Júlia Nueno Guitart es ingeniera e investigadora de Forensic Architecture, una organización multidisciplinar dependiente de la Universidad de Londres, en la que profesionales de la ingeniería, periodistas, abogadas, informáticos y otros perfiles profesionales investigan crímenes de guerra a partir de imágenes de satélite, modelado 3D, análisis forense de vídeos, fotografías y sonidos, datos geoespaciales, información publicada por los medios y las redes sociales, así como de declaraciones y testimonios directos.

Con su trabajo de cruce de datos y verificación, Forensic Architecture ha demostrado delitos de guerra y de lesa humanidad como los bombardeos rusos contra instalaciones civiles en Siria, las desapariciones de civiles en el conflicto colombiano, la vigilancia y la represión con el programa israelí Pegasus, el ecocidio que Israel ha cometido en la Franja o los patrones en los ataques contra los hospitales que el Ejército sionista ha llevado a cabo en Gaza desde octubre de 2023. Este último informe ha sido incorporado como prueba por Sudáfrica en la causa abierta ante el Tribunal Internacional Penal contra Israel.

Nueno acaba de publicar Genocidios. Una lectura forense (Galaxia Gutenberg), una compilación de ocho investigaciones para entender los mecanismos de esta forma de exterminio planificado de colectivos y pueblos y sus consecuencias a largo plazo. El libro, que pertenece a la colección ‘Interespecies’, dirigida por Jorge Carrión, sorprende por los horizontes legales, metodológicos, históricos y epistemológicos que abre. Conversamos con ella por videoconferencia.

Comencemos por su trabajo en Forensic Architecture. ¿Cómo lo describiría? 

Nos dedicamos a una forma de arquitectura que no se dedica a construir edificios, sino que estudia el territorio como testigo de las distintas formas de violencia. Mi trabajo consiste en pensar cómo podemos relacionar la gran cantidad de datos, imágenes y vídeos que hay en Internet con las imágenes de satélite, para entender lo que está ocurriendo en Gaza o desentrañar una conducta concreta del Ejército israelí. 

Nuestro trabajo tiene dos pilares: uno dedicado a investigar declaraciones del Ejército para desmentir sus falsedades y combatir así la desinformación. Y el otro, como hicimos con la demanda de Sudáfrica, a entender patrones de conducta repetidos por parte del Ejército de Israel que indican que hay una estrategia militar dirigida a destruir las condiciones de vida en Gaza. 

Sus publicaciones se difunden en medios de comunicación, en causas judiciales, en comisiones de la verdad… ¿Cómo deciden en qué ámbito van a tener más eficacia?

Depende de cuál sea el objetivo. La investigación de Gaza la iniciamos nosotros, algo inusual, porque solemos trabajar por encargo de comisiones de la verdad, de grupos de víctimas, de activistas… Forensic Architecture ya había investigado la ocupación de Palestina y la Nakba como estructura social de desplazamiento y de negación de la autodeterminación. Cuando vimos la dimensión que estaba adquiriendo la crisis humanitaria que comenzó tras octubre de 2023, nos organizamos para empezar a trabajar de manera autónoma. La primera investigación que hicimos fue sobre la destrucción sistemática del sistema médico que llevó a cabo el Ejército israelí a partir de enero de 2024. Sudáfrica citó nuestro trabajo en la causa que presentó contra Israel ante el Tribunal Internacional Penal. Entonces, empezamos a colaborar con su equipo de abogados, pero manteniendo nuestra autonomía e independencia. Nosotros analizamos el territorio para entender los patrones de la violencia y ellos usan el resultado de nuestras investigaciones para demostrar que hay una voluntad política de destruir las condiciones que sostienen la vida en Gaza. 

¿Cómo ha sido el proceso de elegir los temas y autores que quería que recogiese el libro?

Planteé el libro como una caja de herramientas para entender el genocidio en el siglo XXI, que supone el exterminio de un pueblo pero, también, la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida en común. También establece el vínculo existente entre genocidio y colonialismo, puesto que muchos de los exterminios cometidos por proyectos coloniales bajo la interpretación actual serían considerados genocidios. Y también tenía que recoger cómo se está usando la inteligencia artificial para reestructurar el valor que se le da a las vidas y para cometer genocidios. 

“La arquitectura forense es capaz de poner en relación distintos medios para componer nuevas formas de credibilidad, de autoridad y de verdad”.

¿Qué aporta la arquitectura forense a la investigación de crímenes de lesa humanidad y a la lucha contra la impunidad?

En un momento en el que la imagen y los hechos están perdiendo credibilidad, la arquitectura forense intenta reconstruirla con nuevas herramientas. La arquitectura forense es capaz de poner en relación distintos medios para componer nuevas formas de credibilidad, de autoridad y de verdad. 

Cuando Lemkin conceptualizó el delito de genocidio en 1944, lo definió de una manera mucho más amplia que como se suele interpretar. De hecho, distintiguió dos fases: la destrucción  del patrón nacional del grupo oprimido y la imposición del patrón del opresor. Y estableció un vínculo entre el crimen de genocidio y la violencia colonial, que incluye opresión y desplazamiento forzado. ¿Cómo cree que ha afectado la versión reducida que nos ha llegado del genocidio? 

En el territorio que ahora conocemos como Namibia, Alemania cometió el primer genocidio del siglo XX. El ejército colonial alemán se lanzó al exterminio de sus pueblos originarios, los ovahereros y los namas. Aunque Alemania ha reconocido este genocidio, no ha habido ninguna acción política de reparación ni de restitución. De hecho, el genocidio sigue operando en Namibia porque el 70% de sus tierras agrícolas sigue estando en manos de los descendientes de los colonos, que representan el 4% de la población. Por eso, estamos trabajando en otras formas de reparación y restitución que contribuyan a la igualdad.

Otro de los textos es una entrevista a Rabea Eghbariah, un jurista palestino que sostiene que hay que expandir el derecho internacional a partir de la experiencia palestina. Para ello, propone tipificar el delito de la Nakba que comenzó con el desplazamiento masivo y la limpieza étnica del pueblo palestino sobre los que se fundó en 1948 el Estado sionista, pero que según Eghbariah se extendería hasta hoy como un régimen político y jurídico del que el genocidio es una de sus manifestaciones. La Universidad de Harvard le pidió que escribiera un artículo para su revista sobre esta propuesta y, después de publicarla, la censuró. Lo mismo ocurrió después con la Universidad de Columbia.  ¿Por qué es importante tipificar el delito de la Nakba?

En 1948, las milicias israelíes desplazaron a 750.000 palestinos, destruyeron 500 aldeas, y acabaron con la estructura social y política que organizaba la vida en Palestina. Con esta violencia fundacional vino también una fragmentación del pueblo palestino en múltiples categorías legales y geográficas que establecen distintos derechos incluso en cuanto a la movilidad. 

La propuesta de Eghbariah tiene mucho sentido porque igual que la segregación racial en Sudáfrica tipificó el delito de apartheid, y que el nazismo es constitutivo del crimen del Holocausto, el sionismo lo es de la Nakba. La colonización es el instrumento con el que el sionismo ha construido su identidad nacional sionista. Por eso, él entiende que la ocupación, el genocidio, el apartheid son crímenes dentro de la lógica de la Nakba, que tiene como finalidad desplazar y negar la autodeterminación del pueblo palestino.   

En el capítulo que firma usted, titulado La fábrica de objetivos, evidencia cómo Israel ha usado la inteligencia artificial no para minimizar el número de víctimas civiles, sino para convertir al máximo número posible en potenciales enemigos y eludir así la responsabilidad de sus crímenes. Y explica que lo hace manipulando el derecho internacional. 

El derecho internacional distingue entre civiles y combatientes, y establece el criterio de la necesidad de un ataque, lo que se interpreta como que si un objetivo militar tiene mucho valor, se acepta cierto número de muertes de civiles. 

La legislación internacional no prohíbe la violencia, sino que la racionaliza y establece así una economía de la violencia. Cuando se incorpora esa economía de la violencia en la inteligencia artificial, que es una forma de cálculo estadístico a través de los datos disponibles, se aceleran las injusticias que se cometen en base a esa supuesta racionalidad.

Israel ha generado un sistema de inteligencia artificial que acelera la interpretación de los civiles como combatientes, generando una gran base de datos en la que personas que, muy probablemente, tengan muy poca o ninguna relación con cualquier forma de resistencia armada, van a ser relacionadas con esta.

Y además, como hemos comprobado, el Ejército israelí suele bombardear zonas residenciales y especialmente durante la noche –que es cuando sus programas determinan que el objetivo está en casa con su familia–. Y siguiendo el principio de proporcionalidad, su inteligencia artificial maximiza el número de muertes que se pueden llevar a cabo para matar a ese objetivo. Entonces, Israel dice: “Lo que hacemos nosotros está amparado por los principios de distinción y proporcionalidad de la ley internacional humanitaria”. Pero lo que está haciendo es tergiversarlos y llevarlos a nociones extremistas que les permiten maximizar el número de muertes de civiles. Es una lógica muy perversa.

Para investigar estos crímenes, ven miles de imágenes a diario de los bombardeos, de las morgues, de los hospitales… Imágenes grabadas por los propios familiares de las víctimas para denunciar lo que están sufriendo o por periodistas gazatíes que son asesinados por Israel para impedir que sigan documentando el genocidio. Está demostrado que el visionado de este tipo de imágenes de manera masiva durante meses puede afectar a la salud mental. ¿Han establecido algún tipo de protocolo para protegerse?

Sí, contamos con grupos de apoyo de unas cuatro o cinco personas que nos reunimos cada cierto tiempo para hablar sobre qué nos está costando en el trabajo o cómo lidiar con esas imágenes. Y también podemos pedir asistencia psicológica para evitar o tratar el trauma secundario. A veces, cuando comento con algún amigo o un nueva compañera esta cuestión, suelen decirme: “Ah, como quienes monitorean los contenidos de Facebook o Instagram, que están expuestos a imágenes de mucha violencia de forma repetida”. Y yo suelo responderles que es muy diferente porque hay una finalidad política en el trabajo que nosotros hacemos y que, precisamente, esa finalidad sana un poco la sobreexposición a esos contenidos. 

Usted escribe en el prólogo del libro que las tecnologías que usamos organizan qué memorias se preservan o cuáles se pierden, y que nos imponen ritmos, jerarquías y prioridades que condicionan nuestra respuesta ética y política. Por ello, reivindica la importancia de ocupar esa banda ancha con una sensibilidad crítica que desarrolle respuestas colectivas. ¿Qué lecciones podemos extraer de los dos años de movimiento global de solidaridad con Palestina para crear nuevas propuestas en defensa de los derechos humanos, de la democracia..?

En un momento de crisis en las izquierdas y de auge de las fuerzas reaccionarias, la campaña de solidaridad con Palestina es esperanzadora porque mucha gente se ha movilizado y lo ha hecho porque hay muchas maneras de participar: el boicot a los productos israelíes, las manifestaciones, las acampadas en las universidades, los piquetes en las fábricas de armas, las huelgas en Italia, el seguir hablando para que el genocidio termine… Y tenemos que seguir movilizándonos porque mientras Israel permanezca en Gaza, las armas del genocidio, de la destrucción de la población y de las condiciones que sostienen la vida van a seguir allí.

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Este reportaje forma parte del dossier dedicado a Donald Trump en #LaMarea109. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

«Primero, el miedo. Después, si no estás atento, la crueldad lo invade todo».
Isabel Bono

«Estados Unidos volverá a considerarse una nación en crecimiento, una que aumenta su riqueza, expande su territorio, construye sus ciudades, eleva sus expectativas y lleva su bandera hacia nuevos y hermosos horizontes». Con esta sola frase del discurso con el que inauguró su segunda legislatura, Donald Trump pisoteaba el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas que recoge uno de los principios que ha guiado las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial: la inviolabilidad de las fronteras. El presidente se aliaba así con los líderes que han provocado los dos conflictos que están alumbrando una nueva era: el genocidio de Gaza y la invasión de Ucrania. El magnate había ganado sus primeras elecciones prometiendo acabar con las guerras estadounidenses en el extranjero y comenzó el segundo anunciando la vuelta a las guerras imperialistas y a las anexiones territoriales ilegales. Y lo hizo de manera explícita, sin eufemismos ni falsas justificaciones. Porque Trump está imponiendo un nuevo orden global en el que la única norma es el dominio del más fuerte, es decir, el de Estados Unidos sobre el resto de los países. Y para asentarlo, tanto él como el resto de miembros de su administración emplean un lenguaje que normaliza los pilares y el funcionamiento de un nuevo mundo regido por un desprecio declarado y absoluto por los principios democráticos, por las reglas universales, por la moralidad, por la negociación, por la diplomacia y por el multilateralismo. Un presidente que pilota un gobierno al modo de los cárteles: plata o plomo. O lo que es lo mismo: dinero o fuerza bruta.

Y para normalizar esta ideología neofascista en el imaginario global, el gabinete estadounidense se esfuerza por evidenciarlo en todos los lenguajes: el verbal, como cuando gritó en el homenaje a Charlie Kirk que a sus enemigos les deseaba lo peor, o cuando humilló al presidente Zelensky en su primera visita a la Casa Blanca; el audiovisual, con sus vídeos creados con IA que mostraban la construcción de un resort encima de las fosas del genocidio de Gaza o aquellos en los que él mismo pilota un helicóptero desde el que vierte excrementos sobre quienes se manifiestan contra su presidencia y con el que secuestra a sus opositores políticos para deportarlos; y el gestual, como cuando se hace rodear de líderes europeos en una escenografía que los presenta como súbditos en la Casa Blanca.

Y si Trump se puede permitir estos delirios autocráticos es porque su segunda victoria, tras haber ostentado ya la presidencia entre 2016 y 2020, evidencia que no se trata de un fenómeno aislado o disruptivo, sino de la manifestación de una corriente reaccionaria que recorre el mundo y que en Estados Unidos se ha solidificado en una parte de la sociedad que desprecia la democracia, reclama modos y políticas autoritarias, reivindica la hegemonía del supremacismo blanco, aplaude el insulto, la zafiedad, la ignorancia y la soberbia. La ya frágil democracia norteamericana vive un cambio de régimen y en él Trump está dando una nueva vuelta de tuerca al imperialismo que Estados Unidos ha ejercido de manera tan despiadada como desprejuiciada desde la Segunda Guerra Mundial.

El líder autocrático ha alumbrado una forma de ejercer el poder en la que verbaliza y combina la amenaza, la coerción y el chantaje comercial, económico, político y militar. Con una diferencia sustancial respecto a sus antecesores: no se molesta en justificarlo ni en crear falsas excusas o motivaciones como hizo, por ejemplo, la Administración Bush con las armas de destrucción para invadir Irak. El mundo según Trump debe regirse solo por su orden y mando, como demuestra en la propaganda en la que porta una corona y que difunde en su propia red social (a la que ha llamado Truth, porque en su mundo, él decide qué es verdad, un procedimiento que su entorno ha dado en llamar «hechos alternativos»).

Lo más preocupante es que durante este primer año de la era Trump 2.0, hemos visto cómo la mayoría de los líderes políticos mundiales no han opuesto resistencia a interpretar su rol de vasallos ante el rey, emperador o líder supremo –dependiendo de la tradición de la que procedan–, como han demostrado Ursula von der Leyen, el rey Carlos de Inglaterra o Nayib Bukele.

Cómprese (y si no, invádase)

«Obtendremos Groenlandia. Sí, al cien por cien. Existe una buena posibilidad de que podamos hacerlo sin fuerza militar, pero no voy a descartar nada», anunció el presidente Trump poco después de tomar posesión en una entrevista para la cadena NBC.

El líder republicano combina un lenguaje simplista y directo con una ambigüedad que le permite mantener uno de los rasgos distintivos de los sistemas autocráticos: la arbitrariedad.

A la vez, Trump ha roto con la percepción habitual del tiempo al hacer añicos los conceptos de imprevisibilidad e irracionalidad. Por eso, resulta conveniente repasar algunos de los hitos de la presidencia estadounidense del último año y cómo los ha comunicado para entender la doctrina del shock que está empleando. Como aquel primer sobresalto con el que inició su mandato: la amenaza contra la soberanía de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca. Lo cierto es que ya durante su primera legislatura, Trump intentó negociar la compra de la isla. Ante la negativa del Ejecutivo de Copenhague, el presidente estadounidense canceló su visita oficial. Y de nuevo, cinco días antes de volver a convertirse en inquilino de la Casa Blanca, llamó personalmente al primer ministro danés para advertirle de que si no se la vendía, se la quedaría por la fuerza.

El chantaje económico empleado por Trump bajo la amenaza de intervención militar rompe con los ya difusos límites existentes entre la coerción y la diplomacia y está dibujando nuevas formas de ejercer el poder fuera de cualquier norma. Algo que de seguir en esta senda militarista, veremos agravarse ante la lucha por unos recursos cada vez más escasos. Las áreas costeras de Groenlandia cuentan con unos 17.500 millones de barriles de petróleo y 148.000 millones de pies cúbicos de gas natural, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y posee, igualmente, cantidades significativas de metales de tierras raras, imprescindibles para las tecnologías de energía verde. Además, se trata de un enclave con un valor estratégico creciente para el comercio marítimo con Asia a medida que la crisis climática acelera el descongelamiento del Ártico. El periodista Mario G. Mian, uno de los mayores expertos en Groenlandia, recuerda en su último libro que en esta isla China, Rusia y la OTAN están librando la llamada «Guerra Blanca» por el control geopolítico de la zona. En cualquier caso, Estados Unidos ya cuenta con una base militar allí después de que Truman también intentase comprarla por 100 millones de dólares tras la Segunda Guerra Mundial.

Amagando el golpe

Tras el primer genocidio televisado, el de Gaza, podemos estar asistiendo al primer anuncio televisado de un golpe de Estado. De hecho, si hay un caso de estudio sobre cómo Trump está empleando el lenguaje para crear un escenario en el que sus actuaciones ilegales se presenten como necesarias, lógicas e, incluso, inevitables es, sin duda, el de Venezuela.

Desde que Trump anunciase la primera ejecución extrajudicial de tripulantes de una embarcación procedente de Venezuela, tanto él como todos los miembros de su gabinete han pasado a referirse al gobierno de Nicolás Maduro como régimen «narcoterrorista». Con ese concepto, fusionan la lucha contra las drogas –con la que Washington justifica, desde hace décadas, la intervención militar de sus tropas en Latinoamérica– con el terrorismo, asemejando así al Ejecutivo de Caracas con los talibanes, Al Qaeda y el Estado Islámico. La guerra contra el terrorismo sigue siendo uno de los pilares de las políticas colonialistas estadounidenses y, al vincularla con Venezuela, reviste de seguridad lo que en realidad responde a un choque ideológico contra la izquierda bolivariana y, sobre todo, a la pugna por los recursos naturales –especialmente, el petróleo–.

Además de los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe –pese a que más del 70% de la droga entra en Estados Unidos por el Pacífico–, Trump ha autorizado a la CIA a «realizar operaciones encubiertas», el eufemismo bajo el que la Casa Blanca ha impulsado golpes de Estado, instaurado dictaduras y asediado revoluciones durante décadas. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, el Gobierno estadounidense ha respaldado a la oposición política y ha impuesto severas sanciones económicas al país latinoamericano. Tras su vuelta al poder, Trump ha ofrecido 50 millones de dólares por la entrega de Maduro y ha desplegado en las inmediaciones de Venezuela su mayor operación naval desde la primera guerra del Golfo. Por tanto, la actuación de la CIA debe tener un objetivo que vaya aún más allá.

‘Supremacist First’

En su toma de posesión, Trump recuperó el concepto de «destino manifiesto», creado por el columnista conservador John O’Sullivan en 1845 para defender que, siguiendo los dictados de Dios, Estados Unidos debía ocupar Texas y expandirse por toda Norteamérica. De hecho, Trump se ha declarado seguidor de William McKinley, su homólogo entre 1897 y 1901, y quien, como él, fusionó un proteccionismo arancelario con un colonialismo que le llevó a ocupar Filipinas, Puerto Rico, Hawái y Cuba. Se estableció entonces la Doctrina Monroe, según la cual Estados Unidos tenía el deber de controlar Latinoamérica para proteger sus intereses económicos y de seguridad. Esta visión teocrática, conocida como «excepcionalismo», sostiene que se trata de un país superior al resto, un canon al que todos deben aspirar y que, por tanto, tiene la legitimidad y el deber de guiar e imponer su modelo en todo el mundo, instaurando incluso presuntas democracias mediante bombardeos, invasiones y guerras.

La diferencia de Trump con respecto a los anteriores presidentes es que no sólo no lo oculta, sino que hace ostentación de ello. El «America First» enarbolado por el magnate es la expresión más sincera de esta concepción del mundo que tiene parte de la sociedad estadounidense y también del norte global. Un mundo en el que el sur es, si acaso, el fondo de sus postales de vacaciones o lugares en los que hacer negocio desde una posición ventajista, como escribió Zadie Smith. Por ello, el vídeo difundido por Trump sobre la construcción de un resort en Gaza es solo la expresión más descarnada de la identidad fascista estadounidense, como la define la periodista Suzy Hansen en Notas desde un país extranjero, un libro por el que fue finalista del premio Pulitzer en 2018. La actual administración está derruyendo los pocos contrapesos internos con los que contaba la democracia estadounidense y los mecanismos multilaterales internacionales en los que, sobre todo, se teatralizaba la aspiración a un futuro orden global democrático.

Nombrar para dominar

En los primeros días de vuelta al Despacho Oval, Trump ordenó a la prensa estadounidense que llamase Golfo de América al Golfo de México. Associated Press, la agencia de noticias más importante del mundo, siguió usando el nombre oficial, por lo que fue expulsada de las ruedas de prensa de la Casa Blanca. Cuando Trump se postuló como ganador irrebatible del premio Nobel de la Paz, llamó «acuerdo de paz» a lo que no era más una tregua dirigida a consolidar la ocupación de los territorios palestinos y a garantizar la impunidad de Israel por sus crímenes, incluido el genocidio. Y durante las primeras horas del anuncio, numerosos medios reprodujeron acríticamente ese concepto de «acuerdo de paz», convirtiéndose en correa de transmisión de su propaganda y legitimándolo ante la opinión pública internacional, pese a que violaba cualquier derecho de los palestinos. Sin embargo, ante la persistencia de los bombardeos israelíes sobre la Franja, muchos se vieron obligados a rectificar y emplear términos como «el plan de Trump». Pero ya había quedado en evidencia su capacidad para imponer marcos de interpretación sin apenas encontrar resistencia entre medios de comunicación y periodistas, quienes tenemos el deber de fiscalizar el lenguaje del poder para descifrar y transmitir su verdadero significado.

Fue, además, durante la presentación de este acuerdo ante la Knéset israelí donde hizo gala de su determinación para hacer de la injerencia explícita un rasgo de su política. Lo hizo al insistirle al presidente israelí, Isaac Herzog, que indultase a Benjamín Netanyahu: «Concédale el indulto. Vamos (…) nos guste o no, es uno de los mejores presidentes en tiempos de guerra. Y unos cuantos cigarros y champán, ¿a quién le importan?». Se refería a los juicios por corrupción que tiene pendientes; para evitarlos, según infinidad de expertos, Netanyahu ha impulsado un genocidio en Gaza que le permite suspenderlos mediante el estado de excepción.

Celebración del genocidio

Y, como culmen de la pedagogía de la crueldad que define todas sus políticas, convirtió su intervención parlamentaria en la celebración del genocidio: «Bibi me llamaba muy a menudo. ¿Puedes conseguirme esta arma? ¿Esta otra? ¿Y esta otra? De algunas de ellas nunca había oído hablar. Bibi y yo las fabricamos. Pero las conseguimos, ¿no? Y son las mejores. Son las mejores. Pero tú las has usado bien. También se necesitan personas que sepan usarlas, y tú claramente las has usado muy bien».

También aprovechó para ahondar en su particular doctrina del shock, basada en el desprecio por la moralidad y en la destrucción, como persiguen todos los líderes fundamentalistas, del consenso sobre los valores éticos mínimos que deben regir nuestras sociedades. Para ello, alabó a los firmantes de los Acuerdos de Abraham, a los que ensalzó por ser «hombres muy ricos», los dos elementos que, según la cosmovisión trumpista, deben regir el mundo: los hombres y el dinero. De hecho, apenas unas horas después, en la cumbre que celebró en Egipto con el mismo motivo, entre los mandatarios asistentes sólo había una mujer, Georgia Meloni, a la que enalteció señalando que era «guapa», justo después de decir que referirse a una mujer con este concepto «acabaría con la carrera de cualquier político», pero que él se iba a «atrever». Es decir, apología del machismo disfrazada de la valentía con la que se abanderan los ultras para defender la libertad de expresión que, precisamente, ellos mismos restringen en cuanto llegan al poder.

Apenas un mes después, tras la incontestable victoria de Zohran Mamdani en las elecciones para la alcaldía de Nueva York, varios medios internacionales publicaron que los republicanos habían comenzado a reformar los distritos electorales para garantizarse la victoria en las elecciones legislativas de 2026. Además, alertaban de que es más que posible que el Tribunal Supremo, con mayoría absoluta conservadora, falle en junio a favor de una reforma de la Ley del Derecho al Voto que dejaría fuera a las minorías.

Nos encontramos, pues, ante un escenario en el que incluso los analistas más conservadores y prudentes no descartan que Trump consiga sumir a Estados Unidos en una autocracia. Y lo está haciendo sin ocultar sus aspiraciones, todo lo contrario: verbaliza sus planes para normalizarlos ante la opinión pública, se reivindica como un líder al que le gustaría gozar de un poder absolutista mundial para implantar un régimen dominado por hombres blancos y ricos, de ideología neofascista, ultramachista y con el objetivo declarado de acabar con el sistema democrático, pluralista y multilateral tanto a nivel interno como internacional. Ivo Daalder, exembajador estadounidense ante la OTAN, lo resume así: «Con Trump en el cargo, el orden basado en reglas ya no existe».

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El Ministerio de la Guerra

Como a cualquier buen cryptobro, a Trump no le gustaba el nombre de Departamento de Defensa. Le parecía que sonaba «demasiado a la defensiva», que los que lo nombraron así después de 1945 se habían dejado arrastrar por «lo woke». Por eso ordenó que volviese a su denominación original, Departamento de la Guerra, porque «a todo el mundo le gusta la increíble historia victoriosa» de cuando se llamaba así. Pero no se trata, o al menos no solo, de una manifestación testosterónica del presidente estadounidense, sino de un nuevo capítulo en su estrategia para legitimar lo reprobable, normalizar el oprobio nombrándolo para reivindicarlo. Incluso, o especialmente, cuando se trata de la peor actuación de la que es capaz el ser humano: la guerra. Durante el anuncio en el Despacho Oval del cambio de nomenclatura, el nuevo secretario de Defensa, Pete Segeth, resumió así su directriz: «Máxima letalidad, no una tibia legalidad».

Según medios especializados como The Diplomat, asistimos a un aumento de las posibilidades de una guerra nuclear después de que Trump anunciase la reanudación de los ensayos con armamento nuclear y de que Putin se jactase de contar con un dron submarino nuclear con capacidad para destruir ciudades enteras. Hablando de nombres: Trump ha puesto el suyo a un nuevo caza con capacidad nuclear, el F-47, llamado así en honor al 47º presidente: él.

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El pasado martes, el secretario de Estado estadounidense, Mario Rubio, declaró saber “quiénes son las partes implicadas” en Sudán el apoyo a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por sus siglas en inglés) y les instó a “cortar” el envío de armas, combustible y cualquier tipo de ayuda. No explicitó a quién se refería porque se trata de uno de sus más destacados aliados en Oriente Próximo: Emiratos Árabes Unidos. 

Desde que en abril de 2023, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, líder de las paramilitares Fuerzas de Rápido Apoyo (RSF, por sus siglas en inglés) declarase la guerra a Abel Fattah al-Burhan, jefe de la Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, por sus siglas en inglés) más de 12 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y aldeas, casi 30 millones necesitan ayuda de manera inmediata para sobrevivir y entre 40.000 y 150.000 personas podrían haber perdido la vida, según las cifras aportadas por la Organización Mundial de la Salud y el Departamento de Estado de Estados Unidos, respectivamente. Se trata de la mayor crisis humanitaria del mundo y, también, un conflicto que, en palabras del embajador de Sudán en el Reino Unido, Babikir Elamin, “se acerca a una guerra regional, con la intervención directa, apenas disimulada, de los Emiratos Árabes”. Y aunque Abu Dabi es, sin duda, el actor clave en este conflicto, no es el único que se está lucrando y pugnando por sus intereses geoestratégicos en este conflicto.

Emiratos Árabes Unidos y su apoyo a las RSF

Se trata del principal suministrador de armas, combustible y apoyo logístico a los paramilitares de las RSF. Abu Dabi realiza los envíos a través de sus aliados en la zona: Chad, Uganda, Somalia y la Libia oriental. De hecho, el régimen libio del comandante Hafter se ha convertido en el principal surtidor de petróleo a las RSF, siguiendo instrucciones emiratíes, hasta el punto de que le estaría costando un déficit de ingresos de 5.700 millones de euros anuales, según un informe del think tank estadounidense The Sentry. 

Entre las armas que le está suministrando Abu Dabi a los paramilitares de Hemedti se encuentran, según ha identificado Amnistía Internacional, misiles teledirigidos y obuses de artillería fabricados por la empresa estatal china Norinco. Esta ONG y la cadena estadounidense CBS News también han encontrado vehículos blindados de producción emiratí y equipados con el sistema defensivo francés Galix.

Un reporte de la agencia de noticias Reuters ha identificado el uso de drones chinos, y el proyecto Sudan Transparency también sostiene que Emiratos Árabes Unidos ha entregado drones suicidas al grupo paramilitar. Una investigación de Middle East Eye, basada en imágenes de satélite, testimonios y el registro de vuelos señala que Emiratos cuenta con una base en el aeropuerto de Bosaso, en la región independentista somalí de Puntlandia, para la llegada de aviones de carga con contenedores de armas y mercenarios de países como Níger, Malí, Chad y Libia. Entre ellos destacan los más de 350 colombianos que, según The Africa Report, llevarían a cabo labores de combate y de entrenamiento de los paramilitares sudaneses. 

Según distintas fuentes como Africa Initiative, las empresas emiratíes Global Security Service Group (GSSG) y A4SI serían las responsables de estas contrataciones y traslados. 

En contrapartida, la exportación de oro desde que comenzó la guerra en Sudán ha aumentado. Según datos de Chatham House, un think tank británico, la producción en zonas controladas por los paramilitares superó las 60 toneladas en 2024 y, añade, que es probable que el principal destinatario sea Emiratos Árabes. Abu Dabi se ha convertido en uno de los principales refinadores y comercializadores de oro de todo el mundo desde que comenzó la estrategia de diversificación económica para no depender exclusivamente del petróleo. 

Según Swissaid, una ONG dedicada a fiscalizar el comercio de minerales, más de mitad del oro que sale de Sudán lo hace por vías ilegales. Y parte del oro importado por Abu Dabi procede de las minas de la familia de Hemedti, con lo que financia en parte a su milicia que contaba al inicio de la guerra con 100.000 hombres frente a los 200.000 soldados de las Fuerzas Armadas Sudanesas.  

Hay más razones para la persistencia del apoyo emiratí a las RSF pese a las presiones que está recibiendo por las evidencias que apuntan que se estaría cometiendo un genocidio en Darfur. Sudán es una de las potencias africanas en cuanto a tierras fértiles y agrícolas, precisamente lo que necesita el Golfo para garantizarse el alimento. De hecho, los grupos empresariales emiratíes International Hilding Company y Jenin Investment Group ya poseen más de 50.000 hectáreas de tierras cultivables en Sudán. Además, en 2022, Dubai firmó un acuerdo con el Gobierno sudanés para construir un puerto con salida al Mar Rojo, un proyecto suspendido por la guerra, pero en el que sigue teniendo un gran interés -se trata del tercer cruce de contenedores más importante del mundo–. 

EAU ha conseguido frenar parte de las críticas que recibe por su apoyo a las RSF presionando a algunos de sus aliados más importantes, como Reino Unido. En abril de 2024, la nación del Golfo canceló una reunión con ministros británicos después de que Downing Street no defendiese a los Emiratos en el Consejo de Seguridad de la ONU dedicado a la guerra de Sudán.

Dos meses después, según informó The Guardian, Londres prohibió a sus diplomáticos en África mencionar el papel que está jugando Emiratos en Sudán. Incluso su ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, evitó responder a las preguntas de la prensa sobre la implicación emiratí en la guerra sudanesa tras una visita a la frontera de Chad en la que se limitó a hablar de la “mayor catástrofe humanitaria del planeta”. Entre las armas entregadas por Emiratos a las RSF, se han encontrado algunas de fabricación británica, según un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Abu Dabi también ejerció su influencia en la conferencia internacional dedicada a la crisis sudanesa celebrada en Londres en abril de 2025 en la que sí participaron sus representantes pero no el Gobierno sudanés, que se sustenta en el Ejército y el comandante Al-Burhan. Mientras se celebraba la reunión, las RSF llevaron a cabo una ofensiva contra El-Fasher y declararon un gobierno paralelo. 

Por ello, estos días todos los ojos están puestos en la Casa Blanca. Esta semana el príncipe heredero saudí, Moohammed Bin Salman, se reunirá con el presidente Donald Trump, a quien le pedirá que presione a Emiratos Árabes Unidos para que deje de apoyar a los paramilitares, según ha publicado Middle East Eye. Según este medio, fuentes cercanas le han asegurado que el príncipe saudí le hizo recientemente esta promesa al general sudanés Al-Burhan. 

En cualquier caso, los grandes temas a tratar en el encuentro serán, según se ha anunciado, los nuevos acuerdos sobre acuerdos de armas, energía nuclear e inteligencia artificial entre Washington y Riad.

Rusia y los paramilitares de Wagner

Moscú era uno de los grandes socios de la dictadura de Al-Bashir, a la que proveyó de armamento, servicios de seguridad y apoyo diplomático para rebajar las sanciones por el genocidio de Darfur en el Consejo de Seguridad de la ONU y de la condena dictada por la Corte Penal Internacional. Con el inicio de la guerra civil en 2023, la participación rusa en el conflicto comenzó a través del apoyo brindado por el grupo paramilitar Wagner a las RSF. El objetivo era mantener la exportación de oro a Rusia a niveles parecidos a los de la dictadura, además de materializar el proyecto de construir una base naval con acceso al Mar Rojo. Sin embargo, tras la muerte del líder de Wagner, Yevgueni Prigozhin, el Kremlin amplió su apoyo al ejército de Sudán.

Desde entonces, Moscú se ha convertido en un proveedor militar clave para los dos bandos enfrentados, probablemente con el afán de cumplir sus objetivos sea cual sea la resolución del conflicto, además de preservar su relevancia en el Cuerno de África y contrarrestar el creciente peso de los países del Golfo, así como de algunas potencias africanas y Occidente. 

Según informes de Amnistía Internacional, Transparency Sudan y Armed groups and International Law, entre otras fuentes, el grupo paramilitar Wagner habría entregado a las RSF fusiles de asalto, sistemas de defensa antiaérea portátiles y misiles tierra-aire. Por su parte, Moscú surtiría a las Fuerzas Armadas de Sudán no solo armamento, sino también de militares para labores de formación y asesoría.

Además, Rusia sigue usando su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU  para impedir que salgan adelante resoluciones pidiendo el alto el fuego en Sudán.

Irán y sus drones

Teherán apoya al Ejército sudanés con drones y armamento, además de formación técnica e inteligencia, según medios afines como The Washington Post  y agencias como Reuters. A cambio, como la mayoría de los países implicados, Irán persigue garantizarse una ruta marítima por el Mar Rojo.

China y sus industria armamentística

Aunque oficialmente se presenta como un actor neutral dispuesto a mediar entre los dos grupos armados, China es un actor relevante. Según Amnistía Internacional, tanto las RSF como el ejército sudanés usan armamento producido en este país, aunque lo consiguen a través de terceros. Pekín mantiene una relación estrecha con el gobierno de Sudán que permite a sus empresas seguir operando exportando oro y minerales clave para la industria global como el cobre y el cromo, además de mármol. China alcanzó acuerdos comerciales con el dictador Al-Bashir y con Al-Burhan para desarrollar infraestructuras a cambio de ventajosos acuerdos comerciales. 

Egipto y su dependencia de la estabilidad sudanesa 

El Cairo es el principal aliado de las Fuerzas Armadas Sudanesas. Según han denunciado las RSF, el régimen de Al-Sisi habría entregado al ejército sudanés aviones de guerra y misiles. Además, ha instalado sistemas de alerta temprana en torno a sus fronteras para alertar de los movimientos de los paramilitares. La seguridad hídrica de Egipto depende de Sudán, por donde también transcurre el Nilo, una cuestión de relevancia geopolítica desde hace años por el proyecto de la Gran Presa del Renacimiento Etíope.  

Turquía, un actor cada vez más relevante

Turquía también es un apoyo crucial para el ejército sudanés. Según documentos filtrados por The Washington Post, Ankara ha entregado drones, estaciones de control terrestre -para manejarlos- y munición a las tropas de Al-Burhan. Además, ha enviado a instructores para formar y dirigir el uso el uso de los drones. 

Al mismo tiempo, según informaciones de Foreign Policy y el think tank Fundación para la Defensa de las Democracias, la empresa turca Arca Defense ha mantenido conversaciones para la venta de armamento a las RSF. De hecho, Amnistía Internacional ha identificado fusiles y escopetas de producción turca entre las filas de las RSF. 

Con su participación en la guerra de Sudán, Erdogan pretende reforzar su protagonismo como mediador en las crisis regionales, pero sobre todo afianzarse como un actor clave en el Cuerno de África y el Mar Rojo frente a enemigos declarados como Emiratos Árabes Unidos. Es más, en las últimas semanas hemos asistido a una escalada de la tensión entre ambos. En mayo, drones operados supuestamente por turcos que luchaban junto al ejército derribaron un avión de carga militar que se encontraba en el aeropuerto de Nyala, en Sudán del Sur, según informaba Middle East Eye. Y agencias como la española EFE han informado sobre cómo Emiratos Árabes Unidos está usando este enclave para enviar armas, drones suicidas, munición, sistemas de radar militar y mercenarios a los paramilitares de las RSF. 

La represalia a esta acción llegó menos de 24 horas después y se prolongó durante diez días contra Puerto Sudán, la capital del Gobierno sudanés desde el comienzo de la guerra. Las RSF bombardearon con drones suicidas -de fabricación china, según diversas informaciones- el aeropuerto internacional y la terminal sur del puerto -destacados accesos para la ayuda humanitaria internacional–, una central eléctrica y depósitos de combustible. El Gobierno sudanés rompió relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos tras este ataque y le acusó de «Estado agresor». 

El enfrentamiento entre Abu Dabi y Ankara no es nuevo. En Libia también mantienen posiciones enfrentadas. Mientras Turquía apoya al Gobierno de Unidad Nacional dirigido por el primer ministro Abdul Hamid Dbeibeh -reconocido por la ONU-, Emiratos Árabes Unidos está aliado con el gobierno del comandante Jalifa Hafter.

Libia, un corredor crucial para las RSF 

La relación entre el comandante del Ejército Nacional libio, Jalifa Hafter, y el líder paramilitar Hemedti es estrecha desde hace años y cooperan hasta, según el SAF, haber llevado a cabo operaciones militares conjuntas. Asimismo, según un informe de la Global Initiative against Transnational Organized Crime, hay libios procedentes de la región fronteriza de Fezzan que estarían combatiendo junto a las RSF.  

La Libia oriental es un corredor crucial para el suministro del contrabando que surte las filas de las RSF con combustible, armas y el acceso a las minas.

Sudán también emplea el hambre como arma de guerra

Tras la masacre de El Fasher, cuyo rastro de sangre hemos visto gracias a imágenes de satélite, representantes de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido se mostraron dispuestas a aceptar la tregua humanitaria de tres meses propuesta por el llamado Cuarteto: Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Turquía. Por su parte, las Fuerzas Armadas Sudanesas exigen que sus oponentes se retiren de las zonas civiles para comenzar las negociaciones. 

Mientras, la región de El-Fasher y la ciudad de Kadugli sufren ya una hambruna, según la Clasifiicación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIFS), un organismo mundial de monitoreo del hambre. “Debemos confirmar que la principal causa de esta hambruna está provocada por el ser humano. No está provocada por desastres naturales, sino por el conflicto armado, la inseguridad, la falta de acceso a los alimentos y la ausencia de corredores humanitarios que garanticen que las personas más necesitadas reciban alimentos”, ha declarado AbdulHakim Elwaer, su portavoz en Oriente Próximo y África del Norte.

Origen de la guerra de Sudán 

Abel Fattah Al-Burhan, comandante del Ejército de Sudán, fue la mano derecha durante años de Omar Al-Bashir, uno de los dictadores más sangrientos del último siglo. El sátrapa llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1989, estableciendo un régimen represivo de terror y de corrupción sistémica con la que se enriqueció su círculo más estrecho. En 2003, ante una revuelta de poblaciones negras de Darfur por la discriminación y la pobreza a la que les sometía el régimen, Al-Bashir dio la orden de aplastar a las milicias supremacistas árabes Janjaweed. Más de 300.000 personas fueron asesinadas de las formas más atroces en los siguientes dos años. Varios de los líderes paramilitares y el propio Al-Bashir fueron condenados por la Corte Penal Internacional por genocidio sin que se pudiese ejecutar la orden de detención. 

Uno de los cabecillas de los Janjaweed era Hemedti, quien destacó en medio de las carnicerías por su crueldad. Ello le valió la validación de Al-Bashir, que lo premió con varias minas de oro en Darfur, y su ascenso hasta convertirse en el general de la milicia. Posteriormente, también pasó a ser el proveedor de miles de mercenarios para la guerra lanzada por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí en Yemen. La suma de todo ello lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Sudán con un patrimonio estimado en más de 6.000 millones de euros, según datos de BTL Research. 

En 2018, comenzaron una serie de protestas multitudinarias contra la subida del precio del pan y la crisis económica que rápidamente se convirtieron en un movimiento contra el régimen. En 2019, el propio Ejército arrestó a Al Bashir, y Al-Burhan y Hemedti se aliaron para adoptar un rol protagonista en el Consejo militar de transición que, prometieron, debía desembocar en un régimen democrático. En abril de 2023, tras un golpe de Estado conjunto y varias negociaciones incumplidas para transferir el poder a un gobierno civil, se declararon la guerra, sepultando el esfuerzo titánico de la sociedad sudanesa por un futuro de libertad y paz.

Según Iván Navarro, investigador de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, y especialista en este conflicto, “cualquier proceso de paz que se inicie o retome sobre Sudán debería considerar la participación no solo de los actores militares, sino también de la sociedad civil. Tendría que incorporar a muchas más voces para buscar una solución inclusiva y que relance la hoja de ruta acordada tras la caída del régimen de Al-Bashir y que implicaba que el consejo de Transición diese el poder a los civiles, que es lo que tenía que haber ocurrido en abril de 2023, cuando comenzó la guerra civil”.

La entrada Qué países están haciendo negocio con la guerra de Sudán se publicó primero en lamarea.com.

Bajo esta modalidad, en teoría, no hay retribución económica más allá de los gastos médicos y algunas compensaciones en concepto de lucro cesante por dejar de trabajar durante el embarazo. En la normalización de esta práctica ha sido fundamental el papel de asociaciones, agencias de mediación, empresas de reproducción asistida, partidos políticos y medios de comunicación afines.

En las dos últimas décadas, la gestación subrogada ha pasado de ser una práctica marginal e ilegal en la mayoría de los países de la Unión Europea a acaparar cada vez más atención en el debate político y mediático. Aunque su modalidad comercial continúa prohibida en casi todo el territorio comunitario, varios gobiernos y partidos políticos se muestran partidarios de legalizar fórmulas llamadas “altruistas”, es decir, en los que oficialmente no media una retribución económica que vaya más allá de los gastos médicos y algunas compensaciones específicas como, por ejemplo, las que se justifican por los ingresos que se dejan de percibir por dejar de trabajar durante algunos meses de embarazo.

De hecho, en Grecia ya está operativa esta modalidad que, en la práctica, entraña una remuneración mayor que en países cercanos como Ucrania, donde es legal el modelo comercial. Portugal también legalizó la gestación subrogada altruista, a la que solo podrían recurrir parejas heterosexuales o mujeres que no puedan concebir por ellas mismas y sin que mediase compensación económica más que el reembolso de algunos gastos. Sin embargo, esta ley sigue sin implementarse por el rechazo del Tribunal Constitucional a algunos de sus aspectos, como que no recoja el derecho de la madre gestante a revocar su decisión. Recientemente también se aprobó en Dinamarca un modelo que reivindican para sus países muchas de las asociaciones de padres y madres de intención europeas.

Para avanzar en la normalización de esta práctica ha sido fundamental, dependiendo del país en cuestión, el papel desempeñado por las agencias de mediación de la gestación subrogada, algunas empresas de reproducción asistida, los partidos políticos partidarios, los medios de comunicación afines y algunas asociaciones de padres y madres de intención.

Aunque no existe un lobby como tal, sí que hay comunicación entre organizaciones y entidades partidarias, como explica en esta entrevista Ciara Merrigan, presidenta de la asociación Familias Irlandesas por la Gestación Subrogada. Por su parte, la Federación Europea de Asociaciones de Familias LGTBIQ+ (NELFA, por sus siglas en inglés) respalda las demandas de organizaciones a favor de la gestación subrogada. Así lo ha hecho con la española Son nuestros hijos, conformada por padres y madres de intención, en varias ocasiones. Por ejemplo, en 2023, cuando el Gobierno reformó la ley del aborto prohibiendo la publicidad de las agencias, o en 2025, cuando suprimió la inscripción de forma directa en el registro civil de los bebés nacidos por esta vía.  

Según la consultora internacional Precedence Research, el mercado global de la gestación subrogada puede pasar de facturar los 25.306 millones de euros calculados para 2025 a casi 89.252 millones en 2034. En Europa, el auge del sector se refleja también en la celebración de cada vez más ferias, congresos y foros en los que se reúnen agencias de mediación, bufetes especializados y asociaciones de padres y madres de intención.

Una muestra de ello son las ferias Wish for a Baby, organizadas periódicamente por la agencia británica Five Senses en distintas ciudades europeas y australianas. A esta cita se suman los eventos organizados por la asociación estadounidense Men Having Babies, que celebra regularmente encuentros en Bruselas, sede de las principales instituciones europeas. La próxima tendrá lugar a mediados de noviembre de 2025. 

En cambio, en España, la última gran feria sobre gestación subrogada se celebró en Madrid en 2017. Surrofair, como se llamó, fue denunciada por la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres ante la Fiscalía, que archivó la petición de suspensión. 

En cualquier caso, las ferias que promocionan la gestación subrogada siguen organizándose en países europeos en los que está prohibida dicha práctica. Ello es posible gracias a que se introducen en eventos que publicitan de manera general la reproducción asistida, en los que se incluye la gestación subrogada. 

Los programas de estos eventos suelen ofrecer información legal y médica sobre cómo llevar a cabo procesos de gestación subrogada en los países donde es legal. Habitualmente, se celebran en hoteles en los que, además de asistir a seminarios y conferencias, pueden encontrarse estands con información comercial de distintas empresas vinculadas con este negocio.

Panorama europeo

En Francia, la gestación subrogada es ilegal, pero el debate sobre su legalización ha cobrado fuerza con el respaldo del partido Renacimiento, liderado por Emmanuel Macron. Una encuesta publicada en 2024 por la Asociación de Familias Homoparentales reflejó que el 71% de la población francesa apoya la gestación subrogada para parejas heterosexuales y el 56% para homosexuales. 

El caso con más repercusión pública en la República francesa es el de la familia Menneson, cuya demanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos llevó a una sentencia en 2014 que condenó a Francia por no reconocer la filiación de dos niñas nacidas por gestación subrogada en Estados Unidos. 

A partir de entonces, la Corte de Casación francesa modificó su jurisprudencia, permitiendo la inscripción de los nacimientos en el registro civil si existe un vínculo biológico con uno de los progenitores de intención. Asociaciones como Les Enfants d’Arc-en-ciel o la Asociación de Padres y Futuros Padres Gays y Lesbianas han tenido un papel decisivo en el acompañamiento jurídico de estos procesos y en la interlocución con las instituciones públicas.

Por su parte, Alemania mantiene una de las legislaciones más restrictivas de Europa. La gestación subrogada está penalizada tanto en la Ley de Protección de Embriones como en la de Adopción, aunque los tribunales permiten registrar a los niños nacidos en el extranjero por esta vía. 

En este contexto, la Alianza por la Autodeterminación Reproductiva agrupa a organizaciones que reclaman la legalización de un modelo altruista. Este colectivo ha elaborado propuestas que se debaten en la Comisión para la Autodeterminación Reproductiva y la Medicina Reproductiva, creada por el Gobierno federal en 2022. Hasta ahora, el único partido que apoya públicamente la legalización bajo criterios altruistas es el Partido Democrático Libre (FDP).

Sin embargo, en este país, las ferias de gestación subrogada organizadas por Wish For A Baby están normalizadas hasta el punto de que, sólo en 2025, se celebró una a principios de marzo, en Berlín, y otra en Colonia a mediados de octubre. Esta última contó con la esponsorización de la clínica estadounidense San Diego Fertility Center, que también patrocinará la que tendrá lugar en marzo de 2026 en la capital alemana. 

En Bélgica, la gestación subrogada no está regulada, lo que ha permitido que algunas clínicas practiquen desde los años noventa un modelo supuestamente altruista. Aunque parecen ser pocos casos, lo cierto es que no existe ningún registro oficial que los documente. Por otro lado, el vacío legal ha favorecido la existencia de intermediarios que facilitan el contacto entre parejas belgas y clínicas de Estados Unidos, Ucrania o Canadá. 

El Comité Consultivo de Bioética belga, en un dictamen de 2023, se pronunció a favor de legalizar un modelo altruista bajo condiciones estrictas, como la imposibilidad médica de gestar o el consentimiento libre de la mujer gestante. El actual Gobierno ha prometido crear un tribunal específico para supervisar estas prácticas y evitar la explotación comercial y el lucro, dando así un paso hacia su institucionalización.

Desde enero de 2025, Dinamarca se ha convertido en el primer país europeo en legalizar un modelo de gestación subrogada altruista con condiciones muy específicas: la mujer gestante debe aportar su propio óvulo, mantener una relación previa con los padres de intención y no recurrir a técnicas de reproducción asistida. Tras el parto, los progenitores deben iniciar un proceso de adopción. 

Esta fórmula, respaldada por el Comité Ético de Dinamarca, busca evitar los desplazamientos a terceros países y, supuestamente, reducir el riesgo de explotación. Asociaciones como DARE Dinamarca y LGBT Dinamarca fueron decisivas en la aprobación de esta ley, que ahora sirve de referencia para los partidarios de su legalización en otros Estados miembros.

Italia, por el contrario, ha endurecido su marco legal. En 2024, el Parlamento aprobó una norma que convierte la gestación subrogada en un “delito universal”, castigando también a quienes recurran a esta práctica en el extranjero. Esta medida, impulsada por el gobierno de Georgia Meloni, ha generado protestas y movilizaciones en todo el país. La Associazione Radicale Certi Diritti denunció la ley como “homofóbica” y anunció acciones legales ante instancias internacionales. Según la organización, la norma vulnera los derechos de las familias LGTBIQ+ y aísla a Italia del contexto europeo.

En Países Bajos, la gestación subrogada es legal siempre que se realice sin ánimo de lucro y entre personas con relación previa al embarazo. Los partidarios de su regulación sostienen que falta un desarrollo legislativo que impida la inseguridad jurídica. Desde 2023, su Parlamento debate un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo más desarrollado y que reconozca la filiación de los padres de intención antes del nacimiento. Organizaciones como Stichting Zwanger voor een Ander y Meer dan Gewenst han liderado las campañas a favor de su legalización.

Un negocio en expansión

El mapa europeo muestra una tendencia hacia la aceptación de la gestación subrogada altruista, impulsada por una red diversa de actores: asociaciones de padres y madres, colectivos LGTBIQ+, organizaciones del sector de la fertilidad y algunos partidos políticos de centro-derecha. Su discurso se basa en el concepto de la libertad reproductiva y en presentar el deseo de ser padres y madres como un derecho. Asimismo, evitan referirse a cómo pueden afectar estos procesos a la salud de las mujeres gestantes, así como a desigualdades económicas y violaciones en términos de derechos humanos.

A esta corriente se suman las políticas permisivas de los propios Estados, que, aunque prohíben la gestación subrogada en sus territorios, permiten el registro de los bebés nacidos en el extranjero. En la práctica, esta dualidad legal ha contribuido a su normalización hasta el punto de que los países europeos han avalado de facto un modelo transnacional de reproducción que combina, a menudo, la prohibición interna y la tolerancia externa.

(Seguirá ampliación)

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Ucrania es uno de los pocos países en los que la maternidad subrogada puramente comercial es legal. Su legislación señala que sólo está permitida para parejas heterosexuales casadas, pero no específica qué cantidades pueden pagarse a las mujeres gestantes.

En Ucrania, la gestación subrogada es legal desde 2006, cuando en el artículo 123 del Código de Familia se incluyó el apartado 2, que establece que si un embrión perteneciente a un hombre y una mujer casados es gestado por otra mujer, el padre y la madre del bebé legalmente serán el matrimonio.

A partir de 2012, la norma fue desarrollada por una orden del Ministerio de Salud que establece que el procedimiento debe realizarse en las empresas médicas acreditadas para ello, que la mujer gestante tiene que ser mayor de edad, tener capacidad legal, haber dado a luz previamente a un hijo sano, no tener contraindicaciones médicas y, además, no puede tener vínculo genético con el embrión. Quien sí lo debe tener es, al menos, el padre o la madre de intención, que ha de ser una pareja heterosexual casada.

En los casos en los que la pareja necesite donación de semen u óvulos, ha de ser de procedencia anónima y sus portadores se comprometen por contrato a no reclamar derechos sobre el bebé engendrado. Tampoco lo puede hacer la madre gestante una vez que firma el contrato para someterse al procedimiento para quedarse embarazada.

Para registrar al bebé en Ucrania, ya sea por parte de parejas autóctonas o extranjeras, la clínica deberá entregarles un certificado genético que acredite su vínculo.

La legislación ucraniana no específica qué cantidades pueden pagarse a las mujeres gestantes ni qué partidas en concreto. La remuneración la suelen negociar las clínicas, y el contrato ha de firmarse ante la presencia de un notario. Los pagos a las mujeres que se quedan embarazadas oscilan entre los 8.000 y los 25.000 euros. La cifra depende de si gesta varios bebés, si ha requerido pruebas adicionales o si se la recompensa por consecuencias del embarazo como la pérdida de un útero.

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Mientras Ciudadanos se desinflaba en los resultados electorales, ganaban peso en el seno del Partido Popular las voces partidarias de la gestación subrogada. Feijóo ha manifestado su predisposición a valorar su regularización.

 

Desde su irrupción en el tablero político nacional, Ciudadanos enarboló la bandera de la legalización de la gestación subrogada altruista que, como se explicábamos en el caso de Grecia, termina siendo comercial bajo el paraguas de poder remunerar, como defendía en la propuesta de ley que registró en el Parlamento en 2017, «los gastos y molestias ocasionadas por el embarazo». Albert Rivera e Inés Arrimadas aprovechaban los micrófonos para buscar los votos del sector de la población partidaria de esta práctica, cuyo porcentaje respecto al total se desconoce.

De hecho, la única encuesta que se ha realizado al respecto la hizo a unas 3.700 personas un equipo de investigación del Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante en 2018. Sin embargo, no fue difundida hasta 2023, coincidiendo con su publicación en una revista científica y la presentación de sus resultados en un congreso organizado en Bilbao por varias asociaciones de familias que han tenido bebés mediante vientres de alquiler. Según esta muestra, el 58% de la ciudadanía consultada considera que habría que regular esta práctica y el 53% estaría dispuesta a recurrir a ella en caso de problemas de infertilidad y de desear formar una familia.

La postura del PP

A la vez que Ciudadanos se desinflaba en los resultados electorales, ganaban peso en el seno del Partido Popular las voces partidarias de la gestación subrogada. El senador Javier Maroto ha sido el encargado de impulsar este cambio ideológico en un partido que reivindica sus bases católicas, aun cuando el papa Francisco pidió la abolición del alquiler de vientres en todo el mundo. Maroto, quien ha rechazado ser entrevistado sobre este asunto, fue el encargado de casar con su pareja a Eduardo Chaperón, portavoz de Son Nuestros Hijos, la principal asociación de clientes de la gestación subrogada en España.

El actual secretario general del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado ante los medios de comunicación su predisposición a valorar su regularización, lo que demuestra la normalización que ha vivido esta práctica en los últimos años.

Para ello, ha sido fundamental el papel que han jugado caras conocidas de todo el espectro ideológico. Los cantantes Miguel Póveda y Ricky Martin, el actor Javier Cámara, la baronesa Carmen Cervera, los periodistas de televisión Tony Cruanyes y Lluís Guilera o el futbolista Cristiano Ronaldo son algunos de los rostros que han normalizado esta práctica.

Paralelamente, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha surgido un nuevo fenómeno digital: el de hombres y mujeres que buscan convertirse en influencers compartiendo sus vidas como padres y madres por gestación subrogada en Instagram y Tik Tok. Es el caso, por ejemplo, de Javier Serna, de Iván Ibáñez y Serafín Llamas (a través de una cuenta llamada «Papá y Papá») o de la abogada especializada en la materia Beatriz Huerga. En los países en los que es legal, también son numerosas las mujeres que publicitan su embarazo antes de entregar el bebé.

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Son Nuestros Hijos

La asociación Son Nuestros Hijos se ha convertido en la más conocida de las que reúnen a quienes han recurrido a los vientres de alquiler para tener hijos e hijas. Dicen representar a más de mil familias y reivindican, en respuesta a preguntas de La Marea, ser «la única que ha denunciado un supuesto caso de ilegalidad cometido por una agencia».

En realidad, lo que interpusieron fue una demanda ante la Fiscalía para que investigase las presuntas irregularidades que la abogada Núria González recogió en su libro Vientres de alquiler respecto a la agencia Gestlife. A través de una entrevista por escrito, sostienen que no abogan por ninguna empresa en particular: «No recomendamos ni desaconsejamos como asociación ninguna clínica de reproducción asistida ni agencia, no entra dentro de nuestra función como asociación de familias que somos».

Aunque en su código ético aseguran que no apoyan la gestación subrogada comercial, muchos de sus asociados han recurrido a esa vía. Como el resto de asociaciones europeas, reivindican que España legalice un modelo altruista como los que se están aprobando en Dinamarca o Irlanda, antesala habitual para legalizar el alquier de vientres comercial.

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Marina tiene 38 años y se reinvidica como una persona autónoma y decidida. Como la mayoría de las mujeres gestantes entrevistadas para esta investigación en Ucrania, denuncia al mismo tiempo malas praxis por parte de las clínicas y sostiene que volvería a hacerlo porque es la única vía que las mujeres pobres como ella tienen para mejorar sustancialmente sus condiciones de vida y, sobre todo, la de sus hijos e hijas. Marina cobró 10.000 euros por gestar y entregar una pareja de mellizos a una pareja portuguesa.

Lo hizo a través de la empresa BioTexCom, investigada entre 2018 y 2019 por la Fiscalía ucraniana por supuesto tráfico de menores, falsedad documental y evasión fiscal, entre otros delitos. El equipo de fiscales que llevó a cabo las pesquisas fue reprobado por el Parlamento y relegado a labores de menor responsabilidad. La propia Fiscalía española abrió diligencias entonces contra esta empresa después de que el Ministerio de Justicia fuese advertido por la Embajada española en Kiev y por la Fiscalía ucraniana de los presuntos delitos. Sin embargo, la Audiencia Nacional terminó archivando la causa en 2022 por no estar operando en suelo español, aunque sea una de las clínicas más contratadas por las familias españolas que recurren a la maternidad subrogada en Ucrania.

Entrevistamos a Marina en un parque de Kiev, pocos días después de su regreso de Dinamarca, donde se refugió junto a su hija cuando comenzó la invasión rusa.

¿Cuándo y por qué decidió ser madre de vientre de alquiler?

Fue hace siete años. Mi hija tenía entonces dos años y necesitaba dinero para sacarla adelante.

¿Conocía a otras mujeres que lo hubiesen hecho?

No. Elegí BioTexCom porque es de las pocas empresas de maternidad subrogada que aceptan a gestantes que, como yo, tienen el grupo sanguíneo 0 negativo. Al principio, no se lo conté a casi nadie, pero cuando el embarazo se hizo visible tuve que hacerlo. Mi madre estaba de acuerdo, pero mi abuela se volvió loca.

¿Cómo fue el proceso?

Fue un poco difícil porque, aunque las enfermeras eran agradables, los médicos no me miraban ni me hablaban; y cuando lo hacían, me trataban como basura. Nadie me explicó nada sobre cómo sería el proceso.

El primer intento no funcionó. Nadie me dijo que tenía que pincharme hormonas durante los primeros meses. Así que en el segundo procedimiento compré las inyecciones y me las puse yo misma. El dinero que me dieron no daba para pagarlas.

No te dicen cuántos embriones te implantan ni te dan a elegir cuántos bebés vas a gestar. Todo lo decide la familia contratante. En mi caso, arraigaron cuatro embriones, por lo que a los dos meses de embarazo me hicieron una operación para quitarme dos y que gestara mellizos.

El primer intento de embarazo fue para una familia italiana y el segundo, para una portuguesa.

¿Qué tipo de seguimiento médico recibía?

Me hacían análisis mensuales para comprobar si bebía o fumaba. Si salía positivo, la primera vez te quitaban 20 euros del pago; la segunda, 40; la tercera, 60.

En una revisión, me movieron el bebé a través de la barriga y fue muy doloroso [práctica ginecológica conocida como versión externa]. A los doctores de la clínica no les importan las mujeres, solo los bebés que llevamos dentro. Para ellos somos solo una incubadora.

¿Qué perfil tenían las otras mujeres gestantes?

De todos los tipos. Veías a mujeres muy pobres, otras que parecían estar en una situación mejor, otras muy deportistas y bellas, y otras que no lo eran. No nos tomaban fotos a todas porque a los padres solo les muestran los retratos de las más guapas.

¿Cómo las conoció?

Las veía en la clínica durante las revisiones. Durante el último mes, además, tienes que quedarte en un apartamento en Kiev por si te pones de parto. En cada habitación vivíamos dos mujeres y había tres habitaciones por vivienda. Yo tuve que convivir con una mujer muy extraña que andaba todo el día desnuda por la casa. Solo te dan algo de dinero para comida y gastos durante esas semanas.

¿Cómo era la relación con las familias?

Las hay que quieren conocer a la gestante, como la mía. Otras que dan dinero extra, que regalan cosas e, incluso, algunas que invitan a las madres a visitarles en su país.

¿Cómo se hacen los pagos?

Por el primer intento, me pagaron los costes de los análisis y los viajes a la clínica. Unos 100 euros.

Cuando me quedé embarazada, me daban unos 200 euros mensuales hasta el cuarto mes, cuando me entregaron 1.200 euros. Si te hacen cesárea, como me hicieron a mí, añaden entre 200 y 300 euros. Por un bebé te pagan 8.000 euros y por dos, como fue mi caso, 10.000. La mayor parte del dinero te la dan cuando pares y entregas al bebé.

¿Cómo lo vivió?

Recuerdo que el doctor fue muy maleducado conmigo. Yo me convencí de que ese bebé no era para mí, así que no me sentí vinculada mentalmente. No me lo enseñaron, pero yo tampoco quería verlo. Pero, claro, hay mujeres que se ponían histéricas cuando daban a luz, que se quebraban emocionalmente. Pero hasta donde yo sé, nadie les ofreció asistencia psicológica. Y eso que BioTexCom decía que ofrecía apoyo psicológico.

¿Ha pensado en volver a hacerlo?

Cuando parí, me dije que nunca más. Pero luego pasa el tiempo y pienso que podría volver a hacerlo. A veces, cuando estoy en una situación muy precaria, valoro volver a ser madre subrogada. La mayoría de las mujeres ucranianas lo hacen porque no hay otra vía para ganar ese dinero en un periodo tan corto de tiempo.

¿Ha vuelto a ir a BioTexCom?

Sí, he donado óvulos tres veces y, en total, me pagaron 1.000 euros. Pero después he descubierto que no es bueno para mi salud, así que no lo he hecho más.

¿Se lo ha contado a su hija?

No, era muy pequeña cuando ocurrió y no necesita saberlo. Ahora acabo de volver de Dinamarca, donde me refugié cuando comenzó la guerra. Allí conseguí ahorrar algo de dinero, pero echaba de menos mi país. Además, tengo un novio ucraniano y estamos en una relación seria.

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Cuando hace una semana el agitador de extrema derecha Vito Quiles anunció una gira por una decena de universidades españolas, resultaba evidente que quería replicar la estrategia que algunos miembros de la extrema derecha están llevando a cabo en Estados Unidos y Europa: buscar la confrontación con los sectores demócratas para conseguir visibilidad. Persiguen que las universidades prohíban sus actos para presentarse como víctimas y, a poder ser, que entre los estudiantes que se manifiesten en contra de su presencia haya quienes opten por la confrontación física con él o con sus partidarios. 

La primera cita estaba convocada hoy jueves 16 en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a mediodía. Desde el rectorado, le comunicaron que no podía dar la conferencia, para la cual no había solicitado autorización. Hubo enfrentamientos entre un centenar de los seguidores de Quiles, que había traído a su propio personal de seguridad, y un grupo que protestaba contra su presencia. Los Mossos intervinieron, el propagandista pronunció un breve discurso megáfono en mano y, finalmente, consiguió los titulares que buscaba.

Puesto que Quiles aún tiene previsto visitar una decena de universidades españolas -antes de ir a Argentina– hemos consultado a profesoras y profesores de distintas universidades españolas sobre cuál debe ser la respuesta cívica de la comunidad educativa ante esta estrategia global que busca la victimización, la ruptura de la convivencia y de los consensos sociales con el objetivo final de acabar con los sistemas democráticos liberales con pluralidad de ideas. 

Ana Valero: «No deben prohibirse su discurso ni los actos que pretende realizar»

La profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha Ana Valero, especializada en libertad de expresión, sostiene que “aunque Vito Quiles no aporte nada al debate académico ni social, no debe impedirse ni prohibirse ni su mensaje ni su discurso ni los actos que pretende realizar” porque “la universidad es el lugar por excelencia para el debate académico y social” y, añade, de la pluralidad de ideas. Además, “prohibirlo conseguiría el efecto contrario: lo que Quiles persigue es que no le dejen hablar porque sabe que tiene poco que aportar. Y con la prohibición ratificaría su mensaje demagogo y falso. De hecho, en su tuit (en el que anunciaba la gira) dice que la libertad se encuentra amenazada en las universidades públicas y persigue la prohibición de sus actos para ratificar sus falsedades”. 

Valero considera que se combate su discurso “dando herramientas a las y los estudiantes para que puedan identificar por sí mismos que el mensaje de Quiles no vale nada, que es mera desinformación, que es postverdad y que el fin último es la polarización y la manipulación”. De hecho, Valero, que imparte clases en la Facultad de Comunicación de Cuenca, explica que, como ya estaba muy preocupada por la infiltración en la universidad de las ideas ultraderechistas, en la asignatura que imparte sobre partidos políticos, ha pedido a sus estudiantes que lean tres ensayos sobre el auge de la extrema derecha en Europa. “Este tipo de herramientas les va a permitir que vayan a actos de Quiles para plantearles las preguntas adecuadas para desenmascarlo, para que se retrate. Creo que es un modo más ingenioso para evidenciar que el discurso de Vito Quiles en términos de debate público formado e informado es basura”. 

Albert Lladó: «Conocen bien las técnicas que utilizan. No son payasos inofensivos, son gente peligrosa»

El escritor y profesor de Estudios Culturales en la Escola Massana y de Periodismo Literario en la UAB Albert Lladó comparte con Valero que “el papel de la universidad no es prohibir ni únicamente reaccionar”. De hecho, apunta, si se limita a reaccionar ante las provocaciones “será vista por parte de los jóvenes como una institución reaccionaria. La universidad aún puede aportar matiz, complejidad y concretos”.

Para ello, el autor de los ensayos Contra la actualidad y La mirada lúcida considera que hay que entender que “el populismo sabe hurgar en la herida”, por lo que tenemos que atender a “qué miedos y amenazas” activan con sus discursos y escuchar a quienes lo padecen. Y en este sentido alerta de los riesgos de “reírnos de según qué personajes” y recuerda que “conocen bien las técnicas que utilizan. No son payasos inofensivos. Son gente peligrosa. La caricatura del adversario solo provoca su crecimiento. Lo hemos visto con Trump”. Y como respuesta propone crear lugares de encuentro con “personas con nombres y apellidos, complejas, que no sean santos laicos, ni únicamente víctimas. Pero que nos ayuden a entender que esos ‘enemigos’ que señala el autoritarismo se parecen más a cada uno de nosotros de lo que pensamos”. Lladó pone como ejemplo el racismo, que “es difícil combatirlo únicamente con ideas generales. Una persona racista que se hace amiga de su peluquero o de su frutero (racializados) es una victoria. La empatía nace en lo cotidiano, no en macrocifras (que son necesarias contra los bulos, pero insuficientes para transformar percepciones tan interiorizadas)”.

María Valvidares: Hay que poner en evidencia «las contradicciones, las falacias y la manipulación del discurso»

Por su parte, María Valvidares, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, considera que “prohibir desde un punto de vista político no es inteligente, y jurídicamente también es muy problemático”. Sin embargo, sí que considera que, salvo que vaya como invitado por una asociación de estudiantes -en cuyo caso, sostiene, debe permitirse-, “la universidad no tiene que ceder el espacio para no facilitar discursos que en principio no son de promoción de los derechos”. Eso sí tiene encaje ya que una institución pública debe fomentar aquellos discursos que promueven los derechos y contrarrestar los que van en su contra”. 

En cualquier caso, Valvidares cree que la mejor respuesta es “el debate de ideas: movilizar a la comunidad universitaria para que vaya al acto y que ponga en evidencia las contradicciones, las falacias y  la manipulación del discurso, incluso preparándose antes los temas para desmontarlo con datos”. Otra propuesta de la constitucionalista es “organizar actos sobre esas temáticas con personas expertas. Pero sabiendo que muchas veces no tienen utilidad porque el público no siempre busca saber la verdad, debatir, atender a los hechos y obtener una respuesta científica, sino solo repetir las proclamas”. 

Sonia Herrera: «Dimos por hecho que la razón se impondría por sí misma»

Por su parte, Sonia Herrera, profesora en los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y en el Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra, critica que “durante demasiado tiempo, desde las izquierdas, los movimientos sociales, las universidades, la escuela y, también, los medios de comunicación alternativos creímos que personajes como Vito Quiles, Alvise Pérez, Santiago Abascal o Sílvia Orriols se retrataban solos. No ha sido así. Han ocupado un espacio que dejamos vacío (en las redes sociales, sí, pero también en los bares, en las tertulias televisivas, en los grupos de Whatsapp de familias y vecinas), porque dimos por hecho que la razón se impondría por sí misma”. 

Por ello, sostiene que no basta con tener la razón, sino que hay que comunicarla desde la razón, pero también la emoción. Para ello, cree que lo primero que hay que hacer es “devolver la esperanza a un alumnado que ha crecido en medio de crisis sucesivas (económica, climática, política, sanitaria, existencial: que si el volcán de La Palma, que si una pandemia global…)”.  Y cree que la respuesta tiene que ser en todos los ámbitos: “Debemos volver al ABC de los derechos humanos, a las bases de la convivencia, a las genealogías de los movimientos sociales y de las resistencias que han construido las libertades y los derechos que hoy vemos tambalearse”.

Pero, sobre todo, tener claro cuál es el objetivo de estas acciones de los radicales ultras: “provocar, fracturar la convivencia, romper consensos, intimidar y victimizarse para ganar visibilidad y legitimidad. Frente a eso, necesitamos responder con rigor, sin individualismos y con una pedagogía democrática activa, que no solo se quede en lo teórico, sino que toque calle”, argumenta Herrera.

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