Incluso los muy pérfidos se han atrevido a explotar la nostalgia. Los museos sacan muy buenos dividendos exhibiendo los fósiles de nuestros antepasados. Hay que sacarle el jugo a esa historia tan sentimental de los campesinos y su folklore, las tradiciones y costumbres; con esos vestidos de antaño, y esos rostros arrugados y curtidos por el sol y esas manos deformes que los hacen aún más primitivos. Pura arqueología: el esparto, el barro, las piedras, las cañas, el cuero o la madera. La mutación se ha consumado y el gen urbano es el dominante. La fuente donde nace el arte popular y las raíces de un pueblo se ha extinguido por completo. Ayer con su yunta de bueyes el campesino cantaba y creaban poesía, hoy en un tractor con aire acondicionado un autómata recoge la cosecha aislado en su cabina escuchando el reguetón de moda. Ya nadie canta en lo campos, los campos se han marchitado, los cantores han desaparecido, igual que muchas especies animales también ellos se han extinguido. El colapso demográfico de la «España vaciada» es una sentencia inapelable.

Como quien prostituye una hija; los cortijos, fincas o parcelas propiedad de los campesinos fueron rematados al mejor postor. El campo simboliza el retraso y lo importante es tener una buena cuenta corriente en el banco. Los «catetos» ignorantes vendieron y venden el patrimonio familiar de generaciones para comprarse un Mercedes Benz y un piso en la capital. Regalaron la tierra a los extranjeros que no comparten las mismas tradiciones y costumbres e imponen sus propias leyes: cercan sus propiedades con alambre de púas, cierran los caminos y ponen letreros de «Prohibido el paso. Propiedad Privada. Perro bravo» o contratan un guardia jurado con una escopeta y un bulldog pues se sienten inseguros. Hay que brindarles  paz y tranquilidad a esos seres superiores, a las elites dominantes.  Las leyes amparan al individuo y la propiedad privada por encima del bien común. Un egocentrismo atroz ha carcomido el alma del pueblo que como nuevos ricos se han vuelto avaros  y pretenciosos. Ahora sus hijos servirán en las fábricas o, tal vez, con suerte sean funcionarios en algún ministerio. El sur de Europa, el Mediterráneo, es el objetivo prioritario de la pequeña burguesía europea ávida de sol y playa, restaurantes, casinos y discotecas.

A finales del siglo XX una nueva oleada de emigrantes provenientes de todos los rincones del planeta llega a Europa a suplir el déficit de mano de obra. Ellos son los nuevos campesinos, son los nuevos peones y gañanes, los nuevos temporeros que producirán grandes beneficios a los empresarios. Los inmigrantes son los impulsores del tan mentado «milagro español», del renacer económico del campo que en algunas regiones gracias a las exportaciones deja multimillonarias regalías. Los siervos aumentan la producción a un bajo coste aunque la tierra se quede estéril al quemarla con tantos agroquímicos y pesticidas. Lo principal es que trabajen a destajo y recojan la cosecha en tiempo récord, que produzcan el triple, horas extras incluidas, y como indocumentados, mejor, pues eleva la plusvalía y se le resta un porcentaje de ganancias a la Seguridad Social. Se precisan más camareros que atiendan los restaurantes, más sirvientas en los hoteles, más prostitutas sudamericanas o de los países del este en los clubes de carretera, más africanos para el Maresme y más «moros» en el Ejido o en el campo de Murcia, más ecuatorianos en Huelva y, los que sobren, que se sumen a las obras públicas, la industria o la construcción porque así lo exige la ley de la oferta y la demanda. Y sin olvidarnos del primer mandamiento: santificar el trabajo. De la casa a la fábrica o al campo, es igual y luego a descansar unas horas frente al televisor para mañana temprano frescos rendir al máximo. Este es el futuro que nos espera: una generación de seres fríos y calculadores que glorifiquen el «time is money».

En los países europeos la población activa agraria representa el 9% del total y los patrones de comportamiento son similares al urbano. La agricultura en una alta proporción está mecanizada y se ha convertido en una actividad empresarial con fuertes aportaciones en capital. Hoy es imposible diferenciar en Europa una sociedad urbana de una rural. La ciudad ha absorbido y dominado el campo. La civilización postindustrial necesita un escape, una calidad de vida distinta, un regreso a la naturaleza pues todo el mundo quiere huir de la polución, de los ruidos, la delincuencia y los innumerables peligros que nos acechan. Las clases más adineradas empiezan a colonizar el campo instalándose en urbanizaciones y chalets en busca de esa tierra prometida donde gozar de un jardín, de una parcela, de un huerto y respirar aire puro para sentirse de nuevo humanos. Se crea, entonces, la «aldea virtual» con todas las comodidades y privilegios de la ciudad. Los que vuelven al campo no son campesinos sino ciudadanos con ansias de olvidarse de las tensiones de la gran urbe. El poseer una casa en el campo obedece a intereses capitalistas y de mercado.

Para el ciudadano español del siglo XXI lo ideal es vivir en un chalet pero cerca de una autopista que lo comunique a uno rápidamente con los grandes centros comerciales o la capital. Pero no importa pues hoy multinacionales como Amazon, Ebay o las empresas de delivery son capaces de traernos en un abrir y cerrar de ojos los productos más exóticos desde cualquier lugar del mundo. Las urbanizaciones privadas están de moda y las inmobiliarias las publicitan como el paradigma del bienestar. Aquí no se discrimina por raza, ideología o religión pues lo importante es que el cliente posea el patrimonio suficiente para pagarlas. El español medio desea ser propietario y no vivir de alquiler aunque tenga que empeñarse con un banco por el resto de su vida. Pero no se conforman con un piso sino que quieren una segunda residencia, o sea, un chalet en la playa o una casa rural en la montaña.  

El campo otrora atrasado y aburrido se ha convertido en el paraíso perdido donde todos queremos regresar, pero, eso sí, como es de imaginar, en un auto de alta gama y con todas las ventajas y comodidades de la ciudad. De ahí el éxito de la «aldea virtual» y el increíble negocio de la urbanización del campo y por ende su aburguesamiento. 

Abuelas de Plaza de Mayo calificó como “un ataque a la democracia” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó el recurso de queja y ratificó la condena a seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Repudiamos la confirmación de la injusta condena a Cristina Fernández de Kirchner, en un nuevo y triste episodio de persecución y proscripción, como ya hemos vivido otros en Argentina y en la región, decidida por una Corte Suprema que –como buena parte del poder judicial– responde a un sector de la política”, añadió en un comunicado.

Y afirmó que “cuando la Justicia se utiliza para distorsionar de forma tan brutal el tablero político, la democracia está en peligro. Dejar fuera de juego a esta dirigente tan representativa para el país, dos veces presidenta de la Nación y líder del principal partido opositor, es una irresponsabilidad histórica cuyos costos terminará pagando toda la sociedad”.

“Es un día aciago para la patria. Quieren silenciar a una porción enorme de la ciudadanía, despojándola de su figura más emblemática, tras años y años de estigmatización y deshumanización”, expresó.

Y manifestó sus deseos de que “el pueblo argentino entienda que no estamos frente a una mera disposición judicial, sino que se trata de una operación orquestada para reconfigurar, de manera completamente restrictiva y regresiva, los márgenes del escenario político y social”, concluyó la organización.

En otro comunicado firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Comisión Memoria Verdad y Justicia de Zona Norte, la Asociación Buena Memoria, la Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, expresaron que «los Organismos de Derechos Humanos en defensa de la Democracia y de sus instituciones, repudiamos enérgicamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que acaba de avalar la condena contra la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que bien sabemos fue sometida a un proceso absolutamente viciado, en el que se violó desde el principio de inocencia, el debido proceso legal, hasta el derecho de defensa y la igualdad ante la ley. El objetivo perseguido era y es manifiesto, lo que no pudo el arma criminal aquel fatídico jueves 1° de septiembre del 2022 lo pretenden concretar valiéndose de este sistema de justicia corrupto, al servicio de los grandes grupos concentrados y de los medios hegemónicos, cómplices y beneficiarios también hoy, de las políticas de saqueo y hambre que Milei y sus socios nos imponen. La decisión que en definitiva llevaría a la detención de la titular del máximo partido de la oposición, es de tal gravedad que pone en riesgo el pacto civilizatorio que los argentinos y argentinas celebráramos hace más de 40 años. Por tal razón, llamamos a las organizaciones libres del pueblo y a la ciudadanía sin distinción alguna, que por los medios a su alcance, se manifieste pacífica y masivamente en defensa de esos valores y de ella misma. Es ahora, es ¡ya!», concluyó el documento.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/ataque-a-la-democracia-organismos-de-derechos-humanos-repudiaron-con-firmeza-el-fallo-contra-cristina/

1.

El acceso a internet en Cuba marca la vida cotidiana del país desde los años 2018 y 2019. Ya en 2020 y 2021, con la pandemia de Covid-19, buena parte de las prácticas de socialización tuvieron el ámbito digital como el básico —y a veces único—.

Las redes virtuales devinieron, con fuerza, una «plazuela electrónica», una «ciber-esquina caliente». En diferentes escalas, la existencia ―de facto― de una «esfera pública supletoria» se multiplicó y diversificó. Incluso la consigna y aspiración de un «gobierno electrónico» recibió la venia de las principales autoridades del país.

Pero, en rigor, nada de eso es «nuevo». Algo similar vivimos, por ejemplo, con la llamada guerrita de los emails, hacia 2007, cuando un grupo de intelectuales protestaron por esa vía ante la aparición en televisión nacional de personajes que protagonizaron el «quinquenio gris».

Ya entonces Desiderio Navarro hablaba de esa «esfera pública supletoria» —a saber, el ámbito digital— ante la «inactividad e inoperancia de los espacios de expresión o debate… ya existentes».[1]

Pues bien, esa esfera pública supletoria ha vuelto a hacer acto de presencia como medio de expresión del descontento popular ante el reciente aumento de precios decretado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).

Dicha esfera mantuvo su condición de suplente porque, salvo momentos como el debate constitucional, el referendo sobre el Código de las Familias o las jornadas que siguieron a julio del 2021 ―en todos los casos con una sostenibilidad limitada en el tiempo―, la riqueza de discusiones acontecidas en espacios de expresión o debate —tanto institucionales como públicos— ha sido sepultada por la incapacidad vinculante de las organizaciones sociales en que tales discusiones suceden. «La inactividad e inoperancia de los espacios de expresión o debate… ya existentes», por tanto, se ha agravado hasta el estado de coma. Ello no acusa, empero, la muerte de la capacidad crítica del pueblo de Cuba, de pensar con cabeza y corazón propios los desafíos de su proyecto social, antes bien señala la ya crónica debilidad del tejido político cubano.

Por estos días regresa ―una vez más― el espacio digital «sustituto» para desafiar lo inoperante. Con alcances sociales diferentes, hoy le ha tocado el turno a ETECSA. Obligados por la protesta social, la propia Empresa y los directivos del Ministerio de las Comunicaciones han debido reaccionar con comparecencias en espacios informativos, incluido el de la Mesa Redonda; se han organizado encuentros en los planteles estudiantiles, principalmente universitarios; y a través de la red virtual X se han pronunciado algunos de los principales dirigentes del país. Sin embargo,

esos modos de transmisión de mensajes —más que de comunicación— han mostrado que no pueden ser «sustitutos» de los canales de comunicación directa con la gente, no solo porque sus naturalezas difieren, sino porque la eficacia de las discusiones cara a cara y masivas con la ciudadanía, no ha podido ni podrá ser superada por ágoras virtuales.

Un detalle de interés es que, como en algunas de las recientes discusiones con el sector del arte y la literatura, han sido dirigentes mujeres quienes han debido responder de manera más directa, sin mediaciones digitales, a las demandas planteadas, lo cual contrasta con el hecho de que la mayor parte de la dirigencia del país está compuesta por hombres.

2.

En medio de la discusión actual sobre las tarifas de ETECSA, es importante considerar que el debate no es meramente «económico», si de una economía con horizonte socialista hablamos, sino esencialmente político.

O, para decirlo de manera resumida, su contenido económico ―para lo que nos interesa aquí― radica en el impacto para la reproducción de la vida de los millones de cubanos que se «conectan» a través de esa empresa. Si el socialismo continúa siendo la orientación del movimiento social, del cual el gobierno es y ha de ser parte servidora —y, ojalá, parte guía—, y si convenimos que el horizonte socialista domina —pero no se somete— a la economía, que adquiere, bajo la égida de aquel, funciones nuevas, entonces, resulta incontestable la significación política de los hechos recientes en Cuba. Decir lo contrario es guardar complicidad con el aplazamiento y ocultamiento de discusiones que nos debemos como sociedad, sobre el modo en que se administra la riqueza producida en común.

Este no es un problema técnico: es un problema político.

No lo va a resolver la economía realmente existente, es decir, la economía capitalista. No lo van a resolver los indicadores al uso, ni la ciencia al uso, ni el pensamiento al uso, ni las conductas al uso. Lo va a resolver el pueblo, con su inventiva e histórica disposición a reformular el pacto social.

Muchas interrogantes atraviesan los problemas de las relaciones económicas —que son relaciones de producción y reproducción de la vida, y que, por consiguiente, no le conciernen de manera exclusiva a los economistas profesionales— y la participación del pueblo en el control y conducción creciente de dichas relaciones en su favor, si de un proyecto de transición socialista se trata. Una de dichas interrogantes es la rentabilidad.

En la última década —como expresión de la confluencia entre crisis económica y crisis político-cultural que algunos se empeñan en negar― el discurso de los dirigentes del país y una parte de los economistas acude una y otra vez al argumento de la rentabilidad. Desde esa noción se defiende la tan cuestionada reforma —¿comercial?— de ETECSA.

Cabe preguntarse si, de acuerdo con el pacto social que sostiene al Estado cubano desde 1959, la rentabilidad es un criterio absoluto.

¿Qué debe ser rentable y para qué en Revolución? ¿Cómo se financian los derechos conquistados que no admiten sometimiento a las lógicas del mercado? ¿Cuáles se asumen como derechos y qué estrategias necesitan para sobrevivir en su cualidad de «conquistas»?

No son preguntas que se puedan responder desde oficinas. No son preguntas que consideraciones tecnocráticas puedan satisfacer o cuyas respuestas puedan regularse desde ese lugar, porque, según el pacto social de la Revolución, hay respuestas que solo le corresponde dar y decidir al pueblo. A los técnicos y administradores les correspondería, en todo caso, «traducir» el reclamo popular en modos factibles de garantizar y proteger los derechos conquistados. Es en ese trabajo de «traducción» —y no en optar por otro idioma: el de la rentabilidad en este caso— donde recae el mandato que les delega el pueblo.

El proyecto revolucionario ha vivido de convertir las necesidades en posibilidades; no de plantearse qué es posible, con independencia de lo necesario. Si la pregunta que prima es la de las posibilidades, entonces, bajo las condiciones que impone el capitalismo, no es posible la justicia social, no son posibles la libertad ni la democracia popular, no es posible la revolución, ¡no es posible Cuba!

Vale la pena recordar la advertencia de Fidel, que no fue tecnócrata ni administrador, en su «Proclama» del 31 de julio del 2006: «Los fondos correspondientes para estos tres programas, Salud, Educación y Energético, deberán seguir siendo gestionados y priorizados, como he venido haciéndolo personalmente».[2] Consciente como era de que los dólares no entienden de dolores; de que hay bienes y causas que son incomprables, incosteables e intangibles —¡qué bueno!— para la lógica de la ganancia, Fidel era intransigente al sustraerlos de cualquier esquema basado en la rentabilidad, donde para sobrevivir esos bienes tuviesen que alterar su misión, su naturaleza, su cometido.

Fidel entendía que los recursos dinerarios para el sostenimiento de las conquistas más caras -en los dos sentidos del vocablo- del pacto social revolucionario había que sacarlos de otra parte.

Ciertamente, la de ahora no es una pelea por la rentabilidad de la salud o la educación —pese a que la clase, el territorio y los recursos monetarios cada vez recortan más, de facto, las posibilidades de acceso a ambas conquistas, las cuales, por cierto, han sufrido progresivos recortes disfrazados de «redimensionamiento»—. Tampoco se trata de una pelea por la rentabilidad de la energía ―pese a que en el incremento de la demanda sobre un sistema tan deteriorado no participan por igual el jubilado que abanica sus esperanzas de rentabilidad y los dueños de negocios, probadamente «rentables»—.

El asunto es que ETECSA no es solo una empresa, sino, sobre todo, una instancia que media el acceso de la ciudadanía a la información y la comunicación.

Entender tal acceso como conquista requiere darnos una discusión que no hemos tenido y que alteraría por completo el abordaje del actual problema de las tarifas.

3.

Tres significantes de interés acompañan la definición de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba: «empresa», «estatal» y «socialista». Como se desprende de lo dicho hasta ahora, uno de esos significantes ―el empresarial― tuerce el brazo de los otros.

Si sostenemos que el enfoque no puede ser solo económico, consideramos también que no debe constreñirse a la perspectiva jurídica individualizada. Enciende las alarmas que una parte de los reclamos se centre en el «cumplimiento de los contratos firmados con ETECSA», como si la aspiración cultural del proyecto que triunfó en 1959 se basara en la conformación de acuerdos individuales. Es otra expresión ilustrativa de la actual crisis y de la laceración del pacto social revolucionario, donde el bien colectivo fue siempre lo primordial.

Quienes gusten de los documentos contractuales, pudieran ir al Artículo 18 de nuestra Constitución: «En la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad».[3] ¿Acaso no es el terreno de los derechos a la información y la comunicación uno de especial interés social, en el que resulta central el control del mercado? O al Artículo 24: «La propiedad socialista de todo el pueblo incluye otros bienes como las infraestructuras de interés general, principales industrias e instalaciones económicas y sociales, así como otros de carácter estratégico para el desarrollo económico y social del país».[4] ¿Acaso no es la red de ETECSA una infraestructura de interés general? ¿No es evidente que tiene un carácter estratégico para el país?

Las razones económicas de la ruina de una empresa como ETECSA, rentable en su momento, generan otra pregunta: ¿hasta cuándo va a persistir la política de parches y enmiendas? Lo de ETECSA, como el pseudomercado cambiario, la bancarización y las «medidas para corregir distorsiones» han derivado en eso: parches, abordajes parciales e incompletos, trocitos de esparadrapo para sostener la grieta en el muro. Los parches son como los árboles que, parafraseando al Che, impiden mirar al bosque.

Tenemos una política económica que ha privilegiado, en la práctica, la acumulación por la vía de la comercialización y no del fortalecimiento de capacidades productivas, que ha premiado a quienes compran fuera y revenden dentro, que ha hecho de las inversiones en el sector del turismo una onerosa carga —con muy bajo rédito, si de rentabilidad hablamos— frente a necesidades apremiantes. Esa política económica, digámoslo de una vez, ha tenido innumerables costos y casi ningún beneficio.

Ella ha venido configurando el escenario en que los trabajadores cubanos no se sienten compelidos a cuestionar la grosera explotación de sus «empleadores» privados, pues ella les permite niveles de ingresos superiores al empleo estatal. Esa política económica —cuyos peores efectos son reforzados por la política agresiva de los Estados Unidos, una de cuyas expresiones es el bloqueo— los ha compelido a elegir entre la miseria estatal y la explotación privada. Y ha logrado que se confundan campesinos e intermediarios, importadores mayoristas y revendedores minoristas, empleados y empleadores bajo la categoría de «actores no estatales», como si la economía se tratara de una comedia o de una farsa teatral.

En suma, los efectos unitarios de la política económica obran en contra del consenso socialista. Ni la empresa estatal socialista, ni el sector privado, ni las cooperativas, ni la ciudadanía:

todos somos castigados y limitados de un modo u otro por el arreglo macroeconómico resultante de la Tarea ordenamiento, aunque, parafraseando a George Orwell: unos son más castigados que otros.

A propósito, con respecto al fracaso de la Tarea ordenamiento, hemos adolecido la ausencia de una autocrítica integral, honesta y pública en alguno de los órganos políticos colegiados de nuestro país. Y esto tampoco es un problema técnico de la economía: es un problema estrictamente político.

El discurso económico oficial de los últimos quince años bautizó al turismo como «la locomotora de la economía». En términos concretos, ello significaba que dicho sector debía garantizar una rentabilidad global del sistema que permitiera sostener el mal llamado «gasto» social, es decir, aquellos sectores esenciales para el sostenimiento del pacto de la Revolución. Orientado por esa hipótesis, el Estado ha mantenido como prioridad la inversión turística, en detrimento del resto de los sectores productivos, como la ciencia o la agricultura.

Todavía en 2024, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) indicaba que el turismo y la hostelería seguían siendo prioridad al haber captado el 37,4 por ciento de la inversión estatal. Nada indica hoy que persistir en esa estrategia sea sensato si tenemos en cuenta los pobres resultados del sector. Quizás algo de ese dinero pudo usarse en hacer a ETECSA una empresa más rentable, de manera que su modelo de negocios no terminara circunscribiéndose de un modo tan grotesco a mendigar divisas de los emigrados cubanos. Quizás parte de ese dinero pudo emplearse en acelerar la transición energética hacia una mayor capacidad de generación con fuentes renovables de energía o hacia el mejoramiento de las termoeléctricas —a fin de cuentas, sin energía tampoco es viable el turismo—.

Todo eso nos lleva a otra cuestión absolutamente política en torno a la conducción de la economía nacional.

¿Cómo, dónde y con quiénes se deciden las prioridades de inversión? ¿Cómo, dónde y con quiénes se decide en qué se usa el dinero del pueblo de Cuba?

Son asuntos de nación que atañen a todos.

Las preguntas tienen mayor resonancia si se piensa en la manera de hacer política económica en tiempos de Fidel.

Hay, en efecto, una forma revolucionaria de imponer decisiones económicas difíciles y, a la vez, acordarse integralmente de los más humildes y perjudicados, sin dejar de asumir toda la responsabilidad por una medida obviamente impopular.

Rememorar esa forma de hacer política — de hacer revolución — no es arqueología, aunque a estas alturas del partido, aquello parezca que fue hace muchos años; es señalar que hay una cultura política de la Revolución, que es la que resuena, por ejemplo, entre las jubiladas o entre la juventud.

5.

Hasta aquí insistimos en llevar la discusión al ámbito de la política. Pero existe otra arista: ETECSA no es un ente aséptico en el escenario cubano. Un grupo de condicionantes debieron considerarse antes de adoptar una medida previsiblemente impopular, que afecta de manera directa políticas promovidas o reconocidas por el Estado. Tal es el caso de la promoción del trabajo a distancia —que en las condiciones de deterioro de infraestructuras, transporte, servicio eléctrico, etcétera, se ha vuelto necesario—, o de la reconocida necesidad de hacer políticas para las juventudes —no es necesario insistir mucho en la sensibilidad que para este grupo tiene el acceso a la información y la comunicación, como un derecho ganado—.

No obstante, la salida «gremial» en las actuales circunstancias es un tiro en el pie. Si la protesta se encamina por soluciones para todos y todas, lejos de impugnarlas, deberían celebrarse como una manifestación saludable de resistencia frente al individualismo rampante en nuestra sociedad. Conocemos de sobra las amenazas internas y externas que tendremos que encarar, pero ellas no nos pueden marcar la agenda. Sabemos que han existido, y seguirán ahí, los surfistas de la fuerza colectiva, que buscan instrumentalizarla para que ella les conquiste lo que sus grupos de pertenencia no pueden, pero ansían. Suprimir por los surfistas de la tabla corta el debate, llamar por ellos al orden a las ideas revolucionarias —que no tienen manual para expresarse—, hacer moción al espíritu comunista por el concierto normalizador de las relaciones internacionales, nada de eso enaltece la tradición heroica del pueblo cubano, ni hace honor a la mayoría de edad de ese pueblo para conducir su propio destino.

Si la agresividad del imperialismo y sus lacayos es impedimento para que Cuba sea una democracia socialista, ya fuimos derrotados.

6.

El pueblo de Cuba no se dio órganos colegiados y organizaciones políticas en Revolución para ritualizar al Estado ni para adornarlo: se los dio como vehículo de una democracia de los humildes, para hacer valer sus intereses en el camino de resolver las muchas contradicciones que surgen en el empeño de hacer a un país independiente en medio de la agresión imperialista.

Entre esas contradicciones, es importante identificar cuándo ha de tomarse una medida audaz. A lo largo de estos más de sesenta años, han sido muchas. En la mayoría de los casos, la audacia de la medida se definía a lo largo del proceso pedagógico, participativo y de consulta que se echaba al ruedo. Hoy, los amagos «pedagógicos» acaecen tras la asonada del látigo social, para intentar contenerlo, para intentar contener en él cuanto de revolucionario y rebelde le debe a la historia que lo formó, de la que es hijo. Si el pueblo de Cuba tiene que llegar a hacer la revolución «por cuenta propia», lo hará, sin duda. Los estudiantes universitarios y no pocos profesores están dando pruebas dignísimas.

Tal vez, como nunca antes, es más duro levantar un parlamento en una trinchera. Y, sin embargo, como siempre, sigue latiendo en este pueblo la sabiduría rebelde y el legado socialista que ningún poder ha logrado extinguir: ahí reside nuestra fuerza.

Notas:

[1] Navarro, Desiderio: «¿Cuántos años de qué color? Para una introducción al Ciclo», en La política cultural del período revolucionario: memoria y reflexión, Centro Teórico Cultural Criterios, 2007, p. 17.

[2] Castro Ruz, Fidel: «Proclama del Comandante en Jefe al pueblo de Cuba», Granma digital, <https://www.granma.cu/granmad/secciones/siempre_con_fidel/art-021.html>. Consultado 04/06/2025.

[3] Constitución de la República de Cuba, en http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2019/01/Constitucion-Cuba-2019.pdf. Consultado 04/06/2025.

[4] Ídem.

Fuente: https://medium.com/la-tiza/los-megas-de-cuba-bfd46a9cb037

La Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) pone once ejes sobre la mesa para debatir otro modelo de “campo”, para una nueva «Propuesta de Política Agraria». El desafío es desarrollar el agro más allá de la exportación de commodities, pensar el campo “con un millón de chacras” y defender instituciones públicas como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Conicet y las universidades públicas para trabajar por intereses comunes, que potencien a los agricultores y cooperativas y no la apropiación privada para las grandes empresas. También proponen crear valor agregado, políticas para producir alimentos en todo el territorio, abastecer las mesas con trabajo cooperativo y exportar con políticas soberanas.

La idea comenzó a estructurarse durante el año pasado, con mesas de intercambio con especialistas hacia el interior de Fecofe y concluyó en los once ejes que este año serán puestos en debate en distintas regiones del país. El primer paso será en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Continuará de esa manera en espacios públicos y con invitación abierta a organizaciones y productores con el objetivo de cerrar la Propuesta de Política Agraria para finales de 2025. 

“Hace muchos años que no se habla de desarrollo en el sector rural sino de cuántas toneladas más o menos se producen. Si el contexto político actual es exacerbado, si plantea los extremos, nosotros vamos a plantear que queremos un cambio radical del modelo agropecuario, por uno que contemple las dimensiones económica, social y ambiental”, propone Ricardo Garzia, secretario de Fecofe. 

El documento preliminar elaborado por la Federación es crítico de la “representación vacía” de “el campo”, que quedó cristalizada desde el conflicto de 2008 en las entidades de la Mesa de Enlace, y apunta contra “el accionar que tiene como objeto casi exclusivo el reclamo continuo sobre retenciones y tipo de cambio”. También es crítico del modelo agropecuario hegemónico y lo describe como parte de la globalización de mercado y  responsable de haber “enterrado todos los procesos de acceso a la tierra y la discusión sobre la cuestión agraria”.

Los ejes propuestos por Fecofe para abrir el debate de una nueva Propuesta de Política Agraria son: Tierra y Tenencia, Ambiente, recursos y territorio; Ciencia y Técnica; Perspectiva de Género; Juventud; Esquema Tributario; Modelo Productivo; Agro y Ruralidad: nuevos sujetos; Cooperativismo; Alimentos y Alimentación; Estado y Gobierno del sector agrícola. 

“La representación está en crisis no solo en el agro ni en la ruralidad, sino en todos los espacios de organización y participación de nuestra sociedad. En lo que hace al agro, una dirigencia que solamente discute retenciones, tipos de cambio o devaluación. Hace rato que dejó de representar a una ruralidad más diversa, con muchos temas respecto de cambios tecnológicos, globales y sociales que nos cruzan a las familias rurales en los territorios y no son parte de las agendas de las dirigencias de las organizaciones tradicionales, que miran a los grandes medios y a los funcionarios de turno”, analiza Edgardo Grünfeld, referente del Área Institucional de Fecofe. Marca la necesidad de convocar a la juventud, alejada de la participación de filiales y bases cooperativas, pensar las nuevas tecnologías y ampliar la representación a partir de indagar “con los productores como protagonistas desde los territorios”.

La tierra del millón de chacras

El documento preliminar de Apuntes para una Propuesta Política Agraria, que se materializó en los ejes propuestos para el debate, contiene análisis y acciones sobre temas centrales. “La tierra” es el primero de ellos como una problemática de larga data que está reflejada en las cifras de los últimos censos agropecuarios. 

Según un reciente informe del INTA, a partir de los datos de los últimos dos censos, el 64 por ciento de las Explotaciones Agropecuarias (EAP) corresponden al sector campesino, productores familiares y pequeñas cooperativas, pero cuenta con solo el 13 por ciento de las tierras en producción. Otro informe de la Cátedra Giberti, también sobre los datos de los censos agropecuarios, marca que la tierra operada mediante distintos convenios de alquiler en la región pampeana (zona núcleo del agronegocio), creció un diez por ciento entre censos y cuadruplicó su participación respecto del resto del país. 

Frente a esa realidad, el documento de Fecofe plantea como “objetivos inmediatos y principales enfrentar la lógica imperante que funciona como un mercado anual de oferta y demanda de tierras” que tuvo como consecuencia la concentración de las tierras en pocas manos y la expulsión de productores. Propone “volver a poner en agenda la cuestión de la tenencia y acceso a la tierra, tema esencial silenciado en las últimas décadas”.

Con ese objetivo, entre las propuestas está la de volver a discutir una Ley de Arrendamiento, cuya última reforma fue dictada en 1980 durante la última dictadura cívico-militar para facilitar la liberalización y concentración de las tierras, y la de restablecer la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales, que limita la extranjerización y en especial su comercio en un mercado internacional (y que fue derogada por el presidente Javier Milei con el DNU 70/2023, aunque obtuvo un amparo favorables en el Poder Judicial). 

Estas propuestas también deben ser acompañadas por políticas y acciones para la obtención y redistribución de tierras, especialmente orientadoras a los jóvenes y con perspectiva de género. Además de promover la producción de tierras ociosas destinándolas apequeños y medianos productores. 

La propuesta agropecuaria de Fecofe también agrega al debate la recuperación de políticas de promoción de pueblos rurales, de infraestructura, de circuitos cortos de comercialización y turismo rural, y sentencia: “Las decisiones y la conformación del territorio también es un hecho político, es ‘política territorial’”.

Esa gran batería de propuestas relacionadas a la tierra se sintetizan en un lema que acuñó la Federación sobre la vuelta del “millón de chacras”. “Es más importante recuperar las 300 mil explotaciones agropecuarias que se perdieron que poner diez millones de toneladas más de granos en las bodegas de los buques para la exportación”, contrapone Garzia y agrega: “Argentina puede producir mucho más, con mejores condiciones, pero con un interior poblado. Donde hay cooperativas hay arraigo, hay trabajo, hay cuidado del ambiente y hay conciencia de cuánto, cómo y qué se produce”. 

De los commodities o un modelo federal de producción de alimentos 

La expulsión de productores de los campos y la concentración de tierras son parte de un modelo productivo, económico y político. La propuesta agraria de Fecofe propone salir al cruce “del actual modelo de renta financiera con eje en los fondos de inversión, dando oportunidad de fortalecer a un entramado de productores y sus cooperativas, Pymes y prestadores de servicios, vinculados al agregado de valor local y el desarrollo regional”.

En ese modelo, el comercio interno y el internacional cumple un rol ordenador para garantizar un mínimo creciente de participación de las cooperativas en el mercado de granos, revisar la Ley Federal de Carnes y promover normas de adquisición de productos de cooperativas en programas alimentarios.

“Hay una correlación entre qué es lo que estamos produciendo en volumen, miles de toneladas de productos primarizados, y el comercio internacional que no dominamos. La Argentina tiene que cambiar, tiene que ser soberana en sus decisiones de comercio exterior y poder agregar valor a su producción. Tiene que haber una política de regulación, intervención, para defender la industria nacional, a los productores y a los consumidores. En la actualidad, el Gobierno está fomentando que los productos de valor agregado entren vía importaciones y no una política de alimentos soberana”, define Garzia. 

El debate también se extiende sobre las políticas tributarias, que tienen a las retenciones como eje de todos los debates en torno “al campo”. “El debate no se puede agotar en las retenciones y menos sobre la soja u otro cultivo aislado. La discusión se tiene que enmarcar en a quiénes queremos promover y quién tiene que hacer el mayor esfuerzo. Hay que ir a una segmentación por escalas, por territorio, no es lo mismo producir en el Valle de Río Negro o en la Puna que a 100 kilómetros del puerto de Rosario”, señala Grünfeld.

“La discusión fiscal es parte de una discusión de qué proyecto de país y qué rol queremos que jueguen los agroalimentos y la agroindustria para desarrollar los territorios, para generar divisas, pero fundamentalmente redistribución. Nosotros queremos una agricultura con más agricultores y un agro con cada vez más cooperativas para generar empleo en los territorios y abastecer las mesas de los argentinos. Ser protagonista de la exportación de mercaderías y de servicios, y revertir el peso cada vez más grande de las multinacionales”, completa.   

Ciencia para el territorio, organismos democráticos y cuidado del ambiente 

La “Ciencia y técnica” es un eje particular para la política agropecuaria planteada desde el cooperativismo y con actualidad a partir de los embates que el INTA resiste como parte del plan de ajuste del gobierno de La Libertad Avanza desde diciembre pasado.  

“El Gobierno actual está haciendo todo lo posible por subdesarrollar a la Argentina”, sentencia Garzia y señala que el modelo propuesto por Milei es el de “un país que exporta materias primas del extractivismo, sin importar si hay un productor o cien mil productores en un territorio”. 

“Atacar el sistema científico tecnológico es atacar el desarrollo de la Argentina, es desconocer los 70 años del INTA, un sello internacional que el Gobierno y sus socios de la Mesa de Enlace están haciendo lo posible por desguazar”, denuncia Garzia, quien en noviembre pasado fue designado como presidente del Consejo del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (Cipaf).

El documento preliminar de Fecofe valora la investigación pública del INTA, el Conicet y las universidades nacionales, pero marca la necesidad de “evitar que las innovaciones estén solamente en manos de pocas empresas concentradas y en función de sus intereses” y propone “limitar los convenios de exclusividad con las compañías para recuperar la transparencia y el acceso público a la información”.

La nueva política agraria propone que la investigación se oriente a promover la “vuelta al campo” y que los productores y sus organizaciones no pueden ser ajenos al desarrollo, difusión y utilización de las innovaciones. El documento exige la participación de las cooperativas en los distintos ámbitos de decisión, planificación, control y gestión. Un reclamo que el sector realiza hace años junto a las organizaciones campesinas para tener una silla en el Consejo Directivo del INTA. Y que podría verse reducido a la mínima expresión de la Mesa de Enlace según los planes de Milei.  

“Pretenden, por ahora, quitarle un cuarto de su planta de trabajadores, modificar su órgano de conducción y quedarse con el control político del INTA desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía. La Argentina corre el riesgo de quedarse sin una de sus naves insignias. Esperemos que el daño que haga este Gobierno pueda ser revertido en el futuro, cuando esta gente se retire del poder”, apunta Garzia. 

Otros dos ejes de la propuesta de Fecofe cuajan con la realidad del INTA: que los organismo no tengan su sede central en la Capital Federal y que sus directores no tengan conflicto de intereses, como ocurre con el actual presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, integrante de Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y de la Sociedad Rural de Balcarce.

El enfoque de la propuesta también resalta que las nuevas tecnologías deben ser “un aporte al bienestar general, a la salud, a disminuir el impacto negativo sobre el medioambiente y resguardar los recursos naturales, la biodiversidad y la sustentabilidad”. Por ejemplo, en materia de semillas, propone un abordaje que resguarde las semillas nativas, criollas y de la agricultura familiar, que impulse una producción diversificada y desarrolle líneas sin organismos genéticamente modificados (OGM).

“La dimensión ambiental es estratégica para poder pensar una nueva política agraria. Es una dimensión que si no pensamos tenemos que subordinarnos a lo que piensan otros en una era en la que el cambio climático no es solo una realidad sino que condiciona la producción”, plantea Grünfeld y amplia: “Hay que pensarlo desde lo tecnológico, los productivo, la innovación y cómo está impactando la calidad de vida de nuestro territorios, por ejemplo, en cómo se está gestionando el acceso a los recursos como la tierra y el agua”.

El documento de Fecofe plantea el incumplimiento de un conjunto de normas ambientales a nivel nacional y provincial que permitirían la efectiva protección y restauración de los recursos naturales (políticas del uso del suelo, del agua y la conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos).

“Hay que generar valor agregado en territorio con una mirada de la ‘casa común’ y no contraponer el ambiente por un lado y la producción por otro. Cuando ponemos a las familias y las comunidades en el centro del debate se enriquecen las miradas”, sostiene Grünfeld y concluye: “No hay quién cuide más de sus campos, territorios, infraestructuras e instituciones que aquellos que viven y apuestan a que sus hijos viven en el lugar, esa es la mirada del movimiento cooperativo”.  

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/queremos-un-cambio-radical-del-modelo-agropecuario/

En diciembre de 2013, el gobierno estatal a cargo de Rafael Moreno Valle entregó el control del agua en la zona metropolitana de Puebla a la empresa privada Concesiones Integrales S.A. de C.V., conocida públicamente por su marca «Agua de Puebla para Todos». A más de una década de esta privatización, la población enfrenta aumentos descontrolados en tarifas, interrupciones prolongadas del servicio, conflictos socioambientales crecientes y múltiples indicios de corrupción. Este reporte documenta cómo, bajo la administración privada, el derecho humano al agua se convirtió en mercancía y en privilegio.

La confusa estructura accionaria de Concesiones Integrales

La empresa concesionaria, Concesiones Integrales, fue constituida el 19 de diciembre de 2013, apenas tres días antes del fallo licitatorio. El proceso fue tan acelerado que al momento de firmar el contrato de concesión por 30 años, el 26 de diciembre, la empresa no tenía experiencia previa en el sector hídrico. Su inscripción original en el Registro Público de Comercio se hizo en Aguascalientes, lejos de la jurisdicción de Puebla. Ahora, saber quiénes son dueños de la empresa es un laberinto financiero.

Originalmente (entre 2014 y 2023) la estructura accionaria era la siguiente:

% capital social	Accionista corporativo
75 %	Monex, S.A.P.I. de C.V.
24.7 %	EPCCOR Servicios, S.A. de C.V.
0.224 %	Agua de México, S.A. de C.V.
0.011 %	Tecnología Intercontinental (TICSA) S.A.P.I. de C.V.

Según el Registro Público de Comercio (RPC) la estructura accionaria de Concesiones Integrales a partir de 2024, después de la venta aprobada en 2023 por el Concejo Directivo de SOAPAP, presidido en ese momento por Sergio Salomón Céspedes, había quedado más o menos de la siguiente manera:

% capital social	Accionista corporativo
≤ 75 %	Fideicomiso “Xinfra Fibra E”
≥ 25 %	EPCCOR Servicios, S.A. de C.V.
≥ 3%	Tecnología Intercontinental (TICSA)
< 1 %	Agua de México, S.A. de C.V.

Lo anterior significaría que Xinfra, un fideicomiso promovido por Promotora MexPac, S.A. de C.V, administrado por ApxCapital, con Banco Invex, S.A. como fiduciario pasó a controlar la mayoría accionaria y el consejo directivo, mientras que EPCCOR, de la familia Gutiérrez Cortina, mantuvo una participación minoritaria de aproximadamente el 25% así como una influencia considerable sobre decisiones técnicas y contratos de obra pública. Sin embargo, en noviembre de 2024 el entonces director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, en una comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso Local presentó otra estructura accionaria:

% capital social	Accionista corporativo
56.55%	Hermes Infraestructura
25 %	Fideicomiso “Xinfra Fibra E”
18 %	Agua de México, S.A. de C.V.

Estas versiones aparentemente contradictorias pueden no serlo. En 2022 Grupo Industrial Hermes (de la familia Hank) compró fuera de libros la participación que originalmente pertenecía a Grupo Monex y la dejó en un vehículo intermedio (HI20, S. A. de C. V.) que todavía no ha sido protocolizado en el RPC. Al no estar inscrito, en el folio mercantil aún aparece el fideicomiso Xinfra como titular; Durán, sin embargo, probablemente expuso la identidad de los beneficiarios finales.

Xinfra controla acciones serie A, que le dan control operativo, pero vende Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs) a Afores; esos certificados son “derechos económicos” sobre la misma participación. Hermes es posiblemente propietario de parte de ellas, o de un vehículo tenedor de CBFEs. En la comparecencia Durán no nombró la porción de EPCCOR porque posiblemente se amortizó o diluyó al momento en que Grupo Hermes y Xinfra entraron. En el acta registrada de febrero de 2025 EPCCOR sigue con acciones serie B, pero podría ya estar pactada su venta en un “segundo tramo” aún no liquidado, y por eso podría persistir la dualidad.

Dentro de este laberinto financiero podemos afirmar algunas cosas: que Xinfra tiene el control operativo; que según lo legalmente inscrito el control accionario directo sigue repartido entre Xinfra (serie A) y EPCCOR (serie B); según lo que hasido publicado sobre Xinfra, los Afores poseen la mayor parte de los CBFE’s; si tomamos en cuenta lo declarado por Durán, parte de ellos pueden haber sido adquiridos por Hermes Infraestructura sin haber sido protocolizados aún. Mientras no se protocolice la compraventa completa ni se publique el registro de tenedores de CBFEs, la ambigüedad permanece entre la versión oficial del RPC y la versión “económica” que expuso el ex-director Durán. Todo este enredo es resultado de la opacidad crónica bajo la que opera Concesiones Integrales.

¿Quiénes son los personajes detrás de las corporaciones?

EPCCOR es del empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina (un constructor ligado al ex presidente Carlos Salinas de Gortari), también es dueño de la constructora Gutsa (que se encargó de importantes obras en los gobiernos de Fox y Calderón y que se vieron involucradas en maniobras poco transparentes que fueron auditadas en su momento). Su hijo, José Miguel Gutiérrez Sainz, es uno de los dueños de EPCCOR Servicios y director general de Grupo Agua de México. En la cartera de clientes de EPCCOR Servicios se encontraban la CFE, Televisa, Pemex, IMSS, Teletón, CONAGUA y la SCT cuando Enrique Peña Nieto era presidente.

Xinfra Fibra -E es un instrumento de inversión creado por APX Asset Management S.C. fundado y dirigido entre otros por Alfredo Vara Alonso. Fundó el primer REIT hipotecario de México (FHipo) y la boutique de banca de inversión VACE Partners. Como Director General de Banobras administró activos por ~US $40 000 M y copresidió FONADIN. Su gestión fue criticada por negarse a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y por la contratación directa de talleres con la firma Eviromex S.C., ligada a presuntos conflictos de interés. Durante su gestión Banobras, según señalan fuentes periodísticas, siguió girando 0.9 mdp al Instituto Tecnológico de Centla mediante un convenio ya calificado como irregular; la ASF advirtió ausencia de entregables y posible responsabilidad administrativa en una serie de operaciones al estilo de la Estafa Maestra. Además, en la construcción Viaducto Bicentenario en el Edomex, Vace Partners (fundada por Vara) asesoró el financiamiento de la autopista señalado por legisladores y el abogado Díez Gargari como parte de una “red sofisticada de corrupción” ligada al sexenio de Peña Nieto.

Carlos Hank Rhon es dueño de Grupo Hermes, un conglomerado industrial y de la construcción. Lo integran Hermes Construcción, Hermes Concesiones , HOATSA Operación y Hermer. Carlos Hank Rhon, era dueño del Grupo Financiero Interacciones, un conglomerado de las finanzas que ya no existe y tenía su propia casa de bolsa. Vendió su empresa financiera a Grupo Banorte, tiene lazos familiares con los accionistas de Banorte. Históricamente ha estado ligado al grupo Atlacomulco, son un ejemplo de las mayores redes de poder mafioso y político en México. Curiosamente aunque era parte de lo que alguna vez se nombró como mafia del poder, logró importantes acuerdos con Morena desde la administración de López Obrador y aumentó sus riquezas en la pasada administración. Jorge Hank Rhon, su hijo, ha sido conocido por su amplio historial criminal, un rey del crimen de cuello blanco y señalado por múltiples asesinatos. Hank Rohn fue conocido también por su militancia priísta. En Tijuana extendió sus tentáculos, se le acusó de mandar a asesinar al fundador del semanario ZETA, crimen por el que “extrañamente” nunca fue investigado. Una parte de sus riquezas las generó a partir de la concesión del Hipódromo Agua Caliente, de donde viene el famoso centro de apuestas Grupo Caliente.

¿Entonces quién dirige y administra la empresa?

Desde 2024 el director general es Jordi Bosch Bragado. Su cargo anterior fue como director de Aguas de Saltillo (Agsal) en donde enfrentó denuncias sociales por altos costos y cortes en zonas periféricas. Su llegada coincide con la reconfiguración accionaria y con la obligación de invertir más de $7,641 millones de pesos entre 2025-2044 para cumplir su contrato.

Actualmente el Concejo de Administración de Concesiones Integrales está integrado por cuatro integrantes de Xinfra (Alfredo Vara Alonso, Lorena Barrientos, Jesús Ordaz, Emilio Sanders) y cuatro designados por EPCCOR (Juan Diego Gutiérrez Cortina, José Miguel Gutiérrez. Sainz y Adolfo Gómez García).

Los cuatro integrantes del Concejo por parte de Xinfra son ex-funcionarios del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Este traspaso revela una probable «puerta giratoria» entre Banobras y la empresa que gestiona el agua, comprometiendo la independencia regulatoria y financiera del servicio.

¿De dónde extraen el agua que venden?

Hasta 2023 Concesiones Integrales tenía una infraestructura de 200 pozos, 505 tomas intermedias, 116 estaciones de rebombeo, 3 387 km de red, seis plantas potabilizadoras y administra cinco plantas de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, de acuerdo con reportes de pobladores de las zonas cercanas a ellas operan de manera deficiente o simulada.

Cuatro baterías de pozos dentro de la ciudad (Loreto, La Constancia, San Baltazar y San Rafael) siguen siendo el corazón del abastecimiento; bombean agua del acuífero Valle de Puebla, que hoy muestra abatimientos de 1-3 m anuales según CONAGUA. El sistema Nealtican-Acuexcomac donde hay un abatimiento del –60 m; manantiales secos, pérdida de nivel freático y hundimientos; y el sistema Xoxtla donde se cedió el agua sin consentimiento previo, funcionan como “llaves de alivio” para sostener el desmedido crecimiento inmobiliario de la capital (Angelópolis y periferia sur-poniente). Además, Concesiones Integrales busca diversificar captaciones en Cuautlancingo y rehabilitar más pozos en Xoxtla.

Junto con los pozos operados directamente por la concesionaria, han sido detectadas por la propias autoridades decenas de perforaciones sin título en la zona conurbada que terminan conectadas a la red o al negocio de pipas, complicando el balance real del acuífero.

En síntesis, el agua que comercializa Agua de Puebla proviene básicamente del acuífero Valle de Puebla (dentro de la Ciudad) y de tres campos periféricos (Nealtican, Acuexcomac y Xoxtla), con nuevos proyectos en Cuautlancingo. Cada uno de estos frentes de extracción implica conflictos sociales y ambientales que hoy condicionan la viabilidad a largo plazo de la concesión.

Según lo declarado por el ex-director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, ante el Congreso de Puebla, el cobro del servicio que resulta de toda esa extracción de agua representó para la empresa ingresos por 80 millones 691 mil 23.74 pesos en 2022, 88 millones 32 mil 750.35 pesos en 2023, y 65 millones 948 mil 50 pesos hasta octubre de 2024.

Manejo opaco de recursos y relaciones institucionales

Los estados financieros de la empresa revelan que Concesiones Integrales está altamente apalancada. En 2024 contrajo una deuda bancaria por 1,140 millones de pesos con Banobras y 2,492 millones de pesos con Banorte, creando un riesgo significativo para las finanzas públicas en caso de rescisión o incumplimiento. Además, existe evidencia contundente de cobros indebidos: la empresa ha cobrado mensualmente por un tratamiento de aguas residuales inexistente. Por ejemplo, la planta tratadora Alseseca Sur permanece inoperante y las aguas residuales, muchas de ellas industriales con componentes tóxicos, permanecen a cielo abierto en lo que queda de los ríos que atraviesan la ciudad.

Desde su creación, la concesionaria estuvo envuelta en irregularidades. El contrato menciona a una asociación denominada «Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas A.C.» como testigo social, pero nunca presentó ningún informe público, violando así los requisitos mínimos de transparencia y rendición de cuentas en contrataciones públicas.

Asimismo, la velocidad extrema del proceso licitatorio (apenas tres días desde la constitución de la empresa hasta el fallo definitivo) evidencia posibles acuerdos previos e influencia indebida de actores políticos, particularmente vinculados al entonces gobernador Rafael Moreno Valle y su gabinete. La reserva ilegal del contrato, declarada «dolosa y equívoca» por jueces federales hasta 2020, añadió más opacidad al proceso.

Además, EPCCOR, socio clave de Concesiones Integrales, tiene un amplio historial de irregularidades en obras públicas, tales como la construcción defectuosa de la Estela de Luz y el Paso Exprés en Cuernavaca, lo que genera dudas sobre la idoneidad y legalidad de su participación en este tipo de contratos públicos.

Por otro lado, el ex-director Héctor Durán actualmente es investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presunto enriquecimiento inexplicable, involucrando propiedades de lujo en Puebla y Miami, así como automóviles de alta gama adquiridos durante su gestión.

Sobreexplotación del agua y altas tarifas

La gestión privada intensificó gravemente la explotación de acuíferos, afectando de manera directa a comunidades periféricas. Poblados como Nealtican, Acuexcomac, Xoxtla y Sanctorum sufren el agotamiento acelerado de sus fuentes de agua, lo que ha derivado en movilizaciones y protestas sociales constantes. En Nealtican, la comunidad clausuró simbólicamente pozos ante la sequía de sus manantiales; en Acuexcomac instalaron una guardia permanente; en Xoxtla, vecinos realizaron bloqueos viales para exigir se cancele la cesión del agua. Estos conflictos evidencian la insostenibilidad socioambiental del modelo de extracción promovido por Concesiones Integrales.

Agreguemos la sobreextracción el inexistente saneamiento de aguas residuales domésticas e industriales que no solo resultan en un modelo insostenible ecológicamente, sino que también representa un riesgo sanitario grave.

Además, en la ciudad de Puebla, más de 100,000 cortes del servicio por falta de pago y aumentos tarifarios acumulados de hasta 500% desencadenaron más de 5,000 amparos, la mayoría ganados por usuarios afectados. Esta conflictividad constante revela una violación sistemática del derecho humano al agua y una incertidumbre permanente en términos de costo por el servicio y certeza en su suministro. Lo que también muestra la insostenibilidad del modelo de servicio de la empresa.

Negligencia operativa y laboral

El historial operativo de la empresa revela negligencias que ocasionaron accidentes y muertes evitables. Un trabajador murió intoxicado en 2018 mientras realizaba labores en una alcantarilla sin el equipo de seguridad adecuado. Además, este año el uso improvisado de carrizos y palmeras como señalización en obras generó múltiples accidentes viales sin que la empresa enfrentara sanción alguna. Estas acciones constituyen graves violaciones a los derechos laborales y obligaciones de seguridad.

Asimismo, desde 2020, Concesiones Integrales despidió alrededor de 1,200 trabajadores del antiguo organismo público (SOAPAP), reemplazándolos mediante esquemas precarios de outsourcing, generando conflictos laborales permanentes sin solución efectiva que pone en duda la capacidad de Concesiones Integrales de tener una plantilla laboral calificada para mantener un servicio tan amplio y complejo de gestionar adecuadamente.

Para los pueblos no es sequía, es saqueo

La falta absoluta de consulta y consentimiento a los poseedores del territorio de donde se saca el agua, los pueblos indígenas y campesinos, revela un profundo racismo y clasismo tanto en las grandes corporaciones extractivas (como Concesiones Integrales) como en el propio Estado. Existe una política sistemática de desprecio y colonialismo que reduce a estas comunidades a simples territorios donde imponer políticas, ganar votos, despojarlos y hacer avanzar proyectos desarrollistas sin su consentimiento y consenso.

Resulta, además, profundamente contradictorio que, en medio de una crisis ambiental planetaria y con discursos “sostenibles” tan en boga, las empresas y el Estado continúen ejecutando proyectos ecocidas y negocios, mercantilizando todo lo común. Estas dinámicas son las que, en Puebla, explican el saqueo del agua y reflejan un problema global. Si de verdad nos importa la salud del planeta y nuestro bienestar socioambiental, debemos reconocer que las y los verdaderos guardianes de la naturaleza son los pueblos originarios. Cuando defienden el agua, no protegen solo “su” patrimonio, defienden la vida de todo el planeta.

El Estado puede decir lo que quiera, pero quienes habitamos la ciudad tenemos la responsabilidad y el derecho de decir NO a este saqueo y ecocidio sistemático. Como habitantes de Puebla, podemos y debemos dejar en claro que no aceptamos más robos de agua en nombre del “desarrollo” o “progreso”. Manifestarlo es urgente y necesario.

La vieja estrategia de “consultar” a unas cuantas personas para luego decir que se ha cumplido con los procesos estipulados en el Convenio 169 de la OIT ha sido recurrente en las administraciones de la autodenominada Cuarta Transformación y en todas sus antecesoras. Tanto, que el nombramiento de Hugo Aguilar Ortiz como magistrado de la SCJN se convierte en una pieza central de esta política de despojo y neocolonización disfrazada de transformación. La farsa detrás del “Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua” firmado entre el gobierno y las empresas lo demuestra con total claridad: las preferencias estatales están con las compañías, no con los pueblos. Los acuerdos se hacen con ellos, la política de “compensación” de que empresas altamente ecocidas y extractivas como coca cola regresen unos cuantos litros de agua es una pantomima para asegurar las concesiones a las mayores corporaciones ecocidas y criminales del planeta. Así mientras a ese tipo de corporaciones se les trata como interlocutores se busca despejar el camino y ahí estorban los pueblos.

Maniobras como el Plan Nacional Hídrico, las contralorías ciudadanas del agua y toda esa retórica de “acuerdos sostenibles”, “reordenamientos territoriales” o “reapropiación” no son más que simulaciones para que el extractivismo gane aceptación, sea aplaudido y oculte lo que sucede en realidad: se libra una guerra del mercado contra la población, del capital contra quienes se le interponen. Ahí está el origen de un problema que vivimos a diario, que es inocultable y que seguirá en aumento.

Algunas cifras de acuerdo con la plataforma Poplab, cada año en México se extraen 133 mil millones de litros de agua para la producción de comida chatarra. Coca-Cola, por sí misma, ocupa más del 40% del total, que además de la brutal extracción no regulada ni supervisada eficientemente, con concesiones bastante cuestionadas y varias veces denunciadas, generan a su vez toneladas de basura. Solamente por mencionar algunas cifras alarmantes de extracción de agua al año en México:

• Coca Cola. 55 mil 812 millones de litros.
• Pepsi. 32 mil 000 millones de litros.
• Danone. 15 mil 437 millones de litros.
• Nestlé. 9 mil 778 millones de litros.

La inconsistente postura de Armenta sobre la cancelación de la concesión

En febrero de este año Alejandro Armenta afirmó que se violó la ley para favorecer a Concesiones Integrales en 2013, pues: «Teníamos gobernantes corruptos que solo pensaban en las obras, como el Museo Barroco, que pensaban saquear al estado y tenemos que venir a arreglar su cochinero, esa es la verdad».

En esa misma declaración sostuvo que «si de plano no quieren servir a Puebla y solo están pensando en cuánto ganar» la empresa debe retirarse. Señaló que Agua de Puebla era un ejemplo de las empresas «extractivas» que priorizan la ganancia sobre el servicio. «Mientras yo sea gobernador las vamos a perseguir o las vamos a correr de Puebla, no queremos empresas que saqueen a Puebla» dijo.

Poco tiempo después declaró que su administración no retiraría el contrato a Agua de Puebla, pues esto representaría un gasto enorme para el estado, en esa misma declaración afirmó que durante su gobierno no habría más lugar para empresas como Agua de Puebla.

Y unos días después mencionó una propuesta: “Estamos trabajando en una propuesta, daremos sorpresas, con Agua de Puebla hay voluntad, lo importante es que cuando hay voluntad las cosas se resuelven y el acceso al derecho humano al agua es fundamental para nosotros y lo vamos resolver”.

Volvió a afirmar que revertir las concesiones de la privatización del agua a la empresa Concesiones Integrales costaría al erario un total de 22 mil millones de pesos, una cifra exageradamente elevada (se estima que la remunicipalización costaría entre 10 y 15 millones) y que no toma en cuenta otras posibles rutas que podrían reducir mucho el costo como una salida “por cesión”, transferir deuda de Concesiones Integrales con Banobras a un vehículo estatal con garantía federal, entre muchas otras, más aún tomando en cuenta la posibilidad de documentar el incumplimiento de los términos de la concesión. En ninguno de los casos Armenta ha planteado una ruta ni una intención clara de remunicipalizar el servicio. Las afirmaciones y cambios tajantes en las posturas de Armenta dan cuenta de una simulación discursiva a la que hay que poner atención.

Crímenes de negligencia corporativa

Ante la cadena de irregularidades, abusos e imposiciones en torno a Concesiones Integrales podemos concluir que estamos ante actos y omisiones que generan un riesgo previsible de daño a terceros o al interés público. Los indicios de corrupción, la negligencia, el saqueo, las violaciones a los derechos laborales, los daños a terceros por sus obras mal hechas no podrían funcionar sin el apoyo activo, omiso o aquiescente del Estado. Ambos, corporación y Estado han entablado una relación de interés mutuo.

Esta relación da cuenta de un punto clave del poder corporativo: los delitos y los daños corporativos siempre permitirán que la búsqueda de beneficios financieros prevalezca sobre las necesidades humanas y la protección social. Y es por esta razón que los Estados capitalistas (aunque se nombren como capitalismo humano) nunca podrán ofrecer una solución a este problema, porque son parte esencial de él. De ahí que gran parte de los daños corporativos queden impunes.

El diseño legal de la sociedad anónima y la selectividad del Estado en la aplicación de la ley crean una “garantía mutua”: el Estado habilita a las empresas a actuar y calibra o retrasa los controles que podrían frenar sus abusos. En la práctica, la búsqueda de lucro corporativo prevalece sobre la protección social, reproduciendo un circuito de poder que hace posibles los daños a gran escala con escasa sanción penal efectiva, incluso la sanción civil, cuando ocurre, es mínima en comparación a las ganancias obtenidas por el daño ocasionado.

Los crímenes corporativos por negligencia no son simples “accidentes”, cristalizan una forma de poder estructural donde la obtención de beneficio se impone sobre la seguridad, la salud, el medio ambiente y la vida de los pueblos. En este funcionamiento del Estado absurdamente funcional a la acumulación de capital, las reformas penales seguirán chocando con límites políticos, pues hay una “impunidad por diseño” que hoy caracteriza a gran parte de los crímenes corporativos y su relación con el Estado. Son este tipo de crímenes los que están en el centro del caso de Concesiones Integrales y su relación con las administraciones estatales en Puebla, desde Rafael Moreno Valle hasta Alejandro Armenta.

Nodo de Derechos Humanos www.nodho.net

Según el Reporte de Mayo del 2025 Bolivia debe reorientar su estrategia económica. Esto implica que el dólar no puede ser sostenido con reservas precarias y debe ser reemplazado con un nuevo régimen que permita que la tasa de intercambio nominal pueda fluctuar con las condiciones del mercado y se respalde en el control de la liquidez de la moneda local para mantener la estabilidad de los precios para que esto sea posible es necesario remover los seguros legales sobre las tasas de interés, y que los depósitos domésticos (familiares) y las tasas de interés de los préstamos puedan rápidamente alcanzar niveles de compensación de mercado. En términos más sencillos para evitar el incremento de la inflación y la recesión económica, pero de forma temporal, mientras se incrementa la deuda externa, y claro luego de la consecuente catástrofe con el remate de las empresas estratégicas del Estado a las grandes corporaciones.

En este sentido el FMI propone un ajuste fiscal una reforma de consolidación fiscal que posibilite la eliminación del Banco Central en la financialización del presupuesto (para generar un corto circuito de la inyección de la liquidez de la moneda local a través de esta fuente) y reducir el riesgo de la pérdida de soberanía del país, además de poner atención en el sector más vulnerable de la población, sugiere reducir el gasto público en el pago de los salarios y trabajar en las posibles debilidades del marco jurídico legal en el sistema financiero durante esta transición económica necesaria, aunque hasta la fecha, dicho sector habría sido protegido con las políticas del gobierno de Arce, reconoce el FMI, en el mencionado reporte. Para lo cual sugiere a Bolivia nuevamente endeudarse.

La sugerencia del FMI consiste de esta manera en depreciar la tasa de intercambio del dólar en el mercado paralelo que contribuyó decisivamente a la inflación de los productos de la canasta básica familiar y al déficit de la balanza de pagos, ya que es debido a la escasez del dólar que se redujo la posibilidad de realizar importaciones al interrumpir la cadena de suministros y al incrementar los costos de producción, imposibilitando el crecimiento económico del país. Y ya que la escasez de mercancías y el alto costo de importación, además del incremento de los salarios en el sector público habrían contribuido a la inflación elevando el costo fiscal de los subsidios, e incrementando la salida acelerada del capital de las arcas del Estado.

En este escenario el déficit fiscal sobrepasó el 10% del PIB el año 2023 y 2024 excedió el presupuesto dirigido para este gasto. A esto se sumó la disminución de los ingresos por la venta de hidrocarburos y la corrupción del gobierno en la importación de los combustibles a través de la empresa Paraguaya Botrading, que se niega a transparentar los cobros con sobreprecio al Estado Boliviano y que según denunciaron varios parlamentarios como el diputado Héctor Arce, o el diputado Carlos Alarcón entre otros, generó un daño al Estado que sobrepasa los 56 millones de dólares en dos años.

Alarcón denunció el pasado 29 de Mayo ante la prensa, que Botrading es esencialmente propiedad de YPFB a través de refinaciones, lo que significa que YPFB se compra a sí misma el combustible y el crudo del exterior a un precio mayor generando así ganancias ficticias. Esto sumado a la negligencia de los funcionarios del gobierno de Arce en la importación de combustibles que generó la escasez en el país y que desencadenó la crisis del sector agropecuario de la mediana y pequeña empresa principalmente, un sector ya bastante golpeado por las sequías y lluvias fuera de estación por el fenómeno del niño.

Pero volviendo al reporte del FMI, este señala que otra de las causas del déficit del gasto público es la subvención de los combustibles por parte del Banco Central. Así concluye que la deuda pública al final del 2024 habría sido del 95% del PIB (y esto de acuerdo al tipo de cambio oficial del dólar).

Otro detalle relevante en este análisis sobre el déficit fiscal es el incremento de las State- Owned Enterprise (SOEs) en el negocio del oro con el Estado Boliviano. Estas empresas creadas por el Estado y cuyos dueños públicos y/o privados tenían la potestad de actuar como intermediarios en la compra del oro a los pequeños productores y de venderlo al banco central, según el reporte si bien desde el año 2013 al 2023 se promediaba en 1% del PIB la participación económica de dichas empresas creció a un 4.3% del PIB para el año 2024, como resultado de la Ley del oro promulgada por el gobierno que establecía que el oro fuera comprado a un precio relativo al cambio oficial del dólar, para luego ser intercambiado por la divisa extranjera bajo la excusa de fortalecer las reservas internacionales.

No obstante, el gobierno agotó las reservas de moneda extranjera a fines del 2024 cuyo remanente fue de 2 billones de dólares (que según el FMI podría cubrir dos meses de importación) pero que estaban compuestos de 1.9 billones de dólares en oro restringido (oro sujeto a deuda) y solo 90 millones de dólares en activos líquidos esto es disponibles. Así el gobierno de Arce para obtener dólares habría comprado cerca de 1 tonelada de oro por mes de los productores domésticos cerca de 80 millones de dólares.

Por lo que el gobierno de Arce habría liberado 268 millones de dólares de una deuda asumida y de la cual habría utilizado 200 millones de dólares para el fondo de pensiones que según este reporte sirvieron para financiar la recompra de sus eurobonos a los inversores extranjeros con un recorte del 70% y a un tipo de interés del 12%. En ese sentido habría protegido al sector financiero cuyos créditos al sector privado ascenderían a un 70% en términos de porcentaje del PIB.

Además se debe destacar que según el reporte de la OECD del año 2025 los mayores ingresos al Estado Boliviano provenientes de los impuestos eran del fondo de pensiones en un 24% y de los impuestos a los bienes y servicios en un 31% además de los impuestos a la propiedad en un 20% al año 2023, ingresos que sirvieron tanto para la compra de bonos como para desarrollar una política deficitaria del gasto público con la creación de empresas privadas que succionaran las arcas del Estado en favor de una clase dominante rapaz.

Cabe mencionar que en la tabla 1 del mismo estudio la tasa de pobreza al año 2023 era del 36% y que el ingreso per cápita en aquel entonces era de unos US$ 3,736 cuando el Consumer Price index CPI de la inflación llegaba a un 2%, lo que no se expone es la cifra clara de cuanto era el ingreso per càpita al año 2024 cuando según el FMI se comenzaron a implementarlas medidas de depauperación de la economía del gobierno de Arce y cuando el CPI de inflación ascendía a un 10% y cuanto el año 2025 cuando la inflación ascendía a un 15% los datos de la OIT no contribuyen al análisis y los del INE se limitan a una publicación en la que se asegura que para el 2025 el desempleo sería del 3% aproximadamente.

No obstante, y considerando los datos del FMI podemos concluir que los precios de varios de los productos de la canasta básica familiar se habrían elevado contrariamente a este reporte y a los datos suministrados por el gobierno de Arce, por encima de un 133% como en el caso del arroz o la carne. Pero además el índice de GINI que era del 16.1 durante el gobierno de Evo Morales, y que mide el crecimiento de la riqueza se habría incrementado dramáticamente el año2023 a un 42.1 , según el reporte del Banco Mundial de Abril del 2025. Vale destacar que dicho reporte no menciona mayores datos sobre el incremento de la pobreza durante el 2024 y el 2025 años en los que se endurece la política de estrangulamiento económico del país bajo el gobierno de Arce. Además, en el reporte del FMI se pasa muy por encima los datos del desempleo y el incremento de la subcontratación y su relación con la inflación de los precios durante este período de agudización de la crisis.

No obstante y considerando que la inflación se habría incrementado en un 15% al 2025, y considerando que al 2023 esta inflación era del 2% el poder adquisitivo de un trabajador promedio se habría depreciado en aproximadamente 7 veces su valor desde el 2023 al 2025; entonces, si aplicamos este análisis al ingreso per càpita del 2023 que nos proporciona el FMI, tenemos que el sueldo mensual de un trabajador que sería de aproximadamente 2100 bs equivaldría en proporción inversa al incremento de la inflación a un sueldo de 1700 bs aproximadamente disminuyendo visiblemente su poder de compra y que en términos reales si comparamos con la inflación de los precios de la carne y del arroz de más el 100% este sueldo se reduciría a 900 Bs. aproximadamente, esto es habríamos retrocedido en las conquistas políticas y sociales al año 2003 de la guerra del gas y de la política de capitalización de las empresas a la que nos empujó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, con la consecuente crisis económica política y social.

Frente a esta realidad y en el contexto electoral no faltan los candidatos que señalan que hoy más que nunca debemos salvar a Bolivia, siguiendo nuevamente las recetas del FMI y/o que en 100 días salimos de este problemita rematando el litio la nueva matriz energética mundial a precio de gallina muerta claro que no se dice en esos términos sino en un clásico “yo sé cómo resolver el problema del país”. En los hechos es innegable que solo el gobierno de Evo Morales fue capaz de generar una redistribución del excedente que contribuyó visiblemente a una reducción de la desigualdad social en el país y que posibilitó un crecimiento económico sostenido, el mayor de la región a lo largo de sus 14 años de gobierno como destaca el índice de GINI arriba mencionado. De ahí la necesidad del gobierno de Arce bajo la sigla robada del MAS y de la derecha recalcitrante de imposibilitar su candidatura en estas elecciones generales de Bolivia.

Así lo informó la agencia de noticias polaca PAP, que cita los datos de la Comisión Electoral Nacional tras el recuento de votos en todos los colegios electorales. La participación fue alta, del 71,63%.

La derrota del liberal europeísta Trzaskowski abre el camino al regreso de Ley y Justicia al poder y compromete el liderazgo del primer ministro, Donald Tusk, en Polonia y en la UE.

Nawrocki sucederá al presidente saliente, Andrzej Duda, que agota en agosto los dos mandatos consecutivos que permite la Constitución.

La victoria de Nawrocki dificultará la agenda de Tusk, que se centra en deshacer las políticas liberales del PIS, que gobernó Polonia durante casi una década, hasta las elecciones legislativas de 2023. Además, podría reavivar las tensiones con la Unión Europea y afectar a las relaciones con Ucrania, debido a su rechazo a la adhesión ucraniana a la UE y la OTAN, además de su intención de reducir ayudas a refugiados.

La participación fue superior al 67,3% registrado en la primera vuelta del 18 de mayo y la más alta en unas elecciones presidenciales en Polonia desde 1990. Nawrocki se presentó a las elecciones como candidato independiente, apoyado por el partido gobernante Ley y Justicia.

Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pasó al balotaje con su oponente Trzaskowski.

Sus opiniones políticas se describen como conservadoras y de derechas. Durante la campaña electoral dijo que se oponía a la vacunación obligatoria de adultos y niños, y en enero de 2025 sostuvo que estaba en contra de la adhesión de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea hasta que se resolvieran las cuestiones polaco-ucranianas, incluida la exhumación de las víctimas de la masacre de Volinia, calificado por muchos como una limpieza étnica que el Ejército Insurgente Ucraniano y otros grupos armados llevaron a cabo en 1943 y 1944.

El plan electoral de Nawrocki incluía, entre otras cosas, la garantía de no subir los impuestos, una reducción del IVA y un aumento del umbral del segundo impuesto. Entre las promesas figuraban también la introducción del impuesto cero sobre la renta de las personas físicas para las familias con al menos dos hijos, así como la exención fiscal de las herencias y la abolición del impuesto Belka sobre los Ingresos Brutos. Nawrocki se muestra partidario de la energía nuclear, pero afirma que hasta que Polonia no tenga su propia central nuclear, el carbón debe extraerse de las minas polacas. «Digo claramente no a esto. Hasta que Polonia llegue a la energía nuclear, el carbón polaco debe extraerse, alimentar y desarrollar la República de Polonia», dijo en la campaña. También habló del Pacto Verde y de ecología: «Con el rechazo a la ideología verde, a los impuestos verdes, al EU-ETS (Sistema Europeo de Comercio de Emisiones), con la extracción del carbón polaco, empezaremos por fin a pagar precios normales por la electricidad», bramó en más de un mitin.

Asimismo, sostuvo que el servicio militar debe seguir siendo voluntario y que no quiere cambiarlo. En el debate presidencial afirmó que Polonia no se encuentra actualmente en una situación que requiera un servicio militar obligatorio.

«Seré el presidente de una Polonia segura en la que el servicio militar debe ser voluntario. Es necesario construir un Ejército polaco fuerte y moderno, de al menos 300.000 efectivos, con alianzas sólidas, pero que siga siendo voluntario, lo que también es fundamental para mí», afirmó. «Polonia estará segura cuando esté militarmente segura y tenga al menos un Ejército polaco de 300.000 hombres y un millón de reservistas. Y esta es mi confesión de que esto es a lo que conduciré y esto es lo que llevaré a cabo como Superior de las Fuerzas Armadas», afirmó.

¿Quién es Karol Nawrocki?

Polonia ha definido su futuro político, al elegir con un 50,89 % de los votos al conservador y euroescéptico Karol Nawrocki, de 42 años, como su próximo presidente.

Durante la campaña electoral, el entonces candidato manifestó su intención de poner los intereses de los polacos por encima de otras naciones, defender los valores tradicionales y se mostró escéptico respecto a la Unión Europea.

Además, criticó a Ucrania en varias ocasiones. En abril, acusó a Kiev de ser desagradecido con el apoyo proporcionado por Varsovia. «Ucrania realmente no nos trata como socios. Estoy profundamente decepcionado con el presidente Zelenski. Se comportó de una manera que nunca debería haberse comportado hacia el Estado polaco», lamentó.

A principios de enero, Nawrocki manifestó también que Ucrania no debería entrar en alianzas occidentales hasta que se solucionen los asuntos pendientes en relación con el genocidio de Volinia, cometido contra la población polaca por nacionalistas ucranianos en 1943. «No veo a Ucrania en ninguna estructura. Ni en la Unión Europea ni en la OTAN», declaró en aquel entonces.

En mayo, firmó una declaración de ocho puntos con Slawomir Mentzen, líder de la extrema derecha polaca, en la que se comprometió a oponerse a la adhesión de Ucrania a la OTAN e hizo constar que mientras él sea presidente, no se enviarán soldados polacos a Ucrania.

Nawrocki lamentó en una entrevista en marzo que Vladímir Zelenski «se comporta de manera indecente hacia sus aliados, incluida Polonia». «Dijo que Ucrania se había quedado sola al principio de la guerra, lo que significa que no apreció los grandes esfuerzos de los polacos ni del presidente polaco», sostuvo, denunciando que Kiev trata a Varsovia como si fuera su «granja subsidiaria».

Si bien manifestó su intención de continuar con el apoyo a Kiev, acusó a los refugiados ucranianos de aprovecharse de la generosidad de su nación y prometió priorizar a los polacos cuando se trata de esperas para ser atendidos por los servicios sociales como atención médica y educación. «Los ciudadanos polacos deben tener prioridad. Polonia primero. Los polacos primero», dijo en un video de campaña.

Nawrocki también se mostró dispuesto a sentarse a la mesa de las negociaciones con el presidente ruso Vladímir Putin e incluso a estrecharle la mano si esto respondiera a los intereses de su país. «Trump, Zelenski, Putin y yo estaríamos en la mesa, discutiendo si Ucrania sería una zona colchón estable entre Rusia y Polonia», expresó.

El ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales sucederá al conservador Andrzej Duda, cuyo segundo y último mandato termina el 6 de agosto. Si bien la mayor parte del poder en el sistema político de Polonia recae en un primer ministro, el papel del presidente es relevante, pues puede influir en la política exterior, así como vetar leyes.

Recientemente, Nawrocki ha encabezado el Instituto de la Memoria Nacional, que defiende narrativas históricas nacionalistas. Lideró esfuerzos para derribar monumentos al Ejército Rojo de la URSS en Polonia.

El primer ministro de Polonia anuncia un voto de confianza sobre su gobierno tras las presidenciales

Por Vanessa Gera

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció el martes pasado que el Parlamento celebrará un voto de confianza sobre su gobierno el 11 de junio, ya que el país enfrenta una “nueva realidad política”.

Convocó el voto después de que su aliado político, el alcalde liberal de Varsovia, perdiera la elección presidencial del fin de semana en Polonia ante el conservador Karol Nawrocki.

El gobierno de Tusk maneja la mayoría de los asuntos cotidianos en Polonia. Opera por separado de la presidencia, pero el presidente tiene el poder de vetar leyes, y la victoria de Nawrocki hará extremadamente difícil para Tusk impulsar su agenda pro europea.

Tusk anunció la fecha del voto de confianza al inicio de una reunión del ejecutivo en Varsovia.

«Estamos comenzando la sesión en una nueva realidad política», dijo Tusk. «La realidad política es nueva, porque tenemos un nuevo presidente. Pero la Constitución, nuestras obligaciones y las expectativas de los ciudadanos no han cambiado. En Polonia, el gobierno gobierna, lo cual es una gran obligación y honor».

Nawrocki, que tuvo apoyo del presidente de EE UU, Donald Trump, ganó el 50,89% de los votos en una reñida contienda contra el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, quien recibió el 49,11%.

La contienda reveló profundas divisiones en el país, situado en el flanco oriental de la OTAN y la Unión Europea.

Se espera que Nawrocki, que asumirá el cargo el 6 de agosto, moldee la política interna y exterior del país de maneras que podrían tensar los lazos con Bruselas mientras alinea a la nación centroeuropea de casi 38 millones de personas más estrechamente con el gobierno de Trump.

Trump celebró su victoria y escribió en su plataforma de redes sociales Truth Social: «¡Felicidades, Polonia, eligieron a un GANADOR!».

Nawrocki respondió a Trump en X, diciendo: “Gracias, sr. presidente. Una fuerte alianza con EE UU, así como una asociación basada en una estrecha cooperación, son mis principales prioridades”.

Fuentes: ANSA/EPA, Resumen Latinoamericano

Urdaibai tiene el honor de albergar el proyecto arquitectónico más ambicioso de nuestra era: un museo —el dichoso Guggenheim— sin planos, sin ubicación definitiva y, lo más innovador, sin existencia. Se anunció hace ya cuatro años con determinación —se va a hacer «Sí o Sí»— como quien lanza una profecía incontestable a los confines del Universo, pero seguimos en la fase más avanzada del arte contemporáneo: la especulación infinita.

De hecho, podríamos decir que con este proyecto se ha perfeccionado la técnica de la “construcción imaginaria”, esa donde los debates públicos giran en torno a un edificio que nunca ha salido del mundo de las ideas. Mientras tanto, los ciudadanos han discutido su necesidad o no, su impacto ambiental, su coste y su futuro, olvidando el pequeño detalle de que aún nadie ha visto ni un simple borrador de nada.

Es el Guggenheim de Schrödinger: existe y no existe a la vez. Un museo tan sofisticado que ni sus creadores han tenido que presentar un proyecto. Tan importante que ya merece, incluso, procesos de “escucha activa”, y todo ello sin el riesgo de verse limitado por una estructura real.

La referencia al Guggenheim de Schrödinger es una ironía inspirada en el famoso experimento mental del físico austriaco, naturalizado irlandés, Erwin Schrödinger, quien planteó una paradoja para ilustrar principios de la mecánica cuántica.

En su experimento imaginario, un gato es encerrado en una caja con un mecanismo que puede matarlo o no, dependiendo de un evento cuántico. Según la teoría, hasta que alguien abra la caja y observe el estado del gato, este se encuentra en una superposición de estados: está vivo y muerto al mismo tiempo.

Ahora, apliquemos esta idea a nuestro caso: El Guggenheim de Urdaibai es como el gato de Schrödinger, pero en versión arquitectónica. Oficialmente, se ha hablado de su existencia, de su impacto, de su importancia… pero, como nunca se ha presentado un proyecto concreto, al mismo tiempo no existe. Está en una especie de limbo cuántico: es y no es, existe y no existe, depende de quién lo observe y cómo lo interprete.

Es el museo más avanzado del mundo: su construcción es teórica, su debate es real, su presencia es metafísica. Y hasta que alguien “abra la caja” y presente un proyecto tangible, seguirá siendo una obra maestra del arte conceptual político.

Estamos ante el arte definitivo: una institución cultural que solo habita en el discurso, sin necesidad de ladrillos, permisos ni presupuestos cerrados. Lo realmente audaz es que el debate sigue vivo, aunque el museo no lo esté. Un gran logro de la  intelligentsia jeltzale.

Pero, ¿qué necesidad hay de un proyecto tangible cuando se puede gobernar a golpe de narrativa vaporosa, tal y como hacen en este caso las instituciones vascas? ¿Para qué molestarse en poner un solo ladrillo cuando se puede construir un castillo de palabras bien ensambladas? Si algo nos han demostrado estas instituciones es que su relación con la realidad opera bajo reglas cuánticas: pueden estar conectadas a ella o completamente desligadas, dependiendo de quién las observe. Y el Guggenheim invisible es la prueba definitiva

Las consultas ciudadanas, el paripé de la Escucha activa”, no buscan escuchar, sino simular que se escucha. Son un acto de prestidigitación donde la magia radica en hacer creer a la gente que participa mientras la decisión ya está tomada… aunque en este caso, tampoco hay decisión. Hay ruido. Declaraciones sueltas. Promesas nebulosas. Un proceso cuyo objetivo no es concluir nada, sino extender indefinidamente la ilusión de que algo se está haciendo.

Porque, más allá de los ladrillos, ¿qué es un proyecto sin plazos, sin presupuestos concretos, sin documentos oficiales? Es una forma de perfeccionar el arte del gestionar sin gestionar. Un ejercicio de política conceptual donde lo importante no es construir el museo, sino construir el relato del museo. No un edificio, sino una atmósfera de inevitabilidad.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue en el mismo punto: preguntándose qué está discutiendo, cuándo se presentará algo, si es siquiera legítimo este debate sin materia prima. Pero el secreto está precisamente ahí: mantener la conversación en la esfera de lo intangible, donde no hay exigencias concretas ni compromisos verificables. Es la política del humo. Y cuando el humo es lo único que queda, ¿quién necesita cimientos?

Las instituciones han perfeccionado el arte de gobernar sin tocar el suelo: construir relatos en el aire, convocar consultas sin respuestas y diseñar proyectos donde la única materia prima es la confusión.

La verdadera innovación no está en el museo, sino en la estrategia: mantener la ilusión de movimiento mientras todo sigue en el mismo punto. No hay planos, no hay fechas, pero hay declaraciones periódicas para que nadie note que la caja sigue cerrada.

Y así seguimos, atrapados en la paradoja del Guggenheim de Schrödinger: demasiado presente en el discurso para decir que no existe, demasiado ausente en los hechos para decir que existe. Un museo que solo necesita palabras para mantenerse en pie.

Si las instituciones han hecho del humo su única materia prima, la ciudadanía tiene dos opciones: respirar pasivamente la niebla o encender un ventilador para disiparla y exigir algo concreto, tangible, real, para comenzar un debate sin trampas.

Frente a la política de la indefinición, la mejor respuesta es la más simple: cuando no hay proyecto, no hay debate, y cuando no hay compromiso, no hay legitimidad. La caja debe abrirse o cerrarse, pero dejarla flotando en la ambigüedad solo beneficia a quienes quieren evitar rendir cuentas.

La única manera de romper este círculo absurdo es devolver la discusión al terreno de lo tangible: sin documentos, sin fechas y sin planes reales, cualquier afirmación debe ser tratada como lo que es: ruido sin sustancia.

Txema García, periodista y escritor

Un mundo sin compromisos

Desde principios de año, el mundo ha estado dos veces al borde del uso de armas nucleares. Si el conflicto entre India y Pakistán se desató rápidamente y ambos países se separaron para celebrar su propia victoria, la guerra en Ucrania está cobrando cada vez más fuerza.

Europa se está armando y preparando para suministrar sistemas cada vez más mortíferos, empujando a Kiev a utilizarlos. Moscú reacciona mostrando su determinación y capacidad, recordando constantemente su disposición a pasar de los ataques con armas convencionales al uso de armas estratégicas.

Lo más alarmante es que el papel de la diplomacia como medio para resolver conflictos y mitigar contradicciones se ha reducido al mínimo. El trabajo diplomático está devaluado. Los canales diplomáticos para el mantenimiento de contactos entre adversarios (para lo que surgió la diplomacia) han perdido su valor. Ya nadie les cree, las redes sociales han ganado su confianza.

Las partes en conflicto utilizan las capacidades de sus propios Ministerios de Asuntos Exteriores, en su mayor parte, para hacer sonar en voz alta sus demandas ultimativas entre ellos sin siquiera ocultarlas en aras de la cortesía política.

De hecho, se ha perdido el arte del compromiso. Ha sido sustituido por la creación de informes convenientes, muy solicitados en las cancillerías, y por tuits de comisionado en la X.

La crisis de los intermediarios respetables

La época actual ha puesto de manifiesto la ausencia de intermediarios en las negociaciones entre las partes en conflicto.

Se puede discutir mucho sobre el papel de la ONU en el siglo XXI; sin embargo, es evidente que su influencia en la resolución de conflictos mundiales ha disminuido notablemente en comparación con el período anterior. Pero evitar grandes enfrentamientos militares fue uno de los motivos y objetivos de su creación después de la Segunda Guerra Mundial.

De hecho, hoy en día no hay ningún político en el mundo capaz de actuar como un mediador eficaz y respetuoso con todas las partes en conflicto.

Ha llegado el momento de reconocer lo obvio. Los actuales líderes mundiales no quieren escucharse unos a otros. Se basan en el antiguo principio de «entonces que hablen las armas».

Desafíos globales

Lamentablemente, todo esto ocurre en un momento en que la humanidad se enfrenta a desafíos y amenazas globales.

La pandemia de COVID-19 ha demostrado claramente que ya nos enfrentamos a un enemigo común que no tiene piedad y no distingue entre razas, nacionalidades o creencias (https://www.un.org/sg/en/).

La victoria sobre el coronavirus, si es que se puede llamarla así, ha demostrado que los países no están preparados para hacer frente rápidamente y de manera efectiva a este tipo de desastres.

Las rutas comerciales y logísticas internacionales no están suficientemente protegidas. La economía mundial es vulnerable. No existe un sistema de respuesta médica unificado para este tipo de amenazas.

La OMS está constantemente vigilando la posibilidad de que aparezcan nuevas pandemias. Si una enfermedad más letal que el COVID-19 nos atacara de nuevo, sería difícil estimar el tipo de destrucción irreversible que supondría para el mundo.

La comunidad internacional necesita unirse y redoblar sus esfuerzos para combatir estos desafíos, pero los principales líderes mundiales están ocupados en la guerra y prefieren verse a sí mismos a través del visor de las armas.

La tecnología avanza sin cesar. La humanidad está a punto de crear una inteligencia artificial con gran alcance, capaz de superar el potencial intelectual de los seres humanos en el menor tiempo posible.

Los beneficios pueden ser enormes, pero también lo son los desafíos. Un error cometido ahora puede hacer realidad rápidamente los horrores más terribles de la guerra de los hombres contra las máquinas que vemos en las películas de Hollywood. Sin embargo, la gente sigue infectada con la epidemia de la guerra entre sí y no ve nada más.

La Guerra

Cualquier guerra no solo es una catástrofe humanitaria, sino también un freno para el desarrollo de la humanidad, especialmente en la era de la globalización. Quema recursos tan valiosos como el tiempo y los materiales. En cambio, solo trae decepción y desilusión, y no hay nada que se pueda hacer para remediarlo.

En todo el mundo, los conflictos armados están en aumento y son los ejércitos enfrentados los que intentan corregir los errores de los diplomáticos (https://www.picturequotes.).

Pero solo aumentan el dolor, la sangre y la destrucción. Muchos ciudadanos, mujeres y niños se ven obligados a abandonar sus hogares y convertirse en refugiados en su propio país.

Naciones y estados enteros se encuentran al margen de la historia y sin futuro. En un mundo que debería estar marcado por la prosperidad y el bienestar, el miedo y el odio se han vuelto cada vez más comunes.

Europa y el mundo entero están al borde de la Tercera Guerra Mundial, que tendría consecuencias globales para toda la humanidad. Sin embargo, el conflicto en Ucrania se agrava. El país ha perdido varios millones de habitantes, que han muerto o se fueron a otros estados.

La región de Oriente Medio está llena de sangre. El pueblo palestino está viviendo una verdadera tragedia, pues está perdiendo a su gente, su tierra y, con ello, la esperanza de crear un Estado palestino independiente.

Israel no está a salvo de los atentados terroristas.

La guerra civil en Siria ha mostrado al mundo la magnitud de la terrible catástrofe que sufre su pueblo, cuyas consecuencias se han dejado sentir en Europa, que se ha convertido en un foco de atracción para decenas de miles de migrantes.

Todavía no se han recuperado de las consecuencias de las recientes guerras de Irak y Yemen.

El continente africano sigue estancado por conflictos locales, ahogado por ataques terroristas, lleno de injusticias y dispuesto a tomar las armas para dar una vez más a sus naciones y pueblos la oportunidad de defender su Verdad última.

¿Podrán estos países recuperar su solidez política, lograr un crecimiento económico sostenible y prosperidad para sus ciudadanos? Esto requerirá muchos recursos, esfuerzo y tiempo. Y lo más importante es la sabiduría política, que es ahora el bien más escaso en las relaciones internacionales.

Demanda de cambios

La historia de la humanidad se desarrolla en espiral. Estamos, como en el siglo pasado, acercándonos de nuevo a un abismo en el que nos esperan guerras globales y una muerte humana a gran escala. No caer en ella, encontrar en ti la fuerza para renunciar a las ofensas momentáneas y a las adquisiciones egoístas no es una tarea trivial. La humanidad aún no puede presumir de haber aprendido a resolverla de manera estable.

Sin embargo, eso no significa que no podamos hacerlo ahora. Es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar la reconciliación y el compromiso. La paz debe ser la máxima prioridad y el objetivo número uno para todos los países, o nuestra civilización no tendrá futuro.

¡Hay que hacer callar a los cañones!

El Gobierno español, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el Ministerio de Cultura, plantea -actualmente- la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF); aprobada en octubre de 2022, la Ley de Memoria Democrática dedica una de las disposiciones adicionales a la extinción de fundaciones.

Está prevista la cancelación cuando las fundaciones no persigan el interés general o actúen contra el bien común; en concreto -detalla la disposición quinta- en los casos de apología del franquismo “que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas”.

La FNFF se constituyó en octubre de 1976 con la presidencia de Carmen Franco y Polo, hija del dictador; entre los objetivos de la institución figuran el estudio/conocimiento de la vida y obra del autócrata, “en su dimensión humana, militar y política”; y también de las realizaciones que tuvieron lugar en los 40 años de mandato.

¿Qué fuentes permiten aproximarse -con rigor historiográfico- a la figura del llamado caudillo, medio siglo después de su fallecimiento? El historiador Julián Casanova ha publicado en febrero la biografía Franco (Ed. Crítica), de 475 páginas.

La nota editorial presenta al dictador Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), a grandes rasgos, como la persona que inició “el asalto al poder con una sublevación militar y lo consiguió a sangre y fuego en una guerra civil”; y que se afianzó en el poder, a partir de 1939, “pese a no contar con un cuerpo ideológico o programático consolidado”.

El ensayo comienza tres días después de la muerte de Franco -el 23 de noviembre de 1975- haciendo referencia a la gran losa de granito (1.500 kilogramos) que cubrió la fosa en la que se alojarían los restos mortales, en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (hoy rebautizado como Cuelgamuros); en la iglesia el dictador compartía espacio con la tumba del líder fascista José Antonio Primo de Rivera.

Medios de comunicación públicos como Televisión Española (TVE) y el NO-DO (noticiero cinematográfico de propaganda) se hicieron eco de los homenajes, desfiles y actos de recuerdo.

En las tres jornadas siguientes al deceso ocurrieron hechos relevantes para la historia española, destacados por Julián Casanova; así, el 22 de noviembre, el hasta entonces príncipe Juan Carlos de Borbón juró en las Cortes las Leyes Fundamentales del Reino y los principios que informan el Movimiento Nacional. En una parte del discurso evocó “con gratitud y respeto” al llamado generalísimo. ¿Se abría la puerta al régimen de la Transición?

Otra posibilidad de comprender los 40 años de dictadura es el detalle de los políticos/jefes de Estado que asistieron a los funerales; Julián Casanova apunta los nombres del dictador chileno, Augusto Pinochet; el rey Huséin I de Jordania; el príncipe Raniero de Mónaco; la primera dama de Filipinas, Imelda Marcos (esposa del dictador Ferdinand Marcos) y el vicepresidente de Estados Unidos, Nelson Rockefeller.

En las notas finales de la biografía, el historiador rebate tópicos utilizados para la defensa del Régimen; “todo lo que entra en la categoría de ‘Franco hizo también cosas buenas’ lo estaban haciendo en ese momento las democracias más avanzadas de Europa, sin necesidad del legado de destrucción que habían dejado el golpe de Estado, la guerra civil y la larga época de miseria, hambre y represión”.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y profesor visitante en la Central European University de Viena; en ediciones Crítica ha publicado Una violencia indómita. El siglo XX europeo (2020); España partida en dos. Breve historia de la guerra civil española (2021) o De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (2010).  

“Franco no comenzó de la nada, no era un antiguo cabo, o un exsocialista como Mussolini que no tenía relación alguna con las clases dominantes, sino un general que asaltó el poder por las armas”, explica el biógrafo (en 1912 Franco Bahamonde fue trasladado al norte de África, tenía 20 años, y ascendió a general de brigada en 1926; el futuro dictador estuvo destinado en África durante más de una década).

Además, el texto de Crítica sitúa al llamado Caudillo en el contexto de la geopolítica global:

“Utilizó con habilidad las circunstancias históricas que le permitieron relacionarse con las potencias del Eje y obtener al mismo tiempo un gran rédito de la diplomacia y del espionaje británico, incluidos los sobornos con grandes sumas de dinero a varios de sus generales, para el mantenimiento de la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial”.

Con la debacle del nazismo alemán y el fascismo italiano, el mundo libre (Estados Unidos y Europa Occidental) consideraron al franquismo un adversario; pero esto ocurrió -matiza Julián Casanova- hasta la Guerra de Corea (1950), ya que -a partir de entonces- se consideró la dictadura militar española como una opción preferible al comunismo.

Así, en 1953 se firmó el concordato del Estado español con la Santa Sede (durante el papado de Pío XII), lo que reforzaba la ideología nacionalcatólica y proclamaba el estado confesional; asimismo se rubricaron los Pactos de Madrid -de contenido económico y militar- entre España y Estados Unidos (presidencia de Eisenhower).

El ensayo incluye el balance, en cifras, y una aproximación a los efectos de la guerra entre 1936 y 1939; cerca de 200.000 muertes en combates y acciones bélicas; 100.000 víctimas de la represión que desató el ejército golpista; durante el conflicto y los años siguientes fallecieron por enfermedades o hambrunas 350.000 españoles.

Asimismo 300.000 personas se vieron forzadas al exilio permanente, y 270.000 estuvieron en cárceles y campos de concentración; en cuanto al coste económico de la conflagración, “equivalía a algo más del PIB de 1935”, resalta Julián Casanova.

La represión se prolongó hasta la etapa final del franquismo; de hecho, el 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados cinco opositores, miembros de ETA y el FRAP. Ante las protestas internacionales por los fusilamientos, Franco pronunció un discurso el 1 de octubre, ante miles de personas, en la madrileña Plaza de Oriente.

En la alocución, el dictador atribuyó las críticas y movilizaciones a una conspiración masónica-izquierdista de los políticos, confabulados -en el plano social- con la subversión comunista-terrorista. En marzo de 1974 murió ajusticiado, mediante garrote vil, el militante anarquista Salvador Puig Antich.

No podía ser de otro modo, y se logró. Con el ejercicio electoral realizado el 1 de junio el gobierno cuatroteísta ha logrado lo que se proponía desde que la reforma al Poder Judicial se planteó en febrero de 2024, incluso mucho antes. Una magra votación antecedida de múltiples irregularidades y que muy pocos se atreverían a presumir como dechado de pulcritud, ha permitido, no obstante, aniquilar uno de los fundamentos constitucionales de la República: la división de poderes.

Lo que proclama la presidenta Sheinbaum cuando afirma que su elección judicial fue un éxito es eso: se consumó la apropiación de los órganos federales de justicia por la fuerza política que ya tenía en sus manos los poderes Ejecutivo y Legislativo. Lo que sus turiferarios en los medios de difusión y arrebatados amlólatras celebran es la inauguración de un aparato de administración de justicia marcado indeleblemente por el color partidario guinda. El golpe de Estado contra el Poder Judicial y el estado de derecho finalmente se consumó, satisfaciendo el apetito de control de la congregación de clanes que conforma el núcleo del Morena. Y sobre todo, la Suprema Corte de Justicia quedará casi por completo integrada por personajes directamente vinculados con el partido en el poder y especialmente con López Obrador.

Complementariamente, los acordeones lograron que el grupo actualmente en poder del Ejecutivo y el Legislativo se hiciera también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del novedoso e inquisitorial Tribunal de Disciplina Judicial. Todo en familia. Ninguna impugnación electoral contra el Morena podrá proceder, y serán jueces morenistas los que vigilen y sancionen el desempeño de todos los juzgadores del país. Esta conformación se ha reproducido en las instancias de los poderes judiciales de las entidades federativas, de manera que la captura de la administración del marco legal sea completa.

Para poner una cereza al pastel, quedó como presidente de la Suprema Corte, como candidato más votado, un abogado oaxaqueño, funcionario federal de segundo nivel en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador del que hace una semana casi nadie había oído hablar, pero estaba en los acordeones oficiales. El electo tiene señalamientos, desde los propios pueblos indígenas por haber amañado las consultas en sus territorios para facilitar la construcción del Tren Maya en el sureste, y por encubrimiento de actos de acoso sexual contra mujeres indígenas.

Pero no faltan los inconvenientes. El muy alabado pueblo, en cuyo nombre dice gobernar el variopinto grupo que se ha instalado en el poder desde 2018, vino a contradecir la cantaleta del triunfo de la democracia y del éxito de la operación, dándole la espalda. Una operación, debe repetirse, exhibida previamente por las consabidas trampas que otrora esperábamos que fueran erradicadas desde que el PRI fue expulsado del Ejecutivo y de la mayoría de las instancias de gobierno. El voto corporativo del SNTE, de la central sindical que posee el senador morenista Pedro Haces y de otras agrupaciones; el acarreo, el uso político de los programas de asistencia social, la promoción del voto por autoridades y legisladores, prohibida por la ley pero “autorizada” por el siempre obsequioso Tribunal Electoral; y el novedoso recurso de los acordeones distribuidos masivamente por el oficialismo, no lograron conducir a los ciudadanos a los centros de votación y sí deslegitimaron el proceso.

Quedará como marca a hierro candente la del acordeonazo guinda como solución a esta muy cuestionable elección que siempre estuvo lejos de tener un consenso social, lo cual se vio agravado por el descarado trampeo. ¿Cómo, ahora, sostener que la reforma judicial de septiembre pasado fue “pedida” por el pueblo, si éste no acudió a respaldarla? ¿Cómo que por ella votaron en 2024, si no estaba incluida en la plataforma electoral del Morena ni de ningún otro partido? Una reforma ilegítima, que fue aprobada apresuradamente, sin el amplio debate que hubiera merecido una modificación constitucional de esa envergadura, por la mayoría artificialmente abultada en el Congreso y que, como remate, sólo fue respaldada por uno de cada diez posibles votantes. De éstos, más del 22% acudieron a la casilla a anular las boletas, escribiendo consignas o manifestando su desacuerdo con el proceso, o no supieron cómo llenarlas.

Como partido gobernante, Morena no vive ya sus mejores momentos. En las elecciones municipales realizadas simultáneamente a las judiciales en Veracruz y Durango se frenó su crecimiento y sufrió retrocesos importantes. En Durango frente al PRI y PAN; y en Veracruz, donde fue el partido que menos ayuntamientos ganó, a manos de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Al interior del mismo Morena se mantiene soterrada pero creciente la inconformidad por la incorporación en cargos públicos o de elección popular de elementos priistas y panistas. Un inconformismo que puede dar, o está dando ya, lugar a rupturas locales de mayores dimensiones.

El contexto social en el que el proceso se realizó no es tampoco el más favorable al gobierno y el oficialismo. Mientras una minoría acudía a elegir juzgadores, el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, se extiende en diversas regiones del país y mantiene desde el 15 de mayo un gigantesco campamento en la plaza principal de la Ciudad de México demandando no solamente un incremento sustancial de salarios sino, sobre todo, la abrogación de la neoliberal ley del ISSSTE impuesta en 2007 por Felipe Calderón Hinojosa. Es una lucha predominantemente laboral y progresista por romper el régimen de retiro con fondos individuales de aportación y tasado en Unidades de Medida y Actualización (UMA), no en unidades salariales. La movilización de los maestros en los cuatro puntos cardinales del país ataca directamente las entrañas de la alianza histórica de los gobiernos nacionales con el caduco aunque actualizado charrismo sindical, y pone al desnudo la protección del gobierno de la autodesignada Cuarta Transformación al sector bancario nacional e internacional que obtiene en México las utilidades más altas en América Latina y superiores a las de sus matrices en otros países. No es una demanda que concierne sólo del sector magisterial, sino a todos los trabajadores del Estado en sus tres órdenes de gobierno.

El otro momento estelar de la lucha de clases en el país es el que se levanta desde el Frente Nacional por las 40 Horas. Si bien el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reconocido que la reducción de la jornada laboral —invariada desde 1917, cuando se estableció en el artículo 123 de la Constitución— es legítima, ha diferido su aprobación legal hasta 2030, después de consultarla con el sector patronal, y ha retrasado la instalación de las mesas para discutir su reglamentación. Paulatinamente, el movimiento ha ido cobrando importancia en regiones como el Valle de México, la frontera norte y otros lugares, así como en las redes sociales.

Aunque aparentemente desconectados, estos hechos hablan del desgaste del consenso que Morena y sus gobiernos han logrado y del agotamiento de su falaz discurso sobre la lucha contra el neoliberalismo y la corrupción. Si bien la presidenta mantiene un alto nivel de aprobación, de 73 por ciento, según la encuesta más reciente de El Universal —diez puntos menos que en febrero pasado—, la imagen pública de su partido, cada vez más poblado por sujetos indeseables provenientes de las derechas del país, el nepotismo rampante que lo domina y sus pugnas interiores, muy adelantadas, tanto por el control de la Cámara de Diputados y un gran número de gobiernos locales en 2027 como por la candidatura presidencial en 2030, configuran un escenario que puede derivar en nuevas crisis del bloque gobernante. Sigue siendo necesario construir desde las luchas sociales un polo político independiente que enfrente la creciente derechización del régimen y sus afanes de centralización autoritaria del poder.

No hace mucho, el lenguaraz Gerardo Fernández Noroña, presidente en turno del Senado, afirmó que el Morena va a seguir en el poder durante los próximos 40 años. Y la senadora también morenista Margarita Valdez Martínez, en una declaración que no puede sino recordarnos las pretensiones de trascendencia del Tercer Reich, afirmó que la “Cuarta Transformación” no saldrá del Palacio Nacional en un milenio. Ominosos y ridículos presagios de aniquilación del Estado moderno como lo ha conocido el mundo occidental, que no se cumplirán. La sociedad mexicana irá reaccionando, y comienza a hacerlo ya, para frenar el completo perjuicio político y social con que nos amenazan.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.

Portando pancartas con mensajes como “El Xenocidiu entama equí” o “STOP genocidio”, el grupo fue arropado por más de una veintena de ciudadanos que llegaron posteriormente convocados a través de las redes sociales. Pretendían exigir al gobierno el embargo y el fin del comercio de armas, en una postura firme frente a la ofensiva israelí.

La acción de protesta comenzó a las 10 de la mañana y se prolongó durante una hora y media, durante la cual la entrada y salida de vehículos ha estado bloqueada afectando a varias decenas de camiones. Varios dispositivos de la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico de la carretera AS-228, aledaña al complejo, mientras duró la protesta, e identificaron a las personas presentes. 

El bloqueo finalizó cuando la Guardia Civil instó a unos trabajadores de la fábrica a que cortasen las cadenas con una cizalla de la empresa, una operación criticada por los asistentes por contravenir a su juicio los protocolos de seguridad.

A finales de abril el Centre Delàs de Estudios por la Paz afirmaba en su informe 72 Beneficio colateral: Relaciones armamentísticas entre España e Israel desde el 7 de octubre de 2023, que las relaciones comerciales armamentísticas entre ambos países eran más “abundantes y luctrativas” que nunca. Como recogen en el documento, “nunca antes la industria israelí había conseguido adjudicarse contratos del Ministerio de Defensa en semejante cantidad y volumen económico”.

El informe se publicaba tras casi 19 meses de ofensiva israelí sobre Gaza y su población, una ofensiva condenada desde enero de 2024 por la Corte Internacional de Justicia y en la que, para la ONU, hace ya más de un año que «hay motivos razonables para creer que se cumple el umbral que indica que Israel está cometiendo genocidio», según su informe de marzo de 2024 respaldado por la mayoría de sus 34 relatores y por el Comité Especial de Naciones Unidas sobre prácticas israelíes.

Para los participantes en bloqueo, las afirmaciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre que el gobierno de España no concede nuevas licencias de exportación de armamento a Israel, ni se permiten escalas a buques con armamento con dicho destino, son contrarias a los 36.7 millones de euros que Centre Delàs calcula que se han generado en importaciones de Israel en armas, municiones y tanques, entre otros. Tampoco coincide con los 5.3 millones de euros en exportaciones armamentísticas que las aduanas israelíes afirman, ni con las escalas de barcos con armamento que Progressive Internacional y Palestine Youth Movement declaran haber registrado en la costa gaditana.

Los participantes del bloqueo señalaron además el hecho de que Elbit Systems, la principal suministradora del ejército israelí, es proveedora de componentes a la fábrica de armas y que ‘’el exterminio en curso ha hecho crecer obscenamente sus beneficios’’. En España, Elbit Systems, sus filiales y las empresas que suministran, desarrollan y mantienen sus productos, se han adjudicado 17 contratos públicos, y anuncia que el 7 de julio pagará los dividendos a accionistas. ‘’Imaginemos lo que supondría un embargo, un boicot efectivo con sustento de los Tribunales Internacionales que investigan el genocidio’’ se preguntaban los activistas. 

Santa Bárbara Sistemas (privatizada por el gobierno de Aznar y ahora propiedad de la empresa estadounidense General Dynamics) se ha beneficiado colateralmente de la adjudicación de contratos a Elbit Systems. El Ministerio de Defensa de Letonia adjudicó en enero de este año un contrato de 373 millones de euros a Santa Bárbara para que le suministre 42 vehículos blindados ASCOD que serán fabricados en Trubia. En abril, se conoció que Santa Bárbara adjudicó, a su vez, a Elbit Systems un contrato de 88 millones de euros para que arme esos vehículos con una torreta UT30MK2.

“Desde Asturies, exigimos el cese de toda actividad económica y mercantil con Israel: no permitiremos la colaboración de España en el genocidio a Palestina”, pedían desde la protesta.

Esta acción de protesta civil se une a muchas otras ocurridas en el territorio español desde octubre de 2023: entre manifestaciones, concentraciones y acampadas universitarias como la de los estudiantes de la Universidad de Oviedo en el campus del Milán, son miles de personas las que se han posicionado en contra de la complicidad de las instituciones españolas en la ocupación y limpieza étnica del pueblo gazatí. 

Además, desde el pasado 2 de marzo, hace 93 días, Israel mantiene sobre la Franja de Gaza un bloqueo a la entrada de alimentos, medicinas, combustible y agua potable para sus más de dos millones de residentes. La situación actual es tal que el último comunicado del Equipo Humanitario de la ONU en los Territorios Palestinos, de hace apenas 4 días, afirma que  “600 días después del inicio [de la ofensiva israelí], la situación humanitaria en Gaza atraviesa su momento más sombrío”.

El bloqueo de la fábrica ocurre el mismo mes que un barco de la Flotilla por la Libertad zarpa hacia Gaza con ayuda humanitaria, además de la Marcha Global desde El Cairo hasta Raffah donde ciudadanos de todo el mundo exigirán el cese del bloqueo israelí en sus fronteras. La cifra de muertos en Gaza supera los 51.000, y son 14.000 los bebés que sufren malnutrición en el territorio palestino.

El 4 de junio de 1989 Concluye la represión a los manifestantes que protestaban en la Plaza de Tiananmén, en Pekín. Estudiantes chinos habían comenzado allí sus reclamos tras la muerte del reformista Hu Yaobang, el 15 de abril. El movimiento exigió reformas políticas y libertad de prensa. Una marcha de 100.000 personas puso en alerta al aparato del Partido Comunista, mientras se realizaban huelgas de hambre. El 20 de mayo se declara la ley marcial y comienza la represión. Los manifestantes instalan barricadas y resisten hasta el 4 de junio, cuando la Plaza de Tiananmén queda vacía. La imagen más fuerte de la protesta se dio al día siguiente, cuando un hombre se paró frente a una fila de tanques e impidió su avance durante unos minutos. Se calcula que pudieron haber muerto hasta 10.000 personas.

La plaza de Tiananmen, en Pekín, ha amanecido rodeada de fuertes medidas de seguridad. También se han amordazado las redes sociales, borrando cualquier referencia al 4 de junio. 

En Hong Kong, el parque Victoria ha sido cerrado al público. Las fuerzas policiales desplegadas han impedido acercarse y las autoridades han advertido a la población sobre los riesgos de intentar manifestarse en el lugar.  

En este parque, hasta hace solo dos años, decenas de miles de personas acudían con velas para celebrar una vigilia en recuerdo de las víctimas de la matanza. Algo ahora impensable.  

Hasta las misas católicas conmemorativas, una de las últimas formas en que los hongkoneses podían reunirse para recordar, han sido canceladas. 

Una matanza que no existe en los libros de historia ni en los manuales escolares, ocurrió el 4 de junio de 1989, cuando el Gobierno chino envió tropas y tanques contra los manifestantes pacíficos que reclamaban desde hacía semanas un cambio político y el fin de la corrupción. 

La represión fue brutal. Murieron cientos de personas, miles según algunas estimaciones. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. 

En estas tres últimas décadas, China ha hecho todo lo posible para borrar la matanza de la memoria colectiva, eliminando cualquier alusión de los libros de historia, los manuales escolares o las redes sociales. 

El Gobierno chino justificó aquella matanza con el argumento de que trajo la estabilidad social que necesitaba la economía para crecer y disparar el bienestar de todos los chinos. 

Aunque entre sus demandas no figuraban explícitamente una democracia al estilo occidental o el fin del PCCh, las autori­dades vieron en el movimiento una amenaza que era necesaria aplacar. Tras días de ne­gociaciones, Ley marcial y di­vergencias en la cúpula política y militar, el ala dura del Partido se impuso. El resultado: el Ejército tomó la ca­pital, desalojó a base de porrazos, tiros y tanques las calles y quedó claro que las autoridades permitirían el desarrollo económico, pero sin libertad política.
Hubo mucha gente que protestó en las calles durante esos días, tanto estudiantes universitarios como gente de otras categorías sociales. 

Sin embargo, se sabe mucho menos de las historias de la gente que murió -trescientas personas, de acuerdo con las cifras del Partido Comunista, muchas más, que se cuentan por miles, de acuerdo con activistas, familiares de las víctimas y una serie de organizaciones humanitarias-, o acerca de los miles de detenidos -el último en ser liberado, que era en aquel entonces trabajador de una fábrica, salió de prisión en 2016. 

El Partido estaba cambiando de un modelo de “gestión política” del país a un modelo de “gestión económica”. Este proceso causó una serie de problemas y una generalización de la corrupción, lo cual fue una de las muchas razones de las protestas durante ese período.  

La secuencia básica de los acontecimientos sigue siendo la matanza cometida contra estudiantes, trabajadores y ciudadanos corrientes de Beijing; la dramática decisión del Partido Comunista de proceder a medidas represivas, al final de una lucha interna que marcaría para siempre el rumbo del PCCh; y en el trasfondo de todo ello, la “primavera china”, que había sido resultado de un período de intensa y vivaz actividad cultural y política durante los 80. 

El año 1989 constituye un parteaguas en la reciente historia de China, pues fue ese el año en que el contrato social entre el pueblo chino y el Partido Comunista se vio efectivamente transformado, poniendo al país en la senda de crecimiento económico que le ha llevado a su estatus como poder global de envergadura hoy en día.  

George Black y Robin Munro escriben en Black Hands of Beijing: Lives of Defiance in China’s Democracy Movement, “lo que tuvo lugar fue una matanza, no de estudiantes sino de trabajadores y residentes corrientes, precisamente el objetivo pretendido por el gobierno chino”.  

El hecho de que los que resultaran muertos fueran en su mayoría trabajadores nos permite comprender mejor de qué modo filtró el Partido Comunista la información que le llegaba del mundo exterior, no tanto y no sólo de la misma Plaza de Tiananmen.

En 1989, el PCCh ya llevaba trabajando dos años para dejar al margen la influencia política de Hu Yaobang. Se trataba de un reformista al que se juzgaba demasiado indulgente con las protestas que se habían convertido en un rasgo recurrente en China desde 1986. 

Hu murió el 15 de abril de 1989 de un ataque al corazón sufrido durante una reunión del Partido, y el luto por su muerte se convirtió en el acontecimiento que desencadenó las protestas a gran escala de los estudiantes, que ocuparon ese día la Plaza de Tiananmen. 

Deng Xiaoping había decidido que debería purgarse a Hu, aunque este último había sido escogido por Deng mismo como sucesor suyo.  

La casa del anciano Deng sería escenario de la reunión más importante durante esos frenéticos días de junio de 1989. Deng, veterano político y consumado estratega, captó de inmediato la naturaleza del problema: si las protestas estudiantiles se extendían a los trabajadores, la situación se volvería desastrosa para el PCCh. 

Deng recalcó repetidamente que deberían hacerse reformas, pero que era necesario tener orden para que eso pasara: la población debería estar trabajando, no protestando.  

Pensó que había logrado arreglar la situación marginando a Hu Yaobang, pero su substituto, Zhao Ziyang, se sentía predispuesto a las reformas, y esto pronto se convirtió en un problema. 

1989 fue el punto culminante de un período enormemente notable a finales de los 80: “el país se encontraba en medio de una agitación social, política y cultural”, “un mundo ebrio de posibilidades: revistas y periódicos eran más interesantes, con largos artículos de investigación publicados en nuevos medios de noticias, los llamados Baogao Wenxue (“Reportajes literarios”).

En 1988 “se estaba produciendo una profunda reflexión sobre la historia china”, y se planteaban nuevas preguntas sobre lo que de verdad significaban la identidad y la cultura chinas.  

Perry Link, el especialista académico de la Universidad de Princeton que trabajó en los Tiananmen Paper señaló: “en todos los campos todos los intelectuales suscitaban estas grandes cuestiones. Las posibilidades parecían infinitas. En los campus “los tablones de anuncios ofrecían clases de idiomas y de baile, así como foros de debate que permitían hablar con bastante libertad a los estudiantes acerca de una amplia variedad de temas”. 

Al mismo tiempo, el mundo del trabajo se encontraba en plena turbulencia.

Desde un punto de vista económico, el período de reformas había creado dos tendencias claras: la proletarización de enormes masas de la población y el surgimiento de una nueva clase de capitalistas. 

El proceso de proletarización se produjo, en términos generales, como resultado de tres factores: la emigración forzosa del campo a las ciudades, el derrumbe de las empresas de gestión estatal en las ciudades y la disolución de los negocios locales en las aldeas. El desplazamiento rural a las ciudades constituyó una tarea inmensa, que implicó a cerca de 120 millones de personas desde 1980, en algo que puede sostenerse que haya sido la mayor migración de la historia humana. 

Las SPE (empresas de propiedad estatal) habían sido el núcleo de la industrialización maoísta, y contabilizaban cuatro quintas partes de la producción no agrícola del país. La mayoría de estos gigantes se ubicaba en las ciudades, donde empleaban a cerca de 70 millones de personas en 1980. Las primeras etapas del desmantelamiento se iniciaron en 1988, y el proceso prosiguió a un ritmo rápido tras la conmoción de 1989, momento en que se aplicaron drásticas medidas en el contexto de una economía recalentada marcada por una elevada inflación. 

Se llevaron a cabo otras reformas durante la década siguiente, confirmando el significado de lo que había ocurrido en 1989. En 1994 se alentó una mayor eficiencia mediante recortes en la mano de obra. Esta nueva dirección de la gestión condujo a despidos masivos a finales de los 90, cuando el capitalismo chino experimentó su primera crisis de sobreproducción, la cual marcó una brusca transición de la vieja economía de escasez a una nueva economía de plusvalía.

El resultado fue espectacular: el empleo en las empresas de propiedad estatal había quedado reducida a la mitad, a medida que 40 millones de personas se encontraron sin el tradicional “tazón de arroz de hierro”, símbolo y garantía de seguridad en el empleo en las viejas empresas del Estado. 

Para este grupo de individuos, la mayoría de edad mediana, se avizoraba la perspectiva de convertirse en una suerte de “infra clase urbana”. 

En China, en lugar de la creciente opulencia, el aumento del nivel educativo y el aburguesamiento de una gran parte de la clase trabajadora, que se ha producido en muchas sociedades junto al desarrollo económico -y de manera muy señalada entre los vecinos de China en el Este de Asia, como Corea del Sur, Japón y Taiwán- esta informalización de la economía urbana representa una regresión, no un ascenso para una parte bastante numerosa de la población urbana. 

Estos procesos, que llegaron a su punto álgido en los 90, fueron el resultado directo de lo que había sucedido en China a finales de los 80. En octubre de 1983, el Diario del Pueblo escribía que los trabajadores no tenían de qué quejarse: la recesión que se había adueñado del mundo capitalista a principios de los 80 ofreció la oportunidad a las autoridades chinas de recordar a los trabajadores del país que estaban mejor de lo que habían estado alguna vez, señalando el elevado desempleo de Occidente como prueba de “la superioridad del socialismo”. 

La dirección china consideró éste el momento de pregonar sus éxitos: tal como escribe Jackie Sheehan en Chinese Workers: A New History (Londres, Nueva York, 1998), se trataba de una situación en la que “algunos trabajadores ya estaban advirtiendo los beneficios del aumento salarial y de las bonificaciones, de acuerdo con las reformas, y todos esperaban beneficiarse en un próximo futuro”. 

Pero estas expectativas acabaron desmentidas por la realidad, porque estaban empezando a aparecer signos de patente injusticia: “Había muy escasa aceptación entre los trabajadores de la idea de Deng Xiaoping de que todo iría bien si ‘unos cuantos se hacen ricos primero’; esto lo consideraban sencillamente como una injusticia distributiva”. Por añadidura, “muchos trabajadores se sentían hondamente agraviados hasta por diferencias salariales que no se considerarían muy grandes de acuerdo con criterios occidentales ahí donde se advertían, sin embargo, como injustas […]. Un resentimiento especialmente agudo fue el que provocó la brecha cada vez mayor entre las bonificaciones pagadas a los trabajadores y las que recibían los gestores superiores de las empresas, que en algunos casos podían ser de veinte a treinta veces mayores que el pago equivalente a los trabajadores”. 

Sin embargo, el efecto negativo de las reformas sobre las relaciones entre los trabajadores y la gerencia pronto se extendería “más allá de las disputas sobre el aumento de la desigualdad de renta, por seria que ésta fuera”.  

En una época en la que se exigía más y más eficiencia a los trabajadores, durante las frenéticas horas de mayo y junio de 1989, “las deficiencias de gestión se convirtieron en significativa manzana de la discordia de un modo como nunca antes había sucedido”. 

En este contexto, la presencia de los estudiantes en la Plaza de Tiananmen comenzó a ser causa de gran preocupación para el Partido Comunista, temeroso de volver al período de dominio de las multitudes durante los días de la Revolución Cultural. 

Deng mismo expresó la creciente sensación de irritación, afirmando en una reunión del Partido a finales de abril que “no se trata de un movimiento estudiantil corriente. Se trata de agitación”. 

Al mismo término se recurriría en el artículo de opinión del Diario del Pueblo publicado el 26 de abril, que condenaba las protestas estudiantiles con toda nitidez. Fue éste el momento en que se deterioró sin remedio la relación entre el Partido Comunista y quienes protestaban. 

Desde ese momento, Deng trabajaría junto al Comité Permanente hasta la dramática votación sobre la declaración del estado de sitio (que se revocaría sólo en 1990).

En su crónica desde China, con fecha del 20 de julio de 1989, publicada en The New York Review of Books, Roderick MacFarquhar, escribió: “Dividido en la cúspide, el Partido Comunista Chino ya no podía habérselas con las múltiples presiones que sufría y se agrietó. Mientras que el primer ministro, Li Peng, actuó como líder severo a modo de testaferro, está claro que las decisiones no las tomó en última instancia su Consejo de Estado, o el Politburó, ni siquiera los cinco hombres del Comité Permanente sino el duunvirato a cargo de la Comisión de Asuntos Militares, Deng Xiaoping y el presidente Yang Shangkun, jaleados por un grupo de añosos revolucionarios virulentos”. 

El voto para declarar la Ley marcial supuso un ejemplo claro del funcionamiento del mecanismo que se había establecido: en esencia, Zhao Ziyang era el único a favor de escuchar a los estudiantes, incluso de apoyar algo así como una “retractación” del artículo del 26 de abril (una idea que fue rechazada de forma clamorosa por parte de Bo Yibo, uno de los “ocho inmortales” y padre de Bo Xilai, de más reciente fama). 

Entre el 26 y el 27 de abril, el Comité Permanente del Politburó se reunió para votar la propuesta de declarar el estado de sitio. 

Los cuatro miembros votaron del modo siguiente: Li Peng y Yao Yilin votaron a favor, Zhao Ziyang votó en contra y Qiao Shi se abstuvo. En ese momento, la iniciativa pasó a los ocho inmortales: ya no había vuelta atrás.

Tal como se afirma en The  Tiananmen Papers: “En la mañana del 18 de mayo, los ocho ancianos -Deng Xiaoping, Chen Yun, Li Xiannian, Peng Zhen, Deng Yingchao, Yang Shangkun, Bo Yibo y Wang Zhen- se reunieron con los miembros del Comité Permanente del Politburó Li Peng, Qiao Shi, Hu Qili y Yao Yilin, y con los miembros de la Comisión de Asuntos Militares, el general Hong Xuezhi, Liu Huaqing y el general Qin Jiwei, y acordaron formalmente declarar el estado de sitio en Beijing”. 

El Secretario General Zhao no asistió a este encuentro y poco después se le expulsó de su puesto. Antes de que se le pusiera bajo arresto domiciliario, situación en la que permanecería hasta su muerte en 2005. El 19 de mayo, a las cuatro de la mañana, Zhao acudió a la plaza y se mezcló entre los estudiantes. Acompañado por el Director de la Oficina General del Partido, Wen Jiabao (que se desempeñaría más tarde como primer ministro de la República Popular China entre 2002 y 2012), Zhao les dijo a los estudiantes: “Hemos llegado demasiado tarde”. 

Antes, el 18 de mayo “Li Peng y otros funcionarios del gobierno se encontraron en el Gran Salón del Pueblo con Wang Dan, Wuerkaixi, y otros representantes estudiantiles. Li afirmó que nadie había declarado nunca que la mayoría de los estudiantes se hubiera visto envuelta en agitaciones, pero que, con excesiva frecuencia, gente sin intención de crear agitación lo que de hecho había conseguido era provocarla. Se mantuvo firme respecto a la redacción del editorial del 26 de abril y afirmó que el momento actual no era apropiado para debatir las dos demandas de los estudiantes. Wang Dan había declarado que la única manera de sacar a los estudiantes de Tiananmen consistía en reclasificar el movimiento estudiantil como patriótico y retransmitir en directo el diálogo entre los estudiantes y la dirección en la televisión”. 

No había más espacio para el compromiso: la decisión de “desalojar la plaza” vino directamente de Deng Xiaoping y la “matanza de Beijing” tuvo lugar durante la noche del 3 al 4 de junio. 

Fue un momento en el que se cazaba literalmente a la gente por las calles de China. Mientras tanto, en la trastienda del Partido Comunista tomaba forma una idea clara: no se debía permitir que lo que acababa de pasar volviera a suceder. 

No tenemos que asumir con resignación que estamos condenados a padecer a perpetuidad las secuelas de un pésimo diseño institucional en materia de administración de justicia.

La elección judicial se efectuó con una bajísima participación ciudadana, lo que debe entenderse como expresión inequívoca de que debe revisarse su diseño.

De acuerdo con las autoridades electorales, participó alrededor del 13 % del padrón electoral. Más que en la consulta sobre la investigación de expresidentes, menos que en la revocación de mandato del pasado sexenio y mucho menos que cualquier elección intermedia o sexenal.

Claramente, el tránsito a un modelo de jueces electivos no generó en la ciudadanía el entusiasmo democrático que sus impulsores anticipaban. Y así como en el pasado se insistió en que el mandato de las urnas en 2024 era de un incuestionable respaldo a la agenda del llamado “Plan C”, ojalá que ahora con algo de humildad se acepte que el desdén de los mexicanos y las mexicanas frente a la elección judicial es un mensaje de interpretación obligada.

El 87 % de los ciudadanos registrados en el padrón no acudieron a las urnas, dando la espalda a la jornada, que para mayor tristeza quedó marcada por la inexplicable presencia militar en el espacio emblemático del Instituto Nacional Electoral.

Y a ello habría que añadir, claro está, los enormes costos del proceso: el de dejar afuera recursos humanos valiosos y honestos que hacían parte de los poderes judiciales, y que no se ajustaban a las generalizaciones burdas que el Ejecutivo hizo; el de la imagen internacional del país, pues la cobertura mayoritaria de la prensa internacional no fue positiva, y el propio costo del proceso, en un contexto de estrechez presupuestal y múltiples necesidades. 

Basta con considerar lo que habrían significado los 40 mil millones de pesos que se se calcula que costó esee proceso, en agendas tan urgentes como el rezago forense que afecta a las familias de personas desaparecidas.

La baja participación en la elección judicial, en suma, debería llevar a revisar el modelo de personas juzgadoras electivas, e impulsar reformas sobre los aprendizajes que deja este fracasado ejercicio. No tenemos porqué asumir con resignación que estamos condenados a padecer a perpetuidad las secuelas de un mal diseño institucional en materia de administración de justicia.

También debería llevar a una reflexión más amplia sobre lo que sigue respecto de la culminación del llamado “Plan C”. Porque si en breve avanza una reforma electoral que se discuta y apruebe como la judicial, se profundizará la senda de la erosión constitucional en el país.

Por lo pronto, hoy, en el día después, la injusticia que más le duele al país, esa que genera la impunidad de los poderosos y que tanto enojo justificado causa, permanece igual: se gesta en miles de averiguaciones y carpetas de investigación que duermen el sueño de los justos en fiscalías que no fueron tocadas por las reformas atribuladas que nos llevaron a la fallida jornada del domingo pasado.
Podrán cambiar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los poderes judiciales de las entidades federativas, y posiblemente lo hagan peor con la elección del domingo, pero el nervio neurálgico de la procuración de justicia, las rebasadas fiscalías que prodigan la impunidad, hoy que despertamos como el dinosaurio de Monterroso, siguen allí.

Absurda interpretación del Instituto Nacional Electoral:

“No hay lugar a dudas”, la Constitución es clara en cuanto a que la persona que haya obtenido una cifra mayor en la contienda de ministros es quien presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

No puede remediar el INE lo irremediable. Tan baja participación no permite calificar a un grupo de mayoría, máxime que estaba tan seguro de la participación ciudadana que no previó el porcentaje triunfador. Esa ridícula elección no puede presentarse como triunfo democrático porque no hubo planillas contendientes y no sólo porque la cifra de participación fue de 13 por ciento. 

En ningún documento el INE estableció que una cifra así alcanzada es suficiente para dar por triunfadores a unas pelagatos que aspiran a encabezar la Suprema corte de Justicia.

Si la presidente Sheinbaum logra que el INE imponga a unos candidatos triunfadores, estará cometiendo un error y su caída por marrullera será más rápida.

Mil sábados atrás iniciábamos este proyecto radiofónico, ético/político, grupal y solidario que se llama CONTRAPUNTOS. No recuerdo la fecha justa y precisa, pero con el devenir siempre mantuvimos una perspectiva crítica sobre lo que sucede/sucedía en la región, el país, el mundo. Una doble tarea: periodismo y docencia fueron abriendo más y mejores preguntas, entrevistas y reflexiones que certezas a modo de bajada de línea, propio de la “comunicación dominadora” (consciente o inconsciente) de los medios locales y nacionales.

Nuestra concepción de vida, al menos la de quien escribe fue y es que no hay nada más hermoso, sano e integrador que ser coherente con nuestro sentir, pensar y hacer. Como hijo de laburantes hicimos y realizamos periodismo radial partiendo de nuestra clase social: los y las trabajadores/as somos quienes creamos todo lo puesto y visto sobre la tierra, el agua y el aire. En efecto, noticias y entrevistas para Contrapuntos tienen intereses/deseos y formulaciones de clases, de grupos e instituciones que nos conformen e identifiquen contra la burguesía explotadora y sus gerentes.

En tiempos de “derechas”, de modelos y referentes identificatorios donde la riqueza, el lujo, el individualismo, las humillaciones, el exitismo, la represión genocida, la “guita” fácil y la perversión predominan: nuestra labor es mantenernos firmes, no aflojar en nuestras convicciones y continuar con ese viejo concepto de Mario Kaplun (que hoy la burguesía usa a su favor): la prealimentación. “LA PREALIMENTACIÓN. ¿Es posible designar, dar un nombre técnico a esa etapa inicial del proceso comunicativo? Creemos que sí. Podríamos decir que, en lugar de plantearse un hipotético feedback o retroalimentación, estos equipos citados han sabido incorporar y valorar otro componente de la comunicación del que nunca se habla: La prealimentación (o, si se quiere conservar el contraste en inglés, el feed-forward). Proponemos llamar prealimentación a esa búsqueda inicial que hacemos entre los destinatarios de nuestros medios de comunicación para que nuestros mensajes los representen y reflejen. Por ahí comienza y debe comenzar un proceso de comunicación educativa (…) Pero no sólo se trata de «reflejar» a la comunidad (o a la región, o a la organización) como un espejo que devuelve una imagen o como un grabador que repite y reproduce mecánicamente lo que la gente dice. El equipo comunicador debe procurar devolver esos hechos y experiencias que ha recogido, de tal manera que ahora la comunidad pueda verlos con otra perspectiva crítica, analizarlos, discutirlos, reflexionarlos, emitir un juicio, desentrañar las causas del problema que hasta ahora habían estado viviendo y sufriendo como una mera contingencia, sin percibir sus raíces. Nuestra manera de presentar los hechos debe ser problematizadora, suscitar la reflexión. Es a esto a lo que llamamos formulación pedagógica del mensaje”, subraya largamente Mario Kaplun en su libro “El comunicador popular (1)”.

El sueño de Mario Kaplun se conjuga con el de Bertolt Brecht: la radio/comunicación como arte. Así lo escribió el dramaturgo alemán: “…Arte y radio tienen que ponerse a la disposición de fines pedagógicos. La posibilidad de llevar a cabo una de estas formas pedagógicas directas de utilización del arte no parece hoy indicada, porque el Estado no tiene ningún interés en educar a su juventud para el colectivismo (…) Y para ser ahora positivos, es decir, para descubrir lo positivo de la radiodifusión, una propuesta para cambiar el funcionamiento de la radio: hay que transformar la radio, convertirla de aparato de distribución en aparato de comunicación. La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de la vida pública, un sistema de canalización fantástico, es decir, lo sería si supiera no solamente transmitir, sino también recibir, por tanto, no solamente oír al radioescucha, sino también hacerle hablar, y no aislarle, sino ponerse en comunicación con él. La radiodifusión debería en consecuencia apartarse de quienes la abastecen y constituir a los oyentes en abastecedores. Por ende, todos los esfuerzos de la radiodifusión en conferir realmente a los asuntos públicos el carácter de cosa pública, son absolutamente positivos (2)”. 1932… Casi 100 años atrás: impecable. ¿La radio para educar a los jóvenes en los valores del colectivismo en un mundo de pantallas y subjetividades Cyborgs? Vaya desafío: la radio, la palabra, el concepto, lo analógico: ¿vencido por lo digital-virtual y la big data?

Tal vez aquí vale acercar la coincidencia entre la poesía y la radio según inferimos de la obra de Luis Franco: quizás sean “es el más profundo sistema de comunicación de los cuerpos y las almas inventado hasta hoy (3)”. Por eso esa cierta nostalgia mansa de lo que evoca, convoca, resuena y transmite la palabra/poesía/sonidos/silencios de la radio… se nos viene al corazón mismo de los 1.000 CONTRAPUNTOS.

En “Qué hacer con la radio” Ricardo Horvath fundamenta: “La radio es el medio perfecto para transmitir ideas a través de la palabra. Según encuestas la radio es el medio con mayor credibilidad en materia informativa y triunfó sobre el resto cuando el transistor facilitó su cómodo traslado y ubicación. La radio acerca palabras, pensamientos y sugiere con los silencios. Porque la radio es sonido, pero también silencio. “La radio es una perpetua creación; cada emisión es nueva, es reciente”, dice el profesor colombino Fernando Vázquez. La radio es capaz de crear climas diversos (de intimidad, diversión, sensualidad, placer, entretenimiento, tensión, suspenso, intriga, misterio, relax, gozo). La radio logra producir cierto grado de connivencia entre el locutor y el escucha. La radio ha sido definida como “el teatro de la mente (3)”. Pese al optimismo de Horvath-sin embargo- el poder alienante de las “pantallas” nos va sumergiendo en su contrario: una oscura y vulgar cultura del espectáculo de la degradación, la toxicidad y el narcisismo.

Volvamos al comienzo -asimismo- cuando afirmábamos que CONTRAPUNTOS tiene un punto de vista clasista: un intento de multiplicar voces y pareceres de las luchas y experiencias de la clase obrera y trabajadora contra la opresión capitalista; pues nuestro enfoque apunta a una adaptación activa a la realidad -diría Enrique Pichon Riviere-: un programa de radio con entrevistas que se interrogue sobre la salud mental y física de los laburantes; en palabras del psicólogo y psicólogo social Horacio Tabares: “cómo el modo de producción capitalista afecta la salud del trabajador”. Tan es así, que el reconocido investigador y psicólogo en su libro “Vulnerabilidades, orden social y consumos (4)” cita a Karl Marx: “…el obrero a lo largo de su vida no es otra cosa que fuerza de trabajo, y que en consecuencia todo su tiempo disponible es, según la naturaleza y el derecho, tiempo de trabajo, perteneciente por tanto a la autovalorización del capital…Pero en su desmesurado y ciego impulso, en su hambruna canina de plustrabajo, el capital no solo transgrede los límites morales, sino también las barreras máximas puramente físicas de la jornada laboral (…) Usurpa el tiempo necesario para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la salud corporal. Roba el tiempo que se requiere para el consumo de aire fresco y luz de sol. Escamotea el tiempo de las comidas y, cuando puede, las incorpora al proceso de producción mismo, de tal manera que al obrero se le echa comida como si él fuera un medio de producción más, como a la caldera carbón y a la maquinaria grasa o aceite (4)”. Años mediante…poco ha cambiado en las relaciones sociales que Marx y Tabares describen.

En definitiva, en estos primeros 1.000 programas pretendimos y apostamos a hacer honor al concepto comunicación: communis, acción en común, el compartir: y no al sometimiento del monólogo de la runfla noticiosa burguesa. Y en ese cruce de intervención/práctica social, radio, salud mental y disputas contra el orden del capital queremos terminar con una definición de Marie Langer: “Es cierto, teníamos esa meta. Concordamos con Pichon Riviere en que todo proceso de curación implica un aprendizaje. Pero para que este se logre y para que la persona que necesite en un momento ayuda terapéutica pueda después seguir adelante sin terapia, deberá haber adquirido no solamente insight de los problemas psicológicos que lo llevaron a la enfermedad, sino también los instrumentos necesarios para entender cómo la sociedad y el lugar que ocupa en ella condicionó su propia vida. Y tampoco esta toma de conciencia será operativa si no logra simultáneamente salirse de su aislamiento y adquirir vínculos solidarios, más allá de su pequeño mundo privado. Este proceso fue especialmente importante para las amas de casa de clase obrera que formaban más o menos un tercio de nuestros pacientes y que suelen vivir en un aislamiento total. Pudimos observar cómo el proceso terapéutico de los grupos evolucionaba en la medida en que surgía y se consolidaba la solidaridad entre los integrantes del grupo no obstante las rivalidades, tensiones y ambivalencias existentes. En los grupos contrapusimos la solidaridad a la competencia del sistema (5)”.

Radio, solidaridad, trabajadores, lucha de clases… MIL PROGRAMAS de Contrapuntos: cerrar de este modo -es nuestro deseo- para edificar puentes y transmisiones entre lo que pasó y lo que vendrá: ahí se juega a fondo lo que hay que transformar, cueste lo que cueste, desde un programa de radio hasta la revolución socialista que anhelamos.

Notas:

1. Lumen Humanistas. 1996.
2. Teorías de la radio. La radio: ¿un descubrimiento antediluviano?
3. Citado en ¿Qué hacer con la radio? Ricardo Horvath. Ediciones Letra Buena. 1994
4. DelREves ediciones. Mayo 2021.
5. Memoria, historia y diálogo psicoanalítico. Marie Langer. Jaime del Palacio. Enrique Guinsberg. Folios ediciones. 1981.

Ninguna argumentación teórica, en sí misma, será suficiente para abolir el capitalismo. No se puede decretar por decisión asamblearia su fin. Pero, ello no significa que no sean importantes, necesarias y esenciales las discusiones y los argumentos que abonen en la consolidación de una postura crítica, de oposición y resistencia frente a la desastrosa realidad que el capitalismo comprende para las inmensas mayorías. Y soy plenamente consciente que los argumentos por sí solos no bastan para que esas enormes mayorías que hoy experimentamos, como parte del dominio opresivo y explotador del capital, el exacerbado avance de la digitalización de nuestras existencias, optemos voluntaria y masivamente por cambiar el rumbo que significaría cerrar nuestras redes, desechar los smartphones o dedicar menos tiempo a los distintos pasatiempos virtualizados que hoy saturan nuestra existencia. Sin embargo, saber que las palabras no son suficientes no significa renunciar a la certeza del carácter imprescindible y urgente de construir un posicionamiento crítico, acompañado de medidas de oposición y resistencia activa frente a la amenaza de la digitalización omnipresente que avanza sobre nuestras vidas.

Hablar del profundo impacto que hoy (no en un futuro por llegar) tiene la mencionada digitalización, parte de reconocer la modificación que está operando en nuestros hábitos de conducta, en las pautas de socialización imperantes y en el modelo de concentración de riqueza que hoy se asienta a nivel global. No es solo la captación de nuestro tiempo de ocio, las alteraciones a nuestros esquemas mentales de atención o la fragmentación social que llegó con el encierro pandémico y parece no querer abandonarnos; es una transformación de nuestra existencia tal cual la conocíamos hasta ahora, y que pasa por la profundización de la dependencia de los dispositivos informáticos para cada vez más actividades cotidianas (ya no solo las laborales), el hecho de convertir las pantallas en casi la única manera de tener contacto con el mundo, tener que interactuar cada vez más con algoritmos y menos con personas para resolver dudas o necesidades del día a día, acentuar los consumos de tecnologías que pasan rápidamente del internet de las cosas al internet de los cuerpos, e identificar, ocasionalmente, la alteración de nuestros usos del tiempo por el desfasaje que produce la captación de nuestra atención por los dispositivos digitales, entre muchos otros aspectos.

Detallar las formas en que ocurre y las consecuencias que produce la digitalización es tan complejo como veloz es la profundización de su avance continuo. Por eso, una de las vías para identificar su impacto es analizar la manera en la que se moldea el sentido común dominante, que termina legitimando esa avanzada, y que va desde la defensa acérrima a las innovaciones de las tecnologías informáticas, hasta la negación absoluta de la posibilidad de un freno o alteración a dicha realidad, suponiéndola un hecho irreversible. En otras palabras, dicho sentido común se construye con los extremos del optimismo ingenuo (o tecnofilia despolitizada) y la resignación pesimista (o apatía derrotista); llamo a esto sentido común digitalizado. Para desentrañar tal idea, intentaré ahora dar cuenta brevemente de algunos de los elementos en que se despliega ese sentido común legitimador de la digitalización que nos acecha.

1. Aún persiste en algunas mentes la identificación de la tecnología con aquella añeja creencia del progreso humano como proceso lineal y, prácticamente, natural; una suerte de evolucionismo en su versión contemporánea. Frases como toda invención es una mejora, o el progreso humano no se detiene, no solo no son ciertas, sino que formulan un absolutismo del pensamiento que tiende a imposibilitar la crítica. No obstante, resulta evidente que cada vez son más las personas que ven el futuro como algo incierto, y para quienes es muy difícil construir argumentos que justifiquen su entendimiento del estado actual de nuestra civilización como una época de florecimiento de la humanidad, caracterizada por el bienestar general y la armonía social. Pues todo lo contrario; la actualidad no solo nos demuestra con hechos contundentes que no estamos encaminados hacia el florecimiento de la dignidad humana, la justicia o armonía social. El capitalismo que vivimos no es para nada el mejor de los mundos posibles, sino que es justamente el modelo que con más certeza nos aproxima al colapso civilizatorio. Los avances de las nuevas tecnologías digitales de la información y la comunicación (NTIC) difícilmente puedan revertir esta senda de decadencia pues han sido, en gran parte, artífices de su desencadenamiento.

2. Otra variante del sentido común que legitima acríticamente la digitalización de nuestras vidas es aquella que entiende las tecnologías como herramientas, esto es, como objetos neutrales cuyo impacto en nuestras vidas depende del uso que les demos. Tal argumento podría llegar a ser cierto si se tratara, tal como en el ejemplo que suelen usar quienes expresan esta idea, de un martillo. Pero, parece paradójico tener que aclarar que existen abismales diferencias entre los dispositivos propios de la digitalización y los martillos (o cualquier otra herramienta). Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) configuran un sistema de relacionamiento con nosotros mismos, con quienes nos rodean y con el entorno. Dichas tecnologías no son solo objetos (aunque algunas de ellas tengan esa expresión material, y otras no). Por el contrario, constituyen mecanismos, métodos o formas de ordenar tanto nuestro trabajo cognitivo como nuestro quehacer material. Están diseñadas para intervenir y alterar los procesos mentales y sociales en vías de obtener la mayor cantidad de información posible de los mismos, con el objetivo de parametrizar, reordenar y mercantilizar la mayor cantidad de aspectos posibles de la vida humana. Si tuviéramos que encontrar un ejemplo, tal vez el más cercano sería comparar el proceso de digitalización con el proceso histórico que llevo a los seres humanos a la invención del reloj. Por un lado, ese dispositivo es la manifestación material: el objeto reloj es la herramienta. Pero, por otra parte, el sistema que le subyace implica la organización humana en torno a medir, mantener e indicar el tiempo en unidades convencionales, con lo cual se alteró profundamente la experiencia de vida en todos los ámbitos. Eso sería el equivalente a la digitalización actual: una maquinación para realizar en forma eficiente y automática las acciones vitales, permitiendo tanto su medición como su mercantilización. La digitalización es un sistema, que no se agota en los objetos de los que se vale.

2.1. Una variante del argumento de la herramienta desencadena el no menos simplista dicho de la necesidad de apropiarse de la herramienta para fines nobles; esto es, para darle un uso distinto al que le dan las grandes corporaciones que las manejan. Parte de la respuesta a este argumento ya se ha esbozado al cuestionar la idea misma de la herramienta. Ahora solo resta enfatizar que el sistema (ya no la herramienta) muy difícilmente podría ser usado para otro fin, ya que se encuentra estructurado justamente en atención al interés especifico de quienes lo manejan; porque han sido o sus creadores o sus moldeadores. Este argumento es el equivalente exacto al de pretender usar el capitalismo para el beneficio de toda la humanidad, o usar el Estado para generar la igualdad social: ambas cosas imposibles, pues se trata de sistema estructurados para el fin opuesto: la acumulación egoísta y la opresión jerarquizada. El mayor peligro de esta falacia no es solo que pasma en una acción inofensiva a quienes pretenden oponerse al sistema, sino que los hace involuntariamente sus cómplices.

3. El tercer argumento, que en este caso no se identifica tanto ligado al sentido común sino más bien a la retórica de cierta parte de las personas de ideología de izquierda, aduce que la cuestión de la intensificación del uso de las NTIC no sería una problemática central o principal en relación a la cuestión del capitalismo, pues, supuestamente, no comprendería como su eje la cuestión de clase; siendo ese el problema principal frente al cual luchar. Pues bien, esa lectura sesgada de las contradicciones generadas por el sistema capitalista pierde de vista que la digitalización de la vida está causando, por un lado, el reemplazo de puestos de trabajo humano por maquinas (desempleo) y, por otro, una mayor precarización de las relaciones de trabajo que se disfrazan de distintas formas de vinculación comercial (emprendedurismo, trabajo freelance, trabajo ocasional, entre otros), en los que se desdibuja la relación contractual y se vulneran los derechos laborales y las garantías sociales que le son correspondientes. Además, estas tecnologías han favorecido la desregulación laboral tras la supuesta ventaja del teletrabajo o trabajo en casa, que tiende a difuminar y a ampliar la jornada laboral o, cuando esto no sucede, se aplica para una mayor vigilancia de las y los trabajadores, efectivizando un seguimiento y control de sus rutinas de trabajo, auspiciando la rutinización, mecanización y automatización de tareas, en aras de la mayor productividad o, en otras palabras, el uso de la tecnología para hacer más eficiente la explotación de la fuerza de trabajo en términos tanto individuales como colectivos. Así, las NTIC se convierten en una pieza clave fundamental para la acumulación de capital en la actualidad. Y esto sin mencionar la generación de nuevos empleos en el rubro específicamente tecnológico en los que se podrá vincular a la clase obrera; trabajos que van desde operario en línea de ensamblaje de artefactos tecnológicos, etiquetador de imágenes para entrenar inteligencia artificial o repartidor de mercancías en bicicleta; nuevos y numerosos gremios de la clase trabajadora del siglo XXI (que lejos, cada vez más lejos, está de la promesa del programador de videojuegos, el youtuber/influencer o el criptoinversionista; todas ilusorias fantasías para captar incautos).

4. También resulta un argumento de legitimación aquel que, sin esbozar idea alguna en favor de la digitalización de la vida, se esmera por negar cualquier posicionamiento critico desde la base de cuestionar a las personas que ensayan tales criticas; cuestionamiento que se funda en el uso de algunas de estas tecnologías: para poder criticar, primero tienes que dejar de usarlas, dicen. Aducen que hay un contrasentido entre el uso y la crítica simultáneos, y terminan proponiendo un absoluto insensato de todo o nada. Pero, será cierto que las únicas dos opciones frente al avance de las tecnologías sean las de incorporar cada una de ellas y aceptar acriticamente su intensificación y la digitalización de la vida, por un lado, o no hacer uso de absolutamente ninguna de estas tecnologías, por el otro? Tampoco se trata de prohijar un punto medio pusilánime e incoherente sino, justamente, de asumir un compromiso por la desdigitalización de la vida, es decir, abonar colectivamente a la construcción de un marco de acción crítico frente a la problemática. No es lo mismo hacer uso de un grupo de whatsapp para organizar la participación en una jornada de lucha, o para difundir la búsqueda de una persona desaparecida o ilegalmente capturada por la policía, que hacerlo para reenviar noticias falsas, bromas de contenido racista o misógino, o publicidad que fomente el consumo. No es lo mismo acceder a plataformas informativas alternativas para leer noticias que no circulan por medios hegemónicos que scrollear por horas en Instagram o Tik Tok. La lista de ejemplos es extensa, pero no apunto con ella a proponer un listado de lo que está bien y lo que está mal. Más bien, creo relevante reconocer que, en el estado de situación en el que nos encontramos, la desdigitalización puede empezar ahora por una acción consciente que busque boicotear la intensificación de la digitalización, con lo cual fomentemos usos de las NTIC que activen la critica desde adentro, al tiempo que fortalecemos los vínculos y encuentros entre quienes estemos dispuestos a seguir cuestionando el orden imperante, a seguir reconociendo que la mayor parte de los mensajes que ayudamos a hacer circular por internet no son necesarios, que nos cansamos de aquellos que se vanaglorian de cambiar de celular cada año o de hacer de su intimidad un show lastimoso y muy poco original. Así, de a poco, podremos darnos cuenta de los beneficios de desdigitalizarnos, y veremos que somos cientos o miles quienes estamos levantando la cabeza y despegando los ojos…eso aumentará nuestra capacidad para inventar nuevas acciones del boicot. En resumen, no hay que empezar por dejarlas para poder criticarlas; más bien funciona al revés.

5. Por último, pero no menos relevante dada su capacidad de inmovilización, un argumento que ayuda a que la digitalización de nuestras vidas siga su rumbo es aquel que indica que es imposible pensar otra cosa; que ya todo está perdido y, además, que la tecnología ya ha creado una ventaja que resulta insuperable; pues sus dispositivos nos tienen totalmente cooptados. Así de amplio es tanto el alcance del argumento como la capacidad que le atribuye a la acción de opresión. Desde luego, ante la grandilocuencia del ya todo está perdido y no hay nada que podamos hacer, mal haríamos en oponer un contraargumento pomposo como basta con que nos unamos para derrotarlo porque simplemente querer es poder. Pues no, así no va a funcionar. Es un hecho que el avance del capitalismo digital encontrará su limite en el agotamiento de los recursos del planeta. La acelerada expoliación del planeta por el extractivismo que requieren las NTIC es insostenible en el mediano plazo. No es verdad que la digitalización de la vida nos pueda seguir oprimiendo eternamente. Por ello, creemos necesario impulsar con paciencia un llamado a la acción perseverante, que parta en lo inmediato del análisis realista de la situación actual, y no pretenda iniciar la lucha por el final. Por lo mismo, creemos imperativo proyectar acciones que busquen modificar las condiciones actuales del avance opresivo, en este caso, del espectro de digitalización de la vida, sabiendo que la efectiva materialización del cambio total no hace parte de lo previsible en el corto plazo; pero que eso, precisamente, hace más urgente la acción organizada. En otras palabras, no podemos pensar en empezar por discutir cómo hacemos para que todo el mundo deje de mirar por horas y horas su celular, o las medidas para derribar en el corto plazo la capacidad disciplinadora y fragmentadora de las NTIC, ni mucho menos cómo serán las NTIC que se circunscriban a un modo de vida postcapitalista. Hoy el objetivo es más pequeño, pero no por ello menos significativo. Hoy el primer paso consiste en moldear y difundir el abordaje crítico ante la digitalización y en promover y fortalecer la acción del boicot frente a su intensificación desmesurada.

Nada de esto se completa con un escrito, ni mucho menos puede basarse en pensamientos individuales. Por ello, abono a este andar, necesariamente colectivo, algunas de las ideas que he podido madurar entre las conversaciones con quienes venimos pensando y masticando esta angustia, contemplando algunos de los comportamientos naturalizados por la digitalización de la vida que vemos o realizamos, con la esperanza de imaginar formas de revertirlos, partiendo por cuestionarlos. El propósito apunta a construir acciones a implementar, ejemplos a seguir o ideas a discutir, para seguir forjando la lucha contra el destino de alienación digital que nos plantea el capital.

1. Definir espacios y/o momentos libres de conectividad. No hace falta iniciar por grandes objetivos, simplemente algunos horarios o actividades, especialmente las relacionadas con la alimentación y aquellas que implican el encuentro con otras personas.

2. Cuestionar la convergencia digital que hace que usemos el celular para cada vez mas cosas; ver televisión o cine, escuchar música, leer, tomar fotografías, grabar audios o videos, programar el reloj despertador, etc. Retomar algunos dispositivos específicos para estas actividades, como la cámara fotográfica o la radio ayuda a descentrar la presencia del celular en nuestra cotidianidad.

3. Hacer llamadas telefónicas cuando se requiera, evitando la despersonalización del intercambio social a través de monólogos en audios de whatsapp, favoreciendo la concentración en una sola actividad a la vez y prestando real atención a quien nos habla.

4. Leer libros. El formato papel no solo ayuda a la concentración, sino que favorece la introspección. No solo se trata de informase o incorporar datos (lo que alcanzamos con el formato digital) sino de habilitar las pausas necesarias para pensar (relacionar, contrastar, contextualizar) y construir conocimiento (lo que lleva tiempo y esfuerzo).

5. Eliminar las apps de organización o gestión de las actividades cotidianas. La vida no es una empresa guiada por la productividad o la eficiencia.

6. Usar dinero físico y preferir comprar, especialmente los alimentos, en los comercios cercanos. Para esto, ayuda caminar las calles del barrio, conocer lugares y direcciones y, de paso, fortalecer el sentido de ubicación, atrofiado por el uso excesivo y naturalizado de las aplicaciones de geolocalización que nos indican cómo ir de un lugar a otro, pero nos impiden ser conscientes de los trayectos, obstaculizando relacionarnos con nuestro entorno.

7. Desactivar la opción de IA prefigurada en aplicaciones y motores de búsqueda. Si vas a usarla, que sea una elección consciente. Recuerda que no siempre “lo más fácil” o lo más rápido es lo mejor; que en el capitalismo nada es “gratis” y que no es real el mito de la “nube de datos”. El uso cotidiano de la IA implica un impacto profundo en nuestro ambiente, abona al extractivismo, al uso indiscriminado de agua y al calentamiento global. Infórmate.

En síntesis, es imposible definir con certeza una guía del qué hacer. Se trata simplemente de sumar una voz más a quienes piensan que algo hay que hacer; porque es tan necesario como posible. El punto de llegada no está definido ni hay un solo camino; pero intuimos que tomar el control de nuestra atención y consciencia es un gran primer paso. El segundo, es levantar la vista para reencontranos; cara a cara y cuerpo a cuerpo, porque las tecnologías que prometen comunicarnos, al tiempo nos separan y aíslan; prometen informarnos y no hacen más que envilecernos y distraernos. Solo siendo más, compartiendo pareceres, podremos dar luz a los siguientes pasos. Vamos a disputar el sentido común, a sembrar desdigitalización y a boicotear todo lo que podamos. Que no pasen por benefactoras las corporaciones del entretenimiento que lucran con nuestra alienación, que no se confunda consumismo con bienestar, que no se pueda decir impunemente que el progreso es la virtualidad, que no pase por normal que los programadores de IA piensen por nosotres, que nadie se conforme con mantener relaciones sociales solo a través de las redes, o que se aplauda la manipulación programada (ni que siga ganando elecciones). El presente es de lucha, el futuro es nuestro.

Ante la “brutal” agresión policial, ocurrida el 17 de mayo, cerca de 60 colectivos sociales valencianos expresaron su condena en una nota informativa.

El ataque “se inició porque la mujer, quien caminaba con su hijo –de tres años y con autismo- afeó a la policía el maltrato que estaban dando a dos jóvenes a los que acababan de detener. Ante los gritos de socorro, sus padres y un amigo de la familia bajaron al portal a preguntar qué estaba sucediendo; más de media docena de agentes de la Policía Nacional les golpearon con una virulencia extrema”, subrayaron las ONG.

La familia fue trasladada después a la comisaría, donde -según la información a la que accedieron las organizaciones-, continuaron los golpes, insultos y amenazas; “el cuerpo policial actúa con total impunidad, apaleando a personas simplemente por ser racializadas”, denunciaron las asociaciones.

El colectivo Afroféminas difundió en las redes sociales el vídeo de la golpiza, capturas y persecuciones (“Es racismo; a mujeres blancas jamás las hubieran golpeado así”).

Entre las entidades que se sumaron a la denuncia figuran Alianza por la Solidaridad; Antimilitaristes MOC-València; BDS-País Valencià; Campaña CIE No; València Acull; València és Refugi; CEDSALA; CGT; Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); Regularización Ya; EntreIguales y Comisiones Obreras.

¿En qué contexto político se producen las palizas? Tras las elecciones a las Cortes Valencianas celebradas en mayo de 2023, el PP (que ganó los comicios) y el partido ultraderechista Vox formaron un gobierno de coalición, que se prolongó hasta julio de 2024; a finales de mayo de 2025, los dos partidos pactaron los presupuestos de la Generalitat para el presente año.

Dos semanas antes, el espacio València pels Drets de les Persones Immigrades -integrado por 30 colectivos- manifestó su rechazo a las enmiendas planteadas por Vox a las cuentas autonómicas; las entidades solidarias pidieron al PP que no aceptara las citadas enmiendas, presentadas en medio de una “ofensiva racista”.

El comunicado de València pels Drets de les persones Immigrades valoraba tres propuestas de Vox, insertas en una denominada “agenda de odio”.

En concreto, “pruebas médicas invasivas para determinar la edad de menores migrantes bajo tutela, tratándolos como sospechosos por su origen”; además, “la creación de partidas presupuestarias para expulsar selectivamente a jóvenes extutelados por haber nacido fuera de Europa”.

Por último, “la financiación de supuestas cooperaciones con países como Mauritania o Senegal que, en realidad, buscan reforzar la externalización de fronteras y la política del rechazo”.

No se trataba de las únicas críticas de las ONG; meses después de la DANA (228 muertes en el País Valenciano), el 21 de marzo, los colectivos impugnaron unas declaraciones del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), calificadas como “insinuaciones racistas” y en las que el dirigente “se hacía eco de los bulos de la extrema derecha”.

En una declaración institucional en las Cortes Valencianas, Mazón manifestó que no se admitirían más repartos de inmigración ilegal, ya que el País Valenciano había visto superada su capacidad; asimismo el político derechista pidió al Gobierno español información sobre el número de personas detenidas por robo -y su nacionalidad- tras la DANA del 29 de octubre (Agencia Efe, 17 marzo).

El manifiesto de las 40 organizaciones sociales señalaba, entre otros puntos, la oposición a una de las prácticas de racismo institucionalizado en el estado español: “Los controles policiales basados en criterios raciales o étnicos; un problema endémico, que es sistemáticamente negado”.

 En diciembre de 2024 se presentó el segundo balance anual Discriminació quotidiana per racisme i xenofòbia en València, que dedicaba un apartado a las “malas prácticas policiales”; estas afectan, particularmente, a las personas migrantes en situación que el Estado considera irregular. En la mayoría de los casos las victimas no denuncian la discriminación o delitos de odio.

“Temen que por denunciar a la autoridad policial haya represalias en su proceso de regularización y saben que la palabra de la policía prevalece sobre la suya”, agrega el balance de València Acull, CEAR, Movimiento por la Paz, Accem, Elche Acoge, CONVIVE-Fundación Cepaim; Campaña por el cierre de los CIE y la asociación Rumiñahui.

El informe resalta que, durante 2023, se constataron paradas, identificaciones y registros en la calle a migrantes (no europeos) por parte de la policía; se trata de una práctica cotidiana, subrayan las ONG, que tiene lugar pese a las negativas oficiales y sin que se tengan en cuenta las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo española o la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE.

Según los colectivos, las identificaciones por perfil étnico se producen sobre todo en los barrios, pero asimismo en zonas céntricas  (estaciones de transporte público); en las retenciones y solicitudes de documentación, los agentes se centran -actualmente- en migrantes concretos y pequeños grupos.  

Las alertas ante las embestidas policiales no constituyen una novedad; en diciembre de 2022, un muchacho hondureño recibió un puñetazo en el estómago por parte de un policía del municipio de Burjassot, que le mantenía retenido; el joven no opuso resistencia, informó València Acull; “vas de chulo, sois todos iguales, te voy a mandar a tu país”, espetó el agente; la víctima presentó una denuncia en el juzgado de Paterna.

En noviembre de 2023, València Acull informó sobre la detención “más de 20 horas de forma irregular” de una mujer colombiana, que tenía cita para demandar asilo; los hechos ocurrieron durante un control de tráfico en Valencia; el expediente sancionador y propuesta de expulsión, derivados de la actuación policial, fue finalmente archivado por la Delegación del Gobierno.    

La ética pública en disputa

Walter Benjamin sostenía que la ética es memoria histórica, un compromiso con los vencidos para evitar la repetición de las catástrofes del pasado. Advertía que el acto ético consiste en detener el tiempo y escuchar el reclamo de quienes han sido silenciados. Karl Marx, por su parte, entendía la ética no como una doctrina moral abstracta, sino como praxis transformadora, una acción concreta para abolir la explotación y las relaciones de poder que perpetúan la injusticia.

Ambas perspectivas convergen en un punto crucial: la ética pública no se reduce a normas jurídicas, sino que es el fundamento de la responsabilidad y la emancipación. Cuando las instituciones abandonan esos principios, el abuso de poder se naturaliza y la justicia se convierte en instrumento del privilegio.

Privilegios judiciales y blindaje institucional

El caso Lago Escondido exhibe sin filtro la connivencia entre jueces, empresarios y políticos. En octubre de 2022, magistrados como Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño, junto al exministro Marcelo D’Alessandro, viajaron a la estancia de Joe Lewis sin que jamás se explicara el motivo de la invitación con el patrocinio del Grupo Clarín. Facturas falsas emitidas después del viaje intentaron encubrir los gastos, y los chats filtrados de Telegram revelaron estrategias para frenar la difusión del escándalo.

Sin embargo, el juez Sebastián Ramos cerró la investigación con el argumento de que las pruebas fueron obtenidas de manera ilegal, evitando cualquier revisión sobre el posible delito de dádivas. Como corolario, el Consejo de la Magistratura, con el voto clave del senador Eduardo Vischi (quien había cambiado de postura en la investigación de la estafa de la criptomoneda $Libra), archivó el sumario disciplinario contra los jueces involucrados.

La invitación a Lago Escondido, lejos de ser un simple encuentro social, refuerza la sospecha de intercambio de favores entre la justicia y los sectores económicos concentrados. Pero la estructura judicial prefirió clausurar la causa antes que exigir explicaciones.

Espectáculo y doble vara

En contraste con la inacción frente a Lago Escondido, el caso de la jueza Julieta Mackintach fue castigado con rapidez y dureza. Autorizó la filmación del documental Justicia Divina en plena causa por la muerte de Diego Maradona. La Corte Suprema bonaerense la apartó en 24 horas (con una licencia por 90 días) y el periodismo exigió su juicio político.

Aquí, la ética judicial se aplicó con aparente rigurosidad, porque no afectaba intereses corporativos. Mientras Mackintach fue presentada como un ejemplo de corrupción, los jueces que aceptaron un viaje privado financiado por empresarios siguen ejerciendo sin rendir cuentas. La justicia se vuelve selectiva: si la falta no perjudica al poder, se castiga con fuerza; si amenaza intereses empresariales o políticos, se archiva sin consecuencias.

Operadores al resguardo

La lógica del blindaje judicial también se verifica en el caso de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador del macrismo prófugo en Uruguay desde 2020, evadiendo una orden de captura por asociación ilícita. La Corte Suprema y la Cámara Federal han dilatado su extradición, dejando su situación en un limbo legal.

Un escenario similar ocurrió con el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, donde la entonces AFI realizó seguimientos a periodistas, jueces y opositores políticos, incluyendo a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.
Se los fotografió en misas y marchas, y los informes generados por la inteligencia estatal se usaron para anticipar sus reclamos.
En 2021, el juez Martín Bava procesó a Macri por seis hechos de espionaje, pero la Cámara Federal porteña lo sobreseyó, argumentando que las tareas de inteligencia fueron necesarias por seguridad presidencial.

En cada uno de estos casos, la justicia actuó como un escudo protector, asegurando que ciertos sectores operen con absoluta impunidad.

Represión sistemática y silencio judicial

Mientras la justicia protege a jueces, operadores políticos y empresarios, guarda silencio absoluto frente a la represión sistemática comandada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cada miércoles frente al Congreso. Las fuerzas federales ejecutan operativos con golpes, uso de gas pimienta y detenciones arbitrarias, fuera de su área de competencia. Periodistas, jubilados y manifestantes han sido agredidos, sin que haya una intervención judicial para limitar el abuso de poder.

La pregunta es inevitable: ¿dónde están los jueces y fiscales que deberían frenar el uso ilegal de la fuerza estatal? En contraste con su inmediatez para sobreseer a los jueces de Lago Escondido, no hay investigaciones ni pronunciamientos sobre el accionar represivo del Gobierno.

Este silencio judicial no es casualidad. Es parte del mismo sistema que protege los privilegios de la corporación judicial y económica, mientras criminaliza la protesta social.

La performatividad del poder y la pedagogía crítica

Cada acción del poder comporta una gestualidad performativa (tiene un efecto sobre las conductas), que no solo afecta a los implicados directos, sino que educa a la sociedad sobre lo que es aceptable, legítimo o inevitable. Cuando jueces blindados viajan a Lago Escondido y la causa se archiva sin debate, el mensaje implícito es que ciertas alianzas quedan fuera de la indagación. Cuando el espionaje a los familiares del ARA San Juan se justifica como seguridad presidencial, se instala la idea de que la vigilancia estatal puede ser legítima si se administra con discreción. Cuando la represión semanal frente al Congreso se trata como protocolo habitual, el derecho a la protesta queda reducido a una excepción.

La pedagogía de la crisis ética impone la naturalización del abuso de poder. La justicia deja de ser un instrumento de equidad y se convierte en un mecanismo de reproducción de privilegios. Pero esto no es un accidente, sino una lección estructurada: una educación tácita sobre quiénes pueden ejercer poder sin restricciones y quiénes deben someterse a él.

Frente a este escenario, la única vía para desmontar esta pedagogía del sometimiento es construir una pedagogía crítica, capaz de revelar los dispositivos de encubrimiento y desafiar la construcción de la impunidad. La justicia no puede limitarse a ser una maquinaria que administra leyes: debe sustanciarse en su capacidad de transformación. Como planteaban Walter Benjamin y Karl Marx, la ética no es una mera formulación normativa, sino el resultado de una memoria activa y una praxis liberadora.

Solo si la justicia actúa como herramienta de emancipación podrá garantizar su función esencial: no la de preservar el orden existente, sino la de quebrar las estructuras que sostienen la desigualdad.

Nuestra lucha colectiva debe apuntar a democratizar el Poder Judicial, para que deje de funcionar como la casta aristocrática que perpetúa privilegios en el siglo XXI.

Referencias:

Benjamin, W. (1940). Tesis sobre el concepto de historia.
Marx, K. (1845). Tesis sobre Feuerbach.

Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/06/01/la-pedagogia-de-la-crisis-etica/