Alto al Acuerdo Global y Comercial “modernizado” entre la Unión Europea y México

Attac España suscribe el presente comunicado

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para exigir que no ratifiquen ni el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado” ni el Acuerdo Global que contiene un apartado sobre protección de inversiones y un mecanismo controversial que permite el  arbitraje inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).  

El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate y ni consulta pública. Se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Seis años más tarde, en medio de múltiples crisis y conflictos, los mandatarios europeos y mexicanos se apuran a firmar un acuerdo “modernizado” que tendrá peores consecuencias que su versión anterior, vigente desde 2000, por las siguientes razones:

1. Beneficia a los inversores extranjeros en detrimento de la población local, el ambiente y el clima.

El Acuerdo Global incluye un apartado sobre la protección de inversiones que contiene el recurso del arbitraje inversor-Estado. Este mecanismo, conocido también por sus letras en inglés: ISDS (Investor-State-Dispute Settlement) le concede a inversores extranjeros el acceso privilegiado y exclusivo a un tribunal internacional para resolver sus controversias con estados. México es el 3er país más demandado ante tribunales de arbitraje a nivel mundial. Lleva más de 500 millones de dólares gastados en laudos perdidos y costos de defensa y aún hay demandas pendientes que suman al menos 5.500 millones de dólares. El Acuerdo Global amplía los derechos del arbitraje a inversores de otros países europeos y restringe la soberanía mexicana de decidir sobre sus políticas públicas a favor de la población, del ambiente y del clima y vice versa.

2. Promueve un modelo extractivo sin fortalecer la producción local

El TLCUEM contiene un capítulo sobre recursos naturales que le impide a México poner precios diferenciales para el uso de sus minerales y recursos energéticos a nivel nacional y para la exportación. El capítulo de inversiones prohíbe la restricción del libre flujo de capitales y la imposición de los llamados requisitos de desempeño. Entonces ni los gobiernos europeos, ni el mexicano pueden obligar a los inversores del otro país a que, por ejemplo, usen un cierto porcentaje de contenido local en su producción o que transfieran tecnología y conocimiento. Sobre todo para México, país con recursos de interés para la Unión Europea, esto implica la restricción de medidas que promuevan el desarrollo económico y social a nivel  nacional y local. 

Debilita la producción agrícola mexicana

A cambio de obtener tres años más del derecho de regular su mercado energético, México eliminó aún más aranceles para la importación de alimentos a su mercado interno, sobre todo de carne y productos lácteos. Sumado a las concesiones ya dadas para la importación de más lácteos y otros productos agrícolas o alimentos procesados, esto amenaza la producción local de alimentos en México y la situación del campesinado. Además, promueve un comercio innecesario – ya que México no necesita importar ni más carne ni más lácteos para satisfacer la demanda nacional – que contribuye al cambio climático.

3. Promueve la relocalización de producción de ciertas industrias a México, sin garantizar estándares ambientales y laborales

El TLCUEM constituye el marco para que empresas europeas puedan relocalizar con más facilidad su producción a México. De hecho, muchas empresas europeas ya producen en México. La experiencia de Electrolux en Cd Juarez con su represión a los trabajadores que quieren formar un sindicato es  bien conocida. Recientemente, Volkswagen anunció el traslado de más partes de su producción de automóviles a México, donde lxs trabajadorxs ganan considerablemente menos y las leyes ambientales se implementan menos. Al mismo tiempo, la corporación anunció que eliminaría 30,000 puestos de trabajo en sus plantas en Alemania hasta 2030.

Actualmente, 50 zonas en México se encuentran en emergencia sanitaria y ambiental. La razón: la producción industrial indiscriminada. Una de las zonas más afectadas es la de Puebla-Tlaxcala donde Volkswagen y otras empresas europeas tienen sus plantas. El TLCUEM, como todos los tratados firmados por la UE, incluye solo un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible con disposiciones que no son vinculantes. El debilitamiento en la UE de la ley de debida diligencia (CSDDD) empeora esta situación.

A esto se suma que el tema de género es soslayado en el tratado aún cuando este comercio afecta directamente a muchas mujeres en México a nivel laboral y de consumo, pero también a nivel ambiental.

Estos son sólo algunos puntos preocupantes de este acuerdo. Se podría mencionar también la apertura a nivel nacional y de los estados provinciales de las licitaciones públicas a empresas europeas sin precedentes y con un impacto en la promoción de PYMES y el grave impacto sobre los derechos humanos. De hecho, la actualización del Acuerdo Global México–UE se ha realizado sin una evaluación integral de su impacto en derechos humanos. Al reducir el análisis al ámbito comercial, se oculta la responsabilidad de la relación bilateral en contextos de violaciones graves, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado o el asesinato de personas defensoras en México. Ratificar el acuerdo en estas condiciones constituye una decisión política que asume responsabilidad en la continuidad de estas violencias.

El TLCUEM y el Acuerdo Global son instrumentos que profundizan un modelo económico destructor en México y en la Unión Europea con privilegios para inversores y daños para la población. No subsanan la asimetría existente entre las dos economías, ni promueven un desarrollo sostenible o un comercio que respete los límites planetarios. Por eso, instamos a los representantes políticxs de ambos lados del Atlántico a no ratificar estos acuerdos. 

La entrada Alto TLC UE-México se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Artículo original publicado en france.attac.org por Frédéric Lemaire

Dos de los puntos fuertes de Attac, desde finales de la década de 1990 en adelante, fueron la precisión de sus análisis críticos del neoliberalismo, la globalización y la financiarización, así como la amplitud de sus propuestas para abordarlos. Attac contribuyó a refutar la idea de que no existía alternativa (el famoso TINA de Margaret Thatcher), demostrando en cambio que otro mundo era posible.

Hoy nos enfrentamos a otro dilema: el del capitalismo autoritario, que acompaña al auge de la extrema derecha, catalizado por la victoria de Trump en Estados Unidos. Se está produciendo una transformación global de nuestras economías y sociedades, aparentemente solo en oposición a la ortodoxia neoliberal.

La transformación autoritaria del capitalismo parece estar afectando a todos los sectores de la economía y la sociedad. En materia de comercio, el libre comercio y el multilateralismo superficial promovidos por el neoliberalismo se ven desafiados por el neomercantilismo de Trump (del cual los aranceles son una herramienta). Esta tendencia se acompaña de una creciente subyugación de las economías, en Europa y en todo el mundo, a las potencias hegemónicas.
Las multinacionales, desde las tecnológicas hasta las de combustibles fósiles y las industrias extractivas, colaboran estrechamente con gobiernos de derecha y ultraderecha. Ejercen presión para desmantelar las normas sociales, ambientales y sanitarias (tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, véanse los Paquetes Ómnibus ). Pero también buscan cada vez más financiación pública y posiciones dominantes que les permitan eliminar toda competencia.

En el ámbito financiero y monetario, las finanzas autoritarias y opacas, lideradas por los fondos de cobertura , están ganando cada vez más protagonismo a expensas de los mercados regulados, incluso cuando la regulación es mínima. En el ámbito monetario, las criptomonedas están abriendo nuevas vías para la privatización de la moneda, beneficiando a los gigantes tecnológicos.

Una tendencia autoritaria global

Estas transformaciones económicas forman parte de una tendencia autoritaria global: mayor represión de los movimientos sociales, políticas racistas y antimigrantes, cuestionamiento de los derechos fundamentales, el derecho internacional, los principios democráticos y la separación de poderes, aumento del gasto militar, normalización de la agresión imperial…

Aunque aparentemente contraria a la ortodoxia neoliberal, esta transformación autoritaria del capitalismo radicaliza sus principios mediante el aumento de la violencia . No se limita a ciertos países gobernados por la extrema derecha, como Estados Unidos, sino que se observa en todo el mundo. Se beneficia de las alianzas cada vez más descaradas entre la derecha y la extrema derecha.
En Estados Unidos, la segunda administración Trump y el proyecto 2025 de la Heritage Foundation, que actúa como su fuerza motriz, encarnan a la perfección la coherencia general de un proyecto autoritario y global. El nuevo poder estadounidense parece decidido a fomentar el ascenso de las fuerzas de extrema derecha en todo el mundo y, con este fin, recurre a todo tipo de injerencias.

En la Unión Europea, fue la alianza entre las fuerzas de derecha y de extrema derecha la que hizo posible, por primera vez en la historia del Parlamento Europeo, la aprobación del paquete ómnibus que socava el deber de vigilancia; la extrema derecha se encuentra en una posición de fuerza en la UE para imponer la agenda del capitalismo autoritario .

También en Francia, el centro extremo y la derecha están allanando el camino a la extrema derecha.

En Francia, los sucesivos gobiernos de los últimos años han demostrado que el proyecto de Macron es perfectamente compatible con la evolución autoritaria del capitalismo, no solo en términos de represión, sino también en cuanto al endurecimiento de las políticas a favor de los ricos, las empresas y el medio ambiente (leyes presupuestarias, el caso Duplomb, etc.). En varias ocasiones, el partido de Macron, la derecha y la Agrupación Nacional han votado conjuntamente a favor de medidas reaccionarias . Al hacerlo, el centro extremo y la derecha allanan el camino para que la extrema derecha llegue al poder. Su sumisión a los ultrarricos, incluido Bernard Arnault, quien ha expresado su simpatía por Donald Trump , contribuye a esta permeabilidad.

En otras palabras, el capitalismo autoritario no es un modelo alternativo marginal; se está consolidando como un modelo con ambiciones hegemónicas . En la década de 2000, Attac y el movimiento antiglobalización contribuyeron a construir un análisis crítico, a unir movimientos de resistencia y a desarrollar propuestas y modelos alternativos frente a la globalización neoliberal. En el período crucial que estamos viviendo, nuestra organización debe volver a desempeñar este papel de desarrollo y unión contra la transformación autoritaria del capitalismo.

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Fotografía: Imagen del sistema de pagos brasileño PIX PIX

Artículo original publicado en eldiario.es por Bernardo Gutiérrez

En julio de 2025, unos días después de que Donald Trump anunciara el tarifazo del 50% a Brasil, el presidente brasileño, Lula da Silva, divulgó en sus redes un mensaje con una frase: “O PIX é nosso, my friend”. PIX, el sistema público de pagos digitales desarrollado por el Banco Central de Brasil (BCB), estaba en el epicentro de la disputa comercial entre los dos países. Un día antes del post de Lula, la agencia federal responsable de la política comercial internacional del gobierno estadounidense había incluido a PIX en su investigación por “perjudicar la competitividad de empresas estadounidenses que actúan en esos sectores”, en alusión velada a las corporaciones de tarjetas de crédito VISA y Mastercard, a las que PIX ha arrebatado el liderazgo de los pagos electrónicos en Brasil.

Una semana después del tarifazo de Trump, el premio Nobel de economía Paul Krugman escribió un artículo en defensa de PIX, tecnología que definió como el dinero del futuro del mundo: “Las transacciones en PIX son casi instantáneas (tardan 3 segundos, frente a los dos días de las tarjetas de débito y 28 de las tarjetas de crédito). Los costes son bajos: el sistema es gratuito para personas físicas y cobra apenas el 0,33% del valor transferido para empresas (frente al 1,13% de la tarjeta de débito y el 2,34% de las de crédito)”.

En su texto, Paul Krugman destacaba que PIX “parece estar substituyendo rápidamente tanto el dinero como las tarjetas”. En efecto, el dinero físico casi ha desaparecido de Brasil. En las tiendas nadie tiene cambio. Apenas el 6% de los brasileños usa billetes y monedas, frente al 90,9% que utiliza PIX. En 2025, PIX pulverizó todos los récords: 35,32 billones de reales en transacciones (58,69 billones de euros) y 63.500 millones de operaciones. Además, PIX está incorporando nuevas funcionalidades, como el pago automático de la cuenta de la luz, el agua o Internet, entre otras cosas. “Como medio de pago preferido de los brasileños, PIX ha mostrado ser práctico, rápido y más seguro, especialmente evitando la necesidad de sacar dinero en los cajeros de los bancos”, explica a elDiario.es Frederico Glitz, abogado especialista en derecho internacional, fundador de Glitz & Gondim Consultoría Jurídica. Por si fuera poco, PIX va consolidándose como medio de pago en el mundo empresas. Las transacciones entre personas y empresas han aumentado del 30% a finales de 2022 al 55%, informa el Banco Central de Brasil a este medio.

PIX muere de éxito. Y su proyección internacional, a pesar de Donald Trump, es imparable: se prepara una especie “PIX internacional” (Proyecto Nexus) y una expansión de PIX al universo económico de los BRICS, el bloque de economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que busca contrapesar la influencia financiera y política de Occidente. 

Sistema público

Krugman destacaba en su artículo el carácter público de PIX: “La industria financiera de Estados Unidos no permitiría nunca que un sistema público compita con sus servicios, especialmente si el sistema público es superior”. Aunque otros países de los BRICS tienen sistemas de pago electrónico parecidos a PIX (SBP en Rusia, UPI en India, WeChat Pay en China), ninguno es 100% público. Por su parte, el Bizum de España fue lanzado por un consorcio de bancos. En la mayoría de los casos, las operadoras privadas acaban siendo favorecidas. En el UPI indio, la participación de empresas privadas acabó provocando la concentración de los pagos instantáneos en multinacionales como Google o Walmart.

Carlos Eduardo Brandt, considerado el padre del PIX, que en 2025 dejó el Banco Central do Brasil (BCB) para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), considera imprescindible el carácter público de los sistemas de pago. “Para alcanzar un ecosistema de pagos realmente inclusivo, lo más apropiado es tener un agente neutro. En el caso brasileño, el agente neutro por excelencia es el Banco Central de Brasil”, aseguró Brant a la BBC. 

Para la economista Carla Beni, profesora de la Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), la administración Trump está incomodada con PIX porque no solo compite con las empresas de tarjetas de crédito, sino con las big tech, las grandes tecnológicas. “Sustituye gran parte del uso de tarjetas de débito y de crédito, especialmente tras el lanzamiento de servicios como PIX crédito (crédito) o Pix parcelado (pagar a plazos). También hubo reclamaciones de que el Banco Central habría impuesto barreras al WhatsApp Pay, algo que fue muy bueno para PIX y para Brasil, y eso acabó impactando negativamente también a Apple Pay y Google Pay”, asegura Beni en una conversación con elDiario.es.

¿Hacia un PIX global?

Una de las funciones de Carlos Eduardo Brandt como Experto Senior del Sector Financiero del FMI es estudiar cómo PIX puede aplicarse en una escala global. Simplificar los pagos instantáneos entre diferentes países es uno de sus cometidos. Los intermediarios bancarios están en el punto de mira. Con la instauración de un PIX global, 45.000 millones de dólares retenidos por las empresas de envío de remesas internacionales podrían volver a los más pobres, según Tobias Adrian, director del departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI.

Brandt ha acompañado de cerca el sistema que pretende intercomunicar el sistema de pago de los dieciséis países de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y el Proyecto Nexus, bautizado como el “PIX internacional”, que ya está siendo implementado en cinco países asiáticos (India, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia). Carla Beni considera que 2026 es el año de transición en el que PIX va a pasar de ser un sistema de efectuar pagos domésticos para ser una herramienta de integración global y geopolítica. La especialista cita como referencia el Proyecto Nexus, del Banco de Compensaciones Internacionales (BIS). “Va a interconectar los sistemas de pagos instantáneos de más de sesenta países, incluso algunos como Italia, de la zona euro”, matiza.

Frederico Glitz considera que, al margen de decisiones geopolíticas, la expansión internacional de PIX ya está en marcha. “El consumidor brasileño ya encuentra establecimientos extranjeros que aceptan PIX, porque permite una mayor simplificación de operaciones internacionales”, sostiene Glitz. En Argentina, existen incluso aplicativos como Belo o PagBrasil que ya permiten pagar vía PIX. Carla Beni también destaca el crecimiento del PIX en el exterior por medio del sector privado. “Algunos establecimientos comerciales en Portugal, Italia, Francia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y España también aceptan pagar con códigos QR vía PIX, con conversión inmediata para el real brasileño”, afirma Beni.

Por si fuera poco, para desconsuelo de Trump, PIX ha sido el primer sistema de pagos digitales que tiene la tecnología lista para conectarse al sistema de pago BRICSPay, una especie de “

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Fotografía: La vacuna del Oeste. En Barrio del Oeste. Salamanca

Cómo la industria obstaculiza la regulación de las sustancias químicas tóxicas

Informe publicado por CIEL (Center for International Enviromental Law) y Corporate Europe Observatory

La contaminación por sustancias químicas tóxicas es una crisis que afecta al mundo entero. ¹ Se han identificado en total 350.000 sustancias químicas y mezclas diversas en los inventarios de los países y regiones, ² y las pruebas demuestran que muchas de las sustancias químicas industriales son dañinas para la salud de las personas. ³

A pesar de que existe cada vez mayor evidencia de la presencia de sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente y en el organismo humano, las brechas regulatorias aún abundan. ⁴ Si bien existen diversas razones que explican esta situación, un factor clave que contribuye a la brecha regulatoria es el uso de diferentes tácticas engañosas por parte de los fabricantes para seguir produciendo y comercializando productos tóxicos.

Dese el tabaco a los combustibles fósiles, del plástico a las sustancias químicas, hay un largo historial de intereses corporativos y de sus aliados que emplean tácticas engañosas para evitar la regulación de los productos dañinos. A continuación, se enumeran algunas de las tácticas más habituales: ⁵

• No divulgación de información que evidencia efectos perjudiciales: cuando una investigación interna de una empresa revela información perjudicial sobre sus productos, en muchas ocasiones dicha información no se comparte con el público en general, ni con los reguladores, o se oculta adrede. ⁶
• Menoscabo de la ciencia independiente y realización de investigaciones que favorezcan a los intereses corporativos: se financia a los académicos para que promuevan hallazgos amigables para la industria, se seleccionan las conclusiones por conveniencia y se refuerzan los hallazgos amigables en el discurso público o con vistas a influir en los procesos legislativos; ⁷ se critica el diseño de estudios independientes o se vuelven a analizar datos sobre la base de parámetros nuevos a fin de obtener resultados que respalden las pretensiones respecto de la inocuidad de sus productos; ⁸ se realizan análisis que inducen al error a modo de generar soluciones engañosas; ¹⁰ no se revelan las fuentes de financiamiento de la industria ni los conflictos de interés en las investigaciones académicas. ¹¹
• Señalamiento de «otras causas» como generadoras de los daños: se desvía la culpa de un producto o de una industria mediante la cita de otras causales alternativas para los impactos negativos. ¹²
• Intimidación de científicos independientes que son usados como blanco de críticas: se desacredita a determinados autores y se acosa e intimida a científicos que publican estudios que echan luz sobre los impactos en la salud de un producto industrial específico. ¹³
• Desarrollo de campañas de RR.PP.: se difunden mensajes en favor de la industria para redefinir la narrativa en torno a los productos. ¹⁴
• Utilización de grupos fachada: se financian grupos de base falsos (una práctica que se conoce como «astroturfing») y se reclutan participantes para darle credibilidad a las narrativas amigables para la industria y promoverlas. ¹⁵
• Aprovechamiento de vacíos legales o engaño al sistema: se identifican y aprovechan las lagunas en la legislación, mediante una elusión deliberada de las normas, o una conspiración dentro de la industria para evitar la regulación. ¹⁶
• Énfasis en los costos económicos por sobre todos los demás: se manipulan datos para distorsionar los análisis de beneficios en función de los costos, lo que lleva a una sobreestimación de los costos de la regulación y una subestimación de los beneficios. ¹⁷

Cuando la industria genera dudas, realiza cabildeos con los reguladores y políticos, y presenta de forma engañosa sus productos como «seguros» a fin de demorar, limitar o impedir la regulación en el ámbito nacional, regional o global, lo hace a expensas del medio ambiente y de la salud de las personas. ¹⁸

A menudo las empresas se presentan como socios esenciales en la formulación de las políticas ¹⁹ ya que tienen acceso exclusivo a los datos sobre las sustancias químicas que utilizan, y en muchas ocasiones alegan la «confidencialidad». ²⁰ Sin embargo, los registros históricos indican un patrón de participación deshonesta en los procesos de políticas y de regulación mediante el ocultamiento de datos y su manipulación, o a través de intentos por desacreditar la ciencia independiente que da a conocer los daños que pueden generar sus productos. El secreto y la confidencialidad comerciales no deben usarse como excusas para integrar a los fabricantes y cabilderos en los procesos de formulación de políticas y en los órganos de toma de decisiones. Las empresas y sus asociaciones comerciales no deben tener la posibilidad de influir en la formulación de políticas respecto de las sustancias dañinas que fabrican, ni tampoco en el marco más amplio de políticas sobre sustancias químicas. Las instituciones deben desarrollar políticas sólidas sobre conflicto de intereses a fin de salvaguardar la formulación de políticas de aquellos intereses ya creados.

Los siguientes cuatro estudios de caso ilustran algunas de las tácticas que se describieron más arriba.

Estudios de Caso

No divulgación de información que evidencia efectos perjudiciales: sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS)

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por su sigla en inglés, también conocidas como «sustancias químicas eternas») pertenecen a un grupo de más de 10.000 ²¹ sustancias químicas sintéticas cuya principal propiedad de ‘persistencia’ se deriva de los fuertes enlaces entre el carbono y el flúor. En el marco del Convenio de Estocolmo, algunas PFAS se han identificado globalmente como Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), en tanto muchas otras con una persistencia similar e igual de preocupantes no se encuentran incluidas en la lista. ²² Las PFAS tienen propiedades impermeables, antigrasa y resistentes al fuego, por lo que se utilizan ampliamente en la industria y en productos profesionales y de consumo, desde maquinaria hasta impermeables para la lluvia. Pero es enorme el precio que se paga por ello en la salud humana y animal, así como en el medio ambiente, y algunos lo consideran uno de los problemas de salud pública y ambiental más urgentes del mundo moderno. ²³ Es muy probable que se identifiquen otros problemas para la salud humana y ambiental cuando se continúe con las investigaciones de esta clase de sustancias químicas. ²⁴

Existe cada vez más evidencia sólida, aportada por científicos independientes, de que la producción de PFAS debería regularse y restringirse. Las PFAS son sumamente problemáticas debido a su alta persistencia, ²⁵ lo que brinda una «base suficiente para su regulación.» ²⁶ Ya se ha comprobado que algunas PFAS son tóxicas y se las asocia con efectos que alteran el funcionamiento endocrino, también con la carcinogenicidad, toxicidad para el sistema reproductivo, efectos sobre el sistema inmune, y el metabolismo de los lípidos. ²⁷ La investigación además demuestra que la contaminación por PFAS no puede eliminarse durante determinados momentos clave de su ciclo de vida, ni tampoco durante la fabricación de algunas de las PFAS más controvertidas (por ejemplo, los fluoropolímeros), ²⁸ ni al finalizar dicho ciclo, durante el proceso de incineración tradicional. ²⁹ Además, queda claro que resultarían prohibitivos los costos de eliminar las PFAS de nuestros cuerpos ³⁰ o del medio ambiente. ³¹ Por otro lado, aún no existen tecnologías de limpieza totalmente efectivas y escalables.

Desde fines de la década de los noventa, los tribunales de los Estados Unidos obligaron a los principales productores de PFAS a revelar información sobre su toxicidad, aunque durante décadas habían ocultado la evidencia para evadir y luchar contra la regulación. ³² Los análisis académicos de documentos antaño secretos de productores de PFAS como DuPont y 3M demuestran que para el año 1970, las empresas sabían que estas sustancias químicas resultaban «altamente tóxicas cuando se inhalaban y moderadamente tóxicas cuando se ingerían.» ³³ Esto sucedió cuarenta años antes de que la comunidad de salud pública tuviera conocimiento de los daños que causaban dichas sustancias. ³⁴ Estos documentos además demostraron que los fabricantes utilizaron «diversas estrategias que se aplicaban también al tabaco, la industria farmacéutica y otras industrias para incidir en la ciencia y la regulación en particular, mediante la supresión de la investigación desfavorable y la distorsión del discurso público.» ³⁵ En consecuencia, se demoró significativamente la acción a nivel regulatorio. ³⁶ De igual modo, las investigaciones han demostrado que Arkema, un importante productor francés de sustancias químicas, cuyos productos incluyen PFAS, conocía los daños que producían estas sustancias desde al menos finales de los noventa y podrían haber limitado su propagación al medio ambiente diez años antes de que se tomara acción al respecto. ³⁷

Cuando la regulación de algunas PFAS resultó inevitable, la industria financió su propia ciencia para justificar sus demandas de exenciones respecto de clases enteras de PFAS para que no quedasen sujetas a la regulación. El Proyecto «Forever Lobbying» (cabildeo eterno) una investigación interdisciplinaria transfronteriza que se lanzó en 2025- reveló la importancia de dos artículos científicos muchas veces citados, ³⁸ cuyos autores eran consultores del sector industrial o empleados de las empresas fabricantes de fluoropolímeros. Se aprovecharon estos artículos para respaldar las pretensiones de la industria que sostiene que los fluoropolímeros deben exceptuarse de la regulación ya que son demasiado grandes para penetrar en las células o causar daños. ³⁹ Afirman que los fluoropolímeros son «Polímeros que generan poca preocupación» conforme los criterios establecidos por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). ⁴⁰ En realidad, la OCDE nunca ha acordado tales criterios, ⁴¹ y puede sostenerse que afirmar lo contrario fue «de dudosa honestidad». ⁴²

Tal como informó en 2024 la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB, por su sigla en inglés), a pesar de que las empresas tenían conciencia de la persistencia de las PFAS y de sus potenciales peligros, «no informaron como correspondía al público ni a los reguladores» y «contribuyeron de un modo significativo a la propagación descontrolada de PFAS a través de varios ambientes y poblaciones.» ⁴³ En la actualidad, y a pesar de la crisis de contaminación por PFAS, la regulación sigue siendo claramente irregular. El Convenio de Estocolmo que regula los COP ayudó a la eliminación gradual de algunas PFAS ⁴⁴ luego de años de oposición por parte de la industria. Sin embargo, con posterioridad a la reglamentación de una sustancia química, las empresas, en general, la reemplazan con alguna PFAS similar o con sustancias que se degradan en PFAS (un proceso que se conoce como ‘sustitución lamentable’). ⁴⁵

En el ámbito de la UE, se intenta hoy en día desarrollar una restricción amplia que cubra casi todas las PFAS a fin de evitar las sustituciones lamentables. ⁴⁶ Sin embargo, el proceso se enfrentó a múltiples desafíos que debilitan los esfuerzos por regular y prohibir las PFAS. Existe evidencia de que la industria tiene un acceso privilegiado a los encargados de tomar las decisiones, ⁴⁷ de que promueve «un temor engañoso, exagerado o potencialmente deshonesto» mediante el cabildeo a través de mensajes sobre la ciencia, las alternativas y la economía, ⁴⁸ y que impulsa soluciones derivadas de la industria para la crisis de contaminación por PFAS. ⁴⁹

Existen daños a partir de las PFAS bien documentados y los responsables de tomar las decisiones cuentan con una justificación clara y urgente para regularlas. La industria tiene intereses creados para defender el statu quo. Ha demostrado que está dispuesta a esconder la verdad, a auspiciar la ciencia, a difundir información engañosas y estrategias de manipulación, y a luchar contra las iniciativas regulatorias y de políticas que podrían proteger el medio ambiente y la salud humana del daño causado por sus productos.

Menoscabo de la Ciencia Independiente: Bisfenol A (BPA)

Los bisfenoles son un tipo de sustancia química utilizada para producir polímeros y resinas. ⁵⁰ El Bisfenol A (BPA) sea tal vez el bisfenol más conocido, ⁵¹ una sustancia química disruptiva del sistema endocrino que interfiere con la función hormonal. ⁵² Otro uso importante que se le da al BPA es en la fabricación de policarbonato plástico que se utiliza habitualmente para el envasado de alimentos, por ejemplo, las botellas para bebidas, y el revestimiento de latas de metal. ⁵³ En un primer lugar, allá por la década de 1930, ⁵⁴ se halló que imita al estrógeno y, desde entonces, se han documentado muchos efectos sobre la salud, incluidos los impactos sobre el sistema reproductivo y el metabolismo, ⁵⁵ no siendo esta enumeración taxativa. El BPA también puede tener efectos inmunotóxicos e incidir en el neurodesarrollo, ⁵⁶ aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y cánceres relacionados con lo hormonal y, además, puede afectar la fertilidad. ⁵⁷ Algunos efectos inclusive pueden pasar de una generación en otra. ⁵⁸ Un análisis de 2020 que evalúa 20 años de investigaciones sobre el BPA halló que hay «una abrumadora evidencia del daño» que produce a la salud humana la exposición al BPA, inclusive en dosis bajas. ⁵⁹

Un estudio de biomonitoreo de 2023 encontró que un 92% de los adultos en 11 países europeos presentaban BPA en la orina, lo que indica que muy probablemente esté presente en la mayoría de las personas. ⁶⁰

Los intereses comerciales detrás del BPA actúan a la defensiva y cuestionan la ciencia independiente que respalda su regulación. Por ejemplo, en la Unión Europea, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, por su sigla en inglés) agregó el BPA a la lista de candidatas para ser consideradas Sustancias Extremadamente Preocupantes (SEP), actualizando el listado en diversas etapas a fin de incluir las propiedades tóxicas para la reproducción y aquellas endocrino-disruptivas con posibles efectos severos sobre la salud humana, además de los efectos de los disruptores endocrinos en el medio ambiente. La asociación de comercio e industria del plástico en Europa, que lleva el nombre de PlasticsEurope, le inició juicio a ECHA en ocasión de las tres actualizaciones efectuadas y ha perdido siempre. ⁶¹

En la causa PlasticsEurope c. ECHA (Caso T-636/17), que tramitó ante el Tribunal General de la Unión Europea respecto de las propiedades de los disruptores endocrinos que afectan a las personas, la industria cuestionó de diversos modos los estudios científicos utilizados por ECHA para su toma de decisiones. PlasticsEurope argumentó que la Autoridad de Inocuidad Alimentaria (EFSA, por su sigla en inglés) había señalado que algunos de los estudios tenían limitaciones o eran poco fiables. ⁶² Sin embargo, la evaluación de EFSA tenía otro alcance, al evaluar el riesgo relacionado con un uso en particular en lugar de abordar los peligros intrínsecos de la sustancia, por lo que los reclamos sobre las limitaciones no resultaron relevantes conforme lo que argumentaba PlasticsEurope. ⁶³ También afirmaban que no se les daba la debida importancia a ciertos estudios ni se los tomaba en cuenta y que dichos estudios no respaldaban las conclusiones de ECHA. ⁶⁴ La sentencia del Tribunal indicó que numerosos estudios demuestran los efectos adversos sobre los ciclos hormonales, algo que la industria no abordó en su demanda; que muchas de las críticas ya se habían tratado en el proceso de análisis a los fines de actualizar el listado del BPA; y que no impugnaba esas respuestas. ⁶⁵

De todos modos, algunos países y regiones con determinados regímenes políticos han regulado con éxito ciertas aplicaciones del BPA, y otros se encuentran en el proceso de hacerlo. Por ejemplo, Canadá, los Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Suecia, Bélgica, el bloque comercial del MERCOSUR, China y Corea del Sur, cuentan con diferentes normas para el BPA presente en algunos o en todos los materiales que entran en contacto con los alimentos para bebés y niños, ⁶⁶ y la UE adoptó recientemente una prohibición más amplia del BPA en materiales que entran en contacto con alimentos. ⁶⁷ El Reino Unido se encuentra en proceso de considerar su regulación y la Agencia de Normas Alimentarias realiza consultas para proponer una prohibición respecto del BPA y otros bisfenoles en los materiales que entran en contacto con los alimentos. ⁶⁸ Habiendo dicho esto, muchas de las normas resultan insuficientes y limitadas en cuanto a su alcance.

El BPA también fue un tema que se abordó en las negociaciones en curso para contar con un Tratado Global sobre Plásticos. Existen varias propuestas para un listado global de sustancias químicas a ser reguladas que incluye el BPA, y los productos que lo contienen, en particular, juguetes, productos para niños y materiales que entran en contacto con los alimentos para niños menores de tres años, y que también son parte de las propuestas para la eliminación gradual de una lista de productos. ⁶⁹ Cada una de estas propuestas, así como otras que apuntan a prohibir el uso de sustancias químicas tóxicas en los plásticos fueron resistidas por los grupos industriales, ⁷⁰ cuya presencia ha sido bien documentada en las negociaciones del tratado sobre plásticos. ⁷¹

Establecimiento de Grupos Fachada: Benceno

El benceno es una sustancia química que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Desde hace tiempo, se sabe que tiene efectos graves para la salud, con informes que lo vinculan desde la década de 1890 con la anemia aplásica (una afección severa de la sangre), e informes que lo relacionaban con la leucemia ya en la década de 1920. ⁷² Existe hoy en día una evidencia clara del vínculo causal entre el benceno y la leucemia mieloide, así como asociaciones positivas con otros tipos de leucemia y de cáncer de la sangre. ⁷⁴ El benceno también es genotóxico, lo que significa que daña el ADN, siendo sus principales efectos la clastogenicidad (daño estructural a los cromosomas) y la aneugenicidad (número anormal de cromosomas). ⁷⁶

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado al benceno en el Grupo 1, «carcinogénico para los seres humanos» e indica que hay evidencia suficiente de que produce cáncer en los humanos, en una clasificación que existe hace décadas. ⁷⁷ En la UE, el benceno se clasifica como un carcinógeno 1A en la Directriz de Clasificación, Etiquetado y Envasado. ⁷⁸ En los Estados Unidos, se encuentra regulado en el marco de la Ley de Aire Limpio como «Contaminante Peligroso para el Aire». ⁷⁹

El benceno se encuentra estrechamente vinculado a los combustibles fósiles ya que está presente en productos petrolíferos como la gasolina y se libera durante la producción de plásticos. ⁸⁰ En tanto un análisis del American Petroleum Institute de 1948 llegó a la conclusión de que «la única concentración de benceno absolutamente segura es cero», ⁸¹ la industria intentó limitar la regulación del benceno, incluso a través de Concawe (Conservación del Aire y Agua Limpios en Europa), un grupo de investigación creado por empresas petroleras en 1963 para «llevar a cabo investigaciones sobre temas ambientales relacionados con la industria petrolera». ⁸² Concawe se opuso al establecimiento de límites de exposición ocupacional más firmes para el benceno en Europa e intentó incidir en la clasificación de IARC que sostenía que los gases de escape diésel eran cancerígenos para los seres humanos, así como en la evaluación de riesgos del benceno realizada por ECHA. En 2017, Concawe encargó un proyecto para volver a analizar los datos sobre el impacto del benceno a niveles de exposición bajos y presentó los resultados a ECHA. Se excluyeron «datos críticos, lo que imposibilitaba la observación del comportamiento ante dosis bajas», conforme lo indicó un experto en salud ambiental. ⁸³ Este informe se incluyó en el análisis de ECHA, pero en marzo de 2018, el Comité de Evaluación de Riesgos (CER) finalmente recomendó un límite de 0,05 ppm.

Durante dicho proceso y una vez publicada la recomendación, Concawe continuó oponiéndose a las conclusiones del órgano científico de la UE mediante el envío de una carta a la presidencia del CER en noviembre de 2017 donde expresaba sus inquietudes y proponía un límite de 0,5 ppm durante tres años, para luego llegar a 0,25 de allí en más, conforme un documento de posición del mes de marzo de 2019, seguido de una reunión en abril de 2019 con un órgano de la Comisión Europea. ⁸⁴ En última instancia, la UE prestó su acuerdo a una propuesta casi idéntica, mediante la adopción de límites de exposición de 0,5 ppm de abril de 2024 a 2026, y un límite algo más estricto de 0,2 ppm de allí en adelante. La Comisión Europea presentó esto como «la opción más equilibrada entre una protección adecuada de los trabajadores en la UE y la prevención del cierre y otras desventajas severas para las industrias.» ⁸⁵ Ello ilustra más que nada el papel y el poder de los grupos fachada y de las estrategias de desinformación de la industria al menoscabar las políticas y la regulación que buscan proteger la salud humana y el medio ambiente.

Combinación de Estrategias de Desinformación: Plaguicidas

Existe un amplio consenso científico de que los plaguicidas juegan un papel clave para lograr una disminución en la cantidad de insectos, lo que incluye los polinizadores que resultan vitales para nuestra provisión de alimentos. ⁸⁶ Los actores de la industria han empleado una serie de tácticas para asegurar que sus productos, incluidas muchas clases de plaguicidas, permanezcan en el mercado. En particular, ha estado en el candelero el grupo de neonicotinoides (también conocido como neónicos o NNI), uno de los insecticidas de uso más generalizado. Los neonicotinoides atacan el sistema nervioso central de los insectos y es habitual su uso en tratamientos sistémicos, incluidos los revestimientos de las semillas. A medida que la planta absorbe en forma gradual el insecticida, los insectos se encuentran expuestos en forma constante. En la UE, el primer insecticida neonicotinoide fue autorizado en 2005. ⁸⁷ Para el año 2012, la nueva evidencia científica llevó a la Comisión Europea a solicitarle a EFSA que analice los riesgos asociados al uso de clotianidina, imidacloprid y tiametoxam en abejas. ⁸⁸ Los estudios también señalaron daños relevantes para la salud humana a partir de estas sustancias. ⁸⁹

En 2013, la EFSA publicó un Documento de Orientación sobre la evaluación de riesgos en relación con los efectos de los plaguicidas en las abejas («Documento de Orientación sobre las Abejas»), ⁹⁰ así como un Dictamen Científico en la que EFSA concluyó que los tres neonicotinoides (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam) representan un riesgo severo para las abejas. ⁹²

En respuesta al Dictamen sobre los tres neonicotinoides, Syngenta, el desarrollador y mayor productor de tiametoxam, ⁹³ solicitó una revisión. En una carta del año 2012 a la Comisión Europea, ⁹⁴ la empresa planteó que los neonicotinoides «no dañan la salud de las poblaciones de abejas», aun cuando el Documento de Orientación sobre Abejas se basó en numerosos estudios publicados antes de dicho año. Bayer, otra empresa química que produce neonicotinoides, ⁹⁵ encargó a «un panel de científicos especializados en abejas» su propio análisis del Dictamen de EFSA. En realidad, los científicos fueron parte de un panel que incluía a la empresa Exponent, ⁹⁶ defensora de productos.

David Michaels, profesor del Departamento de Salud Ambiental y Ocupacional de la Universidad George Washington, afirma que las corporaciones contrataron empresas de defensa de productos para ayudarlos a crear incertidumbre científica sobre posibles daños causados por sus productos. ⁹⁷ Exponent sostuvo que EFSA «sobreestima los riesgos para las abejas melíferas» y no señaló los plaguicidas sino otras causas como, por ejemplo, «un mantenimiento inadecuado de las colmenas.» ⁹⁸ Este análisis se realizó junto con una campaña de cabildeo masivo por parte de los productores Bayer y Syngenta, y la amenaza de acciones judiciales por parte de Syngenta. ⁹⁹

La UE finalmente prohibió en 2018 el uso al aire libre en la UE de los tres neonicotinoides imidacloprid, clotianidina y tiametoxam-. ¹⁰⁰ Sin embargo, la prohibición se ve constantemente socavada ¹⁰¹ por un vacío legal que permite exenciones en el ámbito nacional. Del mismo modo, el Documento de Orientación sobre Abejas de la EFSA (publicado en 2013) ha experimentado muchas demoras en su implementación. Croplife Europe ¹⁰² le escribió a la Comisión Europea expresando su oposición al Documento por su «nivel irrealista de conservadurismo,» ¹⁰³ y muchos países de la UE bloquearon su implementación, repitiendo los argumentos de la industria. ¹⁰⁴ Las empresas ahora piden un mayor involucramiento de la industria ¹⁰⁵ «en todas las etapas» del desarrollo de documentos de orientación de la UE.

Surgió otra estrategia cuando Dow y Bayer lanzaron en el mercado de la UE dos insecticidas nuevos, sulfoxaflor y flupiradifurona. Estas sustancias químicas tienen el mismo mecanismo de acción que los neonicotinoides. Ahora bien, en 2012, ¹⁰⁶ Dow y Bayer crearon dos categorías nuevas de insecticidas para caracterizarlos de un modo diferente. Las dos sustancias químicas se prohibieron en Francia a partir de 2018 ¹⁰⁷ debido a su mecanismo de acción idéntico a los neonicotinoides. En contradicción con la evidencia científica, Bayer sigue vendiendo y elogiando los plaguicidas sobre la base de flupiradifurona ¹⁰⁸ debido a que son «ambientalmente amigables para las abejas melíferas y para los abejones y para la mayoría de los insectos beneficiosos.»

Un elemento clave en las estrategias de algunas empresas productoras de plaguicidas para lograr que se autorice su producto son los intentos frecuentes por ignorar o descalificar evidencia independiente, revisada por pares y que surge de la evaluación regulatoria, ¹⁰⁹ solo permitiendo que se considere única o principalmente la ciencia proveniente de la industria. ¹¹⁰ Por ejemplo, las autoridades utilizan la escala de puntuación de Klimisch para evaluar la fiabilidad de los estudios toxicológicos. Este sistema lo desarrollaron tres empleados de BASF y se ha utilizado para descartar los estudios independientes. ¹¹²

Se ha inclusive demostrado que algunas empresas productoras de plaguicidas tratan de incidir en las evaluaciones científicas a los fines regulatorios mediante estudios fantasma (una táctica considerada como fraude científico). Tres ejemplos para destacar en cuanto a los escritos fantasma se relacionan con Monsanto y el glifosato (el ingrediente activo en RoundUp). En el año 2000, se publicó en la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology una evaluación de inocuidad y una evaluación de riesgo de RoundUp donde se sostiene que «no hay ningún indicio preocupante para la salud humana.» ¹¹³ El artículo que se conoce como el de Williams, Kroes, y Munro fue citado como evidencia de la inocuidad del glifosato durante dos décadas y fue apuntalado por numerosas normas aún después de que un juicio de 2017 sacase a la luz correos electrónicos que sugieren que los empleados de Monsanto fueron los autores fantasma de dicho documento. ¹¹⁴ Finalmente, el artículo fue retractado en 2025, ¹¹⁵ con posterioridad a un artículo científico de Kaurov y Oreskes. Sin embargo, tal como lo señalaron estos autores, el retiro del artículo «no borrará 25 años de influencia.» ¹¹⁶ Existe evidencia de que un segundo documento que se publicó como el de ‘Kier & Kirkland 2013,’ también había sido en parte un artículo fantasma y, desde su publicación, no ha sido retractado. ¹¹⁷ En Kier & Kirkland, los correos electrónicos y documentos internos de la empresa demostraron que un empleado de Monsanto fue señalado en primera instancia como autor y luego eliminado antes de su publicación. ¹¹⁸ Esta misma táctica se repitió en otro artículo sobre glifosato que se centraba en impactos en el sistema reproductivo, en el cual el empleado de Monsanto fue eliminado de la lista de autores. ¹¹⁹

Conclusión y Recomendaciones

La evaluación de riesgos y la prevención de los daños a la salud humana y al medio ambiente derivados de las sustancias químicas constituyen el eje central de su gestión. La evidencia histórica demuestra que muchas empresas que fabrican estos productos minimizan, tergiversan o manipulan la información científica sobre los peligros de sus productos para resistirse a la regulación o demorarla. La protección de la salud y el medio ambiente requiere tener en cuenta este hecho comprobado y actuar en consecuencia.

Con ese fin, se debe prohibir la participación en los procesos regulatorios a aquellas empresas que fabrican, introducen en el mercado, venden, utilizan y comercian sustancias reguladas (en especial sustancias químicas, plaguicidas y plásticos) que pueden causar daños al medio ambiente y/o a la salud. Estas empresas y las asociaciones comerciales afines no deberían poder influir en la formulación de políticas sobre las sustancias peligrosas que fabrican, ni tampoco incidir en el marco más amplio de políticas sobre productos químicos. En tanto deberían poder participar en consultas públicas o audiencias, o responder a solicitudes oficiales de información sobre sus productos, no deberían poder ejercer presión en privado sobre los encargados de formular las políticas, ofrecerles atenciones, ni gozar de otro tipo de acceso informal o tras las bambalinas. Este enfoque no sería inédito. Tras constatar que la industria tabacalera socava de manera sistemática la toma de decisiones de interés público en materia de salud, las autoridades de salud pública actuaron, y la OMS adoptó normas para ayudar a garantizar que la industria del tabaco no participe en la elaboración de políticas de salud pública. ¹²⁰

A fin de hacer cumplir lo antedicho, es fundamental que existan normas y procedimientos claros sobre conflictos de interés en los espacios de formulación de políticas y en los ámbitos científicos a nivel internacional, regional y nacional. Las autoridades del sector público también deberían implementar normas sobre transparencia que exijan la divulgación de cualquier reunión de cabildeo mantenida con la industria química. Resulta decisivo que los funcionarios establezcan con urgencia canales científicos sólidos, bien financiados y totalmente independientes que sirvan de base para la toma de decisiones sobre la regulación de sustancias químicas, a fin de evitar la dependencia de datos que son proporcionados por la industria.

Bibliografía complementaria:

Libros:

• Oreskes, Naomi and Erik M. Conway. «Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming.» Bloomsbury Press, 2010.
• Michaels, David. «Doubt Is Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health.» Oxford University Press, 2008.
• Foucart, Stephane, Stephane Horel, and Sylvain Laurens. «Les gardiens de la razón – Enquête sur la désinformation scientifique.» La Decouverte, 2020.

Artículos académicos:

• Evans-Reeves, Karen A., Britta K. Matthes, Phil Chamberlain, Nino Paichadze, Anna B Gilmore, and Melissa Mialon. «Intimidation against advocates and researchers in the tobacco, alcohol and ultra-processed food spaces: a review.» Health Promotion International 39 no. 6, (2024). https://doi.org/10.1093/heapro/daae153.

Acknowledgments

The Pollution Playbook: How Industry Blocks Regulation of Toxic Chemicals was authored by Rachel Radvany (Center for International Environmental Law) and Vicky Cann and Nina Holland (Corporate Europe Observatory). It was edited by Cate Bonacini. Special Thanks to Giulia Carlini, Claire Robinson, Noa Simon Delso, David Azoulay, Aidan Steer, Barnaby Pace, and Elana Baurer for their review and project support.

Corporate Europe Observatory is registered in the EU lobby transparency register under identification number 5353162366-85. CIEL is registered under identification number 001245815997-85. Errors and omissions are the sole responsibility of CIEL and Corporate Europe Observatory. This issue brief is for general information purposes only. It is intended solely as a discussion piece. It is not and should not be relied upon as legal advice. While efforts were made to ensure the accuracy of the information contained in this issue brief, the information is presented «as is» and without warranties, express or implied. If there are material errors within this issue brief, please advise the authors. Receipt of this issue brief does not create an attorney-client relationship. Please send comments or question to info@ciel.org to be sure of a reply. February 2026

La entrada Compendio de estrategias frente a la contaminación se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

La entrada Compendio de estrategias frente a la contaminación se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Diez años después de la publicación de “Los Papeles de Panamá” no se han tomado medidas eficaces para evitar la evasión de capitales en estos “puntos ciegos” para las haciendas de los países.

Plataforma por la Justicia Fiscal. 01/04/2026

Con motivo del Día Mundial por la Abolición de los Paraísos Fiscales que se celebra el 3 de abril, la Plataforma por la Justicia Fiscal ha reclamado al Gobierno de España y a las instituciones europeas “una revisión urgente y profunda” del actual listado de  donde grandes fortunas y empresas multinacionales esconden sus beneficios para evitar contribuir a los sistemas públicos de aquellos países donde obtienen sus beneficios. 

Una década después de la histórica filtración conocida como Papeles de Panamá que evidenció el uso sistemático de estructuras para ocultar patrimonio y eludir impuestos, la plataforma denuncia que los avances han sido insuficientes y que persisten importantes lagunas en la regulación internacional que siguen permitiendo la evasión de capitales a estas “guaridas fiscales donde se refugian los piratas”

“Los criterios utilizados por la Unión Europea para elaborar su lista siguen siendo claramente ineficaces y dejan fuera a jurisdicciones clave que facilitan la evasión fiscal. La lista negra comunitaria apenas incluye actualmente una decena de territorios, mientras que numerosos países con baja o nula tributación como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán o Luxemburgo continúan operando con total normalidad dentro del sistema financiero global. Esta falta de ambición permite mantener un modelo en el que grandes fortunas y multinacionales eluden su responsabilidad fiscal”,  destaca el coordinador de la plataforma, el economista Juan A. Gimeno. 

Según los cálculos de la plataforma Tax Justice Network, solo en 2024 España perdió cerca de 9.400 millones de euros por culpa del abuso fiscal de las multinacionales y los grandes patrimonios. Además, la Plataforma señala la desigualdad en el sistema tributario actual, puesto que las grandes empresas llegan a pagar tipos efectivos menores que la media de la ciudadanía y son precisamente las grandes fortunas quienes mayor uso hacen estos “refugios”.

Por todo ello, la Plataforma por la Justicia Fiscal insta al Gobierno español a liderar en el ámbito europeo una reforma de los criterios de identificación de paraísos fiscales, así como a apoyar iniciativas internacionales como la futura convención fiscal de Naciones Unidas y la tasa global para gravar con un 2% anual a las grandes fortunas del planeta. 

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Fotografía: Decenas de personas durante la cadena humana por la sanidad pública, en la Puerta del Sol, a 7 de abril de 2024, en Madrid. Matias Chiofalo / Europa Press

Artículo original publicado en espacio-publico.com por Paco Cantero

Durante décadas se nos ha repetido que vivimos en democracias consolidadas. Votamos, elegimos representantes, cambiamos gobiernos. Sin embargo, mientras la política se reducía progresivamente a un ritual electoral, el poder real se desplazaba hacia otros espacios: los mercados financieros, las infraestructuras digitales, los centros de datos, los algoritmos que organizan la economía y la vida cotidiana. Hoy, muchas de las decisiones que determinan cómo vivimos ya no pasan por parlamentos ni por urnas, sino por estructuras privadas que nadie ha votado.

Este desplazamiento no es nuevo. Comenzó con la financiarización de la economía, cuando el capital financiero empezó a imponer límites estrictos a la política democrática. Lo que sí es nuevo es la aparición de un actor que no se conforma con condicionar la democracia, sino que aspira a reemplazarla: el capitalismo tecnológico libertario. Su irrupción no elimina el poder financiero tradicional, pero lo acelera, lo reconfigura y lo lleva a un nuevo estadio, donde la política deja de ser necesaria incluso como mediación.

De la financiarización al tecnolibertarismo

Durante años, el poder financiero vació de contenido a los Estados sin necesidad de destruirlos. Bastaba con imponer disciplina fiscal, desregular los mercados y convertir la economía en un espacio técnico inaccesible para la ciudadanía. Hoy, el capitalismo tecnológico libertario va más allá: no necesita Estados debilitados, sino Estados irrelevantes.

Este proyecto se apoya en una corriente filosófica donde la democracia no es un logro que perfeccionar, sino un error histórico; la igualdad, un error catastrófico; y la deliberación colectiva, un obstáculo para la eficiencia.

En lugar de ciudadanía propone usuarios. En lugar de leyes debatidas, reglas inscritas en código informático. En lugar de política, sistemas de gestión privada. El ideal no es el autogobierno, sino la optimización; no el conflicto democrático, sino la administración técnica de la sociedad por élites que se consideran más capacitadas.

No se trata de mejorar la democracia, sino de cerrar el paréntesis democrático abierto en los últimos dos siglos.

La demolición institucional como método

Este proyecto no puede imponerse en sociedades con instituciones sólidas y legitimidad pública. Para sustituir la política por sistemas automáticos de decisión es necesario, antes, debilitar la confianza en lo común. Por eso necesita gobernantes que actúen como agentes de demolición: líderes dispuestos a erosionar desde dentro aquello que dicen gobernar.

El patrón se repite: ataques a la justicia, a la ciencia, a la prensa, a la administración pública; degradación deliberada del debate político; polarización permanente; crisis constantes que paralizan la acción colectiva. No se trata de incompetencia ni de caos accidental, sino de una estrategia. Cuando las instituciones dejan de funcionar, la ciudadanía se vuelve más receptiva a soluciones autoritarias o tecnocráticas presentadas como inevitables, aunque anteriormente las habría rechazado.

El colapso institucional no es un efecto secundario: es una condición necesaria. Allí donde la política se percibe como inútil, la tecnología aparece como neutral y eficiente. Pero no lo es: responde a intereses concretos y concentra poder en manos privadas.

Trump como operador político de un proyecto ajeno

En este marco se entiende mejor el papel de figuras como Donald Trump. No son los arquitectos intelectuales del proyecto, sino sus ejecutores políticos. Su función no es construir alternativas, sino romper normas, desacreditar mediaciones y convertir la política en un espectáculo continuo que impide cualquier respuesta colectiva coherente.

El episodio de Groenlandia ilustra bien este mecanismo. Presentado como una extravagancia personal, respondía en realidad a intereses estratégicos de sectores tecnológicos. El Ártico ofrece condiciones óptimas para centros de datos: clima frío, energía relativamente barata, aislamiento geográfico y marcos jurídicos difusos desde los que operar lejos del control democrático. Trump no diseñó esa estrategia; simplemente la hizo visible.

Finanzas privadas: la gran victoria silenciosa

Mientras el ruido político ocupaba el espacio público, el capitalismo tecnológico libertario avanzaba en uno de sus frentes más decisivos: el control del dinero. La expansión de las finanzas distribuidas (DeFi) y de las stablecoins, presentadas como herramientas de libertad individual, tiene un impacto político profundo.

Estas tecnologías desplazan la creación y regulación del dinero desde los Estados hacia plataformas privadas gobernadas por código informático. El dinero deja de ser un instrumento de política pública y se convierte en una infraestructura corporativa. Sin soberanía monetaria, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales.

Una alianza funcional con la extrema derecha

Este proyecto no avanza solo. Ha encontrado en la extrema derecha un aliado eficaz. Aunque sus discursos difieran en apariencia, comparten un enemigo común: cualquier forma de control democrático que limite al capital.

La relación es funcional. Las élites tecnológicas aportan capital, infraestructuras digitales y control del espacio informativo. Las extremas derechas aportan polarización, ruptura institucional y bases sociales movilizadas contra la propia democracia. Juntas generan el clima perfecto para justificar la sustitución de la política por sistemas de control privado.

El agotamiento de la democracia representativa

El resultado es una democracia cada vez más vacía de contenido. La ciudadanía vota, pero no decide. Participa, pero no influye. La política se percibe como un teatro sin consecuencias, mientras las decisiones reales se toman en espacios inaccesibles.

La pregunta ya no es solo quién gobierna, sino dónde puede todavía ejercerse el gobierno democrático.

Biorregiones: devolver la política a la vida cotidiana

Es en este punto donde el concepto de biorregión cobra sentido político. La idea fue formulada originalmente en los años setenta por activistas como Peter Berg, que defendían la necesidad de reconectar la cultura, la economía y la organización social con los sistemas naturales que sostienen la vida.

No se trata de una nueva frontera ni de un proyecto identitario, sino de un espacio donde coinciden ecología, economía y vida cotidiana. Allí donde se organizan el agua, la energía, los alimentos, los cuidados o la movilidad, la política vuelve a tener suelo. La democracia deja de ser una abstracción institucional y se convierte en una práctica ligada a interdependencias materiales reales.

Las biorregiones no sustituyen al Estado ni niegan la escala global, pero anclan la democracia en territorios habitados, frente a la lógica tecnocrática que separa la toma de decisiones de sus consecuencias.

Asambleas con mandato temporal y sorteo ciudadano

Un elemento clave para que las biorregiones no reproduzcan élites locales ni nuevas burocracias es la forma en que se organiza su deliberación. Las asambleas biorregionales no estarían compuestas por representantes permanentes ni por militancias profesionales, sino por ciudadanos y ciudadanas seleccionados por sorteo, con mandatos temporales, claros y no renovables.

El sorteo no es un gesto simbólico, sino una antigua y eficaz herramienta democrática. Reduce la captura por intereses organizados, impide la profesionalización del poder y garantiza que la diversidad social real esté presente en la toma de decisiones. Los mandatos breves aseguran que nadie pueda convertir la asamblea en una carrera política ni en una posición de influencia estable.

Estas asambleas no sustituyen a las instituciones existentes ni gobiernan en abstracto. Intervienen en decisiones estratégicas concretas —energía, suelo, agua, vivienda, infraestructuras o uso de fondos públicos— con capacidad de supervisión, corrección o veto. Su función no es administrar, sino devolver control democrático allí donde las decisiones tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana.

El poder que se ejerce

El proyecto que busca sustituir la democracia avanza apoyado en la demolición institucional, la privatización de las infraestructuras y la alianza entre capital tecnológico y autoritarismo. Frente a él, las biorregiones y sus formas de deliberación no son una utopía, sino una corrección democrática concreta: una forma de devolver el poder a los lugares donde la vida ocurre.

El poder que no se ejerce se ocupa. Y hoy, ejercerlo empieza cerca. En lo común. En lo cotidiano. En los espacios donde todavía es posible decidir juntos.

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Artículo original publicado en sinpermiso.info por Daniel Raventós, Lluís Torrens

El último informe de Oxfam llega con cifras que ya conocemos pero que siguen siendo espectaculares: los pocos milmillonarios acumulan riqueza a velocidad récord mientras muchos millones de personas pasan hambre. Y otros muchos millones viven de forma miserable, sin ninguna perspectiva de vida que vaya más allá de la supervivencia inmediata. Y sí, una de las respuestas (no institucionales, no políticas, sí quizás populares) es señalar con el dedo a los de arriba. Con buenas razones, cierto, pero hay una pregunta más incómoda que deberíamos hacernos: ¿qué parte de responsabilidad tenemos el resto en mantener este sistema que hace posible esta realidad?

La teoría de la elección pública: cuando la culpa es de todos y de nadie

Existe una corriente de pensamiento económico que nos pone frente a un espejo muy incómodo. La escuela del Public Choice, desarrollada por economistas como James Buchanan, Anthony Downs, Mancur Olson y Gordon Tullock entre otros, sostiene algo que los malos gobiernos no solo existen porque haya políticos corruptos. Existen porque el sistema electoral y el comportamiento de los votantes los premian.

El argumento es el siguiente: informarse bien sobre política cuesta tiempo, esfuerzo, energía. Para un votante individual, el beneficio de dedicar horas a entender cuestiones complejas es casi nulo. Su voto es uno entre millones. ¿Para qué molestarse? Esto es lo que llaman “ignorancia racional”. No es que la gente sea tonta. Es que, desde el punto de vista del coste-beneficio individual, ser un ciudadano bien informado no compensa.

El resultado es que los políticos no responden a lo que funciona a largo plazo, sino a lo que da votos a corto plazo. Y los votantes, racionalmente ignorantes, premian eslóganes simples, promesas imposibles y chivos expiatorios convenientes. Cuando todo va mal, nadie paga el coste político porque la responsabilidad está tan difusa que es imposible identificar culpables concretos.

Esta escuela está basada en unos postulados que pueden resumirse así, entre otros: la política es un mercado, las personas dedicadas a la política son agentes racionales, el Estado está sujeto a decisiones públicas con los mismos fallos e incentivos que las decisiones privadas, la intervención del estado empeora los resultados de los llamados “fallos del mercado”.

El institucionalismo: el problema no es moral, es estructural

Los economistas institucionales fueron asesores del New Deal de los treinta del siglo pasado sea dicho de pasada. Esta tendencia, de la vieja o nueva escuela institucional, siguiendo la estela de Douglass North, Elinor Olstrom, Ronald Coase y Oliver Williamson entre otros, añaden una capa importante a este análisis: el problema no es que la gente sea mala o ignorante. El problema es que las instituciones —las reglas del juego— generan incentivos perversos. Si el sistema premia la irresponsabilidad, la irresponsabilidad será racional.

Tomemos un ejemplo concreto del informe de Oxfam: en 2024, las empresas vinculadas a los 10 hombres más ricos del mundo gastaron 88 millones de dólares en actividades de cabildeo en Estados Unidos, más que todos los sindicatos juntos. ¿Es esto corrupción? Desde el punto de vista legal, no necesariamente. Es simplemente usar las reglas del juego de manera racional para maximizar beneficios.

El problema, dirían los institucionalistas, no son los milmillonarios que hacen lobby. El problema son las instituciones que permiten que el dinero compre acceso político, que permiten las puertas giratorias entre reguladores y regulados, que permiten la concentración de medios de comunicación en manos de unos pocos.

La trampa de esta mirada: individualizar lo colectivo

Pero aquí hay un problema serio con este enfoque. Cuando decimos “la culpa es de los votantes que no se informan” o “el problema son las malas instituciones”, estamos individualizando algo que es fundamentalmente colectivo. Estamos convirtiendo un problema de poder en un problema de información o de diseño institucional.

Los datos de Oxfam muestran algo muy distinto: los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades que el ciudadano común de ocupar un cargo político. El 11% de los milmillonarios del mundo han ocupado o aspirado a cargos públicos. Elon Musk compra Twitter por 44.000 millones de dólares y lo convierte en una plataforma para amplificar sus ideas políticas y atacar a sus enemigos. Pero no vayamos tan lejos. Los parlamentarios del Congreso y del Senado españoles no son milmillonarios. Pero el 57% tiene más de una vivienda (muy por encima de la media de la población), las propiedades múltiples son muy superiores también a la media de la población, el salario medio sin contar complementos por cargos y funciones, es de unos 3.300 euros brutos mensuales (la media de la población está en menos de 2.700, y muchos millones de trabajadores están muy por debajo de los 2.000). Resumiendo, la realidad de la mayoría de los parlamentarios y parlamentarias españoles están en niveles de patrimonio superiores a la mayoría de la población. No es nada extraño que estén sesgados hacia determinadas políticas económicas que benefician a los ricos.

¿Es esto un problema de información de los votantes? ¿O es simplemente que algunos tienen un poder que pueden moldear las reglas del juego a su favor, independientemente de lo informados que estén los demás?

La responsabilidad colectiva que no se nombra

Pero reconocer esto no nos libera de responsabilidad. Al contrario, nos enfrenta a una responsabilidad más profunda y más incómoda. No es solo que votemos mal por estar mal informados. Es que, colectivamente, hemos construido y mantenemos un sistema en el que es racional para cada individuo actuar de manera que, en agregado, nos lleva al desastre. Esto es un viejo problema de algunos estudios de la teoría de la elección racional.

Cuando compramos en Amazon porque es más barato, estamos eligiendo. Cuando consumimos contenido en plataformas que algorítmicamente amplifican el odio porque genera más clics, estamos participando. Cuando votamos a políticos que prometen bajar impuestos sin preguntarnos de dónde saldrá el dinero para la sanidad o la educación, estamos decidiendo.

Y aquí está la trampa: cada una de estas decisiones es individualmente racional. Ahorrar dinero es racional. Entretenerse con contenido viral es racional. Pagar menos impuestos es individualmente racional. Pero el resultado agregado de todas estas racionalidades individuales es un sistema profundamente irracional desde el punto de vista colectivo. Y, aunque es ocioso recordarlo, la teoría de la elección racional estándar incluye dentro de uno de sus supuestos fundamentales el comportamiento egoísta. Que dicho de otra forma más técnica supone que dos funciones de utilidad de dos individuos son independientes e indiferentes entre sí. El supuesto de egoísmo en la teoría estándar de la elección racional, aunque no se entienda como una condición psicológica ni moral sino como una simplificación metodológica, acostumbra a ser una justificación normativa de instituciones que reproducen comportamientos egoístas.

El poder como variable oculta

Lo que la escuela del Public Choice y el institucionalismo tienden a minimizar es la variable del poder. No es lo mismo la “ignorancia racional” de alguien que trabaja en tres empleos precarios para llegar a fin de mes, que la ignorancia deliberada de quien puede permitirse contratar cabilderos para que diseñen las leyes que le afectan.

El informe de Oxfam documenta algo crucial: el 48% de la población mundial vive en situación de pobreza. Sin embargo, el ahogo no es solo económico, sino también político, ya que menos del 3% de la humanidad vive en países con un espacio cívico abierto. Las protestas contra la austeridad y el coste de la vida se reprimen violentamente; en Kenia, por ejemplo, 39 personas fueron asesinadas en las protestas contra los impuestos regresivos. ¿Es esto un problema de diseño institucional? Sí, pero también es un ejercicio deliberado de poder para mantener un sistema de desigualdad.

Hacia una renta básica soberana: cambiar las reglas del juego

Aquí es donde la propuesta de una renta básica mundial, financiada con impuestos sobre la riqueza extrema, cobra sentido no solo desde la redistribución sino desde el cambio institucional. No se trata solo de dar dinero. Se trata de cambiar radicalmente los incentivos del sistema.

Una renta básica garantizada modificaría la ecuación de poder. Daría a la gente la capacidad real de decir “no” a trabajos indignos o simplemente indeseados, de organizarse, de dedicar tiempo a informarse y participar políticamente sin tener que elegir entre pagar el alquiler o ir a una manifestación. Cambiaría el coste-beneficio de la participación política.

Desde el punto de vista del institucionalismo, una renta básica es un cambio de reglas del juego: modifica incentivos, redistribuye poder de negociación, reduce la asimetría entre quienes solo tienen su fuerza de trabajo y quienes tienen capital. No es caridad. Es reingeniería institucional. Más aún, desde un punto de vista republicano socialista la renta básica es una condición de la libertad. De la libertad republicana, es decir, de la concepción que no desliga las condiciones materiales de existencia de la libertad. Como con tanto éxito histórico-práctico sí que hizo la concepción liberal que divorció tan pimpantemente las condiciones materiales y la libertad. Y entonces la libertad se convierte en algo política y filosóficamente muy vulgar y que sirve de poca cosa más que de simple cobertura a los grandes poderes para hacer y deshacer a su gusto. Porque cuando se protegen los derechos de los trabajadores, cuando se incrementa el salario mínimo… ¿no estamos atentando a la libertad de los empresarios? ¿Cuándo se abolió la esclavitud, no se atentaba contra la libertad de los esclavistas? ¿Cuándo se abolió el trabajo infantil, no se atentaba contra la libertad de los empresarios que libremente los contrataban?

La pregunta que incomoda: ¿queremos realmente cambiar las reglas?

Los economistas del Public Choice tienen razón en algo: los malos gobiernos no caen del cielo. Son el resultado de decisiones individuales agregadas en un marco institucional concreto. Pero se equivocan al pensar que el problema es principalmente de información o de diseño técnico. El problema es de poder. Ya mucho antes, geniales revolucionarios como Marat, Saint-Just y Robespierre dejaron dicho repetidamente que el pueblo tiene a un enemigo especialmente peligroso: su gobierno. La libertad exige estar en guardia ante los que gobiernan. Robespierre lo decía muy claramente: “En todo estado libre, la ley debe defender, sobre todo, la libertad pública e individual contra el abuso de autoridad de quienes gobiernan”.

Y nosotros, como ciudadanos, enfrentamos una pregunta incómoda: ¿estamos dispuestos a organizarnos para construir el poder colectivo necesario para cambiar las reglas? Porque ese es el punto ciego tanto del Public Choice como del institucionalismo: asumen que las instituciones se cambian mediante decisiones técnicas racionales. Pero la historia muestra que las instituciones cambian cuando hay suficiente poder organizado para forzar el cambio.

El ejemplo de Kenya: cuando el poder colectivo funciona

La historia de las protestas de la Generación Z en Kenya es reveladora. Jóvenes sin recursos económicos consiguieron que el presidente retirara un proyecto de ley de impuestos regresivos. No lo hicieron con mejor información. No lo hicieron con diseño institucional más refinado. Lo hicieron con organización, con persistencia, con la disposición a arriesgar sus cuerpos en las calles.

Pagaron un precio alto: 39 muertos, tortura sistemática, persecución. Pero demostraron algo fundamental: el poder colectivo organizado puede cambiar las reglas del juego, incluso contra las élites más poderosas.

No es, claro está, el único ejemplo. Pero nos parece digno de apuntar.

La responsabilidad de imaginar juntos

Quizás nuestra mayor responsabilidad o incluso posibilidad de resistir a la barbarie que es la realidad social que vive gran parte de la población mundial no es solo informarnos mejor o votar mejor, que también sirve. Es organizarnos para construir poder colectivo. Los sindicatos tienen razón cuando aseguran que los trabajadores si están organizados mejoran los salarios no solo de los sindicalizados sino de todos en el sector. No tienen razón cuando afirman que una renta básica no ayudaría también a este fin. Cuando hay organizaciones de base fuertes, los políticos tienen que responder a más gente que solo a los cabilderos corporativos.

El informe de Oxfam documenta más de 142 protestas masivas en los últimos 12 meses. En Serbia, en Nepal, en Ecuador, en todo el mundo, la gente está diciendo “basta”. Y en algunos casos, están ganando. No porque estén mejor informados individualmente. Porque están mejor organizados colectivamente.

Propuestas concretas: cómo cambiar las reglas

Si el problema es de poder, del poder que tienen directamente o utilizan en su beneficio las grandes propiedades (recordemos al viejo de Tréveris: “La propiedad es el fruto del trabajo… de los demás”), las soluciones tienen que redistribuir, al menos, poder y propiedad. O subvertirlos. No se trata solo de políticas redistributivas, sino de mecanismos que cambien quién tiene capacidad de decisión. Algunas propuestas concretas:

1. Renta básica: el suelo que permite estar de pie

Una renta básica no es solo dinero. Es poder de negociación. Es la diferencia entre tener que aceptar cualquier trabajo en cualquier condición, y poder decir “no” a lo que no es digno. Cambia radicalmente el coste de participar políticamente: puedes ir a una manifestación sin perder el jornal, puedes dedicar tiempo a organizarte con tus vecinos, puedes arriesgarte a enfrentarte a tu empleador.

Como muestra Oxfam, con lo que aumentó la riqueza de los milmillonarios en un solo año se podrían dar 250 dólares a cada persona del planeta y aún seguirían siendo millonarios. No es una cuestión de recursos. Es una cuestión de decisión política.

2. Democracia participativa: decisión directa sobre presupuestos

El ejemplo de Porto Alegre en Brasil lo demostró: cuando la ciudadanía decide directamente sobre parte del presupuesto municipal, las prioridades cambian. Se invierte en barrios populares, en transporte público, en servicios básicos. No porque los técnicos no sepan, sino porque quienes viven los problemas son quienes mejor saben qué necesitan.

Y más importante aún: la participación genera más participación. La gente que decide sobre el presupuesto se politiza, se organiza, aprende. El problema no es la “ignorancia racional” de la que habla el Public Choice. El problema es la falta de espacios reales donde la gente pueda ejercer poder.

3. Fortalecimiento de sindicatos y organizaciones de base

Los datos son contundentes: donde hay sindicatos fuertes, hay menos desigualdad salarial. No solo para los trabajadores sindicalizados, sino para todos. Los sindicatos funcionan como un cierto contrapoder cuando no se convierten en dóciles siervos del mismo: obligan a negociar, fuerzan transparencia, documentan abusos. Y una renta básica sería un enorme empujón a disponer de una caja de resistencia efectiva para sostener reivindicaciones, especialmente en los sectores más precarizados. Aunque muchas direcciones de algunos sindicatos no lo hayan entendido aún.

Pero necesitan protección legal real: prohibición de despidos antisindicales, derecho de huelga efectivo, acceso a los lugares de trabajo. En Argentina, el gobierno de Milei está desmantelando sistemáticamente estas protecciones. Y no es casualidad: un trabajador aislado no tiene poder, un trabajador organizado sí.

4. Democratización radical de los medios

Si Elon Musk puede comprar Twitter y convertirlo en su megáfono personal, algo falla. Necesitamos:

Límites antimonopolio estrictos: ninguna persona o corporación debería poder controlar más del 15% de audiencia mediática en un país.

Medios públicos realmente independientes: financiados por impuestos, pero gobernados por consejos ciudadanos, no por el gobierno de turno.

Apoyo a medios comunitarios y cooperativos: con fondos públicos, pero sin control editorial gubernamental.

Regulación de algoritmos: transparencia obligatoria sobre cómo las plataformas amplifican contenidos. Si un algoritmo decide qué ven mil millones de personas, no puede ser propiedad privada de tres tipos en Silicon Valley.

5. Democracia en el lugar de trabajo

La empresa no puede ser un espacio libre de democracia. Hace muchos años, en la llamada “transición” española se defendía con un eslogan: “que la democracia entre en las empresas”. Si pasamos un tercio de nuestra vida trabajando en lugares donde no tenemos voz, eso moldea nuestra capacidad de ser ciudadanos. Entre los puntos a tener en cuenta de forma prioritaria:

Representación obligatoria de trabajadores en consejos de administración: como en Alemania, donde un tercio o la mitad del consejo son representantes electos por los trabajadores.

Derecho de veto sobre decisiones que afectan condiciones laborales: despidos masivos, cambios de turnos, introducción de vigilancia tecnológica.

Fomento de cooperativas de trabajadores: con acceso preferente a contratos públicos y crédito barato.

6. Asambleas ciudadanas deliberativas

Irlanda lo hizo para decidir sobre el aborto. Bélgica para cuestiones climáticas. Se sortea un grupo representativo de ciudadanos, se les da tiempo, información de calidad, expertos diversos, y deliberan. Las decisiones que salen de ahí son, sistemáticamente, más progresistas y mejor informadas que las que salen del juego político habitual.

No es que la gente sea ignorante. Es que el sistema electoral premia la polarización y el cortoplacismo. Las asambleas ciudadanas sortean (literalmente) ese problema.

7. Protección legal del derecho a protestar

El informe de Oxfam documenta la represión sistemática de protestas en todo el mundo. 39 muertos en Kenya, como se ha dicho. Tortura en Pakistán. Criminalización en Argentina. Si manifestarse te puede costar la vida o años de cárcel, el coste de cambiar las reglas se vuelve imposible para la mayoría. En EEUU, hoy esto ya es una realidad que cuesta muertes por impunidad policial.

Necesitamos:

Protocolos estrictos contra el uso de violencia policial en manifestaciones.

Prohibición de leyes antiterroristas para criminalizar protestas.

Protección legal a organizaciones de derechos humanos que documentan abusos.

8. Financiación pública de campañas electorales

Si las campañas se financian con donaciones privadas, quien más tiene más influye. Simple. La solución es simple también: financiación 100% pública, con techos bajos. Todas las candidaturas con un apoyo mínimo ciudadano reciben la misma cantidad. Se acabó el “un dólar, un voto”.

9. Renta y riqueza máximas

Una renta máxima, un impuesto a la riqueza y una limitación a las grandes fortunas. Una renta y una riqueza máximas. Ya hay quien lo está moviendo en Europa. La propuesta de una renta máxima puede definirse técnicamente como el establecimiento de un tipo impositivo marginal del 100% a partir de una determinada cantidad de renta ganada en un período de tiempo, normalmente un año. La limitación de las grandes fortunas o riqueza máxima puede definirse como la imposibilidad legal de acumular por encima de determinada cantidad de propiedades. Más políticamente, la renta básica y la riqueza máxima son condiciones para la libertad de la ciudadanía.

10. Control público de los medios de producción en sectores estratégicos de la vida económica y social

Los grandes poderes económicos privados interfieren o pueden interferir arbitrariamente en la libertad de buena parte de la población. Pensamos, sin ir más lejos, en el papel de la banca, de los oligopolios eléctricos, de los grandes fondos inmobiliarios, de las corporaciones farmacéuticas, etc., en nuestras sociedades. Unos servicios públicos en especie -sanidad, educación, vivienda, cuidados, energía, agua, transporte, comunicaciones, etc.- que constituyan la garantía de derechos sociales también decisivos a la hora de consolidar posiciones de invulnerabilidad social para todos. Una banca pública que tenga como objetivo garantizar estas posiciones de invulnerabilidad y, también, poner los flujos de ahorro y de inversión al servicio de una economía democrática e inclusiva.

Mirarnos al espejo, pero con honestidad

Sí, los milmillonarios tienen una responsabilidad enorme en mantener un sistema que los beneficia obscenamente. Sí, los políticos tienen responsabilidad en diseñar instituciones que perpetúan la desigualdad. Pero nosotros también la tenemos. No porque votemos mal o porque estemos mal informados. Sino porque no nos organizamos lo suficiente para cambiar las reglas del juego. Recordemos una vez más al gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht cuando decía que si humana era la injusticia, más humana es la lucha contra la injusticia. El mundo en el que ahora vivimos es producto de ambas: de la injusticia y de las luchas contra ella. Luchas que han conseguido el sufragio universal, el derecho a la huelga, la libertad de expresión, el derecho al aborto, la ilegalización del esclavismo… Conquistas que han beneficiado a los que han luchado y a los que consideraban que no servía de nada la rebelión, que era perder el tiempo.

La escuela del Public Choice nos recuerda que los incentivos importan. Tienen razón. Pero se olvidan de preguntarse: ¿quién tiene el poder para cambiar los incentivos? Y la respuesta no es “votantes mejor informados” o “tecnócratas más inteligentes”. La respuesta es: ciudadanía organizada con capacidad de movilización colectiva.

La propuesta de Oxfam de establecer Planes Nacionales de Reducción de Desigualdad, de limitar la concentración de medios, de garantizar una renta básica, no son solo políticas técnicas. Pueden ser parte de la institucionalización de un poder colectivo que todavía está por construir.

Y esa es nuestra responsabilidad: no solo votar mejor, sino construir el poder organizado que fuerce a que las reglas cambien. Porque, nos guste o no, el cambio institucional no viene de buenos argumentos técnicos. O no solo. Viene de correlaciones de fuerza. Y ahí, cada uno de nosotros tiene que decidir (si quiere, claro está) de qué lado está.

La entrada Los ricos, los pobres y el espejo que no queremos mirar se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.