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Una pesadilla recurrente de la izquierda andaluza podría ser esta: el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla fumándose, sin ser fumador, plácidamente un puro en el palacio de San Telmo mientras contempla ensimismado cómo las volutas del cigarro ascienden muy, muy despacio hasta diluirse silenciosamente en las oquedades del bello artesonado que ennoblece el techo de su despacho presidencial. Y lo peor de todo: el tipo llevaría como unos siete años fumándose el maldito puro.

Desde que en 2022 logró su mayoría absoluta, no menos inesperada que la milagrosa carambola que cuatro años antes lo llevó a la presidencia, los intentos de la oposición de erosionar su figura se asemejan a esas inocuas espirales de humo que nuestro hombre observa abstraído, sin inquietud, consciente de que las pobres volutas, como la izquierda andaluza, no pueden dejar de ser lo que son: humo, niebla, sombra, nada.

En su primer mandato Moreno tuvo que lidiar con las exigencias ocasionalmente montaraces de aquel Vox, que, en alianza con Ciudadanos, lo había hecho presidente y garantizaba la estabilidad de su gobierno; los apuros en que, de cuando en cuando, los ultras ponían al presidente se vieron, sin embargo, felizmente neutralizados por un entreguismo del partido naranja que hizo la legislatura conservadora mucho más plácida de lo que auguraba la aritmética parlamentaria.

Lo nunca visto en 30 años

Ya con la mayoría absoluta lograda merced al abstencionismo de la izquierda y el desistimiento de C’s, que Moreno premiaría recompensando a su líder Juan Marín con un cargo tan poco expuesto y trabajoso como bien remunerado, su actual segundo mandato había venido siendo una balsa de aceite en la que el presidente flotaba serenamente sin temor a perturbación alguna hasta que –en política no hay bien que ocho años dure– en octubre pasado saltaba el escándalo del cribado de cáncer de mama: al menos 2.317 mujeres, según el moderado cómputo de la Junta, no fueron advertidas de que debían hacerse una nueva prueba porque el resultado de la primera era dudoso. Nunca durante las tres décadas largas que lleva implementado el programa había sucedido nada comparable. Nunca. Para la Junta se trata de un error; para la oposición, de un escándalo; para las mujeres, de un espanto.

La ola de indignación social cogió al presidente a contrapié, como si no diera crédito a lo que estaba pasando, y desde hacía muchos meses además, en el sistema sanitario andaluz. ¿Un error? ¿Una disfunción? ¿Una chapuza? Cuando cualquiera de estas tres particularidades se prolonga durante años sin que nadie les ponga fin, error, disfunción o chapuza mudan de estado político: lo que era anécdota adquiere el estatus de categoría, lo que parecía accidental alcanza el rango de estructural, lo que era amenaza ocasional pasa a ser peligro permanente.

Un mes después de estallar la crisis, que en pocos días había obligado al presidente a prescindir de su consejera de Salud, la Junta todavía no había dado una explicación creíble, convincente y detallada de las causas de ese gigantesco error/disfunción/chapuza que tiene en vilo a miles de mujeres. Además de fuertemente politizado (como no podía ser menos), el caso de las mamografías ha pasado a estar judicializado. La Fiscalía está decidida a averiguar por qué pasó lo que pasó: para sonrojo del periodismo y bochorno de la política, la justicia parece hoy por hoy la única garantía de que se acabe sabiendo la verdad, pues ni el periodismo, que no pasa por su mejor momento, ni la oposición, que está en el peor, han logrado taladrar el muro de opacidad, escapismo y silencio levantado por el Gobierno andaluz para protegerse a sí mismo, no a las mujeres, de los efectos virtualmente letales derivados de su imprevisión, su ineptitud o su negligencia.

¿Pecador yo? ¡Pecador tú!

Mientras, la tardanza de San Telmo en dar la explicación que mujeres y opositores le reclaman alimenta la sospecha de que las causas de lo sucedido no se deberían meramente a una mala praxis profesional, sino que pondrían en cuestión el propio modelo sanitario del Partido Popular, cuyo deterioro habría favorecido el fortísimo incremento del número de andaluces que en la última década han contratado un seguro privado: en 2014 eran 1,2 millones; en 2025 ya son 1,8 millones, el 22% de la población de la comunidad.

Si el escándalo andaluz del cáncer de mama hubiera tenido lugar con un gobierno socialista, las derechas estarían comportándose, como mínimo, como lo están haciendo las izquierdas, ansiosas por hallar la pistola humeante del delito, la soñada conexión causa efecto entre: 1) los recortes en la sanidad pública en forma de traspaso de fondos a la privada y de facilidades laborales a los médicos para compatibilizar su empleo público y su consulta privada; y 2) las 2.317 mujeres con un diagnóstico dudoso de cáncer de mama a las que no se avisó para hacerse una nueva prueba.

El PP se opone en Andalucía a la comisión parlamentaria para investigar los fallos del cribado de cáncer de mama. Obviamente, si estuviera en la oposición apoyaría esa comisión, como la apoya la misma izquierda que, de estar en el gobierno, la rechazaría sin contemplaciones aunque tal vez con un leve cargo de conciencia. En un espacio público tan altamente polarizado como el español opera con regularidad la ley de hierro según la cual importa mucho más la filiación del pecador que el pecado mismo.

Aun así, también esta ley tiene sus excepciones: no está operativa en casos de una incompetencia tan extrema que hace inviable toda absolución, como ha ocurrido con el expresidente valenciano Carlos Mazón; y no está en vigor tampoco en los casos de negligencia con resultado de muerte, amputaciones o mucho dolor, como puede haber ocurrido en Andalucía. En tales casos, la gravedad del pecado se impone sobre la adscripción de quien lo comete, de modo que en las siguientes elecciones autonómicas un buen número de votantes del partido pecador bien pudiera optar por quedarse en casa o incluso por marcharse con su voto a la competencia.

Salud y propaganda

Sea o no la punta del iceberg de otros males de fondo que aún no han aflorado a la superficie, el principal impacto de la crisis del cribado de cáncer quizá radique finalmente en haber dado una intensa visibilidad local y una inédita proyección nacional al deterioro galopante de la sanidad pública andaluza: hace años tu médico de cabecera te daba cita al día siguiente de pedirla; hoy tarda diez, doce, quince, veinte días. Y del especialista ni hablamos. No hay propaganda gubernamental, por muy sofisticada que sea, ni publirreportajes de la prensa amiga, por muy engrasados que estén, capaces de convencer a usuario alguno de que la sanidad pública funciona hoy mejor que hace siete años.

¿El declive asistencial del sistema sanitario público puede poner en apuros electorales a Moreno, considerando que en su primer mandato pudo culpar verosímilmente a sus predecesores socialistas, pero en el tramo final del segundo y disfrutando de mayoría absoluta y más presupuesto, rotundamente no? Ese podría ser el pálpito más extendido en una izquierda que parece confiar demasiado en que la sanidad gane las elecciones por ella. Políticamente, el escándalo del cribado ha sido el primer gran susto de Moreno Bonilla desde que es presidente. Sueña la izquierda con que el susto acabe en muerte, pero parece poco probable: las dos derechas siguen sumando muchos más votos y escaños que las dos, tres o incluso cuatro izquierdas que combaten a aquellas con no menos ardor que a sí mismas.

No es aventurado conjeturar que los días del Moreno moderado estarían contados si la cita electoral andaluza de la primavera o el verano de 2026 confirma el incremento de votos que las encuestas le auguran a Vox: si los de Abascal se aproximan al 20%, los de Moreno no podrán conservar la mayoría absoluta. Pero es pronto para tales elucubraciones: la marca Moreno está fuerte en Andalucía; su perfil templado contrasta con el nacional-populismo de Isabel Díaz Ayuso, el otro gran referente autonómico del PP y una lideresa que parece haber fagocitado a Vox pero pagando el elevado peaje de lograrlo pareciéndose a él. La estrategia de Moreno se diría justo la contraria: cerrar el paso a los de Abascal pareciéndose lo menos posible a ellos, posando de humano, de modesto, de humilde, de plural. De guay.

En todo caso, el calendario le da un cierto margen, pues antes de las andaluzas habrá elecciones en Extremadura el 21 de diciembre y en Castilla y León en marzo, citas cuyo desenlace habrá de serle útil a Moreno para afinar su estrategia no tanto mirando a su izquierda como a su derecha, que es donde hoy suma nuevos enteros el partido decidido a llenar de pirañas la balsa de aceite donde sestea Moreno y a arrebatarle el puro imperial cuyas volutas, según la pesadilla roja, contempla extasiado mientras sueña con una segunda mayoría absoluta.

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Hay días en que la política española parece escrita por un guionista obsesionado con las metáforas matrimoniales. Junts per Catalunya anuncia un “divorcio” con Pedro Sánchez y, sin embargo, ambos continúan compartiendo techo, mirándose de reojo, calculando si todavía necesitan al otro para pagar la hipoteca de la legislatura. Es una historia de seducciones, gestos estudiados y una tensión permanente que ya no sorprende a nadie. Pero es también –y sobre todo– un ejercicio de hipocresía mutua: cada uno interpreta el papel que más le conviene mientras la política real avanza por otros cauces.

Por un lado, Pedro Sánchez ha perfeccionado el arte del cinismo amable. Sabe que necesita a Junts per Catalunya para no hundirse y despliega, cuando conviene, una coreografía de contrición y seducción: reconocer “retrasos”, insinuar rectificaciones, prometer que “esta vez sí” se cumplirán los acuerdos. Son gestos calculados, que siempre llegan cuando el Gobierno tiene el agua al cuello y necesita reconstruir, como sea, una mayoría que nunca termina de serlo. Estos movimientos ni comprometen de verdad ni obligan a demasiado; solo quieren insuflar la sensación de que el diálogo está vivo, de que hay opciones, de que el naufragio aún puede aplazarse.

Por otro lado está Junts per Catalunya, atrapada en una posición tan incómoda como imprescindible. Llevan semanas exhibiendo un discurso de máxima firmeza, proclamando que el acuerdo con el PSOE está en fase terminal, que la legislatura agoniza. Pero, a la hora de la verdad, no cierran la puerta: bloquean, sí, pero no rompen. Se indignan, pero no ejecutan. Simulan desvincularse, pero no son capaces –ni quieren– empujar el sistema hacia unas elecciones que dejarían la amnistía a medio camino. Es su propia versión de la farsa: gritar mucho, actuar poco y resistir lo suficiente para no perder la pieza central del tablero.

La realidad –cruda, prosaica– es que Junts per Catalunya no tiene alternativa. No puede matar la legislatura hasta que la amnistía sea irreversible. Ese es el núcleo del “baile de las apariencias”: su supervivencia política es ahora inseparable de la ejecución final de la ley que debe proteger a sus dirigentes. Esto explica que hayan optado por una estrategia de resistencia silenciosa: hacer todo el ruido posible para que su base perciba músculo y dignidad, pero mantener suficiente margen para volver a negociar cuando cambien las condiciones.

También explica la incomodidad de ver cómo el aparato de Junts per Catalunya denuncia, con gravedad republicana, el incumplimiento del Estado… mientras en paralelo sostiene, en la práctica, la misma legislatura que critica. Las palabras van en una dirección; los hechos, en otra. Y demasiada gente ya lo ha entendido. El PSOE lo sabe y juega con ventaja. Sabe que Junts per Catalunya necesita tiempo y sabe que, por mucho que gruñan, el bloque independentista no se puede permitir provocar un terremoto que haga descarrilar la amnistía. Por eso Sánchez puede practicar ese estilo tan suyo de gobernanza al límite: ofrecer medio compromiso, anunciar medio paquete de medidas, avanzar medio metro, retroceder un cuarto. Es un ejercicio de cinismo sostenido que solo funciona porque la correlación de fuerzas lo permite y porque nadie quiere asumir el coste de una ruptura real.

Esta “cohabitación hostil” mantiene en suspenso toda la actividad legislativa, pero mantiene igualmente vivo el relato de unas relaciones que aún pueden reconducirse. Es un teatro que sirve a ambos: al PSOE para comprar estabilidad y presentarse como la fuerza dialogante; a Junts per Catalunya para exhibir firmeza mientras prolonga, indefinidamente, la ficción de que son ellos quienes tienen el pulso de la gobernabilidad.

Pero en algún momento la danza dejará de funcionar. Porque este juego de seducciones y reproches permanentes no construye nada y solo aplaza decisiones. Y porque, cuando la amnistía esté finalmente cerrada, Junts per Catalunya tendrá que demostrar si su estrategia era resistir para avanzar o si, sencillamente, no tenía ningún otro lugar al que ir. Igualmente, el PSOE tendrá que dejar de actuar como si el Estado fuera un campo de pruebas y empezar a asumir que cumplir acuerdos no es una concesión, sino una obligación.

Hasta entonces seguiremos asistiendo al baile. Un baile cansado, hecho de gestos que ya no engañan y de palabras que suenan gastadas. Un baile en el que todos saben lo que busca el otro, pero todos prefieren fingir que se trata de una gran partida de ajedrez. Cuando en realidad es, simplemente, una coreografía de supervivencia.

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Asistimos a una producción feminista alrededor de la amistad muy positiva y en muy diferentes formatos que va aumentando, pero que presenta también algunas contradicciones y tensiones.

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En los últimos años –antes, incluso, del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca– no sólo la carrera armamentista entre potencias se ha acelerado, sino que las armas nucleares han hecho su reaparición en los debates estratégicos.

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El juicio al expresidente de la Generalitat de Catalunya ha quedado relegado a un segundo plano, frente a realidades políticas y sociales más apremiantes, como el crecimiento electoral del partido independentista de extrema derecha Aliança Catalana.

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Cada acto de violencia estatal se ha convertido en una forma de teatro político, diseñado para transformar el miedo en consentimiento y el sufrimiento en una prueba de poder.

Temas principal: Extrema derecha

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El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen pretende firmar el acuerdo el 20 de diciembre. El Parlamento Europeo ha impedido con una maniobra irregular la solicitud de un examen jurídico del texto.

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La falta de protocolos inclusivos, la impunidad ante las agresiones y la invisibilización de estas vivencias refuerzan un clima de inseguridad que afecta profundamente el bienestar de las personas trans en el trabajo.

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Save the Childrenek helduentzako edukien plataformen eta sugar dating webguneen bidez haurrak arriskuan jartzen dituen sexu-esplotazioko dinamika berriez ohartarazi du.

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Cuidar la memoria no pasa por borrar lo que un espacio fue, sino por explicitar qué pasó. La impunidad del franquismo se manifiesta, por ejemplo, en la ausencia de mecanismos que señalen los lugares del crimen.

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Cuando el diputado de ERC se enuncia como hijo de migrante para hablar de inmigración en clave de seguridad e integración, marca su posición de buen migrante asimilado, que ha llegado lejos por portarse bien en términos nacionalistas. Su discurso muestra los malabarismos que hacen unas izquierdas temerosas de su blanquitud.

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Este es una especie de manifiesto, que nos implique, de manera activa y comprometida. Un inventario breve de algunas de las recomendaciones que las personas y entidades expertas en la materia apuntan como profilaxis preventiva.

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España es el segundo país de la Unión Europea con más agresiones físicas o sexuales contra personas intersex, según datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE.

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Mel B, Geri, Mel C, Emma y Victoria no eran por sí mismas iconos feministas y revolucionarios, pero una parte de sus historias puede leerse a través del prisma de las niñas de los 90 para las que supusieron un cambio de perspectiva vital.

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El pasado 31 de Octubre, el Consejo de Seguridad (CS) de la ONU, aprobó la Resolución 2797 (2025) sobre la situación del Sáhara Occidental. Una nueva resolución, como cada año, que si bien incluye alguna novedad, no es un cambio de rumbo y debe ser analizada tanto jurídica, como política y diplomáticamente.

Este texto ha generado una ola de titulares y editoriales de los medios españoles conservadores y los cercanos a la dictadura marroquí, repleto de falsedades y equivocaciones.

Desde un punto de vista jurídico, es preciso señalar varias cuestiones:

1º.- El CS no representa a la ONU, eso sólo lo hace la Asamblea General, donde tienen voz y voto todos los Estados miembros. El Consejo, sin embargo, son sólo 15 Estados. Ninguna Resolución del CS resume la postura jurídica, o política, de la ONU. Véanse las diferencias entre la postura de la Asamblea General condenando el genocidio en Gaza o el bloqueo de Cuba y la inacción del CS. La ONU, si es algo, es la Asamblea, el lugar en el que la creciente soledad de Estados Unidos aparece más destacada.

2º.- La Resolución 2797 (2025) es necesaria porque cada año hay que renovar, o no, la Misión de Paz (los conocidos como Cascos Azules) en el Sáhara Occidental, la denominada MINURSO. La “R” en el nombre de esta misión se refiere a que su objetivo es organizar el “R”eferéndum de libre determinación del Sáhara. Su renovación en esta resolución implica, necesariamente, que la MINURSO debe seguir intentando lograr esta consulta.

3º.- La resolución no niega el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Al contrario, el tercer párrafo del preámbulo menciona los principios de la Carta ONU, en general, y el de libre determinación, en particular. En la parte dispositiva, la más importante, este derecho del Sáhara Occidental como pueblo ocupado por Marruecos y bajo administración colonial (ausente) de España, es subrayado en su tercer apartado cuando plantea “el objetivo de alcanzar una solución política final y mutuamente aceptable que garantice el derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”.

4º.-La obligatoriedad de las Resoluciones del Consejo de Seguridad. Suele decirse que las resoluciones del consejo son obligatorias. No lo son siempre. Sólo aquellas que así lo indiquen, que sean conformes a la Carta ONU y que no violen ninguna norma imperativa del Derecho Internacional. El derecho a la libre determinación de los pueblos colonizados es una norma de obligado cumplimiento que no admite norma, incluidas las resoluciones del CS, en sentido contrario. Que el pueblo saharaui debe ejercer el mismo, mediante referéndum, ya lo certificó la Corte Internacional de Justicia en 1975 y todas las resoluciones hasta ahora, incluida la última. Si alguna vez una resolución del CS negara este derecho al Sáhara Occidental sería nula de pleno derecho.

5º.- El plan de autonomía de Marruecos aparece en esta resolución, en su segundo apartado, como “base” para unas negociaciones, que deben realizarse “sin condiciones previas” y que puede recibir otras “aportaciones constructivas” de las partes. Desde un punto de vista jurídico, nunca se ha negado que, cuando el pueblo saharaui (no los colonizadores marroquíes) vote en referéndum, una posible opción, libre, sería integrarse voluntariamente en Marruecos. O en Argelia. O en Mauritania. O ser un estado independiente. Esta resolución deja claro que, pese las presiones, sólo el Frente Polisario representa diplomáticamente al pueblo saharaui; que debe haber un referéndum, y que únicamente decidirá el pueblo (el que vive bajo ocupación militar en los territorios ocupados y el que está en los campos de refugiadas en Argelia).

Desde un punto de vista político y diplomático:

1º.- La resolución aprobada demuestra la fuerza de EE.UU, Francia y España como grandes enemigos de la causa saharaui por su alianza con la dictadura marroquí. Que el gobierno de Sánchez haya aceptado la soberanía, inexistente, de Marruecos sobre el Sáhara no es sólo la tradicional traición del PSOE al pueblo saharaui. Es una violación de las normas imperativas de derecho internacional por parte de España. Con consecuencias jurídicas y diplomáticas para todo el país.

2º.- La inclusión en el texto del plan marroquí, aunque sin otorgarle derechos soberanos sobre el Sáhara, es un éxito diplomático de Marruecos porque sus altavoces mediáticos han transformado el contenido de la misma afirmando falsamente que la ONU asume su plan. Es otro trampantojo de Trump, impulsar algo ruidoso y vacío de contenido para contentar a sus estados satélites.

3º.- La negativa de Argelia incluso a participar en la votación y la mención expresa de Rusia y otros Estados del Consejo de Seguridad sobre la necesidad de celebrar el referéndum aclara mejor el fracaso de Trump. Este texto solo se ha aprobado porque en el último borrador se han incluido las demandas del pueblo saharaui junto a las de Marruecos. La idea inicial era incluir sólo las de Marruecos.

De esta manera, es urgente explicar a la ciudadanía española que la ONU sigue defendiendo el referéndum de libre determinación del Sahara Occidental, que España sigue siendo la potencia colonial que debería administrar el territorio y organizar la consulta, que el Frente Polisario es el único representante legítimo de este pueblo y que la propaganda marroquí, y del Gobierno español, sólo pretende acabar con las esperanzas de un pueblo por la vía de los hechos. En nuestra mano, también, está impedirlo.

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¿Se puede hacer justicia con una radial? El robo de las joyas del Louvre permite dibujar una línea de siglos de colonización europea, por eso, aunque no sea una reparación real, este robo hecho por encargo da cierta sensación de justicia.

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En los últimos años, la extrema derecha ha crecido en Cataluña y en muchos países europeos. Pero si queremos entender por qué pasa, no basta con analizar los discursos políticos o los resultados electorales. Hay que observar las causas estructurales: la desigualdad económica, la precariedad y la frustración social. El auge de la extrema derecha es un síntoma directo de cómo la democracia se está vaciando en un contexto donde el futuro parece cada vez más incierto.

Los datos son contundentes y revelan una realidad que alimenta el malestar. En Cataluña, el 1% más rico concentra el 28% de la riqueza y el 10% más rico acumula el 60%. Mientras tanto, la mitad más pobre de la población debe repartirse un escaso 5% de la riqueza total. Cataluña es una de las comunidades más desiguales del Estado, pese a ser también una de las más ricas. El problema no es la falta de prosperidad, sino que esta prosperidad queda en pocas manos y no llega a la mayoría.

El fin del pacto del progreso: cuando el esfuerzo ya no sirve

Durante décadas, el relato de la meritocracia funcionó como un mecanismo de contención. Se prometía que, con esfuerzo y formación, cualquiera podría prosperar. Pero esa promesa se ha roto. Las personas jóvenes trabajan más horas por salarios más bajos, pagan precios desorbitados por la vivienda y ven cómo su proyecto vital se retrasa indefinidamente. La precariedad y la imposibilidad de acceder a una vida autónoma convierten el futuro en una amenaza. Cuando el progreso deja de existir como horizonte, aumentan la rabia y la desconfianza en el sistema.

El descontento no es solo emocional: tiene lugares concretos y perfiles muy definidos. En los barrios populares y las periferias urbanas, el tejido económico se ha debilitado mientras los centros de las ciudades se han transformado en escaparates para el turismo y la inversión inmobiliaria. La sensación de abandono y desconexión política crece. Y cuando las izquierdas renuncian a ofrecer una alternativa creíble, el discurso del resentimiento encuentra espacio para arraigar.

Cuando la democracia no cambia nada, el autoritarismo ofrece una salida fácil

Una democracia que no mejora la vida de la gente se convierte en una representación vacía. Si la percepción es que nada cambia, votes a quien votes, el sistema pierde legitimidad. Es el terreno perfecto para que el populismo autoritario se presente como la solución inmediata a problemas profundos. La extrema derecha transforma la rabia en identidad, sustituyendo el conflicto de clase por un conflicto cultural: nosotros contra ellos. Los culpables pasan a ser migrantes, feministas, políticos o periodistas, en lugar de las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad.

Los sectores medios que ven cómo retroceden económicamente viven en un riesgo constante. Su objetivo deja de ser avanzar y pasa a ser simplemente no caer más abajo. Ese miedo, combinado con la experiencia cotidiana de precariedad, crea el contexto ideal para que los discursos de seguridad, orden e identidad se vuelvan seductores.

Desigualdad, poder e imaginación política limitada

La concentración de riqueza implica también concentración de poder mediático, económico y cultural. Los grandes actores empresariales definen qué futuro es posible y cuál no. La política se convierte en una disputa simbólica mientras las estructuras materiales del poder permanecen intactas. Cuando el futuro desaparece como proyecto colectivo, cada cual busca soluciones individuales y la democracia se debilita.

El auge de la extrema derecha en Cataluña y en Europa no es un accidente, sino la consecuencia de años de incapacidad para revertir la desigualdad y garantizar derechos materiales. El antifascismo retórico no sirve si no se acompaña de mejoras reales en la vida de la gente. Solo reconstruyendo las condiciones materiales de la igualdad se puede frenar el populismo autoritario.

Redistribuir riqueza y poder para recuperar la democracia

Enfrentar a la extrema derecha significa hablar de salarios, fiscalidad justa, vivienda accesible y servicios públicos fuertes. Significa reconocer que la economía no es neutra y que cada decisión presupuestaria afecta a la vida de millones de personas. Si no se redistribuyen la riqueza y el poder, el descontento social seguirá creciendo y será aprovechado por proyectos políticos que prometen soluciones rápidas pero destructivas.

Cuando la democracia solo sirve para gestionar la supervivencia y el futuro deja de existir como una promesa compartida, la puerta del fascismo queda abierta de par en par. La lucha contra la extrema derecha es, sobre todo, una lucha por la igualdad y por volver a creer que la política puede cambiar las cosas.

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Peter Thiel no es solo un millonario excéntrico. Cofundador de PayPal, Palantir y uno de los primeros inversores de Facebook, es también una de las figuras más controvertidas –es decir, más peligrosas– del capitalismo tecnológico que cada vez domina más ámbitos de la vida democrática de Estados Unidos. Su influencia va mucho más allá de las finanzas: alcanza la ideología, la política y las tecnologías de vigilancia masiva.

En un ensayo de 2009 titulado The Education of a Libertarian, Thiel escribió que “la libertad y la democracia ya no son compatibles”. La frase resume gran parte de su pensamiento: cree que el progreso exige decisiones impopulares, liderazgos fuertes y, sobre todo, que las mayorías no interfieran en los planes de las élites innovadoras.

Thiel combina libertarianismo económico, darwinismo social y una visión casi religiosa del futuro. Defiende la idea de que los individuos más brillantes deben liderar sin trabas burocráticas ni regulaciones. Según esta lógica, el Estado solo sirve si protege la innovación y castiga la disidencia.

Ha sido promotor de ideas radicales como las seasteads –ciudades flotantes sin leyes nacionales– y ha invertido millones en investigación sobre la inmortalidad, la inteligencia artificial y la criogenia. Todo ello desde una visión tecnocrática que idealiza un futuro gobernado por ingenieros, algoritmos y capital privado.

Palantir, vigilancia y control: la distopía hecha software

Uno de los proyectos más polémicos de Thiel es Palantir Technologies, una empresa especializada en el análisis masivo de datos y la vigilancia predictiva. El nombre proviene de El Señor de los Anillos: las piedras mágicas que permiten ver a distancia. Pero, como en la novela de Tolkien, su uso tiende a corromper.

Palantir ha trabajado con el Pentágono, la CIA y especialmente con ICE (la agencia de inmigración de Estados Unidos), proporcionando herramientas para rastrear, perfilar y detener a personas migrantes. En 2021, sus contratos públicos superaron los 1.500 millones de dólares. No es una startup cualquiera: es una pieza clave del nuevo complejo militar-digital.

A diferencia de otros magnates tecnológicos, Thiel no oculta su posicionamiento ideológico. Fue uno de los pocos multimillonarios de Silicon Valley que apoyó públicamente a Donald Trump en 2016. También financió las campañas de candidatos ultraconservadores como J.D. Vance y Blake Masters, defensores de restringir el voto, controlar internet y restaurar un “orden natural” jerárquico.

Su proximidad con pensadores neorreaccionarios como Curtis Yarvin refuerza esta preocupación. Yarvin propone un modelo posdemocrático en el que Estados Unidos sería gobernado como una empresa, por un CEO vitalicio. Thiel no ha suscrito abiertamente esta idea, pero sí ha financiado espacios donde se promueve.

Peter Thiel defiende la innovación radical, incluso si implica destruir lo que existe. Su visión es la de un mundo reconstruido desde cero, donde los valores ilustrados –igualdad, libertad, derechos humanos– son obstáculos a superar. Para él, la democracia es un lastre y la historia, un campo de batalla donde solo sobreviven los mejores.

Su lectura de pensadores como Carl Schmitt –jurista del Tercer Reich– o Leo Strauss le permite justificar “la excepción” como forma legítima de gobierno. En su mundo ideal, el soberano no es el pueblo, sino el empresario. No se trata de política, sino de eficiencia.

¿Un nuevo tipo de mesías tecnológico?

Thiel ha dicho públicamente que “la muerte es un problema técnico pendiente de resolver”. Y ha invertido millones en empresas biotecnológicas que buscan prolongar la vida indefinidamente. Su ambición no es solo dominar el mercado: es conquistar el tiempo, el cuerpo y la conciencia.

En este sentido, no estamos ante un simple inversor: es un ideólogo, un estratega y un actor con capacidad para modelar el futuro político y tecnológico. Su figura recuerda a los industriales del siglo XX que financiaron el ascenso del autoritarismo en Europa. Solo que, esta vez, el poder no se viste de uniforme, sino de algoritmo.

Peter Thiel es al mismo tiempo síntoma y motor de un ecosistema donde el capital, la tecnología y la ideología convergen. Un ecosistema que, lejos de reforzar la democracia, la pone en cuestión. En nombre de la eficiencia, del futuro o de la libertad, se diseñan hoy sistemas que concentran poder, desmantelan derechos y reducen lo común a datos.

¿Puede la democracia sobrevivir al asalto del tecnoautoritarismo? ¿Y qué ocurre cuando los amos del código quieren reescribir el contrato social? Thiel, con su fortuna, su influencia y sus ideas radicales, encarna esa pregunta. Y, por ahora, va ganando.

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Claves jurídicas anticoloniales y feministas sobre el bloqueo a Gaza y la Global Sumud Flotilla.

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