Con la ayuda de nuestoas corresponsales en ambos puntos del mapa, damos un paseo entre Rojava y Ecuador para tratar dos de los puntos calientes de la geopolítica – o mejor, con el compañero R. Karmy, Geoeconomía – mundial. Pueblos que quieren autodeterminar su vida, pueblos que sobreviven resistiendo, en una encrucijada a la que […]

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El problema no es que el presidente no respete nuestros derechos; es que nosotros no nos hacemos respetar. La Constitución del Ecuador tiene 74 artículos sobre nuestros derechos y es el segundo capítulo de la Constitución, sin hablar de nuestras “garantías constitucionales”, que son el tercer capítulo con 10 artículos más. ¿Qué más queremos? Todo está escrito para que se nos respete. Pero, ¿quiénes de entre nosotros se dedica a leer la Constitución que es la base de nuestra dignidad personal y del convivir nacional? Tenemos a la mano las herramientas necesarias para defendernos y conducirnos, y las despreciamos. Esperamos que otros resuelvan nuestros problemas. Por eso los que nos gobiernan no tienen ninguna vergüenza ni moral para hacer lo que les da la gana con nuestros derechos y garantías constitucionales. Si nos atropellan es porque nos dejamos atropellar. ¡Qué poca dignidad tenemos!

            Claro, en general la escuela y los centros de educación, los grandes medios de comunicación, las iglesias, la misma familia hacen todo para que seamos sumisos y obedientes a un sistema neoliberal que nos hace pedazos, olvidándose de los que debería ser su misión: ayudarnos a crecer como personas, familias, grupos y sociedad, facilitarnos el conocimiento de nuestros derechos y garantías, hacernos conocer la Constitución, darnos los medios para desarrollar nuestra dignidad personal y nuestra convivencia ciudadana. ¿Cuántos nos dedicamos a estas tareas? ¿Cuántos nos dedicamos siquiera a conocer lo que es nuestra dignidad, nuestros derechos y nuestras garantías? Entonces dejemos de quejarnos que no nos respetan, que nos atropellan y hacen lo que les da la gano, si nosotros se lo permitimos y los elegimos para que así lo hagan.

Seamos un poco más serios, dignos, conocedores de nuestros derechos, capaces y decididos a vivir conscientes y prestos a organizarnos para hacernos respetar. Los derechos, la dignidad y la convivencia se defienden personal y colectivamente, sino… estamos como estamos por culpa nuestra y no por culpa de los demás y de los gobiernos. Culpar a los demás es cobardía y comodidad individual. Nos acomodamos con una vida de tercera categoría… desacomodando a los demás, a costa de ellos colaborando a su destrucción… que nos destruye también a nosotros. ¿Cuándo decidiremos a salir de este vicioso e infernal? Por eso somos un montón de inconscientes, una masa de indiferentes, una cantidad enorme de inútiles: Eso ha posible porque hemos elegido los últimos tres presidentes que hemos tenido: un traidor que hemos aceptado sin reclamar, un corrupto que lo hemos dejado robarnos y un dictador que hemos reelegido…  los 3 “a imagen y semejanza” nuestra.

            La dignidad es nuestra esencia de seres humano, nuestra identidad fundamental: flor de las más bellas y frágiles que no cultivamos ni cuidamos, por eso que se marchitó hace tiempo. La dignidad nos viene de la vida. Es la vida que tiene derechos, porque la vida es el mejor regalo. Toda vida tiene derechos. Cuando no respetamos la vida, no trabajamos por ella, no la cuidamos ni la fortalecemos… esto nos lleva a la indiferencia y la maldad. El derecho de toda vida es ser amada y cuidada. Todo está en el amor y la ternura. Venimos del amor que anida en el universo. Vida y amor son la misma unidad. Si vivimos amando, somos ya plenamente felices. Eso es nuestra espiritualidad como seres humanos. Trabajemos por los derechos de todo lo que vive y por nuestros derechos que son a la vez deberes.

Leonardo Boff escribe: “Esta dimensión espiritual de nuestra naturaleza ha sido sofocada por nuestra cultura que venera más el dinero que la naturaleza, más el consumo individual que el compartir, que es más competitiva que cooperativa, que prefiere el uso de la violencia al diálogo para resolver conflictos y recurre a la amenaza y al eventual uso de armas de destrucción masiva.”

Les comparto también partes del mensaje que acabo de recibir de un amigo sacerdote del Perú:

“Seamos sembradores de esperanza,

Con fe que la humanidad rota se puede restaurar,

Y que sí puede existir paz y bienestar para todos,

Pero con otro modelo y orden social’; un mundo más justo, más humano.

Sí, es posible una verdadera fraternidad globalizada,

Con el espíritu de ‘Jesús y sus Bienaventuranzas’.

¡Ánimo! La historia evoluciona, según Teilhard de Chardin,

Hacia la plenitud del ser humano humilde dentro de la creación

Con un Cristo universal cósmico. Bendiciones.”

            Derechos, dignidad, vida, amor, espiritualidad son las aguas vivas del pozo donde tenemos que beber para vencer nuestra cobardía y todo mal.

Pedro Pierre: Sacerdote diocesano francés, acompaña las Comunidades Eclesiales de Base (CEB ) urbanas y campesinas de Ecuador, país adonde llegó en 1976.

“Sin soberanía, una nación no puede existir” –Juan Montalvo (1832-1889)

La Asamblea Nacional, en un segundo debate, el día 3 de junio, al apuro, con una discusión menos que mediocre, dio paso a la eliminación de la prohibición constitucional que impide el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador. El siguiente episodio, luego del dictamen de la Corte Constitucional, se dirimirá en un referéndum, tal como dispone la Constitución de Montecristi [2], en su artículo 442, dedicado a reformas constitucionales parciales.

Con esta acción parlamentaria, respaldada por la mayoría oficialista y inclusive por asambleístas del Pachakutik, el gobierno caminó en línea con las pretensiones de algunos grupos, que siempre estuvieron en contra de dicha decisión constitucional, a través de la que se cristalizó la salida de la base norteamericana en Manta. En síntesis, con una sociedad agobiada por la violencia criminal, se quiere retroceder la rueda de la historia abriendo nuevamente el territorio nacional para el establecimiento de tropas extranjeras. En concreto, se pretende derribar la esencia del artículo 5 de la carta magna:

“El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.”

            Artículo que quedaría con un texto declarativo:

“El Ecuador es un territorio de paz.”

El gobierno de Daniel Noboa, que avanza con este proceso de desmantelamiento de la soberanía nacional iniciado por Guillermo Lasso, en el marco de su conflicto interno armado, justifica esta medida para combatir el narcotráfico, inclusive la pesca ilegal, sacrificando la soberanía nacional. Como veremos a continuación, recuperando incluso experiencias de la historia ecuatoriana, al ceder soberanía, a la postre no se consigue la seguridad y la Paz, tampoco se logra reducir el narcotráfico. Pero antes revisemos algunos elementos de una Constitución redactada en una gran minga democrática, aprobada masivamente en las urnas, para impulsar “la cultura de la Paz”.

ELEMENTOS DE LA “CULTURA DE LA PAZ” CONSTITUCIONALIZADA…

Recordemos que, entre los cinco primeros artículos aprobados en el pleno de la Asamblea Constituyente en Montecristi, el día viernes 29 de febrero del 2008, estaba el hoy es el artículo 5, que establece que el Ecuador es un territorio de Paz. Irónicamente, al día siguiente de su aprobación, en la madrugada del sábado 1 de marzo, se produjo el bombardeo de la fuerza aérea colombiana, con evidente apoyo militar norteamericano, en Angostura, territorio ecuatoriano. Entonces, violentando nuestra soberanía nacional, se asesinó a un grupo de personas, que incluso no formaban parte de las fuerzas insurgentes de Colombia.

Esa ya fue una clara advertencia de lo difícil que es construir un territorio de paz, impulsado por el sentir pacifista de nuestra sociedad, que se plasmó en el preámbulo de la Constitución, que reza así:

“Nosotras y nosotros, el pueblo soberano de Ecuador, decidimos construir… Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana… la Paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra.”

En consecuencia, con lo establecido en la primera página de la carga magna, aprobada en las urnas mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano, el 28 de septiembre del 2008, se fija que

“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: (…) 4. colaborar en el mantenimiento de la Paz y de la seguridad.” (artículo 83)

En la lista de reclamos por la paz en el texto constitucional, teniendo en el horizonte la construcción de un mundo que erradique la violencia, en el artículo 276, se establece que,

“El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: (…) 5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial.”

No cabe duda que, en la Constitución de Montecristi se optó por visualizar un mundo que condene las pretensiones imperiales de cualquiera de las grandes potencias y que impulse la integración y la convivencia pacífica entre los pueblos.  Esta preocupación se plasma de forma categórica en el artículo 416:

“Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:

1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad.

2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos.

3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar.

4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros. (…)

8. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión. (…)

10. Promueve la conformación de un orden global multipolar…”

Cabría traer a colación otro punto fundamental en la Constitución relacionado con “la cultura de Paz”, expresamente establecido para las regiones fronterizos (artículo 249) e inclusive para impulsar la seguridad humana, que propone “la convivencia pacífica de las personas” (artículo 393).

Esta cuestión está expresamente establecida como deberes primordiales del Estado en su artículo 3: “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz…”; artículo en el que, adicionalmente se establece, como otro deber fundamental: “Garantizar y defender la soberanía nacional”, que a todas luces se verá atropellada con el establecimiento de una base militar extranjera en territorio ecuatoriano. [3]

Otro punto medular. El Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. La presencia de tropas extranjeras, por más que estén cobijadas con algún acuerdo por el Estado, podría terminar por asumir al menos parte de las funciones exclusivas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, establecidas en los artículos 158 y 159 de la Constitución. Lo que no impide buscar una cooperación respetuosa de nuestra carta magna con otros Estados para enfrentar el crimen organizado transnacional.

En síntesis, con el intento por eliminar la esencia de una Constitución pacifista y soberana, se quiere echar por tierra la Constitución de Montecristi.

LA HISTORIA, ESA GRAN Y OLVIDADA MAESTRA…

En nuestro país tenemos una amplia experiencia de lo que ha significado la presencia de tropas extranjeras.

La base norteamericana en Manta -Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, Forward Operating Location)-, establecida en el marco del Plan Colombia, el año 1999, no contribuyó a disminuir el flagelo del narcotráfico. Durante los 10 años de su existencia los envíos de droga se triplicaron. La tasa de criminalidad se disparó. Decenas de personas, particularmente pescadores, denunciaron abusos de parte de soldados yanquis. En suma, se registraron varias violaciones a los Derechos Humanos y la respuesta de la sociedad mantense, en su mayoría, era contraria al mantenimiento de dicha instalación militar extrajera, como informó el INREDH, en el año 2007. [4]

Las acciones de los aviones norteamericanos no se ciñeron a los términos del convenio pactado, pues en muchos casos estaban orientadas a la lucha contra la insurgencia en Colombia y la interdicción de emigrantes ecuatorianos; muchas veces en acciones sin conocimiento de las autoridades ecuatorianas. Lejos quedó el sueño de transformar a Manta en una suerte de Miami en el Pacífico. Y como sucede en estos casos, las tropas allí instaladas gozaron de privilegios diplomáticos.

En territorio ecuatoriano, ya tuvimos anteriormente la presencia de tropas norteamericanas. Soldados yanquis desembarcaron en Baltra y Salinas en diciembre de 1941, luego del ataque japonés en Pearl Harbor, con la provincia de El Oro ocupada por tropas peruanos, sin autorización expresa del Estado ecuatoriano. Recién el 24 de enero de 1942 se firmó el convenio para normalizar la presencia de tropas de los EEUU en Salinas y el 2 de febrero en Baltra. Entre estas dos fechas, con la presencia de soldados peruanos en territorio ecuatoriano y con una enorme presión panamericana, el 29 de enero de 1942, se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Rio de Janeiro. En suma, su presencia no sirvió para precautelar la soberanía nacional. [5]

Recuérdese que los norteamericanos construyeron dos pistas de aterrizaje y alrededor de 200 edificios en la isla de Baltra. Cuando esas tropas abandonaron el lugar, el destrozo ecológico era general, pues su presencia no buscaba proteger el entorno; destrozos similares se registran en otras islas en donde hay instalaciones militares. [6] Sería una ingenuidad creer ahora que una nueva base, construida en clave de los intereses geopolíticos de Washington, cumpliría un papel protector de las islas, amenazadas por muchos factores, como puede ser la masiva presencia de flotas pesqueras chinas o el mismo turismo desbocado. [7]

Es más, cabría tener presente las disposiciones del artículo 258 de la Constitución, que prohíbe actividades que pongan en riesgo el frágil ecosistema de Galápagos. Las obras militares lesionarían de manera grave la flora y la fauna, todo el medio natural y, por tanto, también a los seres humanos. La actividad de navios y aviones militares aumentaría el tráfico marítimo y áreo afectando aún más el hábitat y la movilidad de especies únicas.

Finalmente, cabría traer a colación que luego del desmantelamiento de la Base de Manta, los norteamericanos establecieron dos bases más en Colombia, en donde en la actualidad ya existen 7 bases, sin que se haya logrado parar el narcotráfico. Es más, la producción de cocaína sigue en alza en el territorio colombiano y también en el peruano, en donde ya funcionan 5 bases militares norteamericanas, a las que se suma la base para control espacial en Talara, que es una suerte de respuesta yanqui a la construcción por parte de China del mega-puerto de Chancay.

Una potencial base en Galápagos y esta base en Talara están relacionados a nivel geoestratégico y constituyen nuevos enclaves militares para fortalecer la posición de dominio y control de los Estados Unidos en la región, sobre todo en el conflicto con la República Popular China y sus aliados. [8] Debe quedar claro que el retorno de las tropas yanquis a Ecuador responde a intereses geoestratégicos de Washington, que se expresa incluso geográficamente en el ámbito del “Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental”, que incluye las Galápagos, la isla del Coco (Costa Rica), las islas Malpelo y Gorgona (Colombia), y la isla Coiba (Panamá). [9]

Es bueno conocer que, el Imperio norteamericano cuenta con cerca de un millar de bases e instalaciones militares de diverso tipo en todo el mundo, con las que asegura su poder y bienestar económico. Con ese despliegue de poderío militar Washington no ha conseguido restringir la expansión de la droga. En realidad, como afirmó el embajador norteamericano Todd Chapman, el año 2019, al finalizar sus funciones en Quito, con nuevos mecanismos, nuevas tecnologías y nuevas disciplinas, los desafíos en la lucha contra el narcotráfico, no requieren de una base militar estadounidense, como ocurría con la base de Manta. Este diplomático, en esa entrevista, afirmó categóricamente que “no es del interés de EEUU usar los métodos del pasado para confrontar los desafíos de hoy”, en suma, que “no se requiere una base militar (norteamericana) en Ecuador”, para combatir el narcotráfico. [10]

Entonces, es evidente que una nueva base norteamericana en Galápagos o el regreso de una base a Manta estarían orientados por los intereses geoestratégicos de Washington en medio de la disputa del poder mundial con las otras grandes potencias imperialistas, particularmente con China. Estas pretensiones norteamericanas han sido expuestas repetidamente por la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los EEUU, quien ha manifestado catagóricamente el interés del coloso del Norte por el control de zonas de influencia y fuentes de recursos naturales estratégicos para su seguridad geopolítica y energética.

CAMINO DE UN REFERÉNDUM HISTÓRICO…

Es el momento de reflexionar con calma y de tomar decisiones que no ahonden los problemas. Al crimen y la delincuencia hay que combatirlos con firmeza, siempre con la Constitución y la ley en la mano, pues el Estado no puede actuar con la misma brutalidad que el crimen organizado. Así, para garantizar una genuina seguridad ciudadana y caminar en Paz, tenemos que defender y hacer realidad conjuntamente la justicia social y la justicia ecológica, con una permanente radicalización de la democracia, sin sacrificar la soberanía nacional.

El reto es complejo. Lo constatamos a diario. A pesar de que la militarización y el populismo penal fracasan, el gobierno puede volver conseguir el respaldo popular para continuar por esa vía. Entonces, ahora, para impedir este retroceso histórico y enfrentar oportunamente el creciente autoritarismo en marcha, es indispensable abrir el debate y enfrentar con responsabilidad el referéndum. ¡Nos vemos en las urnas!

Notas:

[1] Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008).

[2] Constitución de la República del Ecuador

https://www.lexis.com.ec/biblioteca/constitucion-republica-ecuador

[3] Posibilidad está textualmente vedada en la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios: Convención contra Reclutamiento de Mercenarios, Registro Oficial Suplemento 950 de 22-feb.

https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/08/071.-CONVENCION-CONTRA-RECLUTAMIENTO-DE-MERCENARIOS.pdf

[4] INREDH (2016); “¿Cuál es el saldo que deja la Base Militar Norteamericana en sus 10 años en Manta?”.

https://inredh.org/cual-es-el-saldo-que-deja-la-base-militar-norteamericana-en-sus-10-anos-en-manta/  

[5] Alberto Acosta (2025); “La mira imperial puesta en Galápagos – Breve repaso de amenazas y agresiones recurrentes”, disponible en el libro de varios autores y varias autoras: La mirada imperial puesta en Galápagos.

https://www.accionecologica.org/wp-content/uploads/LA-MIRADA-IMPERIAL-PUESTA-EN-GALAPAGOS.pdf

[6] Elizabeth Bravo (2025); “Impactos ambientales de las bases militares – estadounidenses en ecosistemas tropicales”, disponible en el libro de varios autores y varias autoras: La mirada imperial puesta en Galápagos.

https://www.accionecologica.org/wp-content/uploads/LA-MIRADA-IMPERIAL-PUESTA-EN-GALAPAGOS.pdf

[7]  Anamaria Varea (2025); “Galápagos, santuario natural profanado”, disponible en el libro de varios autores y varias autoras: La mirada imperial puesta en Galápagos.

https://www.accionecologica.org/wp-content/uploads/LA-MIRADA-IMPERIAL-PUESTA-EN-GALAPAGOS.pdf

[8] Luis Córdova Alarcón (2025); “nuevos enclaves militares de Estados Unidos en Perú y Ecuador”, disponible en el libro de varios autores y varias autoras: La mirada imperial puesta en Galápagos.

https://www.accionecologica.org/wp-content/uploads/LA-MIRADA-IMPERIAL-PUESTA-EN-GALAPAGOS.pdf

[9] Darío González Posso, Catalina Toro Pérez ; “¿Una ‘base militar´ en la isla Gorgona?”

https://www.revistaciendiascinep.com/home/una-base-militar-en-la-isla-gorgona/

[10] Ver las entrevista en VISTAZO, 10 de junio del 2019: “No se requiere una base militar (americana) en Ecuador”. https://www.vistazo.com/actualidad/no-se-requiere-una-base-militar-americana-en-ecuador-IEVI139331

 Por acuerdo entre la Conaie y el Ministerio de Educación, en 1988, se estableció la Educación Intercultural Bilingüe como instancia dentro del Estado y con un alto grado de independencia de aquella frente a este. Luis Montaluisa, lingüista quichua, fue el fundador y el director de la Dineib (Dirección Nacional de la Educación Intercultural Biingüe).Su trabajo se enfocó en dar a la nueva Institución un carácter especifico y científico. Planificó todo un sistema para la educación intercultural bilingüe: se elaboraron currículos, se escogieron docentes, se planearon acciones e investigaciones, se prepararon cuadros pedagógicos. La Dineib fue reconocida en 1992 como un espacio de autonomía dentro del Estado ecuatoriano y dio impulso a una educación apropiada y anhelada, y los indígenas la consideraron como parte de su trayectoria histórica y como logro político frente al Estado excluyente.

La Dineib estuvo vigente hasta 2009 y, a pesar de haberse declarado ya al Ecuador Estado Plurinacional en 2008, fue eliminada mediante el decreto ejecutivo 585 por Rafael Correa. Así, terminó con la descentralización del sistema educacional en el Ecuador. Correa justificó su decisión diciendo que “fue tomada para preservar la unidad nacional”.

Los indígenas, y especialmente la Conaie se pronunciaron en contra de la medida que violaba el derecho de pueblos y nacionalidades a una educación propia y a participar en el Estado con espacios autonómicos. En 2013 se oficializó el Moseib, modelo del sistema de la EIB, pero fue criticado acertadamente por el excesivo predominio del Estado y la ausencia de rigurosidad para entender las culturas y las lenguas de los pueblos indígenas.

Lenin Moreno acentuó la subordinación al sistema nacional, y con Guillermo Lasso se debilitó la conexión de la EBI con las comunidades indígenas. Frente a tanto menoscabo la Conaie ha protestado, pero no ha propuesto nada esencial puesto que su presidente en funciones no habla el quichua y no asume los profundos conocimientos ancestrales de los pueblos indígena.  Entre más autonomía tenga la Educación Indígena será más fácil enseñarla aprenderla y será más fuerte su relación con las comunidades y más claro su carácter reivindicativo frente a un Estado dominante y ajeno.

Ileana Almeida: Filóloga, profesora universitaria y escritora. Entre sus libros figura Mitos cosmogónicos de los pueblos indígenas del Ecuador.

Hiroshima, Nagasaki, Chernóbil, Fukushima, son nombres que estremecen. Los dos primeros nos recuerdan las atrocidades a las que puede llegar un conflicto bélico que involucra arsenal nuclear; los segundos, evidencian el peligro que entraña una de las tecnologías más peligrosas: la nuclear. 

Desastres, no accidentes

Chernóbil representa el desastre nuclear más grave de la historia, ocurrido el 26 de abril de 1986, en Ucrania. Las estimaciones de muertes por cáncer producto del accidente de Chernóbil son muy disimiles; las más conservadoras hablan de 30 mil a 60 mil casos. Greenpeace, por su parte, afirma que las muertes serían al menos 93.000. Además, hubo decenas de miles de evacuados que hasta ahora no han podido regresar a su tierra. Según cifras oficiales, la cantidad de material radiactivo liberado en Chernóbil fue 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica arrojada por el ejército de Estados Unidos en 1945, en Hiroshima, Japón. Esta bomba mató a cerca de 120.000 personas y provocó más de 300.000 heridos que sufrieron las atroces consecuencias de la exposición a la energía atómica durante décadas. 

En mazo de 2011, debido a un terremoto en Japón se produjo la explosión del reactor nuclear Fukushima Daiichi, en la Central nuclear Fukushima, por fallas en los sistemas de refrigeración y liberación de radiación, según se reportó. Se produjeron daños a la salud, vertidos radioactivos al mar, contaminación de cultivos inclusive a cientos de kilómetros del lugar del incidente. 

De construirse una central nuclear en el Ecuador, un país altamente sísmico, se podría provocar un desastre sin precedentes en el caso de un evento telúrico.

En los últimos años se han producido muchos otros desastres nucleares: 

• Three Mile Island, Estados Unidos, en 1979
• Hamm-Uentrop, Alemania, en mayo de 1986
• Goiania, Brasil, en 1987 (Derrame de Cesio137 de un hospital)
• Greifs-Exwald, Ex-República Democrática de Alemania (RDA), en 1989
• Vandellós, España, en octubre de 1989
• Tomsk, Rusia (Ex Unión Soviética), en abril de 1993
• Tokaimura, Japón, en septiembre de 1999
• Indian Point, Estados Unidos, en febrero de 2000
• Onagawa, Japón, en febrero de 2002
• Thorp, Gran Bretaña, en abril de 2005 
• Dounreay, Gran Bretaña, en septiembre de 2005 
• Kashiwazaki Kariwa, Japón, en julio de 2007

Estos “accidentes” incluyen muertos, heridos, desplazados, incendios, cáncer, destrucción ambiental… 

Los desechos nucleares

Otros problemas de las centrales nucleares son aquellos relacionados con el desmantelamiento del reactor, su enfriamiento, su demolición, la disposición de los contenedores y la construcción de depósitos para los residuos radioactivos. Se sabe que los residuos nucleares son materiales altamente peligrosos que emiten una gran cantidad de radioactividad por miles de años. El contacto de cualquier ser vivo con ellos, resulta letal. Los desechos nucleares son uno de los problemas más serios y no existen hasta ahora soluciones aceptables.

La minería de uranio

La energía nuclear no solo está asociada a los desastres nucleares. La producción de energía nuclear también está directamente asociada a otro grave problema que es la minería de uranio. Llama la atención que a fines del año pasado Irán haya manifestado interés en hacer exploración minera al sur del Ecuador. De hecho, existen indicios de que en esta región podría haber uranio, básico para el desarrollo de energía nuclear. Datos científicos dicen que podría haber este mineral en el conocido bosque de Puyango y en la cordillera del Cóndor. Del lado peruano de esta cordillera, la empresa con capitales canadienses Dorato realizó actividades de prospección hasta que fue cuestionada por los indígenas de la zona obligando al gobierno a suspender las concesiones. Las autoridades dicen que van a importar uranio radioactivo, con todo el riesgo que esto conlleva.

Ecuador nuclear

Según el gobierno ecuatoriano, una central nuclear podría ser una alternativa para cambiar la matriz energética basada en hidroenergía y en petróleo; sin embargo, no toma en cuenta los enormes riesgos sociales y ambientales que implica el desarrollo de esta tecnología. La industria nuclear es posiblemente la más peligrosa y contaminante que existe, y las sustancias radioactivas están entre las más peligrosas. Por este motivo grandes financistas están rechazando este tipo de inversiones por los enormes riesgos que conllevan, sobre todo los problemas de seguridad, la manipulación y disposición de desechos radiactivos y la probabilidad de accidentes. 

Al ser una inversión con tantos riesgos, el Estado, o sea toda la población ecuatoriana, estaría obligada a entregar ingentes asignaciones para los seguros. Una inversión de semejante envergadura va a requerir más endeudamiento internacional y enormes subsidios del Estado, afectado los presupuestos públicos para educación, salud, vivienda…

Desde todo punto de vista, la energía atómica es un desatino, pues distrae la atención que se debería poner en el desarrollo de energías verdaderamente limpias y soberanas, y genera una enorme dependencia de las empresas que controlan esta tecnología.

¿Energía nuclear? ¡NO gracias!

El gobierno ha dicho que va a construir la central nuclear cerca de algún río o cerca del mar. Esto va a significar una amenaza letal al ecosistema fluvial donde se instale y contaminar el agua adyacente. ¿Las poblaciones locales van a permitirlo? 

En el contexto de violencia en que se encuentra nuestro país, con grupos criminales que actúan con impunidad en varias zonas y sectores, una central nuclear nos expone a una mayor vulnerabilidad y riesgo. 

La energía nuclear no tiene que ver con una transición energética justa para los pueblos y la naturaleza. ¿Por qué embarcarse en una actividad tan cuestionada desde todo punto de vista? ¿Energía nuclear? ¡NO gracias!

Fuentes y más información: 

• FAIRLIE, I. y SUMMER, D. The Other Report on Chernobyl (TORCH). Alemania, abril 2006. http://cricket.biol.sc.edu/chernobyl/papers/TORCH.pdf
• Greenpeace España. www.greenpeace.org/espana
• Mines and Communities http://www.minesandcommunities.org/
              OLCA. Chile www.olca.cl
• RODRIGUEZ PARDO, Javier. EN LA PATAGONIA NO. el Bolsón, Argentina. 2006      http://www.machpatagonia.com.ar/wp/wp-content/uploads/enlapatagoniano.pdf
• Taller Ecologista, Argentina. www.taller.org.ar

Fuente: https://www.accionecologica.org/serie-energia-nuclear-en-ecuador-1-energia-nuclear-no-gracias/

EL PLAN DE ADN

Tiene razón Felipe Rodríguez cuando señala que tras la “Ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno” está el “Derecho Penal del Enemigo. La idea central: el Derecho Penal del Ciudadano conversa con quien delinque a través de la pena y la rehabilitación, para reintegrarlo a la sociedad a la que pertenece; mientras el Derecho Penal del Enemigo no conversa con quien no habla su mismo idioma, por lo mismo, lo neutraliza. El ciudadano forma parte de la sociedad y, como humano, yerra. A ese el sistema jurídico y procesal lo reencamina. El enemigo desconoce a la sociedad y al orden constituido, lo combate, y, por lo tanto, se le debe neutralizar de forma proporcional y lícita.” (Rodríguez, 2025)

El problema comienza cuando no sólo da por sentadas las bondades del derecho del enemigo, sino que critica a Noboa que “su proyecto no es un Derecho Penal del Enemigo (conocido también como Derecho Penal de tercera velocidad), sino simple y llanamente un Derecho Penal se segunda velocidad.” (Rodríguez, 2025) Es decir, el defecto del proyecto es que se queda corto en aplicar toda la doctrina del Derecho Penal del Enemigo.

De copias

Nuestro Derecho y nuestro marco jurídico cambian de referente doctrinario según la ocasión, no miran el proceso propio, no responden a la originalidad y complejidad de los problemas, en esta oportunidad, a la gravedad y complejidad del narcotráfico, el capital y la violencia criminal. 

En tiempos de la Revolución Ciudadana y de la Constitución de 2008, estaban de moda las teorías garantistas y neoconstitucionalistas. Luigi Ferrajoli era el gurú (2010). Había que seguir los cauces propuestos por las concepciones dominantes, y producir un marco dogmático o de principios en la Constitución con las más altas garantías y derechos, aunque luego en la parte orgánica persistan los gérmenes autoritarios, empezando por el refuerzo del hiperpresidencialismo.

Ahora vamos al otro extremo. A partir del 11S se impone desde el pensamiento anglosajón la doctrina del derecho del enemigo. Las modas llegan con atraso. Günther Jakobs y Manuel Cancio Meliá son los nuevos gurús. (2006) Diferencian entre el derecho penal del ciudadano y el derecho penal del enemigo. 

El terrorista actúa fuera de la ley, por tanto tiene que ser tratado fuera de la ley ordinaria, como “enemigo” de la sociedad, con menor o nula protección de los derechos. O como se ha difundido: los derechos humanos son para los humanos derechos; los otros, “los que quieren destruir la sociedad”, no tienen derechos. La sanción penal se aplica a la presunción de la “peligrosidad” del enemigo, no a su “responsabilidad” específica.

Hay que seguir la moda: “Es el que se aplica, en casi todo el mundo, para casos de terrorismo, crimen organizado y delitos contra la seguridad del Estado. La finalidad es defender el orden social ante quienes buscan destruirlo.” (Rodríguez, 2025)

El derecho del enemigo modifica la flecha del tiempo. No se trata de establecer la línea del tiempo y la responsabilidad de los actores, la culpabilidad de los delincuentes, sino que se adelanta a prever las amenazas y prejuzga desde la “peligrosidad”. Entonces, el objetivo ya no es rehabilitar al delincuente, sino aislarlo, segregarlo; no es la justicia, sino el castigo.

¿Quién decide?

La decisión de quién es terrorista, el delincuente al que hay que tratarlo con el Código Penal del Enemigo, pasa a un ejercicio de poder directo, sin los contrapesos de la norma y el sistema jurídico. 

La Ley de Seguridad Nacional emitida por George W. Bush en noviembre de 2002, como efecto del 11S, establece una visión geopolítica distribuida en Estados fuertes, Estados débiles y el “Eje del mal” constituido por los Estados “terroristas”. Ratifica el destino manifiesto de Estados Unidos para decidir el orden mundial, y, con ello, define cuáles son los Estados y las fuerzas “terroristas”. 

Retornamos al orden schmittiano de la política: amigo-enemigo, “decide quien tiene capacidad de decidir el Estado de excepción”. (Schmitt, 2009) Las listas de los terroristas a los que aplicar el Derecho Penal del Enemigo dependen de los intereses geopolíticos del poder. Al Qaheda y su líder Osama bin Laden entran y salen de la lista, según los alineamientos ante los intereses de Estados Unidos.    

O en tiempos actuales. Abu Mohammad al-Jolani, jefe del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, estaba en la lista norteamericana de terroristas, hasta que se convirtió en Presidente de Siria después del derrocamiento del Gobierno de Bashar al-Assad. El modelo Bukele, las redadas de integrantes de las bandas ejecutadas por las Fuerzas Armadas y la Policía. Y también el cálculo de qué actores quedan fuera, para negociar.

El paso al derecho del enemigo se articula al paso del Estado de Derecho al Estado Policial, en donde el principio de verdad jurídica forjado procesalmente es sustituido por el informe policial, que es amplificado por los medios vinculados. (Agamben, 2016)

La parte más significativa del discurso de posesión del nuevo período del Presidente Noboa va en esta línea: “Mi admiración y respeto a las fuerzas del orden, a las gloriosas Fuerzas Armadas y a la valentía de la Policía Nacional. (…) Han sido el escudo del Ecuador. Su sacrificio nutre el suelo donde se levanta y construye el Ecuador. Sepan que cuentan con un Presidente que los respalda en su misión de proteger la vida de los ecuatorianos y que luchará incansablemente junto a ustedes y por ustedes en el campo de batalla.”

Ontología jurídica

Este giro implica la licuación de los fundamentos del pensamiento de la modernidad iluminista en torno al “contrato social” que tiene como base el principio: “todos nacen libres e iguales”. Concluye el sentido universal de los derechos humanos y se restringe el carácter de humanidad según categorías decididas por el poder.

Aunque no es algo nuevo. La teología política es el fundamento de la política moderna. En nuestra historia, en la Conquista de América Latina el primer debate teológico-filosófico entre Sepúlveda y Las casas fue la pregunta si los indígenas tenían alma, eran humanos. 

Ciclos autoritarios

La aplicación del derecho del enemigo tampoco es nueva en el país. El primer paso se realizó con la emisión del Código Integral Penal de 2014. El paso se opera en el control de la insurgencia popular, la restricción de la disposición constitucional del derecho a la resistencia y la ampliación de la definición de rebelión. La tipificación de la rebelión y de su financiación como delitos en el COIP del 2014, convierte a diversas formas de luchas pacíficas en un problema legal-penal, criminaliza la lucha social y juridiza la participación de los actores sociales, que en levantamientos anteriores, desde 1990, eran considerados actos legítimos de resistencia. 

Durante la RC se presenta un autoritarismo de “vigilancia” orientado a la represión individual. Con la propuesta de ADN se pasa a un autoritarismo de “control de la población” (Foucault, 2009), una estrategia de shock blando, el biopoder para una gubernamentalidad basada en el canje de libertad por seguridad. “La decapitación en la sociedad de la soberanía, la deformación en la sociedad disciplinaria y la depresión en la sociedad del rendimiento son estadios de la transformación topológica de la violencia.” (Han, 2011)

Los debates

Los debates sobre el Proyecto de Ley se han centrado en la formalidad del procedimiento. En particular se ha criticado el recurso de la calificación como proyecto de urgencia económica a un proyecto que apenas en dos artículos se refiere al tema económico. Un recurso destinado a bloquear los debates dentro de la Asamblea y asegurar la aprobación. También se ha planteado el problema de diversas inconstitucionalidades. Empero el centro del debate debe dirigirse al contenido y al sentido de las políticas propuestas.

El fracaso

Lo más importante del Proyecto de la “Ley para desarticular la economía criminal”, está en los Antecedentes. Reconoce el fracaso de la estrategia impulsada por el Gobierno de Noboa: “Hoy somos el país más violento de la región, siendo el primer trimestre de 2025 el más violento de nuestra historia.  El aumento imparable de la inseguridad ha ocurrido luego de un año de militarización en todo el territorio nacional, desde la declaratoria de conflicto armado interno y de consultas populares que han avalado la propuesta de “seguridad” planteada por el presidente Noboa como panacea ante la inseguridad: extradición de ecuatorianos, aumento de penas, reforma constitucional para permitir la participación complementaria de fuerzas armadas en el control del orden interno, militarización de los perímetros de las cárceles, entre otras.”

Pero no saca la consecuencia de esta confesión: la estrategia de “guerra interna” ha fracasado. Los últimos acontecimientos del 9 de mayo sobre la emboscada y muerte de 11 militares en la zona de Punino en el Norte de la Amazonía muestran la expansión del capital criminal en la minería ilegal. Pero éste es un problema más amplio: “la minería “ilegal” aumentó un 578 % entre 2021 y 2022 y desde 2019, ha devastado aproximadamente 1.422 hectáreas de bosque. 56 exportadores sin rastro vendieron oro por más de 1.300 millones desde Ecuador. (Plan V, 2025)

Un factor decisivo para la reiteración de los crímenes es la impunidad, como se refleja en la ausencia de sentencias por lavado de activos. “Entre 2020-2022, en promedio se emitió una 1 sentencia condenatoria por año; mientras en el período 2016 a marzo 2020, este promedio fue de 3 sentencias.” (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Enero de 2024).

El proyecto no toma en cuenta la complejidad del problema de la violencia, el narcotráfico y el capital criminal. Las investigaciones sobre el narcotráfico y el capital criminal en América Latina, coinciden en que este problema se desarrolla en una zona gris (Trejo & Ley, 2020), en la que se entrecruzan las bandas y mafias criminales, las instituciones del Estado, los grupos de poder económico y político, nacionales y trasnacionales, y la seducción de una cultura del éxito y el placer inmediato. No se trata de un problema local, sino que se mueve en un marco de conflictos regionales y mundiales, con incidencia de los alineamientos geopolíticos, por lo cual cada uno de estos círculos requiere una mirada y un tratamiento de políticas globales y locales. 

Y más bien en el Proyecto insiste en radicalizar el mismo camino: (Organizaciones de derechos humanos, 2025)

• Autorización de allanamientos, incautaciones y detenciones sin orden judicial previa, facultando a las fuerzas del orden a operar con amplio margen de discrecionalidad sin ningún tipo de contrapeso o regulación.
• Construcción de procedimientos penales paralegales y prisión preventiva obligatoria.
• Prisión preventiva excluida para agentes del Estado e indultos para militares y policías que cometan crímenes a nombre de la seguridad nacional.
• Carta abierta a ejecuciones extrajudiciales, promoviendo el uso letal de la fuerza por parte de agentes del Estado y debilitando principios esenciales como el derecho a la vida, la presunción de inocencia y el debido proceso.

“Frente a esta gravísima situación, en la propuesta de ley presentada por el presidente Noboa para combatir las economías criminales están ausentes las principales recomendaciones sobre economías criminales realizadas por quienes han estudiado el fenómeno en el Ecuador: control de armas, fortalecimiento de la UAFE, del sistema de administración de justicia y la inteligencia financiera, trazabilidad del oro, cumplimiento del Acuerdo de Minamata, sobre mercurio, estricta regulación de maquinaria usada en la minería “ilegal”, control del sistema financiero y de las compañías constituidas en Ecuador, depuración de la fuerza pública, inversión social, entre otras.” (Organizaciones de derechos humanos, 2025)

El retorno de Hobbes y Schmitt

“Mientras Hobbes ve el miedo como fundador del orden, Schmitt ve la enemistad como motor de la decisión soberana. En las democracias actuales, ambas lógicas se mezclan. El miedo justifica la centralización del poder y la enemistad define quién debe ser expulsado del cuerpo político, como a modo de ejemplo, los inmigrantes como amenaza cultural. (…) Si el miedo legitima el poder centralizado y la relación amigo-enemigo fragmenta el cuerpo político, la soberanía contemporánea opera en una zona gris entre democracia y autocracia.” (Junges, 2025, pág. Traducción propia)

No se trata de un simple problema teórico, ni únicamente de la actuación del poder desde arriba, de la acción del Estado, sino que se va construyendo una cultura thanatopolítica, la naturalización del terror del Estado, como sentido común en una democracia plebiscitaria para combatir la inseguridad y el narcotráfico.

Un proceso en el que se articulan los comportamientos y goces de los individuos, las dinámicas del deseo, los miedos y las angustias de los sujetos, con las normas y las formas de vida en la sociedad, las dinámicas del poder, las estrategias de atemorizamiento y terror. La violencia como una “experiencia” dentro de la dirección cultural de nuestra sociedad, como un campo a partir del cual se forma una “matriz de conocimientos”, una matriz de “normas de comportamiento” de los diversos actores ante ese fenómeno, y una matriz de normalidad y anormalidad, en la que se delinea los modos de ser del sujeto, la legitimación de los conocimientos y los comportamientos. La segurización del poder y de la vida es la otra cara del empresario-de-sí-mismo. (Foucault, 2009)

En el momento en que el miedo del individuo da paso a la aceptación del terror para los otros, se abren los cauces para formas proto-fascista de poder y de funcionamiento del Estado, la normalización de la violencia y la respuesta autoritaria. Desaparecen los contratos sociales en torno a la igualdad ante la ley, el sustento del Estado-de-derecho; la vieja metáfora hobbesiana del Leviatán se hace carne, y ordena los modos de existencia de los sujetos posibles. El deseo se proyecta en un ejercicio de poder sádico, el goce del sufrimiento del otro.

El comportamiento del Estado y de sectores de la sociedad ante la desaparición y asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas el 8 de diciembre de 2024, marca el punto de inflexión, el traspaso de líneas rojas en esta dirección.

Trabajos citados

Agamben, G. (26 de Mayo de 2016). Del Estado de Derecho al Estado de Seguridad. Obtenido de Artillería inmanente: https://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2018-10/AgambenDelEstadodederechoalEstadodeseguridad.pdf

Ferrajoli, L. (2010). Democracia y garantismo, Madrid: Trotta, 2010 (2ª Ed.) (Segunda ed.). Madrid: Trotta.

Foucault, M. (2009). El gobierno de sí y de los otros. Curso en el Colegio de Francia (1982-1983) (Primera Edición Española ed.). (H. Pons, Trad.) Buenos Aires: Fondo de Cultura Ecómica.

Foucault, M. (2009). Seguridad, territorio, población. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Han, B.-C. (2011). Topologia de la violencia. España: Herder Editorial.

Jakobs, G., & Cancio Meliá, M. (2006). Derecho penal del Enemigo (Segunda ed.). Navarra: Arazandi.

Junges, M. R. (26 de Mayo de 2025). Hobbes e Schmitt e a soberania como fundamento da política autoritária contemporânea. Instituto Humanitas Unisinos – IHU. Obtenido de https://www.ihu.unisinos.br/652284-hobbes-e-schmitt-e-a-soberania-como-fundamento-da-politica-autoritaria-contemporanea-artigo-de-marcia-rosane-junges?utm_campaign=newsletter_ihu__26-05-2025&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). (Enero de 2024). Estudio de sentencias por lavado de activos en Ecuador 2020–2022, . Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF). Obtenido de https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2023/11/ESTUDIO-DE-SENTENCIA

Organizaciones de derechos humanos. (20 de Mayo de 2025). Pronunciamiento de las Organizaciones de Derechos Humanos: Rechazamos el proyecto de Ley “económico-urgente” propuesto por Presidente Noboa que pretende instaurar un terrorismo de Estado dejando intactas y blindadas las economías criminales.

Plan V. (20 de Enero de 2025). 56 exportadores sin rastro vendieron oro por más de 1.300 millones desde Ecuador. Plan V. Obtenido de https://planv.com.ec/investigacion/oro-sin-rastro-x-mas-1300millones-ecuador/

Rodríguez, F. (21 de Mayo de 2025). La Plan de Noboa. Primicias. Obtenido de https://www.primicias.ec/opinion/felipe-rodriguez-moreno/plan-daniel-noboa-ley-economias-criminales-reformas-penales-96681/?utm_source=facebook&utm_medium=social&fbclid=IwQ0xDSwKarDNleHRuA2FlbQIxMQABHtfofeQn2G0CRXQiyTWY9ma0OI5eA-icDbrVAz31W36qgPCFaItaIMe5

Schmitt, C. (2009). Teología Política. (F. Conde, & J. Navarro, Trads.) Madrid: Trotta.

Napoleón Saltos: Doctor en Estudios Políticos y Constitucionales. Profesor de Sociología Jurídica en Maestrías de Derecho Constitucional en la Universidad Central y Universidad Tecnológica Indoamericana (2017-2023)

Decenas de waoranis, hombres, mujeres, ancianos y hasta niños, llegaron a Quito, el 13 de mayo de este año luego de caminar por varios días desde sus hogares en la selva, para expresar sus inquietudes a las autoridades de la Corte Constitucional y al gobierno de Daniel Noboa sobre lo que pasaría si se entregaran millones de hectáreas de su territorio en la Ronda sudoriente a las compañías petroleras. La extracción de petróleo ya ha causado desastres insalvables en la ecología amazónica y en los waoranis que ahora piden que los jueces escuchen sus exigencias antes de emitir jurisprudencia y que se respete su derecho admitido en la Constitución, a una consulta previa, libre e informada (INREDH).

No es la primera vez que vinimos, dijeron; sin embargo, los señores de la Corte nunca han visitado las comunidades indígenas, ni se han comunicado con los líderes de las comunidades.  

   El mundo de los waoranis es fascinante. No solo por el bosque, sino también por las cascadas, los ríos, los animales y los relatos que se cuentan o se cantan diariamente tienen su propio espíritu. La gente extraña a este mundo  (misioneros evangélicos, caucheros, madereros, empresas internacionales y nacionales) han destruido la selva, ahuyentado a los animales, contaminado el aire y el agua; han traído enfermedades desconocidas y han negado la existencia de su dios creador, Wen Gongui (El que trae flores en cintas de algodón y crea con la palabra).

En un tiempo los waorani eran un pueblo numeroso, pero amargas experiencias han hecho que algunos grupos del mismo pueblo waorani -los tagaeri y los taromenane- se hayan internado en la jungla profunda y no quieran tener comunicación con sus parientes resignados al trato desigual con extraños que tienen intereses económicos particulares.

Comienza un nuevo período de gobierno en Ecuador. ¿Qué pasará con los waorani dejados de lado por el Estado? Escucharán los gobernantes la protesta de un pueblo en peligro de extinción y que defiende su entorno vital  proclamando ¡Omere goronte enamai!    

Ileana Almeida: Filóloga, profesora universitaria y escritora. Entre sus libros figura Mitos cosmogónicos de los pueblos indígenas del Ecuador.

ORO CONVERSATORIO: A 50 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO MILITAR
Los desafíos y tareas del anarquismo

Viernes 30 de septiembre // 18:00 hrs
Lugar: Vicuña Mackenna 636 - TRASOL

Viernes 6 de octubre // 18:00 hrs
Lugar: Calle Clave 437 - FLORA

Organizan:
Asamblea Anarquista Valparaíso
Federación Anarquista Santiago

En estos días se conmemoran 50 años del golpe de Estado que dio rienda suelta al terrorismo estatal y patronal, significando años de persecución, tortura, violación y desaparición. Sin embargo, queremos iniciar este documento con un balance de la experiencia desarrollada en los años previos al inicio de la dictadura cívico-militar. Aquel periodo suele asociarse al gobierno de Salvador Allende y a su “vía chilena al socialismo”, no pretendemos extendernos en las claras distancias políticas e ideológicas que nos separan del gobierno de la Unidad Popular (UP), toda vez que lo consideramos un proyecto de modernización capitalista que impulsó la conciliación de clase y el fortalecimiento de los mecanismos estatales de dominación, terminando en el dramático escenario de la dictadura que supuso la pulverización del tejido comunitario, la destrucción de la organización social, el asesinato y tormentos de miles de militantes populares y una profundización en la precarización de nuestras vidas latente hasta el presente.

Por lo tanto, quisiéramos enfatizar en el proceso que se tejía por debajo de las direcciones partidarias, aquel fenómeno que no seguía las pautas de la institucionalidad burguesa y supuso una verdadera amenaza para el orden del Estado y el Capital; hablamos de lxs pobladorxs en las tomas de terrenos y en las Juntas de Abastecimiento Popular, nos referimos a lxs obrerxs en los Cordones Industriales, pensamos en lxs campesinxs en las tomas de fundos y en la alegría popular corriendo el cerco de lo posible, nos referirnos al Poder Popular. Esta capacidad desarrollada por diversos sectores de la clase oprimida, supuso un ejercicio de audacia tremendamente valioso, ya que, en el desarrollo de esta fuerza popular se gestaba una potencialidad capaz de sobrepasar al Estado y plantear un escenario abierto y favorable en la lucha de clases, de allí que el gobierno de Allende no escatimó recursos en iniciar un proceso de institucionalización, cooptación e incluso represión sobre estas expresiones, tratando de desactivar aquella potencia de ruptura revolucionaria.

Sin embargo, no son solo causas “externas” las que debilitaron esta rica experiencia, sino también errores y límites internos que no pudieron ser superados allí donde se apura la historia. El primer traspié fue el burocratismo que operaba sobre las bases populares a partir del comportamiento parasitario de las instituciones estatales y los partidos políticos de la UP, cuestión que se reflejó en la obediencia de las bases a los lineamientos gubernamentales, temiendo, incluso, pasar por encima de Allende aun cuando las fuerzas reaccionarias se preparaban para iniciar el exterminio. Si bien el desarrollo del Poder Popular no es impulsado por el gobierno de la UP, rápidamente, la burocracia institucional inicia un proceso para su cooptación y debilitamiento, por eso, la lección es que ninguna fuerza social puede someterse a un marco gubernamental: el Poder Popular es antiestatal o no será, por tanto, es ineludible rebasar aquellas propuestas políticas que pretenden subyugar el protagonismo de las bases a lineamientos institucionales, tal como hoy ocurre con muchísimos empeños sociales que están completamente sometidos al gobierno de Boric, iniciando procesos de desmovilización y silencio cómplice ante el avance de su agenda represiva, precarizadora y extractivista. La organización popular no debe jamás confiar en un gobierno cualquiera sea su color o signo político, ya que, en la sobrevivencia y fortalecimiento de los pilares de la dominación está nuestra derrota.

El segundo traspié fue la débil coordinación de las diversas experiencias del Poder Popular, dado fundamentalmente por el sectarismo y la política de trinchera de los partidos de izquierda. Estamos convencidxs de que los procesos revolucionarios no le pertenecen a ninguna ideología, partido o movimiento político, más bien, son de lxs oprimidxs que buscan dejar de serlo, por ello, es necesaria la coordinación de los diversos esfuerzos que pretenden trazar el camino de la emancipación, desde perspectivas antiestatales, anticapitalistas y despatriarcalizadoras. Dicha coordinación debe realizarse desde las organizaciones sociales a partir de sus experiencias de lucha, dejando de lado los discursos identitarios y paternalistas. Lo anterior, nos permitirá dotar de perspectiva las luchas del presente y desarrollar, en conjunto con las expresiones organizativas de la clase oprimida, una fuerza capaz de romper el actual tránsito histórico, desechando los atajos institucionales y los personalismos mesiánicos que se nos presentan como barreras en nuestro camino hacia la libertad.

Ya lo dijimos antes, más allá del proyecto de la UP y de la cara institucional de los procesos políticos vividos en los cuales se inscribe el espectacular bombardeo a la Moneda, pensamos que lo que finalmente movilizó el complot golpista cívico-militar fueron las capacidades que mostraron las capas populares y oprimidas de tomar el destino de sus vidas con sus propias manos. Estas capacidades fueron gestadas y desarrolladas en décadas de lucha, constituidas a partir de los aprendizajes colectivos de nuestra clase, desde, al menos, los albores del siglo XX en los centros urbanos y mucho antes por las comunidades en resistencia a las diversas dimensiones de la colonización. Esta capacidad hizo posible la generación de fuerza social organizada que puso a temblar a la clase dominante y a los intereses imperialistas, quienes desataron toda su crueldad contra este protagonismo popular que comenzaba a escribir una nueva historia.

El terror fue desatado sistemáticamente desde el Estado y cayó la noche sobre la alegría de los pueblos. La contra revolución capitalista se abrió paso brutalmente con una imparable avanzada de muerte, tortura, violencia sexual y desaparición forzada, a la vez que llevaba a cabo la misión estratégica de desarticular todas las expresiones comunitarias en donde la vida fuera resuelta de manera solidaria, colectiva y en autogestión. La dictadura cívico-militar se desplegó tácticamente en múltiples dimensiones para sembrar el miedo en la sociedad, con el fin de desmantelar la fuerza social organizada que había hecho posible la experiencia socialista en la región chilena. Estos procesos de desmantelamiento político, social y emocional de gran parte de la clase organizada han provocado una herida colectiva, profunda y traumática, herida que la impunidad y los pactos de silencio institucionales mantienen abierta hasta el día de hoy y que ha traído múltiples consecuencias en la experiencia vital colectiva de todxs quienes hemos crecido en estos territorios los últimos 50 años y más.

La reestructuración capitalista que instauró el golpe y posterior dictadura cívico-militar se tradujo en una serie de rearticulaciones económicas y políticas, las cuales se transformaron en los pilares del sistema económico que heredamos de la dictadura y que los gobiernos de los 30 años han consolidado. Todas ellas han tenido efectos directos en nuestras experiencias vitales compartidas: la reconfiguración de las ciudades a través de la expulsión de lxs pobladorxs de los centros hacia las periferias y el desarrollo de la ciudad neoliberal, el freno de la reforma agraria y la continuidad del antiguo latifundio a través de un modelo agroexportador y el fomento del negocio forestal, el abandono de la educación y la salud pública, la creación de las AFP, la privatización del agua y, en general, la instauración de un modelo neoliberal y extractivista anclado a los deseos de consumo del norte global y los intereses de la clase dominante.

Como planteábamos anteriormente, todos estos mecanismos de terror y precarización de la vida humana y no humana, sumados al acceso al mundo de las cosas, el consumo y el crédito, han permeado capas más profundas de las comunidades y las personas, atomizando e individualizando las experiencias comunes y reduciendo la socialización humana a espacios de consumo y mercado. Nos han educado en la competencia y la violencia para sobrevivir, bajo la premisa del desarrollo y superación personal en base al esfuerzo. Nos han aislado a lxs unxs de lxs otrxs para mantenernos en sensación de soledad y tristeza persiguiendo un modelo de éxito individual que poco conoce del goce de las alegrías y las penas compartidas.

Enfrentadxs a esta devastación ecológica y social de los 50 años de implementación de un programa de muerte y desarticulación de las comunidades, no nos basta con contemplar la derrota de un proyecto institucional ni con reconocer el profundo daño que cargamos como una maldición que pareciera irremediable, porque en medio del despojo, han resistido y germinado diversas experiencias de organización y solidaridad popular como la lucha por la vivienda, las ollas comunes, la colectivización de los cuidados de la niñez, los múltiples espacios comunitarios culturales y deportivos, las luchas anti patriarcales, la defensa y cuidado de los ecosistemas, la lucha mapuche, la resistencia de las comunidades migrantes, entre muchas otras que apuestan por vidas dignas. Estos espacios de acumulación de fuerza, experimentación de formas orgánicas y métodos de lucha son aprendizaje y sabiduría práctica para disputar el presente y construir el futuro.

​​​​​​​Hoy, a 50 años de aquel dramático martes 11 de septiembre, desde el anarquismo no solo tenemos mucho que reflexionar, también debemos comenzar a romper con la inacción y el inmovilismo. Frente a los sectores pusilánimes que nos gobiernan, incapaces de defender a sus propios muertxs ante el avance de los discursos y acciones negacionistas de la derecha reaccionara, es fundamental asumir un rol protagónico en la batalla ideológica que hoy se libra, con lenguajes, narrativas, metodologías y herramientas que nos permitan salir del “gueto”. Si nuestras ideas no se enraízan en nuestra clase, otras lo hacen y, con esto, no pretendemos que todxs lxs oprimidxs se reivindiquen como anarquistas, más bien, buscamos que valores como la solidaridad, el apoyo mutuo, la acción directa y el antiautoritarismo se constituyan en la base de las relaciones sociales de nuestras comunidades, por ello, es fundamental hacer retroceder las ideas y prácticas promovidas por la burguesía, ya sea en su modalidad fascista, liberal o progresista.

Por otro lado, concebimos al anarquismo social y organizado como una caja de herramientas y, como tal, se demanda su uso, por ello es que apostamos por superar las posturas identitarias y sectarias, abrazando la organización social y la construcción comunitaria de poder popular. De esta manera pretendemos desarrollar la fuerza necesaria para destruir la sociedad de clases y la mercantilización de la vida, desplegando una capacidad organizativa que ponga en el centro el protagonismo popular y se oponga a cualquier proyecto personalista, reformista y de conciliación de clases. El anarquismo debe y puede retornar a las luchas sociales y a la organización territorial, no somos ajenxs a las realidades del campo popular porque también somos pobladorxs y  trabajadorxs que luchan por vidas libres y dignas, por eso, seamos hoy parte del fortalecimiento organizativo y de la necesaria coordinación de aquellas luchas libradas por diversos sectores de nuestra clase.

Finalmente, reconocemos que es necesario romper con la falsa oposición entre Estado y Mercado, apostando por construir una alternativa popular con foco en la reproducción de la vida que, desde la gestión comunitaria, prefigure aquella nueva y buena vida que buscamos, a partir de la autonomía y de un programa antiestatal, anticapitalista y con una perspectiva despatriarcalizadora. Resistir no significa soportar los oscuros tiempos aferrándonos a nuestras convicciones, más bien es transformar nuestra realidad, organizarnos comunitariamente, sin retroceder ante las contradicciones y amarguras de la situación actual. Confiamos en que la memoria, la lucha y la organización popular nos acercan a la emancipación y a la construcción de comunidades más sanas, más alegres, más dignas.​​​​​​​

A pesar de los golpes y las heridas: ¡organizadxs y en comunidad luchamos por la vida!
Asamblea Anarquista de Valparaíso - Federación Anarquista de Santiago

Era otoño la última vez que entregábamos un posicionamiento público, allí advertíamos el duro invierno que se avecinaba, acentuado por la precarización de la vida que nos afecta como clase oprimida, hoy, en medio del periodo invernal, aquellas palabras han tomado un duro peso.

Recordemos el colapso hospitalario sufrido a comienzos de junio que afectó, especialmente, a bebés y niñxs contagiadxs con virus sincicial, situación que provocó la muerte de, al menos, 6 de ellxs, esta información es tremendamente cuestionable, ya que, una vez que las cámaras de televisión quitaron del foco la situación pediátrica, se dejaron de contar e informar los fallecimientos. Uno de los casos tuvo lugar en el puerto de San Antonio, donde una lactante falleció debido a la falta de camas críticas necesarias para la gravedad de su cuadro, sin embargo, tal disponibilidad de camas si existía y fue la nefasta gestión del Ministerio de Salud la que impidió el acceso a la misma, siendo cómplices del fallecimiento de la bebé y, como si lo anterior no fuese suficiente, el ministerio lanzaban afirmaciones macabras como que “era difícil (que la lactante) hubiese sobrevivido”, denotando una total falta de empatía con su familia y explicitando que la vida de lxs pobres a este gobierno no le interesa en lo más mínimo. Dentro de este marco, el gobierno que afirma tener un “compromiso por los cuidados” se ha negado a extender el posnatal de emergencia, protegiendo los intereses productivos y empresariales.

Pocas semanas después, tuvimos, en la zona centro-sur del territorio, vientos y lluvias que significaron inundaciones, deslizamientos de tierras, crecidas de ríos, muerte y destrucción de vidas humanas y no humanas. El drama vivido es consecuencia de la crisis ecológica que transita nuestro planeta, el cual, ha alcanzado temperaturas jamás registradas, produciendo escenarios que ponen en vilo la sostenibilidad de la vida. Como hemos señalado, la verdadera catástrofe es el capitalismo y el patriarcado, elementos estructurantes del sistema de dominación que mientras sigan en pie, sepultan nuestras posibilidades de construir una vida libre. Mientras tanto, en el territorio que habitamos, el patrón de acumulación vía extractivismo goza de buena salud y el gobierno progresista se ha encargado de que aquello continúe así. La revolución es el último freno de emergencia que tenemos para detener el avance de esta máquina enferma.

Por otro lado, la corrupción en el gobierno se ha hecho visible y estos adalides de las buenas prácticas, aquellos que serían “la tumba del neoliberalismo”, han utilizado el sistema subsidiario para enriquecerse de la manera más tramposa posible. El “caso Democracia Viva” es un claro ejemplo de cómo la oposición Estado y Mercado es artificial, es por ello que como organización política apostamos por superar ambos espacios de mercantilización y control de nuestras vidas y territorios. Ahora bien, no solo los partidos de gobierno están detrás de recursos públicos, también muchas organizaciones sociales que se han puesto en fila para recibir cargos administrativos, recursos y favores políticos a cambio de su total domesticación y la cancelación de la movilización. Esta orientación estatista y clientelar a lo que ha contribuido es a sostener las políticas represivas de la socialdemocracia, así como a extender la desorientación en el campo popular, dinamitando la autonomía de las organizaciones sociales y colocándolas en función de un gobierno que le abre las puertas al pinochetismo y a otras fuerzas reaccionarias.

La consolidación de la restauración conservadora avanza rampante, hace pocas semanas hemos sufrido, como clase oprimida, el lamentable fallecimiento de Jorge Salvo, quien durante la revuelta social sufrió la mutilación de uno de sus ojos, producto de la represión de la nefasta institución de los pacos. Jorge fue completamente abandonado por este gobierno que llegó a la Moneda prometiendo justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de octubre en adelante, sin embargo, Boric ha avanzado en un sentido completamente distinto: fortaleciendo la impunidad policial y promoviendo el olvido, cuestiones auspiciadas por la “Ley Naín-Retamal” y por la eliminación de la otrora “Plaza de la Dignidad”. Pero no solo en el gobierno se manifiestan estas pulsiones cavernarias, también en el Congreso, el cual, se encuentra legislando la “Ley Anti Toma” que no solo criminaliza a lxs habitantes de campamentos o a lxs peñis que ejercen control territorial en el Wallmapu, también faculta a los propietarios de tales terrenos a ejercer una “legítima defensa privilegiada”, posibilitando la formación de grupos paramilitares que atentan directamente contra estas legítimas luchas. El poder judicial no se queda atrás y pretende encarcelar por más de 150 años a Francisco del Solar y a más de 25 a Mónica Caballero, cuestión que da cuenta de una clara venganza judicial en castigo a sus posiciones y prácticas anarquistas. Finalmente, el nuevo Consejo Constitucional, dominado por la extrema derecha, pretende excarcelar a los agentes de Estado que han sido declarados culpables por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura de Pinochet y también buscan restringir constitucionalmente el aborto en tres causales. Como vemos, el Estado en toda forma se posiciona en torno a la barbarie represiva. De la misma manera, las expresiones de xenofobia, racismo y nacionalismo abundan en nuestra clase, claro ejemplo de aquello es el asesinato de un migrante colombiano en situación de calle por parte de miembros de la Armada o el caso de esclavitud que afectó a ocho migrantes haitianos por parte del empresario Jaime Cabrera. Ambos hechos no concitaron mayor interés, no se desarrollaron manifestaciones espontáneas, ni “velatones”, dando cuenta del grado de descomposición que abunda en los sectores populares, es allí donde la disputa ideológica es apremiante.

Pero allí, en la cornisa, es donde aflora el conflicto y sus posibilidades. Es urgente la recomposición y rearticulación de la militancia política en luchas sociales, el trabajo político sin estar inserto en las luchas de nuestra clase carece de proyección y limita su posibilidad de antagonismo. La superación de la sociedad de clases, la abolición del Estado y la propiedad, la destrucción del capitalismo y del patriarcado comienza en el fortalecimiento de la organización popular, surge de la acción directa y anida en las comunidades organizadas. En este marco, nuestra organización política anarquista cumple cuatro años desde su fundación, nuestro compromiso con la lucha por la emancipación de la clase oprimida sigue intacto, nuestra tarea de enraizar el anarquismo en los sectores populares aún está pendiente, nuestra convicción en la organización y la acción directa es inclaudicable. A sacudirse la derrota, la desesperanza y la depresión post revuelta, hay un futuro que disputar.