Fotografía de ceronegativo

Artículo original publicado en mundoobrero.es por Carlos Sánchez Mato

Solventados los obstáculos iniciales para articular las ayudas europeas para hacer frente a la crisis económica que siguió al estallido de la pandemia, estamos ya en la fase de acceso a los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que constituyen el eje central del programa Next Generation EU (NGEU).

Para hacerlo, cada Estado miembro tiene que presentar un plan de inversiones y de reformas que deberá acometer antes de 2026 y que en nuestro país se concentrarán en diez grandes áreas que sumarán 140 mil millones de euros, entre transferencias y préstamos. En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya se han incluido inversiones por valor de 26.634 millones de euros a cargo de estos fondos europeos.

Pero el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía no es solo “dinero que viene de la Unión Europea”. En el mismo se incluyen también las reformas estructurales que el país deberá acometer en los próximos años. Y eso no sería nada malo porque es evidente que precisamos de ellas. Urgen políticas que la pandemia ha convertido en ineludibles porque, cuando más arreció la crisis sanitaria, más se puso de relieve la precariedad de millones de trabajadoras y trabajadores, verdaderamente esenciales para que todo siga funcionando o la insuficiencia de los servicios públicos de titularidad y gestión pública para hacer frente a la crisis económica.

Pero hay quien tiene planes muy diferentes para el futuro. Igual que cuando en septiembre de 2008, Nicolas Sarkozy declaró, sin reírse siquiera, que había que “refundar el capitalismo» y asistimos a continuación a un disparatado austericidio que despojó de derechos económicos y sociales a la clase trabajadora de todo el continente, ahora hay quien aspira a dar más vueltas de tuerca a la explotación.

Y por eso el Banco de España plantea en su Informe Anual¹ una batería de reformas que tendrían que poner a organizaciones políticas, sindicales y sociales a organizar desde este momento una feroz resistencia. Porque, lejos de abordar los verdaderos retos a los que se enfrenta la mayoría social, intenta cual Caballo de Troya, destruir derechos conquistados e instalar definitivamente la precariedad en las relaciones laborales.

De hecho, el planteamiento que realiza para poder abordar la estrategia global de crecimiento tiene como objetivo aumentar la productividad con políticas que favorezcan el crecimiento empresarial y estimulen la acumulación de capital humano y tecnológico. Y la “mejor” herramienta que se le ha ocurrido plantear es dedicar recursos procedentes del programa a la aprobación de la llamada “mochila austriaca” que recibe este nombre porque fue Austria la que en 2002 reformó su normativa laboral, sustituyendo la indemnización por despido a sus trabajadores, por un sistema en el que las empresas realizan una contribución a una cuenta a nombre del trabajador, equivalente a un determinado porcentaje de su salario.

Indica el Banco de España que hay una enorme diferencia entre las indemnizaciones percibidas por trabajadores temporales y quienes tienen contratos indefinidos y antigüedad en sus empresas. Según estimaciones realizadas por el propio organismo a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), entre 2013 y 2016, el 10% de los trabajadores que percibieron indemnización al finalizar su relación laboral, recibieron 23 euros o menos, mientras que el 10% de los trabajadores que recibieron las mayores indemnizaciones cobraron 6.400 euros o más. En vez de ser consciente el Banco de España de lo que supone esa situación para la gran mayoría de trabajadores en el país, opta por echar una mano a la CEOE y propone cambiar el sistema, que tiene elevadísimas dosis de injusticia y perversidad, por uno… peor.

El nuevo empezaría por reducir a la mitad los ya recortados costes de despido y de finalización de contrato que existen en la actualidad. A cambio, las empresas aportarían una cantidad equivalente a seis días por año trabajado a fondos individuales de los trabajadores que estos podrían llevarse consigo si deciden cambiar de empleo, a diferencia de lo que ocurre actualmente y es que la indemnización solo se percibe en caso de despido. Con el “caramelo” de facilitar la movilidad laboral y de una mayor facilidad para contratar, se abarata un 50% el coste de despedir.

Pero, hay un problema. Y son los derechos adquiridos.

Porque para que este nuevo expolio funcione, es necesario cubrir el coste del período de transición en el que los actuales trabajadores acumulan de indemnizaciones hasta la entrada en vigor en su totalidad del nuevo sistema.
Pero cuando se trata de socorrer a los de arriba, el Banco de España siempre encuentra una solución. Y lo que plantea en su Informe Anual es que sea el Estado el que financie una parte de las contribuciones empresariales al nuevo fondo. Eso sí, solo en el corto plazo y de manera decreciente en el tiempo. Cinco días por año trabajado en el primer año después de la reforma, cuatro días en el segundo año, y así sucesivamente, de modo que las empresas se harían cargo totalmente de los pagos al fondo seis años después de aprobarse la reforma.

El coste total para las arcas públicas de la financiación de este nuevo hachazo a los trabajadores y trabajadoras ascendería a unos 8.660 millones de euros. Y como el Banco de España cree que podría suponer un problema defender en el mismo documento que hay que equilibrar las cuentas públicas y gastarse ese pastizal en ayudar a las empresas a que puedan recortar sus plantillas con un coste inferior en el futuro, propone que se financie, al menos parcialmente, con fondos del programa NGEU.

Lo han estudiado bien y dicen que el propio Reglamento de la Comisión Europea “indica que las reformas susceptibles de ser financiadas con estos fondos deben ayudar a potenciar el crecimiento o a mejorar la sostenibilidad económica o medioambiental” y por eso el Banco de España cree que las reformas del mercado de trabajo encajan perfectamente.

Lo que simple y llanamente propone el Banco de España es un abaratamiento del despido y la financiación de la puesta en marcha del sistema con fondos públicos. Hasta el propio organismo reconoce que la introducción del nuevo sistema podría suponer que “las empresas podrían ser más propensas a despedir al reducirse a la mitad el coste marginal de esa decisión, y estos despidos no estarían tan concentrados en los trabajadores de menor antigüedad”. Pero propone incentivar a las empresas con bonificaciones y penalizaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social a las empresas con menor rotación laboral, y viceversa. En definitiva, más ayudas públicas para que nos despidan más barato.

Al lado de este verdadero torpedo bajo la línea de flotación de los derechos laborales y sociales, las llamadas del Banco de España a recortar el gasto público en los próximos años se quedan en fuegos artificiales.

En un momento en el que es urgente poner en marcha las transformaciones profundas que requiere la economía en nuestro país y fortalecer los instrumentos del Estado para garantizar una mayor protección social y un mayor control de la economía que supedite el mercado al interés general, el Banco de España abandera medidas que, en vez de reducir la desigualdad, garantizan el empobrecimiento de la clase trabajadora. Y de nuevo se quieren servir del dinero público para ello.

Es absolutamente imprescindible que el Banco de España deje de actuar como ariete contra la mayoría social.

La historia de este nuevo Caballo de Troya puede acabar de muchas formas. Depende de nosotras y nosotros que lo haga bien para la clase trabajadora y mal para el Banco de España.

(*) Profesor de Economía Aplicada UCM / Responsable de elaboración programática de IU

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Artículo original publicado en ethic.es por Fernando Valladares

«El decrecimiento económico es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando», afirma Fernando Valladares, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

A una sociedad habituada a considerar el crecimiento en todos los ámbitos y especialmente en el económico como una señal de éxito, se le puede atragantar una apremiante pieza de actualidad: en un planeta finito en el que la humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad, el decrecimiento en la producción y el consumo es de las pocas cosas de las que podemos estar seguros que van a ocurrir. Nos guste o no, tengamos las opiniones e informaciones que tengamos, el decrecimiento, especialmente en el Norte Global, es solo cuestión de tiempo. Nuestra inteligencia ahora se puede poner al servicio de mantener la ilusión del crecimiento perpetuo o bien al servicio de garantizar el bienestar humano en convivencia con otros seres vivos y en armonía con las leyes de la física y de la química.

En el artículo «La falsa promesa del decrecimiento», Manuel Alejandro Hidalgo defiende que el crecimiento económico es la herramienta más eficaz para el progreso humano, citando la manida reducción de la pobreza extrema del 35% al 8,5% en las últimas décadas. Sin embargo, su propuesta colisiona, ni más ni menos, con los límites planetarios, es decir, con las condiciones físicas, químicas y biológicas para que el ser humano tenga cabida en el planeta. Tanto Hidalgo como un gran número de economistas convencionales afirman que la solución al dilema del crecimiento perpetuo es el «desacoplamiento absoluto», donde la economía crece mientras el consumo de recursos, la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyen.

Aunque varios países desarrollados han logrado reducir un poco sus emisiones de CO2 mientras sus economías crecen, no lo hacen al ritmo suficiente para mantenerse dentro de los márgenes de seguridad climática. En la mayoría de países y regiones, y durante amplios periodos de tiempo, los crecimientos económicos se acompañan indefectiblemente de un incremento en impactos y emisiones. Algo que la eficiencia y la tecnología, que el crecimiento verde y la circularización de la economía (recordemos que la economía circular no existe) solo logran amortiguar en parte. De hecho, cada vez más científicos de ámbitos tan dispares como la física, las matemáticas, las ingenierías, la filosofía, la antropología, la economía y la sociología cuestionan la posibilidad real de desacoplar del crecimiento económico no solo las emisiones, sino también el uso de materiales, biomasa y agua, al ritmo necesario para no seguir adentrándonos en zona insegura habiendo rebasado ya la mayoría de los límites planetarios.

La humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad

Es habitual argumentar, como hace Hidalgo, que imponer el decrecimiento es una forma de imponer «colonialismo» y «austeridad ecológica», algo que negaría a los países en desarrollo el acceso a necesidades básicas como el agua potable, la salud y la educación. El error de este argumento radica en entender el decrecimiento como una propuesta que afectaría por igual a todos, cuando las teorías de decrecimiento proponen una reducción planificada para las economías ricas, de forma que se liberara espacio ecológico para el Sur Global. Plantear una distribución equitativa de los recursos parecería ignorar las dificultades de implementación de algo así, dificultades que chocan con los intereses del sector privado y que derivarían en grandes tensiones sociales. Pero, en realidad, al plantear esta equitatividad se pone en evidencia que la continuación del modelo de crecimiento económico actual en naciones opulentas acelera el agotamiento de recursos de los que dependen tanto los países más vulnerables, con lo que las tensiones irían en aumento, como los más ricos, con lo que se aceleraría el colapso de las actividades económicas más atractivas y rentables y del propio sistema capitalista convencional que las impulsa y de las que depende.

Es interesante constatar que el colapso del capitalismo no es una amenaza futura. Ni una leyenda propia de los antisistema. Es una realidad constatada ya, y con gran preocupación, por las principales entidades aseguradores: ante los impactos del cambio climático, el sistema actual de seguros se hace financieramente inviable. Sin el sector seguros, podemos olvidarnos de préstamos e inversiones, la base de nuestro modelo económico. Esta inviabilidad financiera real y presente ya en el mundo bajo el nuevo clima en el que vivimos, con la fractura fundamental del capitalismo que implica, la confesaron los consejeros delegados (CEO) de las compañías aseguradoras más grandes del mundo en una amplia entrevista del periódico The Guardian, publicada el 3 de abril de 2025. Esta entrevista se publicó tan solo dos meses después del escándalo de la cancelación de 90.000 pólizas de seguros del hogar poco antes de los catastróficos incendios de California en enero de 2025. Una cancelación que dejó sin nada a miles de familias y que planteó la necesidad de un debate nacional e internacional sobre la insolvencia del sistema de seguros ante el nuevo clima.

Mientras que ante la implacable realidad ambiental y geopolítica, el capitalismo avanza en lo que viene a llamarse «necroeconomía» (conjunto de prácticas económicas y políticas que generan rentabilidad a partir del dolor, la desgracia, la injusticia o la muerte, incluyendo la manipulación de datos económicos y la mentira política, y que se apoyan en herramientas como los cat bonds o bonos catástrofe), el decrecimiento plantea una alternativa luminosa, aunque difícil de implementar por las inercias y los conflictos de interés.

El capitalismo actual necesita de la escasez, haciendo de ella algo intrínseco

Inquieta a muchos que hacer hincapié en el decrecimiento institucionalizaría la escasez, alimentando movimientos populistas y regímenes autoritarios. Para la economía convencional, el crecimiento es la única forma de evitar el conflicto social al no tener que repartir la riqueza económica global. En primer lugar, esta riqueza global se apoya en la ficción del dinero como préstamo con interés y no basado en riqueza real. Algo que impulsa la degradación ambiental por sí mismo y que constantemente empuja ciclos de profunda inflación y crisis económica. En segundo lugar, esta riqueza está cada día más amenazada por la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. Por lo tanto, el conflicto que se busca evitar es inevitable, especialmente a medida que nos acercamos a un colapso de los sistemas naturales. De hecho, el conflicto, bajo el modelo extractivista actual, tiende a crecer y las perspectivas son aciagas. Basta con leer el informe anual del Foro Económico Mundial sobre las amenazas a la economía.

El riesgo en la gestión de la contracción económica ha sido muy estudiado y siempre se han desarrollado soluciones concretas para resolverlo coyuntural y no estructuralmente. Pero además de esta dificultad práctica para resolver esas contracciones «que acontecen», dentro del sistema económico imperante se ignoran o minimizan los riesgos de inestabilidad social y también económica derivados de unas crisis ambientales que son cada vez más extremas. El decrecimiento económico no solo no trae escasez, sino que es un modelo diseñado para reducirla. Por el contrario, el capitalismo actual necesita de la escasez haciendo de ella algo intrínseco. Los 12 millones de personas que mueren de hambre son necesarios para el funcionamiento de un sistema alimentario global basado en este modelo, no son una disfunción del mismo, como nos gustaría (y tranquilizaría) a todos creer. El decrecimiento económico promueve la abundancia radical, ya que abre la oportunidad para que abunden convenios, seguros y garantías que permitan consolidar los derechos humanos en cada vez más regiones del planeta. Mientras el capitalismo requiere de la incertidumbre, la desconfianza, la inseguridad, el individualismo, el unilateralismo, la competencia y el conflicto, el decrecimiento económico propone un marco para reducir todo esto en aras de la solidaridad, la confianza y la colaboración.

También inquieta mucho que el decrecimiento pueda desincentivar la innovación y la inversión en I+D al contraer los mercados. Esta inquietud se apoya en la idea de que la innovación solo puede prosperar en un entorno de expansión de mercado. Esta inquietud se desvanece cuando la innovación se reorienta y, en lugar de trabajar en la eficiencia para producir más (lo que a menudo lleva al efecto rebote o paradoja de Jevons), se enfoca en la suficiencia y la regeneración. Este enfoque fortalece la creación de empleo y permite crecer en numerosos ejes sociales que no tienen huella ecológica.

La propuesta de un crecimiento inteligente y sostenible suena bien, pero depende enteramente de la fe en la tecnología para resolver la contradicción entre un sistema económico infinito y un planeta con límites físicos finitos. Se trata de una contradicción que nadie termina de resolver sin recurrir a la promesa, aquí si que hablamos de promesa, de un desacoplamiento total. El artículo de Hidalgo se apoya en la visión tradicional de que el crecimiento es la única vía para el progreso, pero la literatura científica actual sugiere justo lo contrario.

El análisis histórico y la simulación matemática de distintos escenarios socioeconómicos revela que el capitalismo perpetúa la desigualdad imperial, juega «sucio» con la ciencia de las emisiones al confiar en tecnologías no probadas y subestima el deseo de la población de transitar hacia un sistema que priorice el bienestar de la sociedad sobre la riqueza de las élites, y la integridad del ecosistema sobre el PIB. Cuando se habla de falta de aceptación del modelo de decrecimiento económico no se tiene en cuenta la realidad que muestran las encuestas: aunque el nombre no despierta apoyo, cuando el decrecimiento se presenta como una propuesta completa (sin ceñirse a la etiqueta), el 72% de la población en países consumistas como Estados Unidos y el 82% en países europeos como el Reino Unido la apoyan. Existe la tendencia a equiparar el decrecimiento con una recesión prolongada o una crisis económica no planificada. Mientras que una recesión en el capitalismo es desastrosa y genera desempleo, el decrecimiento se propone como una transformación democrática y planificada para mejorar el bienestar reduciendo solo la producción no esencial.

El rechazo inicial a la palabra decrecimiento parece basarse en prejuicios y en impresiones superficiales, como la del miedo a perder el empleo o a que disminuyan los ingresos. Una vez que la población comprende los principios de bienestar y servicios públicos universales asociados al decrecimiento, así como la sostenibilidad a largo plazo del modelo frente a la inestabilidad creciente del capitalismo, el apoyo se mantiene alto, lo que sugiere que la propuesta decrecentista tiene potencial para ser adoptada democráticamente.

El decrecimiento económico no promete, propone. El aval histórico del economista y matemático Nicholas Georgescu-Roegen y el filósofo francés Serge Latouche, al que se han ido uniendo otros como los filósofos Kohei Saito y Jorge Riechmann, los economistas Joan Martínez Alier y José Manuel Naredo, el ingeniero Miguel Valencia y numerosos científicos de la talla de Jason Hickel, Giorgos Kallis, Tim Jackson, Peter A. Victor, Kate Raworth, Juliet Schor, Julia K. Steinberger, Diana Ürge-Vorsatz o el mismísimo Johan Rockstrom, principal impulsor del concepto y la cuantificación de los límites planetarios, hace que el decrecimiento económico, llamémoslo como lo llamemos, es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando.

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