La UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes

El nuevo informe de Corporate Europe «Permiso para contaminar», revela cómo la Comisión Europea está recortando drásticamente las normas de concesión de permisos para las infraestructuras energéticas e industriales. Esto forma parte de una amplia campaña desreguladora impulsada por algunas de las industrias más contaminantes de Europa. Aunque la UE presenta esta agenda como una «simplificación» de la legislación en materia de permisos, en la práctica se corre el riesgo de socavar las protecciones sociales y medioambientales, conseguidas con tanto esfuerzo, que sustentan estas normas.

Desde que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió su segundo mandato, las normas de concesión de permisos han sido objeto de un ataque constante por parte de las grandes empresas tecnológicas, la industria de los combustibles fósiles y los grupos de presión del sector minero. Es más, bajo etiquetas como «estratégico» o «interés público superior», los proyectos perjudiciales pueden eludir cada vez más los procedimientos habituales de concesión de permisos. Pero, ¿quién decide qué tipo de proyectos se benefician de esa etiqueta?

Los documentos obtenidos por CEO (Observatorio Europeo de las empresas) revelan cómo los principales contaminadores han presionado para obtener un acceso más fácil a los permisos —y a las subvenciones públicas— para proyectos de infraestructura contaminantes. Revelan cómo la Comisión Europea ha invitado activamente a los actores del sector a dar forma a su agenda de desregulación de los permisos. Europa corre el riesgo no solo de vivir con más contaminación, sino también de pagar a los contaminadores para que la generen.

Entre las principales medidas que se están aplicando para satisfacer las exigencias del sector se incluyen:

• la tramitación acelerada de los permisos para infraestructuras industriales y energéticas, dejando de lado la participación democrática;
• evaluaciones medioambientales más sencillas y rápidas, lo que se traduce en una menor protección;
• un mayor número de proyectos contaminantes clasificados como «estratégicos» o de «interés público» y que, por lo tanto, reciben un trato especial en los procesos de concesión de permisos, por encima de las preocupaciones medioambientales o sociales;
• la apertura a la posibilidad de debilitar las leyes de protección del agua y de la naturaleza.

Entre las principales conclusiones del informe se incluyen:

Exigencias del sector incorporadas a la nueva legislación de la UE: Las medidas propuestas en ReSourceEU, el «Omnibus medioambiental», el «Paquete de redes» y la Ley de Aceleración Industrial acelerarían los proyectos, debilitarían o eludirían las evaluaciones de impacto ambiental, ampliarían las aprobaciones tácitas y restringirían el acceso a la justicia. Los sectores y proyectos estratégicos —entre los que se incluyen la minería, el gas fósil, la captura, el transporte y el almacenamiento de CO₂, el hidrógeno y los centros de datos— serían calificados de «interés público» y se beneficiarían de una tramitación acelerada de los permisos. Se esperan más concesiones a la presión de la industria en la próxima Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, así como en la propuesta de infraestructura de transporte de CO₂.

La industria celebra los logros en materia de desregulación, pero quiere más: el grupo de presión del sector del petróleo y el gas IOGP elogió la Ley Ómnibus de Medio Ambiente y el Paquete de Redes por lograr «avances reales en las demandas de larga data de la industria». Los miembros de BusinessEurope presionaron con éxito para conseguir exenciones de las evaluaciones de impacto ambiental para los proyectos de infraestructura de hidrógeno y CO₂ en la Ley de Aceleración Industrial. La IOGP y Euromines han formado una «Coalición Informal sobre Permisos» para hacer campaña a favor de un amplio «paquete ómnibus de permisos» destinado a debilitar múltiples protecciones medioambientales de una sola vez.

Una influencia sin precedentes de la industria en la formulación de políticas: Ursula von der Leyen solicitó consejos sobre desregulación directamente a la Mesa Redonda Europea de la Industria, se asoció con grupos del sector de los combustibles fósiles para organizar talleres sobre cómo «agilizar» la concesión de permisos y se basó en nuevos procesos de consulta —los «Diálogos de Implementación» y las «Evaluaciones de la Realidad»— dominados en gran medida por la industria.

Fondos públicos para respaldar a las industrias contaminantes: A petición de estas, la Comisión también está apoyando financieramente a las industrias contaminantes mediante nuevas medidas de «reducción de riesgos», un Banco de Descarbonización Industrial, normas de ayudas estatales más flexibles y otros mecanismos de financiación pública.

El informe incluye tres estudios de caso que ilustran los efectos potencialmente devastadores sobre las personas y el medio ambiente.

En Suecia, los modos de vida indígenas están siendo destruidos, se están perdiendo hogares y se está contaminando el agua en aras de un nuevo proyecto minero.
En toda Europa, las comunidades podrían verse obligadas a aceptar nuevos gasoductos de CO₂ que plantean graves riesgos de seguridad en caso de fuga, al tiempo que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles.
En Irlanda, el aumento vertiginoso de la demanda de electricidad procedente de los nuevos centros de datos está contribuyendo al alza de los precios de la energía y al riesgo de apagones, mientras se construyen nuevas centrales de combustibles fósiles para abastecerlos.

«Permiso para contaminar» ponen de manifiesto solo algunas de las consecuencias potencialmente desastrosas que tendría la supresión de las normas de la UE en materia de permisos para las personas y el medio ambiente. Puede leer los casos prácticos completos aquí. o bien los resúmenes a continuación.

Nuevas minas en el norte de Suecia

Destrucción del modo de vida indígena: La nueva mina de mineral de hierro y metales de tierras raras de la empresa minera estatal LKAB, Per Geijer, amenaza con interrumpir la última migración estacional que queda de la comunidad indígena sami local de Gabna, dedicada al pastoreo de renos. Lars-Marcus Kuhmunen, presidente de Gabna, explica: «Todo gira en torno al pastoreo de renos. Si eso deja de existir, la cultura sami también dejará de existir. »

Calificada como estratégica: Per Geijer es uno de los 47 proyectos dentro de la UE calificados como estratégicos en virtud de la Ley de Materias Primas Críticas, que limita el proceso de concesión de permisos a «no más de 27 meses», restringiendo las evaluaciones ambientales y la consulta a la comunidad. LKAB ejerció una influencia desmesurada sobre el proceso, reuniéndose con altos funcionarios de la Comisión en seis ocasiones durante los tres meses previos a que la Comisión concediera a Per Geijer el estatus estratégico.

LKAB lleva la batalla a la UE: El recientemente dimitido director ejecutivo de LKAB, Jan Moström, también ha sido presidente del poderoso grupo de presión Euromines, que se ha asegurado de que la agenda de desregulación de la industria minera sueca se promueva a nivel de la UE, por ejemplo, mediante la creación de la Coalición Informal para la Concesión de Permisos junto con el grupo de presión del petróleo y el gas IOGP.

Desregulación del agua: En diciembre de 2025, la UE anunció que reabriría la Directiva Marco del Agua para fomentar una mayor actividad minera. La comisaria responsable de la legislación sobre el agua, la sueca Jessica Roswall, se reunió con LKAB y Euromines en múltiples ocasiones, e incluso visitó a Per Geijer junto con Moström.

Recurso judicial: Gabna ha presentado un recurso contra Per Geijer ante los tribunales, pero no son los únicos. Varias organizaciones de Portugal han llevado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la mina de litio de Barroso, que también ha sido calificada de «proyecto estratégico». Cabe esperar más resistencia.

Gasoductos de CO₂ en toda Europa

Los nuevos gasoductos de CO₂ construidos por la vía rápida pueden ser letales: los planes de la UE para los gasoductos de CO₂ se están acelerando gracias a lagunas en la normativa. Sin embargo, como han demostrado los accidentes en el condado de Yazoo (EE. UU.), suponen un grave riesgo para la salud. Las fugas pueden provocar asfixia, hospitalizaciones masivas y efectos duraderos sobre la salud. Dada la densidad de población mucho mayor en Europa, la rotura de un gasoducto podría incluso resultar mortal.

Retrasan la eliminación gradual de los combustibles fósiles: Los gasoductos se utilizan para justificar el uso continuado del petróleo y el gas, con la promesa (poco realista) de que las emisiones serán capturadas, transportadas y almacenadas.

Italia y Alemania tienen grandes planes: La UE tiene previsto construir 19 000 km de gasoductos de CO₂ para 2050, con un coste de hasta 23 000 millones de euros, que atravesarán algunas de sus zonas más densamente pobladas. Alemania e Italia tienen grandes planes, y sus respectivos líderes, Mertz y Meloni, abogan por una flexibilización de las leyes de concesión de permisos. En ambos casos se están encontrando con una fuerte oposición.

Los gasoductos de CO₂ en Italia: como parte del polémico proyecto de captura y almacenamiento de carbono de Rávena, y con el respaldo de los gigantes del gas Eni y Snam, se prevé construir gasoductos de CO₂ a solo unos metros de viviendas. Se prevé la construcción de un gasoducto de CO₂ de 100 km a través de zonas con alto riesgo de terremotos e inundaciones, así como de lugares con gran biodiversidad y hábitats importantes protegidos por la normativa europea Natura 2000. Se está tramitando por la vía rápida y se considera de interés público superior gracias a su inclusión en la lista de la UE de proyectos de interés común.

La industria consiguió lo que quería: tanto la Mesa Redonda Europea de la Industria (ERT) como BusinessEurope presionaron para que se introdujeran lagunas normativas en relación con las infraestructuras de CO2. La ERT también presionó para crear una «red troncal de infraestructuras de CO2» de tuberías en toda Europa, algo que probablemente conseguirá en la próxima ley sobre infraestructuras y mercados de CO2, impulsada también por grupos como el de petróleo y gas IOGP.

Centros de datos en Irlanda

Grandes planes de expansión: El plan de la Comisión —marcado por las grandes empresas tecnológicas— consiste en triplicar el número de centros de datos en Europa en un plazo de cinco a siete años. Esto supondrá un aumento de las emisiones, escasez de agua y facturas de energía más elevadas, al tiempo que supondrá un respiro para la industria de los combustibles fósiles, ya que se construirán nuevas infraestructuras de gas para abastecerlos. Debido a la gran presencia de las grandes empresas tecnológicas en Irlanda, este país se encuentra en primera línea en Europa del crecimiento exponencial de estas «fábricas de IA».

Las facturas de los hogares subvencionan las fábricas de IA: Irlanda tiene los segundos precios de electricidad para los hogares más altos de Europa, pero los operadores de centros de datos solo pagan la mitad de lo que pagan los hogares, y esta desigualdad va a empeorar. Mientras que se espera que las facturas de los hogares aumenten entre un 8 % y un 21 % en los próximos cinco años, los centros de datos verán cómo sus precios bajan un 14 %.

La gran demanda de electricidad conduce al uso de combustibles fósiles: en las afueras de Dublín se han construido grandes complejos que agrupan a docenas de centros de datos, los cuales consumen la asombrosa cifra del 50 % de la demanda eléctrica de la ciudad. Debido a la escasez de electricidad, estos complejos se alimentarán cada vez más con combustibles fósiles, como es el caso de las instalaciones de Microsoft en Grange Castle.

El Gobierno irlandés respalda a las grandes tecnológicas: Ya en 2017, el Gobierno irlandés intentó eludir la aprobación de las autoridades locales proponiendo calificar los centros de datos como infraestructura «estratégica», lo que habría limitado las posibilidades de recurso y acelerado la concesión de permisos. Además, está realizando importantes inversiones en nuevas infraestructuras de GNL para satisfacer la creciente demanda de electricidad, lo que socava los objetivos climáticos del país.

Éxito del lobby de las grandes tecnológicas en Irlanda: Las grandes tecnológicas ya han conseguido revocar una moratoria de facto sobre los nuevos centros de datos en Dublín, impuesta por el regulador energético irlandés, y desde entonces el Gobierno irlandés ha introducido una política favorable a los centros de datos, denominada LEAP.

Las grandes tecnológicas apuntan a las leyes de la UE: Los planes para centros de datos recientemente aprobados podrían incumplir múltiples leyes de la UE que forman parte de su sistema de concesión de permisos, razón por la cual ahora son objeto del cabildeo de las grandes tecnológicas. Pero en lugar de plantar cara, la UE ha desplegado la alfombra roja, invitando a grupos de la industria tecnológica como Digital Europe y la CCIA a un evento especial para partes interesadas sobre el Paquete Medioambiental, que posteriormente incluyó la aceleración de las evaluaciones ambientales.

Las grandes tecnológicas apuntan a la concesión de permisos: los documentos de presión política revelan que las grandes tecnológicas quieren acelerar el proceso de concesión de permisos, minimizar las obligaciones climáticas y medioambientales y debilitar la capacidad de las comunidades locales para oponerse a sus planes. Google quiere que la Comisión Europea limite el derecho a presentar objeciones contra los permisos para centros de datos únicamente a quienes vivan en un radio de 50 metros.

Lee los casos prácticos completos y mucho más en nuestro último informe «Permiso para contaminar: la UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes».

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Artículo original publicado en enriquedans.com por Enrique Dans

Que más de cincuenta países se reunan en Santa Marta, Colombia, en la primera conferencia dedicada específicamente a la transición fuera de los combustibles fósiles no es una extravagancia diplomática ni un gesto para la galería. Es, en realidad, la constatación de algo mucho más incómodo: que el sistema energético basado en carbón, petróleo y gas ya no puede seguir presentándose como sinónimo de estabilidad, seguridad o sentido común.

La propia organización del encuentro habla de una participación de más de 53 naciones entre los que se encuentra España, y su mera existencia revela hasta qué punto el debate ha cambiado de naturaleza: ya no se trata de discutir si conviene «reducir emisiones» en abstracto, sino de cómo se abandona, de manera justa y ordenada, una dependencia que se ha convertido en un riesgo sistémico.

Durante décadas, la industria fósil se ha vendido como supuesto garante de la seguridad energética. Era, supuestamente, lo firme, lo serio, lo disponible, frente a unas renovables caricaturizadas como intermitentes, inmaduras y casi decorativas. Basta mirar lo ocurrido con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz para entender que esa narrativa se ha roto. El precio del Brent subió entre un 10% y un 13% en las primeras horas del conflicto hasta rozar los 82 dólares por barril, mientras la AIE calificaba la situación como «la mayor perturbación del suministro en la historia del mercado global del petróleo». Europa podía tener «quizá seis semanas» de combustible de aviación si el bloqueo persistía, mientras en Asia varios gobiernos activaban medidas de emergencia como teletrabajo, restricciones de viajes oficiales, cierres escolares o semanas laborales de cuatro días para ahorrar combustible. Si eso es «seguridad», a lo mejor convendría revisar el diccionario.

Si alguien dudaba todavía de lo que significa esa dependencia en términos concretos, la crisis del estrecho de Ormuz lo ha aclarado de forma brutal: no solo se trata de gasolina o electricidad. Los precios spot del gas en Asia subieron más de un 140% tras el ataque al complejo de Ras Laffan en Qatar. Más del 30% de la urea mundial, el fertilizante que hace posible producir trigo y maíz a escala global, pasa por ese estrecho. Cuando se corta el suministro de gas, no sube el precio de llenar el depósito: sube el precio del pan.

La gran paradoja de nuestro tiempo es que seguimos llamando «fiables» a unas fuentes de energía cuyo precio, suministro y disponibilidad dependen de estrechos marítimos, guerras regionales, petromonarquías, autocracias varias y cadenas logísticas que pueden romperse en cuestión de días. En realidad, los combustibles fósiles no ofrecen seguridad: ofrecen vulnerabilidad geopolítica aplazada. Y eso explica que la cita de Santa Marta no deba interpretarse como el delirio de un grupo de idealistas, sino como la respuesta racional de países que empiezan a comprender que la soberanía energética del siglo XXI no consistirá en encontrar el último barril, sino en dejar de necesitarlo.

A estas alturas, además, la discusión tecnológica está muy lejos de donde estaba hace apenas una década. La pregunta de si puede el mundo funcionar solo con renovables ya no pertenece al terreno de la especulación militante, sino al de la literatura científica consolidada. Un paper académico publicado en IEEE Access concluye que el 100% renovable es factible a escala global y a bajo coste. El artículo divulgativo de Helsinki Times basado en ese trabajo resume con bastante claridad algo que muchos llevamos tiempo defendiendo: solar, eólica, almacenamiento, electrificación, acoplamiento sectorial e hidrógeno para aquellos usos difíciles de electrificar forman ya una arquitectura coherente, no una colección de experimentos inconexos. Y sí, sobre esto mismo escribí ya en 2022, precisamente porque las excusas empezaban entonces a sonar viejas.

Lo interesante es que, desde entonces, la realidad ha seguido avanzando más deprisa que la conversación pública. Según el análisis global citado por AP a partir de datos de Ember, en 2025 las renovables superaron por primera vez un tercio de la generación eléctrica mundial, mientras el carbón cayó por debajo de otro tercio. Más importante aún: la electricidad limpia creció lo suficiente como para cubrir todo el aumento neto de la demanda, y solar más eólica llegaron a cubrir el 99% de ese crecimiento. Esto no significa que hayamos ganado nada de forma irreversible, pero sí que el relato de que las renovables son un «complemento» ha dejado de corresponderse con los hechos. Ya no están adornando el sistema: están empezando a redefinirlo.

Además, las dos variables que durante años sirvieron como refugio retórico de los inmovilistas, coste y almacenamiento, se están desmoronando. El coste de los módulos solares ha caído un 99% en las últimas cuatro décadas. El precio de las baterías de ion-litio ha bajado más de un 99% desde 1991. Y cuando una tecnología mejora y se abarata de ese modo, deja de ser una alternativa para convertirse en una trayectoria dominante. Por eso la cuestión ya no es si las renovables pueden competir: es cuánto tiempo más pretendemos seguir fingiendo que no han ganado ya gran parte de esa competición.

Por supuesto, un mundo sin combustibles fósiles no se construye solo con placas solares en los tejados y aerogeneradores en las costas. Requiere redes mucho más robustas, almacenamiento a distintas escalas, electrificación masiva del transporte y de la calefacción, rediseño industrial, flexibilidad de la demanda y vectores como el hidrógeno o los electrocombustibles para usos específicos donde la electrificación directa no baste. El informe Renewables 2025 de la IEA enlazado antes y las propuestas de IRENA para triplicar la capacidad renovable y doblar la eficiencia energética antes de 2030 insisten en ello. Es decir: no estamos ante una transición simple, pero sí ante una transición perfectamente imaginable, modelizable y técnicamente abordable. Lo que falta no es física. Lo que falta es decisión política, alineación regulatoria y voluntad de enfrentarse a intereses creados.

Ahí es donde la discusión se vuelve realmente incómoda: porque si el obstáculo ya no es tecnológico, entonces hay que señalar a los responsables reales del retraso. Y esos responsables tienen nombres, balances y consejos de administración. La lógica del sector fósil sigue siendo brutalmente simple: como explicaba un reportaje de The Guardian, toda compañía quiere producir el último barril vendido. No el penúltimo. No uno menos por responsabilidad climática. El último. De ahí la importancia de intentar construir marcos políticos nuevos, como la Declaración de Belém o incluso la idea de un tratado de no proliferación fósil: no porque vayan a resolver por sí solos el problema, sino porque ayudan a desplazar la norma social y política. Igual que ocurrió con otras industrias cuya legitimidad empezó a erosionarse antes de desaparecer o encogerse.

Lo utópico no es pensar en un mundo post-fósil. Lo utópico, en el peor sentido del término, es creer que podemos seguir quemando hidrocarburos como hasta ahora sin que el coste económico, social y geopolítico se nos lleve por delante.

La objeción habitual es que todo esto suena muy bien mientras no se hable de cemento, acero, fertilizantes, aviación o transporte marítimo. Pero precisamente ahí es donde la transición deja de ser un eslogan y pasa a ser una estrategia seria: electrificar todo lo electrificable, reservar las moléculas verdes para lo difícil, reducir despilfarros absurdos y reorganizar la demanda. No hay magia: hay ingeniería, planificación y prioridades. La alternativa, además, no es mantener el mundo tal como está, sino resignarnos a un sistema fósil cada vez más caro, más volátil, más litigioso, más subsidiado y más destructivo climáticamente.

La pregunta correcta, por tanto, no es si un mundo sin combustibles fósiles es posible. La evidencia disponible dice que sí lo es, y cada año con más claridad. La pregunta correcta es quién está dispuesto a acelerarlo y quiénes siguen trabajando, con subvenciones, lobby y propaganda, para retrasarlo todo lo que puedan. Porque el futuro energético ya no se decide entre lo posible y lo imposible, sino entre lo inevitable y lo bloqueado. Y cuanto antes entendamos que la dependencia fósil no es una garantía de prosperidad sino una forma de chantaje estructural, antes empezaremos a tratar las renovables no como una opción moralmente deseable, sino como lo que son: la infraestructura básica de una economía moderna, segura y civilizada.

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Una herramienta imprescindible de seguimiento de las políticas europeas de desregulación y una alerta sobre las posibles consecuencias sociales y ambientales de  la agenda de competitividad de la UE, donde se prioriza la competitividad empresarial sobre la regulación pública, bajo el pretexto de simplificación de trámites administrativos.

Arturo Martínez. Comunicación Attac España.

EL Observatorio Europeo de las Empresas (CEO por sus siglas en inglés) es un grupo de investigación y activismo que trabaja para sacar a la luz y cuestionar el acceso privilegiado y la influencia de que gozan las empresas y sus grupos de presión en la elaboración de las políticas de la Unión Europea (UE)

El observatorio nos advierte de las consecuencias sociales y ambientales que la vigente priorización de la competitividad empresarial sobre la regulación pública de la UE nos traerá si no revertimos la situación. Y para ello lleva a cabo el proyecto “Deregulation Watch” (Observatorio de la Desregulación) del que, desde Attac, ya os hemos dado cuenta y recomendado anteriormente. Deregulation watch analiza y documenta la agenda de desregulación promovida por la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen.

La Unión Europea está entrando en una nueva fase política en la que el objetivo de aumentar la “competitividad” empresarial se traduce en una reducción o flexibilización de normas sociales, ambientales, digitales y de protección de derechos.

Esta orientación política está fuertemente influida por las grandes patronales y grupos de presión empresariales, que consideran que muchas regulaciones europeas representan costes excesivos para las empresas. La consecuencia puede ser un debilitamiento progresivo de estándares construidos durante décadas en ámbitos como la protección ambiental, los derechos laborales, la privacidad digital, la transparencia corporativa y la salud pública.

La herramienta “Deregulation Watch”, que desde Attac España recomendamos, nos sirve de seguimiento  a las organizaciones sociales, sindicatos, activistas y ciudadanas interesadas en comprender cómo avanza este proceso de desregulación y qué sectores económicos son sus principales beneficiarios.

Contexto político y económico

El CEO sitúa el origen de esta ofensiva desreguladora en la preocupación de las instituciones europeas por la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China. Diversos actores económicos y políticos sostienen que Europa tiene un exceso de regulación que ralentiza la innovación, las inversiones y el crecimiento económico.

En este contexto, la Comisión Europea ha empezado a presentar propuestas de “simplificación normativa”, justificadas oficialmente como medidas para reducir burocracia y facilitar la actividad empresarial. Bajo este término de “simplificación” lo que se oculta es una estrategia más amplia de desmantelamiento regulatorio.

Las políticas europeas estén priorizando los intereses de grandes empresas industriales, tecnológicas, químicas y financieras frente a objetivos como la transición ecológica, la protección de consumidores o los derechos laborales.

Principales mecanismos de desregulación identificados

1. Paquetes “ómnibus” legislativos

Uno de los instrumentos más relevantes son las llamadas leyes “ómnibus”. Estas iniciativas agrupan múltiples modificaciones regulatorias en un solo paquete legislativo. El mecanismo dificulta el debate democrático y facilita la eliminación simultánea de distintas obligaciones regulatorias. Entre las áreas afectadas se encuentran:

• Requisitos de sostenibilidad empresarial.
• Normas medioambientales.
• Obligaciones de transparencia corporativa.
• Controles sobre cadenas de suministro.
• Protección de consumidores.

Este procedimiento favorece procesos rápidos y opacos, con poca supervisión pública.

2. Reducción de obligaciones de información empresarial

Otro aspecto central es la reducción de obligaciones de reporte y transparencia para las empresas.

La Comisión Europea ha planteado disminuir significativamente las exigencias de información relacionadas con sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa (RSC). El argumento oficial es que las pequeñas y medianas empresas soportan cargas administrativas excesivas.

Sin embargo, estas medidas pueden limitar la capacidad de controlar impactos ambientales, violaciones de derechos humanos y prácticas empresariales abusivas. Al tiempo que las empresas disponen de mayores márgenes para practicar “greenwashing”. Si no hay posibilidad de verificarlo ¿Qué va a evitar que se presenten como sostenibles sin serlo?

3. Obstáculos para nuevas regulaciones

El observatorio denuncia la creación de nuevos mecanismos institucionales que dificultan aprobar futuras regulaciones.

Entre ellos destaca el uso creciente de evaluaciones de impacto económico centradas casi exclusivamente en costes empresariales. Dejando en segundo plano beneficios sociales y ambientales.

Además, critica que determinadas propuestas exijan revisiones constantes de la legislación ya existente bajo criterios de competitividad, generando presión permanente para reducir normas protectoras.

4. Limitación de regulaciones nacionales

Otro elemento relevante es el intento de reforzar el mercado único europeo limitando la capacidad regulatoria de los Estados miembros. La Comisión Europea está impulsando controles más estrictos sobre las normativas nacionales que pueden afectar al funcionamiento del mercado interior. Esto puede dificultar que algunos países adopten estándares ambientales o sociales más ambiciosos que los mínimos europeos.

Se trata de una centralización normativa favorable a las grandes corporaciones multinacionales, interesadas en operar bajo reglas homogéneas y menos exigentes.

Sectores especialmente afectados

Sector ambiental y climático

Las políticas ambientales son uno de los principales objetivos de la agenda desreguladora.

Las industrias químicas, energéticas y automovilísticas aparecen frecuentemente como actores influyentes en las campañas de presión contra regulaciones ecológicas. El Observatorio advierte de posibles retrasos o debilitamientos en:

• Objetivos climáticos.
• Normas sobre sustancias tóxicas.
• Regulaciones de emisiones industriales.
• Requisitos de transición energética.
• Legislación sobre economía circular.

La narrativa de la competitividad se utiliza para justificar excepciones regulatorias y ayudas públicas a sectores altamente contaminantes.

Sector digital y tecnológico

Grandes empresas tecnológicas están ejerciendo una intensa presión para suavizar normas relacionadas con:

• Protección de datos.
• Inteligencia artificial.
• Transparencia algorítmica.
• Competencia digital.
• Moderación de contenidos.

Algunas propuestas de “simplificación digital” pueden reducir garantías fundamentales de privacidad y derechos de usuarios.

Por otro lado es alarmante la falta de transparencia en determinadas negociaciones entre instituciones europeas y grandes plataformas tecnológicas.

Derechos laborales y sociales

Entre las preocupaciones señaladas destacan:

• Debilitamiento de normas de seguridad laboral.
• Flexibilización de obligaciones empresariales.
• Menor protección para trabajadores de plataformas digitales.
• Reducción de estándares sociales en nombre de la competitividad.

Algunos sectores empresariales presentan las protecciones sociales como obstáculos económicos, favoreciendo un enfoque donde la reducción de costes laborales se convierte en prioridad política sobre otros derechos sociales.

Crítica al papel de los lobbies empresariales

Uno de los ejes centrales del análisis del Observatorio de la Desregulación es la influencia de los grupos de presión corporativos en la toma de decisiones europeas. Muchas de las propuestas actuales reproducen demandas históricas de grandes asociaciones empresariales europeas. Y representantes de la industria mantienen un acceso privilegiado a comisarios europeos y altos funcionarios.

El Observatorio denuncia especialmente:

• La desproporción entre acceso empresarial y acceso de organizaciones civiles.
• La opacidad de algunas reuniones y procesos consultivos.
• La incorporación casi literal de demandas empresariales en propuestas regulatorias.
• El uso del discurso de la competitividad para legitimar retrocesos normativos.

Estamos ante una forma de “captura corporativa” pavorosa de las instituciones europeas.

Riesgos identificados por el observatorio

El Corporate Europe Observatory considera que la actual ola desreguladora puede tener consecuencias profundas a medio y largo plazo. Y entre los riesgos principales menciona:

1. Debilitamiento de estándares ambientales y climáticos.
2. Menor transparencia empresarial.
3. Retroceso en derechos laborales y sociales.
4. Pérdida de protección de consumidores.
5. Reducción de controles democráticos sobre grandes empresas.
6. Aumento de la influencia corporativa en la legislación europea.
7. Obstáculos para futuras políticas progresistas.
8. Fragmentación de la confianza ciudadana en las instituciones europeas.

El observatorio teme que Europa abandone progresivamente su modelo regulatorio, históricamente más protector que el estadounidense, para adoptar una lógica más orientada a la liberalización económica.

Conclusión

Frente a todo ello, el Corporate Europe Observatory propone reforzar la vigilancia ciudadana, aumentar la transparencia institucional y mantener mecanismos regulatorios sólidos capaces de equilibrar intereses económicos con objetivos sociales, climáticos y democráticos.

Para saber más os remitimos a nuestra entrada: https://attac.es/curso-intensivo-sobre-la-ola-de-desregulacion-de-la-ue/

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Fotografía: El filósofo Eudald Espluga, que publica ‘Imagina el fin’.M. Font

Artículo original publicado en publico.es por Marc Font

Hablamos con el filósofo, que publica el ensayo ‘Imaginar el fin’, donde cuestiona la idea del colapso inevitable y defiende las narrativas apocalípticas como una herramienta para la «ruptura y transformación» hacia «futuros posibles».

Imaginar el fin. Pensamiento apocalíptico para un futuro potstcapitalista (editado por Paidós en castellano y por Raig Verd en catalán) es el documentadísimo ensayo del filósofo Eudald Espluga (Girona, 1990) que cuestiona la idea de que vamos hacia a un colapso inevitable, fruto de la expansión de unos relatos colapsistas que, entre otros elementos, dificultan la movilización y la acción colectiva para avanzar hacia otros escenarios.

Nos reunimos con Espluga en la sede de la editorial Raig Verd  para conversar sobre una obra en la que defiende la necesidad de cambiar los relatos y, por tanto, los marcos de debate y discusión para plantear lo que considera unos “futuros posibles” con soluciones que ya existen. Que, a grandes rasgos, suponen realizar una transición hacia una sociedad postcapitalista.

Sin negar la evidencia de unos datos científicos que constatan que «estamos en un momento de cambio de época», el filósofo apuesta por los relatos apocalípticos como herramienta emancipadora que, a diferencia del colapso, nos puede llevar a la movilización colectiva, a las alianzas entre diferentes sectores y a una «transformación radical».

P. Sin negar que estamos en un momento de policrisis global -climática, geopolítica, energética o económica-, ‘Imaginar el fin’ cuestiona la idea de que el colapso sea inevitable. De entrada, ¿por qué cree que aparentemente esta idea parece haberse hecho hegemónica?

R. Porque en los últimos años, tanto en los medios de comunicación como en los medios audiovisuales, ha habido una proliferación de discursos y de proyecciones, a través de películas, series o relatos, de toda clase de representaciones de este fin del mundo que están muy encaradas a mostrar esta policrisis. Los datos son los que son, pero lo que quería cuestionar es que de estos datos no surge un relato cultural hegemónico de por sí, sino que de los datos a las representaciones sociales y políticas que nos hacemos de este fin del mundo o de la posibilidad del colapso hay una codificación cultural y social.

Las fantasías del colapso me parecen una forma muy estrecha de representar esta realidad que amenaza nuestra forma de existencia

Quería cuestionar cómo tanto las visiones más hegemónicas, y podemos pensar en películas o en series, sean de zombis o tipo The Last of Us, hasta determinados relatos políticos que enfocan que podemos hacer frente a la emergencia climática, la falta de recursos energéticos o la situación bélica actual también derivada de la cuestión económica, siempre están filtradas por lo que llamo fantasías del colapso. Y me parece una forma muy estrecha de representar antropológicamente, éticamente, políticamente e, incluso, ontológicamente los modos posibles de navegar esos datos y esa realidad que amenaza nuestra forma de existencia.

P. Supongo que un factor que lo puede explicar es que imaginar un mundo que se acaba no deja de ser una narrativa muy efectista, ¿no?

R. Sí, evidentemente todas son efectistas, pero la dimensión de sentir que estamos en el tiempo del fin creo la podemos tener en una narrativa colapsista o en una narrativa más de imaginación apocalíptica. Para mí, lo definitorio no es el efectismo de este «estamos en el fin de los tiempos», que por datos estamos en un momento no sé si del fin de los tiempos en los términos que lo conceptualizamos, pero sí en un momento de transformación brutal. A mí me gusta mucho lo que plantea Lizzie Wade, que parte desde una perspectiva arqueológica y dice que para que haya un apocalipsis no basta con una gran catástrofe, no basta con la destrucción de ciudades, de formas de vida y de más, sino que esta destrucción tiene que ser relativamente rápida y tiene que provocar una transformación simbólica en la autopercepción de una comunidad sobre sus formas de vida.

Hay una destrucción y cambios bastante rápidos para que simbólicamente nos planteemos que nos encontramos en una situación de fin de los tiempos

Creo que sí que nos encontramos en una situación apocalíptica en el sentido que la describe Wade, es decir, está habiendo una destrucción y cambios suficientemente rápidos para que simbólicamente todo el mundo hoy nos planteemos que nos encontramos en esta situación de fin de los tiempos o de cambio de época. Para mí lo importante es ver que en estas fantasías colapsistas esto está asociado a esta dimensión más antropológica, que es lo que lo hace muy atractivo para las series, las películas o los relatos. Caer en un pesimismo antropológico y pensar que a la mínima que haya una falla en la cadena de distribución de alimentos y que no haya papel de váter en los supermercados habrá una guerra de todos contra todos y una lucha. Esta idea de cómo que a la mínima que fallen las instituciones sociales y las dinámicas de mercados a las que estamos acostumbrados habrá una guerra brutal en la que se impondrá el egoísmo de todos contra los demás.

Creo que sí que nos encontramos en una situación apocalíptica en el sentido que la describe Wade, es decir, está habiendo una destrucción y cambios suficientemente rápidos para que simbólicamente todo el mundo hoy nos planteemos que nos encontramos en esta situación de fin de los tiempos o de cambio de época. Para mí lo importante es ver que en estas fantasías colapsistas esto está asociado a esta dimensión más antropológica, que es lo que lo hace muy atractivo para las series, las películas o los relatos. Caer en un pesimismo antropológico y pensar que a la mínima que haya una falla en la cadena de distribución de alimentos y que no haya papel de váter en los supermercados habrá una guerra de todos contra todos y una lucha. Esta idea de cómo que a la mínima que fallen las instituciones sociales y las dinámicas de mercados a las que estamos acostumbrados habrá una guerra brutal en la que se impondrá el egoísmo de todos contra los demás.

Creo que sí que nos encontramos en una situación apocalíptica en el sentido que la describe Wade, es decir, está habiendo una destrucción y cambios suficientemente rápidos para que simbólicamente todo el mundo hoy nos planteemos que nos encontramos en esta situación de fin de los tiempos o de cambio de época. Para mí lo importante es ver que en estas fantasías colapsistas esto está asociado a esta dimensión más antropológica, que es lo que lo hace muy atractivo para las series, las películas o los relatos. Caer en un pesimismo antropológico y pensar que a la mínima que haya una falla en la cadena de distribución de alimentos y que no haya papel de váter en los supermercados habrá una guerra de todos contra todos y una lucha. Esta idea de cómo que a la mínima que fallen las instituciones sociales y las dinámicas de mercados a las que estamos acostumbrados habrá una guerra brutal en la que se impondrá el egoísmo de todos contra los demás.

P. Unos relatos, por otra parte, que benefician mucho a las tesis de la extrema derecha.

R. Efectivamente, porque básicamente lo que esto acaba propiciando es que si antropológicamente asumimos que somos egoístas por naturaleza y que el hombre es un lobo para el hombre, la consecuencia es que si el colapso o cualquier forma de crisis ecosocial se tiene que transformar en esta guerra, lo que tenemos que hacer es empezar a prepararnos para el momento del colapso. Y aquí es donde entran las tesis de la extrema derecha y donde vemos estas narrativas survivalistas o preparacionistas, con las que consideran que te tienes que entrenar mucho físicamente, en plan cryptobro, también está la parte de criptomonedas, que es como ante una posible caída de los mercados y de las instituciones tradicionales tenemos que ir a las cadenas propias, y también el hecho de llevar esas mochilas de 70 litros con las navajas, el DNI plastificado, la tienda de campaña y todo lo que necesitarás para sobrevivir en caso de que haya un gran apagón o una falta de recursos.
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​Para mí esto es muy grave porque estas cuestiones ligadas a una narrativa preparacionista ya no son tan de nicho y, por ejemplo, cada vez ves más estas mochilas y, casi siempre, los que las llevan van con símbolos fascistas. Me parece muy interesante que haya esta unión casi entre el preparacionismo y la extrema derecha porque esto se traslada a políticas públicas a través de los partidos de extrema derecha y los que no lo son. Este imaginario colapsista va más allá de ellos, y hace un año o poco más la Unió Europea recomendaba que hiciéramos kits de supervivencia.

El discurso de refuerzo de fronteras tanto en Europa como en los Estados Unidos es una política preparacionista

Haciendo un análisis un poco a lo basto de la situación geopolítica que tenemos ahora, con los bombardeos en Irán y todo lo que está haciendo de política exterior Estados Unidos, se puede entender en esta clave de la nación que debe prepararse para asegurarse los recursos en un mundo en el que habrá escasez de petróleo y habrá una escasez energética fuerte. E, incluso, esta protección se traslada en tesis de defensa de de la población blanca en clave supremacista. Todo el discurso de refuerzo de fronteras tanto en Europa como en Estados Unidos, allí con las actuaciones de la ICE y las deportaciones masivas, también es una política preparacionista de si vamos hacia un mundo que colapsa, necesitamos vivir en esta fortaleza, en este Estado búnker para defendernos de los invasores.

P. Seguramente los casos más extremos de este preparacionismo serían los proyectos de búnkeres para megamillonarios o las huidas hacia el espacio también de este colectivo, que al final numéricamente son muy pocos y, en buena parte, responsables directos de las crisis sistémicas que sufrimos.

R. Sí, sí, totalmente. Me parece muy interesante lo que dice un autor como Ben Ware, que plantea que ante estos relatos colapsistas se genera una doble actitud, que he intentado reseguir en el libro. Si el miedo que tienes es que en dos días o en quince fallen todas las cadenas de distribución y al final no te acabe llegando agua potable a casa, no haya medicamentos en los hospitales, etc, y que todo el mundo esté compitiendo por ello, es decir, si has comprado el relato del colapso o acabas con la pasividad nihilista y, por tanto, como el mundo se tiene que ir a la mierda pues hedonismo puro y nos entregamos a lo que quede y venga a quemar fósiles hasta que no quede mañana; o acabas con la hiperactividad narcisista, que es la que encontramos en esta doble vía de los escapistas. Ya sea o nos vamos a un búnker o todas las ideas de Elon Musk y compañía con esta voluntad de ir a construir a Marte lo que no has querido en la Tierra.

Si has comprado el relato del colapso, acabas con la pasividad nihilista o con la hiperactividad narcisista

P. En un momento escribe que «el cierre imaginativo en torno al colapso ha limitado salvajemente las maneras de acercarnos al futuro». Es decir, que ensanchar este imaginario de futuro es un paso imprescindible para actuar y para generar unas respuestas colectivas a la situación actual.

R. Sí, completamente, por eso el título del libro. Y por eso vuelvo a esta frase tan repetida y tan pesada de «es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo». Pero al final, Fredric Jameson, en el origen la cita, no defiende la frase, sino que tras analizarla y dar muchas vueltas lo que dice es que quizás lo que tenemos que hacer es plantearnos cómo llegar al fin del capitalismo a través del relato sobre el fin del mundo. Y es aquí donde le interesa la lógica apocalíptica porque tiene ese juego dialéctico entre una destrucción o un cambio de un modelo social. Y a mí me interesaba ver como sin renunciar a este horizonte escatológico y sin dejar de pensar estas problemáticas reales de la policrisis [que tenemos], se podían empezar a generar relatos que no solo fueran esperanzados, sino que aprovecharan este momento de transición y de complejidad.

P. Ligado a esto, en un momento del libro cita a Rebecca Solnit que defiende que la acción está determinada por la visión. Es decir, que nuestra manera de ver el mundo determina lo que podemos hacer y, por tanto, si no ofreces un relato esperanzador que plantee un futuro diferente difícilmente actuarás.

R. Totalmente, pero es verdad que después de que Mark Fisher publicara el libro Realismo capitalista y se empezara a discutir sobre ello, han empezado a aparecer muchos pensadores en los últimos 10-15 años que sí hacen un ejercicio de imaginación proyectiva de cómo pueden ser estos escenarios diferentes. Por ejemplo, es muy interesante la propuesta del comunismo de lujo completamente automatizado. Es un poco una locura porque parte de asumir la base más radical del pensamiento capitalista de un Elon Musk y asumir que por la ley de Moore habrá un crecimiento exponencial en el desarrollo de las tecnologías y eso nos permitirá en el lapso de 15 o 20 años llegar a un estado de abundancia total. Hasta el punto de que podremos crear carne sintética y, por tanto, podremos dejar de matar animales y seguir comiendo toda la carne que queramos, o que podremos tener un sistema energético 100% renovable y seguir gastando y consumiendo la misma cuota de energía habiendo renunciado a las energías fósiles. Es una propuesta muy interesante y muy discutible, pero que al mismo tiempo nos confronta con esa necesaria imaginación de futuros que no se rijan por las lógicas del presente.

O lo mismo, por ejemplo, con el socialismo de medio planeta, que propone que se necesita renaturalizar medio planeta y, por tanto, los humanos tenemos que habitar sólo en la mitad del planeta. Y que en esa mitad haya una reducción muy grande del consumo de energía, que se repartirá por cuotas y será sólo de origen renovable, que toda la sociedad adoptará una dieta vegana, y a partir de ahí habrá un sistema de planificación socialista que repartirá los trabajos. Para mí, estas eran como las primeras propuestas para salir un poco de los debates que estaban ya un poco entroncados sobre el decrecimiento y muy encarados en la idea de colapso.

Solnit nos invita a transformar nuestra visión sobre el presente y darnos cuenta de que hay cosas que ya están cambiando

R. Estas propuestas encajarían perfectamente en la idea de cambiar la visión para cambiar la acción, pero en la medida que eran proyecciones utópicas de una transformación tan total lo que me parece interesante de Solnit es que en su libro no mira como utopías de transformación a muy largo plazo, sino que nos invita a transformar nuestra visión sobre el presente y darnos cuenta de que hay cosas que ya están cambiando. Mirando los movimientos sociales, desde los años 70 hasta la actualidad, lo que hace es ver cosas que en su momento percibimos, dice ella, como un éxito sin victoria. Como, por ejemplo, que no hemos conseguido acabar con el cambio climático construyendo un huerto urbano, pero de golpe lo que podía parecer solo para una pequeña comunidad autogestionada empieza a ser una política urbana adoptada por ayuntamientos y por instituciones más amplias. Podríamos pensar lo mismo con los refugios climáticos. O podemos ir escalándolo en propuestas más generales, por ejemplo, a mí la de superilla me parece muy clara, porque en Barcelona la tenemos muy presente, pero lo mismo se ha estado haciendo en parte en Nueva York, y en parte pasó con la ciudad de los 15 minutos en Francia.

Y la reticencia y el rechazo que ha habido por parte de sectores de la derecha y de la extrema derecha a estas políticas, con el argumento de que puedas ir donde quieras con tu vehículo privado de gasolina, no es solo una batalla urbanística o de ciudad, es una batalla por el modelo. Porque cuestionas la esencia misma de la cosmovisión de la extrema derecha según la cual tú tienes derecho a tus cosas, a tu propiedad, a tu acceso,… El modelo de las transformaciones urbanísticas me parece muy evidente, pero hay muchos otros que se han propuesto, por ejemplo, en el campo de la vivienda.

P. Seguramente mucha gente que lea el libro se sorprenderá de que la tesis que defiende es que el apocalipsis «no es la narración cataclísmica de una destrucción total, sino una historia de transformación radical». Por lo tanto un «tiempo de ruptura, una puerta abierta al cielo que nos narra otros futuros posibles». ¿Por dónde pasarían estos futuros?

R. Primero, las cosas que ya tenemos sobre la mesa o que ya se están haciendo y que se pueden hacer a una escala mucho mayor. Y después transformaciones en clave de la vivienda o, por ejemplo, este momento geopolítico que nos encontramos con la subida del precio del petróleo, hace que de golpe tengas otra mirada hacia la transición energética y que esté mucho más politizada de lo que lo había sido antes. Para mí, de golpe, la transformación energética ya no pasa a ser solo cambiar tu coche por un Tesla, por así decirlo, y esa idea de la descarbonización sin intentar cambiar la sociedad, sin que cambie nada, sino entender que la batalla por la transformación energética es una transformación por el modelo. Y que la apuesta por las renovables y por las energías limpias es una apuesta antifascista de una forma muy evidente.
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​En la vivienda, propuestas como las que ya estamos viendo de cooperativas de viviendas me parecen muy interesante. Pero autoras como Helen Hester van más allá, y en el libro Contra el realismo doméstico, plantea que empecemos a reflexionar sobre las nuevas formas de construcción de viviendas y, por ejemplo, si tiene sentido que en un edificio de ocho plantas y cuatro pisos por planta todo el mundo tenga una cocina o tenga una lavadora. ¿Por qué no vamos hacia cantinas públicas o hacia supermercados públicos donde la distribución de los alimentos sea de productos de proximidad?

De repente, la transformación energética es una batalla para cambiar el modelo y una apuesta antifascista

Creo que esta transformación, esta transición hacia la sociedad postcapitalista, debe darse en estas instituciones que estén a medio camino entre lo que hasta ahora ha sido el mercado y lo que entendemos por espacio público. Un nuevo modelo que no debemos imaginar como este comunismo completamente automatizado, sino como una idea de lujo público que no sea una idea tan futurista, sino que esté mucho más arraigado. El ejemplo más evidente de lujo público que tenemos y al que nos hemos acostumbrado y no reflexionamos mucho sobre ello son las bibliotecas. Tienes acceso a prácticamente todo, puedes estar en ellas sin que nadie te diga nada, es de las instituciones que mejor refleja la diversidad social, es un lugar de estancia, de juego,… Si el modelo de las bibliotecas de lujo público lo podemos trasladar a supermercados públicos, a cantinas públicas, a lavaderos, a otros modelos de organizar los cuidados y el trabajo productivo y reproductivo, creo que aquí hay un poco esta clave de transformación urbana e, incluso, de la relación entre lo urbano y lo no urbano donde para mí pasa la imaginación de estos nuevos futuros.

P. Estos futuros tienen un vínculo con los relatos colapsistas hechos desde las tesis del decrecimiento, en el sentido de defender la necesidad de romper con el actual modelo económico.

R. Para mí es clave. Cuando cuestiono los relatos colapsistas no es porque no exista la necesidad de ese cambio, sino precisamente porque creo que lo que debe hacer el cambio de relato es marcar las formas de creación de esa agencia colectiva o esa agencia política. Si partimos de un relato completamente colapsista es mucho más fácil que tendamos hacia soluciones hiperindividualistas o preparacionistas como decíamos. O, incluso, hacia propuestas como el comunismo del desastre, a partir de modelos de decrecimiento basados en el colapso. O la idea casi pseudoanarquista de pensar que una vez caigan las instituciones solo en comunidades pequeñas y ruralizadas podremos encontrar la solución a este momento de colapso.

Si partimos de un relato completamente colapsista es mucho más fácil que tendamos hacia soluciones hiperindividualistas o preparacionistas

Y, por ejemplo, una de las cosas que puede ser más problemáticas de la tesis del libro es que creo que la solución debe ser urbana o en gran parte debe pasar por lo urbano, que es donde vive la mayoría de la población. Si no queremos acabar adoptando las teorías problemáticas que si la gran sustitución o las tesis lamarckistas y eugenésicas, creo que nos tenemos que replantear cómo vivimos en estas ciudades, cómo consumimos y cómo nos organizamos en general a nivel de transporte público.

P. ¿Entiendo que con el planteamiento de soluciones ya existentes y, por tanto, que se ven posibles, también quiere buscar que el relato sea más atractivo para gran parte de la población, lo que facilitaría la movilización?

R. Bueno, es que justamente creo que, además de atractivo, tiene que dar motivos y tiene que facilitar esta movilización. Por eso cuando vuelvo al apocalipsis bíblico lo hago no solo por una cierta fascinación, sino porque, aunque no lo hayamos leído, todos tenemos en la cabeza unas imágenes que movilizan una imaginación y lo que busco es despertar un poco esa imaginación, llevándolo mucho a lo que fue durante tiempo su lectura. No tanto en el momento de su escritura, cuando era muy difícil que por sí solas aquellas iglesias cristianas se rebelaran contra el imperio, pero sí en movimientos que van desde el siglo V hasta el XV. Lejos de lo que pensamos hoy por los memes tipo «el milenarismo va a llegar», los movimientos milenaristas no son sectas de locos, sino que utilizan el carácter profético o las promesas de este mundo mejor [del apocalipsis], no como una forma de abandonar la acción, porque ya llegará en otra en otra vida, sino para movilizarse y buscar alianzas entre sectores depauperados ante la injusticia presente.

La extrema derecha ve los relatos apocalípticos como un peligro porque son capaces de generar movilización y alianzas entre diferentes sectores

Hay muchos movimientos que terminan en grandes revueltas campesinas y en un cuestionamiento muy fuerte de las autoridades feudales o de una burguesía incipiente. Y son movimientos que, de hecho, llegan hasta el siglo XVIII-XIX con movimientos anticoloniales. Y justamente la extrema derecha ve los relatos apocalípticos como un peligro porque son capaces de generar esta movilización, esta concentración de las agencias colectivas. Porque percibir el fin del mundo como una posibilidad real pero al mismo tiempo como la posibilidad de un mundo mejor, es lo que puede acabar generando estas alianzas entre diferentes sectores, de clases bajas, clases depauperadas, sectores industriales, etc.

P. En cierto modo esta defensa de la organización y la necesidad de una respuesta colectiva une, o así lo interpreto yo, Imaginar el fin, con su anterior libro, No seas tú mismo, cuando apostaba por buscar soluciones políticas y, por tanto, colectivas a los malestares generalizados de la sociedad.

R. Sí, para mí es claramente como esta evolución, incluso en la idea del doomer que también es una línea que conecta bastante. Al final, No seas tú mismo cuestionaba un poco que los problemas que sufrían los jóvenes hoy fueran generacionales. De lo que hablaba era de la emergencia de unos nuevos problemas, como por ejemplo el relacionado con el capitalismo de plataformas, que de acuerdo lo vemos muy acentuado en los millenials y un poco en los zetas, pero eso no quiere decir que esa misma cancelación del futuro que vemos no afecte a las otras generaciones o que el capitalismo de plataformas no afecte a todo el mundo. Si miramos Airbnb y lo que está generando en la ciudad pues sí, los jóvenes tenemos problemas de vivienda, pero es una afectación muy intergeneracional.
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​Lo que hago ahora es ir un poco más allá y ver como muchos de estos problemas en la situación presente han rebasado incluso las estructuras políticas clásicas y, por tanto, los problemas ya no se pueden enmarcar solo en el contexto más o menos estrecho de este neoliberalismo. Sino que muchas de las tesis que ya se han convertido en una realidad política evidente, como las de la ilustración oscura que han influido muchísimo en políticos como J.D. Vance y la administración Trump o en tecnomillonarios tipo Elon Musk o Peter Thiel, van directamente en contra de la democracia. Buscan la imposición de unos dictadores CEO que rijan los Estados como si fueran empresas, gobiernos corporativistas que en la práctica ya los estamos viendo. Cuando los servicios de defensa se hacen a través de los programas de Peter Thiel y Palantir pues estamos viendo como ya se está produciendo esto.
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​Por lo tanto, creo que el tipo de amenaza que tenemos hoy es tan grande o es sustantivamente capaz de amenazar la situación existencial del presente que me parecía importante volver a pensar la relación entre política y escatología. Al igual que en el pasado había sucedido, por ejemplo, con la cuestión nuclear, y que había llevado a Susan Sontag o a Günther Anders considerar durante la época de la Guerra Fría que había como una transformación filosófica de las herramientas políticas mediante las cuales teníamos que enfrentar los problemas que vivíamos.

P. Es decir, ¿hay una especie de salto de escala en los objetivos de esta tecnomillonarios que van más allá de los meramente económicos?

R. Creo que con el crecimiento de la inteligencia artificial estamos en un momento de toda una transformación tecnológica de este capitalismo de plataformas, que ha ido más allá. Ya no se rige por esta falsa idea del libre mercado y del neoliberalismo, con la libre competencia de empresas, si no que estamos en un escenario monopólico. Y, además, lo que hace es pensar al Estado como una de las armas principales para transformar el mundo y asegurar la emergencia de un mundo diferente en clave neoconservadora. De hecho, Ben Tarnoff y Quin Slobodian acaban de publicar un libro que se llama Muskism, donde dicen que olvidémonos de decir que son neoliberales o que son anarcocapitalistas. Tienen una lógica de totalitarismo tecnológico a través del Estado, que es también lo que plantea Donatella Di Cesare en su libro Tecnofascismo.

Los tecnomillonarios como Elon Musk tienen una lógica de totalitarismo tecnológico a través del Estado

Me parece muy interesante dejar de pensar en ellos como millonarios capitalistas que lo que hacen es querer ganar dinero, que sí lo quieren ganar, pero que el modelo que tienen detrás es una ideología de Estado totalitario. Por lo tanto, ya no es solo pensar el capitalismo de plataformas por cómo genera esta individualidad, sino que tenemos que ir a mirar las empresas y cómo funcionan estas plataformas y las soluciones políticas que tenemos que traer no son «yo me desconecto, me borro las redes sociales y vivo offline». Cuando Palantir está armando el ejército de Estados Unidos, da igual que tú no tengas Meta o Instagram.

P. Ya para terminar, a pesar del contexto de policrisis, o precisamente por eso, no sé si a la vez tiene la sensación de que hay un embrión de una cierta revuelta ciudadana a través de la movilización popular, sobre todo en el ámbito de la vivienda, en el que no sólo se cuestiona el modelo dominante, sino que también se plantean alternativas y horizontes diferentes.

R. Sí y me parece fundamental porque, además, creo que una de las grandes victorias del Sindicat de Llogateres ha sido precisamente la de transformación del relato, porque los problemas de la vivienda a día de hoy son sensiblemente diferentes de los que había post crisis del ladrillo en 2008. Desde el principio, el Sindicat de Llogateres ha sido capaz de trazar mediáticamente y explicar también socialmente a todo el mundo que hay la emergencia de una nueva clase rentista. Y que se trata de un problema que va más allá de las decisiones individuales que hacemos nosotros al comprarnos una casa o al asumir un alquiler más o menos caro, sino que los desahucios que se están produciendo responden a unas lógicas que son completamente especulativas y que no tienen que ver con la relación que debe tener supuestamente una vivienda para asegurar un derecho, sino que se acaban convirtiendo en bienes de consumo. Y, por tanto, puede generar esta movilización social porque el relato que marca dirige mucho hacia dónde va la acción.

Una de las grandes victorias del Sindicat de Llogateres ha sido la de transformación del relato sobre vivienda

Si defiendo algo en el libro es que debemos cambiar los relatos para que en otras luchas que son prioritarias para nuestra supervivencia, como la emergencia climática, la defensa de un modelo de ciudad, de un modelo de instituciones públicas muy concreto o de un modelo de transición de energías renovables, entre otras, también se produzcan cambios de marcos que sean capaces de generar esas agencias colectivas que vayan destinadas a una confrontación política amplia. Y no a una lógica que puede acabar muchas veces en una división más dentro de la propia izquierda, de si tenemos que tender más hacia un modelo de decrecimiento, cuando menos renovables, si las tenemos que poner aquí o allá. Debemos tender más hacia esta repolitización de las propias herramientas para hacer un frente amplio.

La entrada «La transformación energética es una batalla para cambiar el modelo y una apuesta antifascista» se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Fotografía: Palestinos desplazados caminan sobre los escombros de los edificios derrumbados en el campamento de Al-Bureij. DPA vía Europa Press.

Artículo original publicado en espacio-publico.com por Alberto Fraguas Herrero

Las guerras atentan contra la vida en su mas amplia acepción. No solo provocan desgraciadas pérdidas individuales sino profundas brechas de degradación ecológica. Es una actitud de verdadero asedio a la biosfera pues ésta alberga recursos útiles para cada parte del conflicto. No toca aquí hablar de estas estúpidas y asesinas ultimas guerras, de su sinsentido derivado de las nuevas geopolíticas psicopatológicas, pero sí de algunas derivadas que también matan, que también destrozan vidas, el ecocidio como parte del genocidio.

Históricamente las guerras miden su coste lógicamente en vidas humanas perdidas, desestructuración territorial y colapsos económicos, pero también tienen una nueva métrica en la destrucción que conllevan: la huella ecológica que se debe considerar antes, durante y después del conflicto que envenena el agua, la tierra, el aire y el suelo durante generaciones.

A menudo pensamos que la guerra es un choque violento de ejército por territorio, recursos naturales o incluso ideología. Sin embargo, existe un choque más silencioso, persistente y ubicuo: la ofensiva contra los sistemas biológicos, sociales y psicológicos que sostienen la vida, que la desarrollan, que la perpetúan. Esta guerra no se libra con pólvora o misiles sino con la indiferencia, con la explotación dominante neocolonial. Se libra con una visión del mundo contra la vida en si misma, priorizando lo inanimado, lo tecnológico sobre lo orgánico.

Huella Ecológica de la guerra

La guerra altera el equilibrio de la naturaleza de múltiples maneras y su afección tiene directa incidencia en la salud humana (la salud es integral, es una “única salud”, ambiental y humana).

Las talas generalizadas de arbolado y los incendios forestales son frecuentes en épocas bélicas y con ello se altera el régimen hídrico al mismo tiempo que se contamina el suelo y el agua por partículas sólidas y metales pesados, con frecuencia por minas terrestres y municiones sin explotar. Estamos viendo como el agua es precisamente uno de los vectores ambientales más sensibles a nivel ecosocial y por tanto los más asediados. La destrucción de embalses, desaladoras, estaciones de bombeo, canales, son objetivos de ataques de EEUU e Israel en su guerra con Irán, como también lo son las fuentes de origen, ríos, lagos, etc… que albergan un delicado equilibrio biológico a su vez.

Bombardeos masivos, incendios forzados (en ocasiones con productos químicos específicos), espumas químicas contra incendios altamente contaminantes, inundaciones provocadas, etc… obviamente no son inanes para el entorno ambiental y son perdurables décadas enteras afectando de manera irremediable las economías locales durante muchos años. En Gaza, por ejemplo, suelo y agua (y por ende la agricultura) están absolutamente degradados. Los sistemas de saneamiento y depuración de aguas han sido destrozados así como la nula gestión de residuos urbanos a los que añadir la ingente cantidad de restos de demoliciones, escombros, muchos de ellos contaminados con amianto y otros productos tóxicos. Todo ello provoca graves problemas sanitarios (la OMS informó de casi 180.000 casos de problemas respiratorios y diarreas en niños a los 3 meses de iniciarse el conflicto de Gaza).

Por otra en cuanto a su incidencia en la crisis climática, el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente estimó que los sectores militares son responsables del 5,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (pongamos como referencias el turismo con un 8% y todo el sector residencial con un 11%), unas emisiones que no quedaron consideradas en el Acuerdo de París aduciendo los países firmantes reservas de seguridad.

Pero además las emisiones atmosféricas derivadas de las guerras producen contaminaciones agudas muy graves por liberación de sustancias químicas al destruirse numerosas y estratégicas instalaciones industriales con lluvia ácida inducida por productos sulfatados que alteran el pH de las precipitaciones locales. Durante la guerra de Golfo en 1991 la destrucción de pozos petrolíferos liberó medio millón de toneladas de contaminantes (incluidos  metales pesados de los proyectiles  como plomo, antimonio y mercurio) con alta persistencia en suelo y aguas subterráneas. Las grandes cantidades de municiones con metales pesados y uranio empobrecido, así como productos químicos explosivos son devastadores para los ecosistemas naturales… y sociales donde el ser humano vive.

En el caso del último asalto del “sionismo trumpiano” en Irán, un país ya de por sí con graves problemas ambientales con una ciudad como Teherán entre las más contaminadas del mundo está siendo particularmente dañino para los ecosistemas con una “lluvia negra” producida por los ataques a refinerías y depósitos de petróleo, aerosoles de hidrocarburos y partículas sólidas con liberación masiva de SO₂, NO x y millones de Tn de CO₂[1]; derrames de petróleo (por el Estrecho de Ormuz pasa el 20% del petróleo mundial), daños en desalinizadoras que amenazan el abastecimiento de la población y alteración de la calidad del agua con filtraciones a unos acuíferos ya con un stress hídrico que están a punto de colapsar (Irán se hunde 20 cm al año por falta de acuíferos).

Si a estos añadimos el impacto nuclear, mucho más allá de la explosión con los riesgos del “invierno nuclear”, radiaciones ionizantes (isótopos de larga vida: Cesio-137, Estroncio-90) que son absorbidos por suelo y huesos causando daños genéticos durante generaciones el “No a la Guerra” se convierte en un enorme grito de “Sí a la Vida”.

Pero no es solo los efectos en sí del conflicto. También su preparación es dañina. Hoy vemos que los misiles son la nueva panacea bélica. Estos misiles requieren de materiales, tierras raras y metales (aluminio y titanio), cuya extracción supone contaminar aguas y tierra por décadas. Asimismo los propulsores tienen productos muy contaminantes (como el perclorato amónico) que son altamente cancerígenos alterando también la capa de ozono. Incluso en la realización de las pruebas para garantizar su siniestra eficacia se liberan gases tóxicos y metales (plomo, antimonio) y muchos de estos misiles terminan en el fondo del mar.

La paradoja de la reconstrucción.

Tras los conflictos viene la reconstrucción (que es lo que hace que suba el PIB), pero esta no solo resuelve o corrige impactos sino que genera otros nuevos y en ocasiones empeora los existentes. No, la guerra no tiene reconstrucción posible, solo hacer algo menos lesivos sus efectos.

Millones de toneladas de hormigón, acero, metales varios, generados en la devastación deben gestionarse en vertederos, no siempre ubicados en sitios adecuados. Muchos edificios derribados tienen asbesto (amianto), plomo de tuberías y otras sustancias tóxicas.

La huella de carbono por la reconstrucción aumenta por las nuevas actividades. La producción de cemento y acero son grandes generadores de CO₂, el transporte pesado y la logística de acarreo de materiales incrementan el consumo de combustibles fósiles, las maderas para encofrados y otras estructuras implican deforestar bosques, la grava y arena saldrán de canteras y graveras con una funcionalidad de alto impacto en los lechos fluviales que son frecuentemente dañados al priorizar una “reconstitución a la normalidad” sobre el cuidado ecológico. Una reconstrucción que no es tal si tenemos en cuenta los ecosistemas.

El Ecocidio como Quinto Crimen

El Derecho Internacional Humanitario prohíbe el uso del medio ambiente como arma, esto es, prohíbe los ataques deliberados contra el medio ambiente natural, y en particular la destrucción de recursos naturales y el uso de técnicas de modificación ambiental (tales como el empleo de herbicidas para alterar el equilibrio ecológico de una región). Asimismo, exige que las partes en conflicto contemplen si existe la posibilidad de causar daños ambientales antes de decidir un ataque.

El marco legal que vincula a la Corte Penal Internacional (CPI) con el ecocidio se encuentra en un punto de inflexión histórico. Históricamente el medio ambiente ha sido el “huérfano del derecho (!) de guerra. Sin embargo algo está cambiando.

Actualmente la CPI solo tiene competencias sobre 4 crímenes: Genocidio, Crímenes de lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y el Crimen de Agresión. La única mención al medio ambiente se da en el Artículo 8 (2) (b) (IV) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:

“Lanzar un ataque intencionadamente, a sabiendas de que causará … daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que sean manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa que se prevea”.

Esta definición esta acotada  por:

• Contexto: solo aplica en conflictos armados internacionales (crímenes de guerra).
• Umbral: Se requiere en una triple condición que el ataque cause daños “extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural” que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar anticipada.
• Limitación: No protege al medio ambiente en tiempos de paz, que es donde ocurre la mayor parte de la destrucción ecológica masiva.
• La proporcionalidad es un factor subjetivo en base a supuestas “ventajas militares”.

No obstante existe un movimiento global para enmendar el Estatuto de Roma e incluir el Ecocidio como crimen autónomo.

En 2021, un panel de expertos internacionales (convocado por la Fundación Stop Ecocide) redactó una definición jurídica para ser incorporada como el Artículo 8  del Estatuto de Roma:

“Se entenderá por ecocidio cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado con conocimiento de que existen probabilidades sustanciales de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”.

Elementos claves son por tanto:

• Daño Grave: Deterioro, destrucción o pérdida adversa y significativa de cualquier elemento del medio ambiente.
• Extenso: Daño que va más allá de una zona geográfica limitada, trasciende fronteras o afecta a todo un ecosistema o a un gran número de seres humanos.
• Duradero: Daño irreversible o que no puede recuperarse mediante regeneración natural en un período razonable.

Para que el ecocidio sea una realidad jurídica en la CPI, debe seguirse el proceso largo. Aunque el soporte legal crece, existen obstáculos significativos. Soberanía Económica: muchos Estados temen que la criminalización del ecocidio afecte industrias extractivas clave (minería, petróleo, agricultura intensiva); Causalidad: probar el vínculo directo entre un líder (político o empresarial) y un daño ecológico específico es complejo bajo los estándares de derecho penal; Jurisdicción: grandes emisores de carbono y potencias industriales (como EEUU, China o India) no son miembros de la CPI.

¿Qué está pasando ahora? A pesar de que la CPI aún no lo juzga de forma autónoma, el actual Fiscal de la CPI ha emitido directrices para priorizar crímenes ya existentes (como crímenes de guerra o lesa humanidad) que se cometan mediante la destrucción del medio ambiente o la explotación ilegal de recursos naturales. El camino está abierto.

Conclusión: No hay Justicia Ambiental o Climática sin Paz

La guerra entre Irán, EEUU e Israel demuestra que el medio ambiente no es una víctima colateral, sino un objetivo estratégico y, simultáneamente, la mayor víctima silenciosa.

Mientras el mundo intenta limitar el calentamiento global a 1,5^ºC, las operaciones militares en unas pocas semanas pueden borrar años de esfuerzos de descarbonización civil.

La comunidad internacional debe avanzar hacia la criminalización del ecocidio y la inclusión obligatoria de las emisiones militares en los tratados climáticos. Sin esto, la protección del planeta será imposible mientras las potencias sigan quemando el futuro en los campos de guerra y no de vida.

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Fotografía: Reproducción de grafiti de banksy

Manifiesto de la Sociedad civil en contra del Sistema de disputa entre inversor y estado.

El sistema de disputa entre inversor y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) está amenazando una transición sostenible y justa lejos de combustibles fósiles y la urgente necesidad de una transformación ecológica y social para las personas y el planeta. Reconocemos la inclusión de este riesgo en los pilares temáticos de la primera Conferencia sobre Transición para Alejarse de los Combustibles Fósiles. 

Hacemos un llamado a los gobiernos para construir una coalición de países comprometidos con salir del ISDS. 

El sistema de ISDS se encuentra en miles de tratados de comercio  e inversión. Permite que las empresas transnacionales demanden a los gobiernos en tribunales opacos fuera del sistema legal nacional por cambios en leyes o políticas que puedan afectar de cualquier forma sus ganancias esperadas. El ISDS otorga a los inversores transnacionales privilegios que ninguna empresa pequeña o ciudadano/a tiene, en particular las personas y comunidades más afectadas precisamente por esas inversiones. 

Los impactos del sistema de arbitraje ISDS son palpables en todas las áreas de la sociedad y la economía, desde la salud pública a los servicios públicos, hasta la seguridad nacional o regulación sobre el uso seguro de sustancias químicas. Es un sistema profundamente antidemocrático que pone en riesgo los derechos, las soberanías y la autodeterminación. 

Durante muchos años, empresas petroleras, de gas y mineras así como corporaciones energéticas han demandado a cientos de países usando el ISDS , y esto va en aumento. Empresas de combustibles fósiles y del sector minero han usado el ISDS para ganar más de 87 mil millones de dólares de dinero público desde 1998.

Además de esto, en años recientes hemos visto un aumento en casos que directamente afectan políticas específicas de transición energética. Empresas transnacionales están demandando en relación con medidas que incluyen la descarbonización, por rechazar otorgar nuevas licencias de extracción de carbón o ampliar licencias existentes, impuestos extraordinarios sobre beneficios energéticos excesivos, prohibición de extraer petróleo en alta mar, regulación sobre el fracking y el cierre de yacimientos de gas. 

Las comunidades más afectadas por la crisis climática son casi siempre las más afectadas por estas demandas de ISDS ya que precisamente son estas quienes están luchando contra la destrucción del medio ambiente por la actividad minera y otros proyectos extractivos, incluida la creciente demanda de minerales críticos.  

Los principales riesgos del ISDS para una transición para alejarse de los combustibles fósiles y realmente avanzar en una transición energética son el aumento significativo de los costes asociados al pago de estas millonarias demandas a los inversores transnacionales y el efecto de congelación regulatoria sobre leyes y políticas necesarias. Las empresas transnacionales pueden demandar cantidades enormes de dinero público a través del ISDS, por lo general mucho mayores de las que obtendrían en un tribunal doméstico. Las reclamaciones recientes han alcanzado miles de millones, lo que supera la capacidad de muchos países para pagar y socava su capacidad para apoyar una transición justa. Como resultado, el temor a ser demandados puede hacer que los países retrasen o decidan no adoptar las medidas necesarias sobre los combustibles fósiles y otras industrias extractivas. Los países ya han admitido que esto está ocurriendo. 

Los organismos de la ONU han planteado preocupaciones fundamentales sobre el ISDS, incluido el informe del IPCC de 2022 y los informes de los Relatores Especiales.  La Corte Internacional de Justicia ha subrayado que los tratados de inversión no deben interpretarse de forma aislada, sino en armonía con el derecho internacional climático, y que los países tienen obligaciones derivadas de múltiples fuentes del derecho internacional para prevenir, mitigar y reparar el cambio climático y los daños resultantes.  La Hoja de Ruta de Bakú a Belém de las presidencias de la COP29 y la COP30 identifica el ISDS como una barrera sistémica.

Hacemos un llamado a los gobiernos para que comiencen a construir una coalición comprometida a liberarse de todas las formas de ISDS. Esta alianza buscaría formas para:

• Cancelar tratados con ISDS, o renegociarlos para eliminar el ISDS, entre los gobiernos implicados, de maneras que aborden las «cláusulas de supervivencia».
• Participar colectivamente con otros países para apoyar un mayor potencial de alejamiento del ISDS.
• Comprometerse a no firmar nuevos acuerdos con ISDS.
• Incluir disposiciones sobre la eliminación del ISDS en un futuro Tratado sobre Combustibles Fósiles.
• Iniciar negociaciones para un tratado multilateral que permita avanzar hacia un mundo libre de ISDS.

Organizaciones firmantes

Global and regional

1. 350.org
2. Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
3. Amnesty International
4. bilaterals.org
5. CAN Europe
6. CANLA (Climate Action Network Latin America)
7. Caritas Europa
8. Center for International Environmental Law (CIEL)
9. Centroamérica Hub de Finanzas Sostenibles
10. CIDSE
11. Corporate Europe Observatory (CEO)
12. E3G
13. European Environmental Bureau
14. European Trade Justice Coalition
15. Financial Transparency Coalition
16. Focus on the Global South
17. Friends of the Earth Europe
18. Friends of the Earth International
19. Global Forest Coalition
20. GRAIN
21. Greenpeace
22. IBON International
23. JASS – Just Associates
24. JESC-Jesuit European Social Centre
25. Natural Justice: Lawyers for Communities and the Environment
26. Nordic Climate Justice Coalition
27. Oxfam International
28. Pacific Network on Globalisation
29. Peace Brigades International (PBI)
30. Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC
31. Protección Internacional Mesoamérica
32. Red Europea Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia
33. Resource Justice Network
34. Society for International Development (SID)
35. Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI)
36. Third World Network
37. Transnational Institute
38. We Don’t Have Time
39. Yes to Life No to Mining

National

40. 350 Aotearoa, Aotearoa New Zealand
41. Campaign Againbst Foreign Control of Aotearoa, Aotearoa New Zealand
42. Coal Action Murihiku, Aotearoa New Zealand
43. Coal Action Network Aotearoa, Aotearoa New Zealand
44. Greenpeace Aotearoa, Aotearoa New Zealand
45. Lifestock inc Ltd, Aotearoa New Zealand
46. Ngā Toki Whakarururanga, Aotearoa New Zealand
47. Sustainable North Trust, Aotearoa New Zealand
48. Zero Waste Aotearoa, Aotearoa New Zealand
49. Armenian Environmental Front volunteer initiative, Armenia
50. AidWatch, Australia
51. Australian Conservation Foundation, Australia
52. Australian Fair Trade and Investment Network, Australia
53. Australian Forests & Climate Alliance (AFCA), Australia
54. Australian Manufacturing Workers Union, Australia
55. Australian Religious Response to Climate Change, Australia
56. Bushfire Survivors for Climate Action, Australia
57. Climate Action Burwood/Canada Bay, Australia
58. Climate Action Monaro, Australia
59. Climate Action Network Australia, Australia
60. Climate Emergency Australia, Australia
61. Climate Reality Project Australia & Pacific, Australia
62. Combined Retired Union Members Association (CRUMA), Australia
63. Currie Country Social Change Aboriginal Corporation, Australia
64. Darebin Climate Action Now, Australia
65. Friends of the Earth Australia, Australia
66. GeneEthics, Australia
67. Jubilee Australia, Australia
68. Lighter Footprints, Australia
69. Migrante Australia of New South Wales, Australia
70. Nature Conservation Council of NSW, Australia
71. New South Wales Nurses & Midwives’ Association, Australia
72. NSW Retired Teachers’ Association, Australia
73. Parramatta Climate Action Network, Australia
74. Peoples Climate Assembly, Australia
75. SEARCH Foundation, Australia
76. Social Responsibilities Committee Anglican Church Southern Queensland, Australia
77. South Coast Labour Council, Australia
78. Sutherland Shire Environment Centre, Australia
79. Tax Justice Network Australia, Australia
80. Union Aid Abroad – APHEDA, Australia
81. Uniting Church in Australia, Synod of Victoria and Tasmania, Australia
82. Victorian Trades Hall Council, Australia
83. Vote Earth Now, Australia
84. AK Europa, Austria
85. Anders Handeln Austria, Austria
86. Attac Austria, Austria
87. GLOBAL 2000, Austria
88. Informationsgruppe Lateinamerika – IGLA, Austria
89. Transform! at, Austria
90. 11.11.11, Belgium
91. achACT, Belgium
92. ACV-CSC, Belgium
93. ATTAC Belgium, Belgium
94. Broederlijk Delen, Belgium
95. Centre Tricontinental (CETRI), Belgium
96. CNCD-11.11.11, Belgium
97. Entraide & Fraternité, Belgium
98. Fédération des services sociaux, Belgium
99. Les Amis de la Terre – Belgique asbl, Belgium
100. Solsoc, Belgium
101. vzw Climaxi, Belgium
102. Fundación Internet Bolivia, Bolivia
103. Fundación Solón, Bolivia
104. Programa de Asistencia Agrobioenergetica al Campesino PAAC, Bolivia
105. SOMOS SUR, Bolivia
106. TerraJusta, Bolivia
107. Instituto EQUIT – Gender, Economy and Global Citizenchip, Brazil
108. REBRIP – Rede Brasileira pela Integração dos Povos, Brazil
109. Dukingire Isi Yacu (DIY), Burundi
110. Association for Solidarity through Humanitarian Imperative Action International, Cameroon
111. Green Development Advocates (GDA), Cameroon
112. Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), Canada
113. Atlantic Regional Solidarity Network, Canada
114. Attac Québec, Canada
115. BC Casa Vancouver Island, Canada
116. Black Environmental Initiative, Canada
117. Canadian Association of the Club of Rome (CACOR), Canada
118. Canadian Centre for Policy Alternatives, Canada
119. Canadian Interfaith Fast For the Climate, Canada
120. Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), Canada
121. Citizens Climate Lobby Canada, Canada
122. Climate Action Network Canada (CAN-Rac), Canada
123. Common Frontiers, Canada
124. Grandmothers Act to Save the Planet (GASP), Canada
125. Guatemala Research Group, University of Northern British Columbia, Canada
126. Legal Advocates for Nature’s Defence, Canada
127. Maquila Solidarity Network, Canada
128. Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Canada
129. Mining Injustice Solidarity Network, Canada
130. MiningWatch Canada, Canada
131. National Union of Public and General Employees (Canada), Canada
132. Trade Justice Network, Canada
133. Chile Mejor sin TLC, Chile
134. Censat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia, Colombia
135. Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia
136. Comité para la defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, Colombia
137. LazosTech, Colombia
138. Magazín de la Amazonía y Moviccapp, Colombia
139. Observatorio Ambiental Ciudadano – Veeduría Ciudadana, Colombia
140. Shambala, Colombia
141. Youth Council – La Primavera – Vichada, Colombia
142. Shujaa-Initiative, Congo DRC
143. Colombia Solidarity, Denmark
144. CRAC, Denmark
145. Den Grønne Ungdomsbevægelse, Denmark
146. Fossilfri Fremtid, Denmark
147. Frie Bønder Levende Land (Danish La Via Campesina), Denmark
148. NOAH – Friends of the Earth Denmark, Denmark
149. Amigas de la Tierra, España
150. ATTAC España, España
151. Colectivo Sur Cacarica, España
152. Confederación General del Trabajo, España
153. Departamento de Ecología Integral, Conferencia Episcopal Española, España
154. Ecologistas en Acción, España
155. Enginyeria sense Fronteres, España
156. Enginyeria sense fronteres de les Illes Balears, España
157. Fundación Vida Sostenible, España
158. Intersindical Solidària, España
159. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España, España
160. Medicusmundi Spain, España
161. Observatori del Deute en la Globalització (ODG), España
162. Recortes Cero, España
163. REVO Prosperidad Sostenible, España
164. Salva la Selva, España
165. Unión Universal Desarrollo Solidario, España
166. Austrian Trade Union Federation, Europe
167. Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), Fiji
168. Amis de la Terre France / Friends of the Earth France, France
169. Attac France, France
170. BLOOM, France
171. CliMates, France
172. Confédération paysanne, France
173. France Amérique Latine, France
174. France Nature Environnement, France
175. GAFE-France, France
176. MABD, France
177. Notre Affaire A Tous, France
178. Reclaim Finance, France
179. Veblen Institute, France
180. Association for Farmers Rights Defense (AFRD), Georgia
181. Andy Gheorghiu Consulting, Germany
182. Attac Berlin, Germany
183. Attac Germany, Germany
184. BUND Regionalverband Nordschwarzwald/ D, Germany
185. CADEHO Menschenrechtskollektiv, Germany
186. FDCL – Center for Research and Documentation Chile-Latin America, Germany
187. German NGO Forum on Environment and Development, Germany
188. Hamburger Energietisch e. V., Germany
189. Hondurasdelegation, Germany
190. Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel, Germany
191. Misereor, Germany
192. Netzwerk gerechter Welthandel, Germany
193. PowerShift e.V., Germany
194. Stiftung Asienhaus, Germany
195. Umweltinstitut München e.V., Germany
196. Weltladen Hailer, Germany
197. Zukunftsrat Hamburg, Germany
198. NatureFriends Greece, Greece
199. Residencia Pacífica La Puya, Guatemala
200. Instituto para el Futuro Común Amerindio IFCA, Honduras
201. Red de abogadas defensoras de derechos humanos, Honduras
202. National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary, Hungary
203. Association for Promotion Sustainable Development, India
204. Samata, India
205. The Future We Need, India
206. Aceh Wetland Forum, Indonesia
207. Coalition Against Mining in Aceh, Indonesia
208. Ekologi Maritim Indonesia, Indonesia
209. Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia
210. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesia
211. KRuHA – people’s coalition for the right to water, Indonesia
212. Puanifesto, Indonesia
213. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Indonesia
214. Think Inc Indonesia Legal Office, Indonesia
215. Afri (Action from Ireland), Ireland
216. Christian Aid Ireland, Ireland
217. Comhlámh, Ireland
218. Communities Against the Injustice of Mining (CAIM network), Ireland
219. Earth Restore, Ireland
220. Financial Justice Ireland, Ireland
221. Friends of the Earth Ireland, Ireland
222. Green Greystones, Ireland
223. National Council for People with Disabilities (NCPD), Ireland
224. Trócaire, Ireland
225. ATTAC Italia, Italy
226. Fairwatch, Italy
227. Rinascimento Green, Italy
228. Community Action For Health And Development (CAHED), Kenya
229. Action Solidarité Tiers Monde (ASTM), Luxembourg
230. Mouvement Ecologique, Luxembourg
231. Seniors for Climate Luxembourg, Luxembourg
232. Consumers’ Association of Penang, Malaysia
233. Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth Malaysia), Malaysia
234. Friends of the Earth Malta, Malta
235. GeoComunes, México
236. MIRA Feminismos y Democracias, México
237. Otros Mundos Chiapas, México
238. Procesos Integrales para la Autogestion de los pueblos, México
239. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), México
240. Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz, México
241. Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), México
242. Rizoma Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes, México
243. Justiça Ambiental JA!, Mozambique
244. Both ENDS, Netherlands
245. Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Netherlands
246. Handel Anders! (Dutch Trade Justice Coalition), Netherlands
247. Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands, Netherlands
248. OECD Watch, Netherlands
249. Platform Duurzame en Solidaire Economie, Netherlands
250. Working group Food Justice, Netherlands
251. Nigerian Women Agro Allied Farmers Association, Nigeria
252. Policy Alert, Nigeria
253. Renevlyn Development Initiative, Nigeria
254. Handelskampanjen, Norway
255. Colectivo Voces Ecológicas COVEC, Panamá
256. Ecological Society of the Philippines, Philippines
257. Legal Rights and Natural Resources Center – Friends of the Earth Philippines, Philippines
258. Sibuyanon Against Mining, Philippines
259. Polish Zero Waste Associaion, Poland
260. Campo Aberto, Portugal
261. CIDAC – Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral, Portugal
262. Ecomood Portugal, Portugal
263. Extinction Rebellion Minho, Portugal
264. GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, Portugal
265. Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural, Portugal
266. TROCA – Plataforma por um Comércio Internacional Justo, Portugal
267. ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, Portugal
268. ActionAid International Senegal, Sénégal
269. ONG Solidarité Ci Sutura, Sénégal
270. Umanotera, Slovenia
271. Alternative Information & Development Centre (AIDC), South Africa
272. Jordens Vänner / Friends of the Earth Sweden, Sweden
273. Alliance Sud, Switzerland
274. Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland, Switzerland
275. Public Eye, Switzerland
276. Sustainable Holistic Development Foundation (SUHODE Foundation), Tanzania
277. TATIC, Tanzania
278. Baloos Foundation, Timor Leste
279. Network of Rural Women Producers Trinidad and Tobago, Trinidad and Tobago
280. Centre for Citizens Conserving Environment & Management (CECIC), Uganda
281. ABColombia, United Kingdom
282. Action for Southern Africa (ACTSA), United Kingdom
283. Balanced Economy Project, United Kingdom
284. CAFOD, United Kingdom
285. Campaign against Climate Change, United Kingdom
286. Compassion in World Farming, United Kingdom
287. Corporate Justice Coalition, United Kingdom
288. Debt Justice UK, United Kingdom
289. Earth Thrive, United Kingdom
290. EcoNexus, United Kingdom
291. Encountering Existence Ltd, United Kingdom
292. Environmental Justice Foundation (EJF), United Kingdom
293. Environmental Network for Central America (ENCA), United Kingdom
294. Faith for the Climate, United Kingdom
295. Fire Brigades Union, United Kingdom
296. Fresh Eyes, United Kingdom
297. Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland, United Kingdom
298. Friends of the Earth Scotland, United Kingdom
299. Fuel Poverty Action, United Kingdom
300. Gaia Foundation, United Kingdom
301. Global Justice Now, United Kingdom
302. Global Witness, United Kingdom
303. Green New Deal Rising, United Kingdom
304. Greenpeace UK, United Kingdom
305. Labour Behind the Label, United Kingdom
306. London Mining Network, United Kingdom
307. Mothers Rise Up, United Kingdom
308. Oxfam GB, United Kingdom
309. PCS Union, United Kingdom
310. Positive Money, United Kingdom
311. Stamp Out Poverty, United Kingdom
312. Tipping Point UK, United Kingdom
313. Trade Justice Movement, United Kingdom
314. War on Want, United Kingdom
315. Weald Action Group, United Kingdom
316. 350 Bay Area Action, United States
317. 350 Wisconsin, United States
318. Alliance for Global Justice, United States
319. Center for Economic and Policy Research (CEPR), United States
320. Cross Border Network for Justice & Solidarity, United States
321. Denver Justice and Peace Committee, United States
322. Earth Ethics, Inc., United States
323. Earthworks, United States
324. Global Justice Ecology Project, United States
325. Indigenous Research Center of the Americas, United States
326. Institute for Agriculture and Trade Policy, United States
327. Institute for Policy Studies – Global Economy Project, United States
328. Latin America Solidarity Coalition, United States
329. Local Futures, United States
330. Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), United States
331. NETWORK Lobby for Catholic Social Justice, United States
332. Nicaragua Solidarity Coalition, United States
333. Portland Central America Solidarity Committee (PCASC), United States
334. Public Citizen, United States
335. Rethink Trade, United States
336. Rochester Committee on Latin America, United States
337. SAFES, United States
338. Sierra Club, United States
339. Sisters of Mercy of the Americas – Washington DC Justice Team, United States
340. Trade Justice Education Fund, United States
341. United Church of Christ, United States
342. Cross border organizing working group / line 5 coalition, United States and Canada
343. REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, Uruguay
344. NatureWize Vietnam, Vietnam
345. Yemeni Observatory for Human Rights, Yemen
346. Climate Action Network Zimbabwe, Zimbabwe

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Fotografía: La vacuna del Oeste. En Barrio del Oeste. Salamanca

Cómo la industria obstaculiza la regulación de las sustancias químicas tóxicas

Informe publicado por CIEL (Center for International Enviromental Law) y Corporate Europe Observatory

La contaminación por sustancias químicas tóxicas es una crisis que afecta al mundo entero. ¹ Se han identificado en total 350.000 sustancias químicas y mezclas diversas en los inventarios de los países y regiones, ² y las pruebas demuestran que muchas de las sustancias químicas industriales son dañinas para la salud de las personas. ³

A pesar de que existe cada vez mayor evidencia de la presencia de sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente y en el organismo humano, las brechas regulatorias aún abundan. ⁴ Si bien existen diversas razones que explican esta situación, un factor clave que contribuye a la brecha regulatoria es el uso de diferentes tácticas engañosas por parte de los fabricantes para seguir produciendo y comercializando productos tóxicos.

Dese el tabaco a los combustibles fósiles, del plástico a las sustancias químicas, hay un largo historial de intereses corporativos y de sus aliados que emplean tácticas engañosas para evitar la regulación de los productos dañinos. A continuación, se enumeran algunas de las tácticas más habituales: ⁵

• No divulgación de información que evidencia efectos perjudiciales: cuando una investigación interna de una empresa revela información perjudicial sobre sus productos, en muchas ocasiones dicha información no se comparte con el público en general, ni con los reguladores, o se oculta adrede. ⁶
• Menoscabo de la ciencia independiente y realización de investigaciones que favorezcan a los intereses corporativos: se financia a los académicos para que promuevan hallazgos amigables para la industria, se seleccionan las conclusiones por conveniencia y se refuerzan los hallazgos amigables en el discurso público o con vistas a influir en los procesos legislativos; ⁷ se critica el diseño de estudios independientes o se vuelven a analizar datos sobre la base de parámetros nuevos a fin de obtener resultados que respalden las pretensiones respecto de la inocuidad de sus productos; ⁸ se realizan análisis que inducen al error a modo de generar soluciones engañosas; ¹⁰ no se revelan las fuentes de financiamiento de la industria ni los conflictos de interés en las investigaciones académicas. ¹¹
• Señalamiento de «otras causas» como generadoras de los daños: se desvía la culpa de un producto o de una industria mediante la cita de otras causales alternativas para los impactos negativos. ¹²
• Intimidación de científicos independientes que son usados como blanco de críticas: se desacredita a determinados autores y se acosa e intimida a científicos que publican estudios que echan luz sobre los impactos en la salud de un producto industrial específico. ¹³
• Desarrollo de campañas de RR.PP.: se difunden mensajes en favor de la industria para redefinir la narrativa en torno a los productos. ¹⁴
• Utilización de grupos fachada: se financian grupos de base falsos (una práctica que se conoce como «astroturfing») y se reclutan participantes para darle credibilidad a las narrativas amigables para la industria y promoverlas. ¹⁵
• Aprovechamiento de vacíos legales o engaño al sistema: se identifican y aprovechan las lagunas en la legislación, mediante una elusión deliberada de las normas, o una conspiración dentro de la industria para evitar la regulación. ¹⁶
• Énfasis en los costos económicos por sobre todos los demás: se manipulan datos para distorsionar los análisis de beneficios en función de los costos, lo que lleva a una sobreestimación de los costos de la regulación y una subestimación de los beneficios. ¹⁷

Cuando la industria genera dudas, realiza cabildeos con los reguladores y políticos, y presenta de forma engañosa sus productos como «seguros» a fin de demorar, limitar o impedir la regulación en el ámbito nacional, regional o global, lo hace a expensas del medio ambiente y de la salud de las personas. ¹⁸

A menudo las empresas se presentan como socios esenciales en la formulación de las políticas ¹⁹ ya que tienen acceso exclusivo a los datos sobre las sustancias químicas que utilizan, y en muchas ocasiones alegan la «confidencialidad». ²⁰ Sin embargo, los registros históricos indican un patrón de participación deshonesta en los procesos de políticas y de regulación mediante el ocultamiento de datos y su manipulación, o a través de intentos por desacreditar la ciencia independiente que da a conocer los daños que pueden generar sus productos. El secreto y la confidencialidad comerciales no deben usarse como excusas para integrar a los fabricantes y cabilderos en los procesos de formulación de políticas y en los órganos de toma de decisiones. Las empresas y sus asociaciones comerciales no deben tener la posibilidad de influir en la formulación de políticas respecto de las sustancias dañinas que fabrican, ni tampoco en el marco más amplio de políticas sobre sustancias químicas. Las instituciones deben desarrollar políticas sólidas sobre conflicto de intereses a fin de salvaguardar la formulación de políticas de aquellos intereses ya creados.

Los siguientes cuatro estudios de caso ilustran algunas de las tácticas que se describieron más arriba.

Estudios de Caso

No divulgación de información que evidencia efectos perjudiciales: sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS)

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por su sigla en inglés, también conocidas como «sustancias químicas eternas») pertenecen a un grupo de más de 10.000 ²¹ sustancias químicas sintéticas cuya principal propiedad de ‘persistencia’ se deriva de los fuertes enlaces entre el carbono y el flúor. En el marco del Convenio de Estocolmo, algunas PFAS se han identificado globalmente como Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), en tanto muchas otras con una persistencia similar e igual de preocupantes no se encuentran incluidas en la lista. ²² Las PFAS tienen propiedades impermeables, antigrasa y resistentes al fuego, por lo que se utilizan ampliamente en la industria y en productos profesionales y de consumo, desde maquinaria hasta impermeables para la lluvia. Pero es enorme el precio que se paga por ello en la salud humana y animal, así como en el medio ambiente, y algunos lo consideran uno de los problemas de salud pública y ambiental más urgentes del mundo moderno. ²³ Es muy probable que se identifiquen otros problemas para la salud humana y ambiental cuando se continúe con las investigaciones de esta clase de sustancias químicas. ²⁴

Existe cada vez más evidencia sólida, aportada por científicos independientes, de que la producción de PFAS debería regularse y restringirse. Las PFAS son sumamente problemáticas debido a su alta persistencia, ²⁵ lo que brinda una «base suficiente para su regulación.» ²⁶ Ya se ha comprobado que algunas PFAS son tóxicas y se las asocia con efectos que alteran el funcionamiento endocrino, también con la carcinogenicidad, toxicidad para el sistema reproductivo, efectos sobre el sistema inmune, y el metabolismo de los lípidos. ²⁷ La investigación además demuestra que la contaminación por PFAS no puede eliminarse durante determinados momentos clave de su ciclo de vida, ni tampoco durante la fabricación de algunas de las PFAS más controvertidas (por ejemplo, los fluoropolímeros), ²⁸ ni al finalizar dicho ciclo, durante el proceso de incineración tradicional. ²⁹ Además, queda claro que resultarían prohibitivos los costos de eliminar las PFAS de nuestros cuerpos ³⁰ o del medio ambiente. ³¹ Por otro lado, aún no existen tecnologías de limpieza totalmente efectivas y escalables.

Desde fines de la década de los noventa, los tribunales de los Estados Unidos obligaron a los principales productores de PFAS a revelar información sobre su toxicidad, aunque durante décadas habían ocultado la evidencia para evadir y luchar contra la regulación. ³² Los análisis académicos de documentos antaño secretos de productores de PFAS como DuPont y 3M demuestran que para el año 1970, las empresas sabían que estas sustancias químicas resultaban «altamente tóxicas cuando se inhalaban y moderadamente tóxicas cuando se ingerían.» ³³ Esto sucedió cuarenta años antes de que la comunidad de salud pública tuviera conocimiento de los daños que causaban dichas sustancias. ³⁴ Estos documentos además demostraron que los fabricantes utilizaron «diversas estrategias que se aplicaban también al tabaco, la industria farmacéutica y otras industrias para incidir en la ciencia y la regulación en particular, mediante la supresión de la investigación desfavorable y la distorsión del discurso público.» ³⁵ En consecuencia, se demoró significativamente la acción a nivel regulatorio. ³⁶ De igual modo, las investigaciones han demostrado que Arkema, un importante productor francés de sustancias químicas, cuyos productos incluyen PFAS, conocía los daños que producían estas sustancias desde al menos finales de los noventa y podrían haber limitado su propagación al medio ambiente diez años antes de que se tomara acción al respecto. ³⁷

Cuando la regulación de algunas PFAS resultó inevitable, la industria financió su propia ciencia para justificar sus demandas de exenciones respecto de clases enteras de PFAS para que no quedasen sujetas a la regulación. El Proyecto «Forever Lobbying» (cabildeo eterno) una investigación interdisciplinaria transfronteriza que se lanzó en 2025- reveló la importancia de dos artículos científicos muchas veces citados, ³⁸ cuyos autores eran consultores del sector industrial o empleados de las empresas fabricantes de fluoropolímeros. Se aprovecharon estos artículos para respaldar las pretensiones de la industria que sostiene que los fluoropolímeros deben exceptuarse de la regulación ya que son demasiado grandes para penetrar en las células o causar daños. ³⁹ Afirman que los fluoropolímeros son «Polímeros que generan poca preocupación» conforme los criterios establecidos por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). ⁴⁰ En realidad, la OCDE nunca ha acordado tales criterios, ⁴¹ y puede sostenerse que afirmar lo contrario fue «de dudosa honestidad». ⁴²

Tal como informó en 2024 la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB, por su sigla en inglés), a pesar de que las empresas tenían conciencia de la persistencia de las PFAS y de sus potenciales peligros, «no informaron como correspondía al público ni a los reguladores» y «contribuyeron de un modo significativo a la propagación descontrolada de PFAS a través de varios ambientes y poblaciones.» ⁴³ En la actualidad, y a pesar de la crisis de contaminación por PFAS, la regulación sigue siendo claramente irregular. El Convenio de Estocolmo que regula los COP ayudó a la eliminación gradual de algunas PFAS ⁴⁴ luego de años de oposición por parte de la industria. Sin embargo, con posterioridad a la reglamentación de una sustancia química, las empresas, en general, la reemplazan con alguna PFAS similar o con sustancias que se degradan en PFAS (un proceso que se conoce como ‘sustitución lamentable’). ⁴⁵

En el ámbito de la UE, se intenta hoy en día desarrollar una restricción amplia que cubra casi todas las PFAS a fin de evitar las sustituciones lamentables. ⁴⁶ Sin embargo, el proceso se enfrentó a múltiples desafíos que debilitan los esfuerzos por regular y prohibir las PFAS. Existe evidencia de que la industria tiene un acceso privilegiado a los encargados de tomar las decisiones, ⁴⁷ de que promueve «un temor engañoso, exagerado o potencialmente deshonesto» mediante el cabildeo a través de mensajes sobre la ciencia, las alternativas y la economía, ⁴⁸ y que impulsa soluciones derivadas de la industria para la crisis de contaminación por PFAS. ⁴⁹

Existen daños a partir de las PFAS bien documentados y los responsables de tomar las decisiones cuentan con una justificación clara y urgente para regularlas. La industria tiene intereses creados para defender el statu quo. Ha demostrado que está dispuesta a esconder la verdad, a auspiciar la ciencia, a difundir información engañosas y estrategias de manipulación, y a luchar contra las iniciativas regulatorias y de políticas que podrían proteger el medio ambiente y la salud humana del daño causado por sus productos.

Menoscabo de la Ciencia Independiente: Bisfenol A (BPA)

Los bisfenoles son un tipo de sustancia química utilizada para producir polímeros y resinas. ⁵⁰ El Bisfenol A (BPA) sea tal vez el bisfenol más conocido, ⁵¹ una sustancia química disruptiva del sistema endocrino que interfiere con la función hormonal. ⁵² Otro uso importante que se le da al BPA es en la fabricación de policarbonato plástico que se utiliza habitualmente para el envasado de alimentos, por ejemplo, las botellas para bebidas, y el revestimiento de latas de metal. ⁵³ En un primer lugar, allá por la década de 1930, ⁵⁴ se halló que imita al estrógeno y, desde entonces, se han documentado muchos efectos sobre la salud, incluidos los impactos sobre el sistema reproductivo y el metabolismo, ⁵⁵ no siendo esta enumeración taxativa. El BPA también puede tener efectos inmunotóxicos e incidir en el neurodesarrollo, ⁵⁶ aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y cánceres relacionados con lo hormonal y, además, puede afectar la fertilidad. ⁵⁷ Algunos efectos inclusive pueden pasar de una generación en otra. ⁵⁸ Un análisis de 2020 que evalúa 20 años de investigaciones sobre el BPA halló que hay «una abrumadora evidencia del daño» que produce a la salud humana la exposición al BPA, inclusive en dosis bajas. ⁵⁹

Un estudio de biomonitoreo de 2023 encontró que un 92% de los adultos en 11 países europeos presentaban BPA en la orina, lo que indica que muy probablemente esté presente en la mayoría de las personas. ⁶⁰

Los intereses comerciales detrás del BPA actúan a la defensiva y cuestionan la ciencia independiente que respalda su regulación. Por ejemplo, en la Unión Europea, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, por su sigla en inglés) agregó el BPA a la lista de candidatas para ser consideradas Sustancias Extremadamente Preocupantes (SEP), actualizando el listado en diversas etapas a fin de incluir las propiedades tóxicas para la reproducción y aquellas endocrino-disruptivas con posibles efectos severos sobre la salud humana, además de los efectos de los disruptores endocrinos en el medio ambiente. La asociación de comercio e industria del plástico en Europa, que lleva el nombre de PlasticsEurope, le inició juicio a ECHA en ocasión de las tres actualizaciones efectuadas y ha perdido siempre. ⁶¹

En la causa PlasticsEurope c. ECHA (Caso T-636/17), que tramitó ante el Tribunal General de la Unión Europea respecto de las propiedades de los disruptores endocrinos que afectan a las personas, la industria cuestionó de diversos modos los estudios científicos utilizados por ECHA para su toma de decisiones. PlasticsEurope argumentó que la Autoridad de Inocuidad Alimentaria (EFSA, por su sigla en inglés) había señalado que algunos de los estudios tenían limitaciones o eran poco fiables. ⁶² Sin embargo, la evaluación de EFSA tenía otro alcance, al evaluar el riesgo relacionado con un uso en particular en lugar de abordar los peligros intrínsecos de la sustancia, por lo que los reclamos sobre las limitaciones no resultaron relevantes conforme lo que argumentaba PlasticsEurope. ⁶³ También afirmaban que no se les daba la debida importancia a ciertos estudios ni se los tomaba en cuenta y que dichos estudios no respaldaban las conclusiones de ECHA. ⁶⁴ La sentencia del Tribunal indicó que numerosos estudios demuestran los efectos adversos sobre los ciclos hormonales, algo que la industria no abordó en su demanda; que muchas de las críticas ya se habían tratado en el proceso de análisis a los fines de actualizar el listado del BPA; y que no impugnaba esas respuestas. ⁶⁵

De todos modos, algunos países y regiones con determinados regímenes políticos han regulado con éxito ciertas aplicaciones del BPA, y otros se encuentran en el proceso de hacerlo. Por ejemplo, Canadá, los Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Suecia, Bélgica, el bloque comercial del MERCOSUR, China y Corea del Sur, cuentan con diferentes normas para el BPA presente en algunos o en todos los materiales que entran en contacto con los alimentos para bebés y niños, ⁶⁶ y la UE adoptó recientemente una prohibición más amplia del BPA en materiales que entran en contacto con alimentos. ⁶⁷ El Reino Unido se encuentra en proceso de considerar su regulación y la Agencia de Normas Alimentarias realiza consultas para proponer una prohibición respecto del BPA y otros bisfenoles en los materiales que entran en contacto con los alimentos. ⁶⁸ Habiendo dicho esto, muchas de las normas resultan insuficientes y limitadas en cuanto a su alcance.

El BPA también fue un tema que se abordó en las negociaciones en curso para contar con un Tratado Global sobre Plásticos. Existen varias propuestas para un listado global de sustancias químicas a ser reguladas que incluye el BPA, y los productos que lo contienen, en particular, juguetes, productos para niños y materiales que entran en contacto con los alimentos para niños menores de tres años, y que también son parte de las propuestas para la eliminación gradual de una lista de productos. ⁶⁹ Cada una de estas propuestas, así como otras que apuntan a prohibir el uso de sustancias químicas tóxicas en los plásticos fueron resistidas por los grupos industriales, ⁷⁰ cuya presencia ha sido bien documentada en las negociaciones del tratado sobre plásticos. ⁷¹

Establecimiento de Grupos Fachada: Benceno

El benceno es una sustancia química que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Desde hace tiempo, se sabe que tiene efectos graves para la salud, con informes que lo vinculan desde la década de 1890 con la anemia aplásica (una afección severa de la sangre), e informes que lo relacionaban con la leucemia ya en la década de 1920. ⁷² Existe hoy en día una evidencia clara del vínculo causal entre el benceno y la leucemia mieloide, así como asociaciones positivas con otros tipos de leucemia y de cáncer de la sangre. ⁷⁴ El benceno también es genotóxico, lo que significa que daña el ADN, siendo sus principales efectos la clastogenicidad (daño estructural a los cromosomas) y la aneugenicidad (número anormal de cromosomas). ⁷⁶

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado al benceno en el Grupo 1, «carcinogénico para los seres humanos» e indica que hay evidencia suficiente de que produce cáncer en los humanos, en una clasificación que existe hace décadas. ⁷⁷ En la UE, el benceno se clasifica como un carcinógeno 1A en la Directriz de Clasificación, Etiquetado y Envasado. ⁷⁸ En los Estados Unidos, se encuentra regulado en el marco de la Ley de Aire Limpio como «Contaminante Peligroso para el Aire». ⁷⁹

El benceno se encuentra estrechamente vinculado a los combustibles fósiles ya que está presente en productos petrolíferos como la gasolina y se libera durante la producción de plásticos. ⁸⁰ En tanto un análisis del American Petroleum Institute de 1948 llegó a la conclusión de que «la única concentración de benceno absolutamente segura es cero», ⁸¹ la industria intentó limitar la regulación del benceno, incluso a través de Concawe (Conservación del Aire y Agua Limpios en Europa), un grupo de investigación creado por empresas petroleras en 1963 para «llevar a cabo investigaciones sobre temas ambientales relacionados con la industria petrolera». ⁸² Concawe se opuso al establecimiento de límites de exposición ocupacional más firmes para el benceno en Europa e intentó incidir en la clasificación de IARC que sostenía que los gases de escape diésel eran cancerígenos para los seres humanos, así como en la evaluación de riesgos del benceno realizada por ECHA. En 2017, Concawe encargó un proyecto para volver a analizar los datos sobre el impacto del benceno a niveles de exposición bajos y presentó los resultados a ECHA. Se excluyeron «datos críticos, lo que imposibilitaba la observación del comportamiento ante dosis bajas», conforme lo indicó un experto en salud ambiental. ⁸³ Este informe se incluyó en el análisis de ECHA, pero en marzo de 2018, el Comité de Evaluación de Riesgos (CER) finalmente recomendó un límite de 0,05 ppm.

Durante dicho proceso y una vez publicada la recomendación, Concawe continuó oponiéndose a las conclusiones del órgano científico de la UE mediante el envío de una carta a la presidencia del CER en noviembre de 2017 donde expresaba sus inquietudes y proponía un límite de 0,5 ppm durante tres años, para luego llegar a 0,25 de allí en más, conforme un documento de posición del mes de marzo de 2019, seguido de una reunión en abril de 2019 con un órgano de la Comisión Europea. ⁸⁴ En última instancia, la UE prestó su acuerdo a una propuesta casi idéntica, mediante la adopción de límites de exposición de 0,5 ppm de abril de 2024 a 2026, y un límite algo más estricto de 0,2 ppm de allí en adelante. La Comisión Europea presentó esto como «la opción más equilibrada entre una protección adecuada de los trabajadores en la UE y la prevención del cierre y otras desventajas severas para las industrias.» ⁸⁵ Ello ilustra más que nada el papel y el poder de los grupos fachada y de las estrategias de desinformación de la industria al menoscabar las políticas y la regulación que buscan proteger la salud humana y el medio ambiente.

Combinación de Estrategias de Desinformación: Plaguicidas

Existe un amplio consenso científico de que los plaguicidas juegan un papel clave para lograr una disminución en la cantidad de insectos, lo que incluye los polinizadores que resultan vitales para nuestra provisión de alimentos. ⁸⁶ Los actores de la industria han empleado una serie de tácticas para asegurar que sus productos, incluidas muchas clases de plaguicidas, permanezcan en el mercado. En particular, ha estado en el candelero el grupo de neonicotinoides (también conocido como neónicos o NNI), uno de los insecticidas de uso más generalizado. Los neonicotinoides atacan el sistema nervioso central de los insectos y es habitual su uso en tratamientos sistémicos, incluidos los revestimientos de las semillas. A medida que la planta absorbe en forma gradual el insecticida, los insectos se encuentran expuestos en forma constante. En la UE, el primer insecticida neonicotinoide fue autorizado en 2005. ⁸⁷ Para el año 2012, la nueva evidencia científica llevó a la Comisión Europea a solicitarle a EFSA que analice los riesgos asociados al uso de clotianidina, imidacloprid y tiametoxam en abejas. ⁸⁸ Los estudios también señalaron daños relevantes para la salud humana a partir de estas sustancias. ⁸⁹

En 2013, la EFSA publicó un Documento de Orientación sobre la evaluación de riesgos en relación con los efectos de los plaguicidas en las abejas («Documento de Orientación sobre las Abejas»), ⁹⁰ así como un Dictamen Científico en la que EFSA concluyó que los tres neonicotinoides (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam) representan un riesgo severo para las abejas. ⁹²

En respuesta al Dictamen sobre los tres neonicotinoides, Syngenta, el desarrollador y mayor productor de tiametoxam, ⁹³ solicitó una revisión. En una carta del año 2012 a la Comisión Europea, ⁹⁴ la empresa planteó que los neonicotinoides «no dañan la salud de las poblaciones de abejas», aun cuando el Documento de Orientación sobre Abejas se basó en numerosos estudios publicados antes de dicho año. Bayer, otra empresa química que produce neonicotinoides, ⁹⁵ encargó a «un panel de científicos especializados en abejas» su propio análisis del Dictamen de EFSA. En realidad, los científicos fueron parte de un panel que incluía a la empresa Exponent, ⁹⁶ defensora de productos.

David Michaels, profesor del Departamento de Salud Ambiental y Ocupacional de la Universidad George Washington, afirma que las corporaciones contrataron empresas de defensa de productos para ayudarlos a crear incertidumbre científica sobre posibles daños causados por sus productos. ⁹⁷ Exponent sostuvo que EFSA «sobreestima los riesgos para las abejas melíferas» y no señaló los plaguicidas sino otras causas como, por ejemplo, «un mantenimiento inadecuado de las colmenas.» ⁹⁸ Este análisis se realizó junto con una campaña de cabildeo masivo por parte de los productores Bayer y Syngenta, y la amenaza de acciones judiciales por parte de Syngenta. ⁹⁹

La UE finalmente prohibió en 2018 el uso al aire libre en la UE de los tres neonicotinoides imidacloprid, clotianidina y tiametoxam-. ¹⁰⁰ Sin embargo, la prohibición se ve constantemente socavada ¹⁰¹ por un vacío legal que permite exenciones en el ámbito nacional. Del mismo modo, el Documento de Orientación sobre Abejas de la EFSA (publicado en 2013) ha experimentado muchas demoras en su implementación. Croplife Europe ¹⁰² le escribió a la Comisión Europea expresando su oposición al Documento por su «nivel irrealista de conservadurismo,» ¹⁰³ y muchos países de la UE bloquearon su implementación, repitiendo los argumentos de la industria. ¹⁰⁴ Las empresas ahora piden un mayor involucramiento de la industria ¹⁰⁵ «en todas las etapas» del desarrollo de documentos de orientación de la UE.

Surgió otra estrategia cuando Dow y Bayer lanzaron en el mercado de la UE dos insecticidas nuevos, sulfoxaflor y flupiradifurona. Estas sustancias químicas tienen el mismo mecanismo de acción que los neonicotinoides. Ahora bien, en 2012, ¹⁰⁶ Dow y Bayer crearon dos categorías nuevas de insecticidas para caracterizarlos de un modo diferente. Las dos sustancias químicas se prohibieron en Francia a partir de 2018 ¹⁰⁷ debido a su mecanismo de acción idéntico a los neonicotinoides. En contradicción con la evidencia científica, Bayer sigue vendiendo y elogiando los plaguicidas sobre la base de flupiradifurona ¹⁰⁸ debido a que son «ambientalmente amigables para las abejas melíferas y para los abejones y para la mayoría de los insectos beneficiosos.»

Un elemento clave en las estrategias de algunas empresas productoras de plaguicidas para lograr que se autorice su producto son los intentos frecuentes por ignorar o descalificar evidencia independiente, revisada por pares y que surge de la evaluación regulatoria, ¹⁰⁹ solo permitiendo que se considere única o principalmente la ciencia proveniente de la industria. ¹¹⁰ Por ejemplo, las autoridades utilizan la escala de puntuación de Klimisch para evaluar la fiabilidad de los estudios toxicológicos. Este sistema lo desarrollaron tres empleados de BASF y se ha utilizado para descartar los estudios independientes. ¹¹²

Se ha inclusive demostrado que algunas empresas productoras de plaguicidas tratan de incidir en las evaluaciones científicas a los fines regulatorios mediante estudios fantasma (una táctica considerada como fraude científico). Tres ejemplos para destacar en cuanto a los escritos fantasma se relacionan con Monsanto y el glifosato (el ingrediente activo en RoundUp). En el año 2000, se publicó en la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology una evaluación de inocuidad y una evaluación de riesgo de RoundUp donde se sostiene que «no hay ningún indicio preocupante para la salud humana.» ¹¹³ El artículo que se conoce como el de Williams, Kroes, y Munro fue citado como evidencia de la inocuidad del glifosato durante dos décadas y fue apuntalado por numerosas normas aún después de que un juicio de 2017 sacase a la luz correos electrónicos que sugieren que los empleados de Monsanto fueron los autores fantasma de dicho documento. ¹¹⁴ Finalmente, el artículo fue retractado en 2025, ¹¹⁵ con posterioridad a un artículo científico de Kaurov y Oreskes. Sin embargo, tal como lo señalaron estos autores, el retiro del artículo «no borrará 25 años de influencia.» ¹¹⁶ Existe evidencia de que un segundo documento que se publicó como el de ‘Kier & Kirkland 2013,’ también había sido en parte un artículo fantasma y, desde su publicación, no ha sido retractado. ¹¹⁷ En Kier & Kirkland, los correos electrónicos y documentos internos de la empresa demostraron que un empleado de Monsanto fue señalado en primera instancia como autor y luego eliminado antes de su publicación. ¹¹⁸ Esta misma táctica se repitió en otro artículo sobre glifosato que se centraba en impactos en el sistema reproductivo, en el cual el empleado de Monsanto fue eliminado de la lista de autores. ¹¹⁹

Conclusión y Recomendaciones

La evaluación de riesgos y la prevención de los daños a la salud humana y al medio ambiente derivados de las sustancias químicas constituyen el eje central de su gestión. La evidencia histórica demuestra que muchas empresas que fabrican estos productos minimizan, tergiversan o manipulan la información científica sobre los peligros de sus productos para resistirse a la regulación o demorarla. La protección de la salud y el medio ambiente requiere tener en cuenta este hecho comprobado y actuar en consecuencia.

Con ese fin, se debe prohibir la participación en los procesos regulatorios a aquellas empresas que fabrican, introducen en el mercado, venden, utilizan y comercian sustancias reguladas (en especial sustancias químicas, plaguicidas y plásticos) que pueden causar daños al medio ambiente y/o a la salud. Estas empresas y las asociaciones comerciales afines no deberían poder influir en la formulación de políticas sobre las sustancias peligrosas que fabrican, ni tampoco incidir en el marco más amplio de políticas sobre productos químicos. En tanto deberían poder participar en consultas públicas o audiencias, o responder a solicitudes oficiales de información sobre sus productos, no deberían poder ejercer presión en privado sobre los encargados de formular las políticas, ofrecerles atenciones, ni gozar de otro tipo de acceso informal o tras las bambalinas. Este enfoque no sería inédito. Tras constatar que la industria tabacalera socava de manera sistemática la toma de decisiones de interés público en materia de salud, las autoridades de salud pública actuaron, y la OMS adoptó normas para ayudar a garantizar que la industria del tabaco no participe en la elaboración de políticas de salud pública. ¹²⁰

A fin de hacer cumplir lo antedicho, es fundamental que existan normas y procedimientos claros sobre conflictos de interés en los espacios de formulación de políticas y en los ámbitos científicos a nivel internacional, regional y nacional. Las autoridades del sector público también deberían implementar normas sobre transparencia que exijan la divulgación de cualquier reunión de cabildeo mantenida con la industria química. Resulta decisivo que los funcionarios establezcan con urgencia canales científicos sólidos, bien financiados y totalmente independientes que sirvan de base para la toma de decisiones sobre la regulación de sustancias químicas, a fin de evitar la dependencia de datos que son proporcionados por la industria.

Bibliografía complementaria:

Libros:

• Oreskes, Naomi and Erik M. Conway. «Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming.» Bloomsbury Press, 2010.
• Michaels, David. «Doubt Is Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health.» Oxford University Press, 2008.
• Foucart, Stephane, Stephane Horel, and Sylvain Laurens. «Les gardiens de la razón – Enquête sur la désinformation scientifique.» La Decouverte, 2020.

Artículos académicos:

• Evans-Reeves, Karen A., Britta K. Matthes, Phil Chamberlain, Nino Paichadze, Anna B Gilmore, and Melissa Mialon. «Intimidation against advocates and researchers in the tobacco, alcohol and ultra-processed food spaces: a review.» Health Promotion International 39 no. 6, (2024). https://doi.org/10.1093/heapro/daae153.

Acknowledgments

The Pollution Playbook: How Industry Blocks Regulation of Toxic Chemicals was authored by Rachel Radvany (Center for International Environmental Law) and Vicky Cann and Nina Holland (Corporate Europe Observatory). It was edited by Cate Bonacini. Special Thanks to Giulia Carlini, Claire Robinson, Noa Simon Delso, David Azoulay, Aidan Steer, Barnaby Pace, and Elana Baurer for their review and project support.

Corporate Europe Observatory is registered in the EU lobby transparency register under identification number 5353162366-85. CIEL is registered under identification number 001245815997-85. Errors and omissions are the sole responsibility of CIEL and Corporate Europe Observatory. This issue brief is for general information purposes only. It is intended solely as a discussion piece. It is not and should not be relied upon as legal advice. While efforts were made to ensure the accuracy of the information contained in this issue brief, the information is presented «as is» and without warranties, express or implied. If there are material errors within this issue brief, please advise the authors. Receipt of this issue brief does not create an attorney-client relationship. Please send comments or question to info@ciel.org to be sure of a reply. February 2026

La entrada Compendio de estrategias frente a la contaminación se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Fotografía: Reproducción de grafiti de Banksy. Estamos todos en el mismo bote.

Adhik Arrilucea. Publicado originalmente en Público

Un estudio liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona muestra que el desarrollo perpetuo no es necesario si se prioriza la redistribución de la riqueza y la producción de los recursos esenciales.

El crecimiento económico y el desarrollo sostenible son el compás de las sociedades occidentales que buscan mantener sus tendencias al alza de acumulación de recursos y riqueza. Pero este no es el único paradigma que existe. De un tiempo a esta parte, se han popularizado nuevas formas de imaginar otros mundos posibles. Así, los movimientos sociales, la ciencia y la filosofía han desplegado la investigación sobre el decrecimiento. Al contrario de las políticas actuales, este enfoque atiende a los límites del planeta y defiende que, mediante una redistribución justa, es posible vivir de manera digna y con todas nuestras necesidades cubiertas sin incrementar la producción.

Estas teorías y enfoques no son nuevas. En noviembre de 2023, la propia Letizia Ortiz llegó a citar a ecólogos como el científico del CSIC Antonio Turiel. Así, reconoció el desarrollo de ideas, según las cuales «desarrollo y sostenible ya no pueden ser algo [que vayan juntos]». Lo hizo durante el XVI Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, al que le acompañaba, entre otras figuras, el entonces ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá. Este replicó, no obstante, que los postulados decrecentistas «parecen de una debilidad de fundamentos extrema». No obstante, los expertos han continuado el desarrollo de un andamiaje teórico en esta línea capaz de analizar la realidad de la crisis climática en todas sus vertientes.

Un nuevo estudio liderado por científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) plantea cómo alcanzar «un alto bienestar» y un clima seguro sin crecimiento económico. El trabajo, publicado en Nature Climate Change, es una perspectiva. Es decir, no se trata de un caso de estudio al uso, donde se investiga una cuestión específica –a la que se aplica una metodología para obtener unos resultados de los que extraen unas conclusiones–. No obstante, pasa por el mismo mecanismo de revisión que los artículos habituales.

¿Qué es el decrecimiento?

Esta perspectiva establece los principios para modelizar escenarios de poscrecimiento. «El poscrecimiento es un término paraguas que engloba un conjunto de enfoques que priorizan la sostenibilidad ambiental, la equidad social y el bienestar humano por encima de la búsqueda perpetua del crecimiento económico», define en declaraciones a Público Aljoša Slameršak, autor principal del estudio e investigador del ICTA-UAB. Dentro de dicho paraguas, incluye el concepto del decrecimiento. Este «se refiere a la reducción planificada y equitativa de aquellas actividades económicas que son ecológicamente destructivas o que no contribuyen al bienestar humano».

La investigación argumenta que «el crecimiento incrementa la demanda de energía, tierra y uso de materiales. Esto resulta particularmente problemático en el caso de las economías de altos ingresos y las personas adineradas, que ya tienen niveles de uso de energía y materiales muy superiores a los necesarios para el bienestar«. Por el contrario, Slameršak apunta que el decrecimiento busca «disminuir la presión ecológica y liberar recursos actualmente destinados para el consumo excesivo, para garantizar condiciones de vida dignas para todos«.

La investigación identifica cinco principios fundamentales del poscrecimiento: bienestar, suficiencia, reducción de las desigualdades, reorientación de la economía y convergencia norte-sur. Según el autor principal, todos estos criterios vertebradores son indisociables entre ellos. «No se puede, por ejemplo, tener una economía que proporcione altos niveles de bienestar mientras se mantienen la sobreproducción y el despilfarro entre los ricos, ya que esto inevitablemente llevará a superar los límites planetarios». En la misma línea, sospecha de las «perspectivas de una vida buena para la mayoría mientras persistan las enormes desigualdades dentro de las sociedades y las relaciones económicas imperiales entre los países del norte y el sur global».

El artículo identifica varios mecanismos clave de la transición al poscrecimiento. «El poscrecimiento implica redistribuir y reestructurar la economía para proporcionar lo esencial, que garantice un nivel de vida digno para todas las personas, manteniendo el consumo adicional no esencial dentro de niveles compatibles con los límites planetarios. Esto exige reducir sustancialmente las desigualdades actuales», comenta en un comunicado el coautor Joel Millward-Hopkins, de la Universidad de Lausana.

¿Un escenario realmente posible?

Los científicos señalan que el incremento de la producción y el consumo hace más difícil la mitigación del cambio climático. No obstante, no es este un esquema mental extendido en la población, ni tampoco en el propio Gobierno, que defiende el desarrollo sostenible. Durante la primera sesión del G20 el pasado noviembre, Pedro Sánchez declaró que «el desarrollo inclusivo y sostenible es imposible sin paz«. Unos meses antes, en junio, aseveró en la apertura del Business Forum que «no es posible el desarrollo sostenible sin una participación mucho más decidida de las empresas». No obstante, ¿es posible cambiar las políticas actuales hacia el decrecimiento? ¿De veras se puede vivir bien sin este crecimiento?

Slameršak cuestiona la premisa de este planteamiento. «No creo que todas las clases sociales hayan tenido la misma experiencia de crecimiento económico», valora. Menciona que el profesorado catalán, por ejemplo «ha perdido efectivamente un 25% de su poder adquisitivo en la última década«. Si bien reconoce que ha habido un desarrollo económico desde la crisis financiera de 2008, «este crecimiento no ha seguido el ‘efecto goteo’ hacia todas las clases sociales. De hecho, gran parte del crecimiento que vemos hoy en día se sostiene, podría argumentarse, mediante la presión sobre las clases pobres y medias por parte de las clases rentistas y los ricos», abunda.

El investigador del ICTA-UAB considera «crucial» poner en cuestionamiento «la idea de que la calidad de vida depende del crecimiento». Indica así que esta noción se aleja del «sentido común» de la mayoría de las sociedades a lo largo de la historia, que tenían otros modos de producción y de organizar la vida. «Lo que se necesita para una vida buena, desde el punto de vista económico, es la satisfacción de las necesidades materiales básicas», defiende. «No es necesario ampliar el tamaño del piso sin fin, comer más alimentos o trabajar más horas cada año para ser feliz».

Una redistribución basada en la justicia social

El cuestionamiento al efecto goteo del crecimiento económico no es baladí, ni tampoco solo una opinión. El periodista de Público Jorge Otero recordaba un informe de la ONG Oxfam Intermón publicado en enero. Este denunciaba la «concentración extrema de la riqueza en el mundo». En su informe anual sobre el reparto de la riqueza, la ONG señaló que 2025 fue «un año histórico para el capital». De acuerdo con sus datos, un reducido grupo de 3.000 personas en todo el mundo acapara casi 18,3 billones de euros mientras «la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza con menos de 8,3 dólares al día».

El pasado mes de febrero The Wall Streel Journal publicaba un artículo titulado El gran dinero de la economía actual va al capital, no al trabajo. La pieza demuestra que la brecha de la desigualdad entre trabajadores y empresarios se ensancha año tras año. De acuerdo con los datos aportados por el diario económico, los salarios de la clase trabajadora en todo el mundo han pasado de representar el 58% de la riqueza global en 1980 a algo más del 51% ahora. En cambio, las empresas se quedan con una parte cada vez mayor de esa riqueza: ha pasado del 7 al 12%. 

El estudio publicado en Nature Climate Change señala que los escenarios actuales de poscrecimiento y decrecimiento no aplican de manera coherente los principios fundamentales de una transición al poscrecimiento, lo que deja sin explorar buena parte de su potencial. En muchos casos, estos escenarios actuales se limitan a proyectar un estancamiento o una caída del PIB, sin transformar la producción ni la distribución.

¿A qué debemos renunciar?

«Nuestra investigación muestra que la mayoría de los países de altos ingresos, y en este grupo incluyo el estado español, en términos agregados, ya poseen y producen lo suficiente para proporcionar una vida digna a todos sus ciudadanos. El problema es que el acceso a estos recursos está mediado por una propiedad y un poder adquisitivo escandalosamente desiguales«, expresa el científico del ICTA-UAB. ¿Significa eso que no debemos renunciar a nada? Para el autor principal, lo principal de lo que nos debemos deshacer es «la posibilidad de acumulación ilimitada de poder y recursos por parte de una minoría».

Las clases medias y bajas no deberán renunciar «al acceso a bienes y servicios económicos esenciales». «A lo que debemos renunciar colectivamente es a un sistema económico construido sobre la extracción, la desigualdad y el desperdicio«, insiste. De este modo, el autor espera su estudio sirva para crear «imaginarios esperanzadores» en un contexto donde las ideas del crecimiento sostenible están tan arraigadas. «Al desarrollar escenarios rigurosos y demostrar que un futuro con alto bienestar y bajo crecimiento es materialmente posible, podemos ayudar a contrarrestar la narrativa de que «no hay alternativa» al modelo actual».

Adhik Arrilucea

Periodista de ciencia y medio ambiente en ‘Público’. Investigador predoctoral en la UC3M, está especializado en Teoría y Crítica de la Cultura. Con formación en Periodismo, Humanidades y Ciencias Políticas, cuenta con experiencia en comunicación científica en la Agencia SINC e institucional en el Ministerio de Industria. Es autor de una investigación académica sobre la cobertura mediática de los movimientos ecologistas y la crisis climática.

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Fotografía: El 9 de febrero, activistas de XR Bélgica, apoyadas por Greenpeace, cerraron las oficinas del Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic), uno de los grupos de presión industrial más poderosos de la UE, en un intento de señalar a los responsables del importante retroceso actual en materia de protección de la salud y el medio ambiente.

Tom Kucharz @tomkucharz Publicado originalmente en El Salto Diario.

La Comisión Europea y la industria química vuelven a poner en cuestión uno de los principios básicos de la protección sanitaria y ambiental: limitar la exposición de la población a sustancias peligrosas. Bajo el nombre aparentemente técnico de “paquetes ómnibus”, Bruselas está impulsando una serie de reformas legislativas que, lejos de mejorar la regulación, buscan recortarla a costa de debilitarla.

Desde principios de 2025, la Comisión Europea ha lanzado diez de estos paquetes legislativos. El denominado Ómnibus VI sobre sustancias químicas apunta directamente a la regulación de productos cosméticos y podría permitir que sustancias peligrosas sigan utilizándose durante más tiempo en productos de uso cotidiano.

Si esta legislación se aprueba en su forma actual, supondría un grave retroceso para la salud pública en Europa, ya que facilitaría la presencia en cosméticos de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR).

Una desregulación que beneficia a la industria

El 8 de julio de 2025, la Comisión Europea publicó su propuesta de reglamento ómnibus VI. El objetivo declarado es simplificar normas y reducir cargas administrativas para la industria. En la práctica, sin embargo, el texto introduce cambios que flexibilizan la prohibición de sustancias peligrosas en cosméticos y facilitan que permanezcan más tiempo en el mercado.

El Consejo de la Unión Europea adoptó ya en noviembre una posición sobre el texto, con algunas modificaciones menores. Posteriormente, el 12 de enero de 2026 se publicó el borrador del informe elaborado por los coponentes del Parlamento Europeo, que se mantiene en gran medida alineado con la propuesta de la Comisión e incluso profundiza algunos de sus retrocesos.

El paquete legislativo se encuentra actualmente en debate en el Parlamento Europeo y será votado en las comisiones de Medio Ambiente (ENVI) y Mercado Interior (IMCO) el próximo 24 de marzo.

Más exposición a sustancias peligrosas

Entre los cambios más preocupantes se encuentra la posibilidad de facilitar el uso de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción en cosméticos, así como prolongar su permanencia en el mercado.

Estas sustancias CMR llevan más de 20 años prohibidas en los productos cosméticos (Directiva Europea de Cosméticos de 2003). Esta prohibición constituye una salvaguardia esencial para proteger la salud de los consumidores y la normativa vigente ya establece un marco para solicitar exenciones caso por caso.

Pero con la “simplificación” normativa, la Comisión, el Consejo y los coponentes del Parlamento Europeo quieren introducir varias lagunas en la regulación de los cosméticos. Primero, facilitar las exenciones para usar sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) limitando la evaluación de alternativas. Segundo, prolongar considerablemente el tiempo durante el que estas sustancias pueden permanecer en el mercado. Y, tercero, excluir de la prohibición automática a algunas sustancias CMR, como aquellas cuyo riesgo se manifiesta por inhalación o ingestión o las presentes en extractos vegetales no modificados químicamente (por ejemplo, aceites esenciales).

También se propone eliminar algunos requisitos introducidos recientemente para mejorar la legibilidad de las etiquetas químicas —como tamaños mínimos de letra o estándares de espaciado— que permiten a los consumidores comprender mejor los riesgos de los productos.

Frente a ello, eurodiputados de los grupos de la Izquierda, los Verdes, socialdemócratas y liberales han presentado enmiendas para reforzar la protección sanitaria. Entre otras medidas, plantean:

• Restablecer los requisitos de etiquetado que la Comisión quiere eliminar.
• Prohibir los disruptores endocrinos en cosméticos.
• Prohibir los llamados “químicos eternos” (PFAS) en productos cosméticos.
• Impedir que sustancias cancerígenas o tóxicas permanezcan más tiempo en el mercado.

Sin embargo, la mayoría política reaccionaria y autoritaria del Parlamento Europeo genera preocupación. Las fuerzas conservadoras y de extrema derecha cuentan con una mayoría potencial y existe el riesgo de que se alineen para mantener una agenda de desregulación favorable a la industria química.

Un proceso legislativo cuestionado

Además del contenido del ómnibus, también se ha cuestionado el modo en que la Comisión elaboró la propuesta. Varias organizaciones —entre ellas Corporate Europe Observatory, Générations Futures, Health and Environment Alliance, el European Environmental Bureau y el Center for International Environmental Law— presentaron una queja ante la Defensora del Pueblo Europea.

Según estas organizaciones, la Comisión Europea no presentó una base científica sólida ni llevó a cabo una consulta pública adecuada. En su lugar, se apoyó en un proceso informal de “reality check” dominado por la industria química.

La Defensora del Pueblo ha decidido examinar estas preocupaciones dentro de sus investigaciones más amplias sobre la toma de decisiones recientes de la Comisión.

Un problema de salud pública creciente

Este debate no es abstracto. La exposición a sustancias químicas peligrosas tiene consecuencias reales para la salud.

Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada seis personas en edad reproductiva experimentará problemas de infertilidad a lo largo de su vida. En Europa, alrededor de 25 millones de personas se ven afectadas por la infertilidad.

En Francia, por ejemplo, el número de nuevos casos de cáncer aumentó un 40% entre 2003 y 2023, y la concentración de espermatozoides en el semen masculino disminuyó un 32% entre 1989 y 2005. Los costes sanitarios siguen aumentando: el gasto en atención hospitalaria creció más de un 40% entre 2014 y 2024. No podemos permitirnos seguir exponiéndonos a riesgos evitables.

En este contexto, debilitar la regulación de sustancias químicas presentes en productos de uso cotidiano resulta difícil de justificar desde el punto de vista sanitario.

La presión ciudadana puede marcar la diferencia

El debate parlamentario todavía está abierto. Organizaciones de la sociedad civil han lanzado campañas para movilizar a la ciudadanía y presionar a los eurodiputados para que rechacen las partes más perjudiciales del ómnibus.

Una de ellas permite interpelar directamente a representantes en el Parlamento Europeo para exigir que se incremente o se mantenga el actual nivel de protección frente a sustancias químicas peligrosas en cosméticos.

La iniciativa puede consultarse aquí: https://shaketonpolitique.org/es/interpelaciones/omnibus-6/

En un momento en el que la Comisión Europea habla constantemente de competitividad y simplificación normativa, conviene recordar que la protección de la salud pública no es una carga burocrática. Es un derecho fundamental.

Permitir que sustancias que sabemos que pueden provocar cáncer, mutaciones genéticas o problemas reproductivos sigan presentes en productos que usamos a diario no es simplificar la legislación. Es rebajar la protección de salud de la ciudadanía para satisfacer las demandas de los lobbies industriales.

Y esa es una motosierra regulatoria que no se debería emplear.

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El 11 de febrero, la presidenta Von der Leyen se reunió de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC, un poderoso grupo de presión de la industria química europea, apenas unas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de compromiso exclusivo plantea una pregunta fundamental: ¿la política europea está siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los mayores grupos de presión industriales del continente? El momento elegido también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para transmitir sus demandas directamente a la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre competitividad que se celebrará al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirá un conjunto de propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria¹.

Desde 2024, la Declaración de Amberes ha actuado como una hoja de ruta paralela para la Unión Europea. Lo que se presenta como algo que impulsará la economía se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Estamos asistiendo a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, medioambientales y sociales vitales: los avances conseguidos con tanto esfuerzo se están cambiando ahora por concesiones a las empresas a puerta cerrada. Hasta ahora, la UE ha actuado con rapidez y dureza en favor de los contaminadores, las empresas que violan los derechos y los accionistas, pero no en favor de las personas. 

La Comisión ha llegado incluso a socavar sus propias salvaguardias procedimentales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo expresó su preocupación, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la regulación.

Al mismo tiempo, el lobby industrial ha conseguido miles de millones en subvenciones públicas, justificadas por alegaciones de crisis económica y escasez de capital que desde entonces han demostrado ser muy exageradas. Muchas de estas mismas empresas siguen dando prioridad a los pagos a corto plazo a los accionistas frente a la inversión en una transición justa y sostenible. 

Considerar las normas democráticas como obstáculos para el crecimiento alimenta una peligrosa carrera a la baja, en la que las industrias más perjudiciales se ven recompensadas con normas más laxas y más financiación pública, mientras que la población se enfrenta a la austeridad y a la disminución de las protecciones.

Rechazamos esta agenda de desregulación impulsada por las empresas. La estrategia industrial y económica de Europa debe reforzar, y no sacrificar, la integridad medioambiental, la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad democrática. Las normas estrictas no son una carga, sino la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, y no afianzar la influencia y los beneficios de las industrias más responsables de las crisis a las que nos enfrentamos.

Para defender los derechos del público a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos

Normas para proteger la democracia, las personas y el planeta

1. Revitalizar la democracia europea

El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su contacto más intenso con los actores corporativos: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los comisarios fueron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio supone un riesgo de captura política²; Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «talleres de verificación de la realidad» y los «diálogos de implementación», que se han establecido de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías para la influencia de las empresas.

Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener un acceso significativo a la toma de decisiones. 

La actual agenda de desregulación de la UE refleja más el lobby empresarial que las prioridades de la gente común: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas sobre las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La elaboración de leyes no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, el daño climático, la discriminación, el tratamiento ilegal de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros daños. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y riesgosos.

En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe reforzar la participación democrática. 

2. Las normas existen para proteger al público

Los ciudadanos de toda la UE están cada vez más expuestos a sustancias químicas persistentes (PFAS), a la contaminación por pesticidas y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como en términos de bienestar³. En lugar de más «leyes omnibus⁴» que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas que garanticen el acceso al agua, el aire y los alimentos limpios, garanticen lugares de trabajo más seguros, protejan nuestra privacidad y nuestros datos personales en línea y nos protejan de las aplicaciones peligrosas de la inteligencia artificial. 

Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones de trabajo inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni un seguimiento constante en línea. Los niños deben poder jugar en los parques sin estar expuestos a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deben encontrar sustancias químicas persistentes (TFA⁵) en sus comidas debido a la desregulación de la legislación sobre pesticidas. 

3. No a los cheques en blanco para las industrias contaminantes

Las industrias contaminantes pagan dividendos astronómicos a sus accionistas, año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a los accionistas, lo que supone un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y alrededor del 40 % del PIB de Alemania, a modo de comparación⁶). No necesitan inyecciones de capital adicionales pagadas por los contribuyentes, que se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino la mala asignación de los recursos existentes. Debemos invertir en una economía orientada al futuro, libre de sustancias tóxicas y descarbonizada, y no apoyar a los sectores intensivos en combustibles fósiles tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de sustancias tóxicas. Por último, las empresas contaminantes deben asumir los costes de los daños causados por sus productos, y no la sociedad, respetando el principio de «quien contamina paga».

4. El nuevo espíritu de la elaboración de leyes debe basarse en la evidencia.

Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin pruebas científicas ni evaluaciones de impacto adecuadas⁷. Las propuestas son miopes, están impulsadas por la industria e ignoran sus efectos sobre las personas y el planeta⁸. La elaboración de leyes debe basarse en pruebas y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias impulsadas por los beneficios, que a menudo son las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación impulsada por la tecnología y la crisis climática, es fundamentalmente erróneo.

En cambio, la legislación de la UE debe basarse en pruebas sólidas, en el asesoramiento de expertos y en las opiniones de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales y los sindicatos, los científicos y los expertos independientes deben orientar la toma de decisiones, garantizando que las políticas sirvan a las personas y al planeta, y no solo a un puñado de empresas contaminantes y con un alto consumo energético.

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Artículo original publicado en sinpermiso.info por Ann Pettifor

Los hábitos de los mercados financieros mundiales tienen un impacto directo en el coste de la vida y en la crisis climática. Las sociedades y los gobiernos deben recuperar el control para evitar una catástrofe.

Durante más de veinte años, entre 1980 y 2016, Donald Trump construyó, saqueó y luego llevó a la quiebra un imperio de casinos —Trump Entertainment Resorts— a lo largo del emblemático paseo marítimo de Atlantic City. Sus casinos despojaron a los apostadores de sus ganancias ganadas con esfuerzo, arruinaron a los tenedores de bonos y a los inversores del mercado de valores, y terminaron siendo fracasos prolongados y costosos, incluso mientras enriquecían a Trump. «El dinero que saqué de allí fue increíble», declaró al New York Times. 

El presidente del casino era conocido por emitir acciones y bonos y pedir prestadas montañas de «bonos basura» para financiar sus casinos de Atlantic City, solo para despojarse de los activos y enriquecerse a sí mismo y a su familia. Las acciones se vendieron a personas crédulas y pronto se desplomaron; luego incumplió el pago de los bonos (promesas de pago); y los casinos quebraron, no una, ni dos, sino cinco veces. 

Al igual que Trump, Wall Street ha emitido, desde la gran crisis financiera, cantidades desconocidas de deuda en mercados privados y no regulados. Esto ha llevado a los analistas financieros a advertir sobre los crecientes problemas de deuda en los mercados de capital privado y de crédito privado, y sobre una repetición de la crisis financiera mundial de 2007. Los grandes bancos de Wall Street también están implicados: ya tienen 1,3 billones de dólares en préstamos al sector «bancario en la sombra», no regulado. Al igual que Trump, Wall Street ha utilizado la desregulación financiera para saquear la economía mundial, extraer y explotar la naturaleza, y ha enriquecido enormemente al 1 % más rico.

Del mismo modo, los grandes gigantes del sector tecnológico han creado «vehículos de propósito especial» para ocultar en sus balances 120 000 millones de dólares de préstamos destinados a financiar centros de datos. Tenemos motivos para preocuparnos por los riesgos financieros de la enorme apuesta de Wall Street por la inteligencia artificial. Los multimillonarios tecnológicos están apostando más de un billón de dólares por una tecnología —la inteligencia artificial general (AGI)— que aún no existe, pero que promete, literalmente, «el mundo». Su apuesta cuenta con el respaldo de grandes y pequeños especuladores que han invertido 5 billones de dólares en el éxito de esta apuesta.

El capitalismo siempre ha producido audaces creativos y apostadores, aquellos que soñaron, invirtieron y construyeron los ferrocarriles, las computadoras e Internet. Lo que es diferente hoy en día es que, a diferencia de los ferrocarriles, las computadoras e incluso Internet, la IGA no existe. La burbuja de la IGA puede ser solo un vasto juego de poder tecno-distópico, diseñado para poner a los jefes de Silicon Valley en control político y financiero sobre una vasta y debilitada fuerza laboral global. Se trata de una guerra de clases en su forma más brutal: una guerra de clases que ha sido posible gracias a un sistema financiero global fuera de control. 

Al igual que Trump, sus amigos de Wall Street y las grandes tecnológicas están enamorados de la «moneda» criminal que es la criptomoneda. En vísperas de su toma de posesión, el presidente del casino y su esposa lanzaron los memes digitales $TRUMP y $MELANIA, que añadieron millones a su fortuna combinada. A los dos días de asumir el cargo, la presidencia de Estados Unidos ya se había convertido en más lucrativa para Trump que para cualquier otro presidente de la historia del país, según el editor jefe de la revista Forbes. Y al igual que Trump, Wall Street y Estados Unidos se encuentran «una vez más en el centro de una vorágine fiscal y financiera global», como sostiene el distinguido columnista del Financial Times John Plender.

El casino global

Estos son los problemas de lo que yo denomino el casino global, que facilita las apuestas demenciales de los mercados financieros internacionales y el impacto directo de sus actividades en nuestras pensiones, nuestro pan de cada día, la energía y la vivienda, pero también en la biosfera. 

Los hábitos de juego de los mercados financieros globales son en gran medida invisibles para los no economistas y el público en general. La visión convencional del público sobre la relación entre la economía y la democracia es una ilusión, al igual que la visión convencional de que el clima era lo mismo que el tiempo atmosférico fue en su día una ilusión muy extendida. 

Nosotros, y las economías en las que vivimos, no estamos gobernados por políticos elegidos, dictadores y sus funcionarios públicos. En cambio, las decisiones políticas clave las toman los operadores del sistema financiero global, en gran medida desregulado.

El valor de la economía y de la moneda de una nación está determinado en gran medida por actores invisibles en los mercados financieros. Lo mismo ocurre con los tipos de interés de una nación, que a su vez determinan si los empresarios están dispuestos, o pueden permitirse, invertir en la economía nacional. El valor de nuestras pensiones y los precios de los alimentos, la energía y la vivienda son palancas económicas clave que en gran medida manejan financieros irresponsables y que no rinden cuentas, que operan en los mercados financieros y de materias primas internacionales. 

Aunque nuestros políticos electos pueden ser culpables, no podemos culparlos con toda sinceridad del fracaso y la volatilidad económicos. Junto con los tecnócratas de los bancos centrales, las decisiones y actividades de los banqueros globales, los gestores de activos, los propietarios de fondos de cobertura y los profesionales del capital privado —que nunca se presentan a las elecciones— tienen un impacto mucho mayor en nuestras economías, nuestras vidas y nuestros medios de subsistencia, de formas poderosas, aunque invisibles. Y, sin embargo, sus actividades y debates sobre el sistema se minimizan. Nos obsesionamos con las últimas cifras de inflación y desempleo, persuadidos por los economistas de que ambas son en gran medida el resultado de las decisiones tomadas por el Gobierno británico y el Banco de Inglaterra. 

A pesar de ello, el público no se deja engañar fácilmente. Aunque desconoce cómo se toman estas decisiones, es muy consciente de que los mercados dictan las políticas económicas y de que los políticos elegidos son relativamente impotentes frente a ellos. Sin embargo, su mejor comprensión del funcionamiento del sistema (para poder cambiarlo) se ve dificultada por una profesión económica que descuida en gran medida la cuestión del dinero y las finanzas, prefiriendo centrarse en lo tangible: las transacciones económicas nacionales y el comercio. 

Para la mayoría de los economistas convencionales, el enfoque de la economía es estrecho y terrenal, fijado en lo que se denomina el nivel micro: el individuo, el hogar y la empresa. Los microeconomistas tienden a pasar por alto el impacto del sistema internacional y a centrarse en los acontecimientos de «la economía cotidiana», que es precisamente el título de un libro de la ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves. Reeves define «tres partes constitutivas de esta economía política: el trabajo y los salarios, las familias y los hogares, y los lugares locales a los que pertenecen las personas».

El enfoque nacional se basa en los supuestos de la microeconomía convencional. Es decir, que la demanda y la oferta de capital, bienes y servicios dependen de una multitud de tomadores de decisiones racionales que operan dentro de las fronteras de la nación y sus mercados competitivos nacionales. De hecho, la mayoría de esos tomadores de decisiones operan en rincones remotos de El casino global.

Al igual que el público ha aprendido a distinguir entre el tiempo y el clima, entre lo local y lo planetario, es esencial comprender mejor el sistema financiarizado, en gran medida invisible, si se quiere cambiar el sistema. La tarea es urgente. Las instituciones democráticas han sido vaciadas y despojadas de su poder por aquellos que ocupan los puestos más altos del sistema financiero mundial. Bajo el orden mundial actual, estamos gobernados de facto por actores ricos y poderosos de los mercados con sede en Silicon Valley, Wall Street, la Bolsa Mercantil de Chicago y la City de Londres. (A partir de ahora, englobaré a todos estos actores bajo el término «Wall Street»). 

El gobierno del dinero organizado se ha vuelto insoportable para la sociedad humana. Los mercados financieros que dictan precios elevados para servicios esenciales para la humanidad, como el agua, la vivienda, la energía, la salud y la educación, han desencadenado fuertes reacciones políticas. La sociedad ha recurrido a hombres fuertes, dictadores y autoritarios para que la «protejan» de los mercados. El razonamiento, como explicó Karl Polanyi en 1944, es sencillo: el gobierno de los mercados (es decir, el capitalismo) no podría existir durante mucho tiempo sin «aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad; habría destruido físicamente al hombre [sic] y transformado su entorno en un desierto».

Inevitablemente, la sociedad tomó medidas para protegerse, continuó. Pero cualquier medida que tomara la sociedad —por ejemplo, la elección de Donald Trump, que prometió protección frente a los mercados chino y mexicano— perjudicaba a esos mercados, desorganizaba la vida industrial y ponía en peligro a la sociedad estadounidense de otras maneras.

Cerrar el casino

El triunfalismo actual de los mercados financieros y las empresas desvinculados y autorregulados es una prueba del control privado del mercado sobre el sistema financiero internacional. Con demasiada frecuencia se pasa por alto la base sistémica del poder corporativo y se centra la atención en las personas que están al frente de las organizaciones o en sus actividades. Sin embargo, debemos centrarnos en el poder global de un sistema financiero internacional gestionado por autoridades privadas, no públicas, y reconocer que no será posible abordar la crisis ecológica hasta que el sistema internacional vuelva a estar gobernado por instituciones democráticas y públicamente responsables.

¿Puede otra lucha de los internacionalistas progresistas derrotar el poder y los nacionalismos fundamentales para el modelo actual de globalización financiarizada y rentismo? ¿O estamos condenados a soportar el inevitable efecto dominó del fracaso económico, el colapso de los sistemas terrestres y otra guerra mundial? 

Aunque el sector parece vasto e imparable, eso cambiará en caso de una catástrofe ecológica o financiera importante, o de algún otro acontecimiento transformador. En 2007-2009, la izquierda (en sentido amplio) no estaba preparada para la crisis financiera mundial. No había un «plan B», por lo que The Global Casino se consolidó —y ahora es aún más poderoso—, demasiado grande para quebrar y demasiado grande para ir a la cárcel. La sociedad debe desarrollar, debatir y defender un sistema alternativo, internacionalista y más estable al que recurrir. 

Para estabilizar el sistema financiero internacional basado en el mercado es necesario, en primer lugar, volver a comprender bien la naturaleza del dinero y sus posibilidades y limitaciones. Esa comprensión sigue estando fuera del alcance de la mayoría de los economistas convencionales y, por lo tanto, de muchos en el sector financiero. Pero puede revivirse. 

En segundo lugar, la intermediación bancaria y financiera debe volver a integrarse en el mundo democrático real de la regulación bancaria, si se quiere movilizar el crédito o la financiación necesarios para la transformación de la economía mundial.

Para hacer frente a la amenaza del colapso climático y la pérdida de biodiversidad es necesario, una vez más, subordinar los mercados de capitales a los intereses de la sociedad y el ecosistema, como Keynes y Roosevelt lograron en parte en los años treinta y cuarenta. Eso exige lo que Greta Thunberg denomina «pensamiento catedralicio». Para el cambio es fundamental la gestión de los flujos de capital transfronterizos, libres y no regulados. Es la movilidad del capital lo que permite a los ricos eludir los impuestos y trasladar sus beneficios a paraísos fiscales. Es la interrupción repentina de los flujos de capital lo que puede destruir una moneda. Y es la falta de regulación de los flujos de capital lo que dificulta tanto que el coste del dinero (el interés) se fije en función de los intereses de la economía nacional. 

Para restaurar la autoridad pública democrática sobre la economía, la prioridad de la izquierda debe ser gestionar —no «controlar»— los flujos de capital transfronterizos. Para ello será necesario ir más allá de los fundamentos: la necesidad de comprender la naturaleza del sistema que llamamos dinero. Los componentes importantes de una economía mundial más estable son una arquitectura o un marco internacional para la coordinación y la cooperación internacionales, sobre la gestión de la movilidad del capital mundial, los tipos de cambio, los tipos de interés, los tipos impositivos y la armonización normativa. El respetado funcionario sudamericano José Antonio Ocampo describe el actual acuerdo como «el (no) sistema monetario internacional». Un nuevo sistema comercial más estable puede basarse en el plan de Keynes para una Unión Internacional de Compensación, presentado por primera vez al mundo en abril de 1943, cuando Gran Bretaña propuso reformas monetarias globales. Ese plan sigue siendo relevante y está disponible para su adopción.

El tercer requisito es contar con políticas que generen y apoyen la inversión necesaria para ayudar a la transformación de la economía global, alejándola de su adicción a los combustibles fósiles y creando economías más sostenibles.

Un objetivo clave es reorientar la actividad hacia el impulso interno de la demanda interna, en lugar del externo, es decir, hacia el extranjero. En 1984, Richard Kahn, probablemente el guardián más fiable del legado de Keynes, reiteró la conclusión de este:

Si las naciones pueden aprender a proporcionarse pleno empleo mediante su política interna… no será necesario que existan fuerzas económicas importantes calculadas para enfrentar los intereses de un país con los de sus vecinos.

El mundo aún tiene que aceptar esta sencilla lección que nos enseñó Keynes. La única forma de domar el poder del casino global es que los flujos de capital se contengan dentro de «compartimentos» o estados, y que los estados trabajen de forma cooperativa para gestionar los flujos de capital libre y sus propios compartimentos de capital. 

Puede que este pensamiento parezca ilusorio ante los mercados de capitales actualizados, poderosos e irresponsables, incluido el sector bancario en la sombra, o como prefiere llamarlo el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB): el sector de intermediación financiera no bancaria, compuesto principalmente por fondos de pensiones, compañías de seguros y otros intermediarios financieros (OFI). Según informa el FSB, el sector bancario paralelo ha crecido más rápidamente que el sector bancario durante la última década, incluido 2019. Los activos financieros del sector NBFI ascendieron a 200,2 billones de dólares en 2019, lo que representa casi la mitad del sistema financiero mundial de ese año, frente al 42 % en 2008.

Pero, aunque el sector parece enorme e imparable, eso cambiará en caso de una catástrofe ecológica importante o de algún otro acontecimiento transformador. La sociedad debe entonces contar con un sistema alternativo, internacionalista y más estable al que recurrir. 

Hoy en día, el vasto sector bancario paralelo opera en lo que equivale a la estratosfera financiera; se dedica a los préstamos con garantía y utiliza acuerdos de recompra (repos) para aumentar (apalancar) la liquidez en los mercados de capitales. Este sector se ha desarrollado debido a una concepción convencional y errónea del dinero como medio de intercambio basado en garantías que facilita el suministro de bienes y servicios. Esa concepción errónea del dinero como una mercancía sujeta a las fuerzas de la oferta y la demanda también explica la explosión de los acuerdos de recompra en el sector bancario paralelo y el auge de las criptomonedas, incluido el bitcoin. 

Como ha argumentado Claudio Borio, jefe del Departamento Monetario y Económico del Banco de Pagos Internacionales:

Pocas cuestiones en economía han generado debates tan acalorados como la naturaleza del dinero y su papel en la economía. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se relaciona con la deuda? ¿Cómo influye en la actividad económica? La literatura económica dominante reciente es una desafortunada excepción. Salvo unos pocos que se han adentrado en estas aguas, la profesión macroeconómica ha permitido que el dinero se hunda. Y con poco o ningún remordimiento.

The Global Casino: How Wall Street Gambles With People and the Planet, de Ann Pettifor, se publicó el 27 de enero por Verso.

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