Este artículo forma parte del dossier dedicado al Sáhara Occidental publicado en #LaMarea108. Puedes descargarte gratuitamente la revista aquí o suscribirte para recibir los próximos números y seguir apoyando el periodismo independiente.
El 8 de junio de 2022, el diputado socialista José Luis Ábalos accedió a conceder una entrevista off the record al periodista que firma esta pieza. Será el propio Ábalos quien rompa ese pacto de confidencialidad minutos después. Durante casi una hora, sentado en un lugar discreto del Hotel Catalonia, a escasos metros del Congreso de los Diputados, el que había sido ministro de Transportes y hombre de confianza de Pedro Sánchez restó importancia a su relación con cuatro personas cercanas a su entorno y que, según documentos del CNI y varias fuentes de los servicios de información españoles, estaban a sueldo del espionaje marroquí.
Los vínculos de Ábalos y su círculo íntimo con estas personas eran innegables. La primera de ellas pasaba las noches con una persona del ámbito familiar de Ábalos mientras ésta permanecía ingresada en un hospital. La segunda había ejercido como asesor de libre designación en su etapa de ministro. La tercera recibía pagos directos del jefe en Madrid de la DGED, el servicio secreto exterior marroquí. La cuarta trabajaba a las órdenes de Ahmed Charai, un conocido relaciones públicas de la propia DGED.
Ábalos admitió conocer a estas personas pero restó peso a su relación con ellas. Él no tenía por qué saber que trabajaban para la inteligencia de Mohamed VI. Tras negar vínculos con el espionaje marroquí, el ministro apagó su cuarto (y último) cigarro, apuró su café cortado y salió a pie del hotel. Unos minutos después, rompía el pacto de aquella entrevista off the record. Antes siquiera de abonar la cuenta, este periodista recibió una llamada de una fuente vinculada a los servicios secretos de Rabat. Estaba al tanto de nuestro encuentro y de la lista de personas que habían protagonizado la conversación: «Ábalos ha llamado preocupado y ha informado de que estás preguntando por todos ellos».
Alineado con Rabat
El PSOE es la formación política española más alineada con los intereses de Rabat. La cuestión del Sáhara pone en evidencia la brecha que separa a la élite del partido y sus bases. El matrimonio de conveniencia entre los dirigentes socialistas y Marruecos comenzó con el presidente Felipe González, cuando en la década de 1980 empezó a expresar su apoyo a Rabat, olvidando la promesa que hizo en 1976, siendo secretario general del PSOE, durante su visita a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. «Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final», había dicho entonces González. Al llegar a la Moncloa, González olvidó su apoyo a los saharauis y se alineó con Marruecos hasta convertirse en uno de los grandes defensores internacionales de la marroquinidad del Sáhara Occidental.
José Luis Rodríguez Zapatero siguió la misma estela y se convirtió en el primer presidente en apoyar públicamente el «plan de autonomía» de Marruecos para el Sáhara, criticado por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch por su ilegalidad, por carecer de contenido y por la falta de garantías que ofrece un régimen autoritario como el marroquí. En la misma línea, el presidente Pedro Sánchez fue el último en claudicar de sus propias palabras cuando en 2022 remitió una carta al rey Mohamed VI –y cuyo entorno la filtró a los medios– apoyando sus postulados sobre el Sáhara para poner fin a la peor crisis bilateral entre ambos países desde el incidente del islote de Perejil en 2002.
Marruecos es un asunto incómodo para el PSOE. Sus dirigentes evitan pronunciarse en público sobre el vecino del sur. Si lo hacen, lo ensalzan eludiendo sus déficits más visibles: el respeto a los derechos humanos y la legalidad internacional, las falta de garantías democráticas y la ausencia de Estado de derecho.
El PSOE acumula un reguero de dudas que siguen sin respuesta, algunas protegidas al amparo de la ley franquista de Secretos Oficiales, de 1968, todavía vigente. Estas son algunas de las preguntas más relevantes sobre el Sáhara y Marruecos que el Partido Socialista sigue sin responder.
¿Impone Marruecos qué ministros cesan y cuáles acceden a una cartera?
La última decisión de Donald Trump en su primer mandato como presidente de Estados Unidos fue afirmar la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. A cambio, Marruecos aceptó reconocer al Estado de Israel. Aquella decisión supuso un terremoto a este lado del Atlántico y sus consecuencias no tardaron en aflorar.
El 18 de abril de 2021 el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, fue ingresado en un hospital de Logroño (La Rioja) para ser atendido de una grave afección de COVID-19. La llegada de Ghali fue gestionada en secreto por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que decidió asistir al dirigente saharaui –poseedor de la nacionalidad española– por razones humanitarias. Los servicios de inteligencia marroquíes estuvieron al tanto en todo momento y Rabat reaccionó con virulencia.
En mayo de ese año, Marruecos alentó la entrada de miles de personas en Ceuta, dando lugar a una crisis migratoria sin precedentes. En menos de 24 horas accedieron a esta ciudad autónoma más de 12.000 personas. Las autoridades marroquíes también dieron «instrucciones de dejar pasar las embarcaciones de inmigrantes hacia las costas españolas». Estas acciones estuvieron planificadas por Fouad Alí el-Himma, consejero del rey Mohamed VI, y fueron dirigidas directamente por el propio monarca junto con el líder de la diplomacia marroquí, Nasser Bourita, y los máximos responsables del espionaje exterior e interior de Marruecos, Yassin Mansouri y Abdellatif Hammouchi, respectivamente. Toda esta información consta en tres informes del CNI a los que tuvo acceso La Marea.
La crisis bilateral estaba servida. España y Marruecos cortaron relaciones. Además de propiciar una crisis migratoria, los servicios de inteligencia marroquíes iniciaron una ofensiva judicial y mediática para «presionar al Gobierno de España para conseguir un posicionamiento favorable a Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental», según los documentos secretos del CNI.
En julio de 2021 se reunieron en secreto el entonces embajador de España en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, y su homóloga marroquí, Karima Benyaich. Marruecos pidió la cabeza de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, como gesto de buena voluntad para restablecer las relaciones. Una semana después, Pedro Sánchez destituyó a Laya y nombró para el puesto a José Manuel Albares, un perfil cercano a Rabat. Hay dos preguntas que todavía no tienen respuesta oficial por parte del PSOE: ¿nombró Sánchez al ministro Albares a petición de Marruecos? ¿Por qué accedió Sánchez a la exigencia de Marruecos en un asunto –la designación de ministros– propio de la soberanía española? Moncloa y Exteriores no responden a las preguntas de La Marea al respecto.
¿El espionaje con Pegasus influyó en el cambio de postura sobre el Sáhara?
En junio de 2022, en una entrevista con El Periódico, la ex ministra Arancha González Laya afirmó que su teléfono fue espiado. El ministro Félix Bolaños admitió que los teléfonos del presidente Sánchez y de los ministros de Interior, Defensa y Agricultura también fueron espiados. The Guardian publicó que al menos 200 teléfonos de España fueron espiados con el software israelí Pegasus. Tras el estallido de este escándalo, todas las miradas apuntaron hacia Rabat, pero hasta la fecha no hay una confirmación oficial ni pruebas sólidas que inculpen al vecino del sur.
Sin debate previo y sin informar al Congreso, en marzo de 2022 el gobierno de Pedro Sánchez cambió la postura oficial de España sobre el Sáhara, antigua colonia y provincia española. Hasta esa fecha, Zapatero había sido el único presidente en apoyar verbalmente el plan de autonomía marroquí, pero sin cambiar la postura oficial de España, que había formado parte de un consenso de Estado. La decisión del líder socialista supuso un terremoto político de izquierda a derecha y fue recompensada por Marruecos con el restablecimiento de relaciones diplomáticas.
La carta que Pedro Sánchez envió a Mohamed VI está redactada en francés y contiene errores gramaticales propios de quien trata de traducir literalmente expresiones o composiciones propias del castellano.La misiva tiene un poder simbólico pero carece de base legal, pues el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización, según la ONU. Además, España sigue siendo la potencia administradora del territorio, hasta el punto de que el espacio aéreo del Sáhara es gestionado por la empresa estatal española ENAIRE. Es España la que cobra y autoriza el paso de aviones por la antigua colonia, y no Marruecos, potencia que ocupa ilegalmente la mayor parte del territorio.
En público y en conversación con este medio, el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos admitió haber participado en las gestiones que permitieron el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. Actualmente, Moratinos es alto representante de la ONU para la Alianza de las Civilizaciones. Dos fuentes con larga trayectoria en la diplomacia española y cercanas a Moratinos afirman que el exministro ayuda a Marruecos a cambio del dinero que Rabat inyecta al organismo de la ONU que dirige. Las mismas fuentes explican que es la misma razón por la que Moratinos felicita a Teodoro Obiang, el dictador de la excolonia española de Guinea Ecuatorial, por ganar las «elecciones libres y democráticas» del país con el 98% de los votos a su favor. Nihal Saad, directora de la Alianza para las Civilizaciones de la ONU, responde a La Marea que este organismo no ha recibido aportaciones económicas de Marruecos desde 2019. La web de este organismo de la ONU no publica información detallada de sus donantes y su último informe financiero es de 2019.
Hay tres preguntas sin respuesta que despiertan la ira de los equipos de Moncloa y Exteriores: ¿Quién redactó esa carta? ¿Por qué Sánchez cambió la postura española sobre el Sáhara? ¿Tuvo este cambio alguna relación con el espionaje de los teléfonos del presidente Sánchez y sus ministros? Moncloa no responde a las preguntas de La Marea al respecto. Exteriores se limita a señalar que «sobre la posición de España sobre el Sáhara Occidental, el ministro Albares recordó que está expresada en la declaración conjunta del 7 de abril de 2022».
¿Tiene el espionaje marroquí barra libre en España?
Tres informes del CNI detallan la estrategia de Rabat para agitar a la opinión pública, contaminar los tribunales con causas judiciales falsas y divulgar propaganda e incluso amenazas veladas en medios de comunicación afines, todo con un único objetivo: conseguir cesiones del Gobierno de España en la cuestión del Sáhara Occidental. Estos documentos desglosan un total de 21 nombres de personas y asociaciones al servicio de la inteligencia marroquí en España. Los protagonistas de esta lista operan con total impunidad en territorio español con conocimiento del Gobierno. Entre otros, figuran el pseudosindicato Manos Limpias, el Club de Abogados de Marruecos e incluso Hach Ahmed, veterano diplomático del Polisario ahora a sueldo de Rabat. La Marea entrevistó a este líder saharaui antes de que entrara en nómina de los espías marroquíes tras fundar Movimiento Saharauis por la Paz, definida como «organización pantalla de la DGED» en un informe del CNI.
El Gobierno de España posee información pormenorizada sobre los pasos de Marruecos para obtener concesiones sobre el Sáhara. El Ejecutivo también conoce, con nombres y apellidos, qué personas, asociaciones, despachos de abogados y periodistas trabajan al servicio del Majzén. Entre estas personas también hay altos cargos policiales y exmilitares, políticos de distinta ideología y otras personalidades destacadas del Estado. En privado, no son pocos los agentes de los distintos servicios de información que expresan frustración: se arriesgan para obtener información sensible y elaborar inteligencia, pero su trabajo es inútil porque el gobierno de Sánchez actúa como si no supiera nada, incluso en detrimento de la soberanía nacional y de los intereses del país. Si el Gobierno sabe todo esto, ¿por qué no actúa en consecuencia?
Después de tantos desplantes, ¿por qué la relación sigue siendo «excelente»?
En 2007, los reyes de España visitaron Ceuta y Melilla. Marruecos respondió retirando a su embajador en Madrid. Desde entonces los monarcas españoles no han vuelto a pisar ninguna de las dos ciudades autónomas. De hecho, Ceuta y Melilla son los únicos territorios de España que Felipe VI todavía no ha visitado. Marruecos define a ambas ciudades como «territorios ocupados», aunque Melilla está bajo soberanía española desde 1497 y Ceuta desde 1668. Las aduanas comerciales siguen cerradas y asfixiando sus economías locales, a pesar de las reiteradas promesas de Marruecos para facilitar el tránsito de mercancías.
La relación de España y Marruecos está plagada de agravios, pero los dirigentes españoles insisten en todo momento en que estas gozan de excelente salud. En 1991, España y Marruecos firmaron el Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad, que contemplaba celebrar Reuniones de Alto Nivel cada dos años, pero en estos 34 años solo ha habido 12. En la última, celebrada en 2023, el rey Mohamed VI dio plantón a Sánchez. Este no es el único agravio reciente. Por ejemplo, en 2020 el Parlamento marroquí amplió sus aguas jurisdiccionales hasta superponerlas a las aguas que rodean Canarias, de soberanía española.
El ala socialista del Gobierno y destacados ex altos cargos del partido insisten en que las relaciones son excelentes. Sin salirse del argumentario, subrayan que el país es un socio fiable y halagan su supuesta calidad democrática y su supuesto respeto a los derechos humanos. En este sentido destacan figuras como los exministros socialistas Juan Fernando López Aguilar, José Bono, Magdalena Álvarez y Cristina Narbona. En la lista también figura Trinidad Jiménez, que justificó el desmantelamiento violento del campamento saharaui de Gdeim Izik, o María Antonia Trujillo, que llegó a decir que Ceuta y Melilla «suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos». Otros no ocultan sus intereses económicos con Rabat. Por ejemplo, José Blanco, portavoz y hombre fuerte del gobierno de Zapatero, dirige Acento, unlobby que defiende los intereses del régimen marroquí en Bruselas.
La última visita oficial de Mohamed VI a España tuvo lugar en septiembre de 2000. Y Felipe VI no realiza una visita oficial al vecino del sur desde 2014. Si la relación es tan buena, ¿a qué se deben todos estos desplantes? Exteriores no responde a estas preguntas, sino que remite las palabras del ministro Albares durante la última visita de su homólogo marroquí, Nasser Bourita, subrayando que «las relaciones bilaterales se encuentran en el mejor momento de nuestra historia» y destacando que «los compromisos de la hoja hispanomarroquí siguen cumpliéndose a buen ritmo».
Un PSOE promarroquí y un PP prosaharaui
ÓSCAR F. CIVIETA // Pocos temas provocan tan extraños compañeros de viaje como el del Sáhara. Y mucho más tras el abrupto cambio de rumbo del PSOE al respecto, oficializado por la carta que, el 14 de marzo de 2022, le envió Pedro Sánchez al rey Mohamed VI y en la que daba su apoyo a «la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007». Aquello provocó el rechazo inmediato de las formaciones a su izquierda, Podemos e Izquierda Unida, e incluso de algunos miembros del PSOE que, en 2023, crearon el grupo Socialistas por el Sáhara.
La postura del PSOE se reafirmó dos años después, cuando, en febrero de 2025, se votó la toma en consideración de una Proposición de Ley de Sumar para conceder la nacionalidad española a las y los saharauis nacidos en el territorio del Sáhara Occidental bajo la administración de España, y que continuaba el camino abierto por otra PL presentada en 2022 por Unidas Podemos, que acabó decayendo por el adelanto electoral.
Superó la toma en consideración con los votos a favor de todos los partidos, excepto del PSOE –que votó en contra– y Vox –que se abstuvo, aunque su diputado José María Sánchez llegó a decir que la exposición de motivos del texto no era falsa–.
El PP fue uno de los que votó a favor. De hecho, los populares forman parte del intergrupo ‘Paz y Libertad para el pueblo saharaui’, en el que están todos los grupos parlamentarios, excepto el PSOE y Vox. La voz cantante del PP en este asunto la lleva Carmelo Barrio, que, en X, se define como “vitoriano, alavés, vasco, español y europeo… y saharaui”. En una entrevista con El Independiente, aseguró que «lo de Franco fue una traición y una espantada. Y los pactos de Madrid, entregando el territorio a Marruecos y Mauritania, son una ilegalidad».
El Frente Polisario estuvo presente en el XXI Congreso del PP, celebrado en julio de 2025. Posteriormente, el ministro marroquí, y presidente del partido Istiqlal (miembro, como el PP, de la Internacional Demócrata de Centro), Nizar Baraka, mandó una misiva a Alberto Núñez Feijóo mostrándole su preocupación «ante la falta de claridad del Partido Popular en cuanto a su posición sobre la situación del Sáhara marroquí».
‘La Marea’ ha contactado por escrito con las personas e instituciones mencionadas en este artículo para recabar posturas, sin éxito. El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Alianza de las Civilizaciones sí atendieron a este medio, pero contestaron con rodeos, eludiendo dar respuestas directas.
La entrada Sáhara Occidental: preguntas que irritan al PSOE se publicó primero en lamarea.com.
