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La Universidad Pública Madrileña, en manos del Ángel de la Muerte

Por: Nuria

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el escrache sufrido en la UCM. EP/Archivo.La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el escrache sufrido en la UCM. EP/Archivo.

Fotografía: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el escrache sufrido en la UCM. EP/Archivo.

Artículo original publicado en elprural.com por Eva Aladro Vico

Desde hace más de treinta años, en que en la Comunidad de Madrid gobierna la derecha del PP, se ha producido una muerte lenta en la Educación y la Sanidad Públicas. La situación en la Enseñanza Universitaria Pública ha empeorado con los gobiernos de Esperanza Aguirre y especialmente de Isabel Díaz Ayuso, cuya estrategia supone una verdadera eutanasia de los servicios públicos de la Educación Universitaria. Díaz Ayuso emplea desde 2019 una doble tenaza mortífera con la universidad pública, basada en dos eutanasias, activa y pasiva, que los lectores reconocerán en seguida.

Con los sucesivos gobiernos del PP en Comunidad de Madrid, las universidades han perdido ni más ni menos que un 40% de su poder adquisitivo. Desde la crisis mundial de 2007, en que los presupuestos públicos se hundieron en todas las instituciones, la Comunidad de Madrid sólo ha recuperado un 5% de incremento sobre los fondos que se destinan a las 6 universidades de Madrid. En su Gobierno se jactan ruidosamente de esta subida, pero si tenemos en cuenta la inflación en estos casi 20 años desde aquella crisis, que supera el 45%, entonces en realidad lo que se ha hecho es mermar los fondos destinados a la universidad pública. Al mismo tiempo, en los últimos 6 años se han creado y consolidado, a pesar de informes académicos negativos, hasta 16 universidades privadas.

Esta es la eutanasia pasiva que Díaz Ayuso ha aplicado, cada vez con mayor crudeza, a la universidad pública madrileña. En 2024 los rectores de los 6 centros públicos solicitaron un mínimo de 200 millones de euros para poder salir a flote en una universidad debilitada por décadas de infrafinanciación. La respuesta fueron 60 millones de euros, una cuarta parte de lo que los 6 académicos pedían en nombre de sus comunidades investigadoras y docentes. Díaz Ayuso pretendía subir los presupuestos de las universidades en sólo un 0,5, y los rectores consiguieron unos puntos más, aún insuficientes. Este otoño, se aprueba una “subida” de presupuestos de un 6% que, compensada con la inflación, se queda en la misma cantidad del año anterior. Recordemos que la economía en la región de Madrid está creciendo a un ritmo del 3%. No hay motivos para aplicar este régimen draconiano. ¿O sí?

El segundo tipo de eutanasia, la activa, está llevando a las universidades a una privatización encubierta que completa la estrategia del Ángel de la Muerte: la misma Ley LESUC que normaliza la infrafinanciación de las universidades -porque legitima que las instituciones madrileñas no cubran más allá del 70% de los presupuestos universitarios anuales-  realiza de un modo sutil un cambio radical: ante la situación, las universidades serán fiscalizadas y controladas por un Consejo Asesor Económico nombrado a dedo desde Gobierno CAM, en sus dos terceras partes, con poder, hasta ahora inédito, de censurar o recortar las decisiones de Rectorado en materia de grados, contrataciones, investigación, reglamento. Y aquí viene la Eutanasia activa, la inyección letal a la autonomía económica, académica y política de las universidades. Porque ese Consejo Económico será ocupado por representantes elegidos a dedo desde el gobierno CAM, de las universidades privadas, de empresas con intereses en el sector, y de representantes de otros poderes cercanos al PP, como medios de comunicación, empresas con intereses incluso cercanos a Israel. Así, si la LESUC sale adelante, personajes mediáticos que dirigen medios y son decanos en una universidad privada, tendrán poder decisivo sobre el consejo de gobierno y el rectorado de una universidad pública. Esta es la eutanasia activa de Díaz Ayuso sobre la universidad. Empobrecida y dirigida por la competencia, la universidad será un cadáver exquisito, leña que aprovechar en el negocio privado.

La doble estrategia del Ángel de la muerte, que primero debilita a sus enfermos y después les aplica la mortífera dosis de veneno, es clásica en los gobiernos neoliberales desde hace décadas: primero se estrangulan los servicios públicos, y luego, con un interés oculto, se fiscalizan y tiran por el precipicio con la excusa de que sólo tratan de ayudarlos. Esta estrategia ya ha incorporado sutilmente las herramientas exterminadoras en las universidades públicas, y ya tenemos a las personas encargadas del derribo final metidas en los Consejos Sociales de las universidades, haciendo campaña a favor de la LESUC y filtrando información y bulos a medios interesados en esta operación de triaje.

Sin embargo, las universidades públicas queremos enviar un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid: el enfermo está muy fuerte y puede salirle muy cara la película de terror, como en anteriores ocasiones. Las universidades están unidas, en todo su capital intelectual, de investigación, de educación, para luchar contra una Ley que empobrece y que invade la autonomía universitaria. Vamos a luchar en la calle, en los medios, y en los tribunales, en una estrategia de tres puntas. Porque la LESUC es una Ley inconstitucional: incumple el objetivo de financiación de la Ley Orgánica LOSU que establece un 1% de financiación del PIB para las universidades- Pero incumple también la Autonomía política y de gestión de las universidades, al introducir intereses particulares en sus órganos de gestión, provenientes de claras especulaciones en el sector educativo. El conflicto de intereses es obvio, y la inconstitucionalidad de la LESUC también. Y si no, al tiempo. Tenemos muchos especialistas en Derecho para defender este punto.

or último, para nuestra querida Enfermera, tenemos un mensaje de futuro: haciendo este daño a las universidades públicas, hace daño al 75% de los jóvenes madrileños que estudian en ellas. Y con ellos, hace daño a millones de familias madrileñas. Si piensa que los familiares del enfermo eutanasiado sin motivo no van a reaccionar en las urnas, va lista. Las universidades son el corazón de la sociedad, y ésta late con fuerza por ellas.

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Un profesor de Alcorcón se enfrenta a un expediente por llevar una camiseta del Club Deportivo Palestino

Por: Arturo

fotografía: Miembros de la asociación Sanitarios con Palestina en una concentración con el lema «Paremos el genocidio. ¡Ruptura de relaciones ya!». EFE/ Fernando Villar / FERNANDO VILLAR (EFE)

Publicado en Cadena Ser por: Elena Jiménez. Soy periodista desde hace algo más de un par de décadas. Especializada en temas sociales y educativos. He recibido el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid 2020 al periodismo especializado por la cobertura de la situación en las residencias de mayores madrileñas durante la pandemia y sigo en ese camino.

La dirección de un instituto avisa a un docente de que no puede llevar «simbología de carácter político»

Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva días intentando acallar cualquier gesto de denuncia del genocidio palestino en las aulas. Esa situación la acaba de vivir un profesor de Economía en el instituto en el que da clase, el instituto Prado Santo Domingo de Alcorcón (Madrid).

Guillermo López acudió el jueves 18 de septiembre a su clase con una camiseta que le habían regalado este verano por su cumpleaños. La prenda es de un equipo de fútbol chileno que se llama ‘Club Deportivo Palestino’ que fue fundado en 1920 por migrantes palestinos que habían llegado a ese país.

«Cuando inicio el curso siempre les digo a los estudiantes que tienen que saber de economía porque el mundo, nos guste o no, se mueve por intereses económicos. El jueves mientras desayunaba escuché las declaraciones del ministro de Finanzas de Israel diciendo que Gaza es una mina de oro inmobiliaria y que estaba negociando con Estados Unidos el reparto. A mí eso me enfadó y pensé que era un buen ejemplo para demostrarle a mis alumnos hasta qué punto los intereses económicos mueven el mundo», cuenta Guillermo por teléfono.

Al día siguiente el jefe de estudios del centro llamó la atención al docente sobre que la camiseta podía contravenir el principio de neutralidad que se le exige a los funcionarios públicos y al personal de la administración.

Guillermo volvió a ponerse la prenda este miércoles y, tras pedir el profesor que le dieran por escrito lo que le estaban señalando de forma verbal, ha recibido una nota oficial de la dirección en la que le indican diversa normativa sobre la sustentan que su camiseta es «simbología de carácter político» y que se puede enfrentar a una falta grave o muy grave y que si persiste en su actitud le llevarán ante la Inspección para que estudie si se le tiene que abrir un expediente disciplinario.

«Se trata de fomentar los derechos humanos en un centro de educación. Se trata de explicar que, igual que aquí los chicos pueden venir a clase, hay un lugar en el mundo en el que los centros de educación han sido bombardeados. No sé qué hay de malo en eso la verdad», subraya.

Guillermo está pensando ahora qué hacer. Ya ha hablado con abogados de Comisiones Obreras para estudiar si emprender acciones legales. También quiere hablar con sus compañeros de centro para valorar una acción conjunta «porque sancionar a un profesor es fácil pero si somos más igual les es más difícil. Todo esto es muy raro porque yo solo quería tener un guiño con una realidad que se está viviendo al otro lado del Mediterráneo y traerles esa realidad a los adolescentes para que piensen que no todo es mirar para uno mismo y que lo relacionasen con lo que estudian», concluye.

En Comisiones Obreras creen que con el papel que le han entregado al profesor se pueden estar cometiendo dos delitos, de coacción y de odio. «La normativo en los centros educativos no ampara ningún decoro en la forma de vestir de los trabajadores. Lo que está sufriendo este docente ahora mismo es una situación de hostigamiento. Pedimos que se cese en este tipo de actitudes y que la Comunidad de Madrid dé la cara, proteja al trabajador y pida que se cesen estas actuaciones en los puestos de trabajo», explica la secretaria general de Enseñanza de este sindicato, Aída San Millán.

En la misma línea se ha manifestado la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, (PSOE), que dice que «en esta Comunidad de Madrid de la libertad que tanto pregona Ayuso resulta que nos encontramos con que se coarta no solo la libertad de expresión sino también la libertad de cátedra y también el derecho a vestirse con lo que uno quiera».

Hemos trasladado a la Consejería de Educación la pregunta de si puede sancionar a un docente por ir con una camiseta de fútbol a dar clases y se han limitado a decir que estudian todas las peticiones y solicitudes que les llegan desde los centros educativos. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, zanja diciendo que «para adoctrinamiento y para cuestiones de carácter político ya hay otros foros. Están los parlamentos, las asambleas y la calle. Pero dejemos en paz a los alumnos que van cada día a recibir la mejor formación posible. Que se respete la autonomía de los centros y que no se conviertan los colegios en lugares de propaganda o de política».


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La Aceleradora Urbanística: un mecanismo de control político que subordina el urbanismo madrileño a la lógica de la inversión

Por: Nuria

La Aceleradora Urbanística: un mecanismo de control político que subordina el urbanismo madrileño a la lógica de la inversiónLa Aceleradora Urbanística: un mecanismo de control político que subordina el urbanismo madrileño a la lógica de la inversión

Artículo original publicado en elsoto.org

El 12 de agosto, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, abrió el plazo de quince días hábiles para presentar alegaciones al proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid. El texto de la nueva norma coloca la inversión privada y la lógica del mercado en el centro de la planificación territorial, relegando la dimensión social, ambiental y democrática del urbanismo. Ni los ayuntamientos, titulares de la competencia urbanística, ni la ciudadanía organizada disponen de un papel real en un mecanismo que, además, amenaza con duplicar trámites, generar inseguridad jurídica y abrir la puerta a la opacidad.

El urbanismo como inversión, no como derecho

El preámbulo del decreto justifica la creación de la Aceleradora en la supuesta necesidad de atraer inversiones y evitar retrasos, pero no aborda las causas estructurales de la lentitud administrativa ni refuerza los servicios técnicos responsables de los expedientes. La consecuencia es clara, se subordina el planeamiento al interés económico inmediato, olvidando el mandato del artículo 47 de la Constitución y de la Ley de Vivienda de 2023, que vinculan la ordenación del territorio a la función social del suelo y al derecho a un hogar digno.

Un órgano político sin legitimidad democrática

La Aceleradora se configura como un órgano colegiado compuesto casi exclusivamente por viceconsejerías autonómicas. Los ayuntamientos quedan relegados a un papel secundario y discrecional, mientras que la sociedad civil, asociaciones vecinales, ecologistas o colectivos profesionales ni siquiera tienen cabida. En su lugar, se prevé la posible participación de “asesores técnicos externos”, un concepto indeterminado que podría abrir la puerta a intereses privados en la toma de decisiones urbanísticas.

La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia que esa exclusión refuerza un modelo centralizado y vertical, contrario a la autonomía local reconocida en la Constitución y a las obligaciones legales de participación ciudadana. Lejos de aportar agilidad, introduce más niveles de decisión política, resta capacidad a los técnicos municipales y crea un filtro opaco que puede condicionar proyectos al margen del interés general.

Riesgo de invasión competencial y opacidad

El decreto crea una unidad técnica de apoyo a la Aceleradora Urbanística pero adscrita a la Dirección General de Urbanismo y le otorga funciones que exceden el ámbito autonómico e invaden competencias municipales, como la tramitación de informes sectoriales. Aunque formalmente la adhesión de los ayuntamientos se presenta como voluntaria, el diseño normativo apunta a una imposición encubierta que vaciaría de contenido la competencia local en materia de planeamiento.

A ello se suma la ausencia de garantías de transparencia. No se prevé la publicación de actas, acuerdos ni deliberaciones del órgano, lo que vulnera la normativa autonómica de transparencia y refuerza la percepción de que se trata de un instrumento de control político al servicio de intereses inversores.

Una aceleradora para la inversión, no para la ciudadanía

Especialmente grave resulta la disposición que convierte en “de especial relevancia” cualquier proyecto previamente declarado de interés por la Aceleradora de Inversiones, sin audiencia a los afectados ni control ciudadano. Esta puerta trasera subordina el urbanismo a decisiones económicas ya tomadas, confundiendo proyectos privados con planeamiento público.

Retirada del proyecto de decreto

La Plataforma Ecologista Madrileña formada por la Asociación para la Recuperaión del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente, Jarama Vivo y Liberum Natura, concluye que el proyecto de Decreto presenta deficiencias estructurales graves: debilita la autonomía municipal, erosiona el derecho de participación ciudadana, desplaza la función social del urbanismo y lo reduce a un mero instrumento de atracción de capital privado.

Por todo ello, solicita su retirada inmediata y la apertura de un proceso participativo que aborde de verdad las necesidades de los municipios y de la ciudadanía madrileña en materia de urbanismo, vivienda y territorio.


Para más información sobre la Plataforma Ecologista Madrileña

Canal de whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAnxJ55PO123SCUkg12
Bluesky: https://bsky.app/profile/plataformaecolo.bsky.social
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