Por Alberto Fraguas Herrero. Ecólogo, coordinador de Ecología Política de ATTAC y de la Alianza Más Allá del Crecimiento. Publicado originalmente para Efeverde.
I. CONTEXTO
Nos encontramos en una crítica encrucijada con una intrincada red de desafíos interconectados (ecológico, sanitario, alimentario, etc…), todos ellos multiplicados por la creciente amenaza del cambio climático, una situación de inestabilidad global que genera inseguridad y que exigiría una profunda reevaluación de los vigentes modelos de pensamiento y acción, de los principios y paradigmas que rigen al menos en el Norte Global.
Las actuales estructuras geopolíticas, ancladas en la competencia interestatal por el poder y el control de los recursos, todas ellas basadas en un imaginario de crecimiento económico permanente, demuestran una alarmante incapacidad para abordar estas crisis sistémicas. En este sentido, cabría preguntarse si todas estas crisis están provocando otra global relativa a la legitimidad de un sistema patriarcal, productivista y capitalista, que como el actual no cuida a la gente ni al planeta.
En este contexto emerge la necesidad imperante de un nuevo enfoque, de una nueva perspectiva ecosocial que integre la Economía y el bienestar social en la Ecología como pilares fundamentales de estabilidad.
Porque la salud del planeta y el bienestar de la humanidad no son objetivos contrapuestos sino intrínsecamente interdependientes. Ignorar los límites ecológicos del planeta incrementa las brechas de desigualdad existentes, socavando la seguridad global.
II. BASES PARA UN NUEVO MODELO ECOSOCIAL
La transición hacia un nuevo modelo ecosocial basado en la equidad, la armonía ecológica y la cooperación no es opcional: debe darse si queremos un futuro más seguro y justo para todos y todas, aunque esto entre en colisión con las estructuras oligárquicas del sistema dominante.
El actual momento exige un nuevo marco cultural, civilizatorio, de relaciones entre sociedad y naturaleza en el cual deben deconstruirse mitos como el de la competencia, la producción y el del relato de permanente crecimiento como paradigmas sociales, un relato donde se entiende que lo civilizado es ir contra la naturaleza, la cual se concibe erróneamente que está a nuestro servicio, justificando así el extractivismo y los colonialismos, señas de identidad del capitalismo.
Pero la tozuda realidad, avalada por la Ciencia desde hace ya más de 50 años¹, cuestiona estos prejuicios demostrando que ese relato de permanente crecimiento choca con la realidad del carácter finito de los recursos, un choque que no ha sido resuelto con la eficacia exigida a pesar de las insuficientes (y fallidas) políticas de crecimiento verde, desarrollo sostenible y hoy transición ecológica, que se han planteado bajo la misma escala de valores que los problemas que pretenden solucionar. Esta insuficiencia se demuestra si nos atenemos a que actualmente estamos ante los peores indicadores ecosociales de la historia².
El necesario cambio implica retos de gran trascendencia y empieza por atender a un nuevo equilibrio de objetivos a corto y largo plazo para ir avanzando en una ecointegración donde se prime el valor de uso sobre el de cambio, y donde se planifique, mirando al interés común, la reducción de determinados flujos metabólicos de energía y materiales. Un decrecimiento que no puede hacerse sin cambiar las reglas del juego que mueven estos flujos.
Una economía de la suficiencia donde desaprender (olvidar mitos); desmaterializar, desmercantilizar y descentralizar, y que abandone el PIB como métrica principal de supuesta calidad de vida; que planifique la contracción buscando redistribuir, incentivando los servicios públicos y bienes comunes, garantizando así los derechos y las necesidades básicas de la ciudadanía.
¹ Informe Meadows: Los Límites del Crecimiento, 1972 (y también otros documentos estratégicos). ² Según los paneles internacionales IPCC e IPBES, y del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, así como de otros organismos internacionales independientes.
III. ESTRATEGIA
Pero la configuración e implementación de este nuevo modelo global Más Allá del Crecimiento, donde integrar decrecimientos selectivos explicados a la población como herramientas de equilibrio y esperanza, no tiene una única hoja de ruta. Es preciso buscar lugares comunes para confluir donde se rehúyan estériles debates segregadores y se dé prioridad a lo que nos une (la necesidad de cambio radical) sobre los detalles que separan.
Para ello es esencial generalizar este debate, llevarlo a donde no esté y también salir de ciertas endogamias académicas o activistas que dificultan esta generalización; es decir, atender más la justificación de la necesidad del cambio que a los calificativos que podrían definirlo. Solo así podremos hacer políticamente factible lo que es necesario a nivel ecosocial.
Es imprescindible, pues, abrir un proceso en torno a ir más allá del crecimiento como paradigma, si bien un hecho de tal envergadura requiere de otras estrategias de las que hasta ahora hemos aplicado.
El priorizar este proceso exogámico es tender a la unidad desde la diversidad para la creación de nuevas hegemonías en base a esos denominadores comunes que nos unen y tendiendo al posicionamiento público desde la extensión a toda la sociedad civil dispuesta a hacer autocríticas, que también son críticas.
Y esto es también lo que pretendemos en la recientemente creada Alianza Más Allá del Crecimiento³, una plataforma de organizaciones sociales de distintas naturalezas (economistas, ecologistas, jóvenes científicos, sindicatos, de cooperación, etc.), en la creencia firme de que la configuración de dinámicas postcrecentistas debe alimentar posicionamientos políticos con identidad propia, que superen los fallidos planteamientos del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva reaccionaria que tiende a un control oligárquico, con tintes ecofascistas, de los recursos naturales.
Pero es preciso extender el debate de los límites del crecimiento. Para ello se está urdiendo un gran movimiento de pensamiento y acción que confluirá en 2026 en un gran Foro Social, donde centenares de organizaciones de la sociedad civil plantearán alternativas que ya están sobre la mesa. Este foro, que tendrá lugar en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, será la antesala de otros muchos donde se generalice el debate crítico y se avance en los caminos comunes hacia la esperanza activa por el cambio.
Nunca olvidemos a la utopía como porvenir que se esfuerza en nacer y no el pasado que se obstina en seguir. (Víctor Hugo)
Alberto Fraguas Herrero es ecólogo, coordinador de Ecología Política de ATTAC y de la Alianza Más Allá del Crecimiento.
1 Informe Meadows: Los Límites del Crecimiento 1972 (y también otros documentos estratégicos).
2 Según los Paneles Internaciones IPCC y IPBES, y del Instituto de resiliencia de Estocolmo, así como de otros organismos internacionales independientes.
3 Actualmente la Alianza está integrada por las siguientes organizaciones sociales: ATTAC, ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD/ACTION AID, ASOCIACIÓN “MAREAS BLANCAS”, CCOO, CECU, INSTITUTO DE DERECHOS HUNANOS, DEMOCRACIA Y CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA (DEMOS PAZ), ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS, FUNDACION RENOVABLES, ECONOMISTAS SIN FRONTERAS, ECOOO, FORO TRANSICIONES, FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA, GREENPEACE, REBELIÓN CIENTÍFICA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA, UGT, FUNDACIÓN CONAMA, EUREKA. RED POR LA RENTA BÁSICA INCONDICIONAL, PLATAFORMA CONTRA LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, FUNDACIÓN TRANSICIÓN VERDE, ASOCIACIÓN COOPERATIVA “GARBANCITA ECOLÓGICA”, FUNDACIÓN “ESPACIO PÚBLICO”, PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO, FUNDACIÓN SAVIA, OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD, CONSEJO DE LA JUVENTUD, ASOCIACIÓN AMARME, FUTURO ALTERNATIVO.Alberto Fraguas. El actual momento exige un nuevo marco cultural, civilizatorio, de relaciones entre sociedad y naturaleza en el cual deben deconstruirse mitos como el de la competencia, la producción y el del relato de permanente crecimiento como paradigmas sociales, un relato donde se entiende que lo civilizado es ir contra la naturaleza, la cual se concibe erróneamente que está a nuestro servicio, justificando así el extractivismo y los colonialismos, señas de identidad del capitalismo.
En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México.
Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz.
Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.
Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.
El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.
En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima.
Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios.
¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales.
Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.
Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente.
Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.
Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.
Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.
Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.
Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.
Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.
Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.
Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico.
Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.
¡Por una economía social y solidaria!
¡No más acuerdos de comercio e inversiones!
¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!
¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!
Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).
Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se convierte en el escenario de una performance donde una pirámide de barriles derrama productos tóxicos sobre líderes políticos
Con esta acción, Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria y Sindicato Labrego Galego denuncian que el acuerdo comercial alimentará el colapso climático, el comercio de sustancias tóxicas y la injusticia social
Las organizaciones convocantes coinciden en sus demandas con la Confederación General de Cooperativas Agrarias
El apoyo del Gobierno español al acuerdo comercial contradice sus compromisos frente al cambio climático y los derechos humanos
Madrid (España), 18 de noviembre de 2025 – El Toxic Trade Tour, una protesta itinerante por diversas ciudades europeas contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, ha hecho hoy escala en Madrid. Desde finales del pasado mes de octubre y hasta finales de noviembre, una coalición de organizaciones sociales y ambientales europeas coordinadas por la European Trade Justice Coalition, de la que forma parte la Coordinadora Europea de La Vía Campesina, Ecologistas en Acción o Greenpeace, están llevando a cabo esta protesta por diversos países de la UE para denunciar este acuerdo entre la Unión Europea y los países del bloque del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
La protesta se ha celebrado en vísperas de que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, previsto para el próximo 24 de noviembre, se reúna para tomar una decisión sobre el acuerdo. La firma formal podría tener lugar el 5 de diciembre en la cumbre del Mercosur en Brasil y se espera que la votación del Parlamento Europeo se celebre poco después.
“Este tratado comercial establece una relación tóxica entre la UE y los países del Mercosur, al perpetuar un modelo de relaciones internacionales de corte extractivista y neocolonial, consolidando una forma de globalización que destruye la naturaleza, pone en riesgo la salud y amenaza la pervivencia de culturas y economías locales a ambos lados del Atlántico. Por eso reclamamos al PSOE que no apoye la firma de este acuerdo y sea coherente con sus propias promesas electorales en esta materia”, han afirmado las organizaciones convocantes.
Dentro del Toxic Trade Tour, las organizaciones convocantes en el Estado español —Attac, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria— (2) han realizado una performance en Madrid frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para señalar el apoyo del Gobierno español a la firma de este tratado. Durante la acción, han colocado una pirámide de barriles tóxicos ante el Ministerio, mientras que activistas con disfraces de responsables políticos (del presidente español Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen y el ministro de Agricultura español Luis Planas) han sido interpelados por el público sobre los riesgos que entraña este acuerdo comercial para el clima, la salud y la justicia social. Ante las respuestas esquivas o no creíbles de los políticos, estos han recibido una reprimenda en forma de ducha de productos tóxicos (3). Acto seguido, se ha leído un manifiesto (4) recordando la gran cantidad de colectivos de la sociedad civil y de lo sectores agrícolas afectados que se oponen a este acuerdo (5).
La semana pasada, la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COPA-COPEGA) rechazó la firma de este acuerdo comercial denunciado los perjuicios sobre algunas producciones de los países de la UE (maíz, azúcar, carne de vacuno) y señalando también la incoherencia que supone que la UE permita la exportación de agrotóxicos prohibidos en la UE al tiempo que quiere permitir la entrada de materias primas y productos agrícolas con presencia de esas mismas sustancias tóxicas no autorizadas.
Un acuerdo comercial que traerá más emisiones y más pesticidas peligrosos
Según las organizaciones convocantes, “mientras en la COP30 en Belém se está hablando de la necesidad de una mayor ambición a la hora reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los que negocian este acuerdo comercial caminan en la dirección contraria, incentivando un mayor flujo de productos y materias primas entre continentes, algunas de las cuales (como la soja o la carne de vacuno) están detrás de procesos de deforestación y gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores será imposible limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y evitar los peores efectos”.
Entre los graves problemas que lleva aparejado este acuerdo comercial, los movimientos sociales recuerdan que la Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad (EIS), realizada a finales de 2020 por encargo de la Comisión Europea, calculó que este tratado comercial provocaría un aumento global de metano y óxido nitroso, así como un aumento de las emisiones de CO2 en la UE, Brasil y Argentina y un “aumento moderado general” de las emisiones de GEI en otros países del Mercosur.
Aunque el propio estudio señalaba que las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación representan el 55 % de las emisiones de CO2 de Brasil y el 70 % de las de Paraguay, la consultora redactora de la evaluación admitió que estas proyecciones excluyen cualquier cálculo de las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación.
«La evaluación del impacto social y ambiental de este acuerdo comercial ha sido un mero trámite. La política comercial de la UE no se puede construir escondiendo debajo de la alfombra la deforestación, producida por materias primas como la soja, la caña de azúcar o la producción de carne de vacuno, amén de modernas formas de trabajo esclavo, invasión de tierras indígenas y la vulneración de los derechos humanos”, han declarado las organizaciones.
Asimismo, en la declaración leída durante el acto, las entidades convocantes han recordado que una investigación de Greenpeace Alemania (5) encontró residuos de varios pesticidas en limas producidas en Brasil y vendidas dentro del mercado de la UE, a través del análisis en laboratorio de más de 50 muestras de limas compradas en supermercados y mercados mayoristas en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia.
Los pesticidas, entre ellos el herbicida glifosato y los insecticidas imidacloprid y cipermetrina, son fabricados en la UE y vendidos por empresas europeas en Brasil, uno de los principales países consumidores de plaguicidas del mundo. Más de la mitad de los pesticidas encontrados son considerados altamente peligrosos porque suponen un grave riesgo para la salud humana, los animales o el medio ambiente. El acuerdo UE-Mercosur propuesto eliminaría los aranceles sobre las exportaciones de plaguicidas de la UE a los países del Mercosur y reduciría el control en los alimentos importados, lo que significa que tanto el uso de pesticidas como sus efectos adversos aumentarían exponencialmente.
“Todo lo que rodea el acuerdo UE-Mercosur es tóxico. Primero, los gigantes de la industria química de la UE ya producen y exportan a Brasil sustancias tóxicas, algunas de las cuales ni siquiera están aprobadas para su uso dentro de la UE; y luego, la UE las reimporta en forma de residuos en los alimentos. Este acuerdo impulsará el comercio de pesticidas y potenciará este ciclo tóxico”, han concluído las entidades convocantes.
Estamos viviendo en una distopía que con frecuencia difiere poco de las fantásticas propuestas que generan la literatura o el cine. Se ridiculiza el pacifismo y las propuestas de desarme; y, desde la caída del muro de Berlín los medios de comunicación han creado la ficción de que no existe una alternativa al neoliberalismo feroz, individualista y competitivo.
El calentamiento global nos advierte de la necesidad de cambiar el sistema, pero no encontramos en la cultura voces que describan un mundo nuevo sin desigualdades, donde el bien común sea el objetivo principal de toda la sociedad, y la humanidad deje de ser depredadora del planeta, y que además sea entretenido y atractivo.
Muy al contrario, la literatura, el cine o los videojuegos están plagados de relatos distópicos, donde el sistema es violento, pero los héroes son seres individualistas que son capaces de vencer la violencia sistémica con violencia. Y cuando llega el final, y el héroe o la heroína vence, nadie describe cómo va a ser esa nueva sociedad, qué valores la van a cohesionar.
Al celebrar el 25 aniversario de la fundación de ATTAC España, veinticinco años de reclamar Otro Mundo Posible, propusimos el concurso “Utopía realizable” para encontrar relatos de cómo sería vivir en esa sociedad utópica. Ha habido respuestas de todo tipo, algunas han plasmado sociedades supervivientes de catástrofes, otros relatos han sido descriptivos de mundos fantásticos, y también hemos tenido algún trol neoliberal que nos enmendaba la plana.
Aquí os dejamos los diez relatos que, a juicio del jurado, se han acercado más a nuestra propuesta. Como podréis ver, la utopía a veces está cerca, y con frecuencia está en la voluntad de cambiar las cosas y compartir esa voluntad con otras personas. Los héroes y heroínas de estas historias no son especialmente fuertes, incluso algunos son vulnerables, pero de la solidaridad, la justicia y el encuentro con otros logran la fortaleza para crear otro mundo posible.
Decrecimiento para el bienestar: la urgencia de un nuevo modelo ecosocial
26 de septiembre de 2025
Activar el freno de emergencia
Con esta Conferencia Más Allá del Crecimiento, en el Congreso, activamos colectivamente el freno de emergencia ante un modelo que nos está llevando al colapso ecológico y social. Es una llamada directa a la sociedad y a las instituciones para abrir un debate democrático inaplazable: cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta sin depender de la explotación de otras vidas, humanas y no humanas, presentes o futuras, poniendo la vida en el centro.
Partimos de una situación en la que nuestros modos de vida han sido moldeados por un sistema económico basado en la acumulación sin límites, un sistema capitalista, fósil, patriarcal, colonial y antropocéntrico que no cuida a las personas ni al planeta, que depende de recursos energéticos y minerales limitados, que se apropia de innumerables trabajos de cuidados para sostenerse, y que deja de lado a millones de vidas mientras nos empuja hacia la extinción. Un sistema que carece de legitimidad para guiar la transición ecosocial que necesitamos en un contexto de creciente autoritarismo y deterioro de las instituciones democráticas.
Esta Conferencia da continuidad a la Conferencia Beyond Growth celebrada en el Parlamento Europeo en mayo de 2023, a la que le han seguido hasta el momento conferencias y eventos en Italia, Austria, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Francia, Noruega y Estonia. Todas ellas parten de la asunción que ha guiado desde su nacimiento al movimiento ecosocial y que la comunidad científica, desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, ha constatado: un modelo social y económico basado en el crecimiento sin fin es incompatible con el equilibrio ecológico del planeta y su habitabilidad. Ante esta realidad, es urgente construir una prosperidad socialmente justa más allá del crecimiento, compatible con los límites biofísicos.
El lavado verde y las falsas soluciones
Denunciamos que, en el contexto global y europeo actual, bajo el disfraz de la “sostenibilidad” y el “crecimiento verde” se esconde la voluntad de perpetuar lo insostenible. Se apuesta por una transición energética miope que no plantea un cambio real en los patrones de producción y consumo y se basa exclusivamente en cambios tecnológicos. Se vende la idea de un
desacoplamiento absoluto entre el crecimiento económico y los impactos ecológicos, un desacoplamiento imposible, sobre todo teniendo en cuenta la escala global y ritmo a la que tendría que producirse para evitar el colapso climático, de biodiversidad y de recursos. Se blindan los privilegios de las clases dominantes, ultrarricos y grandes corporaciones, mientras se margina cualquier intento real de transformación. Se tapa el fracaso del sistema capitalista con promesas huecas, mientras el crecimiento del PIB se agita como tótem de una prosperidad que nunca llega para la mayoría ni lo hará para las generaciones futuras. Los resultados de este modelo son evidentes: la crisis ecológica se agrava, la pobreza no ha retrocedido y las desigualdades no han hecho más que crecer, dentro y entre países.
Hoy en día, el dogma del crecimiento económico, permite seguir acumulando riqueza y poder en pocas manos a costa de la vida y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como el de Palestina. El crecimiento económico se ha hecho más difícil en esta última década a medida que se constata que los recursos energéticos disponibles son de menor calidad, los minerales son más escasos y los ecosistemas están más degradados. La carrera por crecer hace que se incrementen todavía más los gastos militares, se precaricen y desmantelen servicios públicos, se refuercen estructuras y violencias patriarcales, se acaparen y destruyan ecosistemas esenciales para la vida, se nieguen derechos básicos como el derecho a la vivienda, el derecho a una alimentación sana o el derecho a migrar, se reprima el derecho a la protesta, se criminalice la disidencia y se ignore la soberanía de los territorios y las comunidades para decidir sobre su presente y futuro, siendo muchos convertidos en zonas de sacrificio dentro y fuera del Estado español.
Por todo ello, ante la inviabilidad e indeseabilidad de más crecimiento proponemos una reducción democrática planificada de la producción y el consumo enfocada en el bienestar social y ecológico en lugar de la acumulación de capital. Un decrecimiento que debe comenzar por los sectores más dañinos y grupos y territorios más privilegiados y ofrecer alternativas de reorganización socioeconómica. Esto no solo conlleva ajustar la economía a los límites planetarios para una sostenibilidad real, sino que también supone cambiar las reglas del juego en favor de una visión de largo plazo, una reorganización democrática de la economía y un cambio cultural que haga posible vivir mejor con menos, rompiendo con las lógicas extractivistas y coloniales del actual modelo económico, que perpetúan modos de vida imperiales.
Hacia un nuevo modelo ecosocial
Dado que los caminos basados únicamente en mejoras tecnológicas son insuficientes al ignorar los límites biofísicos y el cambio cultural necesario, la encrucijada en la que nos encontramos es clara: Transitar a modos de vida más justos, deseables, igualitarios, inclusivos y ecocentrados o seguir acercándonos al abismo de la destrucción y competición militarizada y de creciente desigualdad.
Somos conscientes de que contamos con el saber colectivo acumulado y de que tenemos la capacidad de imaginar y hacer realidad otros mundos posibles. Necesitamos transitar con urgencia a un nuevo modelo ecosocial donde el bienestar no dependa del crecimiento económico y sabemos que esto no es posible dentro del sistema capitalista. Debemos embarcarnos en una transición ecosocial democráticamente planificada basada en la suficiencia de la producción y el consumo, en línea con los informes científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), mejorando las condiciones de habitabilidad presente y futura a la vez que se posibilita la regeneración y equilibrio de los ecosistemas de los que depende la vida en el planeta. Esta transformación debe tener una clara perspectiva ecofeminista como forma de resistencia al sistema patriarcal y ecocida que sostiene este modelo de opresión y explotación, y como motor de alternativas basadas en el cuidado, la equidad, la participación, la justicia socioecológica y una ciencia centrada en los bienes comunes.
Este nuevo modelo ecosocial precisa de una democratización de la economía con mecanismos deliberativos que permitan la participación directa y permanente de la ciudadanía informada por la ciencia y los actores sociales en la toma de decisiones. El decrecimiento ecofeminista no es un sacrificio, sino una oportunidad para reorganizar la sociedad alrededor del cuidado mutuo, la cooperación, la participación y la justicia, asegurando que todas las personas puedan vivir vidas dignas en un planeta habitable, siendo ésta la única forma de atender la brecha global y las responsabilidades históricas y actuales del Norte Global hacia al Sur o Mayoría Global.
Una agenda para un pacto post-crecimiento
Hacemos un llamamiento a lograr un pacto post-crecimiento bajo los principios de justicia global, justicia intergeneracional y cuidado de la vida, reinsertando la economía en su base social y ecológica. Un pacto ecosocial que permita, en primer lugar, responder colectivamente a cuestiones centrales como: ¿Qué actividades económicas es necesario reducir y cuáles ampliar?, ¿Cómo abordamos la transición energética y alimentaria teniendo en cuenta a todos los territorios y comunidades?, ¿Cómo afrontamos los conflictos y oportunidades que nos iremos encontrando en el camino? O ¿Cómo generar más espacios de cooperación para una transición ecosocial y feminista justa? Nos reunimos bajo esta declaración para avanzar en una agenda común post-crecimiento que permita precisamente abrir el debate a gran escala y de forma democrática sobre la transición por delante, a nivel del Estado español y más allá de éste. Para ello, proponemos una serie de medidas que permiten crear condiciones más favorables para este diálogo y para la acción colectiva, desde la situación actual, que constituyen la base y ejes de convergencia desde los cuales profundizar y trabajar en las transformaciones necesarias para poner la vida en el centro, lo cual significa priorizar la satisfacción de las necesidades humanas y ecológicas sobre la acumulación.
Medidas base propuestas
1. Servicios básicos universales con perspectiva público-comunitaria:
• Poner topes a los precios de los alquileres de inmediato y avanzar en la desmercantilización y mejora del parque de vivienda con criterios ecosociales, iniciando planes de rehabilitación para acabar con la pobreza energética, reducir el consumo energético y sacar los combustibles fósiles de nuestros hogares.
• Garantizar el acceso a transporte público asequible y de calidad y movilidad sostenible en áreas urbanas y comarcas rurales, mejorando la calidad, la frecuencia y las interconexiones desde un principio de equidad, en el marco de un proceso de transición hacia una reducción de la movilidad y su descarbonización, que reduzca la movilidad individual motorizada fósil en favor de la movilidad colectiva sostenible y las formas de movilidad activa.
• Favorecer la generación energética distribuida y descentralizada en base a energías renovables (ej. comunidades energéticas solares) en el marco de una transición energética justa, basada en la suficiencia y en la reducción del consumo, en el abandono de los combustibles fósiles y la energía nuclear, y que incorpore criterios de planificación territorial y de justicia global, priorizando el ahorro energético y la eficiencia antes de la generación.
• Asegurar la gobernanza democrática del agua desde un enfoque público-comunitario, que establezca un riguroso control de cauces y acuíferos y dé seguridad en el abastecimiento de agua para consumo humano.
• Impulsar sistemas integrales de cuidados basados en la sostenibilidad de la vida, que integren la dimensión ecológica, fomenten una cultura del cuidado y garanticen equidad y justicia social, de género e interseccional.
• Mejorar y ampliar la cobertura de la salud pública sin depender del mercado, al igual que las instituciones e infraestructuras de cuidado y salud comunitaria dirigidas a promover la salud y a prevenir las enfermedades.
• Asegurar la gratuidad y universalidad de la educación pública en todas sus fases, favoreciendo una educación integral con enfoque ecosocial que incluya la formación de personal docente.
• Poner en marcha los medios necesarios para garantizar universalmente las necesidades en el contexto de reducción y/o restructuración de las múltiples ramas de la economía
con fuertes impactos ecosociales. Una medida que podría favorecer este proceso es una garantía de trabajo ecosocial que permita acceder a un empleo con impactos sociales y ecológicos positivos a todas las personas que lo deseen, favoreciendo una transición justa en los sectores que deben reducirse o transformarse.
• Impulsar marcos regulatorios que incidan en la fase de diseño de cualquier producto para permitir la substitución de componentes y la reparabilidad, aumentando así la durabilidad y eliminando la obsolescencia.
• Activar planes de restauración de la naturaleza que pongan freno a los peores efectos del cambio climático a base de la protección de ecosistemas y la regeneración de los suelos.
• Incrementar la resiliencia frente a la emergencia climática y ambiental con políticas públicas preventivas contra los incendios forestales, las inundaciones y sequías con implicación y recursos disponibles a nivel municipal y territorial.
• Favorecer la co-creación de planes municipales de transición ecosocial como herramientas democráticas y transformadoras con un enfoque público-comunitario.
2. Renta básica universal e incondicional como derecho de garantía de ingresos:
• Poner en marcha una renta básica universal, incondicional, individual y suficiente que garantice la seguridad económica de todas las personas, contribuyendo a las actividades dirigidas al sostenimiento cotidiano de la vida y a la participación social y democrática en la transformación socioecológica.
• La puesta en marcha de esta renta básica se fundamenta en un reparto justo y adecuado de la riqueza social y natural, por lo que su financiación conlleva una redistribución de la riqueza con impuestos progresivos, donde quien más contribuya sea el 1% de la población con mayores ingresos y riqueza, mayores responsables de la crisis ecológica actual, junto a otras medidas de fiscalidad ecosocial.
3. Fin de subvenciones a actividades destructivas y finanzas ecosociales:
• Poner fin inmediato a todas las subvenciones públicas destinadas al sector de los combustibles fósiles y a las industrias de alto impacto ambiental y territorial, como es el caso de la agroindustria, asegurando una transición justa en todos los sectores afectados.
• Una política financiera y monetaria que ajuste los flujos de inversión privados, vía crédito guiado, para alinearlos con objetivos sociales y ecológicos definidos a través de procesos democráticos, anulando la lógica del lucro por lucro.
4. Decrecimiento del sector turístico:
• Llevar a cabo un decrecimiento del sector turístico implica controlar los pisos turísticos, poner límites a las plataformas digitales y a la entrada de visitantes y a los vuelos y cruceros en función de la capacidad de carga de los ecosistemas y el bienestar y dignidad de las poblaciones locales, primando la justicia social y el equilibrio territorial.
5. Transición agroecológica:
• Favorecer el desarrollo de sistemas alimentarios agroecológicos con políticas agrarias y alimentarias que favorezcan la producción ecológica, cuidando la fertilidad del suelo, la biodiversidad, la salud de las personas que trabajan en el campo y a las consumidoras. Esto permite al sector primario romper con la dependencia actual de los insumos fósiles cada día más escasos.
• Incorporar la soberanía alimentaria y biorregional y una perspectiva ecofeminista a la transición agroecológica , apoyando rentas dignas, precios justos, dietas saludables para todas las personas, asumiendo las tareas de cuidados de forma equitativa, y reduciendo el transporte y desperdicio alimentario.
• Priorizar en la compra pública los alimentos ecológicos, de temporada, circuito corto, de empresas de la economía social y solidaria, y favorecer la formación – al personal vinculado – en alimentación saludable y ecológica y desperdicio cero.
• Impulsar un desmantelamiento de la agricultura y ganadería industrializada y contaminante mediante planes territoriales de transición agroecológica justa en los que participe la ciudadanía, que impulsen la producción ecológica y su venta en circuitos cortos, la formación a jóvenes y mujeres agricultoras en manejo agroecológico y el acceso a la tierra a través de bancos de tierra u otras formas de acceso social a la tierra, dando prioridad a residentes en los pueblos para frenar el despoblamiento rural y favorecer el relevo generacional.
6. Impulso de la economía social y solidaria:
• Reforzar la presencia de la economía social y solidaria en sectores esenciales que garantizan necesidades básicas para asegurar que se gestionen bajo principios de cooperación, equidad y sostenibilidad ecológica.
• Impulsar una transición hacia modelos circulares y de decrecimiento, priorizando aquellos sectores esenciales para la vida, y desmantelando dinámicas especulativas en
favor de actividades comerciales, industriales, tecnológicas y financieras que se sostengan en fórmulas de economía social y solidaria: cooperativas de producción agroecológica, de comercio justo y de proximidad, supermercados cooperativos, comunidades energéticas, cooperativas de vivienda en cesión de uso y, las finanzas éticas, que impulsen iniciativas que garanticen justicia social y sostenibilidad ecológica.
• Incorporar cláusulas sociales y ambientales en las contrataciones públicas para dar prioridad a los modelos empresariales de la Economía Social y Solidaria.
• Incorporar en los currículos educativos empresariales el modelo de empresa de Economía Social y Solidaria, basado en la toma de decisiones compartida, diversas y democráticas que impulsen la participación, prestando atención a los procesos y las relaciones, e incorporando en su cultura organizativa la salud emocional y la corresponsabilidad en los cuidados.
7. Reforma fiscal justa y verde:
• Poner en marcha una política de ingresos máximos que permita financiar el conjunto de medidas aquí propuestas, estableciendo un tope a los ingresos en el actual 0,1% con mayores ingresos en el Estado español. Esta política debe integrarse dentro de un nuevo marco fiscal donde quienes más contribuyan sean las empresas más contaminantes y el 1% de la población con mayores ingresos y riqueza.
• Impulsar activamente una fiscalidad justa y verde a nivel estatal, europeo e internacional, con medidas como una agenda tributaria de la riqueza y las rentas del capital, en particular a los “super ricos” y grandes patrimonios y hacer que las grandes corporaciones extractivistas paguen por sus daños al medio ambiente y a las sociedades.
• Tener unos presupuestos públicos que garanticen los servicios básicos, los cuidados a lo largo de toda la vida y la transición ecológica justa.
8. Democracia deliberativa permanente y vinculante:
• Diseñar y poner en marcha mecanismos de democracia deliberativa y directa de carácter vinculante que permitan una planificación ecosocial a largo plazo, como es el caso de las asambleas climáticas permanentes. La participación de la ciudadanía es una herramienta clave contra la corrupción, para construir políticas de suficiencia a gran escala y desmantelar el secuestro de la acción pública por los lobbies y grupos de intereses. En definitiva, más democracia para hacer posibles modos de vida definidos desde una autonomía colectiva que acabe con estructuras tecnocráticas y corruptas.
• Defensa de espacios cívicos y autónomos propicios para el trabajo, expresión y participación de la sociedad civil, dentro y fuera de las fronteras del Estado español, generando condiciones favorables para ello.
9. Protección de derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza:
• Poner en marcha las medidas legislativas necesarias para proteger los derechos de las generaciones futuras a un planeta habitable.
• Poner en marcha las medidas legislativas de justicia ecológica necesarias para dotar de derechos a la naturaleza, siguiendo el precedente del Mar Menor y los diversos casos a nivel internacional; así como salir de la postura antropocéntrica utilitarista para desarrollar una teoría legal con visión ecocéntrica que reconozca el valor intrínseco de la naturaleza.
• Generar y publicar una métrica ecosocial de progreso “más allá del PIB” en el lNE.
10. Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión:
• Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión, los ya firmados y aquellos que se estén negociando buscando vías multilaterales de cooperación entre países donde el intercambio comercial priorice el cumplimiento de los derechos humanos y los principios acordados en la COP 21 para frenar el cambio climático.
11. Cancelación de deuda y reparación histórica:
• Llevar a cabo la abolición de las deudas odiosas e ilegítimas con los países del Sur o Mayoría Global y favorecer la transferencia de tecnología junto a la cooperación internacional y otras medidas de reparación de las diversas deudas coloniales históricas entre las que se encuentra la deuda ecológica y climática, desde una perspectiva de solidaridad internacional.
12. Decrecimiento digital:
• Poner la esfera digital al servicio del bien común con herramientas efectivas para evitar burbujas tecnológicas – y de centros de datos -, regular inversiones y proteger derechos.
• En educación y salud y los trámites de la administración, garantizar de manera prioritaria la atención y servicio personal y adaptado, dejando los procedimientos digitales como algo voluntario.
• Garantizar la soberanía digital y la protección de la democracia poniendo coto al poder de las grandes empresas tecnológicas, paralizando los planes de extensión de la vigilancia automatizada e implementando masivamente el uso de software libre en las instituciones públicas.
• Reducir el consumo hídrico, material y energético del sector de las TIC fomentando el uso colectivo de equipos existentes, poniendo fin a la obsolescencia programada y liberando internet de los oligopolios para favorecer su desacoplamiento de los grandes nodos y su uso descentralizado. Esto implica establecer una moratoria a la construcción de centros de datos.
Próximos pasos y compromiso colectivo hacia 2026
Estas medidas, junto a otras que nos comprometemos a seguir impulsando, profundizan en un nuevo modelo ecosocial donde lo que está en el centro de la economía es la vida misma y todo lo que permite que se desarrolle con dignidad. Para ello es preciso avanzar en una gobernanza global que prime la redistribución, los derechos humanos, la democracia económica, y la resiliencia ecológica y social, haciendo posible el bienestar colectivo dentro de los límites planetarios, superando la ficción del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva reaccionaria que pretende monopolizar el control de recursos naturales desde un fascismo fósil. De este modo, los colectivos, organizaciones y personas firmantes de esta Declaración nos comprometemos a celebrar en la primera mitad de 2026 un Foro Social que profundice en la puesta en práctica de los principios y medidas aquí presentadas.
Fotografía: Concentración en Bruselas en contra del tratado con Mercosur. Foto: Tom Kucharz.
Artículo originanl publiado en osalto.gal por Tom Kucharz
«Histórico” fue el adjetivo manoseado hasta el infinito para anunciar a bombo y platillo un acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con los gobiernos del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay). Primero se publicó el acuerdo en principio, con tan sólo 17 páginas y que no era un “texto legal», con la intención de confundir a la opinión pública mientras aún se está terminando de redactar el tratado final, que tendrá más de 1500 páginas.
Como en las últimas dos semanas se habían multiplicado las críticas por la falta de transparencia de las negociaciones, el gobierno de Uruguay empezó a publicar partes de los textos consolidados del tratado. Presionada por esta circunstancia, la Comisión Europea tuvo que publicar también una parte de los textos legales en su página web. Lo hizo el viernes a las 23:00.
Una vez finalizada la letra pequeña, habrá una revisión legal del tratado, la traducción en los idiomas de la UE y luego comenzará el proceso de ratificación que puede durar años.
En una entrevista en El Mundo, la comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmström, dijo que «El acuerdo con Mercosur no se puede reabrir ni mejorar». Afirmando así la naturaleza antidemocrática de la política comercial de la UE y enviando una señal clara de que los parlamentos no pintan nada (ni el europeo ni los nacionales), y que ni siquiera los gobiernos puedan modificarlo.
Una cosa parece segura: cuando en octubre se retira la actual Comisión Europea dejará un regalo envenenado. Y se está viendo ya.
Una semana caliente
Las protestas y el debate político en Francia se están extendiendo. El Parlamento holandés ha adoptado 2 mociones sobre el acuerdo comercial, instando al gobierno que se haga público todo y obligándole a evaluar el impacto para la agricultura familiar antes de que el tratado se discute en el Consejo de la UE. También hubo movilizaciones de agricultoras/es en Irlanda y Bélgica. La manifestación de miles de personas en Dublin fue decisivo en el voto simbólico del parlamento de Irlanda que expresó mayoritariamente su oposición al acuerdo con Mercosur.
Por su parte, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha viajado a Bruselas para trasladar a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, el temor del sector citrícola por los perjuicios económicos que el acuerdo provocaría a la región de Valencia.
En clave geopolítica
No fue casual que la noticia se divulgase justo el día que empezó en Osaka la cumbre del G20. La UE, y muy especialmente la canciller alemana, Angela Merkel, pretendían restarle protagonismo al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su política de amenazas constantes, en un momento en el que toda la atención mundial está centrada en las negociaciones EE.UU.-China. Las élites europeas intentan —desesperadamente— recuperar cierto poder económico y político y muy concretamente para el capital transnacional europeo y la economía digital (incluso asumiendo los riesgos por hacerse la foto con el ultra Bolsonaro el mismo día, por cierto, del Orgullo LGTBIQ+).
Un regalo para la oligarquía latinoamericana
El retorno de la derecha a los gobiernos de Argentina y Brasil —gobernados por políticos neoliberales, autoritarios y sumisos a los intereses extranjeros— así como la expulsión ilegal de Venezuela del bloque, habían permitido acelerar el proceso negociador con Bruselas. Pero la mayoría de sus poblaciones sufre una crisis económica que sacude la región y va a peor. Al presidente argentino Mauricio Macri le puede ayudar a mejorar sus posibilidades en las elecciones presidenciales el 27 de octubre de 2019. En el contexto brasileño, este acuerdo forma parte de un proyecto del golpe institucional contra Dilma Rousseff que continúa. Y al presidente ultraderechista brasileño, Bolsonaro, le ayuda a limpiar su pésima imagen internacional cuando enfrenta varios escándalos. Entre ellos, las revelaciones sobre Sérgio Moro, ministro de Justicia, su falta de parcialidad como juez y amaños con la fiscalía para encarcelar a Lula da Silva. O la detención de un militar de la comitiva presidencial con 39 kilos de cocaína cuando viajaba a Osaka. Ambos utilizan ahora el acuerdo como medio para evitar que la izquierda vuelva a gobernar y blindar las reformas neoliberales que impulsan en la región (como las privatizaciones).
Neocolonial
El mandato con el que la Comisión Europea negocia con Mercosur es de 1999 y se basa en la vieja doctrina que busca reafirmar el papel dominante y neocolonial de la UE en el mundo a través de su política comercial común. Ambas regiones ya sufren ese modelo comercial depredador. Los países del Mercosur exportan mayoritariamente materias primas —que generan por ejemplo importantes impactos sobre la agricultura y el mundo rural europeos—. A su vez son inundados con productos y servicios de las empresas transnacionales europeas, lo que genera más desempleo, desigualdades, desequilibrios económicos y una concentración de la riqueza.
El modelo Brumadinho
El 25 de enero la empresa minera brasileña Vale, el mayor productor de mineral de hierro del mundo, causó la rotura de una de sus represas con desechos en el estado de Minas Gerais, provocando la muerte a más de 300 personas y derramando millones de metros cúbicos de lodo tóxico que afecta a más de 100 municipios. Sólo tres años antes, una negligencia similar de la multinacional en un pueblo llamado Mariana provocó el peor desastre ecológico en la historia de Brasil y dejó 20 muertos. No son casos aislados. Es el modelo de extractivismo que impera en el Mercosur y el mundo. Los accionistas de VALE, aseguradoras como Mapfre o la industria que compra el hierro (una buena parte llega a Europa), se llenan los bolsillos y las comunidades cargan con todos los impactos sociales y ambientales. El gobierno español y el IBEX35 sólo piensan en la venta de coches, farmacéuticas o bienes de consumo, la importación barata de soja y minerales o en sacar petróleo en las costas de Brasil o la “Vaca Muerta” de Argentina, sin preocuparles las poblaciones, sus derechos, ni el etorno. Esto completa una forma de genocidio que comenzó con el colonialismo español a partir del siglo XIV.
UE cómplice de Bolsonaro
El acuerdo es una amenaza para los derechos humanos. En el caso de Brasil, ampara a Bolsonaro, quien desde el 1 de enero de 2019 ha arremetido contra los defensores de los derechos humanos y los movimientos sociales, cumpliendo su promesa electoral de «poner un punto final a todos los activismos» del país. Se han registrado un aumento dramático de los ataques contra pueblos indígenas, comunidades afrobrasileñas, líderes comunitarios, campesinos y activistas. Es muy sintomático que la policía brasileña haya encontrado vínculos entre el asesino de Marielle Franco y la familia Bolsonaro. La feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos fue asesinada el 14 de marzo de 2018 por criticar e investigar la intervención militar y policial en las favelas de Río de Janeiro y asesinatos y abusos contra sus habitantes.
Violencia machista y homofobia
Bolsonaro ha declarado la guerra contra las personas LGTBIQ+ y defiende un proyecto político contra las mujeres que busca lapidar derechos y conquistas del movimiento feminista y LGTBIQ+. En su primer discurso tras jurar el cargo, ha prometido “combatir la ideología de género” igual que la extrema derecha en Europa. Pregona impunemente su homofobia (“Brasil no puede ser un paraíso para el turismo gay”) y misoginia (reivindicó el turismo sexual). Sus discursos y políticas que fomentan el odio y la violencia, deberían ser perseguidos y no premiados con un acuerdo de asociación.
Una bomba climática
El acuerdo comercial exacerbará la deforestación al legitimar el desmontaje de regulaciones ambientales y seguir exportando masivamente productos agrícolas a Europa. Por el otro lado, favorecerá la explotación y la quema de combustibles fósiles así como la exportación de automóviles europeos al Mercosur, especialmente de vehículos 4×4 que tienen una gran huella ecológica. La Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) está encantada.
Deforestar la Amazonía
Se prevé aumentar la exportación de carne, soja y agrocombustibles a Europa. En 2018, el 78,5 % de las importaciones de vacuno de la UE ya procedían del Mercosur, uno de los mayores impulsores agrícolas de la pérdida de bosques y un sector responsable además de trabajo esclavo. Más de 600 científicos europeos y 300 grupos indígenas alertaron a la UE de la deforestación en Brasil. Bolsonaro ha desmantelado protecciones ambientales y ha facilitado el dramático incremento en las tasas de deforestación en la Amazonía, socavando así años de progreso en la materia. Solo el procesador de carne más grande del mundo, la multinacional brasileña JBS, emitió en 2016 más gases con efecto invernadero que Holanda.
Las mentiras de Macron
El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió ante la asamblea general de la ONU que no firmaría más acuerdos que comprometieran la lucha contra el cambio climático. En mayo su gobierno dijo en el parlamento francés que no permitiría un tratado con Mercosur. Macron creía que enfatizando con que Brasil cumpliera con el Acuerdo de París iba ser suficiente para esquivar las críticas por apoyar el tratado con Mercosur. Pero no. El debate en Francia está cogiendo impulso. Manifestaciones de agricultores, protestas de ecologistas, sindicatos y ONG de derechos humanos y división interna en la mayoría gubernamental. La extrema derecha de Le Pen e incluso los republicanos critican el texto como «traición». Acusan a Macron de desproteger la agricultura familiar francesa, un tema muy sensible en el país. Solo el fallido acuerdo comercial con Estados Unidos (TTIP) había suscitado tanta oposición en Francia.
La trampa con el Acuerdo de París
El pre-acuerdo habla de “implementar efectivamente el Acuerdo de París”, pero no es vinculante, como tampoco las alusiones a la deforestación o la biodiversidad. Incluir un lenguaje engañoso sobre clima, derechos laborales y género en los tratados comerciales, proporciona a la élites una coartada perfecta para decir que han abordado el problema, sin realmente hacer nada. Aunque Bolsonaro haya dicho a Macron que Brasil permanecerá en el Acuerdo de París (a pesar de la presión de Washington), tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Asuntos Exteriores están encabezados por quienes niegan el calentamiento global. Es improbable que tomen las medidas necesarias para implementar el acuerdo. En estos acuerdos comerciales las medidas para frenar la emergencia climática son consideradas «barreras no arancelarias». Penalizan, por ejemplo, la salida de las energías fósiles, el fomento de la agricultura sostenible o favorecer empresas locales en la contratación pública para los planes de transición energética.
Negocios para la agroindustria, pobreza para el resto
Todos los países involucrados en el acuerdo se encuentran en una situación agronómica catastrófica, con cierre de explotaciones y pérdida masiva de empleos, con la concentración y conflictos por la tenencia de tierras, con suelos esterilizados por el uso masivo de productos fitosanitarios, impactos del cambio climático, así como graves problemas para la salud y la biodiversidad por los pesticidas tóxicos. Este acuerdo complace los intereses de las multinacionales de la agricultura industrial, pero mina los esfuerzos por una la agricultura sostenible. Cuestiones urgentes como la soberanía alimentaria, la transición al modelo ecológico, el vaciamiento del territorio rural, planes para adaptación al cambio climático o los derechos campesinos son vendidas en el altar del comercio internacional. Se rebajarán o incumplirán aún más las normas sanitarias y ambientales. Las organizaciones agrarias españolas advierten que muchos sectores quedarán desprotegidos.
¿Quién puede tumbar el acuerdo?
Aunque la política comercial sea una competencia exclusiva de la UE, el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur será en principio de competencia compartida, al incluir elementos de diálogo político y cooperación. Eso significa que debe ser adoptado primero por el Consejo de la UE (los gobiernos) y por unanimidad (si un sólo gobierno se opone, el tratado cae). Luego, el Parlamento Europeo decide por mayoría. Finalmente, al igual que con el acuerdo comercial con Canadá (CETA), los parlamentos nacionales (y regionales en el caso belga) tendrán la posibilidad de pararlo. Podría pasar que la Comisión Europea divida el acuerdo en dos partes para acelerar la ratificación. Los gobiernos de la UE decidieron en mayo de 2018 que Bruselas puede dividir los acuerdos comerciales para aprobar sus partes de comercio por una vía rápida excluyendo a los parlamentos nacionales. Este procedimiento ya se aplicó para los acuerdos con Japón, Singapur y Vietnam. Sin embargo, el Consejo decidió el año pasado que México, Mercosur y Chile sigan siendo acuerdos mixtos. La trampa está en que mientras llegue a los parlamentos nacionales (pueden pasar años e incluso décadas), las partes de “competencia exclusiva” podrían aplicarse de forma provisional después del voto del Parlamento Europeo, sin esperar a la decisión del poder legislativo. Antes de eso, los gobiernos y los parlamentos del Mercosur tendrán que ratificarlo y no está nada claro que eso ocurra sin dificultades. En marzo el Parlamento Europeo rechazó abrir negociaciones comerciales con Trump. ¿Por qué no puede repetirlo?
Necesitamos movilizarnos
Es posible frustrar el acuerdo y hay muchas oportunidades. Primero, de cara al Consejo de la UE (donde decide el gobierno de Pedro Sánchez), luego en el Parlamento Europeo (donde Iratxe García preside al grupo socialdemócrata S&D) y, si no ha dado frutos, en Las Cortes. Si hay una mayoría para investir a Sánchez como presidente de gobierno, debe haber una mayoría para vetar a estos tratados neoliberales. Necesitaremos un frente amplio entre movimientos ecologistas, feministas, LGTBIQ+, campesinos y organizaciones en defensa de los derechos humanos. Nuestros aliados son los movimientos de resistencia en Europa y América Latina.
Attac España, La sociedad civil, los sindicatos y los grupos de interés público afirman a la presidenta Von der Leyen, a los comisarios europeos y a los Estados miembros de la UE que nuestros derechos, nuestro planeta, nuestra salud y nuestra justicia no están en venta.
La UE se arriesga a una nueva competición a la baja. Bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, la Comisión Europea planea una ola sin precedentes de recortes drásticos en las regulaciones que protegen los derechos laborales y sociales, los derechos humanos, los derechos digitales y el medio ambiente. La Comisión y los Estados miembros de la UE podrían dedicar los próximos cuatro años a desmantelarlas normasque rigen para las empresas que operan en la UE.
Las normas diseñadas para garantizar una vida justa, equitativa y saludable ya se aplican de forma deficiente. A pesar de las claras advertencias, ahora se están retirando, debilitando o vaciando de contenido a un ritmo sin precedentes.
Ocho meses después de su mandato, es evidente que el nuevo «esfuerzo de simplificación sinprecedentes« de la Comisión significa en realidad «desregulación». Las regulaciones que nos protegen a todos de los excesos de la avaricia corporativa, que garantizan que podamos respirar aire limpio y llevar una comida saludable a la mesa de nuestras familias, están siendo recortadas. Las normas que garantizan que podamos trabajar en condiciones justas y seguras, proteger la naturaleza, combatir la discriminación, combatir la corrupción, tener acceso a productos financieros justos y seguros, e impedir que las corporaciones violen nuestra privacidad digital — que nos mantienen a todos seguros hoy y mañana— están siendo recortadas.
La insistencia de la Comisión en que se trata de eliminar la burocracia superflua no se sustenta en la realidad. Afirmanque confiar en que las empresas hagan lo correcto hará al bloque más «competitivo» y que es necesario recortar las normas para impulsar la «innovación» de las empresas de la UE. Pero muchos casos tristes de la historia de la UE cuentan otra historia, como la crisis financiera y el Dieselgate.
Se están recortando las normas de la UE para que los accionistas puedan explotar a las personas y al planeta con menos límites. Nuestra protección se está vendiendo a cambio de beneficios, y nuestra confianza en la democracia se está erosionando.
acceso de las empresas. Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil que representan diversos intereses sociales corren el riesgo de ser marginadas por los responsables de la toma de decisiones. Para empeorar la situación, las agencias y organismos encargados de hacer cumplir la ley se ven obstaculizados por políticas de austeridad que recortan sus presupuestos y personal.
La Comisión Europea y el Consejo de los Estados miembros de la UE intentan recortar nuestras protecciones casi a diario. Varias propuestas importantes se han aprobado precipitadamente, sin que la Comisión cumpla con su deberde elaborar evaluaciones de impacto vitales. Esto se ve agravado por el uso del «procedimiento de urgencia», que impide un debate democrático en el Parlamento Europeo.
Los principios de la elaboración de normas son vitales para la democracia. Al tomar atajos, la Comisión silencia las voces críticas y reabre legislación que ya fue resultado de un proceso democrático y, por lo tanto, de un acuerdo entre las fuerzas políticas de la UE.
Esta tormenta perfecta de desregulación corre el riesgo de empoderar a la extrema derecha y a las fuerzas antidemocráticas, propiciar la corrupción, aumentar las desigualdades, frenar la urgente acción climática y la protección del medio ambiente, y privar a las comunidades y a los trabajadores de protecciones y servicios esenciales. La agenda de «simplificación» ya ha ido demasiado lejos:
La rendición de cuentas de la corporaciones y la justicia están más lejos que nunca: La Comisión y el Consejo han socavado drásticamente la acción climática, la protección ambiental y lasobligaciones en materia de derechos humanosen las cadenas de suministro, al debilitar drásticamente la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. La transparencia sobre el nivel y los esfuerzos de sostenibilidad de las empresas se está reduciendo drásticamente al reducir significativamente el alcance de la información que las empresas deben presentar en la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y la Taxonomía de la UE.
Nuestros hábitats y biodiversidad podrían perder protecciones esenciales, mientras que las sustancias químicas amenazan la salud pública: La Comisión ha propuesto eliminar lasobligaciones ambientalesde su Política Agrícola Común, incluyendo medidas para proteger humedales y turberas. Las leyes químicas de la UE sobre cosméticos y las normas de etiquetado para sustancias químicas peligrosas están siendo objeto de crítica, mientras que existen indicios preocupantes de que la prohibición integral propuesta de las «sustancias químicas permanentes» (PFAS) se debilitará.
Se reduce la presión sobre las industrias contaminantes: Los retrasos en los planes de transformación obligatorios para que las plantas industriales contaminantes sean más limpias, el ciclo de los materiales usados más circulares y respetuosas con el clima están socavando la transparencia pública y la responsabilidad corporativa en la transformación industrial.
El debilitamiento de los objetivos climáticos responde a los deseos corporativos en lugar de a las necesidades planetarias: la Comisión, con un fuerte respaldo de los Estados miembros de la UE, ha propuesto un objetivo para 2040 de reducir las emisiones en un 90 % en comparación con 1990, que incluye planes para debilitar la arquitectura política establecida a través de la legislación climática mediante la introducción de diversas formas de flexibilidad. La introducción de créditos internacionales dentro de los objetivos climáticos de la UE reduciría el nivel de ambición de la UE en comparación con un objetivo puramente nacional, que ya está por debajo de su cuota justa global.
Una década de progreso en materia de derechos digitales podría verse desbaratada: la reapertura de lacolumna vertebral de laregulacióndigital de la UE—el Reglamento General de Protección de Datos— implica que los datos sensibles de las personas podrían procesarse sinprotección. Nuevos ataques a leyes previstas, como la Ley de IA y el Paquete Digital, podrían socavar las normas que protegen nuestra vida digital contra los daños de la IA y la vigilancia por parte de actores estatales y corporativos.
Una competición a la baja para las personas trabajadoras: Se avecinan recortes en los derechos laborales y protecciones sociales, ya que la propuesta prevista para un «28º régimen» ofrecería a las empresas un conjunto de normas europeas más permisivas. Esto abre la puerta a la elusión de las leyes laborales nacionales y los derechos sindicales.
Más pobreza: La Comisión pretende redirigir los fondos de lucha contra la pobrezapara apoyar a empresas e industrias, incluidas las tecnológicas y de defensa.
El camino hacia una sociedad justa y equitativa se erosiona ante nuestros ojos: La retiradade la Directiva Horizontal contra la Discriminación indica claramente que las personas y los derechos no son una prioridad para la Comisión Europea. El único ámbito en el que se están incrementando las nuevas normas es el de las sanciones y la vigilancia de las comunidades marginadas, en un contexto de aumento del gasto, la legislación y las políticas centradas en la criminalización, la vigilancia y la militarización.
Reformas financieras revertidas, allanando el camino para otra crisis: Se están introduciendo retrasos y numerosas excepciones en los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión acordadas internacionalmente tras la crisis financiera mundial de 20072009. Estas normas tienen como objetivo garantizar que los bancos gestionen sus riesgos con suficientes colchones para amortiguar las pérdidas. Paralelamente, podrían eliminarse las medidas destinadas a apoyar las prácticas financieras sostenibles.
Con estas medidas —una pequeña selección de las numerosas propuestas, iniciativas y estrategias de desregulación— la Comisión afirma estar haciendo que Europa sea más atractiva para las empresas y más competitiva a nivel internacional. Al hacerlo, está creando un mundo tóxico y menos equitativo para las personas trabajadoras, las familias y las comunidades vulnerables, y un campo de juego desigual para las empresas que desean llevar a cabo sus negocios de forma responsable. A largo plazo, la falacia de que proteger a las personas y el medio ambiente hoy es demasiado costoso tendrá un coste irreversible para nuestra salud, seguridad, derechos, igualdad y libertades en el futuro.
En lugar de desregular, instamos a los legisladores de la UE y de los Estados miembros a proteger y promover los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos:
Aprobar leyes para una mayor protección del bienestar social, las personas trabajadoras y consumidoras, la lucha contra la discriminación, la justicia social, climática y medioambiental, la privacidad y la protección de datos, y contra las sustancias químicas tóxicas;
Exigir mayor transparencia y rendición de cuentas a las empresas, así como acceso a la justicia para las personas perjudicadas;
Asumir la responsabilidad por el impacto negativo de las actividades de la UE, como la minería, la insuficiencia de objetivos climáticos y las sustancias químicas tóxicas, en otras regiones y comunidades.
Facilitar la implementación y el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos, la justicia y los intereses públicos. Proporcionando más recursos a las autoridades responsables de su aplicación, así como orientación y apoyo para la implementación de las normas digitales.
Reforzar la protección de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas.
Garantizar que la sociedad civil, los sindicatos, las comunidades afectadas y otros actores representativos del interés público sean consultados, incluidos y respetados de forma significativa en la legislación de la UE y nacional.
En una época de extrema desigualdad, que incluye la extrema concentración de riqueza, exclusión social y financiera, destrucción climática, retroceso democrático, capitalismo de vigilancia, explotación laboral, discriminación y daños estructurales profundamente arraigados, así como amplias violaciones de los derechos humanos: ¡exigimos más protecciones, no menos!
Firman2:
The European Federation of Public Service Unions (EPSU),
Friends of the Earth Europe (FoEE),
Climate Action Network (CAN),
Global 2000,
Corporate Europe Observatory (CEO),
European Environmental Bureau
Firmar esta carta no significa que todas estas organizaciones compartan las mismas prioridades.
1 Medidas como los «Diálogos de Implementación», las «Consultas Específicas» y las «Verificaciones de la Realidad».
2 No todos los firmantes trabajan en profundidad en todos los temas. Firmar esta carta no significa que todas estas organizaciones compartan las mismas prioridades.
Luis González Reyes & Miriam García-Torres, publicado originalmente para El Salto.
Apagones, danas, genocidios, pandemias, grandes incendios… los sucesos excepcionales se atropellan uno detrás de otro sin saber cuál será el siguiente. En un contexto de colapso ecosocial, nuestros colectivos deben ser resilientes ante fuertes perturbaciones de nuestro entorno, porque justo eso es lo que se espera del desmoronamiento de nuestro orden social y ecológico. Pero esta cualidad no es suficiente: deben ser también justos, pues en caso contrario estaríamos construyendo sociedades al servicio de personas privilegiadas. Esta justicia debe tener una dimensión hacia dentro del colectivo y otra, al menos igual de fundamental, hacia fuera, al conjunto de la sociedad y de la vida.
Con este doble objetivo, evaluar la resiliencia y la justicia de nuestras alternativas, un equipo multidisciplinar dentro del marco de Solidaridad Internacional de Andalucía hemos elaborado una herramienta web compuesta por un cuestionario con respuestas en forma de rúbrica. El cuestionario tiene varios niveles de profundidad y ofrece la evaluación de la situación de la organización de forma automática.
En este texto, recogemos los indicadores que contribuyen más a la justicia y/o a la resiliencia. Tras exponerlos en forma de pregunta, como aparecen en la herramienta web, los explicamos brevemente y ofrecemos un ejemplo de una organización o proyecto que cumpliría ese criterio.
¿La capacidad de influir en las decisiones estratégicas está repartida equitativamente?
La intención es medir el nivel de participación en la toma de decisiones para definir la misión y los objetivos, así como las acciones, los pasos, la metodología, los recursos, los tiempos, etc. a seguir para alcanzarlos.
Entrepatios es una cooperativa de vivienda en derecho de uso que tiene actualmente dos promociones construidas. Los fines y la identidad colectiva se han decidido de manera asamblearia entre las personas integrantes de la cooperativa. En ambas promociones, quién entró en ellas —hay bastantes más personas socias que las que cabían— fue fruto de un sistema decidido por el conjunto de personas que querían entrar —desde la elección de los criterios, hasta su evaluación, pasando por la ponderación—. El diseño de los edificios fue un proceso codecidido entre el equipo de arquitectura y el conjunto de las personas que iban a vivir en ellos. Finalmente, la convivencia se articula alrededor de asambleas generales, grupos de trabajo y responsabilidades individuales asignadas colectivamente.
¿Repartimos equitativamente las tareas?
La intención es medir en qué grado el reparto de las tareas, tanto productivas como reproductivas, reproduce o no privilegios y relaciones de dominación —de género, edad, clase, origen cultural, creencia religiosa, ideología, diversidad funcional, etc.—. “Trabajo productivo” es el que genera ingresos y “trabajo reproductivo” el que garantiza el cuidado, bienestar y supervivencia de las personas o los grupos. Con frecuencia, los trabajos reproductivos quedan invisibilizados y tienden a no ser contabilizados.
El desafío es construir cada vez más organizaciones que cumplan el mayor número posible de criterios de justicia y resiliencia ante los escenarios que ya son una realidad
Cal Cases es una cooperativa de vivienda de cesión de uso en el ámbito rural. Se basa en una economía colectiva donde todas las personas aportan el mismo tiempo, 80 horas al mes, pero de maneras distintas. La aportación puede ser en dinero —para lo que se ha hecho una ponderación de salarios—, con moneda social y/o con horas de trabajo. Los cuidados y las tareas productivas se valoran por igual, y hay tareas que son comunes y tienen que asumir todas las personas —como cocinar y limpiar—, mientras que otras se realizan en función de la motivación y la posibilidad de cada integrante —trabajar en el huerto, cortar leña, gestionar las compras, etc.—. Durante las cerca de dos décadas que lleva el proyecto, las personas integrantes han tomado conciencia de que las necesidades cambian en las distintas etapas de la vida, y la visión más productivista de los inicios ha dado paso a una mayor relevancia y visibilización de los cuidados.
¿Las personas de la organización tienen acceso equitativo a los bienes y servicios generados colectivamente?
Lo que se quiere medir es el grado de equidad en el acceso a los bienes y servicios generados por la organización. Un acceso equitativo es aquel que es equilibrado entre las personas integrantes y en el que cada cual pueda acceder en función de sus necesidades. Un acceso es equitativo cuando se han considerado las condiciones singulares de cada persona y/o colectivo y no reproduce privilegios y relaciones de dominación —por ejemplo, de género, edad, clase, racializacion, origen cultural, creencia religiosa, ideología, diversidad funcional, etc.—.
Garúa es una cooperativa especializada en transiciones ecosociales —formación, asesoramiento, puesta en marcha de proyectos propios e investigación—. Dentro de la cooperativa, no existen escalas salariales, de manera que todo el mundo cobra lo mismo por hora trabajada, independientemente de las tareas a la que se haya dedicado. Por otro lado, durante las épocas en las que no existe un colchón económico cooperativo las personas que tienen ahorros propios dejan de cobrar temporalmente —luego recuperan sus salarios de manera retroactiva cuando vuelve la liquidez— para que quienes necesitan ingresar todos los meses puedan hacerlo sin tener que recurrir a un crédito. Además, la cooperativa ha funcionado como banco interno sin interés para las personas socias que han necesitado un préstamo.
Cuando es oportuno, ¿tomamos decisiones considerando otras organizaciones o comunidades para que favorezcan al conjunto sin perjudicar a terceras entidades?
La intención es medir si las necesidades propias se equiparan a las de otras organizaciones o comunidades cuando existe algún conflicto de intereses o por los recursos.
FUHEM es una fundación sin ánimo de lucro que gestiona cuatro centros escolares. En esos colegios ofrece un servicio de comedor ecológico y saludable gestionado por una empresa externa. Durante el curso 2020-2021, en el cual las clases estuvieron suspendidas durante meses fruto la COVID-19, el comedor cerró. La empresa externa se acogió a un ERTE, por el cual el Estado pagó el 80% del salario al personal del comedor. FUHEM completó el 20% del salario de esas personas para que pudiese llegar al 100%, a pesar de no ser personal propio.
¿Gestionamos con éxito los conflictos internos?
La intención es medir si para la regulación de los conflictos se consigue el compromiso y la colaboración de las partes para integrar los cambios o poner los límites que demandan. Los conflictos se regulan con éxito cuando a partir de su afrontamiento se generan cambios y/o aprendizajes.
Alimentar el cambio se dedica a acompañar comedores escolares en su transición desde comedores convencionales hacia comedores ecológicos y saludables. Esto consiste en apostar por materias primas de producción ecológica, de temporada y de cercanía, por reducir los productos de origen animal —carne, pescado y huevos, fundamentalmente—, y por minimizar la producción de residuos y el desperdicio alimentario. Esta transformación genera múltiples conflictos. Con cocina, porque es un reto cocinar solo con productos de temporada, segundos platos sin productos animales o con materia prima que no llega preparada para echar a la cazuela directamente.
En un contexto de colapso ecosocial, nuestros colectivos deben ser resilientes ante fuertes perturbaciones de nuestro entorno, porque justo eso es lo que se espera del desmoronamiento de nuestro orden social y ecológico
Con el alumnado, porque aumentar el contenido de verduras, que además saben más por ser ecológicas, y que son de temporada —los meses fríos, que son la mayoría en un centro escolar, son el dominio de las coles— no es una buena noticia. Si además se reduce la carne, sobre todo en el segundo plato, los conflictos crecen. Y esto implica también malestares con las familias y con el personal de sala. El éxito de Alimentar el cambio consiste en convertir los conflictos en una oportunidad educativa y trabajar con el conjunto de la comunidad escolar para darle sentido a las transformaciones.
¿Dependemos mayoritariamente de fuentes energéticas realmente renovables?
La intención es medir el grado de autonomía respecto a las fuentes de energía no renovable —petróleo, carbón, gas natural, uranio—, sus derivados y/u otras fuentes lejanas del territorio en el que se inserta el sistema. La energía realmente renovable es la que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables —eólica, geotérmica, hidroeléctrica, solar, etc.—, mayoritariamente cerca del lugar de consumo, y con máquinas construidas con materiales y energías también renovables y cercanas.
Lakabe es un pueblo que quedó deshabitado en la década de los 70 y fue okupado en 1980. Desde entonces ha ido avanzando progresivamente en la autonomía energética. En la actualidad es prácticamente autosuficiente gracias a la implementación de un sistema solar fotovoltaico, un aerogenerador y una turbina hidráulica. La combinación de las tres fuentes de energía renovable —solar, eólica e hidráulica— a escala local y autogestionada se adapta a las condiciones ecosistémicas, de tal manera que el uso de la energía solar es más intenso durante los meses de más sol, mientras que en otoño la hidráulica gana peso cuando el arroyo transporta más caudal de agua. Las necesidades energéticas de las casas para la calefacción y la cocina se resuelven con leña del territorio. Para alcanzar la soberanía energética, también se han impulsado acciones para hacer un uso de la energía lo más eficiente posible, como la rehabilitación de las viviendas con criterios bioclimáticos.
¿Está nuestro nivel de consumo material ajustado a la capacidad de reposición del ecosistema en el que nos asentamos?
La intención es medir si el consumo material supera la capacidad de reponerse del ecosistema.
Las siete llaves es un pequeño proyecto extremeño que persigue incrementar la autosuficiencia alimentaria usando solo los recursos que proporciona el entorno en el que se desarrolla, algo cada vez más complicado fruto de la emergencia climática. Además de un intenso trabajo de generación de suelo, de fomento de la biodiversidad y de retención de agua, el camino hacia la autosuficiencia sería imposible sin una apuesta decidida de sus integrantes por la austeridad.
¿Dependemos de técnicas y procedimientos que podemos controlar?
Lo que se quiere medir es el grado de autonomía frente a técnicas y prácticas ajenas, que suelen estar asociadas a tecnologías complejas.
La Lleldiría es un proyecto de producción artesana ligada al sector primario que se guía bajo los principios agroecológicos, de organización cooperativa e identidad local. El proyecto, situado en una cabaña de montaña restaurada de forma comunitaria y sin apenas maquinaria, elabora productos saludables y de alta calidad. Cuenta con una quesería artesanal, cuyo recurso principal es la leche de pasto producida en pequeñas explotaciones ganaderas familiares locales con prácticas tradicionales de gestión y custodia del territorio. También elabora productos fermentados, encurtidos y embutidos, basados en la producción artesana de km0, que promueve el tejido social de apoyo mutuo entre vecinas, así como la recuperación de oficios y saberes tradicionales. Esta recuperación de eco-técnicas del pasado campesino se combina con el uso de nuevas técnicas basadas en energías renovables en la quesería.
¿Resolvemos de forma eficaz y ágil los problemas que nos surgen?
La intención es medir la capacidad de la organización de resolver los problemas sobrevenidos que tiene que ir afrontando.
El Arenero es un proyecto de crianza comunitario articulado alrededor del juego libre, la autogestión y el cuidado. Durante su más de una década de existencia ha tenido que hacer frente a múltiples problemas de largo aliento —como la legalización de un modelo prácticamente inexistente, la consecución y adecuación de varios espacios o el cambio de las personas educadoras de referencia—, pero sobre todo a problemas cotidianos —enfermedad de una familia acompañante, comida que se estropea, conflicto entre peques, familias que no pueden aportar la cuota, no realización de tareas comprometidas, etc.—. Sin una fuerte capacidad, basada en lo colectivo, de hacer frente a estos múltiples problemas, el proyecto habría cerrado hace tiempo.
¿Contamos con mecanismos diversos de protección frente a agresiones externas?
La intención es medir si el colectivo tiene capacidad para protegerse de las agresiones que sufre. Esto requiere al menos de: a) tener la capacidad interna para analizar el contexto y valorar el nivel de riesgo, identificando las principales agresiones y agresores posibles, b) tejer alianzas y redes de apoyo social e institucional a nivel local, regional e internacional; c) dotarse de estrategias de cuidado para hacer frente a los impactos emocionales y psicosociales de potencias agresiones y situaciones de estrés; y d) crear medidas y protocolos de seguridad preventivos y reactivos.
Defender a quien Defiende es una plataforma formada por personas defensoras de derechos humanos, colectivos y organizaciones sociales, institutos universitarios, periodistas y expertas legales, organizada para generar mecanismos de protección frente al contexto de criminalización y represión de la protesta social en el Estado español. La plataforma ha creado un sistema de alerta y respuesta temprana ante casos de violaciones de derechos humanos, y ha desarrollado una diversidad de acciones dirigidas a la protección como el monitoreo y la observación durante manifestaciones, la investigación, visibilización y denuncia, la construcción de alianzas, así como acciones dirigidas a incidir política, social y jurídicamente en la protección efectiva de los derechos civiles y políticos.
¿Son eficaces nuestros mecanismos de protección?
Es difícil evaluar nuestra capacidad de respuesta frente a agresiones futuras, pero podemos intuirla a partir de nuestra capacidad pasada y los mecanismos que hemos ideado.
El movimiento feminista ha mostrado su capacidad para poner en marcha una gran variedad de estrategias y mecanismos de protección frente a las violencias machistas y sexuales, adaptadas a los contextos de cada época. En los años 80 se formaron las Comisiones Antiagresiones, que brindaban acompañamiento a mujeres que habían sufrido violencia. Durante esta época se crearon centros de atención contra la violencia gestionados por el propio movimiento. A finales de los 80 e inicios de los 90 se conformaron los primeros espacios de formación de autodefensa, que fueron la antesala de lo que hoy conocemos como autodefensa feminista. Desde comienzos del siglo XXI, el movimiento empezó a elaborar protocolos antiagresiones frente a la violencia sexual en los espacios de ocio y en las fiestas, que supusieron el inicio de la aparición de los puntos morados en las fiestas populares. Numerosas movilizaciones y campañas a lo largo de estas décadas, como las llevadas a cabo bajo los lemas “Yo sí te creo” o “Se Acabó” han situado la violencia machista en el foco del debate social y político, abriendo camino a cambios legislativos y culturales. La variedad de respuesta frente a las agresiones muestra que el movimiento feminista tiene una alta capacidad de resiliencia ante posibles escenarios futuros.
¿Nuestro proyecto mejora las condiciones para la vida?
La intención es medir en qué grado contribuye a mejorar funciones ecosistémicas como: la polinización, la estabilidad climática, la depuración de aguas, la fertilidad del suelo, la calidad del aire o la capacidad de regeneración de la trama de la vida.Mas Les Vinyes produce alimentos sanos, comparte conocimiento y todo ello mediante prácticas regenerativas del suelo como eje central de todo el proyecto. Este enriquecimiento del suelo permite una regeneración ecosistémica más basta, pues el suelo es una base fundamental de la trama de la vida.
Los ejemplos aquí señalados son solo una pequeña muestra de la gran variedad de proyectos y colectivos existentes en nuestro entorno cercano. El desafío es construir cada vez más organizaciones que cumplan el mayor número posible de criterios de justicia y resiliencia ante los escenarios que ya son una realidad.
