La presencia de mujeres en la economía social y solidaria es mayoritaria entre las personas trabajadoras (68%), voluntarias (64%) y las que realizan labores de representación (57%). Además, el 73% de las organizaciones mejoran los permisos establecidos por la ley de conciliación familiar y laboral. Y la brecha salarial con respecto a los hombres es mínima: del 0,79%. Son algunos de los resultados obtenidos en la última Auditoría Social de REAS RdR, la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. El informe incluye un análisis específico de género y otro del mercado social, y han participado 731 entidades.
Todas ellas, con un número medio de 26 personas trabajadoras y unos ingresos medios de cerca de 1,19 millones de euros, daban empleo en el año 2024 a más de 19.000 personas. En sus 30 años de andadura, desde su constitución en 1995, REAS RdR ha buscado el fortalecimiento del
movimiento de la economía social y solidaria en todo el Estado español, profundizando en su
capacidad como sujeto de transformación social a partir de los valores y prácticas recogidas
en su Carta de Principios.
Y, comenzando por la equidad, según los principales datos recogidos, las organizaciones auditadas cumplen con buena nota. Con respecto a la distribución justa de la riqueza, los datos también son positivos: el 59% dedica el reparto de beneficios a reservas, compensación de pérdidas o inversiones propias. El 19% lo destina a causas sociales y solidarias. Y el 7% a inversiones en entidades financieras de la economía social y solidaria.
Sus principales fuentes de ingresos provienen de la facturación y el 33% de subvenciones. En este capítulo, la forma jurídica con más dependencia de las subvenciones son las asociaciones (51%), mientras que las cooperativas de servicio y de trabajo asociado dependen de ellas un 12,32% y un 26%, respectivamente.
Entre las cuestiones relacionadas con el trabajo digno, el salario medio en estas entidades asciende a 25.795 euros. Por otro lado, un 68% cuenta con un reglamento interno que incluye medidas de mejora de las condiciones laborales establecidas en el convenio de aplicación. En los sectores más representativos de la muestra, la formación ocupa más del 60% de las entidades y en más del 80% la formación se contempla para personas trabajadoras.
Sobre la sostenibilidad ecológica, numerosas entidades afirman que hacen esfuerzos para mejorar sus prácticas de consumo. Un 95% de ellas señalan que tienen en cuenta que sean de proximidad y ecológicos a la hora de adquirir productos. En lo que se refiere a energía renovable, el 54% contrata el servicio eléctrico con una proveedora de energía de fuentes 100% renovables; un 19% lo hace de manera parcial y un 26,5% no contrata con servicio eléctrico renovable.
Sobre la movilidad, el 60% incorpora, ofrece o facilita alguna alternativa o ayuda relacionada con el transporte hacia el centro de trabajo, incluidos el teletrabajo, compartir coche, aparcamiento para bicis, etc. Por otro lado, el 46% facilita un transporte ambientalmente sostenible a las personas que necesitan desplazarse por necesidades de los proyectos de la propia organización.
Los datos también reflejan el alto compromiso con la cooperación. Así, el 95% de las entidades se articulan en intercooperación sectorial. Mayoritariamente comparten conocimiento y proyectos, pero menos de la mitad comparte local o gestión. Solo un 4% de las entidades no cooperan.
Además, un 75% de las entidades prevén acciones para fomentar la diversidad dentro de la organización, cifra que asciende al 81% en el caso de acciones positivas hacia fuera de la organización. “Los datos permiten comprobar la relevancia económica que alcanzan en España las entidades de la economía social y solidaria”, concluye REAS.
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