismos históricos (nacionalismo exacerbado, un pasado mítico que anhelan, división social entre un “nosotros” -los buenos- contra un “ellos” -los malos-, demonización de la democracia, etc.), han sabido dar la batalla cultural y mediática, normalizando lo que hace unos años no era normal. Transversalizando lo que hace no mucho era residual. Quien consigue influenciar, determinar, marcar la lectura que la población hace de los problemas de la sociedad y sus soluciones, gana.
Pero aquel 11 de noviembre no solo se escucharon aplausos de fascistas. También se escucharon lamentos, gritos de rabia y desolación. Un joven llamado Carlos se dirigía junto a varios compañeros y compañeras a la contramanifestación convocada por la Coordinadora Antifascista de Madrid con un único propósito, obstaculizar la propagación de odio que un partido neonazi pretendía expandir por las calles del barrio de Usera. No consentir que su discurso se normalizara.
En el metro de camino a la contramanifestación, los y las jóvenes antifascistas se topan con el neonazi Josué Estébanez, el cual se dirigía a la manifestación racista. En ese preciso instante en el que cruzan miradas, aun nadie lo sabía, pero se iba a producir un asesinato. Y su autor, no iba a titubear.
Los movimientos fascistas se sirven de una violencia simbólica promovida a través de la palabra para crecer como movimiento. Es una forma de movilizar las emociones de odio que necesitan para señalar al enemigo a batir, y por lo tanto dar sentido a su existencia (presentándose como salvadores). Cuando se asume esto como deber y sobre todo como identidad, recorrer el pequeño paso que separa la violencia simbólica de la física, no cuesta nada. Ya que la primera es la antesala de la segunda.
Cuando el militar neonazi apuñaló a Carlos, fue la culminación de todo un proceso que tuvo como desenlace el asesinato de un chaval de 16 años. El odio, que Estébanez llevaba tiempo gestando dentro de sí, llegó a su máximo nivel. El odio siguió el transcurso esperado. Porque cuando el fascismo se apodera de una persona, esta pasa a ver el mundo en blanco y negro. Y lo contrario a su figura y a lo que representa deja de tener ningún tipo de valor. La vida de una persona migrante, LGTBIQ +, de un izquierdista, de un demócrata, deja de tener relevancia. Es el enemigo y como tal, hay que lapidarlo.
Carlos, desangrado, se encontraba entre la vida y la muerte. El asesino intenta escapar, pero previamente propina navajazos a otros dos compañeros. El resto lo consigue reducir una vez es alcanzado en la calle. Los servicios médicos trasladan a Carlos al hospital Doce de Octubre. Ya era tarde. Al rato se confirmó la desgracia que marcaría a toda una generación de antifascistas. Había muerto.
Los fascistas se llenan la boca hablando de amor a la patria, amor a la raza, amor a la bandera por encima de todo. Decía Erich Fromm que “quien sólo ama a un hombre no ama a ninguno”. Nosotros decimos que quien en nombre del amor solo sabe discriminar, no ama, odia.
En su libro «Pedagogía antifascista», Enrique Javier Díez, recuerda dos frases de Albert Camus haciendo referencia al fascismo: 1ª) La peste “nunca muere o desaparece para siempre; puede permanecer dormida durante años, hasta que vuelva a parecer otra vez” 2ª) “La serpiente muda de piel, pero no de veneno”. Se hace imprescindible recordar estas palabras en un momento donde, como señala Josep Ramoneda, la encrucijada capitalista nos deja vislumbrar dos caminos principales opuestos. Estos son, el avance con vista al futuro hacia el desarrollo de democracias alejadas de lógicas neoliberales o el retroceso al pasado con la instauración de autoritarismos post democráticos.
Hoy no son pocos los y las jóvenes que, ya no solo escapan de los cantos de sirena de la extrema derecha, sino que lejos de correr, se plantan, le miran de tú a tú y le dicen: ¡No pasaréis! Carlos fue (es) uno de esos jóvenes que predicó con el ejemplo. No tomo el camino de la indiferencia, tomo el de la lucha. No callo, gritó. No sucumbió ante la injusticia, la desafió.
Este 11 de noviembre, recordaremos su ejemplo. Como dice el poema de Mercedes Sosa:
Que no calle el cantor porque el silencio
cobarde apaña la maldad que oprime,
no saben los cantores de agachadas
no callarán jamás de frente al crimen
Carlos Palomino y la verdad que hubo que pelear: 18 años de memoria y resistencia
ace dieciocho años, un 11 de noviembre de 2007, ocurrió algo que marcó para siempre a toda una generación de antifascistas. Aquel día, Carlos Palomino, un joven de 16 años se dirigía junto a sus compañeros y compañeras hacia el barrio madrileño de Usera. Iban a participar en una movilización convocada por la plataforma Madrid Antifa como respuesta a un acto racista organizado por el partido neonazi Democracia Nacional.
Carlos no iba solo: lo acompañaban sus amigos, sus convicciones y la certeza de que el silencio nunca puede ser una opción frente al odio y la barbarie fascista. En el metro de Legazpi, un militar y militante neonazi, Josué Estébanez, decidió atacarle sin dudar. Le asestó una puñalada directa al corazón. Carlos murió minutos después.
El impacto fue inmediato. Miedo, rabia y desolación recorrieron los barrios antifascistas de Madrid. A ello se sumó la indignación al ver cómo la policía protegía a los neonazis y cómo parte de los medios trataban de criminalizar al joven asesinado, culpabilizando a su entorno y a su familia. No era la primera vez que ocurría: la misma estrategia mediática ya se había repetido tras los asesinatos de Lucrecia Pérez, Guillem Agulló, Richard, Aitor Zabaleta o Jimmy. Convertir a la víctima en sospechosa y deslegitimar el movimiento antifascista se convirtió —y sigue siendo— en una práctica habitual.
Los titulares de entonces hablaban de una “pelea entre bandas rivales”, de “enfrentamientos entre extremos” o de “tribus urbanas”. Se colocaba en el mismo plano a los agresores neonazis y a quienes se organizaban para combatir el fascismo. Un ejemplo fue el diario Hoja de Lunes, que tituló: “Muere un joven de Vallecas en enfrentamientos extremistas”.
Sin embargo, la verdad se defendió con fuerza frente a esa maquinaria mediática, política y judicial. Gracias a la lucha de familiares, amistades, colectivos y medios alternativos, se logró desmontar ese relato falso. La realidad era clara: Carlos Palomino fue asesinado por ser antifascista. Su muerte fue un asesinato político.
A pesar de todo, su nombre sigue vivo. Dieciocho años después, Carlos Palomino forma parte del imaginario colectivo: está en las pancartas de las manifestaciones, en los murales, en las gradas de los estadios con hinchadas antifascistas y en los conciertos de grupos como Non Servium, Kaos Urbano o Improbus, y tantos otros que mantienen viva su memoria.
Gracias a esa lucha por defender la verdad frente al relato oficial, hoy Carlos representa a todas las personas que no se callan ante la injusticia. Está en quienes enfrentan el racismo, el machismo y la desigualdad, en cada puño alzado y en cada consigna que recuerda que la memoria no se rinde.
Hoy, 11 de noviembre de 2025, se volverá a salir a la calle para gritar que Carlos vive. Porque su asesinato fue político, pero su vida, su ejemplo y su memoria son una victoria colectiva.
Intentaron silenciarlo, pero su voz sigue resonando. Intentaron apagarlo, pero su luz aún deslumbra. Intentaron pararlo, pero la lucha sigue.
Dieciocho años después, las calles de Madrid recordarán que no olvidamos ni perdonamos. Porque recordar a Carlos es seguir luchando contra el fascismo de ayer y de hoy.
Supongo que aún no he superado el no poder decirte adiós.
Mi corazón, despedazado, aquel día se quedó,
añorando un último abrazo que nunca llegó.
Pero hermano, sigues vivo, siempre vivo en mi corazón.
A 18 años del asesinato del compañero antifascista Carlos Palomino
El 11 de noviembre de 2007 el Partido Democracia Nacional, de clara ideología ultraderechista, había convocado una manifestación contra la inmigración, que fue autorizada por la Delegación del Gobierno de Madrid. En el mismo lugar un grupo de jóvenes antifascistas y de izquierda convocaron, a su vez, una contra-manifestación para mostrar su oposición a las ideas y a la presencia de un partido neonazi como Democracia Nacional.
Los hechos –según se refleja en el vídeo que grabó la escena- ocurrieron de la siguiente forma: uno de los manifestantes ultras, un militar profesional de 24 años, Josué Estébanez de la Hija, que luego negó dirigirse a participar de la manifestación, al ver la entrada de muchos jóvenes en el vagón de metro en el que se encuentra, en la estación de Legazpi, sacó del bolsillo trasero del pantalón una navaja que escondió detrás de su cuerpo. En ese momento un muchacho le increpa por la camiseta que lleva, en la que puede leerse el lema ‘Three Stroke’ de clara simbología neonazi. Josué, sin mediar palabra, agarra por el cuello al muchacho y le asesta una puñalada en el costado izquierdo, a la altura del corazón. Este hecho provocó la huida de los pasajeros del vagón, que estaba en aquellos momentos atestado de gente. Luego, Josué Estébanez propinó otra cuchillada a un joven que intentó reducirle y, tras vaciar un extintor, abandonó el vagón perseguido por una multitud de gente y los servicios de seguridad.
El muchacho que había recibido la primera puñalada, Carlos Palomino, fue trasladado lo antes posible fuera del metro a una carpa improvisada en el mismo Paseo de Las Delicias, muy cerca de donde está colocada la placa en su homenaje. Poco se pudo hacer, pues el filo del arma le había alcanzado el corazón. Murió cincuenta minutos más tarde. Su otro compañero, también herido, logró sobrevivir.
En cuanto al agresor, fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 26 años de prisión, 19 por el delito de asesinato con el agravante de odio ideológico y 7 por tentativa de homicidio.
Carlos Palomino había nacido en Madrid, en el barrio de Vallecas: era hijo único de una familia trabajadora y tenía 16 años. Era un adolescente comprometido en la lucha por los derechos de igualdad y bienestar social, contrario al racismo y a las ideologías ultraderechistas. Su único delito fue defender sus ideas públicamente y, por ello, fue asesinado aquella mañana soleada de domingo del mes de noviembre. No pudo sospechar la rabia, la intolerancia y el odio de su agresor.
Ecologistas en Acción del suroeste de la Comunidad de Madrid pretenden revegetar varios de los tramos más degradados de las vías pecuarias de los municipios de Alcorcón y Móstoles.
Con esta actividad quieren reivindicar la plena protección de estos ancestrales viales, soporte natural de los movimientos ganaderos y corredores ecológicos, además de concienciar a la ciudadanía sobre sus valores culturales, económicos, históricos y naturales.
La primera de las plantaciones tendrá lugar en la Colada de Pozuelo/Ensanche Sur el próximo domingo día 9 de noviembre a las 11:00.
Como cada temporada, la organización ecologista actúa sobre tres vías pecuarias muy degradadas, próximas a zonas urbanizadas, que sufren graves afecciones entre las que destacan los vertidos ilegales, la circulación de vehículos a motor no autorizados y la apropiación que de ellas hacen los colindantes. En esta ocasión, quieren incidir singularmente, en el lamentable estado en el que se encuentran las zonas aledañas a las poblaciones debido a la proliferación descontrolada de los vertidos ilegales que afectan con especial intensidad a vías pecuarias y caminos públicos. Los vertidos ilegales en el medio natural de la Comunidad de Madrid se están convirtiendo en un problema ambiental de primera magnitud cuyas instituciones (ayuntamientos, Comunidad Autónoma y Administración General del Estado) son incapaces de controlar y revertir.
Las vías pecuarias, además de su uso ganadero y su función ecológica sirven como zona de esparcimiento para la población de las ciudades cercanas a Madrid, que las usan para andar, correr o montar en bicicleta. Así mismo, insisten en reclamar a la Comunidad de Madrid que proceda a implementar los procedimientos de deslinde y amojonamiento para así poder recuperar su integridad plena además de facilitar a la ciudadanía e instituciones su identificación precisa sobre el terreno.
El calendario de plantaciones populares de la temporada 2025 -2026, en Alcorcón y Móstoles se compone de tres convocatorias:
Domingo 9 de noviembre, 11:00h. Colada de Pozuelo, en las inmediaciones del Ensanche Sur de Alcorcón con el límite con Fuenlabrada (Ronda de las Naciones Unidas con calle Pablo Neruda), en su 5ª edición.
Domingo 14 de diciembre, 11:00h. Vereda de Villaviciosa-Colada de Pozuelo, zona próxima al Centro Comercial Tres Aguas, en terrenos que se reivindica que integren el Corredor Ecológico del Suroeste. Esta será la 10ª edición en este lugar en el que ya hay un bosquete de vegetación autóctona en los laterales de ambas vías pecuarias.
Domingo 11 de enero. Vereda de Humanes, en el cruce de la calle Humanes con la calle Osa Mayor (PAU 4 de Móstoles), en su segunda edición.
En cada una de ellas se plantarán una veintena de ejemplares de las siguientes especies: encinas (Quercus ilex), alcornoques (Quercus suber), majuelos (Crataegus monogyna), escaramujos (Rosa micrantha); todas ellas donadas por el vivero de ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono) de la Casa de Campo. También se sembrarán bellotas de las dos especies arbóreas citadas. Para el mantenimiento de estas plantaciones se cuenta con el riego estival proporcionado desde el Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
El material y herramientas precisas para participar en las distintas plantaciones lo proporcionara Ecologistas en Acción.
El pasado septiembre varios colectivos de montaña anarquistas de Madrid, nos reunimos con el objetivo de organizar y convocar al menos una salida al monte mensual durante el curso 2025-2026. La idea es que haya una cierta previsibilidad para que la gente pueda organizarse y acudir, y con ello ir conformando una comunidad de lucha que incida, por qué no, en el ámbito del montañismo, un espacio que cada vez está más mercantilizado, turistificado y “derechizado” (vamos, que cada vez los rocódromos y las escuelas de escalada están más llenas de polis y soldados).
Los colectivos que nos reunimos y que estamos organizando estas salidas son:
–Con Pies de Gata: Grupo que se encarga de la gestión del rocódromo del Centro Social EKO en Carabanchel (Madrid) y que también realiza actividades en la naturaleza como escalada, vías ferratas, espeleología, etc… Actualmente, entre otras cosas, tienen en marcha una campaña muy chula que se llama “Odio eterno al roco moderno”, donde critican que estos espacios son negocios con inversiones multimillonarias que provocan el cierre de los rocos más pequeños.
–Climbing Kamaleo: es una agrupación de montaña cuyo propósito es mostrar que los deportes de montaña son para todas las personas, sin importar sus características o condiciones. A todos nos gusta sentir la montaña tal como es, en su esencia más pura. Por eso desde la agrupación se realizan diversas actividades de divulgación de estos deportes y personas con discapacidad a través de entrevistas, talleres y experiencias compartidas.
–Grupo Excursionista Isaac Puente: Colectivo de ocio y tiempo libre, auspiciado por el Ateneo Libertario Carabanchel-Latina, que busca ser un espacio de encuentro en el que se funde ocio, contacto con la naturaleza, cultura y debate de ideas. Buscan tomar distancia con los valores y actitudes convencionales sobre la ocupación del tiempo libre, y poder disfrutar de un espacio de convivencia en el que cada individuo pueda sentirse a gusto y ser bien acogido, un lugar donde conocer a personas afines y hacer nuevas amistades.
–Amigos de las Milicias Anarquistas: Son un grupo libertario recientemente formado con el objetivo de recuperar y difundir la memoria anarquista y obrera de la sierra madrileña: su patrimonio histórico, cultural y natural, así como las luchas sociales que marcaron la región. Sus actividades incluyen excursiones, catalogación de patrimonio, proyectos de memoria, encuentros y espacios de formación.
–UGEL: La UGEL es un colectivo libertario que busca acercar la montaña al pueblo, fomentando la autogestión, el respeto por la naturaleza y la defensa del patrimonio común. A través de rutas, talleres y encuentros, impulsa la formación, la conciencia ambiental y la memoria histórica libertaria.
La primera salida programada fue organizada por Con Pies de Gata y se realizó el pasado 11-12 de octubre, donde varias personas fuimos a Tamajón, en la Sierra de Ayllón, a disfrutar de dos días de escalada, monte y buena compañía.
La próxima será el 8 de noviembre, donde el Grupo Excursionista Isaac Puente organizará una visita a la exposición “Leica, un siglo de fotografía 1925-2025”, y luego daremos un paseo por el Retiro y almorzaremos juntas.
Así, los mencionados colectivos, cada uno con su diferente idiosincrasia, pretendemos llenar este curso de actividades al aire libre donde podamos socializar y luchar por un montañismo desmercantilizado y no competitivo.
Y es que la montaña, como otros espacios y actividades, también es política.
La victoria del urbanismo capitalista que hoy asola nuestras ciudades será total si también se impone en las subjetividades e imaginarios, no solo por la aceptación resignada de la misma, sino como censura, autocensura, represión y rechazo de las experiencias sensibles que todavía resisten y sobreviven: esas turbulencias de la ciudad insurrecta que late y respira bajo su piel artificial, síntomas de una vida imprevisible e imprevista que todavía no está planificada.
Por ello no basta la resistencia práctica a ultranza contra la megalópolis embargada por la publicidad, la vigilancia, los comportamientos estandarizados, la alergia al otro y lo otro, la adulteración de los barrios por el turismo y la gentrificación. No nos basta si en el fragor de la lucha se desdeñan las percepciones y vivencias de la psicogeografía, la deriva o el paseo surrealista, y todos aquellos testimonios y procedimientos que tal vez escapan, se desvían o transgreden las definiciones canónicas, que no se reconocen exactamente en ninguna etiqueta…y que ni falta les hace, en tanto que por sus propios medios convocan y encuentran el vértigo de lo maravilloso y la subversión poética que atraviesa la parte maldita de la ciudad: lo que todavía esconde, y estalla en la revuelta donde y cuando la ciudad se siente verdaderamente como propia.
Por todo ello querríamos investigar y compartir las acciones, juegos e intervenciones, así como los síntomas, testimonios o premoniciones, del derecho a la ciudad, del deseo de ciudad. Acciones, juegos e intervenciones, que aun partiendo de la conciencia de su crisis casi terminal, se resisten y niegan a sabiendas tal diagnóstico en tanto autoprofecía fatalista, en cuanto determinismo nihilista. A sabiendas: porque buscan y encuentran los rastros de la Ballena Blanca, de la ciudad que pugna por reemerger. Y nuestra vida con ella.
Las charlas serán los viernes y sábados por la tarde de los siguientes fines de semana de noviembre a parir de las 18.30, repartidos en tres espacios distintos:
Ecologistas en Acción denuncia el vallado del Parque de los Olivos, previo a la extracción de los olivos centenarios que le dan nombre.
Esto se produce tras la tala de los olmos que compartían parcela y la denegación por el juzgado de las medidas cautelares hasta la resolución del Recurso Contencioso Administrativo (RCA) en tramitación.
Animan a la ciudadanía de Móstoles a movilizarse contra esta y otras actuaciones contra las zonas verdes y parques de la ciudad.
A la segunda va la vencida. Tras el fallido intento de vallar la parcela del Parque de los Olivos en el verano de 2024, el pasado martes 28 de octubre se ejecutó. Varios operarios y un capataz perimetraron con pilotes y valla metálica opaca la decena de olivos condenados a dejar su lugar de toda la vida. Las vecinas hicieron fotos del proceso y llamaron a la policía municipal por si estuvieran incurriendo en alguna infracción. A pesar de ello, la tareas acabaron sin mayores obstáculos.
Vallado y Portón instalados en el Parque de los Olivos. Ecologistas en Acción.
Vallado del Parque de los Olivos. Ecologistas en Acción.
Aparte de estas agresiones al Patrimonio Verde Municipal, Ecologistas en Acción denuncia que la parcela afectada tiene cortado el riego. Las praderas aparecen completamente secas y agostadas. Según los ecologistas “el Ayuntamiento da por hecho que el RCA será favorable a la inmobiliaria y está dejando morir el jardín”.
Por todo ello, la asociación ecologista llama a toda la ciudadanía mostoleña, vecinos o no del Parque de los Olivos, a movilizarse contra este atropello. Igual que los vecinos de Azorín improvisaron una concentración contra el Ruido en el recinto ferial de Parque Liana, llegando a cortar la Avda. De Portugal hace unos días, la ciudadanía mostoleña debería moverse para defender sus zonas verdes contra la avaricia de inmobiliarias y propietarios del suelo.
El pasado 13 de mayo, la Junta de Gobierno Local aprobó un documento desestimando las alegaciones presentadas por ciudadanas y partidos, así como aprobando definitivamente el Proyecto de Reparcelación AOS 19,2. A pesar de ello, sigue en los juzgados el Recurso Contencioso-Administrativo contra la Aprobación definitiva del PEMU 19.2. presentado por Mas Madrid Móstoles. Para Raúl Navarrete, portavoz de Ecologistas en Acción, “a nuestro entender, hasta que no se resuelva el RCA, no debería hacerse ninguna obra en el parque que no sea de mantenimiento del mismo.”
Por contra, hay que recordar que inmobiliarias locales, llevan más de año y medio anunciando y vendiendo los pisos de la Cooperativa Málaga Futura, sin ser propietaria efectiva del suelo donde construir, antes incluso de la Aprobación Definitiva del PEMU 19.2 por parte del Ayuntamiento en julio de 2024. Según Navarrete, “han querido vender la piel del Oso antes de cazarlo. Hay que recordar, que cuando intentaron vallar la parcela del parque en conflicto, en pleno mes de agosto de 2024, tuvieron que parar y retirar todo material, por orden municipal, ante las denuncias de vecinas, ecologistas y el partido Mas Madrid Móstoles.”
A eso hay que añadir toda una serie de irregularidades es su tramitación como denunció Más Madrid Móstoles en el pleno de julio de 2024. También fue este partido el que presentó el Recurso Contencioso-Administrativo que paraliza todo el proceso. Recientemente, los denunciantes confirmaron dicho Recurso, reactivando la tramitación del mismo, que aún no ha sido resuelto por la Justicia.
