Raquel Alarcón dirige una producción del Centro Dramático Nacional que recupera la obra cumbre de Josefina Aldecoa, en la que se cuentan las vicisitudes personales de una maestra graduada en 1923 y la situación sociopolítica del país hasta la guerra civil.Este reportaje forma parte del dossier dedicado al Sáhara Occidental publicado en #LaMarea108. Puedes descargarte gratuitamente la revista aquí o suscribirte para recibir los próximos números y seguir apoyando el periodismo independiente.
La última semana de septiembre de 2024, los periódicos amanecieron con el titular de que el Ministerio del Interior había denegado la solicitud de asilo internacional a los 10 activistas saharauis que la habían solicitado en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Poco después, todos ellos fueron devueltos a Marruecos. Si son detenidos allí, encontrarán aislamiento, torturas y un abuso continuo de su dignidad, según denuncian diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos, a quienes, por otra parte, se les niega el acceso al país.
Hassanna Abba Moulay es el responsable de Relaciones Exteriores de la organización independiente Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS), donde tienen contabilizados a 32 presos políticos saharauis. El detenido que lleva más tiempo encarcelado es Salek El Aseriy, en prisión desde 2004. Moulay habla desde El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental ocupado. Él mismo se encarga de tramitar las denuncias de vulneración de derechos ante las Naciones Unidas. «La situación de los presos saharauis es grave y se deteriora constantemente a pesar de las resoluciones emitidas. El Estado marroquí las ignora sistemáticamente», relata.
Este defensor de los derechos humanos afirma que las prácticas de represalia se han intensificado en los últimos años. Entre estas prácticas, recalca, está la denegación de tratamiento médico y asistencia sanitaria, el confinamiento en régimen de aislamiento prolongado (incluso durante años), la restricción o denegación de visitas familiares y el traslado de los presos a cárceles remotas lejos de sus allegados.
Moulay señala que la principal razón para el encarcelamiento de civiles saharauis es «su activismo pacífico en apoyo de la autodeterminación y su rechazo a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental». Él mismo recuerda que desde el inicio de la Intifada por la Independencia en 2005, el pueblo saharaui ha adoptado la resistencia civil no violenta como forma de lucha. Sin embargo, Marruecos ha respondido con «una represión brutal», apuntilla.
Esta represión se ha materializado en la detención de defensores de derechos humanos y periodistas, el enjuiciamiento militar de civiles, montajes policiales y el uso de confesiones obtenidas bajo tortura como prueba en los tribunales, así como la persecución de todos aquellos que documentan las violaciones o denuncian el saqueo de los recursos naturales en el territorio ocupado. Según denuncia, «Marruecos utiliza su sistema judicial como herramienta política para silenciar las voces disidentes y suprimir la libertad de expresión».
Los presos saharauis son objeto de un trato racista y discriminatorio en comparación con los presos marroquíes, además de estar expuestos a la tortura física y psicológica, «especialmente en respuesta a cualquier reivindicación de sus derechos», explica Moulay. Este activista también incide en que se les confiscan libros y correspondencia personal, y se les deniega el acceso a medios de comunicación.
Además, el Estado marroquí «incita a los presos comunes contra ellos, creando un ambiente de amenazas y violencia constantes». Todas estas acciones, defiende el propio Moulay, «no son meramente punitivas, sino que están diseñadas para quebrantar su espíritu y disuadirles de continuar su lucha pacífica dentro de la prisión».
En los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) está Mahfud Bechri, colaborador de Novact, una organización catalana en defensa de los derechos humanos, e integrante de Western Sahara is Not for Sale: «Los únicos contactos que tenemos con los presos son a través de sus familias, que de forma directa e indirecta también sufren la detención de sus seres queridos». Este activista subraya que la prisión más cercana con presos saharauis está a casi 1.000 kilómetros de El Aaiún.
Bechri critica que Marruecos niega la condición de presos políticos a los 60 saharauis encarcelados que asegura tener localizados en la actualidad. Esta realidad crea un caldo de cultivo condimentado con un miedo enorme que sufre el pueblo saharaui a la hora de reivindicar su derecho de autodeterminación, amparado por la ONU. «Muchos activistas me han dicho que prefieren dar un paso atrás por el daño que el Estado marroquí puede hacer a sus familias, a quienes estrangulan económicamente o les allanan la casa», comenta.
En este sentido, Moulay enfatiza que el papel de las organizaciones internacionales es «crucial» a la hora de supervisar las violaciones cometidas contra los presos saharauis. Alfonso López, coordinador de la estrategia de trabajo para el norte de África en Amnistía Internacional (AI), denuncia que no se les permite el paso a Marruecos para poder investigar lo que sucede en sus cárceles. «Y mucho menos ir al Sáhara Occidental», detalla.
Este miembro de AI destaca que «los presos saharauis están sometidos a un hostigamiento continuo» mientras que «Marruecos actúa sin ningún tipo de oposición por parte de ninguna autoridad que pueda vigilar si se respetan los derechos humanos en su territorio».
Así, se suceden las violaciones de derechos por parte de un Marruecos que no se somete a ningún control internacional. Mientras tanto, los integrantes de la LPPS siguen poniendo en riesgo incluso su vida para reclamar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos saharauis; el reconocimiento de que sus juicios fueron ilegales, basados en pruebas obtenidas bajo tortura o falsificadas; la apertura de una investigación internacional independiente sobre las circunstancias de su detención, encarcelamiento y juicio; y una mejora de las condiciones carcelarias hasta su liberación.
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Sabía que a través de la educación correcta, una en la que hubiera espacio para el disfrute, la exploración, la higiene, el deporte y la ciencia al servicio de la clase obrera, un mundo nuevo podría florecer de los corazones de los niños y las niñas. Por eso creó la Escuela Moderna en Barcelona, que funcionó de 1901 a 1906. Francisco Ferrer Guardia, pedagogo, republicano, anarquista, ateo, masón, murió fusilado el 13 de octubre de 1909 tras someterse a un juicio en el que no se respetaron sus garantías procesales. Falsamente acusado de instigar la revuelta barcelonesa entre julio y agosto de ese año contra el alistamiento obligatorio para la guerra de Marruecos, la Justicia arrebató a España una de sus mentes más innovadoras, y peligrosas para el régimen.
Ahora, el Teatro La Abadía de Madrid recupera la vida de Ferrer Guardia en una obra original escrita por el dramaturgo belga Jean-Claude Idée y adaptada por José Luis Gómez. La función no rehúye ninguno de los pasajes más señeros de la vida del pedagogo a través de la interpretación de un elenco formado por Ernesto Arias, Jesús Barranco, David Luque y Lidia Otón. Todos ellos ocupan las tablas coronados por una gran campana que pende de la cúpula de La Abadía y en un continuo juego de pupitres convertidos en bancos de celda, bancos de iglesia y bancos de tribunal, sobre un suelo de arena negra y frente a una pared enladrillada.
Según introduce Gómez, director de la obra y académico de la RAE, la Escuela Moderna fue entendida por los poderes como algo peligroso porque hacía que los niños y niñas fueran educados de forma laica, en la misma clase pobres y ricos, sin distinción de sexos, todas y todos enseñados desde la libertad y sin castigos. “Buscaba formar personas libres, justas, alegres, capaces de tener un sentido crítico de la vida y que trabajaran por una sociedad mejor”, tal y como respondió a EFE, uno de los poquísimos medios que ha atendido debido a su elevada edad de 86 años.
El director sintetiza la vocación de la Escuela Moderna en unas palabras pronunciadas por el propio Ferrer Guardia sobre el escenario: “Debe proteger al niño de todo dogma y de toda idea preconcebida. Ayudarle a convertirse en una persona instruida, sincera, justa y libre, capaz de entender que no hay deber sin derecho, ni derecho sin deber”.
La clásica del pensamiento anarquista Emma Goldman se retrotrae todavía más a la hora de comentar cómo crear una juventud libre y sana: “Sólo cuando las necesidades materiales, la higiene del hogar y el ambiente intelectual son armoniosos, puede el niño crecer como un ser saludable y libre”, escribió en un artículo que dedica a este proyecto educativo publicado en 1911 en Mother Earth y recogido en La palabra como arma.
Pere Solà, catedrático emérito de Historia de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), explica que los alumnos de la Escuela Moderna eran hijos de funcionarios o sindicalistas, lo que él considera “aristocracia obrera”. Sin embargo, Ferrer Guardia también impulsó las clases para adultos, que en muchos casos se realizaban en horario nocturno. “Dio un gran impulso a la hora de concebir la educación como la palanca esencial para el cambio social, algo que entendieron muy bien los anarcosindicalistas, que replicaron estas escuelas racionalistas”, añade este especialista, autor de El cuaderno de celda de Ferrer Guardia.
Las ideas de Ferrer Guardia preconizaban un mundo de igualdad, fraternidad y libertad, los principios humanistas en los que basaba sus métodos educativos, ligados a la doctrina de Rousseau, que con tanto entusiasmo admiraba. Según apunta Caterina Lloret, profesora de la Universidad de Barcelona ya fallecida, en el prólogo de La Escuela Moderna (El Viejo Topo, 2016), en donde el también escritor plasmó sus más grandes aspiraciones educativas, la peligrosidad social que representaba para el régimen monárquico estaba enraizada en algunos preceptos de su pensamiento: denuncia de los aspectos más retrógrados y opresivos de la Iglesia y del Estado; introducción del darwinismo y del pensamiento evolucionista en el estudio de las ciencias; y antimilitarismo.
Su impronta continuó muchos años después de la clausura de la Escuela de la calle Bailén, que se efectuó por motivos no relacionados con la enseñanza. Aquí jugó un papel determinante la Editorial de la Escuela Moderna, espacio en el que colaboraban otros teóricos del anarquismo como Anselmo Lorenzo y de donde salían unos textos que pretendían acercar al niño a la vida real, que le aportasen elementos de crítica social y que recogieran los avances de la renovación pedagógica, determina Lloret.
De este modo, el obrar del catalán siempre estuvo marcado por la idea de que la educación era un factor político de primer orden. Y eso fue lo que lo condenó. En 1909, el Gobierno dirigido por el conservador Antonio Maura y la monarquía consiguieron lo que más ansiaban: una excusa torticera para apresarlo y fusilarlo. La Semana Trágica de Barcelona comenzó en julio por la sublevación de las gentes más pobres que se negaban a ir a la guerra de Marruecos, de la que los más ricos sí podían librarse. Lo acusaron de instigarlas. Algo parecido ya habían intentado en 1906, cuando el anarquista Mateo Morral, antiguo alumno de la Escuela Moderna, atentó contra Alfonso XIII el día de su boda, el 31 de mayo.
El Ministerio de la Gobernación se sentía orgulloso de la detención. Tal y como recoge Vida, proceso y muerte de Francisco Ferrer Guardia (William Archer, 2010), dieron abundantes recompensas a sus supuestos captores. El alcalde de Alella, pueblo natal de Ferrer Guardia, fue nombrado comandante de la Orden de Isabel la Católica, a lo que se sumaron otros homenajes, distinciones y dinero en efectivo que fue a parar a hasta ocho personas que aseguraron haber participado en el arresto del pedagogo, que en el momento de su detención tenía por toda arma una cámara fotográfica.
El Gobierno decidió someter al pedagogo a un juicio militar en el que no se respetaron las garantías a las que tenía derecho como acusado. Señalamientos falaces, testimonios tergiversados y pruebas falsas condujeron a Ferrer Guardia a una condena preestablecida de antemano: la pena de muerte. Ni siquiera los esfuerzos ímprobos y hasta cierto punto llamativos de su abogado defensor, también militar, consiguieron salvarlo. Murió asesinado, fusilado, en Montjuic el 13 de octubre de 1909. Le permitieron morir de pie, aunque no lo dejaron hacerlo con los ojos destapados. Maura, presidente del Gobierno, tuvo que dimitir a finales de 1909 por la represión ejercida contra los obreros barceloneses y, en particular, contra el pedagogo.
“En realidad, lo juzgaron por toda una trayectoria personal y su actividad política a través de la educación. En cierto modo, se le acusó de ser el corruptor de la juventud a través de la educación”, sintetiza Solà. Goldman también escribió sobre el desenlace fatal: “Francisco Ferrer quedó marcado. Desde el día de la apertura de la escuela, fue vigilado. El edificio de la escuela fue acechado; su pequeña casa en Mangat fue acechada. Se le seguía cada movimiento, incluso cuando acudía a Francia o Inglaterra para conferenciar con sus colegas. Fue un hombre marcado, y sólo era cuestión de tiempo que el acechante enemigo apretara el nudo corredizo”.
La obra dirigida por Gómez y que se podrá disfrutar en La Abadía hasta el 7 de diciembre termina con un disparo. El mismo disparo efectuado por el régimen a un hombre que intentó renovar la pedagogía desde abajo. El mismo hombre que, tras llamar Trinidad a su primera hija, se decantó por los nombres de Luz, Paz y Sol para las tres siguientes.
El actor Ernesto Arias, que encarna a Ferrer Guardia, lo dice en la obra: “Un pueblo ignorante que se subleva, aunque triunfe momentáneamente, será incapaz de conservar sus derechos”. Lo dice Goldamn en sus escritos: “La conciencia de saber que sus ejecutores representaban una era moribunda y que él era la verdad naciente, lo mantuvo en los últimos momento heroicos”. La condena injusta que recibió Ferrer Guardia todavía no ha sido revocada. Su legado dejó decenas de escuelas racionalistas que siguieron su ideario en España, Francia y Bélgica.
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La Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) reunió en torno a un millar de personas en la plaza del Campillo del Nuevo Mundo el pasado 22 de noviembre, en Madrid. Entre sus objetivos, reivindicar el legado comunista que aseguran les precede y exhibir músculo organizativo.
“Vamos a plantar cara al fascismo en cualquiera de sus formas”, señaló Marta Hernández, portavoz del Colectivo, a La Marea minutos antes del comienzo de la concentración, a las 21 horas. “Queremos reivindicar la memoria revolucionaria de las cientos de miles de trabajadoras que dieron no solo su libertad, sino su vida en muchos casos, para luchar contra la dictadura franquista”, añadió Hernández.
La movilización incluyó interpretaciones musicales y dos discursos leídos con efusividad y determinación a modo de mitin por parte de miembros de la CJS, colectivo integrado en el Movimiento Socialista. Los pronunciamientos han estado dirigidos de forma directa a explicar cómo “los trabajadores que lucharon contra el régimen franquista no lo hicieron por un régimen como el que tenemos ahora; lo hacían por un futuro en el que no hubiera explotación ni opresión de ningún tipo”, en palabras de la portavoz.
La del sábado es la primera convocatoria que la CJS realiza en materia de memoria democrática, apenas unos días después de este 20 de noviembre, cuando se han cumplido 50 años de la muerte de Francisco Franco. Tal y como ha subrayado Hernández, “como juventud trabajadora nos sentimos en la obligación de dar un paso adelante con la intención de demostrar que somos más, que estamos organizadas y vamos a combatir al fascismo donde y como haga falta”.
Desde la perspectiva esgrimida por la CJS, “el poder económico y político de la dictadura se mantiene en la burguesía actual, y aunque haya habido cierto avance en derechos y libertades, no se ha dado una ruptura plena con el régimen franquista”. Por otra parte, el aspecto memorialista ha estado presente en la movilización cuando varios militantes de la Coordinadora han exhibido los rostros de personas que fallecieron durante la transición, tales como Arturo Ruiz, Luis Montero, Yolanda González, Vicente Basanta, María Luz Nájera, Juan Mañas, Carlos González y Luis Cobo.
Por otro lado, Hernández ha asegurado que no es cierta “la idea que se quiere construir de una juventud apática, conservadora y desmovilizada”. Sin embargo, ha alertado del auge reaccionario que experimenta la sociedad en su conjunto. Así lo ha explicado: “Expresiones que durante años eran parte de la derechización de la sociedad, en momentos de crisis como estos crecen exponencialmente y se radicalizan. Lo vemos con el racismo, el clasismo o el machismo”.
Su propuesta basa sus raíces en un análisis de lo que desde la CJS denominan “crisis histórica del capitalismo y la ofensiva que conduce a un escenario de reacción y fascismo totalitario en Europa«. Por eso, consideran que “para que haya una alternativa para la clase obrera, no se puede confiar en el capitalismo ni en los partidos que lo apuntalan”. Así pues, el Colectivo ahora se enfoca en “recomponer un partido político y un programa revolucionario que permita avances reales enmarcados en la ruptura con el régimen franquista y el surgido tras la Transición”, en palabras de la portavoz.
Estos comentarios vertidos por Hernández han sido las líneas maestras que más tarde han desarrollado en los dos discursos que han retumbado en la plaza después de escuchar una versión en directo de Mami que voy pa’ la mani de Gata Cattana.
“Franco y su bando tenían un programa muy claro: aplastar a la clase trabajadora y sus esperanzas de cambio. Volver a asentar el orden capitalista amenazado. Y durante 40 años cumplió ese programa a sangre y fuego. Fue la dictadura de los señoritos, de los generales, de los obispos y los burgueses”, afirmó el primer militante del colectivo que se dirigió a los concentrados. Detrás de él, el mensaje escrito de “romper lo atado y bien atado”; delante, en torno a 1.000 personas, según la Coordinadora, que aplaudían y agitaban sus banderas rojas iluminadas por las bengalas rojas que prendieron en dos ocasiones.
Asimismo, el joven comunista también denunció la reforma política auspiciada tras la muerte del dictador en 1975: “Tras 40 años de terror franquista estas mismas élites entendieron que hacía falta un nuevo pacto social y político”. En este sentido, recordó que “la alternativa que se ofreció al pueblo trabajador fue: o monarquía parlamentaria con el heredero de Franco a la cabeza, o un nuevo golpe militar fascista”.
La oradora de la CJS, que al igual que su compañero articuló su discurso sin apenas bajar la mirada para leer los papeles, añadió que “quienes dieron su vida en las trincheras, en las fábricas, en las cárceles y en el exilio no lucharon por ver a Ábalos o Cerdán en el poder. La lucha de los que nos precedieron era una lucha por un horizonte sin cadenas, una lucha por la revolución”.
En cuanto al auge reaccionario en la sociedad, esta militante de la CJS afirmó que “la falsa política de oportunistas y burócratas luchando por sillones es la que crea el campo para el avance del fascismo”. Asimismo, se pronunció “contra el giro autoritario y la amenaza fascista, contra una vida atada a trabajar para enriquecer a nuestros jefes, contra el imperialismo genocida y sus guerras”.
El acto llegó a su fin con la interpretación por parte de un coro de algunas canciones clásicas de la Guerra Civil y del antifascismo. Entre ellas, Gallo negro gallo rojo y En la plaza de mi pueblo, esta última acompañada por las palmas y las voces de los concentrados. Eran ya las 22.15 horas cuando plegaron las banderas rojas y los asistentes vaciaron la plaza del Campillo del Nuevo Mundo.
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CUELGAMUROS (Madrid) | “Es imposible la resignificación mientras este lugar siga sacralizado, con los monjes benedictinos en su interior y con la mayor cruz cristiana de Europa”. Así se ha pronunciado Miguel Ángel Muga, presidente del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, en la protesta que ha tenido lugar esta mañana a las puertas del Valle de Cuelgamuros. Como vienen repitiendo desde hace 20 años, cuando el Foro Social de la Sierra de Guadarrama inauguró esta movilización, los colectivos han reclamado una verdadera política de memoria al Gobierno presidido por Pedro Sánchez, y han criticado el proyecto que en teoría resignificará uno de los espacios convertidos en epicentro de la apología franquista.
Los convocantes -los foros mencionados y la Comuna de Expresos y Represaliados del Franquismo, con el apoyo de la Coordinadora Antifascista de Madrid- han cifrado el seguimiento de la concentración en 120 personas, que han llegado de diversos puntos de la región. La movilización, que ha comenzado a las 12.00 horas, ha estado salpicada por gritos de “arriba España” y “viva Cristo Rey” que procedían de varios coches que pasaban por la zona; también por vivas a la república y gritos de “abajo el fascismo” proferidos por conductores de otros vehículos.
“Han aprobado dos leyes de Memoria pero la ligazón entre política e Iglesia sigue vigente con las negociaciones que ha mantenido el Gobierno con la Iglesia Católica para mantener la cruz y a los benedictinos”, ha expresado Muga a La Marea mientras los presentes, ubicados en una cuneta a unos 50 metros de la entrada al Valle, agradecían los rayos de sol que competían con el viento frío de la sierra. La concentración, liderada por una pancarta con el lema “Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo”, ha estado en todo momento flanqueada por varios coches de la Guardia Civil, y se ha situado a la entrada de una finca privada que advierte del “ganado bravo” que hay en su interior.
El presidente del Foro por la Memoria ha criticado que el proyecto La Base y la Cruz, firmado por Pereda Pérez Arquitectos y Lignum, y al que el Ejecutivo de coalición dedicará 31 millones de euros, “no es un proyecto de resignificación, sino meramente arquitectónico y de una parte del valle”. Ha basado su postura en factores como que el concurso de ideas haya sido liderado por el Ministerio de Vivienda, y no por el de Memoria Democrática.
Mientras se escuchaban cánticos como “sin memoria no hay democracia” y “los benedictinos protegen a asesinos”, Muga ha resaltado que “desde el punto de vista democrático, no existe resignificación posible si las víctimas no obtenemos justicia, verdad y reparación”. En este sentido, también ha denunciado que desde el Gobierno no se han escuchado las reivindicaciones de ninguna asociación memorialista a la hora de plantear la pretendida resignificación.
Desde el Foro por la Memoria consideran insuficientes gestos como la salida de los cuerpos de Franco y Primo de Rivera de la basílica, así como el cambio de nomenclatura, de Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros, aunque muchas de las señales de tráfico en las inmediaciones que conducen al enclave todavía no han sido renovadas. “Un espacio de memoria es lo que hay en la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, un lugar horroroso donde se torturaba y asesinaba a opositores al régimen, no lo que quieren hacer aquí”, ha comparado el mismo Muga.
Entre las principales críticas de las tres asociaciones convocantes está el mantenimiento de la gran cruz de más de 152 metros que el dictador mandó construir para coronar el enclave. “Tenemos el mayor símbolo cristiano por encima de miles de republicanos asesinados por la dictadura en crímenes de lesa humanidad, y ahora dejan que la misma orden que Franco puso en el lugar, y a la que encomendó su salvaguarda, siga en él”, ha desarrollado el activista por la memoria.
La alianza entre Iglesia y Estado, tan explotada por el franquismo y, más tarde, mantenida por diversos gobiernos de la democracia española, es otra de las cuestiones más criticadas por estas asociaciones. En palabras del mismo Muga, “un lugar sacralizado no puede ser un espacio de memoria si atendemos a la función que tuvo la Iglesia, que apoyó el golpe de Estado de 1936 y la dictadura durante casi 40 años”.
Juan Carlos Pérez, portavoz de La Comuna de presos y presas y represaliados y represaliadas por la dictadura franquista, ha añadido que se movilizan para reivindicar “que haya justicia, aunque para eso tiene que haber una recuperación de la verdad, y la verdad es lo más oculto que hay en Cuelgamuros”. Este memorialista ha recordado que la basílica y la gran cruz fueron construidas con trabajo esclavo de presos republicanos y que muchos de ellos fallecieron durante el proceso.
El propio Pérez, más conocido como Hereje, ha tildado de “timorata” la operación que ha realizado el Gobierno central: “Parece que tienen miedo a Franco. Eso prueba que el dictador murió, pero el franquismo sigue vivo”. La Comuna lleva una década asistiendo los sábados más cercanos a cada 20-N a este lugar para expresar sus reclamaciones, aunque la movilización existe desde hace 20 años, cuando comenzaron a repetirla desde el Foro Social de la Sierra de Guadarrama.
La idea de resignificar este tipo de espacios no es nueva. Daniel Palacios González, autor de ¿Quién tiene derecho al monumento? (Katakrak, 2025) junto a José María Durán Pedraño, comenta que “todo lo que se ha venido llamando resignificación no es otra cosa más que una excusa para la conservación”. Este historiador del arte sostiene que la resignificación es “una manera muy oportunista de un grupo de personas en la élite que quieren convencernos de que esa es la solución para un monumento que representa tal agravio como el Valle”.
El también investigador de la UNED defiende que “la idea de la resignificación para los colectivos de víctimas es una farsa”. Asimismo, incide en el agravio comparativo que supone el destino de más de 30 millones de euros públicos a este proyecto “mientras en el cementerio de Paterna, con uno de los conjuntos de fosas más grandes del Estado, no se puede completar su memorial porque está desfinanciado”.
Palacios afirma tajante que “si continúa existiendo la cruz y la basílica no es solo porque sobrevivan los monumentos al fascismo español, sino porque también lo hacen aquellos conglomerados económicos, jurídicos y políticos heredados de la dictadura”.
En torno a las 13.00 horas, los presentes a las puertas del Valle de Cuelgamuros han escuchado con atención las palabras que cada asociación memorialista ha preparado para la ocasión y en las que se destilaban sus principales exigencias al Ejecutivo. Miguel Montanya, integrante del Foro Social de la Sierra de Guadarrama, ha reivindicado que “no se necesita construir sobre lo ya construido, sino una destrucción de forma selectiva”. Tras las intervenciones, los concentrados han levantado el puño para entonar La Internacional.
La gente empezaba a irse del lugar cuando Muga, el presidente del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, ha declarado: “Llevamos 50 años sin Franco y 50 años de impunidad en los que algunos siguen ejerciendo ese trabajo para ir en contra de la democracia y de la gente de izquierdas, y en los que ni uno de los perpetradores franquistas ha terminado condenado por la justicia”. Un año más, en el mismo lugar de siempre, tan solo quedaba un único eco: “Somos la memoria de vuestros crímenes”.
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La normalización del uso de aplicaciones tecnológicas en las aulas sin un debate previo en profundidad ha conllevado que muchas familias se nieguen a su uso. Lo que podría parecer banal por lo extendido que está en la sociedad o lo fácil que es su manejo, adquiere una connotación problemática cuando lo que está en juego son los datos de los menores. Desde edades tempranas, las niñas y los niños se ven totalmente dirigidos hacia las plataformas estadounidenses con base en Silicon Valley.
A pesar de que los expertos explican una y otra vez que existen alternativas de software libre, es la Administración pública la que apuesta por empresas como Microsoft y Google para gestionar el intercambio de información y los miles de dispositivos tecnológicos con los que cuenta. Frente a ello, cada vez más familias se organizan, hablan con los centros y con otros padres y madres para intentar revertir esta dinámica que ya está saliendo muy cara a nivel de privacidad y soberanía de los datos.
Joan Sentís vive en L’Escala, un municipio de la Costa Brava, y tiene un hijo de 10 años que acude a un colegio de la localidad. «Fui coordinador de informática en dos centros educativos en el momento en el que todo esto empezaba a entrar en las aulas. Yo introduje Google y un compañero informático me dijo que nos estábamos equivocando. En aquel momento no lo vi, pero ahora sí sé por qué lo decía», declara este docente de música ya jubilado.
Cuando el colegio al que acude su hijo le comunicó hace dos años que crearían una cuenta a su nombre en un servidor de Google, Sentís se opuso. Tenía una postura tan clara que incluso llegó a esbozar una carta para aquellos «objetores digitales», tal y como los denominó, para comunicar al centro que sería la propia familia quien se encargaría de crear y gestionar el correo electrónico y la identidad digital de sus hijos e hijas. En esa misiva, que tan solo secundaron dos familias, explicaba que «el proceso de digitalización en la enseñanza se lleva a cabo contra la evidencia de que el uso de pantallas por los estudiantes hace difícil su desarrollo intelectual e incluso emocional».
Además, los firmantes recalcaban que el Departamento de Educación contrata los servicios de empresas como Google para apoyar el despliegue centralizado del plan de estudios digital, pero «resulta que la educación pública y las empresas tienen intereses opuestos», apuntillaban. Según entendían, «uno de los objetivos de la educación es formar personas libres y llevadas por el autogobierno, y el de las corporaciones es capturar clientes y mantenerlos leales a su negocio».
Sentís lo sigue creyendo: «Me parece mal ética y políticamente que una Administración pública, y más la educativa, meta a miles de niños en el redil de una empresa privada de Estados Unidos que no cumple con el reglamento europeo de protección de datos».
La colonización del día a día educativo llega con acciones tan simples como una actividad de comprensión lectora. «Los textos están libres en la red, el profesor los descarga en formato PDF y lo mete en una carpeta de la nube que utilizan en la clase, y avisa por correo a los niños de que tienen que hacerla. Es tan irónico que están encerrando una cosa que ya estaba en abierto en Internet», ilustra Sentís, quien defiende que «los docentes deben utilizar estándares abiertos siempre».
Su hijo no tiene cuenta en Google. Tan solo un correo alojado en Protonmail y un perfil en Neocities, un espacio web en el que tiene un blog. Además, alerta de que «este fenómeno está castigando a las familias más humildes y con menos recursos económicos, mucho más cautivas de la pantallización».
Marc Bria vive en Sabadell, acumula 30 años de experiencia ligada a los proyectos de software libre y ciencia abierta y tiene dos hijas que ya están en el instituto. Su lucha comenzó hace años, durante la infancia de éstas, cuando el centro educativo al que asistían impulsó la introducción de estas plataformas. Lo primero que comenta es que el punto de inflexión en esta dinámica llegó con la pandemia, algo en lo que coinciden el resto de entrevistados. «La Administración pública se volcó no solo con herramientas de Google, sino también de Microsoft, y sin hacer una reflexión sobre qué pasaba con la soberanía de los datos y el conocimiento que tiene la propia Administración de las herramientas que utiliza», explica.
Este experto alerta del primer problema que se encuentra ante el uso de herramientas de Google por los más pequeños: la privacidad. «En los acuerdos firmados entre las empresas y las consejerías no hay ninguna cláusula que explique claramente qué uso le van a dar a los datos personales de los niños», critica.
A su entender, deberían primar el uso de aplicaciones de software libre como Moodle frente a Google Classroom. «Lo hacen porque es más barato y fácil. De otra forma, eres tú quien tiene que ser soberano y mantener la plataforma», añade. En consecuencia, la Administración se decanta por externalizar un servicio que se torna crucial en el devenir social, político y económico, como es el de la tecnología.
Bria advierte de la estrategia que esconden estas grandes corporaciones. Así lo desarrolla: «Te ofrecen las herramientas gratis al principio y así te crean una dependencia a ellas enorme. Cuando quieran, empezarán a cobrar por ellas o a limitar los servicios, los usuarios o el número de conexiones. Ahí está su negocio».
Este especialista en software libre aclara que utilizar herramientas de este tipo aumentaría el mantenimiento del know how, es decir, el conocimiento dentro de la Administración sobre el uso de cualquier aplicación propia. «Así, en caso de que cierren o de que cambien su modelo, se evitaría que no quede otro remedio que comerse con patatas cualquier cosa que te quieran vender», apuntilla.
Como padre, Bria tuvo que autorizar la creación de una cuenta en Google para sus hijas pequeñas. «Es un consentimiento disfrazado de obligación, porque si no es muy complicado seguir las clases», sostiene. Cerca de esta opinión se ubica David Artero, que ya le ve las orejas al lobo desde València. Tiene un hijo de cinco años, es informático y trabaja para una Administración pública, aunque prefiere no concretar cuál. «Conozco el tema desde dentro», dice para comenzar su diatriba.
Él también critica que, tras la pandemia del coronavirus, la Administración no haya apostado por la creación de aplicaciones propias basadas en software libre. «Hay que tener claro que los datos que cada uno genera forman parte de la identidad de cada persona, y aquí estamos hablando de miles de menores de edad», profundiza.
Este año, el hijo de Artero comenzará Primaria y tendrá una tablet a través de la cual acceder a una plataforma educativa. «Llegado el momento le crearán una cuenta en Google, sin apenas objeción posible. Por lo que me he informado, desde los colegios poco se puede hacer, aunque siempre hay otros con trabajadores voluntariosos que intentan sacar adelante alternativas tecnológicas», añade.
A este informático tampoco se le escapa que el uso de las aplicaciones tecnológicas de las grandes empresas estadounidenses es otra forma de educar: «La mayor parte de los chavales no se especializarán en este sector, por lo que solo conocerán las herramientas que han mamado desde pequeños, con las que se van a sentir más cómodos. La concienciación, que puede ser una variable a tener en cuenta en los adultos, no lo es tanto en los chiquillos».
Artero admite que todavía no ha comentado la cuestión en profundidad con otros padres del colegio. «Otro problema que existe es la falta de personal dedicado en exclusiva a este tema en los centros. Si hubiera más informáticos, se podrían crear estupendas aplicaciones tecnológicas basadas en software libre que se podrían compartir entre administraciones», remata.
Lo que comentan Sentís, Bria y Artero no es nuevo. El investigador y autor de Utopías digitales (editado por Verso Libros) Ekaitz Cancela lleva años estudiando el asunto. «La entrada de las grandes plataformas tecnológicas en el ámbito educativo se enmarca en las políticas de austeridad. Al tener los gobiernos menos poder de inversión pública, hacen equilibrios para garantizar las necesidades del capital al mismo tiempo que mantienen la legitimidad del Estado del bienestar», dice el experto.
Según prosigue, «estas herramientas a largo plazo generan dependencias en las que cada día que pasa corremos el riesgo de que no haya vuelta atrás». En un momento en que todo es carne de privatización y en que todo depende de los servidores en la nube o de la inteligencia artificial que estas mismas empresas proveen, la sociedad se puede llegar a ver atrapada.
Cancela considera que «las familias de los estudiantes son una de las comunidades que mejor han sabido politizarse y entender el desafío». Serían ellas la punta de lanza en esta lucha en la que la sociedad se juega que las futuras generaciones ya no sean capaces de pensar en otras tecnologías fuera de los modelos propietarios. «Hay que tener cuidado con esa idea neoliberal que nos venden de que somos “consumidores soberanos” cuando en realidad siempre estamos atados a los servicios que ofertan desde Silicon Valley», advierte.
El investigador detalla otro de los problemas que acarrea el uso de Microsoft por parte de los más pequeños: «En esa plataforma conviven herramientas pedagógicas pero también de control a los trabajadores. Así se naturalizan desde edades tempranas los amplios procesos de control de la fuerza de trabajo». Cancela opina que los Estados deberían empezar a invertir muchos más recursos en ser soberanos tecnológicamente. «Si no, no podremos revertir la dinámica actual en la que digitalizar casi siempre es sinónimo de privatizar», concluye.
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Algunas asociaciones de víctimas del terrorismo se han convertido en un lobby de presión a favor de la derecha y extrema derecha en España. Esa es la tesis del periodista Àlex Romaguera en su último libro, Víctimas SA (Txalaparta, 2025). La monografía repasa la genealogía de una mayoría de colectivos que en los últimos años se han pronunciado políticamente, a pesar de la heterogeneidad ideológica de las víctimas, además de apuntalar la idea de “víctima oficial” esgrimida tanto por el PP como por el PSOE durante sus gobiernos. Esto, según explica el autor, les ha granjeado a sus representantes numerosas puertas giratorias que les han procurado un sillón al calor de las siglas de la derecha y extrema derecha españolas.
Romaguera se retrotrae a la Transición para explicar el origen de lo que ocurre en la actualidad: “Los dos grandes partidos identificaron como víctimas únicamente a aquellos grupos que se oponían a la reforma política, como ETA, los GRAPO o el FRAP, o ahora el terrorismo yihadista, y dejaron fuera de esa consideración a aquellas víctimas causadas por el terrorismo de Estado, la extrema derecha o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
El autor señala a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), actualmente liderada por Maite Araluce, como la entidad que se ha arrogado el monopolio de este discurso. “Utilizan el dolor con finalidades políticas y cada vez más al servicio de la derecha, como sucedió después del 11-M de 2004”, ejemplifica el autor, quien ha buceado en archivos y realizado decenas de entrevistas durante su investigación.
Desde su punto de vista, todo cambió cuando la AVT pasó a manos de Francisco José Alcaraz en 2004. “Su misión era deslegitimar el Gobierno de Zapatero y en nombre de las víctimas perseguir a grupos culturales vascos, músicos y cineastas, que rápidamente fueron señalados como cooperadores del terrorismo”, añade. Alcaraz es familiar de dos víctimas del atentado que ETA realizó en el cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987. Fue uno de los principales impulsores de las teorías de la conspiración en torno al 11-M. Ahora es diputado de Vox en el Congreso.
En aquellos tiempos, no era raro ver al presidente de la AVT participar en protestas convocadas por sectores ultracatólicos como Hazte Oír y el Foro de la Familia, siempre en contra de las políticas progresistas del gobierno socialista. “Se extralimitaba en sus funciones, porque en los estatutos queda recogido que no puede intervenir en cuestiones de ámbito social”, apunta el mismo Romaguera.
Alcaraz apoyó públicamente las protestas contra el matrimonio igualitario y la ley del aborto, así como la política antiterrorista del Gobierno. Más actual es el apoyo de la AVT al cántico “que te vote Txapote” para desprestigiar el gobierno actual de Pedro Sánchez, añade el periodista.
El autor catalán subraya que la postura neoconservadora de la AVT empieza a chocar con los estándares europeos. “Desde la ONU y la Unión Europea se les ha exhortado a que deben reconocer como víctimas también a aquellas personas damnificadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la ultraderecha, pero ellos se niegan”, asevera.
El libro dedica un capítulo al Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), con Consuelo Ordóñez a la cabeza. La hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, preside en estos momentos la organización que, según Romaguera, “ha deslegitimado continuamente la presencia de Bildu en las instituciones”. De todas formas, en los últimos años Ordóñez sí se ha mostrado en contra del discurso “maniqueo”, según el autor de la investigación, auspiciado por PP y Vox: “Ahora comienzan a reconocer a las víctimas causadas por el GAL o la extrema derecha, aunque son la principal asociación vasca que siempre ha ido de la mano de la AVT contra el nacionalismo vasco”.
Poco a poco, el relato que siempre enarbola la derecha y extrema derecha españolas ha empezado a resquebrajarse. “Muchas víctimas lo único que quieren es que se deje de utilizar su dolor para finalidades políticas”, indica el autor, que señala que otras entidades como la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, liderada por Pilar Manjón entre 2004 y 2016, siempre han defendido un solo perfil al reivindicar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Robert Manrique tenía 24 años el 19 de junio de 1987, un hijo de 3 años y otro de 10 meses. Poco después de las 16.00 horas, un coche bomba aparcado por ETA debajo de la carnicería en la que trabajaba, en el Hipercor de Barcelona, explotó. Salvó la vida con secuelas que le acompañarán de por vida. En aquel momento comenzó un tortuoso y no siempre gratificante camino hacia la verdad y la reparación.
Él prefiere establecer un punto de inflexión en la AVT con la llegada de Alcaraz a la presidencia: “Yo pertenecí a la antigua, como yo la llamo, desde 1990 hasta 2002, que me echaron”, dice. Durante todos aquellos años, fue el coordinador de la entidad en Catalunya, en la que se llegaron a organizar unas 160 víctimas. En 2009 también se apartó, aunque siguió siendo miembro, de la asociación catalana que crearon tras su marcha de la AVT, ante la inoperancia de las asociaciones de víctimas y los atentados yihadistas de agosto de 2017. “Hablaba con las víctimas de Barcelona y Cambrils cinco meses después de lo sucedido y ninguna asociación les había contactado excepto 11-M Afectados por el Terrorismo. Yo quiero que alguien me explique realmente a qué se dedican, porque con poner tuits no es suficiente”, se queja.
Manrique recalca que uno de los problemas de los que adolecen estas asociaciones es que no cuentan con la opinión de sus miembros: “Hablan en nombre de las víctimas, pero desde 2009 que estoy en la catalana no me han preguntado mi postura sobre ningún aspecto”, ilustra.
Además, tampoco resulta fácil salir de ellas. Es lo que intentaron hasta 68 familias con la AVT una vez que Alcaraz asumió la presidencia y se percataron de los derroteros que tomaba la entidad. “Llegó a decir que había judíos que colaboraban con los nazis cuando vio que víctimas como yo íbamos a discutir con el Gobierno vasco”, apunta. La AVT no aceptó las bajas: “Porque las había tramitado una tercera persona, que era yo, porque las había enviado a Correos”, completa Manrique.
Esta víctima del atentado del Hipercor exige que el Estado pida a las asociaciones una memoria de gestión de los recursos públicos que reciben. “Ahí habría unas sorpresas que fliparíamos”, en sus propios términos. También se pregunta dónde quedan aquellas víctimas de los atentados del Batallón Vasco Español, la Triple A, los GAL o Fuerza Nueva. “Todavía hay asociaciones que no entienden que no tienen derecho a decidir quién es víctima y quién no, sino la Administración a través de una sentencia”, apuntilla.
Pili Zabala es hermana de José Ignacio Zabala, hecho desaparecer por los GAL en 1983. Hasta en dos ocasiones el Estado español les ha negado la solicitud de víctima del terrorismo a su familia. “El problema es que el GAL nunca fue reconocido como una banda armada, aunque sí lo hacen sentencias del asesinato de dos ciudadanos franceses por el GAL”, comenta. Su caso es uno de los que sí reivindica Ordóñez desde Covite.
Fue Sonia Ramos, por entonces directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Gobierno de España, quien informó a la familia de que José Ignacio no reúne las condiciones para ser considerado tal porque era miembro de ETA. “Mi hermano nunca ha sido juzgado. Sin embargo, sobre él siempre ha pesado la presunción de culpabilidad”, denuncia Pili Zabala.
Finalmente, lo ocurrido con José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa, cuyos cuerpos no fueron encontrados hasta 11 años después de su desaparición, se vio reconocido por el Gobierno vasco en una declaración de víctimas de secuestro, desaparición forzada, conculcación a la vida y torturas. “No nos acercamos a ninguna asociación, es cierto. Ellas tampoco vinieron. Sí veo un negacionismo en este tipo de organizaciones en las que, poco a poco, ciertas voces ahora discrepan de la línea de trabajo que han seguido hasta la fecha”, concluye la hermana de José Ignacio.
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Este reportaje forma parte del dossier de #LaMarea108, dedicado al Sáhara Occidental. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.
El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio muy importante para algunas de las potencias más influyentes del mundo, en parte debido a sus tierras ricas en fosfatos. Marruecos lo quiere para fortalecer su propio proyecto expansionista, mientras que Argelia lo utiliza para frenarlo. Francia favorece a un país francófono en detrimento de un posible Estado más cercano a España sobre estas tierras, y entre medias, los intereses geopolíticos de Estados Unidos e Israel se cruzan en esta zona del norte de África a causa de su relación con Palestina. Mientras tanto, España parece tener una posición supeditada a la coyuntura política del momento, dando la espalda a las resoluciones internacionales que demandan un referéndum de autodeterminación.
El primer factor para entender este conflicto enquistado durante décadas es el interés político que Marruecos tiene en hacerse con el Sáhara Occidental: busca dar continuidad al último remanente de un proyecto expansionista más amplio que nunca funcionó, ese Gran Magreb que abarcaba también partes de Mauritania y Argelia. Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y director de su Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental, apunta que la incorporación del Sáhara casi duplica la extensión del territorio marroquí. «Además, abriría la puerta para que en una fase ulterior también se pudiera anexionar Mauritania», explica.
Asimismo, no son en absoluto desdeñables los intereses económicos que genera la riqueza mineral de esta tierra. Los famosos fosfatos contienen uranio, «que se podría utilizar para usos nucleares civiles y eventualmente militares», indica Ruiz. A esto hay que sumar el banco pesquero sahariano, «que produce unos beneficios astronómicos», añade.
Un nuevo país muy rico
Lorena Calvo, investigadora y secretaria académica del Laboratorio de Derecho Internacional sobre el Sáhara Occidental de la Universidad de Cádiz (UCA), recuerda que Marruecos ya se ha llevado un revés por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la anulación mediante sentencia de los acuerdos en materia de pesca y producción agrícola que afectaban a los recursos del Sáhara Occidental. En definitiva, la independencia del Sáhara, agrega Ruiz Miguel, supondría la creación de un Estado «muy rico en comparación con la cantidad de gente que lo puebla».
Mientras tanto, se cruzan los intereses que otros países se disputan en tierras saharauis. Argelia, por ejemplo, respalda la causa saharaui como estrategia para contener el expansionismo de Marruecos, que podría llegar a amenazar incluso su propio territorio. Además, hay que recordar que la última derrota militar que sufrió Francia fue en Argelia, lo que convierte al Elíseo en otro importante centro de decisión. «Que apoyen a Marruecos es una forma de fortalecer a un país francófono frente a un posible Estado hispanófilo como sería el Sáhara Occidental, y así se vengaría de forma indirecta de Argelia», comenta el catedrático de la USC.
A su juicio, la participación de Estados Unidos en el conflicto está mediada por sus intereses vinculados a Israel. «En realidad, Marruecos apoya a Palestina de boquilla. Marruecos e Israel llevan décadas haciéndose favores mutuos, favores que vienen de la época de Hasán II, cuando este espiaba en las cumbres de la Liga Árabe a favor del servicio secreto israelí», se explaya. Lorena Calvo añade que «hay una conjunción de intereses muy importante, sobre todo en materia de seguridad, que beneficia la pretendida soberanía marroquí sobre el Sáhara».
Desde el punto de vista de Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), resultan igualmente relevantes los cambios internos que ha vivido el conflicto a lo largo de estas décadas. «En su origen no era un problema de componente humanitario, sino una cuestión colonial. Cinco décadas después ya hablamos de dos o tres generaciones de colonos marroquíes en el Sáhara, lo que crea una pequeña nueva realidad», explica.
Barreñada incide en que, en todos los casos de procesos tardocoloniales, se han ido diluyendo los principios del derecho de descolonización. «Esto es a costa de los hechos consumados, la realpolitik, los intereses de aquellos que tienen la capacidad de hacer valer su fuerza», expresa. En lugar de respetar esos principios, el enfrentamiento se va intentando solventar a través de parches y acuerdos políticos ligados a la coyuntura del momento. «Algunos lo llaman soluciones imaginativas. Si alguien en Derecho dice algo así, agárrate, porque se vulnerarán los derechos fundamentales e internacionales», apostilla.
Ruiz, el especialista de la USC, opina que el mayor interés que puede tener España es que el Sáhara sea independiente. «Sería un Estado sin ambiciones contra España, sin hostilidades y que no utilizaría la inmigración ilegal como arma de guerra híbrida, que es lo que ahora hace Marruecos», desarrolla.
Pero los diferentes gobiernos españoles no han podido estar más alejados de estos posicionamientos. «Desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde la carta de 2022 de Pedro Sánchez en la que dice que la autonomía saharaui dentro del reino de Marruecos es la solución más seria, creíble y realista para resolver el conflicto, España ha respaldado la ocupación del Sáhara Occidental», comenta Lorena Calvo.
Y todo ello a pesar de que España continúa siendo la potencia administradora del territorio, el ente que debería velar por que en él se respetaran los derechos humanos y se produjera una salida a la disputa según marcan los dictámenes de la ONU, es decir, mediante un referéndum en el que los mismos saharauis pudieran decidir su futuro.
Barreñada también aporta una perspectiva europea: «Hay una serie de países que perciben la fragilización de Marruecos como un riesgo, ya que siempre ha sido un buen aliado con el que se puede contar para el control migratorio y la cooperación policial». A fin de cuentas, la cuestión del Sáhara está ligada a la estabilidad de todo un régimen que «no es ningún modelo de democracia y progreso», según el profesor de la UCM.
Los intereses que convergen en torno al Sáhara son tan numerosos y diversos que la disputa política suele desarrollarse siempre sin atender a la realidad legal: el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Según la ONU, tiene legitimidad para ello desde que sufre este nuevo colonialismo iniciado en 1975. A todo esto hay que añadir la reactivación del conflicto armado en 2020. Mientras tanto, miles de personas se ven obligadas a vivir en campos de refugiados o bajo el asedio marroquí, un día tras otro durante medio siglo, con la fe perdida en que este conflicto pueda resolverse según los estándares del derecho internacional.
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Desentrañarle letra por letra y gesto por gesto es a lo que se dedican desde hace décadas multitud de historiadores, artistas, filólogos y científicos. Si Federico García Lorca es infinito, más inconmensurables son los esfuerzos por acercarse a su vida y obra. “Lorca es, radicalmente, un hombre en contra”, escribió Francisco Umbral. Esa cita podría resumir y también ligar las dos propuestas escénicas que actualmente se ofrecen en Madrid. De un lado, su viaje repleto de autoconocimiento a Nueva York, la creación de una nueva persona. Del otro, cómo sus últimos días aportan la fuerza necesaria para sacar a la palestra conceptos como desaparición forzosa, asesinato e, incluso, genocidio.
Jesús Torres dirige Poeta [perdido] en Nueva York, una creación teatral interpretada por él mismo que, con todas las entradas vendidas, ocupa hasta este fin de semana la misma sala del Teatro Fernando Fernán Gómez que en 2022 dio cobijo a Vicenta, Lorca, la obra que reencontró a la madre del gran poeta. Este gaditano de 41 años descubrió muy pronto al autor de obras como Bodas de sangre y Yerma. “Con 11 años representé La zapatera prodigiosa en el colegio y ahí empecé a entender que se podía amar de diferentes formas, incluso hacer arte con ello”, comienza a explicar el mismo Torres.
Durante el proceso de creación del texto de la obra, también a su cargo, se dio la libertad suficiente para crear un relato entretejido con los versos neoyorquinos del poeta granadino y su correspondencia de aquellos días. Su investigación previa lo llevó a acercarse a Lorca de otra manera: “Le tenemos mucho cariño pero, como todas las personas, tiene sus grises. Hay cartas que escribe realmente duras que he decidido suavizar. Es bonito también unirnos a él en sus diferencias. No nos podemos comparar con el genio, pero sí con esa persona que teme, que se equivoca y miente para vernos reconocidos en ella”, ilustra el dramaturgo.
La obra es todo un alegato a la contradicción, la desesperanza y la tristeza que ese primer Lorca que desembarca en Nueva York el 25 de junio de 1929 siente por todo su cuerpo, desgarrado por su desamor con Emilio Aladrén, con quien mantenía un idilio. “Se ve en un país en el que nadie habla su idioma, en el que siente muy lejano a sus seres queridos”, comenta Torres. Estados emocionales que de manera majestuosa transmite a lo largo de su interpretación gracias también a la labor de un numeroso equipo que siempre lo acompaña.
El actor no esquiva lo enigmático de Lorca, la superstición andaluza que siempre corrió por su sangre. “En Nueva York llegó a ver su muerte, algo muy apocalíptico pero también extremadamente profético”, dice al respecto. Se refiere a los versos de Lorca en su Fábula y rueda de los tres amigos: “Cuando se hundieron las formas puras / bajo el cri cri de las margaritas, / comprendí que me habían asesinado. / Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, / abrieron los toneles y los armarios, / destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. / Ya no me encontraron. / ¿No me encontraron? / No. No me encontraron”.
Ese podría ser el punto de partida de otra obra que estos días –y hasta el próximo 21 de diciembre– ocupa las tablas del Teatro del Barrio, también en Madrid. Con María San Miguel al frente de la dramaturgia y la dirección, Federico. No hay olvido ni sueño: carne viva supone un viaje al interior de esa España todavía enterrada en cunetas, cementerios y ciudades que pisamos cada día. Un profuso trabajo de investigación, que ha llevado a la creadora de la dramaturgia a visitar y entrevistar a decenas de personas y especialistas en la figura de Lorca, toma cuerpo en esta obra como si de un reportaje periodístico y teatral que cuenta qué es y cómo se lleva a cabo una exhumación se tratara.
La figura del desaparecido más universal de España se utiliza aquí como una forma de contrarrestar los relatos que cada vez más empujan a la desmemoria. “Al inicio, cuando hablamos de La casa de Bernarda Alba, dejamos entrever que en la historia más reciente de España hay acontecimientos que ocurrieron y se borraron, y otros que se han reconstruido mal, al servicio de ciertos intereses”, dice San Miguel.
Porque lo que no se nombra no existe, pero también lo que se nombra crea imaginarios. “Mucha gente todavía no se refiere a Lorca como víctima de una desaparición forzada, ni siquiera habla de asesinato, solo dicen que murió. Así se evita que se sepa que lo que verdaderamente ocurrió en España fue un genocidio, y no una guerra entre hermanos”, reflexiona la dramaturga vallisoletana siguiendo la tesis esgrimida por Paul Preston en El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después.
Figuras clave en la historiografía lorquiana como Ian Gibson acompañan continuamente al espectador en esta trama en la que los documentos bibliográficos son desempaquetados de bolsas como si de huesos a punto de ser examinados por un forense se trataran. Una y otra vez, sobre el escenario, se repiten mensajes como “aquí los huesos hablan” y “aquí la tierra habla, solo hay que saber escucharla”. ¿Y qué dicen los huesos y la tierra? “Que esto no fue una guerra fratricida. Que cada vez que se abre una fosa se ve cómo aparecen cadáveres con hasta dos tiros en la cabeza, que sus cuerpos fueron arrojados con violencia y que todavía guardan marcas que indican que fueron torturados antes de morir asesinados”, responde tajante la directora.
San Miguel, como ya ha hecho en tantas ocasiones anteriores, no quería representar algo pasado. “Federico nos abre una puerta hacia lo invisible, un camino que nos lleva siempre a hablar no solo sobre lo que nos pasó, sino sobre lo que nos sigue pasando”, explica. Y añade: “Me parece aterrador que en España, con miles de cuerpos enterrados en fosas comunes, esto no sea algo que se intente solucionar de inmediato ni constantemente esté en el debate público”. Según las estimaciones, existen 114.000 cuerpos no identificados enterrados por toda España, 45.000 de ellos únicamente en Andalucía. “Hay que hablar de esto, porque forma parte de nuestra identidad”, subraya.
En este gran lugar de especulación poética que la compañía Proyecto 43-2 crea durante hora y media todo está medido al milímetro. Balas, gafas, un lápiz y una goma, almendras. Son apenas unos cuantos elementos del atrezzo que el elenco utiliza para contar todo lo que se puede encontrar a la hora de exhumar los cuerpos. “Todo esto lo hemos conocido gracias al equipo multidisciplinar de investigación de la Universidad de Granada. La gente debe conocer que tras los desenterramientos hay un trabajo riguroso y científico por parte de profesionales que se han preparado para ello durante años”, reivindica la directora de la obra, que girará por diversas ciudades en los próximos meses.
El simbolismo juega un papel preponderante. Los ojos más avezados se podrán percatar de cómo las cajas de plástico transparentes de almacenaje que tantas personas guardan en sus casas son similares a las utilizadas por los arqueólogos. San Miguel le ha querido dar una vuelta y, en cada una de ellas, simula la inscripción que los investigadores utilizan: “Si ellos escriben datos científicos que identifican al individuo, nosotras lo hemos imitado escribiendo F-18, si es la función 18, el número del orden en que esa caja aparece en escena y las siglas del título de la obra”, comenta sobre esta particular nomenclatura.
El negacionismo oscurece España. “La tierra habla, y hay algunos que todavía la quieren acallar. Por eso, lo primero que hace la derecha y extrema derecha cuando llega al poder es derogar las leyes de memoria, o dejarlas sin financiación”, destaca San Miguel. Asimismo, asevera que “la tierra sigue contando algo muy doloroso, que es el relato de la verdad frente al oficial”, que durante tantos años se inculcó a base de miedo, represión y nacional-catolicismo.
Lorca sigue hablando desde la tierra. Grita y se revuelve. Tanto sus obras, como Poeta en Nueva York, como su fatal desenlace, el asesinato a manos de las fuerzas sublevadas, continúan creando una atmósfera de denuncia y consciencia en cada creación teatral que las aborda. “Nuestros hijos nacerán con el puño levantado”, cantan al inicio de Federico. No hay olvido ni sueño: carne viva. Aunque hay muchas formas de levantar el puño, una de ellas quizá sí que la puedan hacer nuestros hijos cuando respondan y reescriban al poeta visionario neoyorquino, para poder decir: “Ya me encontraron. / ¿Me encontraron? / Sí. Sí me encontraron”.
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Cansados del clic fácil y los bulos virales que solo benefician a la derecha y extrema derecha, cinco jóvenes treintañeros han decidido hacer frente a la guerra digital a través de un perfil en Instagram que ya acumula más de 160.000 seguidores. Su nombre es en sí mismo una declaración de intenciones: WOKE UP. “Queríamos reapropiarnos del término woke y cargarlo de un contenido político mayor, que no sea algo que se utilice para reírse de la gente de izquierdas”, explican sus impulsores.
El perfil recoge un contenido muy variado: desde, por ejemplo, una pregunta al agitador Vito Quiles sobre el genocidio en Gaza, hasta el recuerdo de personas asesinadas por agentes de la Policía durante la Transición; desde el desmentido de bulos hasta la visibilización de temas más allá de la M-30 madrileña. A veces, con una pequeña dosis de humor, sus vídeos empiezan a competir con los productos fabricados por el espectro más conservador, incluso reaccionario, que puebla las redes.
“El crecimiento que hemos tenido ha sido una sorpresa, porque todos nosotros tenemos nuestro propio trabajo más allá de WOKE UP”, explica Álvaro López, doctor en Literatura Hispánica e ideólogo del proyecto. Actualmente, el perfil conjuga vídeos de algunos de sus integrantes hablando a cámara con otros que apoyan el contrarrelato que quieren dar a conocer. Su objetivo es crear un contenido atractivo que ayude a entender el mundo desde una perspectiva alejada de los intereses del poder.
Según López, cosladeño de 35 años, WOKE UP surgió como una respuesta a ese otro contenido creado por perfiles de derecha y extrema derecha que, desde su punto de vista, no tenían suficiente respuesta en redes por parte de la izquierda. “A veces en la izquierda pecamos de crear mensajes demasiado elaborados y rebuscados y no llegamos a todo el mundo”, añade Elena Reinés, otra de las integrantes del perfil. Ella tiene 30 años, reside en Madrid y es periodista y publicista de formación.
WOKE UP nació en marzo de este año. Y, tras seis meses de travesía digital, ya son varias las amenazas que tanto Elena como su compañera Diana López denuncian que han recibido. “Llevo poniendo la cara en los vídeos desde finales de agosto y desde entonces llegan mensajes muy bestias deseándome la muerte, o diciéndome que me van a pegar un tiro y dejar en una cuneta”, explica Reinés.
“Y eso es lo que me puede llegar a dar miedo, que me localicen o algo parecido, no que me relacionen con la izquierda. Eso es un orgullo para mí”, agrega la joven, que actualmente está opositando. A López también la han amenazado: “Eso crea un tremendo desequilibrio y es algo que he visto a lo largo de mi trayectoria como activista digital”, opina.
Reinés está al frente de la sección ‘Fachabulos’. “Surgió del cansancio de ver a personajes como Vito Quiles e influencers de la derecha engañar a su audiencia de forma descarada y que nadie los desmienta”, argumenta. Ahora, estos vídeos, salpimentados con algunas pizcas de humor, libran una pequeña batalla dentro de cada pantalla de móvil: “Hay mucha gente que tiene como fuente de información Instagram o TikTok, así que intentamos llegar a ellos por ahí”, destaca.
Su compañero asevera que la izquierda parte desde una desventaja muy grande a la hora de desmentir bulos. “Yo veo que quienes nos dedicamos a ello desde este lado de la moneda no recibimos ningún tipo de financiación”, exclama frente a lo que consideran una profesionalización de la mentira y la intoxicación.
“Las derechas meten mucho dinero y tienen detrás un ejército de trolls, y mucha gente sin reparos que te amenaza de muerte o que te dice que sabe dónde vives y que irá a por ti. Puede parecer que no, pero eso también afecta”, prosigue el mismo López. Tal es la situación, que otros perfiles de contenido de izquierdas han aparcado las redes, al menos momentáneamente, por llegar a un punto inaguantable de acoso digital.
A la vista de los datos, los seguidores de WOKE UP están respondiendo.“Incluso nos paraban en la última manifestación por Palestina para darnos las gracias por lo que hacíamos”, comenta el cosladeño. También cuenta que les escriben estudiantes de Periodismo o Ciencias Políticas que se alegran de la existencia de un perfil como el suyo, que les ayuda como “brújula informativa”, en palabras del propio López. De todas formas, tienen claro que ni quieren ni aspiran a convertirse en un medio de comunicación.
En cuanto al perfil de seguidor, aunque Reinés lo denomina “muy variado y abierto”, el sector social que más sobresale son personas de izquierdas, aunque sin una edad demasiado determinada. “Hemos llegado a gente mucho más mayor de la que pensábamos que llegaríamos en un primer momento”, remarca.
Sobre la comunidad, la propia Reinés se muestra orgullosa de ella: “Los comentarios negativos son de gente que no sigue el perfil y que, de alguna manera, le ofende lo que hacemos”. También tienen respuesta por parte de sus seguidores, quienes dialogan y debaten en los comentarios y crean bastante engagement, es decir, vinculación con el perfil.
Actualmente, afirman que ninguno de los cinco del grupo cobra un euro por lo que hace. “Hemos crecido mucho pero no hemos monetizado nada, y mira que a cada vídeo mío que subo le puedo dedicar unas tres o cuatro horas entre documentarme, escribir el guion, grabarme y la posproducción”, ilustra Reinés.
Después de experimentar este crecimiento inusitado de seguidores, desde WOKE UP han decidido “especializarse” y dividir el trabajo. Si Reinés está al frente de este particular “desmentidero de bulos”, López suele encargarse de la información de alcance internacional. No existe todavía estructura oficial alguna pero sí han empezado a dividirse según temáticas. “A todos nos interesa bastante la política y estamos al día de lo que pasa. En cuanto vemos una posible noticia, nos organizamos dentro de nuestras posibilidades para ir”, apuntilla la periodista madrileña.
López incide en que no saben bien qué pasará en el corto plazo. “Tres de nosotros somos de Madrid, así que al final hay cierto centralismo, pero sí nos gustaría mucho conseguir hablar más de Latinoamérica, por ejemplo”, dice el ideólogo del proyecto. Ya lo hacen con otros compañeros que han decidido sumarse a WOKE UP con alguna colaboración, como Miriam Jiménez Lastra, Alán Barroso y René Soto. “Ese era otro de los objetivos, crear una red más global más allá de que cada uno contemos cómo vemos las cosas desde nuestra perspectiva, y es algo que nos motiva mucho”, enfatiza.
Reinés, por su parte, cifra en 200.000 seguidores la cifra a conseguir antes de que termine este 2025. Han empezado a subir a TikTok el mismo contenido: “Aunque ahí nos lo denuncian mucho porque es por donde más se mueve la ultraderecha”, se queja. Ya se han estrenado en X y esperan poderse mover pronto también por Facebook, hacia públicos algo más mayores. “Al final, cada persona de WOKE UP tenemos nuestra vida fuera y no sabemos con demasiada certeza dónde vamos a ir a parar”, reconoce.
“Somos una herramienta de comunicación para ganar la batalla a la derecha. Este es nuestro activismo, un activismo contra los referentes de la derecha que mienten sin pudor y que se mueven a sus anchas por las redes”, concluye Reinés.
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Un Franco decrépito agoniza. Las familias del régimen y las todavía clandestinas fuerzas políticas toman posiciones. Se intentan preparar para lo que sea que vaya a venir, como todos. La calle bulle de protestas y represión. Mientras tanto, algunos partidos y bandas terroristas apuestan por la lucha armada para que el futuro más próximo signifique una ruptura total con la dictadura.
Queda poco para que la agonía del dictador –que decide morir matando– llegue a su fin. Aquel 27 de septiembre de 1975 pasó a la historia por ser el día en el que se perpetraron los últimos fusilamientos del franquismo. Tras confesiones obtenidas bajo tortura y juicios sumarísimos, recientes investigaciones apuntan a que al menos uno de los jóvenes ejecutados pudo ser inocente. Su nombre era Xosé Humberto Baena, tenía 25 años, era gallego y militaba en el Frente Revolucionario y Patriota (FRAP), la rama armada del Partido Comunista de España marxista-leninista (PCE m-l). Junto a él perdieron la vida José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, compañeros de militancia, y Juan Paredes Manot, Txiki, y Ángel Otaegui, militantes de ETA.
Para entender bien el contexto, el responsable de Investigación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, Gaizka Fernández, incide en que “el régimen estaba en su fase terminal, con un Carlos Arias Navarro al frente del Gobierno que seguía utilizando la mano dura a la hora de enfrentarse a la subversión”. “Y lo hace así porque los movimientos de oposición estaban muy activos, tanto el estudiantil como el obrero, y el terrorismo se había disparado”, añade Fernández, uno de los coordinadores del libro Terrorismo y represión. La violencia en el ocaso de la dictadura franquista (Tecnos, 2025).
Hace exactamente medio siglo, el terrorismo segó la vida de 33 personas. 1975 fue el año más sangriento del tardofranquismo. “Arias Navarro quería reforzar su posición y atraer a la ultraderecha. Ya lo había hecho con Puig Antich en 1974 y había visto que su muerte no le había ocasionado un gran coste político”, explica el experto. Con esta idea de las ejecuciones como una forma de justicia en la que se escondía la más cruel de las venganzas posibles, y un miedo inusitado a que la situación se desbordara a nivel social e internacional, el tribunal militar dictó 11 condenas a muerte aquel verano de 1975. El gobierno franquista ejecutó cinco de ellas; seis fueron conmutadas por una pena máxima de 30 años de cárcel.
El FRAP es la organización terrorista más desconocida de la historia reciente de España, según el mismo Fernández. “Su modelo político era Albania, una dictadura marginada del Este, los últimos nostálgicos del estalinismo”, describe. Decidieron tomar las armas en 1973, pero apenas tres años después apostaron por desandar el camino. “La Policía detuvo a casi todos sus militantes entre 1975 y 1976, y fue uno de los pocos grupos terroristas que vio la inutilidad de la violencia”, añade.
A ojos de este especialista en víctimas del terrorismo, “ejecutar a miembros de grupos armados solo dio excusas a los terroristas para seguir matando, así que fue un fracaso”. Además, las movilizaciones cada vez golpeaban con más fuerza. “Hubo manifestaciones, huelgas, cierres y enfrentamientos para evitar estos fusilamientos. Lo llamativo fue que los gobiernos europeos y sus poblaciones estaban en sintonía, así que la imagen de aislamiento del franquismo en 1975 era enorme”, desarrolla. Ni siquiera las súplicas a última hora por parte del Vaticano hicieron que el pulgar señalara hacia el cielo en lugar de hacia la tierra.
Fernández recalca la complejidad de los antifranquistas, ya que fueron víctimas (fusilados) y victimarios (terroristas). “Es importante tratar su historial delictivo pero sin olvidar la injusticia que sufrieron al no poderse defender en los juicios y con sentencias de muerte dictadas desde la ilegitimidad de una dictadura”, concede.
El caso que todavía hoy genera más dudas es el del vigués Xosé Humberto Baena. Acusado de ser el autor material de un atentado en el que un comando del FRAP mató al policía Lucio Rodríguez Martínez, en la calle Alenza de Madrid, el 14 de julio de 1975, él siempre negó los hechos. Uno de sus camaradas, Pablo Mayoral, quien según la versión oficial también participó en la acción, llegó a acusar a Baena, cuyo nombre de guerra era Daniel. Lo hizo después de sufrir tres días de infierno y torturas en la Dirección General de Seguridad, hoy en día sede del Gobierno madrileño en la Puerta del Sol. Por el momento, diversas tesis chocan entre sí. Algunas sostienen que Baena, que cayó detenido el 22 de julio de aquel año, pudo ser quien disparó aquellas balas; otras, que el régimen fusiló a un inocente.
Carmen Ladrón de Guevara, abogada especializada en víctimas del terrorismo, es la autora del capítulo “El FRAP a la luz de los consejos de guerra de septiembre de 1975”, incluido en el libro coordinado por Fernández. En primer lugar, subraya que en ningún momento se respetaron los derechos de los acusados ni sus garantías procesales, algo que quedó patente con la inadmisión de las 200 instancias que sus letrados presentaron durante el juicio.
“A ninguno de los fusilados se le respetó el derecho fundamental por excelencia, que es el de la vida”, introduce. Sin embargo, considera que hay elementos suficientes para afirmar que los tres miembros del FRAP habían participado en los hechos por los que fueron condenados, a pesar de que la estrategia de defensa de los encausados fue siempre negar su participación.
Para Ladrón de Guevara resulta muy esclarecedora la declaración inculpatoria de Mayoral hacia Baena. “Aunque obtenidas bajo tortura, todas ellas ofrecían muchos detalles que por entonces era imposible que la Policía supiera”, asevera. En el caso concreto del militante gallego del FRAP, la también abogada destaca el informe pericial realizado días después del atentado de la calle Alenza, cuando Baena ya había sido detenido por su participación en otro atentado. “Baena también participó en el intento de asesinato de Justo Pozo, otro policía, cinco días más tarde. Cuando le detuvieron, le incautaron un arma, y comprobaron que era la misma utilizada que en el atentado de la calle Alenza”, añade en contraposición a lo que más tarde defenderá otro de los expertos que ha estudiado el caso.
Por otra parte, el hallazgo de una cámara de fotografía profesional en casa de Mayoral, sustraída del coche que supuestamente robaron los integrantes del FRAP para el asesinato de la calle Alenza, también supone un elemento corroborador para Ladrón de Guevara. “Me llama mucho la atención que, si realmente no fueron ellos, 50 años después sigan sin decir quién fue”, añade. Así pues, sobre este comando que realizó el primer disparo mortal del FRAP opina que “hay elementos para pensar que fueron ellos quienes llevaron a cabo las acciones por las que fueron juzgados, aunque sin respetar su derecho a defensa e injustamente fusilados”.
La visión que aporta Roger Mateos es diferente. Mateos es autor de El verano de los inocentes. El secreto del último fusilado del franquismo (Anagrama, 2025). Después de una profunda investigación, que le ha llevado a consultar diversos archivos y a recopilar decenas de testimonios durante los últimos tres años, el periodista afirma que Baena es inocente. “Cuando cae ese comando, la Policía ya tenía muchísima información sobre el FRAP, eso es innegable. Muchas veces obtenida bajo tortura, por confidentes y, por supuesto, por seguimientos policiales”, explica.
La acumulación de evidencias hace que Mateos sostenga que Baena no fue el autor material de la muerte de Lucio Rodríguez. “Incluso en la prueba pericial del revólver que confiscaron a Baena por el atentado del 19 de julio, donde sí que disparó él y por el que nunca fue juzgado, hay trazas de que modificaron los datos para hacerla coincidir con el atentado del día 14”, abunda.
Por otro lado, incide en que Mayoral nombra en la DGS a Baena cuando este todavía no había sido detenido. “Esa era una práctica habitual entre los detenidos sometidos a torturas en las comisarías franquistas, quienes se veían obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias. Señalaban a un camarada todavía libre con la esperanza de que pudiera escapar de la detención”, se explaya Mateos.
Cuando Baena cayó, la Policía ya tenía el esquema del atentado en la cabeza. Solo había que apretar lo suficiente para que los detenidos aceptaran los papeles que las fuerzas de seguridad del régimen les habían otorgado de antemano. “Las torturas pasaron por encima de Baena como una apisonadora… hasta que firmó la declaración autoinculpatoria”, resume el periodista.
La estrategia de defensa esgrimida por los militantes del FRAP, quienes negaron su participación en los hechos, también cerraba una posible salida para Baena. “Desarmaba su capacidad de defensa, porque en el caso de que hubiera un cuarto hombre implicado que hubiese escapado, tampoco lo podía decir”, comenta el propio Mateos siguiendo la estela de varios testimonios que han señalado la existencia de un militante del FRAP más en la escena de los hechos. Se refiere al testimonio de un sereno que afirmó en su momento ver a cuatro hombres, y que uno escapó. Otra testigo llegó a ir a comisaría a decir que Baena no se parecía en nada al autor material de los disparos. Además, el periodista ha conseguido otra declaración clave que señala que uno de los terroristas consiguió escapar a Francia. Desde entonces, silencio.
“El régimen nunca quiso investigar si quien disparó era un cuarto hombre. Enterró esa línea de investigación porque si reconocían que el autor material del disparo se había escapado, se derrumbaba todo el sumario”, opina Mateos, quien puntualiza que “no hay una sola evidencia que pueda demostrar que Baena disparó en la calle Alenza”.
Por el contrario, el autor del libro de Anagrama ha acumulado decenas de datos, indicios y evidencias, así como contradicciones flagrantes en la instrucción del caso, que sustentan su tesis. Y todo ello pese a que tanto Mayoral como Chivite, los otros dos militantes del FRAP condenados a muerte cuyas penas fueron conmutadas en la causa sobre el atentado en Alenza, siguen mostrándose escurridizos a la hora de hablar de lo sucedido.
¿Se sabrá algún día quién disparó realmente las balas que mataron a Lucio Rodríguez? Mateos responde: “Depende de si deciden dar un paso al frente aquellos que sí saben realmente lo que ocurrió, porque los hechos están prescritos y amnistiados”.
No sería la primera vez que algo así sucede. Ocurrió en 1963. Dos anarquistas, Joaquín Delgado y Francisco Granado, fueron ejecutados a garrote vil por supuestamente haber hecho explotar dos bombas en la sede del Sindicato Vertical y en la Sede Central de la Policía, en la misma DGS. Tres décadas después, otros dos anarquistas admitieron ser ellos los verdaderos autores del atentado en un documental. “Aquello fue una manera de reparar la memoria de Delgado y Granado. Quién sabe si algún día alguien querrá seguir ese camino con lo sucedido en la calle Alenza”, profundiza el propio Mateos.
Sea como fuere, medio siglo después la voz de Aute sigue retumbando con los versos que terminaron convirtiéndose en himno: “Presiento que tras la noche / vendrá la noche más larga. / Quiero que no me abandones / amor mío, al alba”. Aunque él siempre dijera que se trataba de una canción de amor.
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La movilidad sostenible en las ciudades es una de las preocupaciones que, tanto a nivel político como social, más ha impregnado las políticas orientadas a disminuir los índices de contaminación. Más allá de las medidas impulsadas por la Administración pública, la ciudadanía ha tomado el impulso de organizarse en cooperativas que persiguen otro modelo de movilidad, en el que la posesión de un vehículo privado pasa a un segundo plano y en donde prevalece el llamado carsharing de vehículos totalmente eléctricos.
Diversos proyectos cooperativistas, en donde las personas asociadas son quienes deciden las medidas a tomar que a ellas mismas les afectarán, intentan que esta forma de moverse cale cada vez en más territorios.
Som Mobilitat es uno de los mayores ejemplos de cooperativas ligadas a la movilidad. Nació en 2016, en Mataró (Barcelona), de la mano de tres personas que en un coworking de un espacio autogestionado intentaron replicar en este sector lo que desde Som Energia ya se realizaba en el mercado energético. “Pensamos que el modelo en el que impera el coche privado y de combustión esta caducado y necesita un cambio”, explica Ricard Jornet, uno de los fundadores y actual coordinador de la cooperativa catalana.
Arrancaron el proyecto formalmente en 2017 con 800 personas asociadas y cuatro coches eléctricos. A día de hoy, más de 6.900 personas se han sumado a Son Mobilitat, que ha agrandado su parque de vehículos hasta los 170 coches repartidos por toda Catalunya, algunos de ellos destinados al uso exclusivo de fundaciones y entidades sociales.
La forma de utilizar estos vehículos compartidos es bastante sencilla. Cada persona asociada tiene acceso a una aplicación móvil, mediante la que se abre también el vehículo, desde la que puede ver qué coches están disponibles, y reservarlos el día y a la hora que le convenga. A través de la aplicación también puede realizar el pago del alquiler del coche. De esta manera, cada particular puede disfrutar de un vehículo siempre que lo necesite sin necesidad de tener un vehículo en propiedad.
Al igual que las demás cooperativas de este tipo, Som Mobilitat ofrece plaza de aparcamiento las 24 horas con punto de recarga, el pago por horas y kilómetros y una continua limpieza y mantenimiento del vehículo.
Muchos países de nuestro entorno también disfrutan de iniciativas que impulsan el uso del coche compartido. Según una encuesta realizada por la patronal francesa del sector, este 2025 más de un millón de franceses están inscritos en un servicio de coche compartido en cualquiera de sus modalidades. En el país vecino existen más de 13.800 coches sujetos a este modelo, mientras que Alemania cuenta con 45.400 vehículos compartidos en propiedad de 297 proveedores, entre empresas, cooperativas y asociaciones, que dan servicio a casi 1.400 municipios.
El Osservatorio Nazionale Sharing Mobility italiano presentó algunos resultados en 2024. Una vez analizadas las diversas formas de movilidad compartida, confirmaron que el número de automóviles en este régimen disminuyó en 2021 y 2022, y aumentó en 2023 hasta superar los 2.500 vehículos. “Además, se ha registrado una sustitución progresiva de los vehículos de gasolina por modelos híbridos, lo que pone de manifiesto una tendencia hacia una mayor sostenibilidad medioambiental en la flota”, concluyeron en su informe.
La Asociación Vehículo Compartido España (AVCE), formada por seis empresas privadas del sector, también realizó un barómetro publicado este 2025. Según estas compañías, existen más de 1.800.000 usuarios registrados, aunque solo algo más de 385.000 de ellos están activos. Estas seis empresas cuentan con una flota de 3.891 vehículos que realizaron casi 3.900.00 viajes en 2024. El crecimiento global de su flota total en los últimos cuatro años ha sido del 30%, en la que el 66% de ellos son vehículos eléctricos.
Estas cifras proporcionadas por la patronal no analizan proyectos como el de Alterna Coop, en Valencia. Rafa Esteve, uno de sus fundadores, explica que nació en 2019 y actualmente alcanzan casi las 600 personas socias. Al igual que el proyecto catalán, sus primeros integrantes también se conocieron en Som Energia. “Somos gente con inquietud por electrificar el transporte y dejar atrás la movilidad privada”, enfatiza.
De aquellos dos primeros coches que compraron los impulsores han pasado a siete automóviles a día de hoy que dan cobertura a Valencia capital y dos pueblos de los alrededores. Aportar un capital social de 10 euros, tener más de dos años de antigüedad en el carnet de conducir y una edad mínima de 25 años suelen ser los únicos requisitos para entrar a formar parte de este tipo de proyectos.
Eso es lo que sucede también en eKiwi, otra de estas cooperativas que nació antes de la pandemia, en Valladolid, y actualmente ofrecen servicio también en Laguna de Duero y Burgos. David González, fundador y antiguo presidente de la misma, señala que poseen ocho coches y seis motos, todas ellas eléctricas, compradas con la financiación aportada por los 350 socios que forman la cooperativa.
Organizarse de forma cooperativista granjea grandes ventajas para las personas asociadas. “Al ser una cooperativa de consumidores sin ánimo de lucro nos aseguramos la implicación de todo el mundo y el trabajo conjunto a favor de un bien común. La particularidad de estos proyectos es que no se persigue ningún interés personal de ninguno de los socios”, comenta Jornet. Además, considera que el ser una cooperativa hace que el proyecto se vea con “simpatía” por parte de ayuntamientos y Administración pública en general. “Si va a más nuestro éxito y facturamos miles de euros, nadie nos podría comprar, lo que aporta una solidez inigualable a la hora de crear una estructura de movilidad en el país”, añade.
Algo parecido piensan en Alterna Coop, donde tienen claro que lo mejor de ser cooperativista es “no tener que responder a intereses de una multinacional, sino a las necesidades propias de los integrantes”, en palabras de Esteve, algo que González ejemplifica en decisiones como “si se pone un coche en su barrio o se suben o bajan las tarifas del servicio”.
Vanessa Maxé y David Balbás, coordinadores de la Escuela de Movilidad Sostenible, recalcan que en estos proyectos se entrecruzan dos formas de entender la realidad: “Por un lado, tratan de poner el foco en el cambio de paradigma, pasando a vehículos eléctricos. Por otro, abordan el modelo económico predominante, dando alternativas más horizontales y democráticas”. Ambos expertos sostienen que en las últimas décadas se ha incrementado el número de cooperativas en general que “intentan subvertir, cambiar o transformar las lógicas en las que nos movemos por la ciudad”.
Desde su punto de vista, tildan de “bonito” pensar cómo en todas las dimensiones de la movilidad ha personas organizadas dentro de la economía social y solidaria intentando mejorar la situación. En el caso del vehículo eléctrico compartido en concreto, recalcan que la sociedad, y la clase política, debería pensar la manera en la que se regula el acceso de los coches al centro de las ciudades, qué se subvenciona y qué no.
“Tenemos que pensar si el Estado da prioridad al coche en propiedad o a iniciativas colectivas y qué quiere incentivar mediante la financiación con miles de millones de euros”, dice Balbás. Maxé, por su parte, apuntilla que las cooperativas poco a poco desarrollarán modelos cada vez más eficientes a la hora de explotar su flota, mejorar las aplicaciones tecnológicas y establecer alianzas con otras cooperativas, como con las del sector energético y de seguros.
Sin embargo, comenzar la ardua tarea de crear una cooperativa también supone un reto para sus integrantes. “La economía social necesita reinventarse y crear herramientas que permitan crear estos proyectos colectivos que quizá ahora no sean rentables pero sí lo consigan ser dentro de una década”, opina Jornet desde Som Mobilitat. En este sentido, su visión a medio plazo pasa por crear parkings de vehículos eléctricos compartidos en todos los barrios de Catalunya, “pero para eso tenemos que cuidar el proyecto entre todos y hacer mucha pedagogía hacia la ciudadanía”, apuntilla.
Para él, lo más difícil de organizarse en una cooperativa fueron los trámites legales que tuvieron que realizar. “Se podría mejorar mucho todo el aspecto del papeleo”, asevera. González, el fundador de eKiwi, defiende la opinión de su homólogo catalán, y agrega que “la parte tecnológica de la aplicación también tiene cierta complejidad”.
Esteve añade desde Valencia que, en su caso, lo más costoso fue hacer frente al desembolso inicial. “Otro gran obstáculo fue encontrar parkings con cargadores para los vehículos. Si no lo encontramos, la propia cooperativa instala su propio cargador”, indica.
Por otro lado, también enfrentan cierta “precariedad”, ya que todo el trabajo de gestión lo realizan personas que lo dedican a este “activismo voluntario”, tal y como lo denomina el fundador de Alterna Coop. Desde eKiwi secundan este postulado: “Unas personas lavamos los coches, otras se dedican a la facturación… No solo es usar el servicio, sino dedicarle una porción de tu tiempo para que todo funcione correctamente”.
Jornet, Esteve y González coinciden al afirmar que ninguno de los proyectos que fundaron tendría sentido si no fueran una cooperativa. El último de ellos resume su labor como “una alternativa para modificar los hábitos de movilidad con una pata de concienciación social que nunca tendrá una empresa cuyo objetivo es facturar cuanto más mejor”.
Por último, preguntados los integrantes de estas cooperativas por los consejos que le darían a otros grupos interesados en replicar sus proyectos, los tres responden que hermanarse entre iguales es crucial. Desde la Escuela de Movilidad Sostenible secundan esta opinión: “Aliarnos es fundamental entre empresas de la economía social para que estas medidas de transformación tengan mayor impacto y visibilidad”, desarrolla Maxé.
En este sentido, las cooperativas que han participado en este reportaje estarán presentes en el encuentro que tendrá lugar el viernes 26 de septiembre en Madrid. En él se darán cita todos los proyectos cooperativistas organizados en la RedMovilidad, entre los que se cuentan también KarKarCar de Pamplona, EhCoche de Zaragoza, eMocion de Granada y Energía bonita de La Palma, para pensar en común sobre los futuros retos que afrontarán. Lo llevan en su nombre: la cooperación es esencial para alcanzar cada vez una mayor influencia y un nuevo modo de entender la movilidad en la ciudad.
Este reportaje pertenece a ‘Altacoop, el altavoz de las cooperativas’, un proyecto que cuenta con el apoyo del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados del Gobierno de España.
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La unión hace la fuerza, pero también abarata costes. Desde hace décadas y con esa perspectiva, miles de trabajadores y trabajadoras del campo se organizan en cooperativas para sacar el mayor rendimiento a sus cultivos y animales. Con una gran raigambre a nivel histórico en España, este tipo de empresas permite a sus personas socias decidir los designios que guiarán los próximos pasos a tomar. Más allá de las habituales cooperativas agrarias, nuevos proyectos ponen el foco en el cuidado del entorno y en el cambio del modelo agroalimentario del país, favoreciendo los productos de calidad.
Es el caso de Ana Corredoira, directora desde 2014 de la Granxa A Cernada, una granja de producción lechera que fundaron sus padres a finales de los años 80 e integrada en la cooperativa Sen Mais – As Vacas da Ulloa, en Lugo. “Nuestra producción primaria está ligada a la tierra, es decir, una producción que realiza un aprovechamiento de los recursos pero tratando de hacerlo de una forma respetuosa y sostenible”, introduce esta ganadera de profesión y bióloga de formación.
La cooperativa, por otra parte, también intenta sumar la innovación, el desarrollo y la tecnología para ofrecer valor añadido, productos de consumo de calidad, tratando de promover un modelo de consumo distinto. Correidora describe la creación de As vacas da Ulloa como “un parto muy duro”. Si la fundaron en 2015, hasta 2021 no pudieron salir al mercado: “Los problemas de tipo burocrático nos han jugado muy malas pasadas en el acceso, por ejemplo, a ayudas e inversión”, comenta tras ser preguntada por el principal escollo que han pasado tras decidir constituirse como cooperativa.
En Sen Mais son cuatro personas fundadoras y, actualmente, tres empleadas. Para llegar a este número, primero han tenido que sortear diferentes retos, aunque no lo hicieron sin referentes. “Nos fijamos en nuestras vecinas y compañeras Milhulloa, productoras de aromáticas. Son mujeres emprendedoras que apostaron por la producción ecológica, con ese perfil de mujer formada que decide regresar para poner en valor los recursos propios del territorio”, señala Corredoira.
La misma Corredoira, también concejala del PSOE en Palas del Rey, añade que, asimismo, son importantes las redes, como la Federación de Mujeres Rurales: “Ahí no solo encuentras el apoyo y la logística para la maduración o desarrollo de proyectos, sino que te sientes dentro de un espacio en el que compartir y en el que te das cuenta que muchas veces nos pasa lo mismo a todas”.
Cooperativas Agro-alimentarias España es la asociación que representa a 3.669 de estas cooperativas en las que se organizan más de un millón de agricultores y ganadores. Según sus datos, dan empleo a 122.600 personas, principalmente en las zonas rurales. En su memoria de 2023, en donde aparecen los datos más actualizados en algunos aspectos del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español, recogen que el 45% de estas cooperativas es empleo femenino, un porcentaje que se ha elevado en 29 puntos desde 2006.
En este sentido, las mujeres representan un 28,3% de la base social, un 10,1% de la composición de los consejos rectores, el 4,8% ostentan la presidencia y un 14,3% puestos de dirección. En cuanto a los jóvenes, representan un 9,8% de la base social, un 7,9% de la composición de los consejos rectores, el 4,1% ostentan la presidencia y un 7,1% puestos de dirección.
Por otro lado, sobre su actividad ecológica el informe del 2023 señala que “el valor de los productos ecológicos cooperativos representó el 39% del conjunto del valor de la producción ecológica española”. Y según la memoria de actividades de 2024, Castilla y León y Catalunya son de las comunidades autónomas cuyas cooperativas agroalimentarias más facturan. Sin embargo, ningún territorio supera a Andalucía, donde operan 639 de ellas.
Germán Cantalejo es el gerente de la Sociedad Cooperativa Andaluza Europeos, situada en Cádiz y que cuenta con más de 1.500 socios. “Antes lo hacíamos todo por nuestra cuenta, pero nos percatamos de que sería más fácil si nos organizábamos en cooperativa”, relata. Lo hicieron en 1986, por lo que su experiencia les precede. “Lo primero que hicimos fue conseguir un local para agrupar la cosecha de trigo, cebada y demás cereales de todos los socios”, rememora.
Este tipo de organización entre iguales siempre les ha insuflado un pequeño soplo de aire fresco a la hora de hacer frente a los costes asociados a la producción: “No es lo mismo que cada agricultor compre las semillas individualmente a que lo hagamos desde la cooperativa, al igual que sucede con los abonos y fertilizantes”, ilustra. De todas formas, no solo se trata de la compra de los insumos, sino también de la venta de los productos. Según explica Cantalejo, “los primeros beneficios los dedicamos a crear una almazara para tratar la aceituna y el aceite de oliva virgen extra”.
Por el momento, esta cooperativa gaditana con casi cuatro décadas de historia continúa su andadura. El gerente, en este sentido, reivindica que los legisladores deberían escuchar más a las cooperativas. Desde su punto de vista, “muchas buenas ideas nacen de aquellas personas que conocemos bien el campo, aunque nos veamos en manos de políticos que no tienen ni idea de agricultura, lo que es bastante triste”.
Cantalejo remarca desde Cádiz que Europeos no tendrían sentido si no fuera una cooperativa. Según opina, sería “inviable” crear un sistema agrícola local que no se organizara empresarialmente de esta manera. Y va más allá: “Ya no digo que nos agrupemos en cooperativas, sino que las cooperativas del mismo entorno deberían también agruparse entre sí para hacerse más fuertes”.
Esta forma de cooperación entre cooperativas es, precisamente, lo que han llevado a cabo en el Valle del Jerte. En una misma agrupación se organizan unas 15 cooperativas del lugar y la de Santa Catalina, en Rebollar, es una de ellas. Se fundó en 1961 y en la actualidad es el paraguas de 130 personas asociadas. Los abuelos de José Luis Serrano, ahora consejero en la cooperativa, fueron unos de los impulsores: “Nos dedicamos principalmente a la cereza, aunque también hay higos, aceitunas y ciruelas”, introduce.
Sin dudarlo, Serrano remarca que lo mejor de ser una cooperativa es poder sacar el máximo rendimiento al producto: “Gracias a eso hemos llegado a unos mercados que, si no, nos hubiera sido imposible”. Aunque para él organizarse de manera cooperativa granjea mucho más beneficios que pérdidas, también admite que mucha otra gente no ha dado el paso por aspectos ligados a la economía sumergida. “El que ha estado por libre ha funcionado como ha podido, aunque eso se está acabando”, apuntilla.
Los cooperativistas cacereños de Santa Catalina, gracias a su unión en la agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, reparten mucho más las funciones que en otras organizaciones empresariales de este tipo. “Cada uno recolecta su fruto y lo lleva a la cooperativa, y de ahí pasa a la agrupación, donde se empaqueta a demanda del cliente”, explica el mismo Serrano. El retorno de las ganancias es similar. “Una vez que llega la liquidación, la agrupación paga a la cooperativa y la cooperativa a cada uno de los socios según la cantidad aportada”, completa.
La larga tradición de cooperativismo en el campo español tiene su porqué en la economía de escala, según Pablo Saralegui. Él es técnico de investigación en Alimentta, una asociación científica centrada en la transición alimentaria, e incide en que cada vez aparecen más cooperativas en las que la innovación es su punta de lanza: “Existen muchas centradas en la gestión de los residuos, la materia orgánica que se puede convertir en compostaje, algo que hasta hace poco ni siquiera se concebía como tal”, ejemplifica. Para este experto, se trata de intentar comunalizar aquellas actividades necesarias para la producción que supondrían demasiada carga a nivel individual a cada agricultor.
A pesar de que este modelo empresarial se caracteriza por una horizontalidad y democracia, eso no es óbice para que la mayoría de cooperativas persigan un mayor rendimiento económico y ahorro de costes. Pero no todas son así: “Hoy cooperativas que intentan innovar a través de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria para también relocalizar el comercio”, explica Saralegui.
La innovación ha llegado hasta las industrias artesanales, como los obradores compartidos. “Todo es mucho más fácil si me asocio con alguien y montamos un obrador gestionado de manera democrática, y así nos ahorramos muchos costes, como ya sucede en algunas experiencias en Euskadi”, ilustra el especialista. Tal y como determina, “estos proyectos también persiguen transformar el sistema alimentario y generar una oferta sostenible y saludable”.
De nuevo, la unión se torna esencial para poder cumplir esa meta. “Ya vemos productores locales asociados con cooperativas de consumo, por ejemplo, con una perspectiva muy política a la hora de intentar transformar la alimentación, que tienen la sostenibilidad económica y ecológica como prioridades”, desarrolla el integrante de Alimentta.
Corredoira, integrante de As vacas da Ulloa en Lugo, es un buen ejemplo de estas iniciativas transformadoras. La ganadera admite que el proyecto lo siente como algo suyo, propio. “El nivel de compromiso y la entrega que tenemos hacia él es lo mejor de la cooperativa”, enfatiza. De todas formas, esa moneda también tiene una cruz: “Al mismo tiempo, las cosas nos duelen el doble y nos afectan de una manera muy distinta. No podemos romantizar los proyectos en exceso”.
Por último, esta gallega deja apuntado un consejo valioso para cualquier persona que quiera replicar un proyecto como el suyo. “Tenemos que prestar más atención a dónde queremos estar, más allá del discurso productivista. Para mí es tan importante dónde estoy que lo que hago aquí. Para poder hacer un buen trabajo, primero tenemos que estar donde queremos”, finaliza.
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