La presencia de mujeres en la economía social y solidaria es mayoritaria entre las personas trabajadoras (68%), voluntarias (64%) y las que realizan labores de representación (57%). Además, el 73% de las organizaciones mejoran los permisos establecidos por la ley de conciliación familiar y laboral. Y la brecha salarial con respecto a los hombres es mínima: del 0,79%. Son algunos de los resultados obtenidos en la última Auditoría Social de REAS RdR, la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. El informe incluye un análisis específico de género y otro del mercado social, y han participado 731 entidades.

Todas ellas, con un número medio de 26 personas trabajadoras y unos ingresos medios de cerca de 1,19 millones de euros, daban empleo en el año 2024 a más de 19.000 personas. En sus 30 años de andadura, desde su constitución en 1995, REAS RdR ha buscado el fortalecimiento del
movimiento de la economía social y solidaria en todo el Estado español, profundizando en su
capacidad como sujeto de transformación social a partir de los valores y prácticas recogidas
en su Carta de Principios.

Y, comenzando por la equidad, según los principales datos recogidos, las organizaciones auditadas cumplen con buena nota. Con respecto a la distribución justa de la riqueza, los datos también son positivos: el 59% dedica el reparto de beneficios a reservas, compensación de pérdidas o inversiones propias. El 19% lo destina a causas sociales y solidarias. Y el 7% a inversiones en entidades financieras de la economía social y solidaria.

Sus principales fuentes de ingresos provienen de la facturación y el 33% de subvenciones. En este capítulo, la forma jurídica con más dependencia de las subvenciones son las asociaciones (51%), mientras que las cooperativas de servicio y de trabajo asociado dependen de ellas un 12,32% y un 26%, respectivamente.

Entre las cuestiones relacionadas con el trabajo digno, el salario medio en estas entidades asciende a 25.795 euros. Por otro lado, un 68% cuenta con un reglamento interno que incluye medidas de mejora de las condiciones laborales establecidas en el convenio de aplicación. En los sectores más representativos de la muestra, la formación ocupa más del 60% de las entidades y en más del 80% la formación se contempla para personas trabajadoras.

Sobre la sostenibilidad ecológica, numerosas entidades afirman que hacen esfuerzos para mejorar sus prácticas de consumo. Un 95% de ellas señalan que tienen en cuenta que sean de proximidad y ecológicos a la hora de adquirir productos. En lo que se refiere a energía renovable, el 54% contrata el servicio eléctrico con una proveedora de energía de fuentes 100% renovables; un 19% lo hace de manera parcial y un 26,5% no contrata con servicio eléctrico renovable.

Sobre la movilidad, el 60% incorpora, ofrece o facilita alguna alternativa o ayuda relacionada con el transporte hacia el centro de trabajo, incluidos el teletrabajo, compartir coche, aparcamiento para bicis, etc. Por otro lado, el 46% facilita un transporte ambientalmente sostenible a las personas que necesitan desplazarse por necesidades de los proyectos de la propia organización.

Los datos también reflejan el alto compromiso con la cooperación. Así, el 95% de las entidades se articulan en intercooperación sectorial. Mayoritariamente comparten conocimiento y proyectos, pero menos de la mitad comparte local o gestión. Solo un 4% de las entidades no cooperan.

Además, un 75% de las entidades prevén acciones para fomentar la diversidad dentro de la organización, cifra que asciende al 81% en el caso de acciones positivas hacia fuera de la organización. “Los datos permiten comprobar la relevancia económica que alcanzan en España las entidades de la economía social y solidaria”, concluye REAS.

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La cifra de personas sin hogar que acudieron a recursos públicos en busca de ayuda ha registrado un incremento nunca antes visto: un aumento del 57%. Son los datos disponibles desde 2022 a 2024 en el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos en el Informe Pobreza Sur 2025: sin hogar e invisibles a la vista de todos. «Es tan solo la punta del iceberg de un problema mucho más grave”, ha afirmado Diego Boza, coordinador general de APDHA, en la presentación del informe.

Boza ha puesto el foco sobre “la invisibilidad que sufre este colectivo en situación de vulnerabilidad” y ha denunciado “no solo la falta de recursos públicos para brindarles una atención digna, sino también las medidas arquitectónicas agresivas, las actuaciones policiales y las sanciones que sufren por parte de las administraciones públicas”.

El informe denuncia que solo tres de los ocho ayuntamientos de las capitales andaluzas –Almería, Huelva y Jaén– han respondido a la solicitud de información elevada por APDHA bajo el amparo de la Ley de Transparencia. «Parece que los ayuntamientos andaluces están más preocupados en ocultarlos de la vista pública, alejándolos de las zonas más turísticas de nuestras ciudades, que por brindarles la atención que merecen”, prosiguió Boza, que insistió en que la entidad ejercerá sus derechos para que los consistorios andaluces cumplan con sus obligaciones legales y faciliten la información.

Según ha expresado también la vicecoordinadora de la entidad y delegada por Sevilla, Macarena Olid, el perfil de las personas sin hogar ha evolucionado significativamente desde antes de la crisis económica de 2007 hasta el momento actual: «Antes de 2007 asociábamos a las personas sin hogar un perfil vinculado a problemas de salud mental, adicciones y situaciones de exclusión social prolongadas en la trayectoria vital de quienes padecían situaciones de sinhogarismo. Pero a partir de 2007, con una crisis económica que dejó sin empleo a miles de personas y provocó miles y miles de desahucios, pudimos observar cómo numerosas personas que antes jamás lo hubieran imaginado acababan viviendo en situación de calle”.

No obstante, la viccoordinadora de la APDHA ha alertado de que “la actual crisis de la vivienda, los recortes y la precarización de la vida» está llevando a la población a una situación aún peor. A las 8.000 personas que en Andalucía oficialmente viven en situación de sinhogarismo –explica Olid–, hay que añadir a otras muchas personas que no acuden a los recursos públicos y que se ven obligadas a vivir en la calle, en asentamientos o en infraviviendas. «A pesar de que la mayoría de personas en esta situación son hombres, las cifras oficiales apuntan a un significativo aumento de mujeres e incluso de familias con hijos e hijas muy pequeños a su cargo”, ha añadido.

Otro colectivo que se ve obligado a vivir en estas condiciones, destaca Olid, es el de “los jóvenes extutelados por la Junta de Andalucía, los cuales, en cuanto cumplen los 18 años, son expulsados de los centros de acogida en que residían sin tener muchas alternativas”. El informe también incide en que, según los datos oficiales, cada vez son más los migrantes en situación administrativa irregular que, sin poder acceder a recursos públicos, acaban sobreviviendo en situación de calle.

Ante este escenario, la vicecoordinadora de APDHA ha reclamado a las administraciones públicas “un compromiso sincero y honesto con las personas sin hogar” y ha denunciado que “de los 174 centros ubicados en Andalucía para atender a este colectivo tan solo 25 son de carácter público, mientras que hasta 129 son privados”, lo que, según Olid, “demuestra el escaso interés institucional por dar respuesta a estas personas”. Olid también ha precisado que “hasta el 57,1% del personal que trabaja en los centros que prestan atención a este colectivo lo hacen de forma voluntaria”.

Por otra parte, sobre los datos recopilados por la APDHA respecto a la situación socioeconómica en Andalucía, Diego Boza ha destacado que “Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con mayores índices de pobreza, exclusión social y de baja intensidad del empleo en el hogar, tan solo por detrás de Ceuta y Melilla”, aunque, tal y como ha apuntado el propio Boza, “en privación material y social severa, Andalucía se encuentra incluso por detrás de Melilla”.

«Los datos relativos a pobreza y exclusión social, unidos al aumento de la precariedad laboral y de los precios de la vivienda, están colocando a la sociedad andaluza al borde del abismo”, ha concluido también la vicecoordinadora de la entidad andaluza, que ha precisado que “hasta un 46,2% de las familias con hijos menores a su cargo están riesgo de pobreza, como también lo está el 45,8% de quienes viven de alquiler o el 64,8% de las personas en situación de desempleo”.

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La última canción del primer disco de Robe Iniesta (Plasencia, 1962) en solitario era una declaración de intenciones: «Al camino recto, por el más torcido, vengo derecho». Así iniciaba el periodista Dani Domínguez, extremeño como Robe, un artículo en el que resumía bien quién era el cantante y compositor que, en la últimas décadas, llenó la música española de transgresión y alma, de filosofía y acción, con Extremoduro. Robe Iniesta ha muerto con 63 años tras ser diagnosticado de un “tromboembolismo pulmonar” hace un año, cuando suspendió sus últimos conciertos de manera indefinida.

«Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones», escribe en un comunicado Dromedario Records.
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La frase de esa última canción de sus primer disco –nos contaba Dani– es una manera de resumir su trayectoria: «Cuando veía que la crítica y, sobre todo, el público, le asfaltaban el paso, decidía dejar el camino para evitar que en el alquitrán se le quedaran pegadas las pezuñas».

Su particularidad lo llevó, entre sus desvaríos creativos, a un disco (Pedrá, 1992) compuesto por una única canción de casi media hora de duración y otros dos (La ley innata, 2008, y Mayéutica, 2021) que, aunque divididos en diferentes temas, en realidad componen una obra única. «Es increíble que en la gira de Mayéutica lo que más celebrase el público fuera escuchar una única canción de 45 minutos. No hay nadie con una carrera como la suya, con canciones que son auténticos éxitos, y que consiga que su último disco sea el más celebrado», explicaba el periodista cultural Javier M. Alcaraz en el citado artículo, sobre la carrera de Robe Iniesta.

«Pero por encima de todo esto –añade Dromedario Records–, hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona».

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Desde que hicimos pública la demanda a la que nos enfrentamos por la investigación sobre la industria de los vientres de alquiler, por la que una agencia nos pide 60.000 euros, en La Marea no hemos parado de recibir apoyos. Y esas muestras, en momentos tan duros como este, con un equipo agotado, nos ayudan muchísimo a seguir adelante. A seguir a contracorriente, como decimos en nuestros mensajes para animar a donar en el crowdfunding que hemos lanzado en Goteo. 

Todos cuentan de la misma manera, pero saber que tus compañeros y compañeras están contigo, nos motiva especialmente. Queríamos agradecer, específicamente, el respaldo recibido desde la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que nos ha ayudado a difundir, a través de sus redes sociales, nuestra campaña de recaudación de fondos para blindar el periodismo de investigación.

Porque, como explicaron desde Reporteros sin Fronteras, en otro mensaje de apoyo, investigar no es un delito, es un servicio público imprescindible para la democracia: “Como organización defensora de la libertad de prensa, subrayamos que las investigaciones sobre asuntos de interés público son esenciales para la transparencia y el acceso a información veraz. RSF España defiende su derecho –y el de todos los medios– a informar con libertad, sin censura ni intimidación”. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Nada más conocer la demanda, El Salto dedicó un espacio para contar a sus lectores y lectoras la situación a la que estamos haciendo frente. “Tras trece años publicando, es la primera vez que La Marea recibe una demanda por una de sus publicaciones”, destacaban.

Queríamos dar también las gracias a la Agrupación de Periodistas de la FSC de CCOO por sus palabras: “Mostramos nuestro apoyo y solidaridad hacia un medio que ha demostrado siempre su independencia y su máximo respeto por el rigor periodístico, centrado, además, en el servicio público y la defensa de los derechos humanos. Estamos atravesando tiempos complicados, donde los grandes poderes intentan silenciar la información con nuevas estrategias”. 

Algunas de ellas las ha explicado nuestra directora, Magda Bandera, a Marina Lobo, que nos ha abierto también, con esta entrevista, las puertas de Spanish Revolution: «Un proceso judicial de este tipo puede ahogar a un medio pequeño como La Marea«, ha afirmado Bandera.

Ahora no nos queda casi tiempo. Necesitamos tu fuerza, necesitamos cerrar con éxito nuestra campaña de Goteo, que termina ya. Es, por supuesto, una cuestión económica, pero va mucho más allá: es garantizar que seguimos siendo un espacio donde se pueden investigar temas incómodos sin presiones ni censuras. 

En el vídeo que te enviamos, el periodista de investigación José Bautista lo explica muy bien: hay profesionales que solo pueden escribir sobre determinados temas en La Marea, porque aquí sí se permite llegar hasta el fondo. 

Lo saben perfectamente nuestros lectores y lectoras, como Gustavo Rodríguez, que nos escribe desde la página de Goteo este mensaje de apoyo tan especial:

«Querida redacción de La Marea. Hoy más que nunca quiero expresar mi apoyo y admiración por vuestro trabajo valiente y necesario. Vuestra investigación sobre la industria de los vientres de alquiler no solo ha arrojado luz sobre una realidad que muchos preferirían dejar en la sombra, sino que ha puesto en primer plano la importancia de un periodismo independiente y comprometido con la verdad.

Sé que ahora atravesáis momentos difíciles: una demanda y amenazas que buscan acallar vuestra voz y, con ella, el derecho de toda la sociedad a estar informada. Precisamente en estos desafíos se demuestra la fuerza de la prensa libre, aquella que no se deja intimidar y que sigue adelante, incluso cuando el riesgo y la presión aumentan.

Quiero que sepáis que no estáis solos. Vuestro trabajo es imprescindible y merece todo el apoyo posible. Por eso, me sumo a vuestra campaña de fondo y animo a todas las personas que creen en la libertad de prensa y en la defensa de la verdad a respaldaros: cada contribución, cada muestra de solidaridad, cada mensaje compartido es un paso más en la protección de este periodismo valiente que nos representa a todos.

Gracias por seguir adelante. Gracias por no rendiros. Defenderos es, también, defendernos como sociedad. Todo mi ánimo y apoyo en este camino. No dejéis de publicar lo que otros intentan silenciar. Con mucha fuerza y solidaridad».

¿Qué podemos decir? MUCHAS, MUCHAS, MUCHAS GRACIAS.

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El CEO del grupo Ribera, empresa que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), ha ordenado subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio, según una información adelantada este miércoles por El País.

“En Torrejón, en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, dice el CEO del grupo sanitatio, Pablo Gallart, en en una grabación –a la que ha tenido acceso el citado medio– de la una reunión que mantuvo con jefes del grupo y del hospital el pasado 25 de septiembre. En ese audio, según esa misma información, el empresario reclama ajustes para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”.

«Pues entiendo que somos capaces de determinar la actividad que podemos proveer. O dicho de otra forma, estableciendo la lista de espera quirúrgica, al final nos va a determinar la actividad y, determinando la actividad […], determinaréis cuáles [son] los gastos y qué nivel de EBITDA tendremos. Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa”, añade el CEO en el audio.

Según recoge El País, Gallart, a través de un portavoz de la empresa, asegura que las grabaciones, sin el contexto, pueden verse alteradas o malinterpretadas y perder el sentido.

El hospital, de titularidad pública, da servicio a los más de 150.000 habitantes de la zona del Corredor del Henares, además de a los pacientes del resto de Madrid que deciden acudir al centro.

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Sabíamos que era un tema que podía tocar el corazón de nuestros lectores y lectoras, pero no hasta este punto. Nuestra revista dedicada al Sáhara Occidental, coordinada por la periodista y escritora Laura Casielles y publicada el pasado mes de septiembre, se ha agotado físicamente. Aún puede adquirirse en formato PDF en nuestro kiosco –y os animamos a hacerlo para apoyar nuestro proyecto periodístico–, pero hemos decidido dar un paso más: regalarla.

Este obsequio hace honor al espíritu que siempre ha animado a La Marea, un medio digital cuyos artículos en línea son copyleft, sin muros de pago y sin cookies obligatorias con las que obtener réditos económicos a través de los datos de los lectores. Nuestra información es accesible y utilizable por todo el mundo. Y queremos seguir siendo la misma «casa abierta» que hemos sido durante casi 13 años.

La acogida que ha tenido el número dedicado al Sáhara Occidental ha demostrado que este es uno de los pocos temas verdaderamente transversales en nuestro país. Aquella traición cometida hace ahora 50 años sigue afligiendo a una gran parte de españoles y a todos los saharauis que hoy, tanto tiempo después, aún viven bajo un régimen no elegido y represor.

En nuestro número actual, el 109, hemos vuelto al Sáhara Occidental para dedicarle íntegramente nuestro suplemento cultural, El Periscopio. Y vamos a continuar sumando y ampliando reportajes en nuestra web. Para La Marea es esencial tratar los temas en profundidad, con investigación y análisis. No queremos saltar de uno a otro, pero sí nos gusta haberlo hecho físicamente, hasta llegar a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Gracias a quienes habéis llevado ejemplares hasta Tinduf, incluido el depositado en los fondos del archivo nacional de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Si deseas leer el especial de ‘La Marea’ incluido en el número 108, puedes descargarlo aquí:
Descarga de #LaMarea108 – Sáhara, 50 años de vidas robadas

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Tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual, las víctimas de este tipo de violencia se siguen encontrando obstáculos a la hora de recibir una atención integral y especializada, según un informe de Amnistía Internacional, que atribuye estos hechos, en parte, al dispar funcionamiento de los centros de crisis 24 horas.

La organización señala la importancia de garantizar el derecho de estas mujeres a una atención integral y multidisciplinar, para lo cual estos centros deben ser un recurso básico. Por ello, pide al Gobierno central y a las comunidades autónomas que se garantice la coordinación interinstitucional y que se aprovechen los recursos económicos existentes para que funcionen correctamente, tal y como exigen diferentes mecanismos internacionales a España.

El documento analiza la situación dispar en la que se encuentran estos centros en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia, que comparten al menos las siguientes cinco deficiencias estructurales: «No se han dado a conocer de manera generalizada y por lo tanto las mujeres se encuentran perdidas cuando sufren este tipo de violencias; no se garantiza la atención presencial en los centros de crisis 24 horas los siete días de la semana; ni tampoco la atención telefónica u online por personal especializado; no hay suficientes recursos para cubrir a todas las posibles víctimas; y las barreras son mayores para mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, de etnia gitana o con discapacidad«.

El informe destaca que, a pesar de los retrasos en su implementación, se ha abierto al menos un centro en cada provincia española, excepto en Ceuta. Sin embargo, España incumple con la recomendación de contar con un centro por cada 200.000 habitantes. Ninguna comunidad autónoma garantiza esta ratio, según denuncia Amnistía Internacional.

“Llamé al único número que encontré, un 900 de la Junta de Andalucía. La llamada fue muy fría, llegó hasta a preguntarme si podría decirle qué edad podría tener el hombre que me agredió… Luego dijo que los centros de atención en crisis [a las diez de la noche] no estaban funcionando, y me dio un correo electrónico». El testimonio de esta mujer, de 25 años, está recogido en el informe como ejemplo del mal funcionamiento.

Según relata, sufrió una agresión en un tren: «Ella comprobó en su propia piel cómo el acceso directo telefónico a los centros de crisis se canaliza, en algunos casos, mediante los teléfonos generalistas gratuitos disponibles en cada comunidad autónoma. La atención telefónica no especializada puede hacer que la víctima desista de continuar con el proceso, o que, si lo hace, tenga que relatar nuevamente su experiencia, resultando revictimizante. Encontrar los teléfonos directos de los centros es una tarea complicada en algunas comunidades», insiste el informe.

Centros de crisis ¿24/7?

La organización denuncia que, en la mayoría de las comunidades autónomas que ha estudiado, no está garantizada la apertura de los centros 24/7 los 365 días del año: sólo Galicia y Asturias cumplen con esa condición. Castilla-La Mancha tiene un horario de atención de sus centros de 8 de la mañana a 22 horas, y están cerrados los fines de semana. En Aragón el horario es de 9 a 19 horas, también de lunes a viernes. Y en Andalucía de 8.30 a 20.30, los días de diario. Cataluña, que ha optado por considerar centros de crisis a cuatro de los 21 Serveis d’intervenció especialitzada (SIE), mantiene un horario similar: de 9 a 19 horas, aunque según la Directora para la Erradicación de las Violencias Machistas se habrían reforzado con diez profesionales para la atención de violencias sexuales y 33 psicólogas de guardia que atienden cuando los SIE no están abiertos. Sin embargo, estos cuatro centros no contienen información online (principal forma de búsqueda de las víctimas) sobre violencia sexual.

“Los centros de atención de 24 horas, creados al amparo de las obligaciones contraídas por España en el Convenio de Estambul, y en la Directiva Europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, además del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, son un recurso especializado esencial para la atención y recuperación integral y multidisciplinar de las mujeres víctimas o supervivientes de cualquier tipo de violencia sexual”, señala Virginia Álvarez, investigadora del informe. “Si las víctimas no cuentan, en un primer momento, con una información adecuada, accesible y pedagógica, esto puede provocar que se perpetúe el silencio, el aislamiento o incluso la cronificación del trauma derivada de la agresión sexual vivida”, añade.

El informe recoge también el testimonio de una mujer agredida sexualmente por un compañero de trabajo. «[Después de la violación] necesitaba acompañamiento y busqué en Google… llamé a un teléfono que me aparecía. Me dijeron que estaban desbordadas y que si no era urgente volviese a llamar al día siguiente. Me facilitaron otro teléfono, era un servicio de violencia machista, no especializado… sentí más vacío que antes. Necesitaba ser escuchada sin miedo a ser juzgada pero fue como hablar con el ChatGPT, automático, impersonal».

A las dificultades que las víctimas tienen para el acceso telefónico y presencial a estos centros se añade la «preocupante situación de desbordamiento en el que se encuentran algunas profesionales que trabajan en ellos«. De las comunidades autónomas analizadas, el informe señala que la mayoría de los centros solo tiene una o dos psicólogas, o trabajadoras sociales o asesoras jurídicas, lo que al final puede condicionar la capacidad de atención. Solo Asturias cuenta con personal laboral, entre las que hay siete abogadas y ocho psicólogas.

“Nos preocupa, que en las licitaciones pueda tener más peso la oferta económica que la técnica, dejando fuera de estos servicios especializados a entidades feministas con larga experiencia en violencia sexual, algo que ya ha sido señalado por el Comité GREVIO”, indica el informe. Y pone un ejemplo: «En Vigo, la empresa que gestiona el centro de crisis se dedica principalmente al ámbito de la construcción, y en el resto de centros estudiados se trata de entidades que no indican tener como ámbito de trabajo o experiencia principal la atención a víctimas de violencia sexual. Solo Cataluña tiene como requisito estar acreditado en el ámbito de la violencia machista, según señaló a la organización la directora contra las violencias machistas».

Doble discriminación

Las autoridades tienen también la obligación de garantizar un enfoque interseccional en la atención que se presta en los centros de crisis, insiste Aministía Internacional. “No hizo falta ningún insulto abiertamente racista [cuando hablé a la policía], cayeron sobre mí todos los estereotipos: mujer sola con hijos, extranjera, no creían que yo fuera médico… El trato fue muy machista, incluso me dijeron que agradeciera que no hubiera habido penetración». Quien habla en este otro testimonio incluido en el informe es una mujer extranjera que vive en Ciudad Real y denunció una agresión sexual. Su relato es una experiencia traumática y revictimizadora, además de machista y racista. “Me estoy enterando por ti de que estos servicios existen”, cuenta, sobre los centros de crisis, a la investigadora.

«El gobierno central, además de establecer una partida específica para el sostenimiento de estos centros, debe realizar un seguimiento de los planes y las medidas establecidas para que este recurso funcione adecuadamente», concluye el informe.

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«La violencia digital también es una forma de violencia machista». Sencillo y directo, es el lema de la asociación Comunicadoras Granada para este 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y un ejemplo de cómo las violencias digitales, con el auge de la inteligencia artificial, están aumentando día a día. No es la única campaña que pone el foco en ello. El Ayuntamiento de Zamora ha creado la web elvideodemiex.es, al que remiten unos carteles colgados por toda la ciudad con el mensaje ‘Tú jugaste conmigo, ahora que se diviertan otros’.

El nuevo Pacto de Estado también también este tipo de violencia, junto con la económica y la vicaria, en su reciente dictamen. Según datos recogidos por el Ministerio de Igualdad, más del 73% de las mujeres que utilizan internet han sufrido algún tipo de violencia digital, como acoso en redes sociales o la difusión no consentida de imágenes íntimas. En la actualidad, como denuncia ONU Mujeres, llega a todos los rincones de internet, desde el acoso en línea y el ciberacecho hasta el doxeo (revelación de información personal), la difusión no consentida de imágenes, los ultrafalsos (deepfakes) o la desinformación, y se utiliza como arma para silenciar, avergonzar e intimidar a mujeres y niñas. De acuerdo con datos del Banco Mundial, menos del 40% de los países cuentan con leyes que protejan a las mujeres del ciberacecho o el ciberacoso.

«He recibido fotografías mías descuartizada, ha recibido amenazas de muerte mi hijo y mi hja, he sufrido ansiedad, depresión, insomnio…», relata la periodista Cristina Fallarás en el vídeo de campaña de las comunicadoras de Granada. «La acción –explican en una nota de prensa las comunicadoras de Granada– parte de la premisa de que la violencia digital también es violencia machista y pretende silenciar el derecho de información y creación de las profesionales de la comunicación en todos los ámbitos. Las comunicadoras señalan que las amenazas, insultos, campañas de odio o difusión no consentida de imágenes son formas de acoso online«.

La campaña cuenta con el testimonio de mujeres que han sufrido este tipo de acoso y exponen el impacto que este tipo de violencia tiene en las vidas de las profesionales y que, en última instancia, «quieren apartarlas del espacio digital anulando su derecho a la plena libertad de expresión». Pamela Palenciano, Cristina Fallarás, Ana Isabel Bernal, Mª Jesús Peregrín, Rosario Rodríguez, Noemí Fernández, Susana Escudero, Luz Sánchez, Susana Sarrión y María Martín exponen sus experiencias personales respecto a este tipo de violencia.

Una de cada cuatro periodistas denuncia amenazas

Las mujeres que ocupan cargos directivos, empresariales y políticos se enfrentan a ultrafalsos, acoso coordinado y desinformación tendenciosa desde el punto de vista del género, con el propósito de que abandonen las plataformas, si no es que la vida pública en general, denuncia ONU Mujeres. En todo el mundo, una de cada cuatro periodistas denuncia amenazas de violencia física en línea, incluidas amenazas de muerte.

“Lo que empieza en línea no se queda ahí. Los abusos digitales se extienden a la vida real, siembran miedo, silencian voces y, en el peor de los casos, conducen a la violencia física y al feminicidio”, explica la directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous. “Las leyes deben evolucionar con la tecnología para garantizar que la justicia proteja a las mujeres tanto en línea como en el mundo real. La deficiente protección jurídica deja en situación de vulnerabilidad a millones de mujeres y niñas, mientras que los agresores actúan con impunidad. Esto es inaceptable», añade.

En este contexto, ONU Mujeres destaca cómo las leyes están comenzando a evolucionar para hacer frente a los desafíos que plantea el cambio tecnológico: desde la Ley sobre la seguridad en línea del Reino Unido hasta la Ley Olimpia de México, la Ley sobre la seguridad en línea de Australia y el Reglamento de Servicios Digitales de la UE. «Hasta 2025, 117 países informaban de iniciativas encaminadas a combatir la violencia digital, pero los esfuerzos siguen siendo fragmentados para un desafío de naturaleza transnacional», advierte el organismo.

Este año, ONU Mujeres ha lanzado la campaña 16 Días de activismo contra la violencia de género, que reclama medidas urgentes a escala mundial para colmar las lagunas jurídicas y exigir responsabilidades a los agresores y a las plataformas tecnológicas. En concreto, la campaña insta a realizar una inversión sostenida en prevención, alfabetización digital y servicios centrados en las personas supervivientes. Además, solicita un apoyo a largo plazo para las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres que lideran los esfuerzos destinados a conseguir que los espacios digitales sean seguros e inclusivos para todas las personas.

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«La práctica de la reproducción subrogada se caracteriza por la explotación de las mujeres y los niños, incluidas las niñas, y la violencia contra ellos. Asimismo, refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y los niños a graves violaciones de los derechos humanos». Sin ambages, es la principal conclusión del informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, hecho público en agosto de este año.

A principios de noviembre, en España, la Fiscalía logró cerrar por primera vez anuncios sobre gestación subrogada en internet. La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, prohíbe expresamente en su artículo 33 la promoción comercial de la gestación por sustitución. Y solo unos meses antes, el Gobierno había anunciado la suspensión de la inscripción directa de menores gestados por esta técnica.

Aunque muy lentamente, las denuncias contra esta práctica, que no es legal en España, han ido ganando peso en este último año a pesar del importante lobby a favor: según una encuesta realizada por el Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante en 2018 –la única de grandes dimensiones hasta ahora y que no fue difundida hasta 2023–, el 58% de la ciudadanía consultada consideró que habría que regular esta práctica y el 53% estaría dispuesta a recurrir a ella en caso de problemas de infertilidad y de desear formar una familia.

El informe de la relatora de la ONU, sin embargo, es rotundo en este sentido: con la gestación subrogada se ejercen varios tipos de violencia sobre las mujeres. La primera, la violencia económica: «Las madres sustitutas son especialmente vulnerables a la explotación y la violencia durante todo el proceso si no pueden llegar a fin de mes o tienen deudas». La segunda, la violencia psicológica: «Se presenta esta actividad como una demostración de los valores del ‘amor’ y la ‘solidaridad’, sobre todo en relación con las parejas homosexuales». Esas presiones –dice el informe– disuaden a las mujeres de que busquen ayuda o expresen su disconformidad, dado que pueden sentirse sujetas de por sí al compromiso de transferir un hijo a los progenitores comitentes, con los que pueden tener vínculos afectivos.

Hay también, por supuesto, violencia física: «Aunque en el material sobre la contratación se describe como un proceso seguro desde el punto de vista médico, las pruebas indican que la salud de las madres sustitutas corre mayor peligro que la de otras madres. Medicamentos como Lupron están clasificados como peligrosos y se recomienda que solo los trabajadores de la salud los administren usando batas y guantes de protección».

Y violencia reproductiva: «Los desequilibrios de poder entre las madres sustitutas y los progenitores comitentes tienen graves consecuencias cuando estos últimos imponen un aborto en casos de embarazos múltiples o discapacidad fetal. Según se informa, se ha presionado a las madres sustitutas para que interrumpan embarazos sanos, incluidos aquellos en que han trascurrido más de 12 semanas, por medio de tácticas coercitivas como incentivos económicos, amenazas de acción legal o el retiro de la ayuda brindada tanto a la madre como al bebé».

Además, el afán de lucro en que se basa la prestación de servicios de reproducción subrogada –prosigue el informe– aumenta el riesgo de trata de personas en todas las etapas del proceso, en particular para que las envíe a otros países con fines de trabajo reproductivo forzado. «Los arreglos de reproducción subrogada pueden equivaler o asemejarse a la esclavitud, ya que ponen a las madres sustitutas en una situación en que se hace uso de todas o alguna de las características del derecho de propiedad con respecto a ellas», concluye la relatora.

El especial de ‘La Marea‘

Entre 2020 y 2024, el mercado global de la gestación subrogada creció un 460%, según Global Market Insights, y estaba valorado en 14.950 millones de dólares. Para 2033, se prevé un aumento de este negocio hasta los 99.750 millones de dólares. Varios países clave en este auge son España y el norte de Europa como mercado de padres demandantes; Colombia, Ucrania y Georgia, como destino para encontrar gestantes; Irlanda, Dinamarca y Grecia como modelo legislativo.

Ahora mismo, en La Marea, nos enfrentamos a una demanda por investigar la industria de los vientres de alquiler: una agencia nos pide 60.000 euros. Durante un año, un equipo de periodistas ha documentado el negocio transnacional de la gestación subrogada. Puedes leer aquí el especial.

ESPECIAL: Gestación Subrogada

La entrada La gestación subrogada: una práctica (aún normalizada) en la que confluyen muchos tipos de violencia se publicó primero en lamarea.com.