Manuel Noya. Plataforma por una Banca Pública

Campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de una Banca Postal.

La voracidad en el proceso de desmantelamiento de lo público tiene una contestación muy general en los ámbitos de la sanidad o la enseñanza. Es posible que una de las razones sea que aún queda allí un sector que referencia bien un derecho que la ciudadanía se niega a perder.

Los servicios financieros también son hoy esenciales para el público. Hablamos de un servicio público. Ya no se puede ni recibir nóminas, pensiones, o pagar recibos de grandes compañías sin que nos obliguen a una cuenta corriente, sin la intermediación de la banca. Sin embargo, llevamos decenios de desmantelamiento de cualquier organismo financiero público con la mayor impunidad. No importa si eran rentables, no sólo socialmente, sino económicamente; también los gobiernos del PSOE entregaron las carteras económicas a colaboradores de ese desmantelamiento. 

Por otro lado, el enorme poder mediático (incluso político) de la banca ha naturalizado que sus ingentes beneficios son imprescindibles, porque si les va mal (normalmente por su irresponsable asunción de riesgos) tendremos que salvarles y asumir sus pérdidas. ¡Y la sociedad, anestesiada!

La tendencia esencial del capitalismo a la concentración demostró sus inconvenientes y lleva a los poderes a la necesaria regulación contra los monopolios, o los oligopolios, los cuales coordinan sus políticas para imponer condiciones de abuso. Pues eso tenemos en los servicios bancarios de España. 

Con cada crisis se reduce la competencia. El último gran mordisco se lo dieron a casi la mitad de los depósitos del país: Las Cajas de Ahorro, que, aún no siendo públicas sino de propiedad social, habían cumplido un gran papel y con menos crisis que los bancos hasta que, empujadas por la marea neoliberal, empezaron a “bancarizarse”. En la crisis de la burbuja financiera, además de muchos bancos (de los que no se habla) se reflotaron Cajas con ingentes cantidades de dinero, para luego ser “regaladas” a la banca privada (beneficiada por tanto en última instancia de su crisis). ¡Y la sociedad, anestesiada!

Buen trabajo de publicidad para convencernos de las malicias de lo público en lo que al servicio financiero se refiere. Y mientras, la exclusión financiera de personas y de territorios avanza galopante al tiempo que la banca reduce personal y atención a los usuarios, a la vez que abusa de posición dominante para imponernos pago de comisiones, créditos más caros y retribuciones más bajas por nuestros depósitos. ¡Y la sociedad, anestesiada!

A diferencia de los países europeos, España es una anomalía en la que sólo queda pública una reducida participación accionarial en la Caixa y un escuálido ICO que no cumple las funciones de desarrollo e inversión pública que todo el mundo demanda.

Digo todo lo anterior porque aún tenemos tiempo de salvar algún mueble y recuperar una actividad de banca de proximidad que tan buen recuerdo dejó en la ciudadanía: la Caja Postal. Hacerlo dentro del servicio público de Correos permitirá aprovechar la extensa red de oficinas y la capilaridad de sus miles de carteros. Aunque lo fundamental será los beneficios sociales de la existencia de un polo de referencia público en el servicio bancario, también puede esa iniciativa dar mayor viabilidad a una empresa pública que está amenazada por una despiadada competencia internacional de plataformas de distribución mientras va desapareciendo la cartería física. 

En estos días hay una campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de esa Banca Postal. Ojalá tenga amplitud como para presionar a los poderes públicos. Está en el siguiente enlace: https://c.org/DDSKpYFprL y te invitamos a firmarla.

La entrada SALVEMOS LOS MUEBLES se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: Un panel informativo en el Palacio de la Bolsa de Madrid, en una imagen reciente.Eduardo Parra | Europa Press

Artículo original publicado en publico.es por Jorge Otero

Hace ya tiempo que los fiscalistas acuñaron un término para describir la esencia y las características del Impuesto de Sociedades: el queso gruyère. La metáfora alimentaria resulta  evidente: el tributo está lleno de agujeros por los que se va el dinero que no pagan los que deberían hacerlo. 

Los últimos datos publicados este pasado miércoles de las cuentas anuales consolidadas del año 2023 —el último disponible— del Impuesto de Sociedades, una estadística exhaustiva en la que se disecciona de forma minuciosa el tributo y que se publica desde el año 2016, confirman, efectivamente, que el queso gruyère sigue en el plato: a pesar de que ha aumentado la recaudación cerca de un 9%, banca y grandes empresas, aquellas con una cifra de negocio superior a los 1.000 millones de euros anuales —en este grupo entran las eléctricas y las energéticas—, siguen tributando muy poco sobre sus beneficios y son las grandes favorecidas del Impuesto de Sociedades.

En el año 2023, Hacienda recaudó 35.198 millones de euros en el Impuesto de Sociedades, con un tipo medio efectivo sobre beneficios para todas las empresas españolas del 12,05% (frente al 25% del gravamen general del impuesto). Sin embargo, en la práctica el reparto es muy desigual: en un momento en el que sus beneficios baten récords, banca y grandes empresas tributan proporcionalmente menos que las pymes. La banca paga solo el 4,26% de sus beneficios y las grandes compañías que más facturan, el 6,97%.  Solo las compañías con más de 5.000 empleados tributan de forma parecida: de media, pagan el 4,75% de lo que ganan.

Los agujeros del gruyère se extienden a lo largo de todo el impuesto. Da igual la dimensión de la empresa y su cifra de negocio: las más grandes y más ricas pagan menos, proporcionalmente. Las pequeñas empresas tributan al 18,65% y las medianas al 16,92%. Incluso las empresas sin asalariados tributan por sus beneficios más que la banca, al 9,27%, y más que la media de las empresas con más de 250 empleados, independientemente de su volumen de negocio, que lo hacen al 8,87% de sus beneficios. 

Traducido a cifras absolutas, las diferencias se pueden entender mejor. Sirva como ejemplo la banca española: obtuvo unos beneficios en 2023 de 32.394 millones de euros, pero solo pagó 1.379 en el Impuesto de Sociedades, según la propia Agencia Tributaria. Las 283 empresas con un volumen de negocio de más de 1.000 millones de euros pagaron 8.360 después de haber obtenido un beneficio de casi 120.000 millones. Banca  y grandes empresas aportaron 9.739 millones a las arcas públicas. Las pymes pagaron de tipo efectivo 21.250 millones de euros con unos beneficios que rondaron los 133.000 millones, aunque es cierto que representan casi el 98% de los declarantes. 

Por aportar algo de contexto, las empresas aseguradoras pagaron 1.192 millones de euros, el 16,83% de sus ganancias, tras declarar 7.087 millones de beneficios. Las constructoras tributaron el 14,06% de los 35.233 millones que ganaron en 2023.

Sobre el papel el Impuesto de Sociedades está concebido para recaudar más: el tipo impositivo está fijado por ley en el 25%  con carácter general y en 30% en el caso de la banca y las energéticas. Es más, en los últimas cuentas consolidadas del tributo la banca tributa sobre su base imponible —el importe de la renta obtenida en el período impositivo por el contribuyente— un 22,94% y las empresas de más de 1.000 millones, un 20,76%. Sin embargo, a la hora de pagar, la factura se reduce de manera considerable. 

¿Por qué ocurre eso?  Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), certificaba el año pasado en una entrevista en Público con motivo de la publicación de su libro Los ricos no pagan IRPF que el Impuesto de Sociedades permite muchas vías de escape en forma de exenciones y deducciones. «Los ricos de verdad utilizan mecanismos de elusión fiscal: sociedades, sobre todo grandes empresas, sicav y demás», concluía Cruzado en aquella entrevista. 

Un vericueto de deducciones

La principal deducción es la denominada «compensación de bases imponibles», una compensación en forma de crédito fiscal por las pérdidas que tenga una empresa y que pueden imputarse en años venideros. En 2023 esta exención sumó 27.752 millones de euros; lo curioso es que esa cantidad se dividió a partes casi iguales entre las pymes y las grandes empresas. También hay otra serie de deducciones, bonificaciones y amortizaciones, gracias a lo cual, la base imponible siempre es inferior al beneficio, lo que rebaja sustancialmente la cuota efectiva a pagar.

En las últimas cuentas consolidadas, las deducciones y exenciones crecieron significativamente respecto al año anterior, 2022: un 42% las bonificaciones por pérdidas  —la compensación de bases imponibles— y un 18,3% el resto de deducciones.

También existe la deducción por doble imposición, tanto interna como internacional. En este sentido, las grandes empresas suelen alegar a modo de excusa que pagan menos porque sus filiales también pagan el Impuesto de Sociedades en otros países. Sin embargo, en la mayoría de los países europeos el tributo para las empresas es incluso menor que aquí. Sin embargo, esa deducción no es especialmente alta: la internacional apenas alcanzó los 906 millones de euros en 2023.  

Hacienda y el Gobierno ya han expresado en más de una ocasión su voluntad de estrechar la brecha entre la base imponible de las grandes empresas y su beneficio real. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2024 el proyecto de Ley que transpone la directiva europea que fija un nivel mínimo global de imposición del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, con una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros, en la línea con la propuesta lanzada por la OCDE y adoptada por el G20 en octubre de 2021. El Congreso la aprobó en noviembre de 2024. Esa medida estaba destinada a evitar la evasión fiscal a nivel global.  Ahora hay que empezar a implementarla.

La entrada Los ‘agujeros’ del Impuesto de Sociedades: banca y grandes empresas tributan sobre sus beneficios menos que las pymes se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en nuevatribuna.es por Aurora Martínez Hernández y Manuel Nolla Fernández

Con un paisaje de 400.000 hectáreas de bosque quemado, hemos podido comprobar que nuestro modelo de desarrollo tiene un grave déficit en la situación de la España rural. La FAO, Francois Hutart (teólogo de la liberación e investigador de la vida campesina) y los técnicos forestales nos lo dicen: la ganadería extensiva y las familias campesinas evitarían los grandes fuegos mediante la gestión y explotación racional del campo y de los bosques. Para ello se requieren potentes políticas públicas, pero España es un caso anómalo en Europa: no tiene banca pública.

Se ha comprobado que esas necesidades no las cubre en España un oligopolio bancario (Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell copan el 75% de los depósitos) que perjudica al consumidor y al demandante de crédito, facilita la exclusión financiera y territorial con la falta de inversiones y el abandono del medio rural. Antonio Turiel propone garantizar las cosas más simples e imprescindibles, como es el suministro de alimentos y el agua limpia, relocalizar el trabajo o trabajar con materiales de proximidad.

Aparte de una residual presencia de un sector social, con alguna Caja de Ahorro y de Cajas Rurales y Cooperativas, solo es público un reducido ICO y del 18% de CaixaBank.

EL ICO

El ICO es una entidad de crédito, que actúa como un banco de promoción financiando a pymes y autónomos y como agencia financiera del Estado. Comparado con otros bancos de desarrollo similares de otros países europeos, el volumen de crédito concedido es muy bajo, aunque a partir de 2023 este haya experimentado un considerable aumento.

Aparte de la concesión de avales, con las líneas de mediación el ICO pasa el dinero a las entidades financieras para que sean ellas las que concedan el préstamo a las empresas y a la vez asuman el riesgo del crédito. Pero las entidades financieras privadas evitan muchas veces prestar a las pequeñas empresas y autónomos, que les proporcionan más riesgo y menos beneficios.

La cantidad máxima que presta el ICO por esta modalidad a una empresa es de 12,5 millones de euros. El ICO también concede préstamos directos desde su sede central (ahora a partir de 5 millones de euros) dirigidos a potenciar el crecimiento de las empresas medianas (de 50 a 250 trabajadores) y a proyectos de inversión sostenibles.

La Comisión Europea ha dado instrucciones al ICO de reforzar su capacidad administrativa para canalizar fondos europeos

El ICO dispone de un banco de promoción y, además, el ICO obtuvo en 2021 la acreditación de implementing partner (socio de ejecución) por la Comisión Europea dentro del marco financiero plurianual 2021-2027. Eso le da la capacidad y responsabilidad de gestionar los fondos que vienen de la UE en colaboración con los ministerios correspondientes. A pesar de ello, y de que se acordaron 130 medidas para el desarrollo rural y un presupuesto de 10.000 millones hasta 2027 para abordar el reto demográfico, no se ha notado de forma significativa que la financiación pública y las ayudas europeas hayan llegado a las zonas donde más se necesitan. Por ello, la Comisión Europea ha dado instrucciones al ICO de reforzar su «capacidad administrativa» para canalizar los fondos europeos.

Las pymes tienen mayores dificultades en el acceso a financiación bancaria. El “XIII Informe sobre financiación de la pyme en España 2023″ señala que cerca de dos millones de empresas necesitaron financiación en 2023. En el mismo sentido, el servicio de estudios de Funcas advierte del preocupante comportamiento de la inversión y de que es urgente reactivarla.

En el documento “Transformar el ICO en un auténtico banco de desarrollo» (promovido por la Plataforma por una Banca Pública) se veía la necesidad de que el ICO no solo concediese más créditos desde su oficina central, sino que se extendiera abriendo sucursales en las capitales de provincia. El objetivo era que el ICO funcionara como un auténtico banco de desarrollo y que, desde las sucursales de la España rural, se hiciera llegar la financiación y las ayudas europeas a los ayuntamientos y pequeñas empresas y autónomos. Pero sobre todo que el ICO actúe como hacedor de proyectos.

Un banco postal

«Desde comienzos del siglo XX y en la mayoría de los países desde la década del 60, los operadores postales han sido el brazo de la inclusión financiera de los gobiernos y ofrecían los giros postales e instrumentos elementales de ahorro para los pobres. Esos giros solían ser el medio principal de pago en las zonas rurales» (Panorama de la inclusión financiera internacional en el mundo. UPU).

Ser un banco ético, de todos, fomentar el ahorro y funcionar de forma descentralizada serían las ventajas del banco postal 

Además de introducir un factor de competencia en un sector muy oligopolizado, el banco postal que proponemos tendrá cuatro ventajas competitivas respecto de los bancos comerciales actuales: ser un banco ético, de todos, fomentar el ahorro y funcionar de forma descentralizada.

Correos es una sociedad mercantil pública, lo que justifica la participación de los ciudadanos en su gestión democrática y control social, con proyectos bien planificados, orientado por los resultados mediante una evaluación continua y rendición de cuentas. Sus órganos de gestión, de gobierno y de supervisión deberán cumplir esas garantías.

Christoph Scherrer, coordinador del libro «Public Banks in the age of financialization», considera que es indispensable que los trabajadores de los bancos públicos tengan la vocación de servidores públicos además de ser seleccionados de acuerdo con los criterios de igualdad, mérito y capacidad. También hay que tener en cuenta la Ley del Estatuto del Empleado Público que en su artículo 20 exige la evaluación del desempeño.

Hutchinson en su libro «Why and how britain developed the industrial revolution» explica cómo el ahorro que generaron las 800 «saving banks» en Gran Bretaña, permitió la revolución industrial (segunda mitad del siglo XVIII). Así mismo, la Caisse des Dépôts et Consignations en Francia y la Cassa Deposite e Prestiti en Italia permitieron en el siglo XIX financiar el desarrollo de esos países. También nuestra Caja Postal tuvo esa capacidad de generar ahorro. Y teniendo un tamaño mucho menor que el de los grandes bancos, su cuota de mercado -el 19%- era mucho mayor que la de ellos y con rentabilidades de hasta el 39%.

Y ahora, los informes Dragui, Letta y OCDE descubren que Europa necesita más ahorro ciudadano, asegurado por el Estado y bien remunerado, para financiar la transición verde y tecnológica, aumentar la productividad y no depender de la financiación extranjera. Podemos entonces afirmar, que un banco postal es el instrumento indicado para asegurar ese ahorro nacional. La libret A francesa es un ejemplo de cuenta de ahorros, con unos 500.000 millones de euros, que se remunera al 3% y que está destinada principalmente a la economía social y solidaria y a préstamos para vivienda social en alquiler.

Sobre la descentralización, tanto las cajas de ahorro como las cajas postales han sido esencialmente regionales y rurales.

Si existe una decisión del presidente de Correos de crearlo, falta la voluntad política del Gobierno y la colaboración del Banco de España para la puesta en marcha del banco postal.

Conclusión

En lugar de nuevas fusiones de bancos, se necesita un sector público en la actividad bancaria. Hoy, en cuanto a inversión y al desarrollo rural, al menos podemos partir de la extensión territorial y potenciación del ICO.

Y el banco postal que queremos, tendrá un mandato de servicio público recogido en una Ley, con un doble objetivo: por una parte, asegurar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios básicos de banca minorista y, por otro, obtener beneficio para contribuir a la sostenibilidad económica de Correos. Para ello tenemos una empresa como Correos, que es una empresa pública, con 2.388 oficinas digitalizadas y un total de 8.267 puntos de atención al público para protagonizar la propuesta.

Para conseguir lo anterior, se necesita de la presión y participación ciudadana, y en concreto de los trabajadores de Correos, en defensa de lo público. Como hoy vemos a la población rural y la que ha sufrido los incendios forestales, entendemos la importancia de las reivindicaciones.

Aurora Martínez Hernández y Manuel Nolla Fernández, coordinadora y portavoz de la Plataforma por una Banca Pública. Miembros de ATTAC España.

La entrada Los incendios de la España rural nos dan más razones para la banca pública se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

El mapa bancario español se ha encogido en las últimas dos décadas. Según el Banco de España, en 2025 quedaban poco más de 17.300 sucursales, frente a las más de 45.000 antes de la crisis de 2008. En muchos pueblos ya no hay ventanilla a la que acudir, lo que ha abierto una brecha entre banca y ciudadanía: resolver un trámite en persona sigue siendo una odisea para miles de vecinos del medio rural.

En ese vacío, el cooperativismo financiero aparece como una alternativa que, aunque minoritaria en España, tiene un recorrido consolidado en Europa. Según Eloi Serrano, doctor en Economía Aplicada y director de la Cátedra de Economía Social del Tecnocampus-UPF, «en Europa, la banca cooperativa tiene una cuota de mercado de alrededor del 22%. En España está en el 10%». Para él, esto demuestra que la fórmula cooperativa no es marginal, sino un instrumento financiero válido para el desarrollo económico, «porque hay países de la UE con economías potentes donde tiene una relevancia significativa».

El carácter diferencial de este modelo está en su filosofía. «En la banca tradicional, el objetivo es maximizar beneficios para los accionistas. En una cooperativa de crédito, el dinero es un instrumento para satisfacer las necesidades de sus integrantes», apunta Serrano. Una visión que, como recuerda el economista citando a Aristóteles, distingue entre el uso del dinero como herramienta para la vida comunitaria (oikonomiké) y su acumulación por sí misma, la «crematística», considerada nociva para la sociedad.

En España, la presencia de la banca cooperativa se materializa en iniciativas como Coop57, Caja de Ingenieros o Laboral Kutxa. Todas ellas comparten una lógica común: reinvertir los beneficios en el fortalecimiento colectivo, promover la inclusión financiera y garantizar una gobernanza democrática de las finanzas.

Coop57, de la lucha obrera a una red financiera alternativa

El origen de Coop57 se remonta a la crisis de la editorial Bruguera en los años ochenta. Un grupo de trabajadores resistió hasta el final de la batalla legal y, tras obtener una indemnización, decidió destinar una parte a crear un fondo común. De aquel capital inicial nació en 1995 esta asociación, que se consolidó como una cooperativa de servicios financieros destinada a apoyar proyectos autogestionados.

Esa raíz explica su modelo actual. Coop57 no tiene clientes, sino socios. “El vínculo que establecemos no es comercial, es de prestación de un servicio. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Cuando alguien viene a Coop57, le tratamos como socio o socia”, resume Raimon Gassiot, miembro de la coordinación colegiada.

Los criterios de admisión son estrictos: solo pueden asociarse entidades de economía social y solidaria, como cooperativas, asociaciones, fundaciones o empresas de inserción, salvo alguna excepción. «Excluimos por definición a sociedades mercantiles. El hecho de ser cooperativa es requisito imprescindible pero no suficiente; puede haber una cooperativa cuya actividad no cumpla con nuestros criterios porque perjudique al medioambiente o tenga a 20 personas sin dar de alta a las que no dejen participar como socias ni, por tanto, participar democráticamente en la gestión de la cooperativa”.

Actualmente, Coop57 agrupa a más de 5.600 ahorradores y 1.250 entidades socias, con siete secciones territoriales y tres grupos promotores. En los últimos cuatro años, ha concedido más de 1.300 préstamos por casi 100 millones de euros. «La mitad de la financiación histórica se ha dado en años recientes. No solo hay más proyectos de economía social y solidaria sino que cada vez son más ambiciosos y requieren necesidades de inversión más importantes, como las cooperativas de vivienda o las comunidades energéticas», apunta Gassiot.

El funcionamiento interno también es particular. «Los tipos de interés los decide la asamblea, no el mercado. Y son los mismos para todos: no penalizamos más a quien tiene más riesgo. Lo importante es garantizar que los proyectos puedan sostenerse y que los ahorros de nuestras socias estén seguros», explica.

Caja de Ingenieros y la innovación desde la mutualidad

«No vale obtener beneficios de cualquier manera: son la compensación razonable por realizar un servicio. Hay que buscar un equilibrio», afirmaba Joan Cavallé, director general de Caja de Ingenieros durante casi dos décadas, en una entrevista con Alternativas Económicas. Esa frase resume la filosofía de una cooperativa de crédito que nació en 1967 en Barcelona para dar servicio a profesionales técnicos y científicos, y que hoy cuenta con más de 216.000 socios.

La cooperativa ofrece todos los servicios de una banca tradicional, desde cuentas y seguros hasta inversiones e hipotecas, pero con una gobernanza cooperativa en la que cada socio es cliente y propietario. A través de su Fundación, impulsa proyectos de innovación social, educación financiera y apoyo a la investigación. Y en los últimos años ha hecho de la sostenibilidad el eje central de su estrategia, con fondos de inversión que aplican criterios ASG y herramientas para medir la huella de carbono de las carteras de los socios.

La entidad gestiona activos que superan los 8.000 millones de euros y ha reforzado sus herramientas digitales, aunque mantiene oficinas físicas en las principales ciudades. Su plan estratégico «Transforma 2026» está centrado en digitalización, eficiencia operativa y sostenibilidad. Un ejemplo es el servicio CEApropa, que acerca la atención bancaria a 313 municipios catalanes que no disponen de sucursales.

Laboral Kutxa, la gran cooperativa financiera vasca

Nacida en 1959 como Caja Laboral, Laboral Kutxa surgió de la iniciativa de un grupo de trabajadores de Mondragón que buscaban una herramienta financiera para apoyar la creación y consolidación de cooperativas industriales en la región. Desde sus inicios, la entidad se centró en cubrir las necesidades de quienes quedaban fuera del interés de la banca tradicional, consolidando un modelo basado en la solidaridad y la participación colectiva.

Hoy, Laboral Kutxa es la segunda cooperativa de crédito más grande de España, con más de un millón de socios y unas 300 oficinas, principalmente en el País Vasco y Navarra. Su actividad abarca todos los productos de banca minorista, pero siempre con un enfoque que prioriza la comunidad: cada socio tiene un voto, sin importar el capital aportado, garantizando una gobernanza democrática que refleja los principios cooperativos de origen.

Ese ecosistema sigue mostrando su peso en la economía. Según Cinco Días, la Corporación Mondragón alcanzó en 2024 más de 11.200 millones de euros en facturación y mantiene más de 70.000 empleos, consolidándose como el primer empleador de Euskadi y uno de los principales de España.

La entidad ha buscado además adaptarse a los retos de un sector bancario en transformación. Al igual que Caja Ingenieros, ha reforzado su apuesta por la digitalización sin abandonar la capilaridad territorial, consciente de que la proximidad sigue siendo un valor diferencial. Al mismo tiempo, promueve iniciativas de educación financiera y formación cooperativa, convencida de que la cultura de la cooperación es tan importante como los servicios financieros en sí mismos.

Como resume Txomin García, presidente de Laboral Kutxa, en una entrevista: «Nuestras cooperativas no son ONG. Desarrollan su actividad en una economía de mercado, predominantemente capitalista, sometidas a las fuerzas de la competencia y su futuro depende de su competitividad, del desempeño de sus organizaciones y del talento de sus personas, pero esta ha sido nuestra realidad histórica durante más de 70 años, demostrando que podemos hacerlo, adaptándonos a los retos y siendo muy conscientes de nuestras fortalezas y debilidades. Nuestro mayor reto es seguir siendo competitivos sin renunciar a nuestros principios y valores». Una declaración que refleja el equilibrio que Laboral Kutxa busca mantener: competir en un mercado global sin perder de vista su identidad cooperativa.

---

Este reportaje pertenece a ‘Altacoop, el altavoz de las cooperativas’, un proyecto que cuenta con el apoyo del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados del Gobierno de España.

La entrada Banca cooperativa o el dinero que vuelve a la comunidad se publicó primero en lamarea.com.