Antonio Arevalillo Sanz lleva más de cuarenta años preso y desde hace dos, ha sufrido cinco operaciones como consecuencia de un carcinoma nasal, a raíz de una paliza propinada en la cárcel de Zuera y el consiguiente abandono sanitario. Un cáncer que a punto ha estado de acabar con su vida y cuyo desarrollo requiere de una cuidadosa y constante observación médica, algo que se hace muy difícil estando en prisión.
En el año 2016 Antonio cumplió los tres cuartos de su condena, debiendo poder acceder legalmente a la libertad condicional.
Este 8 de mayo de 2026 nos comunican que la fiscalía se ha opuesto a la condicional
Alrededor de las 11 de la mañana de hoy algo más de una docena de personas, entre ellxs lxs dos que van a realizar un ayuno los próximos diez días Pope y Ana, se han asentado en la plaza frente al Congreso de los Diputados de Madrid, con pancartas, sacos y sillas para dar inicio a la acampada que va a constituir el punto central de la movilización colectiva contra la desatención sanitaria den las prisiones del estado español entre los días 20 y 30 de mayo.
Inmediatamente han hecho acto de presencia una docena de agentes de la Policía Nacional, que tras revisar la documentación de lxs presentes les han comunicado que no está permitida la concentración de más de 20 personas y han avisado a la policía municipal que es la competente en el control de los espacios públicos.
De momento no ha habido más problemas y la acampada prosigue con normalidad bajo una continua vigilancia policial.
Espainiar estatuko espetxeetako osasun artaketa ezaren aurkako kanpaldiaren/baraualdiaren hasiera, Madril. Maiatzaren 20-30.
Goizeko 11ak aldera dozena bat lagun inguru, tartean baraualdia burutuko duten bi lagunak (Pope eta Ana), Diputatuen Kongresuaren aurrean dagoen enparantzan kokatu dira espainiar estatuko espetxeetan presoek jasaten duten artaketa salatzeko maiatzaren 20 eta 30 bitartean burutuko den mobilizazioaren erdigunea izango den kanpaldiari hasiera emateko.
Gutxira Polizia Nazionalaren dozena bat agente agertu dira eta agiriak eskatu ostean 20 lagunetik gora biltzea debekatuta dagoela jakinarazi ostean espazio publikoen kontrolaren eskumena duen udaltzaingoari abisua eman diote. Ordutik kanpaldia aurrera doa poliziaren zaintza zorrotzpean.
¡COMUNICADO URGENTE! ¡NO A LA EXTRADICIÓN A ITALIA DEL COMPAÑERO ANARQUISTA GABRIEL POMBO!
Gabriel Pombo da Silva fue condenado en Italia, en un juicio en el que no estuvo presente, a dos años de prisión por ¨apología del terrorismo¨.
En este delirante procedimiento judicial el estado italiano le acusa y condena por unos actos ( escribir y/o debatir y/o divulgar) cometidos desde el interior de su celda en una cárcel de alta seguridad en Alemania donde cumplía condena (en Alemania opinar no es delito).
Los textos fueron difundidos en tres blogs desde 2009 a 2012.
Italia ha cursado una OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) contra Gabriel, por lo que fué detenido en Vigo el 7/12/2025 y puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, a cargo del juez Santiago J. Pedraz Gómez, ese mismo día quedó en libertad provisional.
Este juez ha accedido a la detención y entrega de Gabriel a los italianos, si bien condiciona esta última a que allí garanticen su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso, lo que allí es simplemente imposible.
Italia es un estado obsesionado con liquidar a las revolucionarias anarquistas, a quienes persigue recalcitrantemente, con quienes se ensaña y a quienes encarcela a discreción.
Arrojar a un anarquista cómo Gabriel , a quien la prensa mercenaria italiana por encargo de la policía ha bautizado cómo “el rey de los anarquistas” a las fauces de la inquisición antianarquista italica, es lo mismo que entregar a un militante palestino a Israel, o a un activista homosexual a Arabia Saudí, nadie duda del exquisito trato que recibirán.
Ejemplo, a Alfredo Cospito, anarquista preso en Italia desde 2012 y que lleva en aislamiento extremo (art. 41 bis) desde mayo de 2022, defendiéndose con duras huelgas de hambre, le han prorrogado esta infame medida este pasado treinta de abril durante otros cuatro interminables años.
El aislamiento extremo es tortura extrema.
Si a Gabriel se le lanza a las garras del sistema judicial italiano, nadie puede garantizar que regrese, ni en qué condiciones lo haga.
Nuestro compañero ha pagado con más de treinta años de cárcel su entrega desinteresada, su compromiso con la lucha por la justicia, la equidad y la libertad integrales, y ahora le quieren arrancar de entre los suyos, su compañera, su hija, para entregarle maniatado al sádico y anarcófobo estado italiano.
No lo podemos permitir!
No lo vamos a permitir!
PEDIMOS la máxima difusión de este comunicado y de toda nueva información sobre este grave asunto.
OS PEDIMOS SOLIDARIDAD.
LA CONTRATERTULIA (programa de radio anarquista al que pertenece Gabriel)
El artículo 41bis es tortura. Su renovación contra Alfredo Cospito es una decisión política punitiva que confirma la prisión como instrumento de aniquilación.
El ministro de Justicia, Carlo Nordio, ha decidido renovar el artículo 41bis para Alfredo Cospito. La medida, prevista para el 4 de mayo, fue notificada al abogado defensor Flavio Rossi Albertini y confirma la línea más dura posible: ni marcha atrás, ni revisión, ni duda. No es un tecnicismo. No es un trámite administrativo. Es una decisión política deliberada que debe llamarse por su nombre: venganza.
El artículo 41 bis no es simplemente una medida restrictiva. Es un aislamiento prolongado, privación de contacto, supresión de la libertad de expresión y la reducción de la vida social hasta el punto de la insoportabilidad. Es un régimen que consume al individuo, reduciendo la existencia a una mera supervivencia controlada. Por esta razón, durante años, juristas, observadores y organizaciones lo han descrito como una forma de tortura. No es una metáfora: es una descripción.
El caso de Alfredo Cospito obligó al país a examinar este sistema desde dentro. Seis meses de huelga de hambre, entre 2022 y 2023, rompieron el silencio. Mostraron lo que significa vivir bajo ese régimen: aislamiento casi total, relaciones reducidas al mínimo, vigilancia constante. Plantearon una pregunta simple y radical: ¿puede un Estado constitucional infligir todo esto? La respuesta de Nordio fue igualmente simple: sí, y una vez más.
Sin embargo, el hecho persiste, arraigado en la realidad. Cospito está sometido al régimen penitenciario de máxima seguridad por un ataque —el de Fossano en 2006— que no causó muertos ni heridos. La desproporción no es un detalle: es la esencia del problema. Porque el artículo 41 bis, en este caso, no sirve para impedir las conexiones operativas, sino para enviar un mensaje. Para demostrar que el Estado no retrocede. Para utilizar el cuerpo de un recluso como plataforma para afirmar su poder.
No es justicia. Es una ejecución punitiva. En el artículo 41 bis, la liberación no es un proceso de reeducación. Es rendición. Es colaboración, disociación, abnegación. Este es el verdadero mecanismo: no corregir, sino doblegar. No reintegrar, sino quebrar.
Y a medida que este régimen se renueva, se suman más privaciones. A Cospito incluso se le niega la posibilidad de leer libremente o escuchar música. Incluso el pensamiento, incluso la imaginación, incluso el espacio interior se convierten en objetos de control. Es la lógica de la aniquilación la que se vuelve total.
Todo esto choca frontalmente con el artículo 27 de la Constitución italiana. No como una fórmula abstracta, sino como un principio concreto: el castigo no puede consistir en un trato contrario a la humanidad y debe tener como objetivo la reeducación. Es difícil argumentar que un régimen basado en el aislamiento prolongado y la supresión sistemática de las relaciones pueda tener una función reeducativa.
Lo cierto es que el caso Cospito se ha convertido en un caso de prueba. Y el gobierno ha tomado partido. Nordio defiende y refuerza el artículo 41 bis. Argumenta que este modelo penitenciario no solo es legítimo, sino necesario. Está ampliando los límites de lo aceptable, normalizando lo que no debería serlo.
El problema ya no se limita al caso Cospito. El problema radica en el Estado que utiliza el castigo para aniquilar, que responde a la disidencia con un aislamiento extremo, que confunde seguridad y venganza, y que ya se está desviando de los límites constitucionales. Y cuando esto sucede, no es el preso quien está siendo juzgado, sino el sistema.
La renovación del artículo 41 bis no resuelve nada. Lo confirma todo. Confirma que los regímenes penitenciarios severos en Italia no son una herramienta excepcional. Se han convertido en un lenguaje político. Un mensaje. Una advertencia. Y esto, en un Estado constitucional, debería ser inaceptable.
