“¡Un oasis de horror en medio de un desierto de tedio!”
—Charles Baudelaire

Introducción.

El acelerado ritmo que ha marcado los anuncios de las medidas económicas de la actual administración vuelve difícil estar constantemente al tanto de cada una. Muchos se han referido a esto cómo una estrategia que busca saturar los medios y desorientar a la oposición, lo que Steve Banon (el ex-estratega de Trump) ha denominado “inundar la zona” (1). La rápida reducción de apoyo popular hacia Kast y su gobierno (del 50% al 43%) no parece de importarles, después de todo a sus ojos el apoyo del “pueblo” fue necesario para llegar a la Moneda, pero el que perdure o no durante el gobierno, es algo meramente accesorio.

No podemos comprender la estrategia de Estado del nuevo gobierno, sin dar cuenta de sus fundamentos en un ideario conservador, antiigualitario y antiilustrado cuyas inspiraciones trazan una línea desde Diego Portales a Jaime Guzmán. Para el nuevo gobierno es preferible que la democracia liberal y sus fundamentos queden progresivamente al margen, —pero siempre con el cuidado de no romper con ella formalmente—, para, en su lugar, imponer un orden social implacable que no tema hacer uso constante de la fuerza represiva del Estado, y que permita la proliferación de la ganancia por parte de los grandes conglomerados empresariales del país.

En este contexto, la narrativa del “Estado en quiebra” actúa cómo la justificación para el progresivo desmantelamiento del Estado social (2). Desde el fin del MEMPCO a la reducción de la financiación a la cultura, el deporte y la educación; la política de austeridad de la nueva gestión no tiene por meta el ahorro del Estado, sino el empobrecimiento estructural de la clase trabajadora. La austeridad debe de ser entendida como un medio por el que producir y gestionar a la población precarizada, cómo un paso más en la profundización de los procesos de flexibilización y abaratamiento de la mano de obra. Es otra forma por la que se expresa la guerra de clases en la fase actual del capitalismo, a través del abandono, precarización y domesticación de la población. La reducción en un 4% al impuesto corporativo sigue esta misma lógica, el aumento de la ganancia capitalista en detrimento de las condiciones materiales de existencia de la población.

Este aparente achicamiento del Estado, lo es sólo con respecto a su rol social, en cambio, se afirma paralelamente su carácter represivo, que ya había sido modernizado por el paquete de leyes de “seguridad” aprobadas y celebradas por el anterior gobierno. Entre las que destacan la Ley Naín-Retamal, la Ley Anti-Tomas, la Ley Anti-barricadas y la Nueva Ley Anti-Terrorista. La narrativa sobre la migración y la militarización de la frontera con la que impulso su candidatura y el apoyo ideológico hacia las fuerzas armadas y carabineros (4) siguen este mismo fundamento, la validación de los aparatos represivos del Estado.

Si bien la crisis económica y política, ya sea como una realidad o una invención discursiva de parte del propio Estado, actúa como justificación para el despliegue autoritario de la purificación del cuerpo nacional: la represión a movimientos sociales, población migrante, disidencias sexo genéricas, etc. Sería reduccionista decir que la crisis de la que tanto hablan Kast y compañía es sólo una invención discursiva; ésta tiene una realidad material que la izquierda no ha sido capaz de reconocer; hablamos de la crisis estructural del capital. En la medida en que la ultraderecha necesita de la crisis para gobernar, su estrategia nunca será combatirla, sino que, por el contrario, deben intensificarla. Mientras, el desconcierto que se genera es instrumentalizado, aprovechado por la administración cómo un contexto ideal.

Es este apartado lo que une a Kast con el resto de los proyectos de ultraderecha alineados con Estados Unidos y lo único relevante que lo separa de la administraciones socialdemócratas es el uso de todas las herramientas burocráticas y represivas inherente al Estado y la democracia con el fin de acelerar las tendencias autodestructivas del capital. Se trata de un intento de replicar el contexto de crisis y guerra social por el cual el denominado neoliberalismo pudo ser impuesto hace medio siglo atrás. En tanto, gestores de la voluntad del capital, la ultraderecha en el gobierno busca generar a la fuerza una situación que permita la revitalización del modelo capitalista, mediante una nueva forma de gestión posneoliberal del Estado y el capital. De esta manera la actual administración, puede ser entendida cómo un violento tránsito hacia una nueva forma de gestión que desborda lo que hemos comprendido hasta el momento cómo neoliberalismo, y cuyas características centrales estamos recién descubriéndolas.

A raíz del espectáculo mediático generado tras el anuncio de estas medidas, distintos focos de manifestaciones estallaron espontáneamente durante su tercera semana desde que asumió. Aunque hubieron intentos anteriores de llamar a movilizaciones previo a que se anunciaran las medidas del gobierno, no fue hasta los días 23 y 26 de marzo que tuvieron lugar movilizaciones a gran escala, en las que nuevamente lxs estudiantes secundarixs tuvieron un papel protagónico en la irrupción del metro y en la protesta callejera, mientras que las noches del 24 y 25 de marzo cerraron con cacerolazos en distintos puntos del país.

Sin embargo, antes de seguir profundizando en las características de las protestas y el potencial que tienen, es necesario detenernos en la particular reacción de parte del izquierdismo a estás protestas.

1. Sobre las teorías de conspiración y la desmovilización social.

De manera transversal el electorado de izquierda y los partidos políticos (desde el FA al PC (AP) de Eduardo Artes) han expresado un cierto rechazo a la movilización social espontánea bajo un argumento que ha ganado popularidad, según él cual la acción de protestar contra el gobierno sería caer en su trampa, pues, este buscaría generar un contexto de desorden social por el cual justificar la aplicación de un Estado de emergencia con el cual gobernar. En este escenario, las protestas espontáneas que estallan contra el gobierno y los llamados minoritarios a radicalizarlas serían una suerte de “infantilismo”, una acción descerebrada que hace más a favor del gobierno que en su contra. En su lugar, la izquierda —sostienen estos ideólogos— debe de alejarse de las calles y centrarse en recuperar una legitimidad popular que creen pérdida, y por consiguiente, las protestas también carecerían de esta.

Si bien compartimos la centralidad de la crisis en la estrategia de gobierno de Kast, si su objetivo es la represión de los sectores movilizados, la instalación de un Estado de Emergencia no es indispensable para ello. El aparato represivo ya es lo suficientemente robusto como para socavar múltiples focos de protesta en el territorio nacional de manera eficiente. Por otro lado, el riesgo potencial que el protestar representa para la integridad física es indudablemente mayor que en el pasado reciente, pero esto no es en ningún caso una excepcionalidad. El papel represivo del Estado es el mismo independientemente de quién se encuentre a su cabeza, lo demuestra el asesinato de Francisca Sandoval en 2022, la condena en 2023 de los anarquistas Francisco Solar y Mónica Caballero a 86 y 12 años respectivamente, los allanamientos del 2024 en Villa Francia (que dejaron varixs compañerxs detenidos), la captura de Héctor Llaitul en 2024 y en este año la del werken Rafael Pichún. El Estado y sus aparatos no necesitan de la excusa de la protesta para perseguir a las organizaciones sociales, ni el paso del tiempo ni el cambio de administración cambiarán este hecho, como bien lo demuestra la actual búsqueda de Galvarino Apablaza (responsable intelectual del ajusticiamiento a Jaime Guzmán).

El Estado de Emergencia ha perdido su excepcionalidad, sobre todo si consideramos que hay territorios como la llamada “Macrozona Sur” cuya aplicación por parte del Estado chileno lleva vigente desde el gobierno de Gabriel Boric. Mientras, la “crisis de la migración” y el ridículo proyecto de zanja en la frontera con Perú y Bolivia, esperan generar una situación similar en la bautizada “Macrozona Norte”.

a. Burocracia y contra-revuelta.

Lo que se esconde detrás de los llamados desde la izquierda a no movilizarse es algo más que una preocupación por el pragmatismo y la acumulación de fuerzas. Es el fantasma de la burocracia que asfixia la potencia de la revuelta desde dentro. La izquierda partidista es incapaz de relacionarse con el movimiento de revuelta —aun cuando este existe sólo como una potencialidad—, si no es a través de un intento por conducirla, por socavar sus elementos más radicales y restituir el orden institucional. Su práctica reaccionaria no es casualidad, sino que es coherente con una comprensión mecanicista de la transformación social: como un proceso predefinido, ordenado, gradualista y dirigido por profesionales. Bajo esta lógica, el fracaso de los levantamientos de este siglo se explica por la ausencia de mejores dirigentes, de una “vanguardia” que concientice a la masa ignorante desde fuera, una revalidación izquierdista del mito del “buen salvaje”.

A esta comprensión simplista se le escapa el carácter necesariamente contradictorio de los levantamientos y, más precisamente, de quiénes se levantan como portadores vivos de esas contradicciones. Las masas se rebelan no porque hayan tomado conciencia de la noche a la mañana, sino porque fuerzas históricas les empujan a hacerlo (6). Por el contrario a quienes esperan la llegada de un sujeto revolucionario ideal y ya consciente, las luchas de este siglo se han caracterizado por la ausencia de un sujeto revolucionario único: la composición de clase de los disturbios es contradictoria y desborda cualquier conceptualización sociológica. Esto permite que quienes compongan los actuales y futuros estallidos espontáneos de disturbios callejeros, no sean únicamente sectores politizados de izquierda, organizaciones militantes, ni mucho menos los clásicos obreros de fábricas, sino por el contrario, sectores de lo más variado ideológica, racial y socialmente (7). No dar cuenta de aquello ignora que la construcción colectiva de una sociedad nueva implica un carácter de totalidad que incluye incluso a quienes quisieron excluirse; no es la emancipación de un grupo identitario en particular, sino el de la especie en su conjunto.

Esto supone un problema fundamental en la estrategia adoptada por la izquierda simultáneamente al rechazo de las movilizaciones, en la medida en que esta se basa en la espera paciente por “condiciones materiales favorables” (8), ya que el estudio de estas condiciones materiales se reduce a criterios estadístico-cuantitativos que verifican el apoyo ciudadano (9) y consigo, la legitimidad social requerida para involucrarse o no en la protesta espontánea. Pero estas protestas y el descontento social que las fundamenta no son reducibles a los parámetros por los que se desarrolla la política liberal, por ende, la legitimidad o no de estas, no puede ser acreditada realmente, más que a través de la propia experiencia y el curso contradictorio de la protesta.

Un factor importante es que el apoyo popular de los anteriores ciclos de lucha se construyó precisamente a través de la reanudación de la protesta social en condiciones históricas desfavorables. Estos ejercicios de acción colectiva abren un proceso necesario de reaprendizaje por el que el movimiento de protesta recupera y reinventa formas de lucha y organización. Los cacerolazos, mítines, manifestaciones callejeras y ollas comunes son momentos necesarios por los que la protesta da un salto cualitativo a una revuelta propiamente tal. Es por medio de este proceso simultáneo de lucha y aprendizaje que la consciencia es producida desde el interior del movimiento de revuelta. No como una precondición al levantamiento, sino cómo algo que se va haciendo camino entremedio de este.

“No agli specialisti della rivolta, sì ai rivoltosi della specie” (“No a los especialistas de la revuelta, sí a los revoltosos de la especie”).

b. La construcción del pueblo y la moralidad burguesa.

Junto a la supuesta posición pragmática de parte de la izquierda, —cuyo planteamiento resulta más elaborado en comparación— se suma una serie de discursos individualistas que han alcanzado cierta viralidad en redes sociales. Desde el ya típico “disfruten lo votado”, a consignas que instan a no salir a la calle porque no valdría la pena arriesgarse para defender los derechos de un “pueblo” que aparentemente se inclinó hacia la derecha. La posición moralmente superior con las que el discurso progresista se instala esconde una indiferencia con la coyuntura social que es completamente coherente con los llamados desde arriba a la desmovilización y la prudencia. Ambos fundadas en la no afectación personal de las medidas económicas y la autocomprensión de sí mismos como individuos y grupos separados del “pueblo” (o hasta sobre él). ¿Pero cuánto hay de verdad en la supuesta deriva autoritaria del pueblo? ¿Cómo es que el mismo pueblo que salió a la calle en 2019 permitió el triunfó de la ultraderecha?

Hay algo profundamente erróneo en esta comprensión. Si bien, la gente que participó de la revuelta y la que votó a Kast puede o no ser la misma, si es que hay o hubo un “pueblo” como tal, este no es el mismo. O más bien, este ya no existe. Cuando en 2019 se invocaba al “pueblo”, este no era un “pueblo que habría previamente existido, al contrario, es el que previamente faltaba” (10). El movimiento de revuelta, lo que hacía, era llenar el vacío de un cuerpo social que había sido forzado a desaparecer cómo precondición para la instalación de una nueva fase de acumulación del capital. No es de extrañar que el último ciclo de luchas en Chile estuviera directamente conectado con la memoria del golpe del Estado, en el sentido de que la revuelta actuó en buena medida como una reanudación de las posibilidades de transformación social anuladas con la dictadura (11). De esta manera, la revuelta producía una nueva forma de cuerpo social, —lo que en ocasiones se denomina pueblo— a partir de este proceso de reconstrucción del tejido comunitario y una superación momentánea de las formas de fragmentación social (12).

Sin embargo, la existencia de este cuerpo social era necesariamente temporal, al estar determinada su duración a la de la revuelta. La insistencia del populismo de izquierda por la categoría ideológica de “pueblo” carece de fundamento posterior a la extinción del levantamiento. El único pueblo como tal, que existe en condiciones distintas a las de la revuelta, es la noción de un pueblo-nación indivisible del Estado, es decir, la de una falsa comunidad dentro de la cual caben tanto explotados y explotadores, burguesía, campesinos y obreros. Una categoría reaccionaria bajo la cual la lucha de clases es extirpada para afirmarse la ficción de una sociedad ideológica y socialmente homogénea (13). En este sentido, “el populismo —como sostiene Comité Invisible— “no es solamente el síntoma escandaloso de la desaparición del pueblo, es un intento desesperado de conservar lo asustadizo y confundido que queda de él” (14).

2. La protesta como ritual.

El plantear una crítica a la desmovilización, no implica una reivindicación acrítica de toda protesta. Al mismo tiempo que vemos un fenómeno desmovilizador por parte del izquierdismo más institucionalizado, en sectores ajenos a este podemos ver una tendencia a ver las movilizaciones, sea marcha o acción directa, como un fin en sí mismo. Para estos, la satisfacción se halla en la propia acción inmediata, en la repetición ritualista de la protesta y la lucha callejera. Cercenando al proyecto emancipatorio de los medios para llevarlo a cabo.

Este componente expresa la otra cara de la desmovilización, una suerte de movilización permanente, que recae, muchas veces en la reivindicación de acciones sin importar el contenido de estas. Ejemplo de ello, podemos verlo en el ciclo post revuelta, dónde cual misa del día domingo, todos los viernes se conglomeraba un grupo de personas a manifestarse en los alrededores de la hoy “Plaza Baquedano”, ex “Plaza Dignidad”, ex “Plaza Italia”. A suerte de intentos infructuoso por replicar artificialmente la euforia y las potencialidades que despertó alguna vez la revuelta.

Esta movilización permanente vacía los espacios de participación de otras índoles, como lo sean organizativas, reflexivas, ideológicas, comunitarias, etc., al crear un sentimiento de “ya cumplí mi parte” por el hecho de marchar o llevar a cabo una acción directa que muchas veces sólo busca satisfacer un deseo individual. Se olvida que la movilización no es la finalidad, sino tan sólo uno de varios medios. Esta espiral autoflagelante de movilización masiva, constante y sin objetivo, arrastra al movimiento de protesta a una guerra de desgaste, donde el movimiento tiene todas la de perder, al ser incapaz de extender la protesta en el largo plazo. La protesta callejera es un primer momento de la revuelta, los siguientes deben necesariamente ir más allá de los rituales de protesta, reinventando formas de acción colectivas más complejas y coordinadas.

Esta fetichización lleva necesariamente hacia una pérdida de su carácter radical, por el que la protesta puede ser expresión de una potencia de transformación social, para en cambio, enaltecer un componente ritualista por el que la protesta se acopla a la rutina diaria. Pierde, por consiguiente, su carácter disruptivo, —a modo de una suspensión del continuo de la vida bajo el neoliberalismo, con el que era capaz de sorprender, interesar e invitar al resto de la población a la participación y multiplicación de los actos que componen la protesta. Los llamados de activistas a manifestarse que surgieron en cuanto asumió el nuevo gobierno o a la repetición de la Revuelta de Octubre tienen mucha relación con este fenómeno, al no comprender las condiciones por las que la revuelta social emerge en antagonismo con la sociedad capitalista, como también, de la forma por la que el carácter contradictorio de la revuelta determinó su fracaso y la manera por el que este ocurrió. Cómo lxs compañerxs de Colapso y Desvió sostienen con anterioridad a nosotrxs:

“La revuelta no fue capaz de manifestar libremente su potencia, no tanto por el enfrentamiento y persecución de las fuerzas represivas o el gradual desviamiento de la protesta hacia tendencias y consignas reformistas e históricamente desgastadas, sino por la incapacidad del movimiento real de superar sus contradicciones interiores y los obstáculos que interrumpen su paso en el exterior” (15).

En la medida en que se desconozcan los motivos que llevaron a nuestra derrota en 2019, ningún intento de replicación acrítica de la revuelta podrá tener un desenlace distinto al de un burdo fracaso. De ahí que, si existe un rol para las minorías prorevolucionarias en el presente, este sea, en buena parte, el de generar las condiciones para una ruptura al interior de las luchas coyunturales, condiciones que permitan a la protesta social desbordar las formas en las que hoy se expresa.

Esto debe de hacerse no desde el exterior al movimiento de protesta, sino desde su interior, no esperar por condiciones favorables, sino que asistir a generarlas. Los sectores prorevolucionarios deben involucrarse en las formas espontáneas por las que se expresa la lucha de clases en el presente, de una manera distinta a las que han actuado históricamente los viejos vanguardismos y el activismo ciudadanista (16). Es decir: contribuyendo a un proceso teórico-práctico que haga posible la autoconciencia de los movimientos de protesta acerca de sus contradicciones, sus límites y sus potencialidades.

Comunismo Acéfalo

Fuente: https://colapsoydesvio.noblogs.org

Notas.

[1] “Flood the zone with shit” (Inundar la zona con mierda), decía la frase textual de Banon.

[2] Esto se ve en un recorte general del 3% a cada ministerio, sin importar cada partida presupuestaria, la cancelación de becas Chile para el extranjero, la limitación de la gratuidad a mayores de 30 años, la persecución hacia deudores del CAE. Todo enmarcado en el “Plan de Reconstrucción Nacional”.

[3] La reducción de impuestos a los más ricos (impuesto a la ganancia del capital) costaría 1.2 Billones de pesos al Estado chileno según predicciones moderadas emanadas, incluso, por diarios de derecha como El Mercurio.

[4] A través de las promesas de indultos a los violadores de dd.hh de la dictadura (presos en Punta Peuco) y a Carabineros y Militares condenados por tortura y homicidio durante la revuelta.

[5] Se empleará el término “espontáneo” en el sentido de que ocurre sin restricciones externas, que se realiza libremente y de manera disruptiva. No lo empleamos para referirnos a un acto automático, sin organización o compulsivo cómo se le suele asociar. La espontaneidad no necesariamente carece de organización, sino de una dirección profesional, ejemplo de aquello son las huelgas salvajes, disturbios y la autoorganización en general. Véase: Endnotes, Espontaneidad, mediación y ruptura, 2013.

[6] “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado”. K. Marx, Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte.

[7] Respecto a la composición de los levantamientos, destaca el protagonismo de una población fuertemente informalizada e inmigrante. Lo que se ha denominado cómo la población excedente del capital, excluido de los circuitos de producción.

[8] Ya sean condiciones favorables para retomar el trabajo electoral, como sucede con la izquierda institucional o para la lucha de clases, para las sectas leninistas.

[9] Esto se expresa en una obsesión en torno a la masividad de la protesta, cómo si este fuera un gran hito democrático per se. Los efectos y causas de la protesta son secundarios frente a la cantidad de participantes en la protesta y consigo, el grado de validez que tiene esta. Sin embargo, ¿de que sirvió una manifestación de más de 1 millón de personas, cuándo no se es capaz de desmantelar el sistema? El éxito y validez de la protesta no puede regirse en base a número de personas en las calles, sino en su contenido y efecto.

[10] Comité Invisible, A nuestros amigos, 2014. p. 46.

[11] De ahí que en el comienzo de la revuelta la consigna de los 30 pesos no haya tardado en actualizarse para incluir la legitimización de la dictadura por medio de los gobiernos de transición. “¡No son 30 pesos, son 30 años!”

[12] Al respecto, nos resulta esclarecedora la comprensión de la noción de pueblo según el Manifiesto de Los Pueblos Quieren: “La revolución destruye el concepto de pueblo creado y solidificado por los relatos nacionales, las ideologías fascistas o el activismo dogmático. Mediante estos llamados a la unidad, los márgenes insurrectos reinventan al pueblo de acuerdo a sus propias realidades”.

[13] Esta ficción de pueblo es la que inspira el ideario fascista y los populismo de izquierda campista.

[14] Comité Invisible, Ahora, 2017. p. 16.

[15] Colapso y Desvió, “18 de octubre: fractura de la relación social capitalista” en Tratado para las juventudes en sublevación, ed. Sapos y Culebras, 2023. p. 55.

[16] Por activismo entendemos una comprensión gradualista y voluntarista de la transformación social, que pone en el centro de esta transformación al trabajo militante de activistas individuales a la cabeza del movimiento. Por tanto, la revolución (o bien la reformación de la sociedad, según quién lo diga) depende de la inteligencia de estos activistas, las correctas decisiones de sus organizaciones y de sus alianzas en frentes únicos con otros activistas. Cómo llegó a sostener Bordiga el “activismo es una enfermedad del movimiento obrero que requiere un tratamiento permanente” (Battaglia Comunista n° 6, 1952).

En estos tiempos críticos, un fantasma asedia a la monarquía constitucional española: el fantasma del franquismo. En el campo de la reacción, cada vez son más las voces que lo reivindican, comprenden o justifican, y su progresión electoral es innegable. Los sectores populares desclasados, al no sentirse amparados por el sistema de partidos, han dejado de creer en los valores liberales y se decantan por el autoritarismo a cara descubierta. El franquismo, en vías de rehabilitación, tiene el viento a favor y vuelve a levantar cabeza sin complejos. ¿Culpa del mal perder de la derecha, que vuelve la mirada a un pasado más confortable para ella? Explicación simplista si cabe, puesto que quien representa políticamente a la dominación no es solo la “derecha”, ni la nostalgia de los orígenes es su principal motivación. Más bien decepción de la clientela votante ante la ineptitud e inoperancia del progresismo de izquierdas o de derechas y pérdida de credibilidad del parlamentarismo. Lo entenderemos mejor si partimos del hecho de que el franquismo nunca fue derrotado. Al contrario, el régimen del 78 “que tanto costó” no fue producto de una victoria, sino de una reforma pactada y llevada a cabo gracias a la mismísima legislación franquista. Se puede decir que fue más hijo del franquismo que del antifranquismo. Hubo continuidad estructural y permanente conexión jurídico-administrativa. Desde el principio, el franquismo estuvo ahí, disimulado en el sistema llamado “democracia” por sus beneficiarios, hasta que la descomposición política y social lo ha sacado del baúl de los recuerdos y lo ha vuelto a poner en la partida, bien como espantajo electoral izquierdista (¡Que viene el lobo!), o bien como estandarte patriotero extemporáneo (¡Arriba España!). ¿Realmente va de democracia? ¿se trata de franquismo sociológico? No, simplemente de capitalismo. Los intereses económicos, las crisis no resueltas y la geopolítica apuntan en dirección al cambio de escenario, esta vez para representar una farsa.

La ley del punto final de 1977 amnistió al franquismo en su totalidad y obvió todo reconocimiento y toda reparación moral a sus víctimas. Ningún partido se preocupó por ellas. El pacto de silencio imposibilitó políticas de memoria oficiales: la primera exhumación de una fosa de fusilados (en el Bierzo) fue cosa de una iniciativa privada en el 2000, más de veinte años después. En el mismo año 77, los Pactos de la Moncloa pusieron fin al movimiento obrero autónomo. Dirigidos y neutralizados por los sindicatos, los obreros nunca volverían a ser una amenaza seria. Eso sí, la simbología democrática se fue imponiendo. A pesar de que todo el aparato político, mediático, judicial, policial, militar y eclesiástico de la dictadura quedó intacto, apenas han quedado restos simbólicos franquistas: el nombre de una calle, alguna placa conmemorativa, un monumento que atrae poco la atención, el Valle de Los Caídos sin la tumba de Franco… Las más de doscientas normas de la dictadura que se han conservado no contradicen el marco constitucional salvo la ley de Secretos Oficiales, que vuelve oscuras las altas instancias estatales, o la Ley del Suelo, constantemente ampliada en el sentido más especulativo. Asimismo, dudoso es el Concordato con el Vaticano, aunque haya sido retocado, o el delito de Secesión establecido en el Código Penal, derogado muy tarde, en 2023.

Lo más preocupante ha sido siempre la propia Constitución, aprobada por diputados mayoritariamente burgueses o de clase media alta, tanto progresistas como conservadores, cuya ambigüedad favorecía desarrollos autoritarios muy evidentes. Su carácter retrógrado y su obsesión por el orden quedaba manifiesto en las leyes de seguridad ciudadana, especialmente la ley “de la patada en la puerta” y la ley “mordaza”; en la introducción subrepticia del Derecho Penal del Enemigo (p.e., la normativa antiterrorista): en la ley de los estados de alarma, de excepción y de sitio, en el régimen carcelario FIES; en la ausencia notoria de una ley de huelga, derecho regulado por un restrictivo decreto preconstitucional (proscripción de piquetes, servicios mínimos abusivos…); en la prohibición de pegar carteles y realizar pintadas, en la práctica imposibilidad de llevar adelante una iniciativa legislativa popular, etc. El “déficit democrático” al que aluden muy post festum algunos críticos benevolentes, resultado de la “reconciliación” entre los franquistas y la oposición, se completó con una cesión de soberanía económica sin precedentes en la dictadura, puesta de relieve con el acatamiento absoluto de las exigencias formuladas por las finanzas internacionales. La excusa fue la integración a la Comunidad Económica Europea. En fin, si alguna vez hubo democracia, en el sentido liberal y parlamentario, es decir, burgués, fue una democracia vaciada, postiza y fraudulenta, tal como comprobaremos al abordar con veracidad la nada edificante Transición consensuada.

El periodo del tránsito de la dictadura a la democracia espuria fue llamado “Transición”, aunque quedaría mejor retratado si lo llamáramos posfranquismo. Fue todo menos ejemplar. Un modelo ibérico de impunidad para genocidas, un ejemplo de amnesia voluntaria culpable, un caso histórico de complicidad protagonizado por equipos cooptados según criterios empresariales y financiados por gobiernos y fondos extranjeros. El resultado final fue un régimen ligeramente reformado por una oligarquía de partidos profesionalizados, que tuvo buen cuidado en confeccionar un relato edulcorado y mirífico de su advenimiento, bautizado por el periodista Guillem Martínez como “CT. Cultura de la Transición”. La serie documental de Victoria Prego sería el ejemplo más fariseo de dicha cultura, nunca superado por los editorialistas, tertulianos y presentadores televisivos. Si la Transición no fue ejemplar, tampoco fue pacífica, pues no contó con la unanimidad de una población pasiva, satisfecha y supuestamente complaciente, sino con una resistencia tenaz que hubo de acallar duramente empleando a fondo a las fuerzas del orden, todavía franquistas. En sus siete años, entre 1975 (muerte de Franco) y 1982 (adhesión a la OTAN), se produjeron más de tres mil hechos violentos que ocasionaron 714 muertos, cifra semejante a la que ocasionaron los “años de plomo” en la Italia de los atentados. Democrático no califica correctamente al régimen nacido en la Transición. Mejor llamarlo “partidocracia”, un sistema político autoritario con apariencias democráticas pero sin separación de poderes, en el que las altas jerarquías de los partidos, meras maquinarias gestoras y electorales, se abrogan la representación de la voluntad popular a todos los niveles.

La década de los ochenta fue la de la “Transición económica”, el paso de un capitalismo nacional a un capitalismo bancarizado y globalizado, que propició el bienestar consumista a las clases medias asalariadas, amplió el número de funcionarios, anuló al proletariado industrial y dio estabilidad a la partidocracia. La especulación inmobiliaria, el turismo, la exportación agrícola y el endeudamiento se convirtieron en los motores privados de la economía, mientras el Estado privatizaba el patrimonio público y apostaba por el transporte elitista (la alta velocidad), es decir, socializaba las pérdidas de las opciones ruinosas que “los mercados” exigían. El fin de la Guerra Fría (Cumbre de Malta, 1989) dio rienda suelta al neoliberalismo, la nueva ideología a seguir por los gestores de la dominación. El Tratado de Maastrich de 1992 confirmó la integración del estado español en el área económica mundial, la “modernización” de los dirigentes, es decir, el sometimiento a los poderes financieros representados por el Banco Central Europeo de la decisión en todo tipo de materias, fuesen políticas, jurídicas, sanitarias o simplemente laborales. Lo que los obreristas del régimen llamaron “estado del bienestar” (las concesiones sociales y laborales anteriores a la globalización) empezó a desmantelarse. El nuevo modelo mercantilista precarizó tanto a trabajadores, empleados y autónomos, como perjudicó a campesinos, jubilados y profesionales. Mientras, el poder se fue concentrando allí donde fluía el trabajo, en las metrópolis, y la población afectada, relegada en las periferias. Cuando estalló la burbuja financiera de 2008 que llevó a la quiebra bancaria (y al posterior rescate de bancos y cajas), el desencanto de la población suburbana empobrecida empezó a repercutir en la esfera política: el movimiento de la ocupación de plazas del 15 de Mayo de 2011 denunció a la partidocracia bipartidista como un régimen de corruptos y exigió una “democracia real.” Se trataba de una polarización relativa, moral, limitada al cuestionamiento de la representación política. La maltratada e indignada clase media pedía pacíficamente ser rescatada por el Estado igual que este lo había sido por la Unión Europea. Quería, si no mantener su anterior status económico, al menos no quedar fuera del reparto de ayudas, por lo que en primera instancia apoyó a los partidos populistas recién creados (Ciudadanos, Podemos, Els Comuns, las Mareas…) que, con aires regeracionistas y hablando en nombre de la “ciudadanía”, se disponían al “asalto de las instituciones”, es decir, a reformar el sistema posfranquista desde dentro.

Excusamos extendernos en las ridículas peripecias que ocasionaron el rápido declive de los nuevos partidos ciudadanistas, pero su patente impotencia en cambiar mínimamente el curso de los acontecimientos y su alegre integración en el sistema que criticaban, contribuyó al retorno del desacreditado bipartidismo imperfecto que caracterizó siempre a la partidocracia, o sea, despolitización, espectáculo, cuentas opacas y mordidas incluidas. Cometían voluntariamente el error de separar Capital y Estado, cuya fusión es el rasgo fundamental   del siglo, la clave del desarrollo mercantil y de la dominación. En consecuencia, al ponerse bajo la tutela de las instituciones, se colocaban -y colocaban el lenguaje woke, la “sostenibilidad” y la paranoia identitaria- al servicio de la economía, que es como decir al servicio de las renovables industriales, del automóvil eléctrico y del turismo. En resumen: a las órdenes del extractivismo capitalista. Pero, cuando se da una depresión económica prolongada, nada de eso evita la disminución del empleo, la rebaja de salarios, el paro, la subida del precio de la energía y de los alimentos, el encarecimiento de la vivienda… Fracasada la utopía de un Estado democrático-ecológico de clases medias, el hastío, la desafección política y mediática, los recortes en el sector público, la pobreza y el miedo al derrumbe fueron capitalizados por una derecha radicalizada. La indignación y la retórica populista anti-sistema cambiaban de bando; la base social del cambio inocuo, también.

El Estado había abandonado a las clases superfluas, despolitizadas, envejecidas, precarizadas y empobrecidas del extrarradio metropolitano, -a los “estratos en crisis” de Juan Linz- cuyas contradicciones internas -provocadas por el contraste entre una mentalidad aburguesada y una situación apurada- empujaban hacia la extrema derecha neofranquista. Los algoritmos y la información fake de los blogs cooperaban. El franquismo renacía con los horribles nuevos tiempos, pero no a través de iluminados líderes, desfiles y performances fascistas, sino más prosaicamente, gracias al nuevo invento de las redes sociales. El franquismo ya no se insertaba en el ánimo y la mente de un público agitado a base de poses escenográficas y gestos simbólicos al aire libre de la dirigencia, sino mediante bulos, arengas patrióticas e histeria racista transmitidas a una población insegura en aprietos, mirando el móvil o sentada ante la pantalla del ordenador. La rivalidad del gendarme mundial, los Estados Unidos, con China, Rusia e Irán obligaban a poner condiciones al comercio mundial y fijar las áreas de influencia, lo que significaba el fin de la globalización abierta y el inicio de una nueva carrera de armamentos. La fuerza militar determinaba un reparto multipolar del planeta, forzando a los Estados débiles a alinearse incondicionalmente en un campo donde proteger su escasa soberanía. Eso implicaba una limitación seria del desprestigiado sistema partitocrático en provecho de una regulación más autoritaria de la política y un control social más duro, que el sector más sobresaltado y menos ilustrado de la población, frustrado y desatendido por las instituciones, exigía que se orientara hacia los refugiados, inmigrantes y okupas. Para su defensa en condiciones críticas, el orden establecido disponía ahora de la baza del enemigo interno.

Un nuevo horizonte político regresivo se perfila en toda Europa con la presencia de un movimiento parafascista en auge, beato, xenófobo y negacionista, que maneja como coartada principal a una nueva clase peligrosa: la inmigración ilegal, no apta para la integración en la sociedad, sea por hablar otras lenguas, vestir de otra manera y practicar otras religiones, o sea por acaparar la asistencia pública, degradar la seudocultura local y traer consigo el gen de la delincuencia y la okupación. En realidad, por ser pobre y, a menudo, sin techo ni papeles. El verdadero enemigo de la cultura, de la convivencia y del bienestar había sido siempre el liberalismo económico sin trabas, responsable del hambre que había forzado a emigrar. Actualmente, la inmigración constituye el ejército de reserva de la fuerza de trabajo-basura, gracias al cual la economía de mercado funciona en negro. Es de esperar que cuando se sienta fuerte impulse un movimiento reivindicativo que ponga contra la pared a quienes se aprovechan de su situación desesperada explotándola o instrumentalizándola. En prevención de que esa parte importante del proletariado confluya con otras fuerzas autóctonas desposeídas o excluidas del mercado laboral por la larga crisis, las derechas extremas la designan como enemigo absoluto, eterno candidato a la expulsión, o mejor, a una privación de derechos que mantenga un elevado nivel de explotación. Sin embargo, para desgracia del franquismo reavivado, la inmigración está viniendo para quedarse. Bienvenida sea. Es una pieza necesaria en el tablero capitalista y sin duda también lo será en el del nuevo antifranquismo. Habrá que contar con ella como aliada.

Miquel Amorós

El neofascismo trata a la democracia liberal como la democracia liberal trata al anarquismo. Si fuéramos rencorosos, aplaudiríamos que bebieran por una vez el amargo brebaje que dispensan a la anarquía: bulos y ensañamiento mediático, connivencia policial con los neofascistas y prevaricación judicial. Naturalmente, no se encuentran tan desvalidos como los anarquistas; poseen todavía buena parte de los mas-media y de poder institucional, lo que hará aún más estrepitosa su caída, pero juega con ventaja respecto a l_s ácratas que denuncian tanto a la derecha como a la izquierda como rechazan la lucha por el poder: luchan contra el, no por el. Lo peor de que los neofascistas lleguen al gobierno es que se sabe eso -cuando empiezan- pero nunca cuando lo pierden. Ya hay analistas que profetizan que Trump podría declarar la ley marcial para eludir las elecciones y aferrarse al poder y otra probabilidad aún más espeluznante es que se desate una conflagración bélica que justifique la permanencia sine die de los neofascistas en el poder aplazando las elecciones (de hecho el genocida sionista Benjamin Netanyahu ya ha utilizado esta estratagema). Que se anulen las elecciones no constituiría mayor problema sino viniese acompañado de la represión a cualquier voz disidente, de la dictadura descarada. Pese a las concomitancias, todavía hay algunas diferencias de grado de libertad entre una democracia formal, con su aparato constitucional revestiendo la convivencia social y una dictadura declarada, sobre todo para los súbdit_s no extranjer_s, y para l_s extranjer_s blanc_s y occidentales. La mayor parte del tiempo y en la mayoría de las ocasiones, la represión democrática estatal se limita a marginar todo lo inadaptable. Las soluciones de fuerza se reservan para las grandes ocasiones y/o l_s grandes rebeldes. Lo único positivo de todo ello es la degradación del falaz, hipócrita y, en el fondo, criminal sistema democrático; y el que la gente aprenderá a rebelarse por el camino más difícil pero más eficaz: organizándose horizontalmente y con referencias ajenas a la denigrada democracia que, no obstante, siempre intentará cooptar las luchas.

En situaciones como las que estamos viviendo, siempre surge la cuestión del malmenorismo. Hablando en plata, votar a la izquierda, para impedir el acceso de los neofascistas a los resortes gubernamentales. Dada la inferioridad cuantitativa del anarquismo y sus dificultades para acceder con su mensaje a la mayoría de la población, quienes piden a l_s anarquistas que vayan a votar o que unan su voz -que entonces sí se escucharía- a la de la izquierda, están vendiendo humo. Pero es que si el anarquismo fuese una corriente social imposible de ignorar, también sería baladí ir a las urnas, por mucho que en tal caso escucharía vivamente mitad lisonjas, mitad improperios por parte de la izquierda para empujarlo a votar. Pero no estamos en el 36, no hay nada que la democracia liberal ni la izquierda pueda ofrecer al anarquismo, y tampoco nada que el anarquismo pueda ofrecerle a ellos: son incompatibles. La izquierda parlamentaria, existe otra izquierda involuntariamente extraparlamentaria, a la izquierda del PSOE está intentando generar un símil del Frente Popular. Lógicamente son proclives al mal menor -Gabriel Rufián dixit-, porque el mal menor es votarles a ellos. Montarán parte de su campaña y alianzas en torno a esa idea. Son algo más que la democracia liberal, que no es más que un cascarón vacío, aunque no falten, sobre todo en el mundo anglosajón, quienes la propugnen como dique ante los neofascistas; que tienen cierta capacidad de maniobra lo demuestra la actitud del hispano-francés Manuel Navarro Valls, cuando se presentó a las municipales de Barcelona y facilitó el gobierno de En Comú Podem. El ejemplo es engañoso, porque sus verdaderas motivaciones eran impedir un gobierno municipal de independentistas catalanes, poniendo en su lugar a la izquierda españolista, pero basta para ilustrar que pueden ser aliados de cierta izquierda. La iniciativa de Rufián consiste en recorrer el camino inverso, presentarse en Cataluña como única fuerza de izquierdas. Por otra parte, la democracia liberal es huera porque ella y el neofascismo obedecen a los mismos intereses económicos -mientras que la rebeldía de la izquierda es pura demagogia-, que optan por galvanizar a través de sus medios de desinformación de masas, unos u otros según de donde proceda el viento siempre imprevisible de la historia y la realidad, progesista o reaccionaria, que le convenga imponer. En realidad, esta enconada disputa entre progresistas y reaccionarios oculta la cuestión principal: quién es más eficaz a la hora de colaborar con el capitalismo.

La debacle del comunismo -falsa opción revolucionaria-, escoró hacia la derecha a todo el espectro político. La democracia liberal se proclamó vencedora de la guerra fría. Pero la democracia liberal desbocada, titulándose a sí misma último estadio de la evolución histórica -y pensar que la historia es evolución ya es en sí problemático- albergaba en su seno las tendencias neoliberales enemigas de los consensos sociales del malllamado estado del bienestar, la aparición consiguiente de filosofías ultramontanas. La nostalgia por la democracia liberal como fin de la historia alumbró la modalidad neofascista de la democracia entendida como doctrina totalitaria: el integrismo democrático. Para ilustrarlo, viajemos al país nodriza del integrismo democrático: los EUA. Bastará que comparemos la política migratoria de los demócratas liberales que antecedieron a Trump con la del mismo Trump. El liberal Obama deportó más de 3 millones de inmigrantes, 340.000 por año entre ¨deportaciones formales¨ y entregas en la frontera. De Biden, otro liberal, ni se sabe con certeza pero se calcula en más de un millón en sólo cuatro años si se consideran todos los mecanismos utilizados entre 2020 y 2023, muchas más que las ¨deportaciones formales¨ del ICE. El neofascista Trump deportó en sus primeros 4 años de mandato entre uno coma dos millones y uno coma cinco, 300.000 por año y hasta 600.000 en 2025. ¿Por qué los medios no dieron cuenta de las políticas anti inmigratorias de los demócratas liberales?: ¿Dónde está la diferencia, aparte de ser más o menos agresivo, y la similitud de las cifras revelan que se ha sido igualmente agresivo?. La diferencia entre los crímenes de la democracia liberal y la neofascista aparte del homicidio y el secuestro estatal de ciudadanos con nacionalidad estadounidense, lo cual alienta la atmósfera de guerra civil tanto en cuanto este hecho apela a los sentimientos patrióticos del resto de ciudadanos que comprueba que ya no basta con no ser criminales para ser inmunes a la acción del terrorismo de estado -ser tratado como un delincuente o una minoría racial es lo que más solivianta la buena conciencia ciudadanista- es que mientras lo que el demócrata liberal esconde como una actividad represora y atentatoria contra los derechos humanos que dice defender, una verguenza a ocultar, el neofascista lo exhibe orgullosamente como resultado intrínseco de su credo racista. Extrapolándolo a Europa, los liberales y la izquierda ya han endurecido hace tiempo las leyes que rigen las condiciones de vida de inmigrantes y solicitantes de asilo, que sólo por comparación semejan ¨humanitarias¨ con la política de deportación y depuración racial que propugna sin complejos el neofascismo. La democracia liberal proclama la igualdad de tod_s l_s ciudadan_s y la Declaración Universal de los Derechos Humanos como base de la identidad y la legitimidad del Estado, mas el Estado, que es organización jerárquica, desmiente esa igualdad para no atentar contra su propia naturaleza jerárquica. Este baile contradictorio entre los derechos del ciudadano y las prerogativas y el poder del Estado, al que se le da el nombre de política, es interrumpido por el neofascismo, que no reconoce garantías individuales ajenas al Estado y subordina por completo la política a los intereses del Estado-Capital, a sus hábitos depredadores los cuales, para mantener su dinámica, desembocan fatal y necesariamente en el estado de excepción y la guerra. Las democracias liberales son inoperantes porque son las parteras del neofascismo, enrocado en la competición planetaria por los cada vez más escasos recursos naturales, de ahí su desprecio por las consecuencias del ecocidio, al que hay que supeditar cualquier norma ética, así como el racismo, el antifeminismo y la homofobia son motivos parar generar una idiosincrasia propia y explotar un sentido tergiversado y domesticado de incorrección política, de ¨antisistema¨. Enumeremos de nuevo y para expresarlo con claridad cual es el programa público del neofascismo: negación del ecocidio, racismo, antifeminismo y homofobia y añadamos patriotismo, religiosidad y la culminación del proceso privatizador de los servicios sociales y las pensiones, que se inició con la complicidad de la izquierda en el poder; todo ello propagado en el contexto de una guerra cultural cruel e incesante contra servicios sociales como sanidad, educación y pensiones y hasta contra ese ecologismo falso que se refiere a sí mismo como compatible con el capitalismo y el Estado. Hemos de advertir que los servicios sociales también responden a la lógica del mal menor y no tienen que ver con la visión holística del anarquismo, que no es mera y rutinariamente científico, economicista y utilitario (¿qué sentido tendrían las pensiones en un mundo dónde todo fuera gratis?)

P.D: Nada me molestaría más que alguien considerase este texto como una contribución, siquiera crítica, al discurso de la izquierda. En todo caso esta es una crítica a la izquierda desde fuera de la izquierda.

El conflicto con orden se llama anarquía. El conflicto sin orden es el capitalismo. El primero es vida, El segundo agonía.

V.J. Rodríguez González